La pobreza de Chile
Este aumento de la pobreza ha sido un golpe al mentón de los partidarios del modelo económico, impuesto a Chile desde hace casi 40 años.
Opinion
Cobre chileno: La historia del saqueo y la traición
Por Andrés Figueroa Cornejo
· El proceso de nacionalización del metal rojo
· La ofensiva privatizadora de Piñera
· Las responsabilidades de la Concertación en la desnacionalización
· Fuertes denuncias del ex senador Jorge Lavandero
“Suba el Padre Cobre, suba,
que naciste para el fuego
y te pareces a él
en el fervor de tu pecho.”
Gabriela Mistral
Patricio Malatrassi es economista y fue representante de los trabajadores de la minería del cobre en el yacimiento de Chuquicamata durante el gobierno de la Unidad Popular. Recuerda que el mayor argumento en los 60 del siglo XX usado por los detractores de la nacionalización del metal rojo se sostenía en que “el conocimiento técnico para manejar una riqueza de esa envergadura no estaba, supuestamente, dentro de las capacidades de los chilenos. Entonces pasar la propiedad del cobre de la propiedad privada al área social significaría el caos.”
ALLENDE: "LO MÁS IMPORTANTE DESPUÉS DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE"
La Ley de la Nacionalización del Cobre promulgada por el Presidente Salvador Allende en julio de 1971, comportó el clímax de un largo proceso de lucha de los sectores políticos y del pueblo que siempre reivindicaron como una demanda de soberanía recuperar el cobre para los chilenos. Allende llamó a este hecho "Lo más importante después de la Independencia de Chile" y el día de su puesta en vigencia, a través de todos los medios de comunicación, afirmó que “este acto tiene una extraordinaria trascendencia (…) que significa una modificación a la Constitución Política que acentúa la fuerza al sentido nacional de nuestra patria (…) es por eso que agradezco la presencia de los poderes del Estado: el Presidente del Senado; el Presidente de la Corte Suprema ; el Cardenal Raúl Silva Henríquez; el Contralor General de la República ; el compañero Víctor Díaz, Presidente de la Confederación de Trabajadores y el compañero Héctor Olivares, Presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. En este acto se firma el Decreto Promulgatorio de la Reforma Constitucional aprobada por unanimidad por el Congreso Pleno el 11 de julio. Esta reforma constitucional permite nacionalizar las empresas mineras de la Gran minería del Cobre y además preservar para el Estado las riquezas básicas de nuestro país. Más allá de las fronteras que dividen a veces a los hombres, una gran conciencia nacional se ha hecho presente para hacer posible que Chile empiece a caminar hacia su definitiva independencia económica”.
Ya Luis Emilio Recabarren señaló en un artículo en el Diario El Socialista de Antofagasta en 1920 que "Los problemas de la miseria y de la esclavitud no terminarán mientras tanto la clase obrera se resigne a sufrir la actual organización social. Nacionalicemos las industrias extractivas. Nacionalicemos las minas del carbón, las salitreras, los bosques, el cobre, la agricultura y procedamos a que toda la industria nacionalizada sea administrada bajo el control de comisiones nombradas por el gobierno o las municipalidades respectivas".
En 1951 los senadores del Partido Comunista, Salvador Ocampo y Elías Lafertte presentaron en el Congreso el Primer Proyecto de Ley de Nacionalización del Cobre.
LOS ENEMIGOS DE LA NACIONALIZACIÓN DURANTE LA UP
Malatrassi informa que “el gran desafío del momento era resolver el problema de que la producción se mantuviera y acrecentara, si era posible. La realidad era así. Toda la planificación y el desarrollo de esta riqueza venían elaborados del extranjero“. El economista que vivió en carne propia el proceso duro de la nacionalización cuprífera explica que “los ingenieros chilenos, en su momento, eran capataces que aplicaban las políticas de desarrollo que venían elaboradas fundamentalmente por Anaconda Copper Company, desde Estados Unidos. Por fortuna me encontré con una persona excepcional, el Gerente General David Silberman Gurovich (ver recuadro). Logró tomar al conjunto de los supervisores de la empresa (Chuquicamata) y enrolarlo en una entrega importante, toda vez que existían fuerzas profundas y ocultas que trataban de desviarnos de nuestra dirección”.
El profesional evoca que “se manejaba mucha plata y se trataba de corromper a las personas, ofreciendo casas, autos, etc. Era gente que quería que el proyecto fracasara. De hecho, cuando era inminente el triunfo de la Unidad Popular , los enemigos de la nacionalización “florearon las minas”, es decir, explotaron aquellos lugares que eran más ricos por la calidad del metal y acumularon material estéril en sitios donde después se tenía que seguir produciendo. Ello se tradujo en un proceso de racionalización de la producción tremendamente caro y peligroso.”
LA NUEVA FASE DE PRIVATIZACIÓN: EL PAPEL DE DIEGO HERNÁNDEZ
El ex senador Jorge Lavandero manifiesta que cuando se inició la tarea, primero de chilenizar el cobre con Frei Montalva (51 % de propiedad estatal), y luego la nacionalización íntegra con Salvador Allende “a las empresas privadas se les cobraba un impuesto según su producción que iba de un 65 a un 85 %, el cual era pagado y seguían ganando.”
Y en la actualidad, mientras en Australia –donde están las mineras más grandes del globo- la tasa de tributación efectiva alcanza el 43 %, en Chile, de acuerdo a Jorge Lavandero, “de las 47 empresas de cobre según el Servicio de Impuestos Internos, sólo dos y en forma esporádica han pagado impuestos, las otras 45, nunca.” Por lo demás, en el país se emplea erráticamente el término “royalty”, cuyo significado preciso es “renta”. Y corresponde a un derecho que tiene el propietario, en este caso el Estado, sobre los bienes que son de su propiedad. En Chile no se cobra ese derecho sobre la renta a las grandes mineras. Se entregan gratuitamente.
Por su parte, el doctor Edgardo Condeza, Presidente del Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos, asegura que Chile representa sólo el 0,25 % de la superficie terrestre, “pero tiene el 37 % de las reservas conocidas de cobre en todo el planeta”, y agrega que “su costo de producción es el más bajo del mundo, y produce la tercera parte de todo el cobre de La Tierra.”
El economista y académico, Orlando Caputo (quien fuera representante de Allende en el Comité Ejecutivo de CODELCO y Gerente General de CODELCO), cuenta que la Constitución señala categóricamente que “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Sin embargo, el impuesto transitorio a la gran minería propuesto por el actual presidente Sebastián Piñera, reafirma las normativas anticonstitucionales que entrega en propiedad privada los yacimientos mineros. Esta traición a Chile se aprobó en dictadura, ideada por su hermano José Piñera cuando era ministro de Minería de Pinochet, y en momentos que Sebastián tenía problemas jurídicos como máximo ejecutivo del Banco de Talca.”
Caputo dice que Sebastián Piñera ha iniciado una nueva fase de privatización del CODELCO, comenzando con actividades esenciales como el suministro de energía eléctrica. Asimismo, pretende privatizar los ricos yacimientos de CODELCO que aún no han sido explotados.
En 1990, la dictadura había privatizado alrededor del 10 % del cobre, mientras el 90 % seguía en manos del Estado. Los gobiernos de la Concertación han dejado la propiedad estatal del metal rojo en un 27 %, mientras un 73 % está en poder del capital extranjero.
Diego Hernández fue nombrado por Piñera como presidente de CODELCO. Hernández fue antes un alto ejecutivo de la gigante BHP y de Minera Escondida, y dirigió varias mineras transnacionales. Al respecto, Patricio Malatrassi indica que Diego Hernández “está trabajando para modificar los planes de desarrollo de CODELCO y explotar brutalmente aquellos lugares donde el cobre tiene más alta ley, desechando los otros, e hipotecando los intereses nacionales.”
En este sentido, además Sebastián Piñera nombró al abogado Juan Luis Ossa en el Directorio de Codelco. Ossa apoyó directamente a José Piñera en los 80’ cuando él era ministro de Minería de la tiranía, en la elaboración de la llamada Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, que entrega gratuitamente en propiedad privada los yacimientos.
EL PRECIO DEL SILENCIO
El ex senador Lavandero sostiene que el valor de CODELCO, a tres dólares la libra, es de un billón 400 mil millones de dólares. Y las utilidades de la industria cuprífera se encuentran entre el 200 y 400 %, entonces “que haya ministros de Estado o senadores, como Evelyn Matthei, que dicen que no hay una rendija para colocar un impuesto a estas empresas multinacionales, no significa otra cosa que esas corporaciones entregan plata para capturar votos y así nada se cambie en el país. De este modo se compran presidentes, senadores, etc. ¿Cuánto cuesta una candidatura presidencial como la de Ricardo Lagos o la señora Bachelet? ¿100 millones de dólares? ¿Quién puede entregarle a Jovino Novoa 10 millones de dólares para su candidatura senatorial por Santiago? Cuando la industria del cobre gana 20 mil millones de dólares en un año, ¿Qué le significan 100 o más millones de dólares?”
Por otro lado, Patricio Malatrassi declara que a las transnacionales “no les interesa dejar de producir concentrado de cobre, porque contiene otras materias primas incluso más valiosas que el cobre. Del concentrado de cobre se puede extraer molibdeno, plata, oro, metales raros, litio. Aquí en Chile se podría crear una industria pesada al servicio y para bienestar de todos los chilenos.”
EL DETENIDO Y DESAPARECIDO GERENTE GENERAL DE COBRE CHUQUI, DAVID SILBERMAN
El 20 de abril de 2009, la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el secuestro calificado de David Silberman Gurovich, ocurrido a partir del 4 de octubre de 1974, en Santiago.
En fallo dividido, los ministros ratificaron el fallo penal que había establecido las siguientes sanciones: Manuel Contreras Sepúlveda: 7 años de presidio efectivo; Marcelo Moren Brito: 7 años de presidio efectivo; Carlos Labarca Sanhueza: absuelto por falta de participación; y Marcos Derpich Miranda: absuelto por falta de participación.
David Silberman Gurovich fue un ingeniero civil casado y Gerente General de Cobre Chuqui hasta el 11 de septiembre de 1973. Militante del Partido Comunista, se presentó voluntariamente el 15 de septiembre de 1973 ante el Comandante Militar de Calama, quedando detenido y sometido a proceso por un Tribunal Militar de Tiempo de Guerra.
El 28 de septiembre de ese año el Consejo de Guerra dictó sentencia, condenándole a la pena de 10 años de prisión por delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado y a 3 años por Ley de Control de Armas, debiendo cumplir su condena en Santiago. Alrededor del 2 de octubre fue recluido en la Penitenciaría de esta ciudad.
El 4 de octubre del mismo año, fue sacado de la Penitenciaría y llevado a la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea , permaneciendo en ese recinto hasta el 20 de octubre, día en que fue devuelto a la Penitenciaría de Santiago.
En esta fecha, David Silberman fue sacado del recinto carcelario por agentes de la DINA que falsificaron documentos del Ejército para engañar a Gendarmería y lograr la entrega del detenido. Fuera del recinto, David Silberman fue trasladado a la casa que la DINA mantenía en José Domingo Cañas.
De allí, el 5 de octubre fue llevado a 4 Alamos, para ser luego nuevamente conducido a José Domingo Cañas, en cuyas dependencias permanece hasta mediados del mismo mes en que es trasladado a 4 Alamos, desde donde desaparece a fines de octubre o primeros días del mes de noviembre.
El cuerpo del personero allendista continúa desaparecido.
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La Concertación consolidó la obra de la dictadura
por Felipe Portales
La dictadura de Pinochet efectuó una refundación de la sociedad chilena acorde
con el pensamiento antidemocrático y neoliberal de la derecha política y de los
grandes grupos económicos. En este sentido, la política sistemática de
gravísimas violaciones de derechos humanos no se entiende como una reacción a
desafíos serios por el control del poder –el golpe de Estado de 1973 se
consolidó en horas y el régimen militar nunca enfrentó una oposición armada de
significación-; sino para destruir la asertividad de sectores medios y populares
que habían configurado, luego de largas luchas, un conjunto de organizaciones
políticas y sociales animadas por un espíritu de creciente transformación
democrática.
Como lo ha reconocido Andrés Allamand, “una revolución de esa magnitud…
necesitaba tiempo. Desde el otro lado, Pinochet le aportaba al equipo económico
algo quizás más valioso: el ejercicio sin restricciones del poder político
necesario para materializar las transformaciones. Más de alguna vez en el frío
penetrante de Chicago los laboriosos estudiantes que soñaban con cambiarle la
cara a Chile deben haberse devanado los sesos con una sola pregunta: ¿Ganará
alguna vez la presidencia alguien que haga suyo este proyecto? Ahora no tenían
ese problema”.[1]
De este modo, la dictadura destruyó el poder sindical, vecinal y de los colegios
profesionales y técnicos; minimizó el movimiento cooperativo y la influencia de
los pequeños productores; privatizó en beneficio de los grandes grupos
económicos –y a vil precio- buena parte del aparato productivo y de servicios
públicos creado por el Estado hasta 1970 o estatizado por el gobierno de
Allende. Además, la privatización y atomización social impuesta se complementó
con una mercantilización de la educación, la salud y la previsión social; lo que
se tradujo en la obtención de servicios de calidad –y onerosos- para la minoría
de la población y de baja calidad para la gran mayoría. Todo lo anterior culminó
con una socialización de la población –a través del sistema educativo y los
medios de comunicación- de una cultura individualista y consumista. Por otro
lado, la dictadura desarrolló una política económica neoliberal que concentró
notablemente el poder económico y la distribución del ingreso; y una política
económica internacional de inserción solitaria en los mercados mundiales (“Adiós
America Latina”). Toda esta obra contó en su momento con la frontal oposición de
la Alianza Democrática, coalición antecesora de la Concertación.
Para consolidar estos cambios en el largo plazo, la derecha –a través de
Pinochet- impuso una Constitución que establecía una democracia nominal a partir
de 1990. Esto lo fundamentó Jaime Guzmán ya en 1979, al señalar
maquiavélicamente que “en vez de gobernar para hacer, en mayor o menor medida,
lo que los adversarios quieren, resulta preferible contribuir a crear una
realidad que reclame de todo el que gobierne una sujeción a las exigencias
propias de ésta. Es decir, que si llegan a gobernar los adversarios, se vean
constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría,
porque el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan
en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo
contrario”.[2]
En efecto, la Constitución de 1980 fue diseñada de tal modo que, aunque perdiera
Pinochet el plebiscito de 1988, fuera prácticamente imposible de ser
transformada sin el concurso de la derecha que –todo indicaba- continuaría
siendo minoritaria. Un artilugio central para ello fue el sistema electoral
binominal (que no existe en ningún otro país del mundo), que tiene la “virtud”
de neutralizar las mayorías populares en la representación parlamentaria. Otro
fue establecer altos quorums para las reformas constitucionales y de las leyes
orgánicas constitucionales destinadas a normar aspectos esenciales de la vida
del país. Aunque la derecha cometió el “error” de no regular a través de leyes
orgánicas constitucionales los ámbitos económicos, sociales y culturales, con
excepción de la educación y la minería.
A lo anterior se agregó otro gran obstáculo –imprevisto- para una efectiva
recuperación de la democracia: el giro copernicano del liderazgo de la
Concertación experimentado a fines de los 80 y que lo llevó -de acuerdo al
propio Edgardo Boeninger- a una “convergencia” con el pensamiento económico de
la derecha. Peor aún, el liderazgo de la Concertación ocultó durante muchos años
dicha convergencia para no alienar su base centro-izquierdista de sustentación.
Así, Boeninger confesó en 1997 que aquella era una “convergencia que
políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de
reconocer”;[3] añadiendo que “la incorporación de concepciones económicas más
liberales a las propuestas de la Concertación se vio facilitada por la
naturaleza del proceso político en dicho período, de carácter notoriamente
cupular, limitado a núcleos pequeños de dirigentes que actuaban con considerable
libertad en un entorno de fuerte respaldo de adherentes y simpatizantes”.[4]
Todo esto explica un comportamiento del liderazgo de la Concertación
aparentemente irracional, que ha sido ocultado hasta el día de hoy y que es
inédito en la historia de la humanidad: ¡El regalo de la mayoría parlamentaria
simple que iba a tener el gobierno de Aylwin!, regalo efectuado a través del
acuerdo de reformas constitucionales plebiscitado en 1989. En efecto, de acuerdo
a los términos originales de la Constitución del 80 (Arts. 65 y 68) –y pensando
que Pinochet sería ratificado como presidente en el plebiscito de 1988 y que la
derecha continuaría con su histórica minoría electoral- el futuro gobierno
tendría mayoría parlamentaria simple en el Congreso, solo con mayoría absoluta
en una cámara y un tercio en la otra. Así, con el sistema binominal más los 9
senadores designados, Pinochet habría alcanzado mayoría en el Senado. Y el mismo
sistema binominal le habría asegurado con creces un tercio en la Cámara de
Diputados. Pero la derrota de Pinochet hizo que dicho prospecto le fuera
favorable al inminente presidente Aylwin y la Concertación. Esta habría logrado
con seguridad mayoría absoluta en la Cámara y el tercio en el Senado pese al
sistema binominal y los senadores designados.[5]
Es decir, si la Constitución de 1980 hubiese quedado intacta, la Concertación no
solo habría elegido presidente de la República, sino que además habría tenido
las mayorías parlamentarias suficientes para modificar gran parte del sistema
económico-social impuesto por la dictadura (además del decreto-ley de
autoamnistía), debido al “error” mencionado de haberlo dejado establecido
fundamentalmente a través de leyes simples.
Sin embargo, sucedió lo inaudito. Se efectuó en 1989 una negociación de reformas
constitucionales entre la entonces opositora Concertación y Pinochet. Su
resultado fue el acuerdo de un “paquete” de 54 reformas –la gran mayoría
liberalizadoras, aunque ninguna eliminaba los más trascendentes dispositivos
autoritarios de aquélla- que se plebiscitó en julio de ese año. Y una de ellas
(¡que fue y es totalmente desconocida por la generalidad de los chilenos, en
virtud del eficaz manto de silencio que se ha tendido sobre ella!) incluyó nada
menos que el regalo de la futura mayoría parlamentaria de la Concertación a la
derecha, al acordarse de que para tener mayoría parlamentaria simple se
requeriría la mayoría absoluta en ambas cámaras.[6]
A la luz de lo anterior podemos entender perfectamente este regalo. Como la
Concertación no estaba en “condiciones políticas de reconocer su convergencia”
con la derecha; al no tener mayoría parlamentaria su liderazgo quedaba en
condiciones –frente a las demandas de sus bases de cumplimiento del Programa
Presidencial- de aducir plausiblemente que no los podía efectuar por no disponer
de aquella mayoría. Y de esto fuimos testigos durante muchos años.
Intentar la explicación alternativa de un “temor irracional” del conjunto del
liderazgo concertacionista que la hubiese llevado a esa cesión gratuita, no se
sostiene en absoluto. Primero porque era más que evidente que Pinochet estaba
incapacitado políticamente para intentar siquiera un golpe de Estado a mediados
de 1989; y menos todavía justificándolo porque el liderazgo de la Concertación
no se avenía a modificar su propia Constitución. Y luego porque muchos años
después, tanto Lagos[7] como Bachelet[8] dispusieron de mayoría parlamentaria en
ambas cámaras, y no hicieron nada por cumplir el Programa de profundas reformas
comprometido en 1989.
En consonancia con el giro copernicano en materias económico-sociales, el
liderazgo de la Concertación se limitó a buscar ciertas dosis de verdad,
reparación y memoria histórica respecto de las violaciones de derechos humanos
cometidas por la dictadura; pero, desde sus inicios buscó sistemáticamente la
impunidad legal, política y administrativa de los violadores de derechos
humanos;[9] llegándose al extremo de no haber querido anular el decreto-ley de
autoamnistía, pese a que ha sido un permanente compromiso programático de la
Concertación y a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al
Estado de Chile hacerlo en septiembre de 2006; y a haber consagrado una virtual
impunidad respecto de la tortura, al aprobar en 2004 disposiciones legales que
le prohiben a los tribunales tener acceso a las denuncias de tortura presentadas
ante la Comisión Valech. Para quienes tienen una valoración positiva de la obra
de la dictadura y reconocen que ella no pudo ser efectuada en democracia, es
lógico que las violaciones de derechos humanos perdieran gravedad y no se
buscara sancionarlas. Así, los avances logrados por el Poder Judicial en la
materia en la década del 2000 se debieron fundamentalmente a la búsqueda de su
reivindicación histórica luego de la detención de Pinochet en Londres -evento
éste que sucedió muy a pesar del gobierno de Frei Ruiz-Tagle- y a la constante
lucha por la justicia de las organizaciones de derechos humanos.
Asimismo, de acuerdo con dicho giro copernicano, el liderazgo de la Concertación
llevó a cabo otra política inédita e inconfesable: la virtual eliminación de
todos los medios de prensa escritos afines a la Concertación que laboriosamente
se echaron a andar en la década de los 80.[10] Como la “convergencia”
experimentada por el liderazgo de la Concertación no se extendió –o lo hizo en
mucho menor medida- a los periodistas y propietarios que habían dado una dura
lucha contra la dictadura; aquel liderazgo previó con toda razón que dichos
medios, a la corta o a la larga, se convertirían en opositores a sus políticas
neoliberales. Por ello desarrolló una política sistemática destinada a
destruirlos y cuyo resultado fue hábilmente achacado a una desaparición
provocada por las leyes del mercado. Política que tuvo como elementos
principales el bloqueo, efectuado por el gobierno de Aylwin, de millonarios
apoyos ofrecidos a esos medios por el gobierno holandés en 1990; la compra de
algunos de ellos por personeros de la Concertación para cerrarlos en breve plazo
y la sistemática discriminación del avisaje estatal.[11] A ello hay que sumar la
tenaz negativa de los sucesivos gobiernos de la Concertación a devolverle a
Víctor Pey los bienes del diarioClarín, que le fueron confiscados por la
dictadura; lo que, además de constituir una grave injusticia, se ha traducido en
la práctica en la continuación del duopolio “El Mercurio-Copesa” y en un control
mayor de la derecha de los medios de comunicación ¡respecto de la segunda mitad
de la década de los 80![12]
La destrucción de aquellos medios -combinada con el conservadurismo monocolor de
nuestros canales de televisión- junto con restringir gravemente los derechos a
la libre expresión e información, han permitido que los líderes
concertacionistas puedan ya expresar desfachatadamente sus concordancias con la
obra económico, social y cultural de Pinochet, sin generar reacción alguna. Así
tenemos a un Alejandro Foxley que ha expresado que “Pinochet… realizó una
transformación sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha
habido en este siglo… Hay que reconocer su capacidad visionaria… de que había
que abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etc. Esa es una
contribución histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile (y que) ha
pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el
modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo
creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar”.[13]
O a un Eugenio Tironi que ha afirmado que “la sociedad de individuos, donde las
personas entienden que el interés colectivo no es más que la resultante de la
maximización de los intereses individuales, ya ha tomado cuerpo en las conductas
cotidianas de los chilenos de todas las clases sociales y de todas las
ideologías. Nada de esto lo va a revertir en el corto plazo ningún gobierno,
líder o partido… Las transformaciones que han tenido lugar en la sociedad
chilena de los 90 no podrían explicarse sin las reformas de corte liberalizador
de los años 70 y 80… Chile aprendió hace pocas décadas que no podía seguir
intentando remedar un modelo económico que lo dejaba al margen de las tendencias
mundiales. El cambio fue doloroso, pero era inevitable. Quienes lo diseñaron y
emprendieron mostraron visión y liderazgo”.[14]
A su vez, destacados exponentes de la derecha nacional e internacional han
reconocido entusiastamente la neoliberalización de la Concertación. Así, a las
“declaraciones de amor” expresadas a Lagos por el entonces presidente de la
Confederación de la Producción y del Comercio, Hernán Somerville, a nombre de
los empresarios chilenos y de la APEC;[15] hay que sumar el panegírico de César
Barros que calificó a Lagos como “el mejor Presidente de derecha de todos los
tiempos” de nuestro país y lo comparó con el hijo pródigo de la parábola
evangélica.[16] Por otro lado, consultado Oscar Godoy si observaba un
desconcierto en la derecha por “la capacidad que tuvo la Concertación de
apropiarse del modelo económico” de la derecha, respondió: “Sí. Y creo que eso
debería ser un motivo de gran alegría, porque es la satisfacción que le produce
a un creyente la conversión del otro. Por eso tengo tantos amigos en la
Concertación; en mi tiempo éramos antagonistas y verlos ahora pensar como
liberales, comprometidos en un proyecto de desarrollo de una construcción
económica liberal, a mí me satisface mucho”.[17] Y Arnold Harberger -uno de los
principales artífices de la escuela de economistas de Chicago- señaló respecto
de una intervención de Ricardo Lagos en un seminario en Colombia luego de dejar
la presidencia, que “su discurso podría haber sido presentado por un profesor de
economía del gran período de la Universidad de Chicago. El es economista y
explicó las cosas con nuestras mismas palabras”.[18]
Por todo lo anterior no debiera extrañar que los gobiernos de la Concertación en
estos 20 años hayan consolidado la obra de la dictadura. Así, más allá del
significativo aumento del gasto público social, que redundó en una notable
disminución de la indigencia y en un gran desarrollo de las obras públicas;
estructuralmente nuestro país es el mismo de 1990. No solo se mantuvieron, sino
que se acrecentaron las privatizaciones. Se ha preservado el conjunto de las
“modernizaciones” impuestas por el régimen de Pinochet, con pequeños ajustes que
han sido concordados con la derecha: El “Plan Laboral”, las AFP, las ISAPRE, la
LOCE-LEGE, la ley de concesiones mineras, el sistema tributario, etc. Y han
continuado despojadas de todo poder real las organizaciones de los sectores
medios y populares. Por otro lado, las políticas económicas de los gobiernos de
la Concertación han continuado incrementando el poder de los grandes grupos
económicos y acentuando la desigualdad en la distribución del ingreso;[19] y han
provocado una sobreexplotación y precarización de la fuerza laboral. Además, han
provocado una integración subordinada del país al mercado mundial a través de
múltiples tratados bilaterales de libre comercio, desechando en la práctica los
esfuerzos de integración regional, de articulación con los demás países
exportadores de cobre y de búsqueda de un sistema económico internacional más
justo; que caracterizaron los gobiernos de Frei y Allende. Y, por último, han
consolidado en nuestra sociedad una mentalidad fuertemente individualista,
competitiva y consumista.
La combinación en estos veinte años de gobiernos falsamente centroizquierdistas
que siguen una política de derecha, con una atomización social, con una feroz
competencia e inseguridad económica y con la falta de una efectiva canalización
de las demandas ciudadanas; han llevado a la sociedad chilena a un alto grado de
anomia, apatía y desconfianza en las instituciones y personas. A una carencia de
proyectos y de una mística colectiva. Por tanto, no puede extrañar la
proliferación de una baja autoestima y participación ciudadanas y, peor aún, de
enfermedades o lacras sociales como la depresión, la deshonestidad, la violencia
interpersonal, el alcoholismo, la drogadicción y la delincuencia.
La consolidación de la obra de la dictadura ha culminado con la consagración de
la Constitución del 80 efectuada por el gobierno de Lagos en 2005. Ya Aylwin
había “reconocido” el carácter democrático de la Constitución del 80 cuando en
agosto de 1991 señaló que “la transición ya está hecha. En Chile vivimos en
democracia”;[20] en circunstancia que a esa fecha no se había eliminado ninguno
de los dispositivos más autoritarios de dicha carta fundamental. Posteriormente,
Lagos concordó con la derecha en la supresión de los dispositivos
constitucionales que configuraban una virtual autonomía militar. Pero sin
eliminar el sistema electoral binominal; los altos quorums para reformar la
Constitución y las leyes orgánicas constitucionales; ni ninguna de las
disposiciones económicas de la Constitución que inspiran el neoliberalismo
vigente. Y, a cambio de ello, el liderazgo de la Concertación asumió como propia
la Constitución, rotulándola como “la Constitución de 2005” ¡y sustituyendo la
firma de Pinochet por la de Lagos y todos sus ministros![21]
En conclusión, el modelo soñado “en el frío penetrante de Chicago” y que fue
impuesto a sangre y fuego por la dictadura ha sido consolidado y legitimado
pacíficamente en estos veinte años por el liderazgo de la Concertación.
Paradójicamente, una consolidación y legitimación que no hubiera podido alcanzar
la derecha de haber triunfado Pinochet en el 5 de octubre de 1988…
Artículo publicado en El Ciudadano. Reproducido en CLARIN con la autorización de
su autor.
________________________________________
[1] Andrés Allamand.- La travesía del desierto; Edit. Aguilar, Santiago, 1999;
p. 156.
[2] Jaime Guzmán.- El camino político; citado por Edgardo Boeninger.- Democracia
en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello, Santiago, 1997;
p. 274.
[3] Boeninger; p. 369. De este modo, el Programa Presidencial de la
Concertación, en lugar de reflejar dicha convergencia, planteaba profundos
cambios socio-económicos.
[4] Boeninger; pp. 369-70.
[5] Los senadores, de acuerdo a la Constitución del 80, eran 35; de los cuales
26 eran electos (dos por cada región del país) y 9 designados. La Concertación
habría elegido con seguridad 13 (uno por región); lo que significaba más del
tercio (12) del total del Senado.
[6] Requisito teóricamente democrático, pero que en el contexto de la peculiar
Constitución del 80 significaba que la futura mayoría popular de la Concertación
no se vería reflejada en el Congreso Nacional.
[7] Quien obtuvo mayoría parlamentaria en ambas cámaras entre agosto de 2000 y
marzo de 2002, por los desafueros de los senadores Francisco Javier Errázuriz y
Pinochet.
[8] Quien obtuvo mayoría en ambas cámaras desde el comienzo de su gobierno y por
varios años.
[9] Ver Boeninger, p. 400; y Comisión Etica Contra la Tortura.- Rechazamos la
búsqueda de impunidad; Santiago, 2006.
[10] Nos referimos, entre otros, a los diarios La Epoca y Fortín Mapocho; y a
las revistas Análisis, Hoy, Apsi y Página Abierta.
[11] Método que continuó utilizándose en la década del 2000 y que provocó el
cierre de nuevos medios progresistas como las revistas Rocinante y Plan B; y los
medios electrónicos El Portal del Pluralismo y Granvalparaíso.
[12] Los datos respecto de estas políticas han sido denunciados –sin ser nunca
desmentidos- por numerosos periodistas, entre ellos los Premios Nacionales de
Periodismo Juan Pablo Cárdenas, Patricia Verdugo y Faride Zerán.
[13] Cosas; 5-5-2000.
[14] Eugenio Tironi.- La irrupción de las masas y el malestar de las elites.
Chile en el cambio de siglo; Edit. Grijalbo, Santiago, 1999; pp. 36, 60 y 162.
[15] Ver La Segunda; 14-10-2005.
[16] Ver La Tercera; 11-3-2006.
[17] La Nación; 16-4-2006.
[18] El País, España; 14-3-2007.
[19] Las encuestas de la CASEN que establecen lo contrario han sido cuestionadas
como producto de gigantescos fraudes estadísticos denunciados por estudios
–nunca desmentidos- del economista Marcel Claude y del ingeniero Juan Pablo
Moreno.
[20] El Mercurio; 8-8-1991.
[21] Entre los que destacaban los democratacristianos Ignacio Walker, Jaime
Ravinet y Eduardo Dockendorff; los PPD Sergio Bitar, Francisco Vidal y Nicolás
Eyzaguirre; y los socialistas Osvaldo Puccio y Jaime Estévez.
AGENCIAS DE WASHINGTON Y FALSO ANTI-IMPERIALISMO
Luis Agüero Wagner
Decía Joseph Conrad que la conquista de tierras, que la mayor parte de las veces significa arrebatar su territorio a seres de diferente color o de nariz más aplastada que la nuestra, no es una cosa nada agradable cuando se la mira de cerca, y tal es la sensación que nos deja observar desde corta distancia el “proceso de cambios” que supuestamente lleva adelante el cura Fernando Lugo, desde su gobierno presentado como de izquierdas, pero aliado en materia de seguridad a Colombia, Perú y dirigido por hilos movidos desde la embajada norteamericana.
De acuerdo al libro "La Telaraña Imperial" de Eva Golinger, "USAID desvía una gran parte de sus fondos para apoyar a los movimientos políticos en el exterior que promueven los intereses de Washington. Ha resultado ser una de las armas más poderosas de la CIA, que la utiliza para sus intervenciones encubiertas. La USAID pertenece al Departamento de Estado y opera desde la sede de la Embajada de Estados Unidos en los países donde esta presente".
A mediados del mes de junio pasado cayó asesinado un ex ministro de Manuel Zelaya, el presidente hondureño derrocado en una artera maniobra coordinada por los servicios de inteligencia norteamericana.
Se trataba de Roland Valenzuela, quien poco antes de recibir un balazo en la nuca en un lugar público, había señalado a Jacqueline Foglia Sandoval, como “la persona encargada de coordinar y operar el golpe de Estado” . La acusada no solo es una egresada de la universidad de West Point de Nueva York y fue Agregada de Defensa en la Embajada de Honduras en Washington, sino que trabajo de jefa de relaciones internacionales con un subcontratista de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID).
USAID también es recordada por haber prestado cobertura a temibles torturadores al servicio del imperio norteamericano, como el agente especial Dan Mitrione, a quien los tupamaros secuestraron una credencial de la misma durante su captura y ajusticiamiento en Uruguay.
En Paraguay, varios de los movimientos que respaldaron a Fernando Lugo fueron apoyados económicamente por USAID, entre ellos Tekojoja y Pmas, y la farsa se destapó bien pronto, cuando al mismo personaje a quien promocionaron como referente de la teología de la Liberación vimos alinearse sin remordimientos con el bando de Uribe y Alan García.
EVO, LUGO Y USAID
A muchos observadores puede resultar curioso el apoyo de Evo Morales, de retórica rabiosamente anti-imperialista, al cura Fernando Lugo, financiado por agencias intervencionistas del imperio como USAID o NED, promocionado por la prensa de la SIP, y hoy alineado con Uribe y Alan García. En interesante nota ANDRÉS SOLIZ RADA esclarece:
El Presidente Evo Morales sostuvo que USAID es “una agencia de penetración ideológica-política en organizaciones sociales que busca consolidar intereses específicos del imperialismo en territorio nacional” (23-06-10). El vicepresidente Álvaro García calificó a esa entidad de “racista, de derecha e imperialista” (19-06-10). Lo anterior obliga a ambos dignatarios a explicar por qué, a pesar de esos juicios de valor, permitieron que USAID, el Banco Mundial y ONG europeas diseñaran el Estado plurinacional vigente. USAID financió, el 2004, la “Unidad de Coordinación para Asamblea Constituyente”. La ONG CIPCA, del jesuita catalán Xavier Albó, es la operadora en Bolivia de la agencia oficial de EEUU (FIA), principal impulsora del proyecto indigenista y de 36 naciones con sus respectivas justicias comunitarias. En agosto de 2007, la Cámara de Senadores resolvió por unanimidad condecorar a Albó, la que sólo fue alcanzada al aprobarse los nuevos contratos petroleros que desvirtuaron la nacionalización de los hidrocarburos..
El Banco Mundial impulsa hoy, de manera acelerada, la enajenación de tierras en países periféricos, en tanto USAID está patrocinando el referéndum en Sudán, que fracturará también a ese país (“rebelión.org”, 26-06-10).
En Bolivia, se busca diferenciar a ONG buenas de las malas. La duda sólo puede ser resuelta por la ciudadanía con información suficiente.
Corresponde a la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, informar sobre los recursos de las ONG, su procedencia y destino, comenzando por las vinculadas a su persona. El ex Ministro de Evo, Juan Ramón Quintana, representó a la Red de Seguridad y Defensa (RESDAL), ligada al multimillonario George Soros y sostenida, además, por la Fundación Nacional para la Democracia (o Nacional Endowment for Democracy-NED--), durante el gobierno de Bush. El Consejo Andino de Productores de Hoja de Coca (CAPHJ) es financiado por la Comisión Andina de Juristas (CAF), con recursos de USAID y Soros. Este personaje ha gestionado el contrato minero de “San Cristóbal” (Potosí), cuyos empresarios se benefician con mil millones de dólares al año y tributan 35 millones.
La Federación Autónoma de Municipalidades obtiene ayuda de USAID y OXFAM (de Inglaterra).
Como puede verse abajo, en Paraguay la intromisión y el andamiaje imperialista, distan mucho de quedar atrás, y se han acentuado con el advenimiento del gobierno luguista.
FERNANDO LUGO Y SUS ONG MAMPARA
De nada sirvieron las advertencias que lanzamos por varios meses, señalando que en realidad el cura Lugo era la punta de lanza de los think tanks adictos a la embajada norteamericana de Asunción, y que estaba rodeado de personajes que mamaron toda la vida de los fondos de USAID, National Endowment for Democracy, etc, y que por oportunismo se insertaron en la corriente de izquierdas que estaba en auge para aprovechar su impulso.
De cualquier manera, no está demás recordar lo que denunciamos para conocer en adelante quién es digno de credibilidad en Paraguay.
En una entrevista realizada por Martha Harnecker y Federico Fuentes, editada en 2008, por el Centro Internacional Miranda, en Venezuela, los seguidores de Fernando Lugo aglutinados en el Pmas de Camilo Soares, finalmente se confesaron: “Tienen que entender que una ONG sin donantes en Paraguay no puede trabajar; la posibilidad de contar con voluntarios está muy limitada. En Paraguay, un chico, cuando acaba de cumplir 18 años, tiene que ir a trabajar, sus padres dicen: "Vete a trabajar, necesitamos que ayudes a mantener la familia". Por eso es difícil encontrar voluntarios, difícilmente existen voluntarios cuando todos necesitan ganar algo para ayudar a la familia. Por esto necesitamos fondos para trabajar y hacer proyectos. Y si estos proyectos son fondos de Estados Unidos ¿cuál es el problema? Nosotros siempre presentamos proyectos que apuntan a los objetivos que estamos desarrollando, de dónde venga el dinero que los financian no nos interesa”.
Probablemente a ellos no, pero al gobierno venezolano sí. USAID financia en Venezuela a más de 380 organizaciones, grupos y proyectos que se dedican a desestabilizar a Hugo Chavez, además de destinar dinero al IRI, el NDI y Freedom House para promover programas contra el gobierno de Hugo Chávez.
“No nos definimos como de izquierda”, reconoció no hace mucho el secretario del Gabinete Civil del cura Fernando Lugo, hombre vinculado a la telaraña imperial a través de las ONG y cuña de las empresas del grupo Kanonikoff en el entorno arzobispal.
EL SPP Y LA AFL-CIO
Para comprender cómo la gran mayoría de los periodistas paraguayos fueron cómplices de una estafa como la representada por el cura Fernando Lugo, otrora presentado como referente bolivariano e impoluto referente moral (hoy conocido aliado de Uribe y la CIA y sátiro de San Pedro), basta conocer algunos detalles de la forma en que la penetración imperialista logra cooptar hasta los sindicatos en Paraguay.
Pocos gremios son tan indignos de credibilidad en el mundo, como el Sindicato de Periodistas del Paraguay.
El hecho tiene muchas explicaciones, pero hay una que nadie menciona aunque todos la tienen presente: el poder del imperio.
Basta menciona que en Paraguay son estrellas del periodismo un ex policía de Stroessner (Alcibíades González Delvalle), el ex animador de los cumpleaños del dictador (Humberto Rubín) y la mayoría de los redactores de la prensa escrita son empleados de un financista de la Liga Mundial Anticomunista involucrado en asesinatos del Plan Cóndor (Aldo Zucolillo).
Por si fuera poco, todos rinden pleitesía con la mayor de las abyecciones a la embajada norteamericana de Asunción, y son a la vez propietarios de medios y miembros del “sindicato” de periodistas, por indicación de sus amos del norte. Precisamente un operador de la CIA en Paraguay, Agustín Torres Lazo, fue quien tuvo la “genial” idea de incluir también a los patrones en el Sindicato de Periodistas del Paraguay.
El sindicato de periodistas del Paraguay, es uno de tantos gremios en el mundo cooptados por la AFL CIO, organización con un notorio historial de actividades anti-sindicales en el Tercer Mundo.
LA SIP Y EL PROSELITISMO DEL CURA
La creación de la SIP, nacida bajo los mejores augurios en Nueva York en 1950, fue una operación en que la inteligencia estadounidense pirateó descaradamente la organización panamericana legítima creada en La Habana en 1943.
La SIP fue una criatura creada por la CIA, y como tal desde el comienzo evidenció sus objetivos de utilizar a la prensa como herramienta de dominación neo colonial en beneficio del imperio y de las oligarquías latinoamericanas. Sus fundadores y dirigentes máximos, los que sentaron las bases de su funcionamiento y orientación ideológica marcadamente anticomunista, fueron los agentes de la CIA Jules Dubois y Joshua Powers, y el funcionario del Departamento de Estado, Tom Wallace. Dubois, un Coronel de la inteligencia militar norteamericana que posteriormente devino en corresponsal del Chicago Tribune en Latinoamérica, y que llegó a ganarse diatribas del mismo Juan Domingo Perón, presidió la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP hasta su muerte.
Un jerarca retirado de la SIP, Aldo Zucolillo, se constituyó en el principal propagandista del obispo Fernando Lugo durante su campaña electoral a la presidencia del Paraguay, y aunque hoy ha decidido tomar cierta distancia, lo cierto es que sigue siendo quien marca las pautas en el gobierno arzobispal, a través de los editoriales del diario ABC color.
NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY
National Endowment for Democracy está presente en el gobierno del Obispo Fernando Lugo, ya que sus principales referentes en Paraguay, Humberto y Gloria Rubín(*), acompañan al gobierno del clérigo presidente.
Para comprender a qué se dedica el National Endowment for Democracy basta con transcribir las declaraciones de Allen Weinstein, uno de sus fundadores, al periódico Washington Post: “Lo que hacemos en la NED hoy fue hecho de manera clandestina desde hace 25 años por la CIA”.
LAW
Foto: Luis Aguero Wagner
Chile: Sombras de la China
Por Andrés Figueroa Cornejo
1. 231 operarios de la fábrica de Calzados Guante alcanzaron los 22 días de huelga, luego de los cuales votaron afirmativamente la oferta del dueño, Félix Halcartegaray, que no se condice en lo absoluto con el sacrificio cotidiano de los trabajadores. La estrategia patronal para debilitar el movimiento fue como enfrentar un pájaro con un arma atómica. El abogado asesor de los propietarios de la empresa fue Álvaro Pizarro Maass, el mismo personaje que el presidente Sebastián Piñera nombró recientemente a través del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) para participar en la comisión gubernamental “Mujer, Trabajo y Maternidad”. Pizarro Maass también presta servicios antisindicales a otras empresas. Es decir, Álvaro Pizarro Maass fue ubicado por Piñera en una instancia teórica y publicitariamente creada para ayudar a las mujeres trabajadoras, y al mismo tiempo asesora a grandes propietarios para castigar salarial y laboralmente a obreras. Por su parte, el propio dueño de Guante, informó que la empresa vende 30 millones de dólares anuales, de los cuales 10 millones corresponden a utilidades. La suma de las demandas de los obreros que precipitaron la huelga, con suerte, arañaba un 2 % de las ganancias. Mientras los operarios de la fábrica de zapatos hacían ollas comunes bajo la lluvia, el empleador premiaba a los obreros que no participaban de la huelga con abundantes parrilladas de carne y una pantalla gigante para que vieran el Mundial de fútbol. De todos modos, y pese a las pretensiones atemorizantes del empresario, las mujeres, mucho más que los hombres, fueron las que mantuvieron las posiciones más firmes durante la paralización de faenas. Acaso porque conocen mejor que los varones lo que cuesta vivir. A fin de cuentas, son obreras y realizan las labores del hogar al mismo tiempo.
La lucha de los operarios de Guante, los efectos relativos de la huelga y el comportamiento sobreactuado del dueño y del propio gobierno con objetivos ejemplares, son el resumen paradigmático de la relación capital / trabajo en el Chile del Bicentenario. Una celebración alienante y sin sentido alguno para los sin herencia.
2. Un estudiante expulsado y 35 con matrícula condicional fue el resultado de la movilización de los alumnos del Liceo municipal Confederación Suiza. Los padres y los estudiantes bregan codo a codo por el fortalecimiento de una educación pública en caída vertical frente a la enseñanza particular subvencionada que actualmente supera la mitad de todo el sistema escolar chileno. Los profesores, en tanto, mantienen un silencio cómplice respecto de la política persecutoria contra los muchachos por parte de las autoridades del colegio, de la Municipalidad de Santiago y del Ministerio de Educación, dirigido por el próximo candidato a la presidencia de la derecha histórica, Joaquín Lavín –Opus Dei y ex colaborador de la dictadura pinochetista-. Incluso algunos docentes del establecimiento que se declaran de izquierda han dado la espalda a los alumnos, toda vez que los estudiantes jamás han dejado de apoyar irrestrictamente al gremio profesoral cada vez que han hecho paros para obtener reajustes y bonos. El terror a perder el trabajo muerde indecorosamente la ética, principios y comportamiento de un gremio que hasta hace unos años, todavía era la reserva histórica de Chile frente a la embestida privatizadora del lucro sobre la escolaridad pública.
En tanto, 10 estudiantes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano fueron expulsados de esa casa de estudios por realizar una toma que duró menos de un minuto y que tenía como objeto demandar una enseñanza no regida por las leyes desiguales del mercado. La Universidad Academia de Humanismo Cristiano declara oficialmente que su misión es “proponer alternativas que contribuyan al establecimiento de una sociedad más justa que combine el compromiso con la tolerancia, con la capacidad de escuchar y aceptar distintas opiniones de manera igualitaria, respetando los derechos básicos de las personas, independiente de su género, raza, cultura, nivel social, actividad, credo o ideología. Nuestra Universidad, a través de su función docente, busca la formación integral de sus estudiantes y propicia en los profesionales que educa, una ética social que difiere de un patrón individualista y de beneficio personal”. El Presidente del Directorio de la Universidad, y miembro del Tribunal de Disciplina que sancionó a los jóvenes, es Claudio González Urbina, representante de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), ligada a la defensa de los derechos humanos. ¿Qué te pasó Claudio? 3. En misérrimos $ 172 mil pesos (314 dólares) quedó el salario mínimo, aprobado a la velocidad del rayo por el Congreso. Descontado el ahorro previsional obligatorio basado en el sistema de capitalización individual se deja el sueldo básico en $ 137 mil pesos (es decir, en 250 dólares, $ 4.500 pesos diarios / 8 dólares), en un país donde un solo pasaje del metro subterráneo para un viaje cuesta 1 dólar; el kilo de pan 2 dólares; un arriendo promedio bajo habitacional para una familia de 4 personas, 237 dólares; y la adición restringida de gas, electricidad y agua del mismo grupo familiar, 90 dólares mensuales. Los gastos de alimentación, salud, educación, seguridad social, vestuario y recreación multiplican los requerimientos salariales explosivamente. Como en Chile no existen derechos sociales garantizados, el salario es la síntesis que determina la calidad de vida de los trabajadores y las grandes mayorías nacionales. Las cifras de los trabajadores que remuneran el sueldo mínimo en Chile son opacas: van desde un 15 % a un 30 %. Como si fuera poco, el ingreso mínimo mensual que reciben los asalariados jóvenes menores de 18 años y mayores de 65 años, es de $ 100 pesos líquidos mensuales (182 dólares / 6 dólares diarios).El salario mínimo “aumentó” en términos nominales un 4,2 %. Sin embargo, el 2009 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cayó un 1,4 % a causa de la recesión económica. El informe de política monetaria del Banco Central de junio señaló que, en números anualizados, el IPC llegará a diciembre a un 3,8 %. Es decir, el incremento real del salario mínimo se redujo a 0,4 %. Y esos pocos pesos reajustados se devaluarán el próximo mes debido a la inflación. En una cantidad de familias no determinada por las instituciones estatales, el salario mínimo es, al mismo tiempo, el ingreso máximo de esa familia. Por otro lado, nuevamente las centrales sindicales callan, no convocan, colaboran. 4. Preocupados, y con razón, se encuentran los analistas del poder ante la crisis multidimensional del capitalismo que hoy daña estructuralmente el Estado de Bienestar en Europa y sus índices de crecimiento; y provoca una recesión a escala ya no sólo norteamericana (donde existe una tasa de desempleo histórica y una contracción económica vinculada dinámicamente, tanto al déficit fiscal multimillonario originado por el salvataje al capital financiero, como a los siderales gastos bélicos y la jibarización de la demanda y las importaciones de productos terminados y materias primas específicas). Naturalmente, la mundialización financiarizada de la economía no podía dejar fuera a China, provocar su enfriamiento y ralentización de motores. Los cerebros de la empresa de servicios financieros LarraínVial, auguraron que “China, mermando su dinámica, la demanda por materias primas sería marcada, escenario que tendría efecto en la industria minera.” El gigante asiático es el principal comprador de cobre y asociados de la producción de cobre en Chile. Y Chile, cuyo lugar en el mundo está determinado por el modo primario de exportación extractivista esencialmente del metal rojo, sufriría –y ya sufre- una baja de demanda que podría desmoronar los precios del cobre y, por tanto, los ingresos estatales y la actividad de la economía chilena en su conjunto. Asimismo, los productos de las grandes tiendas comerciales –retail- en un 70 % son de origen chino. Como el Banco Central de ese país anunció la flexibilización del yuan, lo más probable es que los productos importados por Chile aumenten de precio. Al respecto, el gerente de Estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, George Lever, indicó que “Las agresivas reducciones de los precios observados en los últimos años están llegando a su fin, debido a que China enfrenta no sólo presiones cambiarias, sino también laborales, que están incrementando sus costos de producción.”Irónicamente, las mercancías chinas podrían llegar a convertirse en un lujo en un Chile donde hasta hace pocos años, cualquier producto de origen oriental era mal mirado y catalogado de “vulgar”. Muchos chilenos, víctimas del arribismo triste que hace presa de un sector importante de la sociedad, cortaba con tijeras las etiquetas que decían Made in China. ¿Cómo se recompone aquello que se ha destruido completamente?
Julio de 2010