La Concertación consolidó la obra de la dictadura

 por Felipe Portales

La dictadura de Pinochet efectuó una refundación de la sociedad chilena acorde
con el pensamiento antidemocrático y neoliberal de la derecha política y de los
grandes grupos económicos. En este sentido, la política sistemática de
gravísimas violaciones de derechos humanos no se entiende como una reacción a
desafíos serios por el control del poder –el golpe de Estado de 1973 se
consolidó en horas y el régimen militar nunca enfrentó una oposición armada de
significación-; sino para destruir la asertividad de sectores medios y populares
que habían configurado, luego de largas luchas, un conjunto de organizaciones
políticas y sociales animadas por un espíritu de creciente transformación
democrática.
Como lo ha reconocido Andrés Allamand, “una revolución de esa magnitud…
necesitaba tiempo. Desde el otro lado, Pinochet le aportaba al equipo económico
algo quizás más valioso: el ejercicio sin restricciones del poder político
necesario para materializar las transformaciones. Más de alguna vez en el frío
penetrante de Chicago los laboriosos estudiantes que soñaban con cambiarle la
cara a Chile deben haberse devanado los sesos con una sola pregunta: ¿Ganará
alguna vez la presidencia alguien que haga suyo este proyecto? Ahora no tenían
ese problema”.[1]

De este modo, la dictadura destruyó el poder sindical, vecinal y de los colegios
profesionales y técnicos; minimizó el movimiento cooperativo y la influencia de
los pequeños productores; privatizó en beneficio de los grandes grupos
económicos –y a vil precio- buena parte del aparato productivo y de servicios
públicos creado por el Estado hasta 1970 o estatizado por el gobierno de
Allende. Además, la privatización y atomización social impuesta se complementó
con una mercantilización de la educación, la salud y la previsión social; lo que
se tradujo en la obtención de servicios de calidad –y onerosos- para la minoría
de la población y de baja calidad para la gran mayoría. Todo lo anterior culminó
con una socialización de la población –a través del sistema educativo y los
medios de comunicación- de una cultura individualista y consumista. Por otro
lado, la dictadura desarrolló una política económica neoliberal que concentró
notablemente el poder económico y la distribución del ingreso; y una política
económica internacional de inserción solitaria en los mercados mundiales (“Adiós
America Latina”). Toda esta obra contó en su momento con la frontal oposición de
la Alianza Democrática, coalición antecesora de la Concertación.

Para consolidar estos cambios en el largo plazo, la derecha –a través de
Pinochet- impuso una Constitución que establecía una democracia nominal a partir
de 1990. Esto lo fundamentó Jaime Guzmán ya en 1979, al señalar
maquiavélicamente que “en vez de gobernar para hacer, en mayor o menor medida,
lo que los adversarios quieren, resulta preferible contribuir a crear una
realidad que reclame de todo el que gobierne una sujeción a las exigencias
propias de ésta. Es decir, que si llegan a gobernar los adversarios, se vean
constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría,
porque el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan
en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo
contrario”.[2]

En efecto, la Constitución de 1980 fue diseñada de tal modo que, aunque perdiera
Pinochet el plebiscito de 1988, fuera prácticamente imposible de ser
transformada sin el concurso de la derecha que –todo indicaba- continuaría
siendo minoritaria. Un artilugio central para ello fue el sistema electoral
binominal (que no existe en ningún otro país del mundo), que tiene la “virtud”
de neutralizar las mayorías populares en la representación parlamentaria. Otro
fue establecer altos quorums para las reformas constitucionales y de las leyes
orgánicas constitucionales destinadas a normar aspectos esenciales de la vida
del país. Aunque la derecha cometió el “error” de no regular a través de leyes
orgánicas constitucionales los ámbitos económicos, sociales y culturales, con
excepción de la educación y la minería.

A lo anterior se agregó otro gran obstáculo –imprevisto- para una efectiva
recuperación de la democracia: el giro copernicano del liderazgo de la
Concertación experimentado a fines de los 80 y que lo llevó -de acuerdo al
propio Edgardo Boeninger- a una “convergencia” con el pensamiento económico de
la derecha. Peor aún, el liderazgo de la Concertación ocultó durante muchos años
dicha convergencia para no alienar su base centro-izquierdista de sustentación.
Así, Boeninger confesó en 1997 que aquella era una “convergencia que
políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de
reconocer”;[3] añadiendo que “la incorporación de concepciones económicas más
liberales a las propuestas de la Concertación se vio facilitada por la
naturaleza del proceso político en dicho período, de carácter notoriamente
cupular, limitado a núcleos pequeños de dirigentes que actuaban con considerable
libertad en un entorno de fuerte respaldo de adherentes y simpatizantes”.[4]

Todo esto explica un comportamiento del liderazgo de la Concertación
aparentemente irracional, que ha sido ocultado hasta el día de hoy y que es
inédito en la historia de la humanidad: ¡El regalo de la mayoría parlamentaria
simple que iba a tener el gobierno de Aylwin!, regalo efectuado a través del
acuerdo de reformas constitucionales plebiscitado en 1989. En efecto, de acuerdo
a los términos originales de la Constitución del 80 (Arts. 65 y 68) –y pensando
que Pinochet sería ratificado como presidente en el plebiscito de 1988 y que la
derecha continuaría con su histórica minoría electoral- el futuro gobierno
tendría mayoría parlamentaria simple en el Congreso, solo con mayoría absoluta
en una cámara y un tercio en la otra. Así, con el sistema binominal más los 9
senadores designados, Pinochet habría alcanzado mayoría en el Senado. Y el mismo
sistema binominal le habría asegurado con creces un tercio en la Cámara de
Diputados. Pero la derrota de Pinochet hizo que dicho prospecto le fuera
favorable al inminente presidente Aylwin y la Concertación. Esta habría logrado
con seguridad mayoría absoluta en la Cámara y el tercio en el Senado pese al
sistema binominal y los senadores designados.[5]

Es decir, si la Constitución de 1980 hubiese quedado intacta, la Concertación no
solo habría elegido presidente de la República, sino que además habría tenido
las mayorías parlamentarias suficientes para modificar gran parte del sistema
económico-social impuesto por la dictadura (además del decreto-ley de
autoamnistía), debido al “error” mencionado de haberlo dejado establecido
fundamentalmente a través de leyes simples.

Sin embargo, sucedió lo inaudito. Se efectuó en 1989 una negociación de reformas
constitucionales entre la entonces opositora Concertación y Pinochet. Su
resultado fue el acuerdo de un “paquete” de 54 reformas –la gran mayoría
liberalizadoras, aunque ninguna eliminaba los más trascendentes dispositivos
autoritarios de aquélla- que se plebiscitó en julio de ese año. Y una de ellas
(¡que fue y es totalmente desconocida por la generalidad de los chilenos, en
virtud del eficaz manto de silencio que se ha tendido sobre ella!) incluyó nada
menos que el regalo de la futura mayoría parlamentaria de la Concertación a la
derecha, al acordarse de que para tener mayoría parlamentaria simple se
requeriría la mayoría absoluta en ambas cámaras.[6]

A la luz de lo anterior podemos entender perfectamente este regalo. Como la
Concertación no estaba en “condiciones políticas de reconocer su convergencia”
con la derecha; al no tener mayoría parlamentaria su liderazgo quedaba en
condiciones –frente a las demandas de sus bases de cumplimiento del Programa
Presidencial- de aducir plausiblemente que no los podía efectuar por no disponer
de aquella mayoría. Y de esto fuimos testigos durante muchos años.

Intentar la explicación alternativa de un “temor irracional” del conjunto del
liderazgo concertacionista que la hubiese llevado a esa cesión gratuita, no se
sostiene en absoluto. Primero porque era más que evidente que Pinochet estaba
incapacitado políticamente para intentar siquiera un golpe de Estado a mediados
de 1989; y menos todavía justificándolo porque el liderazgo de la Concertación
no se avenía a modificar su propia Constitución. Y luego porque muchos años
después, tanto Lagos[7] como Bachelet[8] dispusieron de mayoría parlamentaria en
ambas cámaras, y no hicieron nada por cumplir el Programa de profundas reformas
comprometido en 1989.

En consonancia con el giro copernicano en materias económico-sociales, el
liderazgo de la Concertación se limitó a buscar ciertas dosis de verdad,
reparación y memoria histórica respecto de las violaciones de derechos humanos
cometidas por la dictadura; pero, desde sus inicios buscó sistemáticamente la
impunidad legal, política y administrativa de los violadores de derechos
humanos;[9] llegándose al extremo de no haber querido anular el decreto-ley de
autoamnistía, pese a que ha sido un permanente compromiso programático de la
Concertación y a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al
Estado de Chile hacerlo en septiembre de 2006; y a haber consagrado una virtual
impunidad respecto de la tortura, al aprobar en 2004 disposiciones legales que
le prohiben a los tribunales tener acceso a las denuncias de tortura presentadas
ante la Comisión Valech. Para quienes tienen una valoración positiva de la obra
de la dictadura y reconocen que ella no pudo ser efectuada en democracia, es
lógico que las violaciones de derechos humanos perdieran gravedad y no se
buscara sancionarlas. Así, los avances logrados por el Poder Judicial en la
materia en la década del 2000 se debieron fundamentalmente a la búsqueda de su
reivindicación histórica luego de la detención de Pinochet en Londres -evento
éste que sucedió muy a pesar del gobierno de Frei Ruiz-Tagle- y a la constante
lucha por la justicia de las organizaciones de derechos humanos.

Asimismo, de acuerdo con dicho giro copernicano, el liderazgo de la Concertación
llevó a cabo otra política inédita e inconfesable: la virtual eliminación de
todos los medios de prensa escritos afines a la Concertación que laboriosamente
se echaron a andar en la década de los 80.[10] Como la “convergencia”
experimentada por el liderazgo de la Concertación no se extendió –o lo hizo en
mucho menor medida- a los periodistas y propietarios que habían dado una dura
lucha contra la dictadura; aquel liderazgo previó con toda razón que dichos
medios, a la corta o a la larga, se convertirían en opositores a sus políticas
neoliberales. Por ello desarrolló una política sistemática destinada a
destruirlos y cuyo resultado fue hábilmente achacado a una desaparición
provocada por las leyes del mercado. Política que tuvo como elementos
principales el bloqueo, efectuado por el gobierno de Aylwin, de millonarios
apoyos ofrecidos a esos medios por el gobierno holandés en 1990; la compra de
algunos de ellos por personeros de la Concertación para cerrarlos en breve plazo
y la sistemática discriminación del avisaje estatal.[11] A ello hay que sumar la
tenaz negativa de los sucesivos gobiernos de la Concertación a devolverle a
Víctor Pey los bienes del diarioClarín, que le fueron confiscados por la
dictadura; lo que, además de constituir una grave injusticia, se ha traducido en
la práctica en la continuación del duopolio “El Mercurio-Copesa” y en un control
mayor de la derecha de los medios de comunicación ¡respecto de la segunda mitad
de la década de los 80![12]

La destrucción de aquellos medios -combinada con el conservadurismo monocolor de
nuestros canales de televisión- junto con restringir gravemente los derechos a
la libre expresión e información, han permitido que los líderes
concertacionistas puedan ya expresar desfachatadamente sus concordancias con la
obra económico, social y cultural de Pinochet, sin generar reacción alguna. Así
tenemos a un Alejandro Foxley que ha expresado que “Pinochet… realizó una
transformación sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha
habido en este siglo… Hay que reconocer su capacidad visionaria… de que había
que abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etc. Esa es una
contribución histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile (y que) ha
pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el
modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo
creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar”.[13]

O a un Eugenio Tironi que ha afirmado que “la sociedad de individuos, donde las
personas entienden que el interés colectivo no es más que la resultante de la
maximización de los intereses individuales, ya ha tomado cuerpo en las conductas
cotidianas de los chilenos de todas las clases sociales y de todas las
ideologías. Nada de esto lo va a revertir en el corto plazo ningún gobierno,
líder o partido… Las transformaciones que han tenido lugar en la sociedad
chilena de los 90 no podrían explicarse sin las reformas de corte liberalizador
de los años 70 y 80… Chile aprendió hace pocas décadas que no podía seguir
intentando remedar un modelo económico que lo dejaba al margen de las tendencias
mundiales. El cambio fue doloroso, pero era inevitable. Quienes lo diseñaron y
emprendieron mostraron visión y liderazgo”.[14]

A su vez, destacados exponentes de la derecha nacional e internacional han
reconocido entusiastamente la neoliberalización de la Concertación. Así, a las
“declaraciones de amor” expresadas a Lagos por el entonces presidente de la
Confederación de la Producción y del Comercio, Hernán Somerville, a nombre de
los empresarios chilenos y de la APEC;[15] hay que sumar el panegírico de César
Barros que calificó a Lagos como “el mejor Presidente de derecha de todos los
tiempos” de nuestro país y lo comparó con el hijo pródigo de la parábola
evangélica.[16] Por otro lado, consultado Oscar Godoy si observaba un
desconcierto en la derecha por “la capacidad que tuvo la Concertación de
apropiarse del modelo económico” de la derecha, respondió: “Sí. Y creo que eso
debería ser un motivo de gran alegría, porque es la satisfacción que le produce
a un creyente la conversión del otro. Por eso tengo tantos amigos en la
Concertación; en mi tiempo éramos antagonistas y verlos ahora pensar como
liberales, comprometidos en un proyecto de desarrollo de una construcción
económica liberal, a mí me satisface mucho”.[17] Y Arnold Harberger -uno de los
principales artífices de la escuela de economistas de Chicago- señaló respecto
de una intervención de Ricardo Lagos en un seminario en Colombia luego de dejar
la presidencia, que “su discurso podría haber sido presentado por un profesor de
economía del gran período de la Universidad de Chicago. El es economista y
explicó las cosas con nuestras mismas palabras”.[18]

Por todo lo anterior no debiera extrañar que los gobiernos de la Concertación en
estos 20 años hayan consolidado la obra de la dictadura. Así, más allá del
significativo aumento del gasto público social, que redundó en una notable
disminución de la indigencia y en un gran desarrollo de las obras públicas;
estructuralmente nuestro país es el mismo de 1990. No solo se mantuvieron, sino
que se acrecentaron las privatizaciones. Se ha preservado el conjunto de las
“modernizaciones” impuestas por el régimen de Pinochet, con pequeños ajustes que
han sido concordados con la derecha: El “Plan Laboral”, las AFP, las ISAPRE, la
LOCE-LEGE, la ley de concesiones mineras, el sistema tributario, etc. Y han
continuado despojadas de todo poder real las organizaciones de los sectores
medios y populares. Por otro lado, las políticas económicas de los gobiernos de
la Concertación han continuado incrementando el poder de los grandes grupos
económicos y acentuando la desigualdad en la distribución del ingreso;[19] y han
provocado una sobreexplotación y precarización de la fuerza laboral. Además, han
provocado una integración subordinada del país al mercado mundial a través de
múltiples tratados bilaterales de libre comercio, desechando en la práctica los
esfuerzos de integración regional, de articulación con los demás países
exportadores de cobre y de búsqueda de un sistema económico internacional más
justo; que caracterizaron los gobiernos de Frei y Allende. Y, por último, han
consolidado en nuestra sociedad una mentalidad fuertemente individualista,
competitiva y consumista.

La combinación en estos veinte años de gobiernos falsamente centroizquierdistas
que siguen una política de derecha, con una atomización social, con una feroz
competencia e inseguridad económica y con la falta de una efectiva canalización
de las demandas ciudadanas; han llevado a la sociedad chilena a un alto grado de
anomia, apatía y desconfianza en las instituciones y personas. A una carencia de
proyectos y de una mística colectiva. Por tanto, no puede extrañar la
proliferación de una baja autoestima y participación ciudadanas y, peor aún, de
enfermedades o lacras sociales como la depresión, la deshonestidad, la violencia
interpersonal, el alcoholismo, la drogadicción y la delincuencia.

La consolidación de la obra de la dictadura ha culminado con la consagración de
la Constitución del 80 efectuada por el gobierno de Lagos en 2005. Ya Aylwin
había “reconocido” el carácter democrático de la Constitución del 80 cuando en
agosto de 1991 señaló que “la transición ya está hecha. En Chile vivimos en
democracia”;[20] en circunstancia que a esa fecha no se había eliminado ninguno
de los dispositivos más autoritarios de dicha carta fundamental. Posteriormente,
Lagos concordó con la derecha en la supresión de los dispositivos
constitucionales que configuraban una virtual autonomía militar. Pero sin
eliminar el sistema electoral binominal; los altos quorums para reformar la
Constitución y las leyes orgánicas constitucionales; ni ninguna de las
disposiciones económicas de la Constitución que inspiran el neoliberalismo
vigente. Y, a cambio de ello, el liderazgo de la Concertación asumió como propia
la Constitución, rotulándola como “la Constitución de 2005” ¡y sustituyendo la
firma de Pinochet por la de Lagos y todos sus ministros![21]

En conclusión, el modelo soñado “en el frío penetrante de Chicago” y que fue
impuesto a sangre y fuego por la dictadura ha sido consolidado y legitimado
pacíficamente en estos veinte años por el liderazgo de la Concertación.
Paradójicamente, una consolidación y legitimación que no hubiera podido alcanzar
la derecha de haber triunfado Pinochet en el 5 de octubre de 1988…

Artículo publicado en El Ciudadano. Reproducido en CLARIN con la autorización de
su autor.

________________________________________
[1] Andrés Allamand.- La travesía del desierto; Edit. Aguilar, Santiago, 1999;
p. 156.

[2] Jaime Guzmán.- El camino político; citado por Edgardo Boeninger.- Democracia
en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello, Santiago, 1997;
p. 274.

[3] Boeninger; p. 369. De este modo, el Programa Presidencial de la
Concertación, en lugar de reflejar dicha convergencia, planteaba profundos
cambios socio-económicos.

[4] Boeninger; pp. 369-70.

[5] Los senadores, de acuerdo a la Constitución del 80, eran 35; de los cuales
26 eran electos (dos por cada región del país) y 9 designados. La Concertación
habría elegido con seguridad 13 (uno por región); lo que significaba más del
tercio (12) del total del Senado.

[6] Requisito teóricamente democrático, pero que en el contexto de la peculiar
Constitución del 80 significaba que la futura mayoría popular de la Concertación
no se vería reflejada en el Congreso Nacional.

[7] Quien obtuvo mayoría parlamentaria en ambas cámaras entre agosto de 2000 y
marzo de 2002, por los desafueros de los senadores Francisco Javier Errázuriz y
Pinochet.

[8] Quien obtuvo mayoría en ambas cámaras desde el comienzo de su gobierno y por
varios años.

[9] Ver Boeninger, p. 400; y Comisión Etica Contra la Tortura.- Rechazamos la
búsqueda de impunidad; Santiago, 2006.

[10] Nos referimos, entre otros, a los diarios La Epoca y Fortín Mapocho; y a
las revistas Análisis, Hoy, Apsi y Página Abierta.

[11] Método que continuó utilizándose en la década del 2000 y que provocó el
cierre de nuevos medios progresistas como las revistas Rocinante y Plan B; y los
medios electrónicos El Portal del Pluralismo y Granvalparaíso.

[12] Los datos respecto de estas políticas han sido denunciados –sin ser nunca
desmentidos- por numerosos periodistas, entre ellos los Premios Nacionales de
Periodismo Juan Pablo Cárdenas, Patricia Verdugo y Faride Zerán.

[13] Cosas; 5-5-2000.

[14] Eugenio Tironi.- La irrupción de las masas y el malestar de las elites.
Chile en el cambio de siglo; Edit. Grijalbo, Santiago, 1999; pp. 36, 60 y 162.

[15] Ver La Segunda; 14-10-2005.

[16] Ver La Tercera; 11-3-2006.

[17] La Nación; 16-4-2006.

[18] El País, España; 14-3-2007.

[19] Las encuestas de la CASEN que establecen lo contrario han sido cuestionadas
como producto de gigantescos fraudes estadísticos denunciados por estudios
–nunca desmentidos- del economista Marcel Claude y del ingeniero Juan Pablo
Moreno.

[20] El Mercurio; 8-8-1991.

[21] Entre los que destacaban los democratacristianos Ignacio Walker, Jaime
Ravinet y Eduardo Dockendorff; los PPD Sergio Bitar, Francisco Vidal y Nicolás
Eyzaguirre; y los socialistas Osvaldo Puccio y Jaime Estévez.