LOCE: “Iglesia Católica es parte interesada y no ha seleccionado a los más pobres”

 

 Senador Navarro y recordó que Iglesia y Estado se separaron en 1925:

Su preocupación por las declaraciones del arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati y del Cardenal Francisco Javier Errázuriz en torno al debate que se ha abierto sobre la derogación definitiva de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) y su reemplazo por una nueva Ley General de Educación manifestó el senador Alejandro Navarro quien dijo que “ciertamente la Iglesia Católica tiene todo el derecho de opinar, al igual que todo el mundo, pero no puede hacerlo desde una pretendida neutralidad cuando es parte interesada en el resultado de este debate”.

            El parlamentario, quien es integrante de la Comisión de Educación, señaló que “aunque valoramos el lenguaje con que la declaración de la Conferencia Episcopal se refiere al proyecto de educación, bastante más respetuoso, más tolerante y menos crítico que el que algunas autoridades eclesiásticas usaron para referirse a la propuesta del Consejo Asesor Presidencial, lo cierto es que la Iglesia Católica no puede desdoblarse y pretender convertirse en juez y parte de esta discusión que, como las encuestas han mostrado, interesa a toda la sociedad”.

            “El interés de la Iglesia Católica en el tema -agregó Navarro- tiene que ver con el hecho objetivo que existen 665 colegios con sostenedores ligados a ese credo, cuyo ccontrol y gestión reside en una diócesis, directamente o por medio de una fundación o corporación; una congregación religiosa o un instituto secular, que declara una misión u orientación pastoral en el marco de la religión católica, y que se financian a través de la subvención escolar, recursos obtenidos bajo el régimen de financiamiento compartido, donaciones educacionales y otros aportes privados”.

            El legislador añadió que “esos establecimientos representan un 7% del total de establecimientos y un 12% de la matrícula nacional, con casi 400 mil alumnos. Además, del total de colegios creados desde 1991 en adelante, un 7% de ellos están en manos de sostenedores católicos. Sin embargo nos preocupa, que contrariamente a lo que uno pudiera creer, del total de alumnos vulnerables del sistema, sólo un 6% está matriculado en un colegio católico. Entonces mientras el Estado ha hecho esfuerzos por lograr que los establecimientos incorporen a lo menos un 15% de alumnos vulnerables, la Iglesia Católica , a través de sus colegios no ha seleccionado a los más pobres”.

            “Otro dato relevante en este mismo sentido -prosiguió- es que del total de matrícula que tienen los colegios católicos, sólo un 34% son efectivamente gratuitos, en tanto que los restantes están sujetos al sistema de financiamiento compartido, con cifras que van desde los 6 mil hasta los 48 mil pesos. Al contrario, los colegios no confesionales sujetos al mismo sistema, y con menor matrícula, tienen un nivel de gratuidad que alcanza el 53%”.

            Navarro fue enfático en reiterar que “estamos abiertos al debate, y en esa lógica la opinión de la Iglesia Católica es respetable. Pero lo que no nos parece es que además de descalificarse a priori las propuestas del Consejo Asesor y cuestionarse el proyecto de ley enviado por el gobierno, se trate de insinuar que la Presidenta ha sido influida por grupos con intereses ideológicos específicos. Eso no es así. Lo que se ha hecho con esta iniciativa es recoger una demanda mayoritaria de la sociedad, postergada desde hace mucho tiempo, que garantice una educación de calidad a todos los chilenos, sin distinción social, económica, cultural o religiosa”.

            El parlamentario recordó que “ciertamente nuestra sociedad es plural, y en ese contexto hay muchas personas representadas por la visión de la Iglesia Católica , pero también hay muchas otras que tiene otras visiones, laicas y religiosas, del mundo que también son respetables. Por eso el Estado se separó de la Iglesia Católica en 1925, porque está por sobre la opciones personales o grupales de la sociedad. Entonces no es posible tratar de endosarle intenciones a una política que lo único que trata de hacer es garantizar que la educación sea efectivamente un derecho y una oportunidad y que no se consagre como negocio”.

“En ese sentido -continuó- los socialistas hemos sido claros: queremos una educación sustentada en la libertad y la igualdad, laica, pública y democrática que posibilite la construcción de una sociedad solidaria y pluralista, y que refleje el tipo de sociedad al que aspiramos, democrática, respetuosa, solidaridaria y tolerante. Para eso debe haber un cambio revolucionario en la educación y no simples reformas dentro del actual modelo educativo. Por ello es que demandamos la refundación de la institucionalidad del sistema educacional para que tenga carácter público, descentralizado, especializado y de base territorial, que posibilite una buena administració n”.