A propósito de una iniciativa acelerada

 Alexis Guardia B.  

 Presidente Comisión Económica del PS.

El reciente episodio ocurrido en el Senado concerniente al rechazo del proyecto  de  ley que otorgaba beneficios o incentivos tributarios derivados de una depreciación acelerada de los activos fijos, constituye un hecho político trascendente. Primero porque la Concertación teniendo mayoría en el Parlamento no logra ejercerla y segundo porque el debate abierto en torno al proyecto señala una importante trizadura respecto a como  y con que prioridad abordar los actuales desafíos que plantea nuestro desarrollo económico.

Que el ministro de Hacienda  es más técnico que político o que le falto una bancada de Expansiva en el Senado es una obviedad, pero eso no es lo más importante. Lo relevante es que la iniciativa legislativa tuvo un carácter desequilibrado y desequilibrante que genero una fuerte turbulencia en el seno de la Concertación vía quiebre de la disciplina parlamentaria, requisito básico para que gobierne una coalición de partidos políticos, y lógicamente el oportunismo de la oposición para aprovechar de la situación sin costo político. ¿En qué el proyecto de Hacienda tuvo un carácter desequilibrado y desequilibrante?

Examinemos brevemente los aspectos económicos del proyecto. La iniciativa es un beneficio o incentivo tributario de carácter transitorio, por los años 2008 y 2009, y que tiene por fin alentar la inversión;  consiste en el reconocimiento inmediato como gasto del 50% del valor de los bienes físicos del activo inmovilizado (máquinas, edificios etc.) susceptibles de acogerse a depreciación acelerada (adquiridos nuevos o importados) y la aplicación normal o acelerada por el valor remanente de los bienes. En la práctica ello significa  que a partir de esta norma aumenta el monto de la depreciación que pueden declarar las empresas como gasto en un año, con lo cual disminuyen contablemente las utilidades y las empresas pagan menos impuestos a la renta. Hacienda ha estimado que los menores ingresos fiscales derivados de este proyecto serán aproximadamente de 490 millones de dólares  en los dos años indicados.

Esta iniciativa tiene un efecto similar a una reducción transitoria en este caso, en la tasa de impuesto a las utilidades o un crédito con tasa de interés igual a cero para las empresas que se acojan. Cabe recordar que ya en la Administració n Lagos también se uso este expediente de la depreciación acelerada para alentar la inversión, como parte de la Agenda Pro-Crecimiento acordada con las grandes empresas, por la vía de una reducción de las normas que regulan la vida útil de los principales activos fijos.(2002) .

 Ahora bien, ¿quiénes podrían acogerse con facilidad a este beneficio?, naturalmente las grandes empresas porque como es muy sabido, ellas son intensivas en uso de capital  en cambio las pequeñas empresas son intensivas en mano de obra; estadísticamente un 87% de la inversión en maquinaria y equipo la realizan las grandes empresas que representan el 1% de total de las empresas formales en Chile. Por cierto legalmente una gran parte de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) podrían hacer uso de esta norma pero ellas   están sujetas a limitaciones que impiden sus decisiones de inversión, tales como: acumulación de deudas bancarias tributarias, previsionales, falta de garantía para el acceso al crédito, inestabilidad en los flujos de su capital de trabajo, sus ventas son pagadas solo a 120 días  etc. En consecuencia el proyecto de Hacienda, con un solo artículo, aparece dirigido en la práctica solo a las grandes empresas,  en una economía que arrastra  problemas con las Pymes  desde 1999. Sin duda esta iniciativa aparece como un despropósito.

En este sentido la iniciativa es un proyecto desequilibrado en su origen  no obstante que las medidas para abordar los problemas de las Pymes estaban parcialmente ya planteado en la iniciativa “Chile Invierte” expuesta hace pocas semanas por Hacienda, pero por su limitada sensibilidad frente al tema no le dio la prioridad y relevancia necesaria para incorporarla en el proyecto. Además, suponemos que los 490 millones de dólares de menos impuestos recibidos por el fisco y que serán transferidos preferentemente a la gran empresa saldrán de los excedentes del cobre que celosamente guarda Hacienda. Pero aquí se abre una nueva  interrogante, dado que esos recursos son de usos alternativos, ¿por que hacerlos en esa dirección y no en otra como por ejemplo hacia las Pymes o infraestructura? La respuesta no es técnica sino política.

 La iniciativa además se da cuando las expectativas de crecimiento del 2007 son mejores que los malos resultados del 2006 aún cuando es cierto con una inversión privada remolona, y lo que es mas importante se da en el contexto de oportunidades de inversión extraordinariamente favorables dado los mercados abiertos para Chile después de 16 años de diferentes acuerdos comerciales  y una estabilidad macroeconómica construida sobre bases  muy amistosas con las clasificadoras de riesgos, el FMI  y el mundo de los negocios. Si a pesar de estas dos condiciones la inversión privada es renuente entonces el problema es más complejo y de otra naturaleza y que no se resuelve con un beneficio tributario desequilibrado y desequilibrante. Por lo demás dado el carácter transitorio del beneficio, cuyo fin es aumentar  la inversión, en el fondo lo que hace es solo adelantar  parte  de la inversión programada del sector privado al 2010, como lo reconoce la Comisión de Hacienda del Senado. 

En síntesis un proyecto económico desequilibrado social y políticamente indujo una dinámica desequilibrante en las modalidades con que la Concertación venía abordando desde la Administració n precedente los temas que hacen obstáculo  al desarrollo. Desequilibrado del punto de vista político además, pues para una coalición de centro izquierda o socialdemócrata la regla de oro es que hay que navegar o gobernar otorgando incentivos necesarios a la gran empresa pero también a los sectores mas vulnerables o que se van quedando atrás. Los imperativos tecnocráticos deben someterse a esta regla.

 Lo ocurrido puede ser un hecho positivo si repone en la agenda legislativa temas que se arrastran desde hace mucho tiempo como el caso del mal funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas.