El reportaje aparecido anoche en el programa "Esto no tiene nombre" de Televisión Nacional ha causado natural asombro y preocupación en los magallánicos. La carrera de Técnico en Rehabilitación Terapéutica del instituto Santo Tomás de Punta Arenas ha resultado ser una lamentable violación a las ilusiones y aspiraciones de los estudiantes, acosados ahora por la ausencia de campo laboral. Además al costo económico pagado por los padres, se suma el deterioro de la confianza pública.
Ellos están pagando el costo de una educación "superior" que se ha mercantilizado completamente, donde el Estado es incapaz de ejercer funciones eficaces de control y supervigilancia que impidan la existencia de carreras de pizarrón ofrecidas para mejorar los ratting de ventas y de matrícula, pero sin ningun sustento académico, sin ningún diagnóstico serio del campo ocupacional que tendrán cuando egresen esos estudiantes titulados.
Aquí es precisamente donde se encuentra la tenue línea divisoria que distingue a "entidades de papel o de fachada" en la educación universitaria o superior (con infraestructuras miserables, con sistemas académicos y administrativos precarios, con notorio desorden interno, con carreras sin sustento académico real ni laboral futuro) de las "organizaciones institucionales" más serias y organizadas (con respaldo organizacional, con recursos bien administrados, con cuerpos docentes solventes, con infraestructura adecuada y suficiente). Varias son las entidades que en Magallanes han resultado funcionando como "supermercados de la educación" y sus nombres circulan en boca en boca de alumnos y de padres y apoderados, con carreras de pizarrón que no tienen real destino laboral para los alumnos, y que caen en las redes de verdaderos encantadores de serpientes, contadores de cuentos y vendedores de ilusiones en los períodos de matrícula anual.
He aquí otro elemento sustancial que cuestiona la calidad de la educación superior en Chile y en nuestra región de Magallanes: la coexistencia de instituciones serias, organizadas y con trayectoria, al lado de entidades de fachada que funcionan prácticamente como galerías comerciales.
Son los alumnos de la enseñanza media y los padres y apoderados los llamados a estar alertas y vigilantes a la hora de elegir el futuro educacional de sus hijos.
Exonerados: La ley y la justicia. Por Roberto Tello
Por 81 votos afirmativos, los diputados aprobaron anoche, en una sesión especial, un proyecto de acuerdo que manifiesta al Gobierno la preocupación y malestar por la excesiva tardanza en la tramitación y otorgamiento de beneficios a los exonerados políticos. La iniciativa solicita a la Presidenta de la República que disponga todas las medidas que estime necesarias para elaborar un plan de intervención de todas las instituciones que tienen a su cargo la implementación de los beneficios a los exonerados, contenidos en la ley 19.234 y sus modificaciones.
Más recursos y diligencia
El texto llama a dinamizar la evaluación y entrega de los beneficios para cumplir los objetivos de la ley, disponiendo la entrega de mayores recursos al INP, a la CAPREDENA, a DIPRECA y a la Contraloría General de la República, ya sea económicos, tecnológicos o humanos.
El proyecto demanda a la Contraloría una mayor diligencia que la demostrada hasta la fecha en el trámite de toma de razón que debe recaer en los respectivos Decretos Supremos que otorgan los beneficios de la Ley 19.234.
Asimismo, solicita al gobierno dar urgencia a la moción parlamentaria que establece plazos máximos para dar solución a la calificación de las personas exoneradas.
Por último, los diputados aprobaron enviar una copia de este acuerdo al INP, a la CAPREDENA, DIPRECA y a la Contraloría General de la República.
Autores
La iniciativa fue presentada por los diputados Adriana Muñoz, Carolina Goya, Iván Paredes, Clemira Pacheco, Fernando Meza, Jaime Quintana, Carlos Abel Jarpa, Gonzalo Duarte, Pablo Lorenzini, Jaime Mulet, Eugenio Tuma, Enrique Jaramillo, Patricio Hales, Francisco Encina, Isabel Allende, Fidel Espinoza, Raúl Súnico, Sergio Ojeda, Mario Venegas, Gabriel Silber, Carolina Tohá y José Pérez, Jorge Sabag, Eduardo Díaz, Guillermo Ceroni y Denise Pascal.
Reclamo por extrema lentitud
En el tiempo previo, el diputado René Manuel García mencionó, entre los principales reclamos de los exonerados, la extrema lentitud en la tramitación de las solicitudes, puesto que se han presentado 160 mil solicitudes, y sólo se han cursado 20 mil.
Añadió que existen trámites innecesarios, que el Gobierno, a través del Ministerio del Interior y del INP, podrían evitar, puesto que incluso hay personas que han fallecido sin obtener sus beneficios.
Denunció que existirían parlamentarios que persiguen pensiones de exonerados, y los exhortó a que, de ser así, renuncien al beneficio, para que les sea entregada a quienes de verdad lo necesitan.
Debate
Por su parte, el diputado Eugenio Tuma dijo que pese a que la intención de la legislación era reparar un daño, se le está haciendo más daño a los exonerados al demorar la tramitación de sus pensiones.
A su turno, el diputado Sergio Ojeda dijo que son 13 años, desde que se dictó la primera ley, y que sólo el 42%, o sea 110 mil, han sido calificados como exonerados, por las trabas administrativas.
El diputado Fidel Espinoza indicó que han habido demoras, debido a que hay empresas públicas que dejaron de existir, lo que dificulta la acreditación del exonerado.
En tanto, el diputado Alejandro García-Huidobro valoró la sesión para tratar este tema que, a su juicio, salvo en época de campañas, se deja de lado, cuando es necesario darle una solución definitiva.
El diputado José Pérez denunció trámites demasiado engorrosos. Dijo que a la gente se le pide reiteradamente los mismos documentos, y que la Contraloría General de la República tampoco facilita los procedimientos. También criticó la dilación en responder las peticiones de los parlamentarios, por parte de funcionarios de gobierno.
En tanto, el Ministro del Interior, Belisario Velasco, reafirmó el compromiso del Gobierno para culminar la entrega de los beneficios a los exonerados a fines del primer semestre del próximo año.
Para ello, dijo, se ha aumentado el personal administrativo para acreditar a los beneficiarios, y se priorizará a los mayores de 75 años y a las personas enfermas.
El Ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, anunció también la constitución de comisiones para acelerar los trámites y entregó un detalle de las peticiones que no han sido aprobadas.
Esta noticia fue publicada el dia Miércoles 13 de septiembre de 2006 .
Opinion:
Este próximo 17 de julio vence el plazo que el gobierno a establecido como ultima oportunidad que tienen los aspirantes a ser reconocidos como exonerados políticos bajo la ley 19.234 y sus modificaciones. Esta ley viene a poner justicia en una enorme franja de chilenos que fueron perseguidos políticos y sufrieron persecuciones de toda índole a manos del régimen militar encabezado por Pinochet y de los cuales una porción importante de ésta no tuvo mas remedio que salir de chile al exilio buscando nuevas oportunidades para rehacer sus vidas. Es precisamente este sector de chilenos desperdigados por el mundo, en donde se concentra una cantidad apreciable de chilenos que en algunos casos ya son beneficiarios y en otros, los mas, esperaron inútilmente ser reconocidos como tales y que por razones diversas no lo han conseguido.
La noticia, recogida en su oportunidad por este blog, sostiene las críticas al endamiege burocrático, que ha impedido permanentemente la agilización de los trámites requeridos por los organismos acreditados para este efecto y sostiene que el mismo carece de la estructura adecuada para su buen funcionamiento producto de su escaso presupuesto o del poco personal afectado a estas tareas, que en definitiva es consecuencia de lo primero. A estas fallas que para nosotros son centrales hay que agregarles otros tantos elementos todos relacionados entre sí y que están bien señalados en las críticas efectuadas por los legisladores que firmaron este documento.
Sin embargo existe una realidad que se ha obviado, ya que los afectados no cuentan con una voz, digamos, oficial que los represente, y que no está contemplada en el crítico documento de los legisladores, ésta no es otra que la de los chilenos radicados en el exterior, que hacen todavía mas complejo el camino al reconocimiento como exonerado político. A todos los obstáculos señalados hay que agregarle que quienes viven en el exterior tuvieron como único soporte el de poder hacer su presentación al programa entregando la solicitud en la sede consular a la que estaba afectado, según el país y la ciudad en la que estuviera radicado.
De ahí en mas las cosas se complicaban, ya que para terminar de completar los requisitos exigidos el peticionante se debía trasladar sí o sí a chile a buscar testigos, presentar declaraciones juradas y una serie de trámites mas, que solo pueden ser realizados por el afectado directamente.Así la crítica estandarizada no contempla la realidad de los chilenos en el exterior, y que seguramente es mucho más dramática que la que podemos graficar en este documento.
La ley cerrará dejando afuera a una cantidad importante de ciudadanos chilenos aptos para ser reconocidos en calidad de exonerados políticos y este estado democrático perderá la oportunidad de resarcir los daños causados por un régimen militar que terminó con el futuro de muchos chilenos que buscaron otras tierras donde forjar sus sueños o donde hacer descansar sus huesos, cuando ya los años no alcanzan para comenzar de nuevo.
Este estado democrático seguirá en deuda con muchos chilenos y premiará a otros que formaron parte del aparato estatal militar como torturadores y represores y que hoy conforman las listas de beneficiarios de la ley 19.234, cuando deberían estar presos. Roberto TelloLunes, 16 de Julio de 2007 19:53