Opinion

Brigada Lautaro: Con inyecciones de cianuro

Arnaldo Pérez Guerra

Punto Final

En el desconocido cuartel de calle Simón Bolívar 8630, en la comuna de La Reina, operaba la brigada Lautaro, unidad especial dedicada a asesinar militantes comunistas y preparar sus cuerpos para lanzarlos al mar, además de encargarse de la seguridad del general Manuel Contreras Sepúlveda, jefe de la Dina. La investigación del juez Víctor Montiglio ha comenzado a develar detalles desconocidos de los asesinatos, en 1976, de las direcciones clandestinas del Partido Comunista. A mediados de febrero confirmó el procesamiento y prisión preventiva de infantes de Marina y militares que participaron en el secuestro y homicidio del dirigente Víctor Díaz López (ver PF 634). Entre los ex agentes de la brigada Lautaro se encontraban mujeres civiles adscritas a la Armada con el grado de suboficiales: Celinda Aspé Rojas, Teresa del Carmen Navarro Navarro, Berta Jiménez Escobar y Adriana Rivas González. Varias otras agentes mujeres operaron en el cuartel de La Reina, donde habrían sido asesinadas las direcciones clandestinas del PC secuestradas en mayo y diciembre de 1976. Ex agentes han confesado que dirigentes y militantes del PC fueron llevados al cuartel de Simón Bolívar 8630 para ser aniquilados. Ningún detenido que pasó por ese recinto salvó con vida. Estuvieron presos, interrogados y torturados durante meses, antes de ser asesinados.

Fue el caso de Víctor Díaz y de los dirigentes Jorge Muñoz, Fernando Ortiz, Waldo Pizarro y Reinalda Pereira, entre otros. La investigación del juez Montiglio ha dado un valioso giro aportando datos para esclarecer la verdad de lo ocurrido. La brigada Lautaro estaba integrada por infantes de Marina, agentes civiles y oficiales de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, incluyendo mujeres. Ejercía el mando el jefe de la seguridad de Contreras, el mayor de ejército Juan Morales Salgado. Hasta ahora, treinta y seis ex agentes han sido procesados por Montiglio. Al parecer, se trataría de la brigada más numerosa y desconocida de la Dina. Se sabe que ex agentes de la brigada Lautaro pertenecientes a la Armada se mantuvieron en funciones después de 1975, año en que la institución sostiene que retiró todo su personal de la Dina. Víctor Díaz fue secuestrado en calle Bello Horizonte 979, Las Condes. Fue trasladado a Villa Grimaldi y a varios centros de tortura, entre éstos Casa de Piedra, del Cajón del Maipo. Los agentes Sergio Escalona y Bernardo Daza le amarraron una bolsa plástica en la cabeza asfixiándolo, mientras la teniente de ejército Gladys Calderón le administró cianuro. Se ha establecido que otros detenidos fueron asesinados aplicándoles gas sarín. Michael Townley, responsable del laboratorio químico de la Dina que operaba en Lo Curro, asistía al cuartel de calle Simón Bolívar para experimentar con el gas fabricado por el químico Eugenio Berríos.

Otras confesiones relatan el asesinato de prisioneros con brutales torturas. Hay antecedentes de que Augusto Pinochet supo de los crímenes y el propio dictador decidió la suerte de los detenidos. Pinochet visitó a Víctor Díaz cuando éste permanecía en la Casa de Piedra, antes de ser trasladado a Simón Bolívar. Los cadáveres de prisioneros en calle Simón Bolívar eran trasladados en helicópteros Puma, del Comando de Aviación del Ejército (CAE) que operaba en Peldehue. Eran envueltos en sacos, amarrados con alambre a un trozo de riel y transportados hasta el lugar donde esperaban los helicópteros que se dirigían a la costa de la V Región, dejándolos caer mar adentro. Familiares de Víctor Díaz y el abogado Eduardo Contreras emplazaron a la Armada y a la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, a que entreguen la nómina de oficiales, suboficiales y cuadros permanentes adscritos a la Dina: “Ya es hora de que la Armada entregue los antecedentes sobre sus funcionarios en la Dina, especialmente de la Infantería de Marina, porque es muy probable que hayan participado en la eliminación de otros comunistas. Emplazamos a la ministra de Defensa para que entregue la información, porque hasta ahora nos han mentido”, dijo el abogado Contreras.

IMPORTANTES AVANCES

Por su parte, el abogado de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), Alberto Espinoza Pino, que recientemente fue obligado a renunciar a la Universidad Arcis donde era académico, considera que el año 2006 fue bueno para las causas de derechos humanos. “2006 marca una jurisprudencia notable en materia de violaciones a los derechos humanos, pues se reconoce el derecho internacional. Esto abre un escenario en que estas violaciones deben ser investigadas. Las causas de exoneración de responsabilidad penal, como la prescripción, la cosa juzgada y, en particular, el decreto ley de amnistía, no son aplicables. Por consiguiente, los tribunales se inclinan hacia la verdad y justicia”, dice Espinoza. “Los tribunales tienen una cuota importante de responsabilidad por todos los años de impunidad. Y este cambio se ha verificado gracias a la perseverancia de familiares, abogados y organismos de derechos humanos. Se ha dictado jurisprudencia al aplicar los tratados y convenios internacionales. No es algo generalizado, pero hay un rumbo, un golpe de timón, que reconoce por fin el derecho internacional en materia de derechos humanos. Hay que avanzar más, porque quedan muchas causas pendientes. Bajo ningún punto de vista puede ser visto como un triunfo. Falta mucho por hacer”, agrega el abogado Alberto Espinoza. ¿Qué opina de la investigación del caso de calle Conferencia? “También señala un vuelco importante. Las investigaciones abren nuevos escenarios, se descubren centros de detención y agentes responsables de crímenes. Se trabajó por años sobre la base de que los centros de detención estaban circunscritos a Villa Grimaldi, Londres 38, clínica Santa Lucía, etc. Toda una suerte de loca geografía de la tortura. Sin embargo, hoy se ha determinado la existencia de otros centros desconocidos de detención donde se violaba y torturaba. Además, la existencia de otras brigadas de la Dina donde participaban funcionarios de la Armada. Eso también pone el acento en que el trabajo de los jueces como investigadores puede arribar a buen fin, determinando de manera eficaz la verdad negada a los familiares todos estos años. Cuando se piden informes a las Fuerzas Armadas, dicen que no saben más. Sin embargo, hay más.

Todavía es posible investigar, encontrar restos humanos, develar otras formas que adquirió la represión. Eso es lo que demuestra la investigación por la desaparición de Víctor Díaz y la dirección del PC”. ¿Podría haber otros centro de exterminio? “Se encontró un recinto de detención y tortura del que no se sabía nada, en Simón Bolívar 8630. Aparecen otras brigadas de la Dina de las que tampoco se tenía conocimiento. Se sabe que Pinochet se entrevistó con detenidos y fue a un lugar de detención en el Cajón del Maipo. Detalles inéditos. Un escenario nuevo gracias a una investigación acuciosa y responsable. No descarto la posibilidad que el juez Víctor Montiglio cambie su criterio en torno a la aplicación de la amnistía”.

GOBIERNO DEBE DAR UNA SEÑAL

¿Qué ha ocurrido con la aplicación de la ley de amnistía? “Todavía existe poca claridad para desestimar la aplicación del decreto ley de amnistía. Desde el ámbito internacio- nal, gracias a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han motivado pronunciamientos del Ejecutivo, siempre vacilante en torno a esta materia. Gracias a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Almonacid, se ha provocado una reacción del gobierno de Bachelet. Hasta hoy no se expresa en nada concreto, ni siquiera en una discusión en torno a si el decreto ley de amnistía deba anularse, interpretarse o derogarse. Pero cualquiera sea el mecanismo, es indiferente. Es una discusión bizantina. Sí sería importante un planteamiento del gobierno a través de un proyecto de ley que estableciera la interpretación y sentido que el gobierno da a ese decreto ley. No me cabe duda que considera la amnistía a lo menos como ilegítima. Sería un buen mensaje, incluso para los tribunales. Gracias a la interpretación de la amnistía que hoy hacen los tribunales, es indiferente cualquier decisión. Pero no me cabe duda que un pronunciamiento del gobierno reafirmaría la tesis que han adoptado algunos jueces. Se ha desechado la prescripción y el decreto de amnistía por la naturaleza de los crímenes contra la humanidad, delitos que ofenden el linaje humano como decía Bartolomé de Las Casas. Sería interesante que por lo menos el gobierno diga que no se debe aplicar la amnistía”.

GRAVES DEFICIENCIAS

El Consejo de Defensa del Estado ha cumplido un papel desastroso en los juicios por reparación, y la justicia militar aún no es reformada… “De parte del CDE debiera haber una actitud de conciliación. Se justificaría que por razones de Estado la presidenta Bachelet instruyera al CDE -no obstante la autonomía que el organismo tiene-, en orden a que las víctimas sean reparadas conforme a las sentencias dictadas por los tribunales. El Fisco no se verá afectado por pagar reparaciones a las víctimas, más aún si consideramos los altos ingresos por el precio del cobre. La reforma de la justicia militar sigue ausente. La Corte Suprema rechazó un proyecto que intentaba reformarla, por insuficiente y poco claro. Los parlamentarios o no hacen bien su trabajo o no tienen voluntad de cambiar la justicia militar. El Ejecutivo tampoco respondió claramente a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Palamara, que ordena a Chile introducir modificaciones a la judicatura militar”. Uno de los casos que el abogado Alberto Espinoza Pino patrocina es el de los catorce ejecutados de Puente Alto, fusilados por Carabineros en el puente Bulnes y arrojados al río Mapocho el 14 de octubre de 1973, entre ellos varios menores de edad. El día anterior habían sido detenidos en la quinta de recreo Los Sauces y llevados a la 20ª Comisaría de Puente Alto. El año 2003 el ministro Daniel Calvo sobreseyó el caso. Luis González Plaza, de 19 años al momento de los hechos, fue el único sobreviviente. La Corte de Apelaciones revocó el fallo y condenó a los culpables, además de ordenar el pago de una indemnización a las familias. Sin embargo, el CDE interpuso un recurso de casación. “Por un lado, a través de la oficina de derechos humanos del Ministerio del Interior, el Estado se hace parte en las causas de violación a los derechos humanos. Por otro, a través del CDE se opone al pago de indemnizaciones. Es algo esquizofrénico que produce gran desconcierto en las víctimas. Hay dinero para investigar, pero no para responder a las indemnizaciones que dictan los tribunales”, dice Alberto Espinoza

A propósito de una iniciativa acelerada

 Alexis Guardia B.  

 Presidente Comisión Económica del PS.

El reciente episodio ocurrido en el Senado concerniente al rechazo del proyecto  de  ley que otorgaba beneficios o incentivos tributarios derivados de una depreciación acelerada de los activos fijos, constituye un hecho político trascendente. Primero porque la Concertación teniendo mayoría en el Parlamento no logra ejercerla y segundo porque el debate abierto en torno al proyecto señala una importante trizadura respecto a como  y con que prioridad abordar los actuales desafíos que plantea nuestro desarrollo económico.

Que el ministro de Hacienda  es más técnico que político o que le falto una bancada de Expansiva en el Senado es una obviedad, pero eso no es lo más importante. Lo relevante es que la iniciativa legislativa tuvo un carácter desequilibrado y desequilibrante que genero una fuerte turbulencia en el seno de la Concertación vía quiebre de la disciplina parlamentaria, requisito básico para que gobierne una coalición de partidos políticos, y lógicamente el oportunismo de la oposición para aprovechar de la situación sin costo político. ¿En qué el proyecto de Hacienda tuvo un carácter desequilibrado y desequilibrante?

Examinemos brevemente los aspectos económicos del proyecto. La iniciativa es un beneficio o incentivo tributario de carácter transitorio, por los años 2008 y 2009, y que tiene por fin alentar la inversión;  consiste en el reconocimiento inmediato como gasto del 50% del valor de los bienes físicos del activo inmovilizado (máquinas, edificios etc.) susceptibles de acogerse a depreciación acelerada (adquiridos nuevos o importados) y la aplicación normal o acelerada por el valor remanente de los bienes. En la práctica ello significa  que a partir de esta norma aumenta el monto de la depreciación que pueden declarar las empresas como gasto en un año, con lo cual disminuyen contablemente las utilidades y las empresas pagan menos impuestos a la renta. Hacienda ha estimado que los menores ingresos fiscales derivados de este proyecto serán aproximadamente de 490 millones de dólares  en los dos años indicados.

Esta iniciativa tiene un efecto similar a una reducción transitoria en este caso, en la tasa de impuesto a las utilidades o un crédito con tasa de interés igual a cero para las empresas que se acojan. Cabe recordar que ya en la Administració n Lagos también se uso este expediente de la depreciación acelerada para alentar la inversión, como parte de la Agenda Pro-Crecimiento acordada con las grandes empresas, por la vía de una reducción de las normas que regulan la vida útil de los principales activos fijos.(2002) .

 Ahora bien, ¿quiénes podrían acogerse con facilidad a este beneficio?, naturalmente las grandes empresas porque como es muy sabido, ellas son intensivas en uso de capital  en cambio las pequeñas empresas son intensivas en mano de obra; estadísticamente un 87% de la inversión en maquinaria y equipo la realizan las grandes empresas que representan el 1% de total de las empresas formales en Chile. Por cierto legalmente una gran parte de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) podrían hacer uso de esta norma pero ellas   están sujetas a limitaciones que impiden sus decisiones de inversión, tales como: acumulación de deudas bancarias tributarias, previsionales, falta de garantía para el acceso al crédito, inestabilidad en los flujos de su capital de trabajo, sus ventas son pagadas solo a 120 días  etc. En consecuencia el proyecto de Hacienda, con un solo artículo, aparece dirigido en la práctica solo a las grandes empresas,  en una economía que arrastra  problemas con las Pymes  desde 1999. Sin duda esta iniciativa aparece como un despropósito.

En este sentido la iniciativa es un proyecto desequilibrado en su origen  no obstante que las medidas para abordar los problemas de las Pymes estaban parcialmente ya planteado en la iniciativa “Chile Invierte” expuesta hace pocas semanas por Hacienda, pero por su limitada sensibilidad frente al tema no le dio la prioridad y relevancia necesaria para incorporarla en el proyecto. Además, suponemos que los 490 millones de dólares de menos impuestos recibidos por el fisco y que serán transferidos preferentemente a la gran empresa saldrán de los excedentes del cobre que celosamente guarda Hacienda. Pero aquí se abre una nueva  interrogante, dado que esos recursos son de usos alternativos, ¿por que hacerlos en esa dirección y no en otra como por ejemplo hacia las Pymes o infraestructura? La respuesta no es técnica sino política.

 La iniciativa además se da cuando las expectativas de crecimiento del 2007 son mejores que los malos resultados del 2006 aún cuando es cierto con una inversión privada remolona, y lo que es mas importante se da en el contexto de oportunidades de inversión extraordinariamente favorables dado los mercados abiertos para Chile después de 16 años de diferentes acuerdos comerciales  y una estabilidad macroeconómica construida sobre bases  muy amistosas con las clasificadoras de riesgos, el FMI  y el mundo de los negocios. Si a pesar de estas dos condiciones la inversión privada es renuente entonces el problema es más complejo y de otra naturaleza y que no se resuelve con un beneficio tributario desequilibrado y desequilibrante. Por lo demás dado el carácter transitorio del beneficio, cuyo fin es aumentar  la inversión, en el fondo lo que hace es solo adelantar  parte  de la inversión programada del sector privado al 2010, como lo reconoce la Comisión de Hacienda del Senado. 

En síntesis un proyecto económico desequilibrado social y políticamente indujo una dinámica desequilibrante en las modalidades con que la Concertación venía abordando desde la Administració n precedente los temas que hacen obstáculo  al desarrollo. Desequilibrado del punto de vista político además, pues para una coalición de centro izquierda o socialdemócrata la regla de oro es que hay que navegar o gobernar otorgando incentivos necesarios a la gran empresa pero también a los sectores mas vulnerables o que se van quedando atrás. Los imperativos tecnocráticos deben someterse a esta regla.

 Lo ocurrido puede ser un hecho positivo si repone en la agenda legislativa temas que se arrastran desde hace mucho tiempo como el caso del mal funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas.

GOLPE A GOLPE

Si tuviéramos que retitular el artículo publicado por el diario La Nación, el día 22 de abril del presente, referido al ex agente de los servicios de seguridad, hoy ex preso político -según el Informe Valech- tal vez el más adecuado sería: “ Se hizo la luz para poder mirar con mayor estupor”.

Un reconocido torturador, agente del Centro de Inteligencia Regional (CIRE) de Talcahuano, procesado por la desaparición de Rudy Cárcamo, se presenta a declarar a la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, posa como víctima de la dictadura, es calificado como víctima de la dictadura y recibe los mismos beneficios que las víctimas de verdad, las mismas que fueron torturadas por el mismo sujeto, que posó de víctima y le creyeron.

La historia se asemeja a un cuento de horror, donde el victimario se transforma en victima para prontamente reaparecer en su condición más perversa: Torturador.

Todos sabemos que miles de testimonios de ex presos políticos, relatados ante  la Comisión Valech fueron desechados por falta de antecedentes. La rigurosidad con que se trabajó dejó en el camino del “no reconocimiento” a tantos y tantas chilenos y chilenas que, por no contar con “todos los antecedentes exigidos” oficialmente, no fueron sometidas a prisión ni tortura.

Las interrogantes que surgen son sencillas, pero aclaratorias ¿Cómo un agente de los servicios de seguridad puedo calificar? ¿Qué antecedentes presentó para ser creíble? ¿Cómo logró engañar a quienes exigían demostrar los hechos?

Claramente aquí algo no funcionó y claramente quienes son responsables de este error inaceptable, agraviante y siniestro, deben dar explicaciones claras, asumir su responsabilidad y reparar la dignidad de las 28 mil víctimas de agentes, que como este individuo, torturaron a mansalva a sus enemigos políticos.

No basta decir “se nos pasó”, al contrario, esa respuesta se suma al agravio. Se debe investigar, desarchivar los antecedentes que nunca debieron ser calificados como secretos y devolverle a Arturo Eugenio Garay González, la única condición de que puede gozar por siempre: Torturador.

Con esta historia, los 50 años de secreto dejaron de ser válidos y las autoridades tienen la obligación de transparentar toda la documentación recopilada por la Comisión sobre Prisión Política y Tortura.

Con esta historia, se reafirma la necesidad de reabrir los mecanismos de recepción de testimonios y calificación de las “verdaderas” víctimas de prisión y tortura. 

Mireya García

Santiago, 24 de abril de 2007.

LOCE: “Iglesia Católica es parte interesada y no ha seleccionado a los más pobres”

 

 Senador Navarro y recordó que Iglesia y Estado se separaron en 1925:

Su preocupación por las declaraciones del arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati y del Cardenal Francisco Javier Errázuriz en torno al debate que se ha abierto sobre la derogación definitiva de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) y su reemplazo por una nueva Ley General de Educación manifestó el senador Alejandro Navarro quien dijo que “ciertamente la Iglesia Católica tiene todo el derecho de opinar, al igual que todo el mundo, pero no puede hacerlo desde una pretendida neutralidad cuando es parte interesada en el resultado de este debate”.

            El parlamentario, quien es integrante de la Comisión de Educación, señaló que “aunque valoramos el lenguaje con que la declaración de la Conferencia Episcopal se refiere al proyecto de educación, bastante más respetuoso, más tolerante y menos crítico que el que algunas autoridades eclesiásticas usaron para referirse a la propuesta del Consejo Asesor Presidencial, lo cierto es que la Iglesia Católica no puede desdoblarse y pretender convertirse en juez y parte de esta discusión que, como las encuestas han mostrado, interesa a toda la sociedad”.

            “El interés de la Iglesia Católica en el tema -agregó Navarro- tiene que ver con el hecho objetivo que existen 665 colegios con sostenedores ligados a ese credo, cuyo ccontrol y gestión reside en una diócesis, directamente o por medio de una fundación o corporación; una congregación religiosa o un instituto secular, que declara una misión u orientación pastoral en el marco de la religión católica, y que se financian a través de la subvención escolar, recursos obtenidos bajo el régimen de financiamiento compartido, donaciones educacionales y otros aportes privados”.

            El legislador añadió que “esos establecimientos representan un 7% del total de establecimientos y un 12% de la matrícula nacional, con casi 400 mil alumnos. Además, del total de colegios creados desde 1991 en adelante, un 7% de ellos están en manos de sostenedores católicos. Sin embargo nos preocupa, que contrariamente a lo que uno pudiera creer, del total de alumnos vulnerables del sistema, sólo un 6% está matriculado en un colegio católico. Entonces mientras el Estado ha hecho esfuerzos por lograr que los establecimientos incorporen a lo menos un 15% de alumnos vulnerables, la Iglesia Católica , a través de sus colegios no ha seleccionado a los más pobres”.

            “Otro dato relevante en este mismo sentido -prosiguió- es que del total de matrícula que tienen los colegios católicos, sólo un 34% son efectivamente gratuitos, en tanto que los restantes están sujetos al sistema de financiamiento compartido, con cifras que van desde los 6 mil hasta los 48 mil pesos. Al contrario, los colegios no confesionales sujetos al mismo sistema, y con menor matrícula, tienen un nivel de gratuidad que alcanza el 53%”.

            Navarro fue enfático en reiterar que “estamos abiertos al debate, y en esa lógica la opinión de la Iglesia Católica es respetable. Pero lo que no nos parece es que además de descalificarse a priori las propuestas del Consejo Asesor y cuestionarse el proyecto de ley enviado por el gobierno, se trate de insinuar que la Presidenta ha sido influida por grupos con intereses ideológicos específicos. Eso no es así. Lo que se ha hecho con esta iniciativa es recoger una demanda mayoritaria de la sociedad, postergada desde hace mucho tiempo, que garantice una educación de calidad a todos los chilenos, sin distinción social, económica, cultural o religiosa”.

            El parlamentario recordó que “ciertamente nuestra sociedad es plural, y en ese contexto hay muchas personas representadas por la visión de la Iglesia Católica , pero también hay muchas otras que tiene otras visiones, laicas y religiosas, del mundo que también son respetables. Por eso el Estado se separó de la Iglesia Católica en 1925, porque está por sobre la opciones personales o grupales de la sociedad. Entonces no es posible tratar de endosarle intenciones a una política que lo único que trata de hacer es garantizar que la educación sea efectivamente un derecho y una oportunidad y que no se consagre como negocio”.

“En ese sentido -continuó- los socialistas hemos sido claros: queremos una educación sustentada en la libertad y la igualdad, laica, pública y democrática que posibilite la construcción de una sociedad solidaria y pluralista, y que refleje el tipo de sociedad al que aspiramos, democrática, respetuosa, solidaridaria y tolerante. Para eso debe haber un cambio revolucionario en la educación y no simples reformas dentro del actual modelo educativo. Por ello es que demandamos la refundación de la institucionalidad del sistema educacional para que tenga carácter público, descentralizado, especializado y de base territorial, que posibilite una buena administració n”.

Resucitaron los anarco-capitalistas educacionales

escrito por Rafael Luis Gumucio Rivas

jueves, 19 de abril de 2007

El anarco-neoliberalismo es la tendencia más radical dentro del radical de esta escuela. El padre de este antiestatismo extremista es Friederic Hayek, quien sostiene que lo único que existe es el mercado: el hombre nació para el mercado y a él debe servirlo. Se equivocan quienes creen que el neoliberalismo es sólo una teoría económica o una concepción de los problemas monetarios: es mucho más que este reduccionismo, es una utopía, un sueño, mejor, una pesadilla, una teología al estilo de Michel Novac. Por cierto, también una teoría de la educación. El concreto concreto y el concreto pensado de esta verdadera cosmovisión es siempre el mercado, alfa y omega de la historia. En el mercado existen triunfadores, por ejemplo, Sebastián Piñera y muchos otros más, y derrotados, que son la lacra, los incapaces y los peticionarios del Estado. Según Hayek, el Estado no debe, por ningún motivo, entregar subsidios a los perdedores del mercado, en ese sentido, el gobierno de la Concertación es una versión del neoliberalismo humanitario, muy diferente al extremismo anárquico de los padres de esta escuela.   En el anarco-capitalismo está la base de todas las privatizaciones que, en América Latina, llevaron a cabo todas las dictaduras de seguridad nacional. Hay una versión más moderada del neoliberalismo que adopta del catolicismo la idea del Estado subsidiario: el Estado debe hacerse cargo de las empresas privadas quebradas y, sobretodo, del tremendo fracaso de las AFPs, que han dejado sin pensión al 75% de los trabajadores chilenos; la idea es privatizar las ganancias y estatizar las pérdidas.   Con la presentación del proyecto de Ley General de Educación, por parte del Ejecutivo, han reaparecido, como una plaga de otoño, los anarco-neoliberales chilenos. Los hay de todos los pelajes y para todos los gustos: damas, como la historiadora Lucía San Cruz, Evelyn Matthei y Patricia Matte  quenes, apasionadamente, acusan a la Presidenta de ser socialista y estatista y que el Proyecto está influido por ideas venidas de la antigua RDA. No sé qué les faltó decir. Entre los ilustres críticos neoliberales del Proyecto se encuentra la crema de los servidores de la tiranía de Augusto Pinochet: Álvaro Bardón, Gonzalo Vial Correa, Hermógenes Pérez de Arce y José Piñera y, para completar el panorama, el experto concertacionista, convertido en neoliberal de tomo y lomo, José Joaquín Brunner, sigue el amén a estos megatelios.   Hay que reconocer que los anarco-liberales son bastante hábiles para titular sus columnas en los distintos medios de comunicación que les pertenece. Gonzalo Vial encabeza su artículo “El Transantiago de la educación”; Hermógenes Pérez de Arce abre los ojos “tontilandeses”, imitando al gran periodista Genaro Prieto; José Piñera tiene un sueño, que elimina al Estado de la Educación. Los pedagogos saben que repetir muchas veces un concepto o un mensaje es muy útil para fijar en la memoria conocimientos y saberes;  por lo demás, las frases repetidas hasta saciedad logran movilizar a aquellos que no practican la crítica de textos. Hitler no hubiera triunfado jamás de no haber agitado a los alemanes contra el Tratado de Versalles.   Se trata de convertir al Estado en un demonio como un Leviatán moderno: no debe intervenir en ningún aspecto de la economía, ni de la vida humana; toda intervención en la educación por parte del Estado, es funesta y los socialistas son la encarnación del demonio. Como los viejos conservadores, Álvaro Bardón piensa que los agnósticos carecen de moral y de valores, razón por la cual  “el socialismo lleva al sexo irresponsable, al condón y a la píldora... miran la propiedad como un robo”, (yo creía que esta idea se le había ocurrido a un tal Proudhon, padre del anarquismo social). Según Bardón, el Proyecto va a destruir el lucro y la competencia, que son los pilares del capitalismo.               No sé si tomar en serio al columnista predilecto de El Mercurio y uno de los últimos viudos del tirano Pinochet, Hermógenes Pérez de Arce, cuando plagia al gran periodista Genaro Prieto, quien llamaba a los chilenos “tontilandeses” y a nuestra capital, “Cretinolandia”. Para el columnista existe un lucro loable, que es el que reciben las grandes empresas y, como los derechistas son hábiles, tratan de involucrar, en sus sofismas, a los pequeños propietarios de escuelas y boliches; se presentan siempre como los padres de la microempresa, por lo cual siempre recurren a un profesor que gestiona un pequeño colegio, a quien intentan coludir con las grandes ganancias de las empresas educacionales y quieren convencer a la “familia de profesores Ramírez” que el Estado le va a quitar el pan de la boca. El capitalismo popular es más viejo que el hilo negro.   Gonzalo Vial Correa, ex ministro de Educación de Pinochet, autor del famoso Plan Z, tiene páginas completas en el diario más leído por la casta política, La Segunda; el solo título de su columna, dedicada al tema de la Ley General de Educación, se ha convertido, prácticamente, en un slogan de la derecha, algo parecido al “proletarios del mundo unios”. Vial es un pechoño tomista que funciona con base en silogismos: sostiene que “1- el proyecto no soluciona ninguna de los problemas reales y fundamentales de la educación pública gratuita. 2- No elimina a quienes en la educación persiguen fines de lucro. 3- Castiga a quienes no lo persigue..” O sea, el Proyecto debe ser lanzado al basurero de la historia. Vial plantearía el siguiente silogismo: el Transantiago es equivalente al caos; el proyecto educacional es igual al Transantiago, por consiguiente, ambos son caóticos. Por desgracia, a nadie se le ha ocurrido una obra similar a Cantante Calva, del francés Eugenio Ionesco.   Gonzalo Vial continúa con sus diatribas, emprendiéndolas contra el rector de la Universidad Diego Portales y columnista del Mercurio, Carlos Peña, quien osó dar una opinión a favor de la no discriminación por la selección hasta Octavo año Básico. A mi modo de ver, en las experiencias de otros países, donde los alumnos privados económica y educativamente conviven, en porcentajes similares, con alumnos de alta capacidad intelectual, los resultados demuestran que ambos grupos se benefician. Los llamados “Liceos de excelencia”, Instituto Nacional, Carmela Carvajal, Liceo No1 de Niñas, entre otros, sólo segregan a favor de los sectores privilegiados, favoreciendo la reproducción, al infinito, de una casta económica, política y social.   Ya, en 1910, primer Centenario de la República, el profesor Alejandro Venegas (Julio Valdés Cange), en su libro Sinceridad, Chile íntimo, 1910, denunciaba las diferencias al interior del Instituto Nacional, entre internos y medio pupilos, siendo los primeros favorecidos por una enseñanza, como se decía en la época, superior. ¿Quién no sabe que la casta clerical se educa en San Ignacio y en Los Sagrados Corazones y hoy, en los colegios de colonias extranjeras y los laicos y agnósticos en el Instituto Nacional, Barros Arana y Carmela Carvajal, entre otros? No sé de adónde sacó nuestro decadentista historiador que el artículo 44 de la Ley de marras elimina a las corporaciones y fundaciones religiosas, cuando es todo lo contrario. Tal vez se explica esta resurrección del debate entre el “come curas” Diego Barros Arana y el profesor conservador Abdón Cifuentes, adalid de la libertad de enseñanza, por el deseo de agregar a la iglesia católica en el combate contra lo que ellos consideran “el estatismo” del gobierno de Michelle Bachelet. Vial y sus secuaces quieren reinventar el Frente Unido, que echó a pique la UNU (Escuela Nacional Unificada) y, para los mal informados, piensan que este proyecto de Ley es lo mismo. Si le quitamos algunas excesivas fraseologías socialistas a la ENU, propias de la época histórica, fue uno de los mejores Proyectos de reforma educacional existente en nuestra historia, pues aportó la educación permanente y la no-discriminación.   José Piñera es el más fanático de los anarco-neoliberales, es el Atila de los pobres jubilados chilenos – ahora, lamentablemente, de otros países latinoamericanos-. Al igual que Martin Luther King, tuvo un sueño que, en el caso de José Piñera, es más bien una pesadilla: “El Estado no debe tener ningún papel en la educación, salvo convertir al Ministerio del ramo en una superintendencia; las escuelas deben ser privadas, como las AFPs y capitalizar conocimientos...” Dios nos pille confesados: si el resultado fuera el mismo de las AFPs, más del 75% de los chilenos terminarían más ignorantes de lo que son ahora. “Todas las escuelas municipales serán subastadas al mejor postor”. Como a estos niños anarco-liberales poco les importa el dinero del Estado, al que hay que destruir, nada mejor que se reparta entre todas las familias chilenas un cheque educacional”, por cierto unos más jugosos que otros, total, paga moya, es decir, el fisco. Habrá, además, una calificadora de riegos que, al igual que los bonos, informará a la familia de las posibilidades de que las empresas educacionales caigan en cesación de pago. Por ejemplo, los Padres Franceses y los Jesuitas serían calificados con una triple A; los Liceos emblemáticas, al igual que la deuda de Chile, con A+; los demás son bonos que carecen de grado de inversión.   Sólo faltaba que José Piñera ensuciara el nombre de la gran poeta Gabriela Mistral, quien tuvo que sufrir la discriminación de los curas serenenses, al impedirle ingresar a la Escuela Normal, acusándola de socialista, por la prensa local. Por lo demás, fue el dictador Ibáñez quien le quitó su sueldo y su consulado itinerante. Nada tiene que ver Gabriela con pinochetistas neoliberales: si bien fue víctima de una educación formal bastante retrógrada, ella fue capaz de adelantarse a su tiempo, en la misión, en México, a la cual la invitara el gran ministro José Vasconcelos.   Rafael Luis Gumucio Rivas

Contra el lucro y la exclusión

por  Roberto Pizarro

A escasas semanas que la Presidenta se instaló en La Moneda se produjo la movilización social más masiva registrada durante los gobiernos de la Concertación. Los estudiantes de la enseñanza media reclamaron desde Arica a Punta Arenas por la mala calidad de la educación, destacaron las desigualdades que la caracterizan y llamaron a eliminar la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), que estableció la dictadura. El apoyo generalizado de la población al movimiento estudiantil puso en evidencia que las familias de Chile se sentían plenamente representadas por sus hijos. Ello permitió colocar en la agenda pública la modificación del sistema educacional, obligando al repliegue transitorio de los fundamentalistas del libre mercado y los promotores de la exclusión social.

Como se sabe, la calidad de la educación se encuentra reservada a los hijos de las familias ricas de Chile. La escuela privada paga los mejores profesores y cuenta con adecuada infraestructura. Ello permite a sus egresados obtener los más altos puntajes en la PSU, accediendo a las mejores universidades. Así, los dueños del Poder Económico y de la elite política del país aseguran que sus descendientes puedan alcanzar elevadas capacidades instrumentales para administrar el sistema económico y político que controlan. Adicionalmente, la segmentación social y territorial que caracteriza a estas escuelas reproduce en los jóvenes el clasismo, racismo e individualismo propio de las familias ricas lo que se constituye, por otra parte, en seria limitante a su formación integral.

El resto del sistema educacional, al que accede el 90% de los niños en edad escolar, atiende a las familias pobres y de clase media, tanto mediante las escuelas municipalizadas financiadas por el Estado como bajo la administració n de comerciantes “sostenedores” que, utilizando subsidios estatales, lucran con la enseñanza. Ambos tipos de escuelas cuentan con infraestructura limitada, elevado número de alumnos por aula, escasez de alimentación, sostenedores inescrupulosos, debilidades de los municipios. A esto se agregan las reducidas condiciones materiales y culturales de los hogares pobres lo que dificulta aún más el aprendizaje escolar. Así las cosas, y con contadas excepciones, los jóvenes provenientes de la educación municipalizada y de la privada subvencionada muestran bajos puntajes en la PSU, ingresan a universidades de baja calidad y estudian profesiones sin demanda en el mercado. Ello ha hecho crecer un ejército de profesionales desocupados que, en el mejor de los casos, pueden llegar a servir como empleados, con bajos salarios, de los jóvenes de su misma generación que se convierten en ejecutivos de empresas, gracias a sus estudios de calidad en Chile y en el extranjero. El futuro de los niños de Chile está definido en su nacimiento. Se juega con cartas marcadas.

En consecuencia, el sistema educacional chileno, en vez de servir para integrar a los niños de distintos orígenes sociales, promover la convivencia en comunidad, estimular la promoción social, favorecer un mismo lenguaje y valores, se ha convertido en instrumento de exclusión y ampliación de desigualdades. Por otra parte, como las familias adineradas pueden comprar una mejor educación ésta ha dejado de ser un derecho para convertirse en una mercancía, sin garantías de calidad similar para todos los niños.

Después de un intenso trabajo técnico del Consejo de Educación y presentado el proyecto de ley de reforma al Congreso, todos aquellos que bajaron su perfil en las movilizaciones estudiantiles han contraatacado con furia. Rancios apellidos asumieron la vanguardia. Los dos Larraín, presidentes de la UDI y de RN, con la asesoría de la Sra. Patricia Matte, atacaron con virulencia la eliminación del lucro en la educación, que propone el proyecto de ley. Luego se lanzaron al ruedo los editorialistas de El Mercurio y de La Tercera, y sus columnistas estrellas. A éstos los siguieron los dirigentes empresariales de la Confederación de la Producción y el Comercio y, como siempre, algún economista de Libertad y Desarrollo. La clase dominante en pleno, con la ayudita de uno que otro personero de la Concertación, atacó vigorosamente el proyecto.

La derecha nunca imaginó que el rechazo al lucro en la educación, eje de las demandas estudiantiles, llegaría a ser parte del proyecto de ley. Su reacción, cercana a la histeria, tiene una sola explicación. Por primera vez, después de 17 años de gobiernos de la Concertación, se cuestiona uno de los pilares del neoliberalismo: el reconocimiento al lucro en el área social y la existencia de un Estado que ha renunciado a la universalizació n de las políticas sociales, limitando su accionar a la focalización. El desafío que coloca el proyecto a los intereses empresariales, pero sobretodo el cuestionamiento al libremercadismo totalitario es lo que preocupa a la derecha.

Más allá de las preocupaciones ideológicas de la derecha y de la defensa de sus intereses económicos, la demanda por una educación decente y sin discriminaciones para todos los niños, hijos de familias ricas y pobres, es justa y necesaria. Está en juego el desarrollo económico del país, que no se sostiene con la actual educación. Está en juego la estabilidad de sistema político, con excluidos que acrecientan su violencia. Esta en juego la ética nacional, que no resiste el aumento de las desigualdades en medio de una aguda concentración del ingreso. La sociedad civil lo ha entendido y por ello los estudiantes han exigido el término de la LOCE, el fin del lucro y la eliminación de toda discriminació n en la educación. El proyecto de ley recoge el sentir democrático de la ciudadanía.

________

Roberto Pizarro es economista

La crítica marxista a las libertades públicas de la sociedad burguesa

Julio Pino

La Jiribilla

En La cuestión judía 1844, uno de los dos únicos artículos escritos por Marx para la publicación parisina Anales franco – alemanes, se desprende, entre tantas, una tesis sobre la que quiero, por su importancia y actualidad política, exponer ante el lector una reflexión:

La crítica marxista a las libertades públicas de las sociedades burguesas reviste un carácter complejo no simple.

El análisis que busca demostrar la invalidación de esas libertades dentro del marco de la sociedad burguesa ─libertad individual; libertad de pensamiento; libertad de prensa; libertad de reunión y asociación; y libertad de gobierno bajo la forma del sufragio universal─, aunque parte como premisa que una sociedad basada en el régimen de la propiedad y el interés privado no está capacitada para desarrollar una verdadera democracia, el modo en que se expresa socialmente esa incapacidad política no constituye, ni tampoco se resume, en una negación simplista de la existencia de dichas libertades.

O sea, esas libertades se encuentran de un modo siempre relativo implicadas en el entramado social de casi todas las sociedades occidentales, pero no nos liberan. El marco jurídico desde el cual fueron elaborados por los filósofos del siglo XVIII los derechos del hombre más la práctica política de las dos grandes revoluciones político burguesas de ese siglo ─la norteamericana y la francesa─, todavía cumple su abstracta vigencia y su relativa verificación legal en cada individuo, que es reconocido por el Derecho, de esas sociedades.

Entonces, ¿qué es lo que ocurre?

Siguiendo la lectura de la exposición del pensamiento de Marx en ese citado artículo de la revista Anales franco – alemanes, encontramos lo que en principio creímos era una paradoja antes de empezar a desatar el ovillo de su lógica: La propiedad y el interés privado lejos de inhabilitar a las llamadas libertades públicas hacen que éstas constituyan su realización política. Porque es mediante el ejercicio legal de esas libertades jurídicas que al individuo burgués le es garantizado poder restringir su acción social dentro del exclusivista espacio de su interés privado y su peculado particular. Dicho entonces con palabras de Marx: “Los llamados derechos universales del hombre no se basan en la unión social, sino en la separación del hombre con respecto al hombre”.

No porque no se cumplan en la práctica esas libertades es que deja de verificarse la democracia social bajo el capitalismo, sino porque relativamente se cumplen es que esas sociedades quedan incapacitadas para la gestión democrática que haría realmente posible la igualdad social y la participación colectiva en la gestión política y económica.

En la base de esa distancia creada por la ley jurídica entre los ciudadanos solo hace papel de intermediario el interés, el cual por un lado es el artífice egoísta de la soledad humana en las sociedades burguesas, y, por otro, es el elemento ínter conectivo que liga al hombre privado con el resto de los intereses de los individuos privados.

Los intereses de los individuos privados solo pueden sumarse abstractamente, pues la verdad de esa suma sólo puede ser positivamente sancionada por un concepto puramente legal: el Derecho, el cual le entrega una relativa libertad jurídica a los individuos. Mientras que el Estado burgués no es otra cosa que la generalización positiva del interés privado devenido en sociedad política.

La crítica de Carlos Marx va dirigida a la esencia misma de la llamada democracia burguesa. Explicándonos el concepto del Estado burgués, Marx nos dice además que la burguesía marchó a la revolución política en los siglos XVIII y XIX en aras de la emancipación económica de la vieja sociedad civil. Para lograr esa emancipación hubo primero que despolitizar la vida económica; es decir, separar lo que estaba unido en la Edad Media: el interés público y el interés privado; la propiedad y el Estado.

Del mismo modo que la sociedad moderna de tipo burgués quedó fundada por la separación de la sociedad civil ─las necesidades materiales del ser humano─, y el Estado político ─los intereses generales del hombre público─, la sociedad medieval estuvo principalmente estructurada en dos estamentos sociales: el clero y la nobleza, donde en cada uno de ellos se realizaba por igual la sociedad económica ─la propiedad feudal de la tierra─, y la sociedad política ─la organización seglar y secular de los intereses colectivos─. O sea, estos dos estamentos ─prefiguraciones ambos del Estado contemporáneo─, se repartían entre ellos el poder político y la propiedad de la tierra que era la forma básica de la propiedad feudal.

La transformación social que se fue poco a poco gestando desde los siglos finales de la Edad Media posibilitó la liberación económica del tercer estamento frente al antiguo Orden Feudal: la sociedad baja, el pueblo, aunque representado principalmente por el habitante más prospero de las ciudades, el burgués localizado bajo la forma básica del comerciante. La alianza de la burguesía de las ciudades con los campesinos y plebeyos produjo a la larga la victoria ante el Orden Feudal. De este modo la burguesía, en su papel de rectora ideológica y conductora política de las masas oprimidas, se sintió envestida de un programa universal de liberación ─portadora de un legado antigenealógico y antirracial de la riqueza y el poder─, el cual sobre la base de una revolución política ─la llegada al poder del Tercer Estado, Francia 1789─ crearía las condiciones jurídicas para la igualdad social y la fraternidad humana.

Fueron de estos modos erigidos, desde la Filosofía del siglo XVIII y para el pensamiento político de toda una época altamente revolucionaria, los derechos del hombre frente a una medievalidad, que para decirlo con palabras de Federico Engels, “no conoció en lo absoluto los derechos del sujeto.”

Mas, el sujeto humano que aparece como nuevo concepto con las revoluciones burguesas que reclama para sí, y ante la historia moderna, sus reivindicaciones económicas y políticas, es un sujeto profundamente escindido entre sus apetencias y necesidades naturales ─la base humana y material de las que vive y dispone─, y su humanidad abstracta, el hombre genérico, concebido para ejercer estrictamente sus derechos dentro del espacio jurídico en que se organiza políticamente la sociedad.

Lo que a todas luces parece suceder es que en el Estado burgués al ser la institución más acabada en que se organiza la vida política de los ciudadanos bajo el capitalismo, el cual ha sido concebido al margen de lo que ocurre en la sociedad civil, la libertad del individuo adquiere la forma exclusiva de una libertad nominal en cuanto estrictamente política.

Con respecto a esto último Marx comenta aproximadamente que la desigualdad social, engendrada por la propiedad privada opuesta el beneficio público, queda suprimida sólo idealmente cuando el desposeído se convierte ─al ejercer el sufragio universal─, en legislador de los que poseen.

De este modo el bello sueño filosófico de la burguesía original ─ coautora política junto al pueblo de las tres revoluciones francesas y de la revolución norteamericana─, terminó elaborando, para los primeros tiempos de la Modernidad capitalista, una utopía jurídica porque la separación abisal entre el hombre natural, regido por el reino material de la necesidad, y el hombre público, regido por la noción especulativa del Derecho, es del todo arbitraria y solo puede ser sancionada positivamente en nombre de una jurisprudencia abstracta.

Es decir, dicho con palabras que por su sentido pueden pertenecer al pensamiento marxista: Todo lo que hay de irresuelto, inacabado y moribundo en el Tercer Estado resulta de una figura ideológica que nos propone con insistencia la desgarradora escisión del hombre en dos mundos ─el mundo de las ideas y el de la vida material─, y que, por consiguiente pretende hacer imposible la revolución humana de la que hablaban con énfasis Carlos Marx y Federico Engels en los tempranos años 40 del siglo XIX.

De este modo el Estado político moderno ─síntesis ideológica de las instituciones burguesas─, plantea haber resuelto el problema de la libertad humana totalmente al margen de lo que en verdad ocurre en la sociedad civil, del mismo modo que para el creyente de la Edad Media le era posible concebir la completa igualdad en el Cielo y la sumisión más bárbara en la Tierra. La desigualdad económica incuba y expresa constantemente desde su seno la desigualdad política.

Es que es necesario entender que no hay una humanidad abstracta y otra concreta y que no puede existir por tanto el divorcio de dos mundos realmente complementarios representado, uno, por las relaciones sociales de dominación que engendran el Estado político, y otro, por las relaciones de explotación que se contraen en la sociedad civil.

Es necesario también recordar que el Estado político moderno posee una interpretación social del Derecho la cual no pudo jamás haber nacido al margen del desarrollo histórico de la economía y la industria. Es decir, es un Estado que se encuentra sociohistóricamente determinado y, por tanto, una concepción puramente especulativa del Derecho, como la que brinda la burguesía histórica, no puede resolver los problemas que nos plantea la redención humana.

El Estado político burgués es la expresión jurídica de su sociedad civil, aunque bajo la forma relativamente autónoma que reviste su cielo especulativo en el que el Derecho burgués dice constantemente ser la realización jurídica de la libertad, aunque estrictamente unido en la práctica social a su naturaleza económica, la cual implica lo que realmente es el Estado: La cuartada legal del interés privado.

Así el cuerpo jurídico que porta consigo el Estado político representa, desde un punto de vista humano, lo que hay de virtud y de enajenación en la sociedad burguesa: la igualdad de todos los hombres ante la ley y la competencia económica más desaforada del individuo frente al resto de los individuos; la libertad jurídica del individuo ante el Estado y la desigualdad humana más profunda. De este modo la verdad de la ley no es otra que la exclusiva verdad del hombre abstracto, reconstruido ideológicamente por el Derecho burgués dentro del contexto socio histórico de las sociedades capitalistas.

Para resumir estas ideas puedo añadir que frente a las concepciones abstractas del Derecho burgués que buscan restringir a la cosa pública frente al interés individual y su peculado, José Martí, el Apóstol de nuestra independencia nacional, resumió en una revista para niños su concepción personal del Derecho:

“Libertad es el derecho que tiene todo hombre a ser honrado, y a pensar y hablar sin hipocresía.”

Las llamadas libertades capitalistas pueden, sin duda, habilitar jurídicamente al hombre para el constante ejercicio de su interés privado, pero la libertad entendida como el derecho humano a la honradez económica y al constante ejercicio de la sinceridad política pertenece, por su propia esencia, a la siempre preterida realización histórica de la condición humana.

EL CONFLICTO SOCIAL SOBRE RUEDAS

 Ya es un lugar común referirse al Transantiago como el “Condoro” de los condoros del gobierno, por tanto, no incursionaré en los errores o culpables del mismo, tan sólo lo expongo por ser el vehículo apropiado que encontró una sociedad insatisfecha para manifestarse.  

El escenario de efervescencia social actual, se alimenta de las demandas de diferentes sectores de la sociedad, que hoy se expresan sin temor alguno, y con características cada vez más violentas. Así,  tenemos  a los deudores habitacionales con o sin razones; se avecina la reacción campesina por la forma que se ha pretendido resolver su deuda histórica, que no es más que lo mismo de estos 16 años, al igual que la de las Pymes, sin que se resuelva realmente; tenemos en cierne una nueva revolución de los “pingüinos”, por la tardanza en el mejoramiento de la infraestructura educacional y por los menguados cambios que se pretende con la LOCE, por señalar sólo algunos.

 Es lógico que en el juego político, la oposición, tanto de derecha como de izquierda, coincidan en el aprovechamiento del descontento, atizando la confrontación sin medir las consecuencias. El tema es, que ellos hacen su trabajo, y lo inconcebible es que el gobierno no muestre capacidad de análisis situacional ni mucho menos capacidad para adelantarse a los hechos. La espiral de violencia que observamos últimamente, no se resuelve sólo con cambiar figuras en el nivel gubernamental, más aún, eso sería seguir dándole satisfacciones a la derecha política que busca deslegitimar a la Presidenta. Lo más importante es hacer un cambio de política que rompa con los paradigmas del modelo actual. El discurso del gobierno ciudadano, debe comenzar con la franqueza para decir lo que se quiere y como hacer, pero decirlo clara y directamente, que no induzca a interpretaciones a gusto del ejecutivo de turno. Creo que algo se avanzó con el discurso presidencial y el restringido cambio de gabinete de hoy, pero ello no es lo sustantivo. En el caso del transporte metropolitano, se debe asumir y así decirlo que fue un proyecto originalmente mal concebido desde el punto de vista de un Servicio Público a la Comunidad, como lo es en todo el mundo. Se hizo por tecnócratas sobre la base de la rentabilidad que debían tener los operadores (todos lo reconocen  hoy) y no sobre la base de la calidad del servicio que la ciudadanía se merece. En cuanto a la responsabilidad política de aquello también debe precisarse, pero sin irse por las ramas, relativizando todo, como acostumbramos los chilenos,  para que los santiaguinos no terminemos creyendo que su diseño e implementación fue obra de extraterrestres y, por ahora, último discurso incluido, seguimos en la nebulosa.  En cuanto a los deudores, habitacionales, pymes y campesinos, hasta la fecha se ha actuado con  promesas y parches, faltando la convicción de la importancia de resolverlo definitivamente, tal como lo hizo Pinochet con la crisis del sistema financiero a comienzo de los ochenta, comprometiendo el aval y recursos del  Estado para su salvación.  

El desarrollo inclusivo debe suponer que las políticas de apoyo tienen que ser audaces y necesariamente diferenciadas respecto de las que rigen para los grandes empresarios, que bastantes ventajas ya han tenido y tienen con el actual modelo. Es un escarnio pensar beneficios para  una pyme o pequeño agricultor con la propuesta de “Depreciación acelerada”, por ejemplo.

 Por su parte, el tema de la educación no será resuelto si no se define claramente que ella es un bien público, cuya obligación de servirlo le corresponde al Estado y que la  libertad de enseñanza no es libertad comercial como se entiende.  No cabe dudas, que definiciones conceptuales de esta magnitud están en el trasfondo de las justas demandas de los pingüinos, siendo responsabilidad del gobierno enfrentarlas dentro de los parámetros políticos-ideológicos que lo sustentan. Obviamente, el Transantiago ha sido el evento desencadenante de la irritación contenida de los ciudadanos ante los desaciertos y corruptelas que, además, los medios se están encargando de instalar en la ciudadanía, como norma de acción del actual gobierno.  Lo trágico, es que este contexto social que se está dibujando se asemeja peligrosamente al  vivido en la década de los 70. Una derecha política implacable para deslegitimar todo accionar gubernamental, por ahora, no se ha sumado la derecha económica que todavía goza de las políticas neoliberales que subsisten. Una izquierda extraparlamentaria que con justicia reclama contra el régimen político excluyente y que cada vez lo hace en forma más violenta. Un cartel de medios de comunicación que satura el inconsciente colectivo con imágenes antigubernamentales. Una Iglesia que ya comienza a tomar partido y a sumarse a los detractores políticos. Un desorden en la coalición de gobierno, por el afán de protagonismo de sus actores, la incorrecta o inexistente interacción entre partidos,  parlamento y gobierno y entre éste y la ciudadanía o, simplemente, la  falta de autoridad.  Por ahora, hagamos como en el fútbol y crucemos los dedos para que alguien ilumine al entrenador o entrenadora para que se termine los aprontes con las reservas, se ponga a los titulares y se defina una estrategia de “juego” que encante a los chilenos, o que es lo mismo, se juegue como se dijo en la pre-temporada. Queda la duda si los cambios de última hora, como los de hoy,  ayudarán en este sentido. Santiago, 26 de Marzo de 2007SERGIO BARRÍA P.