Debate

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: Capitalismo y comunicación social

Leonardo Villafañe (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

Ahora que el debate en torno a la nueva Ley de Radiodifusión pone en el tapete categorías como “comunicación social”, “democracia comunicacional”, “pluralidad de voces” y “apropiación y reapropiación de la palabra”, conviene recordar de entrada que el capitalismo, como tal, es un límite objetivo a cualquier proceso que pretenda mejorar la comunicación entre los individuos. El capital está obligado no a “comunicar” sino a ocultar la explotación a la que una minoría social somete al conjunto de la población.

El capitalismo es esencialmente anticomunicacional: divide a la sociedad en clases antagónicas; promueve entre los individuos la competencia en lugar de la cooperación, lleva a niveles inauditos la separación entre trabajo manual e intelectual y provoca una diferenciación social de características extremas e irreversibles.

El cometido básico de la comunicación social, es decir poner en común valores objetivamente sociales que, a su vez, son ininteligibles sin la comunicación, nace herido de muerte bajo este régimen social.

Comunicación social, Estado y gobierno

Hay que agregar que los denominados “medios” constituyen, además, sólo una parte de las fuentes institucionales que proveen a la población de la información con qué desenvolverse. La infraestructura de comunicación de la sociedad es incomprensible sin el sistema de enseñanza escolarizado, los gobiernos y los Estados. Estas tres esferas tienen un peso abrumador en cualquier proceso que pretenda “democratizar” las comunicaciones o “recuperar la palabra”, según la muletilla oficial con la que se defiende la nueva Ley de Radiodifusión. Sin embargo, el gobierno que impulsa el proyecto “comunicativo” ha continuado la política privatista, antidocente e inclusive clerical de los gobiernos que lo precedieron en materia educativa.

Y, por supuesto, luego de seis años en el poder, el matrimonio Kirchner tampoco rozó los pilares sagrados del Estado capitalista: el espionaje, el secreto y la conspiración.

Se trata del Estado secreto, conspirativo y criminal de los gastos reservados y de las legiones de espías que, escándalo tras escándalo, se descubren en la Side haciendo escuchas ilegales a periodistas y dirigentes políticos opositores. Del Estado secreto que actuó en las voladuras de la Amia y la Embajada de Israel, destruyó medio Río Tercero para borrar las pruebas del tráfico de armas y que pone una notable infraestructura tecnológica de “comunicaciones”... para perseguir a los luchadores y al servicio de la delincuencia.

Parece, sin embargo, que la nueva Ley de Radiofusión y sus defensores no están conformes con el poder que ostenta esta infernal maquinaria centralizada de represión, espionaje y administración de datos e informaciones ciudadanas. Pretenden que, además, decida qué cantidad de cine y música nacional y extranjera hay que ver o escuchar, cómo se aplicarán los premios y castigos en el reparto capitalista de medios y frecuencias y quién es apto para tener licencias y quién no.

¿No será mucho?

“La moral que predica la iglesia oficial inculca más miedo al placer que a la injusticia”

por Marcelo Colussi (Argenpress)

Fernando Suazo, español, 63 años, fue cura dominico por largos años. Nacido en Guernica (País Vasco, España), hijo de un militar del régimen de Franco, abrazó el sacerdocio, y durante catorce años integró una comunidad de sacerdotes obreros, en Valladolid, trabajando en el sector de la construcción.

Luego marchó a Centroamérica, a Guatemala, formando equipo pastoral con otros dominicos en la región de Verapaz, en Rabinal, un municipio que acababa de ser duramente golpeado por la guerra interna que conmovía al país en ese entonces. Luego de años de trabajar en la parroquia renunció al sacerdocio y dos años después hizo pareja con una mujer maya-achí y constituyó familia, afincándose en el lugar. Hoy día, manejando un perfecto achí (una de las 21 lenguas mayas habladas en Guatemala, idioma con el que se comunica en el seno familiar y en su vida cotidiana), sigue siendo un luchador por los derechos de los más desposeídos. Su actitud crítica le ha valido no pocos sinsabores, pero eso es justamente lo que lo constituye en un referente ético y político en temas ligados a la lucha de los pueblos oprimidos. Casi sin salir de Rabinal, también es docente universitario en la ciudad capital y publica regularmente en internet.

ARGENPRESS lo entrevistó, por medio de su corresponsal para Centroamérica, Marcelo Colussi, para hablar sobre temas ligados a la actual situación política, a los efectos de la represión sufrida los pasados años y al papel de la iglesia en el mundo actual.

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Argenpress: ¿Cómo y por qué llegaste a Latinoamérica?
Fernando Suazo: Llegué de España en el año 1984. En esos años era sacerdote dominico. Vine con la misión de informarme sobre el terreno, junto con otros dos compañeros, de la situación tan conflictiva que se vivía en aquellos años en Centroamérica. Para ese momento, mientras aquí se daban feroces guerras, la información al respecto en Europa era casi nula. Por eso la Comisión de Justicia y Paz de los dominicos nos pidió que viniéramos para acá para informarnos de primera mano cómo estaba realmente la situación. Anteriormente, en España, trabajaba en una comunidad obrera, en uno de aquellos proyectos pioneros de grupos progresistas dentro de la iglesia católica, orientados hacia el compromiso social, entre 1971 y 1984. El movimiento de los llamados curas obreros fue importante en aquellos años en España y en otros países de Europa, y revelaba una corriente de pensamiento e inquietud que estaba muy cerca de lo que, al mismo tiempo, estaba sucediendo en América Latina. Eran los años de Franco; me tocó sufrir persecución. Incluso yo estuve preso en dos oportunidades siendo sacerdote. Apuntábamos a construir una sociedad que optara por la defensa de la clase obrera, crear una cultura obrera alternativa a la cultura burguesa del consumo.

Cuando muere Franco en 1975 y comienza la peculiar transición a la democracia en España, la posibilidad de abrirse a esa nueva cultura que rechazara el consumismo se cierra cada vez más: lo que sucedió fue la plena integración del país en una sociedad capitalista altamente consumista. Había pocas alternativas orientadas hacia una sociedad diferente. De hecho, los compañeros albañiles con quienes trabajábamos sólo tenían interés en realizar horas extraordinarias para aumentar sus ingresos; y lo hacían de forma voraz, sin reparar en el crecido número de compañeros desempleados. Esa era su preocupación fundamental. Tuvimos cierta desilusión de lo que sucedió luego de la muerte de Franco; también los mismos sindicatos, como las Comisiones Obreras, que habíamos fundado, nos decepcionaban a algunos, y tal como decíamos: “contra Franco luchábamos mejor”.

Para ese entonces, principios de los años 80, Centroamérica comenzaba a hervir de una forma impresionante. Teníamos los ojos puestos en lo que aquí sucedía, y una encendida solidaridad con todos estos procesos. Era el despertar de los pueblos de aquí, con movimientos guerrilleros que crecían, y con una actuación innombrable por parte de los Estados Unidos. Actuación similar a la que siglos atrás había tenido España en relación a los pueblos amerindios. Al respecto recuerdo que yo tenía un conflicto con mi padre: él era militar y trabajaba en una fábrica de armas, y cuando yo supe que esas armas iban a parar al Chile de Pinochet, se me creó el gran conflicto. Eso era lo que nos daba de comer a nosotros como familia, pero al mismo tiempo era totalmente reprochable desde el punto de vista ético. Así son las inconsecuencias de la vida, ¿no?
Sensible a todas esas contradicciones, en 1984 nos hacen la propuesta, a otros dos curas obreros y a mí, de visitar la Nicaragua sandinista. La idea era informar de la situación de ese país en forma objetiva en los medios españoles, que no decían nada de las masacres que se venían realizando con la actuación de la Contra y el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Más tarde, cuando volví a España y pasé toda esa información a distintos medios, me di cuenta que no querían decir nada al respecto. Apenas publicaron algunas cosas puntuales en algún periódico de Valladolid, donde yo vivía.

Cuando estuve por aquí en el 84, todo lo que vi me impactó mucho, y eso fue lo que me determinó a venir para acá para quedarme. Antes de ir a Nicaragua, pasamos una semana en Guatemala y otra en El Salvador. Mi paso por Guatemala fue definitivo. Entre otros lugares, estuve en Rabinal, en el departamento de Baja Verapaz. Allí conocí dos realidades: por un lado, el infinito daño que recientemente se le había provocado a la población del lugar en el marco de la guerra contrainsurgente que se estaba viviendo. Se palpaba en el aire el trauma de tantas masacres; sobrecogía el silencio de la gente. Algunos compañeros dominicos me contaron historias espeluznantes; eran cosas que yo había leído de las SS nazis en Alemania.

Y junto a ese terrible dolor, me impresionó algo que no esperaba encontrar: la alteridad de una cultura desconocida para mí, la cultura de los campesinos mayas. Yo venía harto de la cultura europea, del consumismo construido sobre un individualismo exacerbado, de la falta de solidaridad que veía por todos lados, y aquí me encontré con una cultura diferente. La cultura de allá era una cultura de la racionalidad exagerada, una racionalidad que se burla del misterio, mientras que aquí el misterio forma parte de lo cotidiano. Aquí lo mágico es una dimensión de la realidad con la que hay que contar. Eso me atrajo profundamente. Metí cabeza y corazón en esto con profunda curiosidad, porque sentía que iba mi vida en ello. De Europa ya no esperaba mucho más. Había estudiado teología y filosofía, y veía que todo se centraba en la figura omnipresente del “yo”, el yo del idealismo clásico, incluso hasta en el marxismo, donde encontramos un yo colectivo. No encontraba por ningún lado la sabiduría de abrirse al otro, a lo otro. Pero eso lo encontré aquí a flor de piel, en el aire, en el ambiente. Fue eso lo que me fascinó tanto que, sin dificultad entendí que aquí estaba mi lugar.

Argenpress: ¿Es más una cultura del “nosotros” lo que encontraste?
Fernando Suazo: No diría tanto una cultura del nosotros sino del tú. La cultura del nosotros era también la cultura de las organizaciones revolucionarias que yo conocía en Europa: por ejemplo, los sindicatos, o los mismos partidos de izquierdas. Un nosotros entendido como un yo en plural, pero no es una cultura donde lo esencial es la escucha del diferente. Creo que esa cultura no presenta la receptividad al misterio que todo otro encierra. Esa actitud fue lo que vi aquí, y lo vi por todas partes. Me refiero al pueblo maya, y a Rabinal en concreto. Aquí encontré algo verdaderamente refrescante; lo podría decir en términos plásticos como que aquí encontré el agua para quien está muerto de sed, la luz para quien anda en las tinieblas. Ese encuentro fue el que me decidió a quedarme. Volví a España y se lo planteé a mis superiores y a mis compañeros de la comunidad obrera de Valladolid, donde vivía. Les comuniqué mi decisión de venir para Guatemala. Otro sacerdote también optó por venir para acá, para Nicaragua específicamente, donde en ese momento estaba desarrollándose la feroz guerra provocada por los contras. Yo fui para Rabinal, como sacerdote. Para ese entonces no creía ya en el celibato, pero de todos modos no se me ocurrió nunca venir como civil, pues por razones de seguridad vi que eso era imposible. Pensé que mi condición de clérigo me permitiría acercarme a la intimidad de las comunidades indígenas, sin levantar demasiadas sospechas en las patrullas de autodefensa civil, que el Ejército mantenía organizadas para controlar cualquier movimiento extraño en las comunidades.

Argenpress: ¿Te cuestionabas el celibato en ese momento?
Fernando Suazo: Sí. Para mí el celibato ya estaba en cuestión desde hacía un tiempo. Pero estas decisiones grandes y difíciles no se toman con rapidez. Eso implica todo un proceso, difícil, por cierto. Pelear ese proceso dentro de la institución no era nada fácil, y en ese entonces pensaba que era más factible pelearlo en espacios pequeños, en lo interno inmediato, con los compañeros directos. Yo había entrado a la congregación a los diez años de edad, por lo que podría decir que, de hecho, fui célibe antes de tener experiencia de mi sexo. En aquel internando se daba por supuesto que íbamos para frailes, y por tanto para célibes. Estuve a partir de los diez años conviviendo en un ambiente exclusivamente varonil, entre 180 muchachos, donde la única mujer que teníamos ante los ojos era la virgen María. Así que cuando veíamos una mujer nos alterábamos mucho.

A pesar de todo, no tengo demasiadas quejas sobre el talante democrático de la congregación donde vivía en mis años de estudios superiores. Discutíamos todo. Puedo decir que, sobre todo en los últimos años de la carrera, los jóvenes nos atrevíamos a cuestionarlo todo, hasta lo más sagrado. En general los profesores, todos dominicos, respetaban nuestra curiosidad intelectual. Yo planteaba a veces críticas contra el celibato. Se discutía, pero a niveles muy de lo cotidiano. No estaba en condiciones aún, por joven que era, para hacer planteamientos institucionales serios que pudieran ser tomados en cuenta.

Pero ya me vine a Latinoamérica con la semilla de críticas más profundas sobre el celibato, sobre la institucionalidad de la Iglesia, sobre las interpretaciones oficiales en torno a la personalidad de Jesús de Nazaret. Aquí mis críticas se hicieron más profundas y complejas. Fue aquí donde pude empezar a reflexionar sobre el papel de la iglesia tanto en España como en Latinoamérica, y no sólo en lo tocante al celibato sino en relación a su papel como religión. Y eso, al mismo tiempo, me hizo posicionar de forma mucho más crítica contra toda religión como fenómeno humano.

Creo que hay que distinguir entre espiritualidad y religión. La espiritualidad es la dimensión del ser humano por la cual se siente sensible por lo otro, por el otro, se siente fascinado por el misterio. Hay un núcleo básico del ser humano donde lo misterioso nos atrae, y eso es lo que nos sirve para explicar en qué consiste la espiritualidad. Incluso la ciencia se mueve por eso, por esa atracción desde lo desconocido, por querer saber cómo son las cosas, qué hay más allá de la apariencia. Pero luego viene la religión y encapsula eso convirtiéndolo en una estructura de dominación, hacia adentro de las conciencias, y de acomodamiento con las clases dominantes, hacia afuera. Yo hoy hago estas críticas contra lo que representa la iglesia católica. Ninguna religión tiene el monopolio en estos aspectos espirituales, y creo que hay que ser crítico con el papel que juega toda institución religiosa, también de la iglesia católica. La institución ante todo busca reproducirse a sí misma, y lo hace al precio que sea, incluso crucificando a sus disidentes. Ella secuestra la espiritualidad de la gente y la aprisiona con sus dogmas, sus cánones y sus normas de conducta. Todo porque su objetivo es reproducirse a sí misma, para lo cual necesita acumular poder.

El personaje Jesús es un magnífico ejemplo de un disidente cuya espiritualidad fue reprimida por los jerarcas de su tiempo. Lo más frecuente es que las instituciones religiosas, también la católica, sean incompatibles con aquel compromiso a favor de las víctimas que Jesús estaba predicando, además en condiciones de riesgo e inseguridad. ¿Cómo entender en los palacios del Vaticano y de tantas curias episcopales aquello de que “el hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabeza”? Jesús hoy día estaría al lado de personajes como Mahatma Ghandi, o el Che Guevara, y hablaría de tú a tú y no desde posiciones de privilegio.

Argenpress: Y no se sentaría con personajes como Bush…
Fernando Suazo: No, al contrario: se sentaría en la puerta a protestar contra ellos. Y Bush sería quien le enviaría a matar. Y lo ejecutaría la jerarquía de la iglesia católica o de cualquier otra iglesia. Generalmente las iglesias son máquinas de poder, y aunque se arroguen el monopolio del mensaje de Jesús, eso no quiere decir que estén abiertas a una auténtica espiritualidad. Hablo de las iglesias en cuanto instituciones, porque admito que siempre hay salvedades de personas y de grupos disidentes en su interior.

Argenpress: En su momento los primeros cristianos fueron un elemento de rebeldía en el marco del Imperio Romano, por eso los perseguían. Hoy día, ¿alguna religión juega ese papel de ariete revolucionario, de sector crítico contra los poderes constituidos? Pensemos al respecto, por ejemplo, en la Teología de la Liberación.
Fernando Suazo: Con la Teología de la Liberación yo tengo empatía natural. Yo leía autores como Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, Jon Sobrino, y cuando los leía me decía: muchas de estas cosas ya las tengo adentro. Por supuesto que dicen muchas cosas muy importantes, y leerlos es muy valioso, porque también ellos han vivido y viven cerca del pueblo y además son eruditos, han realizado investigaciones que fundamentan muchas intuiciones que uno tiene andando con la gente. Pero sí puedo decir que muchas cosas que leía en ellos, ya me habían salido en conversaciones, reuniones o celebraciones con la gente.

De todos modos tengo una incógnita: ¿cómo se plantean los teólogos de la Teología de la Liberación la pertenencia a una institución religiosa cuyo objetivo principal es reproducirse a sí misma? Es la misma dialéctica entre espiritualidad y religión que antes decía, la misma que llevó a Jesús a la muerte. Entre las personas que asumen la teología de la liberación hay algunas a las que admiro, como el obispo Pedro Casaldáliga, por su posicionamiento crítico al lado de la gente humilde, frente a las estructuras de poder de la iglesia católica.

Argenpress: La Teología de la Liberación no toca tampoco el tema del celibato…
Fernando Suazo: Los teólogos de la liberación admiten que el celibato sea una opción personal. Cualquiera medianamente inteligente se da cuenta de eso. La iglesia católica, en occidente, impone el celibato como condición para ser sacerdote. Si quieres esto, tienes que querer aquello. Eso vicia de entrada la libertad en la opción por el celibato, desde el momento en que es una opción condicionada. Uno puede desear ser sacerdote y no desear el celibato. Así, de hecho, el celibato resulta ser una imposición. Una imposición que además no tiene base en la Biblia ni en la vida de Jesús; al contrario, se sustenta, de hecho, en cierta mentalidad pesimista y maniquea hacia el placer, hacia el cuerpo, hacia la mujer, algo que, por cierto, tiene raíces gnósticas y una sutil pretensión de dominar las conciencias de la gente, manipulando la culpa. Eso no aparece para nada en la personalidad de Jesús. Jesús no es enemigo del placer, sino de la injusticia; no es enemigo del cuerpo ni de la mujer, como lo eran otros maestros religiosos de su época, de tendencias gnósticas.

El celibato de Jesús fue imprevisto, si se puede hablar así. Es decir, fue resultado de sus opciones cotidianas frente a la injusticia que sufrían los pobres a manos de los jerarcas judíos. Optó por otra sociedad diferente a la que llamó Reino de Dios en contraposición a los reinos políticos de su tiempo; y se embarcó en esa lucha de forma implacable sin preocuparse demasiado de sí mismo. No le dieron tiempo de pararse y formar nido con una mujer, le mataron antes. De todos los maestros que conozco de su tiempo, ninguno se relaciona con la mujer como él lo hizo; ellas, al entrar en contacto con él, se sienten dignificadas: la mujer adúltera, la cananea, que era extranjera, Magdalena… Estoy seguro de que amó a mujeres y fue amado de ellas. Pero no le dieron tiempo de detener su vida de urgencias y sentarse a formar un nido: le mataron antes.

Argenpress: Esa es una visión novedosa en relación al celibato, sin dudas….
Fernando Suazo: Tardé años en darme cuenta de que la moral que predica la iglesia oficial inculca más miedo al placer que a la injusticia; a la mujer más que a los tiranos, por muy criminales, ladrones o genocidas que sean. De hecho, para la jerarquía eclesiástica es más fácil dar la comunión o recibir con honores sagrados a Franco o a Pinochet que conceder responsabilidades eclesiales a las mujeres, y mucho menos, recibirlas al sacerdocio. Así suele suceder con las religiones, tal como te decía antes. Las religiones son aparatos destinados a reproducirse a sí mismos, para lo cual necesitan poder.

Puede ser el poder económico, o el poder diplomático… Pero el recurso que las religiones se reservan en exclusiva dentro de los conjuntos sociales es el poder de las conciencias. Y ese poder lo ejercen al albedrío de sus propios intereses. Así, actúan inquisitorialmente en los temas que tienen que ver con el placer, y se muestran miopes en los temas que tienen que ver con la injusticia. Es porque el control del placer implica el control de las conciencias individuales, pero el tema de las injusticias toca directamente las estructuras de dominación, y ahí las religiones están tan involucradas como los oligarcas, o los gobernantes o los militares…

En este negocio, ellas también tienen acciones. Ahora dime tú qué tiene de parecido esto con los profetas de la Biblia o con Jesús…

Argenpress: De alguna manera, estos grandes líderes –llámese Jesús o como se quiera: Lenin, Mao, Ho Chi Ming, Fidel– dedican toda su vida a algo un poco fuera de lo común, a una causa que podríamos llamar “superior”, y pareciera que no les queda energía para ponerla en una relación cotidiana, más pedestre.

Fernando Suazo: Es cierto: existen esas personas, pero también creo que no hay plantear esto en términos de gradación moral, como que unos son más perfectos que otros. En la cultura occidental nos enseñaban que unos son más y otros somos menos; que unos son héroes, o santos, o genios y otros somos corrientes. La cultura occidental, en su versión religiosa católica, nos hablaba de que los santos habían alcanzado la “perfección cristiana”. Y Don Quijote salía a cabalgar los caminos para deshacer entuertos y alcanzar la fama… Cada cultura construye sus sistemas de valores, mitifica a los personajes que son producto de ella misma.

Pero, en la cercanía del pueblo maya, yo he aprendido a ver este asunto de forma diferente. Aquí no se enaltece tanto a los individuos como a la comunidad. No destacan tanto los que se han hecho grandes a sí mismos sobresaliendo de los demás, sino los que tienen la capacidad de interactuar de tal manera que, en el conjunto de relaciones mutuas, es la comunidad la que crece.

Argenpress: Ése es el mensaje más importante en juego, y que parece la iglesia católica ha perdido: que todos somos iguales. Sin ese abandono de ideales de igualdad no sería posible la estructura jerárquica que vemos, un Vaticano rebosante de lujo siempre al lado de los poderes fácticos y un papa que se viste con ropas de oro.
Fernando Suazo: ¡Por supuesto! Eso es impresentable. De esa manera, con ese acomodamiento de la institución religiosa, se ocultó la verdadera esencia del cristianismo como propuesta revolucionaria en profundidad. Hay que dejar en claro una cosa: en realidad en sus orígenes el cristianismo no fue una religión sino un movimiento espiritual. Jesús no fundó una religión; se la fundaron después. Lo de Jesús fue un movimiento ético-político-social de las clases bajas del imperio con una nueva forma de entender la realidad humana. En el movimiento de Jesús no había diferencias ni rangos; los responsables no eran jerarcas sino eso, responsables, coordinadores, cuidadores del grupo. Todo eso resultaba revolucionario en una sociedad de castas, como era la romana, y en cualquier otra sociedad. Toda esa fuerza social comienza a convertirse en una religión cuando deja de ser perseguida, en el momento en que Constantino declara al cristianismo como religión oficial del imperio, en el siglo IV. Previamente a eso, todo ese movimiento tenía como eje principal, como su razón de ser, la fraternidad. Al institucionalizarse, se congela toda esa energía revolucionaria y se transforma en religión con toda la estructura de poder que se viene arrastrando hasta el día de hoy. Como toda institución, es una estructura de poder, posicionada al lado del emperador, y basada en la dominación.

Argenpress: La Teología de la Liberación, en tanto intento de retomar esos ideales primeros del movimiento cristiano como práctica anti-poder, ¿es hoy un camino válido después de la derechización que hubo en la iglesia en estas últimas décadas?
Fernando Suazo: Sigue válido, sí. Lo importante es lograr que la Teología de la Liberación pueda seguir siendo un movimiento libre frente a la religión institucionalizada. Creo que hoy es un movimiento muy vinculado a la jerarquía institucional, y de esa manera tiene las manos amarradas. Pienso que lo mismo se da en cualquier movimiento revolucionario: si la revolución termina siendo sólo una institución, se encapsula y esclerotiza. El movimiento espiritual que fue en algún momento el cristianismo debería estar ahora dentro y fuera de cualquier religión. Es más: debería estar al margen de las religiones. Y en ese sentido creo que la Teología de la Liberación está demasiado cerca, demasiado amarrada a la iglesia en tanto que institución. No se atreve a romper con la jerarquía, lo cual es tal vez comprensible, porque eso la llevaría a la deslegitimación, a quedar perdida en un universo social complejo y abigarrado; en cambio, metida dentro de la institución, aunque sea en un rincón, tiene algún cobijo. Veo a compañeros y compañeras de la Teología de la Liberación demasiado preocupados por lo que dijo el papa, o lo que dijo tal obispo… y lo que realmente debe importar es la gente, los procesos de la gente. Ahí debe estar la verdadera fuerza revolucionaria, y no importa si los que están con la gente acompañando cambios sociales son religiosos o no, si son agnósticos o no. Creo que la Teología de la Liberación hoy por hoy está demasiado metida dentro de los muros de la iglesia sin salir a la intemperie.

Argenpress: ¿Y a qué se debe ese retroceso en los planteamientos de avanzada dentro de la iglesia, que 30 años atrás estaban en alza y ahora parecen tan apocados? ¿Tiene que ver con eso, entre otras cosas, la estrategia de cultos evangélicos por doquier que impulsó el documento Santa Fe II de los halcones estadounidenses?
Fernando Suazo: Es una suma de cosas. Hoy se vive un momento histórico distinto a hace 30 años. En aquel entonces Estados Unidos vio con miedo que la religión predominante de América Latina, la católica, empezaba a cambiar de dirección social, volteándose hacia los pobres. Eso, sin dudas, le preocupó mucho, la iglesia católica dejaba de ser aliada de los intereses del imperio. Entonces no había la diversidad de opciones religiosas que existe hoy; la iglesia católica, y más aún en las poblaciones del interior de todos los países latinoamericanos, era el centro de todo. En cambio hoy día no: la variedad de ofertas, entre otras religiones y otros actores sociales, es grande. Todo se ha vuelto mucho más complejo, más pluricéntrico. Creo que la Teología de la Liberación debería saber posicionarse en este nuevo maremágnum en que la religión católica ya no es lo más importante de las comunidades. Hoy la religión católica es una más, y tiende a ser cada vez menos relevante. Los últimos papas han contribuido mucho a ello, sin duda. Si la Teología de la Liberación puede hacer algo hoy –y creo que en sus planteamientos sigue siendo válida– debería reubicarse “en el mundo”, no seguir apegada a la jerarquía de la institución, sino ubicarse fuera, en un mundo que ahora es mucho más plural. Creo que debería buscar más alianzas, retomando así las enseñanzas más originales de Jesús, quien se aliaba con quien fuera en función de su proyecto, al que llamaba el Reino de Dios. Jesús rompió moldes, a pesar de que eran tan estrechos los marcos del judaísmo; él se alió con quien fuera, por encima de todas las divisiones y los estereotipos. Eso se ve en la diversidad de tipos humanos y sociales que entraron a formar parte del grupo de sus discípulos; o en su relación con las mujeres “pecadoras” o con los excluidos e “ignorantes” samaritanos; o con los “paganos” extranjeros…

Argenpress: Esto, en cierta forma, nos habla de una crisis de conducción, de vanguardia. Dicho de otra forma: ¿qué hay que hacer hoy día para seguir sumando fuerzas en pro de un cambio? ¿Cuáles son las alternativas en un mundo donde las opciones revolucionarias parecieran adormecidas, “pasadas de moda”, inconsistentes?
Fernando Suazo: Es un tema muy difícil, por supuesto. Pero creo que hay pistas. Una pista inevitable es la atención al otro, la preocupación genuina por el otro, el que no pertenece a mi grupo étnico, a mi clase social pero que no goza de mis privilegios. Ese otro constituye una evaluación viva de mi conducta, de mi proyecto vital. Lo que me impactó cuando llegué a Rabinal hace más de 25 años sigue siendo lo mismo: la preocupación por el otro, constituye para mí el mayor criterio de autenticidad. Es decir: ¿qué tanto nos atrae realmente el otro? ¿Qué tanto nos movemos de verdad en dirección al otro? ¿Qué tanto incide el otro, los otros, en mi vida y en mis proyectos?

Han aparecido en estos años filósofos europeos que, a partir de la vergüenza de la Gran Guerra, expresan su decepción por los discursos abstractos y se vuelven a la evidencia del grito que nos alcanza desde los otros. Desde Rabinal me he vuelto a encontrar con Adorno, con Walter Benjamin, me he encontrado con E. Lévinas, con Reyes Mate. En nuestro “sistema mundo” hay un otro masivo que son las víctimas: las víctimas económicas, las víctimas de la violencia. Las víctimas constituyen los puntos dolientes de nuestro cuerpo social; son las alarmas del sistema que no podemos ignorar si queremos sobrevivir. La cercanía con las víctimas, con su grito concreto, corporal, debe ser el punto de partida de cualquier proyecto político y social. Ellas, constituidas en sujetos, con su voz, con su participación decidida, deben ser protagonistas en los procesos de transformación revolucionaria.

Creo que se trata de acercarse al otro –social, étnico, de clase– en tanto que doliente, pero no para victimizarlo, sino para entender lo que siente, lo que dice, lo que sueña. Entender como sujetos a estos otros-víctimas del sistema, y colocarnos a su lado para inventar lo radicalmente nuevo.

Argenpress: Se trata de un trabajo de hormiga del tú a tú, en la base, con las comunidades más sufridas, en las áreas rurales siempre olvidadas, en las zonas urbanas precarias. Pero queda esta pregunta: ¿no es eso justamente lo que están haciendo estos cultos evangélicos que inundan toda Latinoamérica?, claro que desde otro proyecto, con un proyecto de control social y dominación.
Fernando Suazo: Pero ellos no se abren al tú. Sólo llegan para domesticar. Y lo hacen utilizando recursos de muy baja calidad, como el miedo y la culpa. Manipulan, del mismo modo que lo hizo la iglesia católica por siglos y siglos. En realidad no están inventando nada nuevo, sólo utilizan tecnologías nuevas para el control de las masas.

Pero volviendo a lo de las alternativas, por supuesto que tiene que ir por ahí, por el trabajo del tú a tú, de abajo, trabajo de hormiga. Y a eso habría que agregar algo más: en la medida en que me dejo moldear, modificar, impactar por el otro, en esa misma medida yo voy a ser diferente. Es decir: con esa nueva actitud hacia el otro también se va a dar un cambio cualitativo de nuestra propia subjetividad. Eso, creo, es enteramente revolucionario. Eso nos va reposicionando ante las cosas, ante la vida, ante la muerte, ante el miedo, ante el tener o no tener, ante las privaciones, ante las seguridades. Porque todas estas cosas son las cadenas que nos amarran a todos por igual. Ponerse ante las víctimas y construir desde ahí una nueva subjetividad nos podrá hacer libres hasta niveles que no sospechamos. Hay que ser absolutamente creativos, libres. De eso se trata. Los revolucionarios acusamos al neoliberalismo de no responder a ninguna ética, pero nosotros mismos abandonamos también la dimensión ética, aunque hablemos de principios revolucionarios. Eso nos pasa con frecuencia: nos planteamos éticamente lo político, la lucha de clases, pero no nuestra propia coherencia personal o de grupo. Y una verdadera revolución tiene que ver, quizá antes que nada, con modos de vida distintos, coherentes, armónicos, éticos.

* Fuente: Argenpress

- Agradecemos la sugerencia a nuestros amigos de Diario del Aire

La ausencia de un poder constituyente democrático en la historia de Chile

Difícilmente podría la Ciencia Política considerar
democrático un país en el que nunca se hubiese realizado un debate
nacional acerca de las normas esenciales que deben regir su vida en
comunidad. Un Estado cuyas cartas constitucionales más importantes
siempre hubiesen sido el fruto de las discusiones, conciliábulos,
consensos o imposiciones por la fuerza de pequeños grupos. Una sociedad
cuyas Constituciones más duraderas fueran el resultado de la presión
ejercida por la fuerza militar. Mal podría definirse dicha sociedad
política como democrática y a sus habitantes como ciudadanos de derecho
pleno. A lo sumo se diría que se trata de un país semidemocrático con
una ciudadanía restringida*.



Chile es un país de ese tipo: ninguno de sus textos constitucionales ha
sido producido democráticamente. Aunque la historiografía chilena ha
sido generalmente esquiva a abordar esta cuestión (porque las
evidencias históricas contradicen los supuestos de la mitología
“patriótica democrática” en los que se ha basado el consenso político
nacional), una breve revisión de la gestación de las cartas
constitucionales en el Chile republicano basta para ratificar la
hipótesis de la ausencia de procesos constituyentes de carácter
democrático, como podrá apreciarse a continuación.

LOS PRIMEROS ENSAYOS CONSTITUCIONALES

Para entender el carácter que tuvieron los primeros ensayos
constitucionales, realizados durante los años de la lucha por la
Independencia, es necesario tener presente que la emancipación política
de Chile fue un acto eminentemente aristocrático. Por su riqueza,
poder, intereses, instrucción y el conjunto de sus características que
la habían convertido en la clase dirigente de la vieja sociedad
colonial, solo la aristocracia criolla estaba en condiciones de liderar
la lucha independentista y echar las bases para la construcción de un
Estado nacional. Y lo hizo de acuerdo con sus intereses y concepción
del mundo, implementando los mecanismos que aseguraran su plena
hegemonía en la vida social y política de la nueva era histórica que se
iniciaba en el primer cuarto del siglo XIX en Chile1. Uno de estos
dispositivos –vigente hasta comienzos de la década de 1870- fue la
ciudadanía censitaria, que excluyó de la vida política legal a la
inmensa mayoría de la población, acordando solo a los hombres más
pudientes los derechos políticos de elegir, ser elegidos y, por ende,
de debatir sobre el destino de la nación.

Por eso, en las deliberaciones sobre los primeros reglamentos
constitucionales solo participó una ínfima minoría de personajes
“ilustrados”. El primer Congreso Nacional ordenó en agosto de 1811
poner en vigencia un Reglamento constitucional que consagró al mismo
órgano legislativo como “único depositario de la voluntad del reino” e
instituyó una Junta denominada “Autoridad ejecutiva provisoria de
Chile” destinada a funcionar hasta que se dictara una Constitución
política definitiva. Pero la comisión encargada de redactar el texto
constitucional no alcanzó a cumplir su misión ya que las rivalidades
entre dos poderosas familias aristocráticas del bando patriota –los
Larraín y los Carrera- derivaron en noviembre del mismo año en un
segundo golpe de Estado del general José Miguel Carrera quien ordenó la
clausura del Congreso Nacional a comienzos del mes siguiente2.

El Reglamento Constitucional de 1812, que estableció una “Junta
Superior Gubernativa” de tres miembros a la espera de la elección de
representantes que elaboraría una Constitución definitiva, fue
preparado por una comisión nombrada por el gobierno y luego fue
sometido a la ratificación exclusiva de los vecinos (de alcurnia) de
Santiago por medio de firmas recaudadas mediante el sistema de
“suscripciones”, reservado exclusivamente para quienes recibían una
invitación a manifestar su opinión3. Igualmente restringida a una
ínfima cantidad de personas fue la preparación, discusión y aprobación
del Reglamento Constitucional de 1814, que solo alcanzó a estar vigente
menos de siete meses4.

La “Reconquista española” (1814-1817) puso fin a estos primeros
ensayos constitucionales de la elite patriota. Pero su triunfo en
Chacabuco y Maipú y la instauración de la dictadura del general
Bernardo O’Higgins en el inicio de la llamada “Patria Nueva”, colocaron
nuevamente a la orden del día la cuestión de las normas esenciales que
debían regir la vida política del emergente Estado republicano. Aunque
O’Higgins logró concentrar en su persona y círculo más cercano la
plenitud de los poderes dictatoriales, muy pronto las tendencias
“frondistas” de la aristocracia se hicieron sentir. El historiador
conservador Jaime Eyzaguirre cuenta que en 1818:

“[…] la noticia del fusilamiento de los hermanos Juan José y Luis
Carrera en Mendoza, en el que se atribuyó concomitancia a O’Higgins,
precipitó en Santiago la reunión de un Cabildo abierto que exigió de
O’Higgins la convocatoria de un Congreso y la dictación de un
reglamento constitucional provisorio. O’Higgins rehusó de inmediato
todo lo que se le pedía, pero un mes después nombró una comisión
encargada de redactar una carta política, que al fin fue sometida a la
aprobación popular por el sistema de ‘suscripciones’”5.

El mismo historiador sostiene que la Constitución provisoria de 1818
resultante de este procedimiento, “no vino sino a dar apariencia legal
a la dictadura” ya que entregó el Poder Ejecutivo en manos de un
Director Supremo, “cuya designación se daba por verificada y al que no
se le fijó término para su mandato”. Además instituyó un Senado de
cinco miembros y un Supremo Tribunal Judiciario, todos nombrados por el
Director6.

No obstante el origen no democrático de sus cargos, muy pronto los
senadores designados expresaron la arraigada tendencia de la
aristocracia a gobernarse por sí misma y resistieron a la omnipotencia
de O’Higgins. La prueba de fuerza concluyó en 1822 con la clausura del
Senado y la convocatoria a elecciones para una nueva asamblea. La
Constitución de 1822 fue finalmente aprobada por una Convención
Preparatoria en cuyo nombramiento intervino activamente O’Higgins por
medio de las autoridades locales designadas por él mismo. De tal modo
que el texto constitucional fue un instrumento adecuado a sus
ambiciones: el Poder Ejecutivo quedó confiado a un Director Supremo
elegido por seis años y reelegible por cuatro más. El historiador
Eyzaguirre –de escaso fervor democrático- no pudo ser más lapidario
respecto al origen espurio de esta nueva Constitución, al sentenciar
pertinentemente que:

“La circunstancia de haberse generado en una asamblea gubernativa y
al ser redactada por el impopular favorito Rodríguez Aldea, quitaron
todo prestigio a la nueva Carta y aceleraron el derrumbe del régimen”7.

La caída de O’Higgins abrió un nuevo escenario político, más abierto
y dinámico, en el que era posible un debate más amplio e inclusivo
sobre las cuestiones constitucionales y el futuro del país. Bajo el
mando del general Ramón Freire en el cargo de Director Supremo, el
Congreso de 1823 tuvo también un carácter constituyente. El reglamento
electoral elaborado ese año significó una ampliación importante del
cuerpo electoral por cuanto acordó el derecho a voto a todos los
hombres mayores de 23 años que supieran leer y escribir y que
cumplieran alguno de los siguientes requisitos: tener una propiedad de
más de $2.000; o un negocio de más de $3.000; o un título profesional:
o una pensión de Estado de más de $300 anuales: o un empleo público
(aunque no tuviera sueldo); o haber sido miembro de un Cabildo; o ser
un eclesiástico secular; o tener un grado militar superior a alférez; o
ser maestro mayor de un oficio, y/o tener un capital superior a $3.000
sumando todos sus bienes. De este modo, contrariando al Senado que
propiciaba derechos políticos (votar y ser elegidos) solo para los
propietarios de bienes raíces (la clase de los grandes terratenientes),
el gobierno de Freire amplió ese derecho incluyendo –en el decir del
historiador Gabriel Salazar- a quienes componían la clase media de la
época: “letrados pobres, sacerdotes, oficiales de bajo rango, empleados
públicos, mineros y otros empresarios”. Pero el “bajo pueblo”
(inquilinos, peones y otras categorías que constituían la mayoría de la
población) siguió excluido del país legal8. Según Salazar, esas fueron
las “primeras elecciones libres realizadas en Chile desde 1811”9, pero
agrega más adelante, que el texto constitucional propuesto por encargo
del gobierno por el jurisconsulto Juan Egaña, además de confuso y
engorroso, representó una clara opción por un sistema político
centralista, europeizante, elitista y aristocrático (ya que la
soberanía popular electoral debía ser calificada por un sindicato
“ilustrado” compuesto por el Senado y la Cámara). Contando con el apoyo
de los diputados santiaguinos, que abreviaron el plazo de discusiones,
se aprobó con pocos debates el proyecto de Egaña. Pero esta
Constitución –que reflejaba casi exclusivamente los intereses de
Santiago y la región central- nació muerta por la fuerte oposición de
las provincias de Coquimbo y Concepción, del propio Freire y de
diputados como Camilo Henríquez y Manuel de Salas, de reconocida
filiación liberal10.

La llamada “Constitución de 1826” fue, en realidad, un conjunto de
“leyes federales” propuestas por José Miguel Infante y sancionadas por
el Congreso entre julio y octubre de ese año, pero el proyecto
constitucional nunca fue aprobado ya que el Congreso se disolvió pocos
meses más tarde a causa de la inestabilidad política11. Lo que no
impidió la realización de un breve ensayo de federalismo que no
prosperó debido, principalmente, a la férrea oposición de la
aristocracia santiaguina.

La Constitución de 1828 fue la más avanzada de aquella época de
ensayos constitucionales. Su sello fue liberal-democrático por los
amplios derechos individuales que garantizaba, el igualmente amplio
poder electoral de los ciudadanos y porque para ser ciudadano no se
requería contar con cierto patrimonio sino solo un mínimo de edad: 21
años los hombres casados y 25 años los hombres solteros. Solo quedaron
excluidos de los derechos políticos los sirvientes domésticos, los
deudores al Fisco y los viciosos reconocidos. En teoría, hasta los
analfabetos que no estuvieran en estas categorías gozarían del derecho
a sufragio, algo poco común para los cánones de la época, incluso en
Europa12. Desde su óptica conservadora, Jaime Eyzaguirre comentaría
este avance democratizador diciendo que:

“El derecho a sufragio era tan amplio que podía ejercerlo cualquiera
que se inscribiese en las milicias, lo que iba a generar un poder
electoral en su mayoría analfabeto, entregado al control de los
audaces. El Ejecutivo radicaba en un Presidente y un Vicepresidente
nombrados por votación indirecta y cuya gestión dependía casi por
entero de la voluntad de un Congreso bicameral. Por añadidura la gran
autonomía de las provincias, que conservaban sus asambleas con derecho
a general los senadores, a formar ternas para el nombramiento de los
Intendentes y supervigilar a las municipalidades, reducían aún más las
atribuciones presidenciales”13.

La génesis de esta Constitución –al igual que la de 1823- fue
semi-democrática ya que el Congreso Nacional que la aprobó había sido
elegido en base a un electorado masculino que incluía a las capas
medias, más precisamente, hasta el estrato superior de los sectores
populares representado por el artesanado-, pero no al “bajo pueblo”.

Ese fue el punto más alto de democratización alcanzado en Chile en
el período que siguió la Independencia. Pero muy luego vino la
virulenta reacción aristocrática centralista contra los proyectos
liberales, dirimiéndose el conflicto entre ambos bandos en la guerra
civil de 1829-1830.

EL PODER CONSTITUYENTE DE LAS BAYONETAS: LA CONSTITUCIÓN  “PORTALEANA” DE 1833

El triunfo conservador (estanquero-pelucón) en la batalla de Lircay
en abril de 1830 puso término a la guerra civil e inauguró una larga
etapa conocida como el “régimen portaleano” o el “Estado en forma”14,
cuya fase inicial fue la más clara expresión del dominio sin contrapeso
de la aristocracia, especialmente de Santiago y la región central.

La célebre Constitución portaleana de 1833, inspirada y redactada
principalmente por el ultraconservador Mariano Egaña, fue el fruto
directo de la victoria militar estanquero-pelucona en la guerra civil
de 1830. Aunque el artículo 133 de la Constitución de 1828 establecía
que esta no podía reformarse hasta 1836, los vencedores de Lircay
pasaron por encima de esta disposición y, recurriendo a diferentes
argucias, impusieron su reforma. Poco después de instalado el régimen
dirigido por el comerciante Diego Portales y el general José Joaquín
Prieto, el Cabildo de Santiago (controlado por el bando vencedor) pidió
al gobierno que autorizara al próximo Congreso a emprender la reforma
constitucional a través de una “Gran Convención” convocada
exclusivamente con ese objeto. Aunque este organismo estaría en
principio compuesto por dieciséis diputados elegidos por el Congreso
Nacional (ya depurado de los liberales más prominentes) y veinte
ciudadanos “de reconocida probidad e ilustración” nombrados por el
mismo cuerpo legislativo (mediante el envío de “esquelas de
invitación”), en la práctica fue una hechura completa del Congreso ya
que a los dieciséis diputados del bando vencedor se sumaron catorce más
en ejercicio para llenar los cupos reservados a los hombres de
“reconocida probidad e ilustración”15.

A estas libertades tomadas con las formas legales se sumaba algo aún
más grave y decisivo: la instauración de una verdadera dictadura
aristocrática resuelta a barrer con cualquier obstáculo que se le
antepusiera. Muchos opositores fueron encarcelados u obligados a partir
al destierro; el Ejército sufrió una severa purga de oficiales
sospechosos de simpatizar con los liberales; se generalizó y fortaleció
una red de espionaje de la policía secreta y se estableció una férrea
censura de prensa que impidió cualquier debate de fondo del texto
constitucional que se preparaba, a no ser el intercambio de ideas que
podía darse entre los partidarios del nuevo régimen. Gabriel Salazar
sintetiza de esta manera algunos de los aspectos del clima represivo al
que estaba sometido el país cuando se desarrolló el proceso
constituyente portaleano:

“[…] centenares de funcionarios públicos no adictos al nuevo régimen
fueron exonerados, se eliminaron con el mismo objetivo establecimientos
como la Casa de Moneda de La Serena, becas para estudiantes como las
del Liceo de Chile […], se clausuró la Sociedad Médica de Chile
(establecida por Blanco Encalada y encabezada por un médico español),
mientras se cerraban o aplicaban grandes multas a los periódicos de
oposición y se creaban nuevos cuerpos de ‘guardias cívicas’16.

La afamada Constitución de 1833 no fue sino un texto destinado a dar
legitimidad jurídica a un régimen con características dictatoriales
resultante de la victoria militar del bando conservador en 1830. El
nuevo texto constitucional fue un traje a la medida de la facción
dominante de la aristocracia, que concentró de manera excluyente el
poder durante varias décadas. El centralismo, autoritarismo y elitismo
fueron sus rasgos principales. La inmensa mayoría de la población
resultó excluida de la vida política activa a través del sufragio
censitario. El derecho a elegir y ser elegidos para cargos
representativos quedó reservado solo a los hombres casados mayores de
21 años o solteros mayores de 25 años, que sabiendo leer y escribir
fueran dueños de una propiedad inmueble o un capital invertido “en una
especie de giro o industria” cuyo valor sería fijado para cada
provincia cada diez años por una ley especial, o que en su defecto,
ejercieran “una industria o arte”, o que gozaran de algún empleo, renta
o usufructo, cuyos emolumentos o productos guardaran proporción con la
propiedad inmueble o capital, de que se hablaba en la disposición
anterior. Los sirvientes domésticos estaban expresamente excluidos de
los derechos políticos17.

Un comentario del historiador conservador Fernando Campos Harriet,
admirador de Portales y su régimen, nos ahorra más acotaciones sobre el
sistema político consagrado por esta Constitución:

“El cúmulo de atribuciones del Presidente de la República,
reforzadas por la ley electoral, hicieron de este el gran elector
durante 60 años. El Presidente tenía veto absoluto: un proyecto vetado
no podía iniciar sus trámites constitucionales hasta el año siguiente.
Declarado el estado de sitio, se suspendía en ese punto el imperio de
la Constitución […].

El sufragio limitado y controlado por el Ejecutivo, el veto, la
ausencia de responsabilidad efectiva en el Jefe de Estado, las
facultades extraordinarias, la organización del Consejo de Estado, la
preponderancia de la Cámara de senadores con su comisión conservadora,
manifiestan claramente el espíritu aristocrático y oligárquico de esta
Constitución”18.

Durante casi un siglo Chile no vivió otro proceso constituyente19,
solo reformas y reinterpretaciones a la Constitución portaleana que
recortaron poderes del Presidente de la República, aumentaron los del
Parlamento e instauraron –en la década de 1870- el sufragio universal
masculino con el solo requisito de saber leer y escribir.

POPULISMO Y FUERZA MILITAR EN LA GESTACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICO-LIBERAL DE 1925



Cuando en 1925 se planteó la discusión en torno a una nueva
Constitución, el contexto político y social era muy distinto al que
había existido al imponerse la carta de 1833. La “cuestión social”
había cambiado la relación entre las clases sociales y alterado el
debate político nacional. El movimiento obrero se encontraba en pleno
desarrollo y las tendencias más radicales (anarquistas y comunistas)
gozaban de una notoria influencia en su seno, llegando a controlar las
principales organizaciones sindicales. Como respuesta al malestar y
rebeldía de “los de abajo”, un sector de la burguesía había levantado
un programa reformista de marcado corte populista, logrando instalar a
su líder, el liberal Arturo Alessandri Palma, en la Presidencia de la
República a fines de 1920. Pero sus planes se habían estancado debido a
la crisis económica y la cerrada oposición de la oligarquía
parlamentaria20.

El sistema parlamentario impuesto por los vencedores de la guerra
civil de 1891 se encontraba profundamente desprestigiado y la crisis de
la economía salitrera, reiterativa desde 1918, tenía sumido al país en
un clima de permanente agitación social y fuertes tensiones políticas.
Por su parte, la oficialidad joven del Ejército, luego de constatar el
fracaso del populismo civil, desde septiembre de 1924 había ocupado el
escenario político enarbolando programas de reforma social. La entrada
activa en política de los militares con dos irrupciones sucesivas
–septiembre de 1924 y enero de 1925- había cambiado los parámetros del
juego político. La crisis era general. El país se aprontaba a una
refundación política en base a un nuevo texto constitucional. Entonces,
por primera vez en la historia de Chile, otros actores, los sectores
populares, especialmente el movimiento obrero organizado, intentaron
hacer oír su voz en el debate constitucional.

El movimiento obrero y popular llevaba varios años interesándose por
este tipo de cuestiones. Las gigantescas movilizaciones impulsadas
durante el bienio 1918-1919 por la Asamblea Obrera de Alimentación
Nacional habían puesto en el tapete de la discusión entre vastos
sectores de la clase obrera y de las capas medias la necesidad de un
nuevo orden social y político. Poco después, en 1923, durante el
gobierno de Arturo Alessandri Palma, un organismo denominado Asamblea o
Comité de Obreros, Estudiantes y Profesores, empezó a pensar en
reformas estructurales, pero la reflexión no avanzó mucho, diluyéndose
la iniciativa sin trascender mayormente en esa coyuntura. No obstante,
por iniciativa del Partido Comunista y de la Federación Obrera de
Chile, pocos días después del golpe de Estado de los militares jóvenes
que llamaron de vuelta a Alessandri al gobierno, el 25 de enero de 1925
numerosas organizaciones obreras junto a la Asociación General de
Profesores, la Federación de Estudiantes y la Unión de Empleados de
Chile, decidieron crear un organismo denominado Comité Obrero Nacional
que convocó a la realización de un Congreso Constituyente de
Asalariados e Intelectuales21.

Lo que más distinguió esta iniciativa de los proyectos
constitucionales de la clase política tradicional fue la exigencia de
una Constituyente de base gremial. Uno de sus promotores, el dirigente
comunista Salvador Barra Woll, lo precisó en estos términos:

“La Juventud Militar nos ha ofrecido ahora una Constituyente. No
queremos dudar que vendrá esa Constituyente. Hemos adherido nuestra
cooperación a ese propósito para encarnar más ese deseo en las masas.
Pero cuando llegue el momento de llamar a la Constituyente se verá que
las bases no consultarán la representación obrera sindical
revolucionaria porque la burguesía le impedirá su resguardo de sus
privilegios de clase […]

Hay pues que no olvidar este detalle, tenerlo muy presente: Queremos una Constituyente; pero a base gremial.

Si no se nos da una Constituyente en esa forma la burguesía habrá 
traicionado una vez más al proletariado, de quien se ha servido para
fines propios”22.

De acuerdo con estos postulados, la convocatoria para la reunión de
la Asamblea Constituyente de Obreros e Intelectuales (conocida también
como la “Constituyente chica” ya que sus impulsores la concebían como
un “preludio de la futura Constituyente fundamental” en la que estarían
representados todos los sectores de la nación23), fijó como objetivo la
presentación de un proyecto de Constitución Política de Chile que
contendría las aspiraciones inmediatas del proletariado y de los
intelectuales que simpatizaban con los “modernos principios de justicia
y solidaridad”24. El comité de iniciativa estableció los siguientes
porcentajes de congresales para cada una de las categorías socio
profesionales llamadas a participar en la “Constituyente chica”:
proletarios, 45%; empleados, 20%; profesores, 20%; profesionales e
intelectuales, 8%; y estudiantes, 7%25.

Rápidamente las fuerzas comprometidas en esta iniciativa se
desplegaron por distintos puntos del territorio nacional para difundir
su propuesta. El Comité Obrero Nacional (al que se incorporaron
dirigentes de distintas tendencias incluidos los anarquistas) mandó a
algunos de sus miembros en gira al sur del país a explicar la
convocatoria26.

La Asamblea Constituyente de Obreros e Intelectuales inauguró sus
sesiones en el Teatro Municipal de Santiago el domingo 8 de marzo de
1925 en medio de un clima de gran expectación. Los mil doscientos
cincuenta delegados provenientes de distintos provincias eran el
reflejo de las tendencias políticas que actuaban en el seno del
movimiento popular y de las clases medias asalariadas: comunistas,
fochistas (militantes de la Federación Obrera de Chile, que por esos
días casi se confundían con los comunistas), demócratas, laboristas sin
partido, anarquistas, radicales, feministas y distintas expresiones del
“alessandrismo popular”. Los debates entre estas corrientes fueron
apasionados, a ratos muy duros. El obrero anarquista Alberto Baloffet
logró hacer aprobar por amplia mayoría una moción en la que se sostenía
que los proletarios no debían proponerse la redacción de una
Constitución que reglamentara los poderes del Estado, sino limitarse a
fijar principios generales que orientaran la acción de las autoridades
hacia los productores. Un fuerte enfrentamiento se produjo entre el
Presidente de la Federación de Estudiantes, y Vice-Presidente del
Centro de Propaganda del Partido Radical, Enrique Rossel, y la mayoría
de los delegados obreros claramente alineados con las posiciones del
Partido Comunista27. Algo menos virulentos fueron los debates entre el
sector comunista-fochista (alrededor de 300 delegados, esto es,
alrededor del 25% del total) y los representantes de los profesores, de
los intelectuales y de los empleados, entre los que se contaban
personas de distintas filiaciones, especialmente anarquistas,
demócratas y radicales28.

Las divisiones internas le restaron fuerza a la “Constituyente
chica”. Durante cuatro días los delegados aprobaron distintas mociones
en las que se formularon una serie de demandas a los poderes públicos y
aprobaron varios “principios constitucionales”, que debían servir de
base para la discusión nacional cuando se convocara a la “Constituyente
grande”. El primero y más importante de estos principios fue el reclamo
de una Asamblea Constituyente compuesta de delegados de las “fuerzas
vivas de ambos sexos”, y en cuyo seno los elementos asalariados
tuvieran la mayoría de la representación para asegurar el cumplimiento
de sus postulados de redención social. Como principios específicos se
inscribieron, entre otros: la socialización de la tierra y de los
medios de producción; la forma federal del gobierno; el deber del
Estado de coordinar y fomentar la producción y asegurar la distribución
de los productos; el sistema colegiado de gobierno tanto a nivel
comunal, nacional como de los Estados federados; la organización del
Poder Legislativo en base a “cámaras funcionales”, compuestas por
representantes (revocables en todo momento) de los gremios organizados;
la separación de la Iglesia del Estado; la enseñanza gratuita desde la
escuela hasta la Universidad, colocando su dirección en manos de los
maestros, padres y estudiantes; la igualdad de derechos políticos y
civiles de ambos sexos y la supresión del ejército permanente29.

La proposición de las “cámaras funcionales a base gremial” (cercana
en algunos aspectos a las ideas corporatistas que estaban en boga por
aquellos años en Europa) constituía una  innovación mayor, resistida
por algunos integrantes de la “Constituyente chica” y apoyada
fervorosamente por los comunistas. Uno de sus impulsores la explicaba
como el instrumento que permitiría abolir las “cámaras políticas”,
fuente de la opresión política del pueblo:

“La Cámara Funcional, que como su nombre lo indica reúne en su seno
todas las funciones de las diversas actividades de la vida económica,
intelectual y moral de la sociedad, es el sistema necesario y eficiente
capaz de destruir, desde sus raíces, todos los intereses creados y
privilegios de castas que hoy producen el estado caótico de la
administración del país, injusticias irritantes y el desconcierto
social.

Será  la única forma de nivelar todos los derechos que disminuirán,
grandemente, las desigualdades odiosas porque siendo la finalidad de la
Cámara Funcional esencialmente de armonía y de progreso donde convergen
y se complementan todos los pensamientos de las fuerzas creadoras del
trabajo, la resultante de su labor será lógicamente, de perfección y
armonía social.

Y recién, entonces, desapareciendo la causa de todas las desgracias
del pueblo, con la extinción del aparato político opresor de la
oligarquía y burguesía en general, empezará la era de justicia y
armonía social.

La técnica de la producción y el consumo controlados por los
productores mismos, y peritos profesionales, se perfeccionará
gradualmente y desaparecerá la miseria, la ignorancia y la maldad que
el actual egoísmo de los privilegiados reinantes, produce a la sociedad.

La Cámara Funcional a base gremial, es pues, el antídoto de las
Cámaras políticas mantenedoras de la esclavitud y los sufrimientos del
proletariado”30.

Los acuerdos tan laboriosamente concluidos en la “Constituyente
chica” no tuvieron mayor eco político. Gabriel Salazar, autor de la
visión historiográfica más optimista acerca del significado y alcance
de la Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales de 1925
(interpretada en sus escritos como un ejercicio de soberanía de “las
bases sociales”, con menciones poco relevantes a las fuerzas políticas
que la promocionaron y se enfrentaron en su seno), ha señalado que a su
retorno al gobierno, Arturo Alessandri Palma “restauró el régimen
estrictamente civil (marginando a los militares) y las decisiones
estrictamente políticas (marginando a los movimientos sociales de
base)”31.

Así  ocurrió, efectivamente. Haciendo caso omiso del ejercicio
deliberativo de los trabajadores manuales e intelectuales sobre las
normas constitucionales que deberían refundar la organización social y
política de la nación, Alessandri, por sí y ante sí, designó a los
miembros de las dos comisiones que debían preparar la Asamblea
Constituyente, escogiendo a una mayoría de viejos políticos como Luis
Barros Borgoño (su rival en la elección de 1920), Guillermo Edwards
Matte, Eleodoro Yáñez, Juan Enrique Concha, Ernesto Barros Jarpa,
Guillermo Subercaseaux y Domingo Amunátegui, entre otros. Solo unos
cuantos dirigentes de organizaciones sociales y de partidos y grupos de
izquierda que habían formado la “Constituyente chica”, como Carlos
Contreras Labarca, Víctor L. Cruz, Manuel Hidalgo, Carlos Alberto
Martínez, Onofre Avendaño y Fernando García Oldini, fueron invitados a
participar en las discusiones32. El propio Alessandri presidió la
comisión que debía estudiar las reformas constitucionales y Arturo Lyon
quedó a la cabeza de la comisión encargada de preparar la convocación a
la Asamblea Constituyente. Este grupo –lo dejó consignado el “León de
Tarapacᔠen sus Recuerdos de gobierno-  nunca se reunió33. Como bien
observaría el historiador Gonzalo Vial, “esto solo indica hacia donde
se dirigía Arturo Alessandri”34.

Es necesario recalcar que inicialmente Alessandri había expresado su
deseo de convocar a una Asamblea Constituyente en el menor plazo
posible, nombrándose dos tercios de sus integrantes mediante elección
popular y el tercio restante con representantes de “las fuerzas vivas
de la Nación”, en su concepto: “la Universidad, el Ejército, la Marina,
la Iglesia, representados por sus jefes, las actividades obreras y
algunos gremios que tienen importancia en la vida de la República”35.
El 26 de marzo el Presidente de la República firmó un decreto fijando
el 15 de abril como fecha de inicio de las inscripciones
extraordinarias para la elección de una Constituyente36. Pero muy
pronto abandonó esta idea aduciendo “falta material de tiempo para
verificar las inscripciones del electorado, para instalar enseguida la
Constituyente y para que dispusiera del tiempo necesario para terminar
su misión y alcanzar a fijar las reglas de la elección del Congreso y
del Presidente” que debía sucederlo el 23 de diciembre de ese mismo
año37.

El único grupo de trabajo que funcionó (conocido como la “comisión
chica”) se dividió en tres corrientes al discutirse las fórmulas
propuestas para aprobar la nueva Constitución: elección de una Asamblea
Constituyente mediante sufragio universal; organización de una
Constituyente sobre una base gremial, o ratificación del proyecto
preparado por la comisión mediante un plebiscito38. La exigencia de la
Constituyente sobre base gremial era inaceptable para la clase política
y Alessandri puesto que, como sostiene Salazar, significaba su propio
colapso39. Por otra parte, intuyendo que su proyecto de Constitución
presidencialista no sería aprobado en una Asamblea Constituyente (en la
que los partidos tradicionales, muy reticentes a abandonar el sistema
parlamentario, tendrían la mayoría), Alessandri apostó a la vía más
expedita convirtiendo a la comisión en la Constituyente misma y utilizó
toda su influencia y poder para vencer las múltiples resistencias que
suscitaba su proyecto constitucional, tanto entre muchos representantes
de la vieja clase política adictos al régimen parlamentario como en el
movimiento obrero y popular partidario de la Constituyente de base
gremial. Aunque invocó la falta de tiempo, su comportamiento estuvo
motivado principalmente por la intuición de que en una Asamblea
Constituyente su plan de reforma no prosperaría, como lo confesaría
posteriormente:

“Yo más que nadie me había resignado a abandonar la idea de la
Constituyente por la falta material de tiempo apuntada y,
principalmente, porque tenía la resolución firme e inquebrantable de
implantar en nuestro país la fórmula salvadora. Tenía el convencimiento
profundo, como lo he dicho reiteradas veces que, si llevábamos el
asunto a una asamblea, no saldría jamás de allí el necesario régimen
presidencial. Un grupo de hombres en asamblea, carece de la
superioridad moral necesaria para despojarse de atribuciones y
facultades”40.

Entre el 18 de abril y el 23 de agosto de 1925, en 33 sesiones a las
que asistieron un promedio de doce personas, la “comisión chica”
preparó el proyecto de Constitución presidencialista que reemplazaría a
la Constitución de 1833 (reinterpretada en un sentido claramente
parlamentarista desde 1891). Los debates de este pequeño grupo
transformado en “comisión constituyente” se centraron preferentemente
en cómo equilibrar los poderes Ejecutivo y Legislativo, conforme a la
perspectiva liberal. El único “convidado de piedra” de la
“Constituyente chica”, el comunista Manuel Hidalgo, quedó completamente
aislado41. Finalmente, el elemento decisivo que inclinó la balanza,
fue, una vez más, el Ejército. A partir del 23 de julio el general
Navarrete apoyó abiertamente las proposiciones de Alessandri de
Constitución presidencialista y plebiscito como fórmula de
aprobación42. De esta manera, el jefe de Estado logró imponer la vía
plebiscitaria en vez de la convocatoria a una Asamblea Constituyente
que implicaba un verdadero debate constitucional nacional. La presión
militar en apoyo de esta alternativa, fue –como señala acertadamente el
historiador conservador Gonzalo Vial- el tercer golpe de Estado
(después de los de septiembre de 1924 y enero de 1925):

“Así se consumó el tercer golpe de Estado: la imposición militar de
que se llamase a plebiscito inmediato, sin Asamblea Constituyente, la
nueva Carta conteniendo las reformas de Alessandri. Un silencio casi
generalizado recibió el úkase: partidos y prensa (salvo, respecto de la
última El Diario Ilustrado) doblaron la cerviz…, con mayores o menores
y más o menos audibles rezongos, pero la doblaron. Ni siquiera, esta
vez, hubo necesidad de complotar en las sombras, sublevar regimientos y
entrar a La Moneda empuñando pistolas. Indudablemente, el establishment
político había aprendido las “múltiples lecciones objetivas” del 5 de
septiembre y el 23 de enero, de las que hablara Navarrete, la
‘enseñanza práctica’ señalado por Grove”43.

El plebiscito fue convocado el 31 de julio para el 30 de agosto. Los
ciudadanos deberían elegir entre tres cédulas de voto: una roja, de
aprobación del proyecto de la mayoría de la “comisión constituyente”
armada por el gobierno; una azul, obra de los disidentes (especialmente
radicales, conservadores y comunistas), que conllevaba la aprobación de
una serie de proposiciones destinadas a recortar el poder del Ejecutivo
(como la posibilidad de que el Congreso acusara y destituyera al
Presidente); y una blanca, que importaría “buscar otros procedimientos
para restablecer la normalidad institucional del país”44. Los
opositores subrayaron la amenaza implícita de esta última fórmula que
insinuaba, casi sin disimulo, una nueva intervención militar.
Igualmente criticaron el reducido plazo –apenas un mes- para hacer
campaña y el hostigamiento y represión policiales a sus mítines. El
proyecto de Constitución impulsado por Alessandri fue aprobado el 30 de
agosto del mismo año por una minoría de electores. Sobre 302.304
inscritos solo votaron 135.783, de los cuales 127.509, o sea, 42,18% de
los inscritos y 93,9% de los sufragantes aprobaron el proyecto de
Constitución. La alternativa de los partidos opositores (cédula azul)
obtuvo 6.825 votos (2,26% de los inscritos y 5,03 de los sufragios); la
cédula blanca (la incierta búsqueda de “otros procedimientos”) reunió
solo 1.449 preferencias (0,48% de los inscritos y 1,07% de los
votos)45. La Constitución de 1925 –calificada generalmente como “la más
democrática de la historia de Chile”- fue, pues, aprobada por menos del
50% de los votantes potenciales, pero con el apoyo decisivo de los
militares, que expresaron con sutileza la amenaza de una nueva
intervención.

Con algunas reformas, dicho texto constitucional sobrevivió hasta
septiembre de 197346, cuando una nueva irrupción de las Fuerzas Armadas
–la más violenta y de mayores consecuencias- la echó por tierra,
arrastrando junto con ella al frágil “Estado de compromiso” que tanto
enorgullecía a la clase política y buena parte de la ciudadanía.

NUEVAMENTE EL PODER CONSTITUYENTE DE LAS ARMAS: LA CONSTITUCIÓN DICTATORIAL Y NEOLIBERAL DE 1980

Las condiciones y la forma como fue elaborada y aprobada la
Constitución de Pinochet en 1980 son ampliamente conocidas. Chile vivía
los años más duros de la más dura dictadura militar. Un régimen de
terror mantenía al país sometido a la cúpula militar y empresarial que
se encontraba implementando un proyecto de sociedad y economía
neoliberal extremo. La ciudadanía carecía de las condiciones mínimas
para debatir y manifestar libremente sus ideas y preferencias. Miles de
opositores habían sido asesinados, encarcelados, torturados o
exiliados. No existía libertad de prensa, derecho de reunión ni de
asociación para los opositores; los registros electorales habían sido
quemados por los militares golpistas; el estado de emergencia regía en
todo el territorio nacional y el “receso político” o prohibición de
funcionamiento de los partidos políticos se prolongaba desde el mismo
día del sangriento derrocamiento del Presidente Salvador Allende.

Desde 1973 la dictadura militar, había venido preparando su proyecto
constitucional. Pocos días después del golpe de Estado, la Junta
Militar de Gobierno había creado una Comisión de Estudio o Comisión
Constituyente encabezada por el ex ministro Enrique Ortúzar del
derechista ex Presidente Jorge Alessandri Rodríguez. Durante cinco años
este grupo trabajó en un anteproyecto constitucional, siguiendo las
orientaciones del gobierno de facto47. En noviembre de 1977 el dictador
Pinochet entregó a Ortúzar instrucciones escritas por su Ministra de
Justicia Mónica Madariaga y por Jaime Guzmán, principal ideólogo del
régimen, para que elaborara un proyecto de Constitución de acuerdo con
los planes del gobierno militar. Al cabo de casi un año de trabajo, la
Comisión Constituyente produjo el texto que la Presidencia esperaba, de
modo que el 31 de octubre de 1978 Pinochet pidió formalmente al Consejo
de Estado que comenzara a analizarlo. Al término de ese estudio, el 26
de junio de 1980, doce días antes de la fecha fijada para que el
Consejo de Estado presidido por el ex Presidente Jorge Alessandri
entregara oficialmente el proyecto de nueva Constitución, el gobierno
formó un grupo de trabajo encargado de revisarlo a cuya cabeza quedó la
ministra Mónica Madariaga. La ministra y cuatro auditores militares más
algunos invitados ocasionales, realizaron un trabajo sigiloso e intenso
dando lugar a 175 cambios que reflejaron las contradicciones y debates
en el seno del bloque dominante48.

El texto corregido fue remitido oficialmente el 8 de julio por el
Consejo de Estado a la Junta de Gobierno, luego fue analizado durante
algunas semanas por juristas y algunos miembros del cenáculo en el
poder, y el 10 de agosto de 1980 se aprobó la versión final. Todas las
deliberaciones fueron secretas. El 11 de agosto, el gobierno de la
dictadura anunció por cadena nacional de radio y televisión que en un
plazo de treinta días se realizaría un plebiscito para aprobar o
rechazar la nueva Constitución49.

El debate ciudadano se realizó en las condiciones que imperaban
desde 1973 y que pueden sintetizarse en la vigencia en todo el país del
estado de emergencia, el receso político, el control gubernamental de
las publicaciones, un clima de terror generalizado y, como ha sido
señalado por un cientista político norteamericano, “sin alternativas
para los votantes, sin el claro establecimiento de las consecuencias
jurídicas de una derrota y, lo más significativo para la oposición, sin
registros electorales y sin supervisión ni recuento electoral
independiente”50. Aunque el gobierno autorizó la realización de un
meeting opositor encabezado por el ex Presidente democratacristiano
Eduardo Frei Montalva (que luego de apoyar el golpe de Estado se había
pasado a las filas de la oposición), otras manifestaciones contrarias
al régimen fueron prohibidas y las fuerzas oficialistas pusieron todos
los recursos que les daba su dominio total del aparato de Estado y un
amplio control de los medios de comunicación al servicio de la campaña
por la aprobación (el voto “Sí”) de la nueva Constitución51.

Los resultados oficiales del plebiscito organizado por la dictadura
según el principio de gobierno interior, esto es, a través de los
intendentes, gobernadores y alcaldes nombrados por el gobierno, fueron
los siguientes: votos por el “Sí” a la nueva Constitución, 4.204.879
(67,04%); por el “No” (rechazo), 1.893.420 (30,19%); nulos, 173.569
(2,77%)52.

La oposición denunció todo tipo de fraudes e irregularidades. En el
39,7% de las mesas controladas por sus voluntarios se detectaron
irregularidades, llegando a precisarse posteriormente que, en al menos
nueve provincias (Tocopilla, Chañaral, Linares, Cauquenes, Huasco,
Choapa, Valparaíso, San Antonio y Malleco) había “votado” más del 100%
de la población53. Cinco años más tarde, el sociólogo Eduardo Hamuy
(“padre” de las encuestas de opinión en Chile) informó que un equipo de
660 voluntarios había observado los votos y los recuentos del
plebiscito de 1980 en 981 mesas electorales escogidas al azar en el
Gran Santiago (alrededor de 10% de las 10.522 mesas en 170 locales de
votación), registrando cinco tipos de fraudes o irregularidades:
recuento erróneo de votos (contabilización de votos “No” y nulos como
blancos o “Sí”, o anulación de votos “No”); inconsistencias entre el
número de votos contados y el número de firmas de votantes registrados
(votantes excesivos o faltantes); recuentos no públicos; personas que
votaron más de una vez; y una categoría de diversas irregularidades.
Aunque Hamuy no pudo cuantificar la magnitud exacta del fraude, estimó
que, a partir del 39,7% de las mesas donde se cometieron
irregularidades, era legítimo suponer que sin fraudes electorales el
resultado del plebiscito habría sido contrario al gobierno en el Gran
Santiago, concluyendo que estaba “probabilísticamente justificado dudar
de la legitimidad Constitución de 1980 e incluso negarla”54.

En un penetrante estudio sobre la génesis, contenidos y efectos de
esta Carta constitucional, el cientista político norteamericano Robert
Barros emite un certero juicio que nos permite concluir este punto:

“Tanto en sus orígenes como en su forma de ratificación, la
Constitución de 1980 aparece nada más que como una imposición a la
fuerza, un acto coercitivo, que, de acuerdo a los principios del
derecho público, era jurídicamente nulo y vacío. Desde esta
perspectiva, su validez no era diferente que la de cualquier otro
decreto ley; la Constitución era de facto; y su eficacia práctica, una
función exclusiva de las relaciones de fuerza que la sostenían. Al
momento de su promulgación, aparecía como un mero mecanismo de
prolongación del régimen militar –y, dada la propensión del régimen a
organizar plebiscitos bajo sus propios términos, esta carta fundamental
parecía presagiar dieciséis años más de régimen militar. El texto
permanente, por ende, era meramente nominal, dado que era ineficaz;
mientras que las disposiciones transitorias, la constitución efectiva,
hacían que la Constitución en sí misma fuera semántica porque solo
codificaba el monopolio del poder existente”55.

CONCLUSIÓN

Este rápido recorrido histórico prueba que nunca se ha desarrollado
en Chile un proceso constituyente democrático. Todos los textos
constitucionales han sido elaborados y aprobados por pequeñas minorías,
en contextos de ciudadanía restringida (como ocurrió con algunas
variantes en el siglo XIX) o como resultado de imposiciones de la
fuerza armada (como sucedió durante ese mismo siglo e invariablemente
en el siglo XX). Las tres cartas principales (1833, 1925 y 1980)
tuvieron como parteras a las Fuerzas Armadas que, actuando como
“garantes” del Estado y del orden social, pusieron sus fusiles y
cañones para inclinar la balanza a favor de determinadas soluciones
constitucionales propiciadas por facciones social y políticamente
minoritarias. Los momentos de refundación del Estado y de la sociedad
política en Chile han tenido siempre ese mismo rasgo. Incluso ciertas
coyunturas históricas en las que no se desarrolló un proceso
constituyente sino una mera reinterpretación constitucional –como la
lectura parlamentarista de la Constitución presidencialista de 1833 a
partir de 1891- también fueron el fruto de la “crítica de las armas”.
Las evidencias históricas demuestran que las Constituciones chilenas
han surgido de la imposición militar y de maniobras, generalmente
combinadas con el uso de la fuerza armada, de los grupos hegemónicos de
las clases dominantes y de la clase política (civil y militar).
Exceptuando algunas tentativas abortadas, como la “Constituyente chica”
de 1925, la ciudadanía ha sido casi siempre un espectador o un actor
secundario que, a lo sumo, ha sido convocado a última hora por los
grupos en el poder para respaldar o plebiscitar proyectos
constitucionales preparados sigilosamente, pero nunca para participar
activamente en su generación.

No obstante, en los últimos años se han manifestado síntomas de un
progresivo malestar popular que se relaciona, en una de sus expresiones
más propositivas, con la idea de generar democráticamente una nueva
carta constitucional. Las reformas constitucionales acordadas hacia
fines del gobierno de Ricardo Lagos entre las cúpulas partidarias, sin
participación de la ciudadanía, dejaron intactas las bases
fundamentales de la Constitución de 198056. El descontento ha ido in
crescendo. Personas de variada condición comenzaron a organizarse y
movilizarse para proponer un proceso constituyente verdaderamente
democrático. El 21 de julio de 2007 se presentó públicamente en
Santiago el movimiento “Ciudadanos por una Asamblea Constituyente”,
encabezado por el abogado de Derechos Humanos Roberto Garretón y el
sociólogo Gustavo Ruz. En su Comité de Iniciativa, figuran
personalidades como ex juez Juan Guzmán Tapia, el ex canciller Enrique
Silva Cimma y el ex ministro Jacques Chonchol. Su convocatoria ha ido
creciendo sistemáticamente: numerosas organizaciones sociales, grupos
de izquierda extra parlamentaria, personalidades de distintos ámbitos y
un núcleo no despreciable de parlamentarios de la Concertación de
Partidos por la Democracia (o disidentes de dicha coalición), que han
apoyado la idea de una Asamblea Constituyente. En varias ciudades se
han organizado conferencias, debates y otras iniciativas destinadas a
expandir el movimiento57. Si se lograra concretar la aspiración a la
convocatoria de una Asamblea Constituyente como resultado de un amplio
e informado debate democrático ciudadano, significaría que por primera
vez en Chile se empezaría a hacer y escribir otra historia, una
historia de ciudadanía activa y efectiva.

Sergio Grez Toso

Historiador

NOTAS:

* Artículo basado en la intervención del autor en el panel
“Importancia e implicancias de una Asamblea Constituyente en Chile”,
realizado el en el marco del Seminario “Asamblea Constituyente. Un
proceso posible en Chile”, Santiago, Universidad Central, 28 de mayo de
2009. Publicado en la revista Tiempo histórico, Nº1, Universidad
Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, junio de 2009.

1 Un desarrollo de estos temas en Sergio Grez Toso, De la
“regeneración del pueblo” a la huelga general. Génesis y evolución
histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890) Santiago, RIL
Editores, 2007, 2ª ed., págs. 233-248.

2 Jaime Eyzaguirre, Historia de las instituciones políticas y sociales
de Chile, Santiago, Editorial Universitaria, 1992, pág. 63.

3 Op. cit., pág. 64.

4 Los textos de los Reglamentos Constitucionales de 1811, 1812 y 1814
están disponibles en Internet en la página web de la Biblioteca del
Congreso Nacional: http://www.bcn.cl/ecivica/histcons

5 Op. cit., págs. 71 y 72.

6 Op. cit., pág. 72.

7 Op. cit., pág. 73.

8 Gabriel Salazar, Construcción de Estado en Chile (1760-1860).
Democracia de los “pueblos”. Militarismo ciudadano. Golpismo
oligárquico, Santiago, Editorial Sudamericana, 2005, págs. 192 y 193.

9 Op. cit., pág. 193. Cursivas en el original.

10  Op. cit., págs. 209-222.

11 Véase: http://www.bcn.cl/ecivica/histcons;
http://www.educarchile.cl/integracion/nuestrosmomentos/NuestrosMomentos_Hitos.asp?periodo=41752&ano=1826

12 Op. cit., págs. 322-327.

13 Eyzaguirre, op. cit., pág. 77.

14 Esta última fórmula fue acuñada por el historiador conservador
Alberto Edwards en La fronda aristocrática en Chile, Santiago, Imprenta
Nacional, 1928.

15 Eyzaguirre, op. cit., págs. 97-100; Fernando Campos Harriet,
Historia Constitucional de Chile, Santiago, Editorial Jurídica de
Chile, págs. 356-358.

16 Salazar, op. cit., pág. 378.

17 Constitución de la República de Chile jurada y promulgada el 25 de
mayo de 1833, Santiago, Imprenta de la Opinión, 1833. Posteriormente,
mediante una ley complementaria se estableció que para gozar de derecho
a voto, los ciudadanos debían poseer “una propiedad inmueble de diez
mil pesos, o un capital en giro de dos mil”, prohibiendo expresamente
que fueran calificados como electores los soldados, cabos y sargentos
del ejército permanente y los jornaleros y peones gañanes. Rafael
Sotomayor Valdés, Historia de Chile bajo el gobierno del general D.
Joaquín Prieto, Santiago, Imprenta y Litografía Esmeralda, 1900, 2ª
ed., vol. I, págs. 270 y 271.

18 Campos Harriet, op. cit., págs. 363 y 364. Entre los análisis
críticos de la Constitución de 1833 conviene destacar: Julio César
Jobet, Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile,
Santiago, Editorial Universitaria, 1955, págs. 33-35; Sergio Villalobos
R., Portales, una falsificación histórica, Santiago, Editorial
Universitaria, 1982, págs. 107-112.

19 Hacia fines de 1858 los liberales intentaron crear opinión pública a
favor de la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Para ello
fundaron clubs políticos y periódicos en Santiago, Valparaíso, San
Felipe, Talca, Concepción, Los Ángeles, La Serena, Caldera y Copiapó.
Pero sus esfuerzos fueron anulados por las medidas autoritarias
adoptadas por el gobierno de Manuel Montt, que decretó el estado de
sitio el 12 de diciembre, cerró los centros opositores y encarceló a
las principales figuras del liberalismo. El Club de la Unión de
Santiago y el periódico La Asamblea Constituyente fueron los
principales blancos de la represión gubernamental. Benjamín Vicuña
Mackenna, Isidoro Errázuriz, Ángel Custodio Gallo y los hermanos Manuel
Antonio y Guillermo Matta, entre otros, fueron encarcelados y sometidos
a proceso por sedición. Poco después los opositores se alzaron en
armas, pero al cabo de unos meses de combates su “Revolución
Constituyente” fue aplastada por el gobierno. Pedro Pablo Figueroa, La
Revolución Constituyente (1858-1859), Santiago, Imprenta Victoria,
1889; Luis Vitale, Interpretación marxista de la historia de Chile,
Santiago, Prensa Latinoamericana, 1973, 2ª ed., tomo III, págs.
249-287; Grez, op. cit., págs. 401-438.

20 Sobre el proyecto populista alessandrista, véase, Julio Pinto y
Verónica Valdivia, ¿Revolución proletaria o querida chusma? Socialismo
y Alessandrismo en la pugna por la politización pampina (1911-1932),
Santiago, Lom Ediciones, 2001; Sergio Grez Toso, “El escarpado camino
hacia la legislación social: debates, contradicciones y encrucijadas en
el movimiento obrero y popular (Chile: 1901-1924)”, en Cuadernos de
Historia, Santiago, diciembre de 2001, págs. 160-178 y “¿Autonomía o
escudo protector? El movimiento obrero y popular y los mecanismos de
conciliación y arbitraje (Chile, 1900-1924)”, en Historia, vol. 35,
Santiago 2002, págs. 138-149.

“La formación del Comité Obrero Nacional”, Justicia, Santiago, 27 de enero de 1925.

21 Salvador Barra Woll, “Nuestros puntos de vista. La Constituyente y sus bases”, Justicia, Santiago, 29 de enero de 1925.

22 “Asamblea Constituyente de Obreros e Intelectuales”, Justicia, Santiago, 8 de marzo de 1925.

23 “El nuevo gobierno del país. Las bases del próximo Congreso
Constituyente de Asalariados e Intelectuales”,  Justicia, Santiago, 1
de febrero de 1925.

24 Ibid. La pretensión del Partido Comunista de asegurar una cuota de
cuatro representantes de sus filas en la “Constituyente chica”, fue
rechazada por la mayoría de los integrantes del Comité Obrero Nacional
que adujeron que dicho partido ya estaba representado a través de los
delegados de la Federación Obrera de Chile. Esta decisión motivó el
retiro del representante comunista del Comité Obrero Nacional y la
acusación en contra de ese organismo de dar espacio a “elementos de
partidos burgueses”. “Las actividades obreras alrededor del movimiento
militar”, Justicia, Santiago, 5 de febrero de 1925; “Actividades del
Comité Ejecutivo Nacional”, Justicia, Santiago, 9 de febrero de 1925.

25 “La delegación del Comité Obrero Nacional”, Justicia, Santiago,
16 de febrero de 1925; “Lota. Ecos de la jira hecha por el Comité
Nacional Obrero”, Justicia, Santiago, 21 de febrero de 1925. En algunas
provincias como, por ejemplo, en Llanquihue, se efectuaron convenciones
regionales pro Asamblea Constituyente. “La Gran asamblea de anoche de
obreros e intelectuales. Se forma el Comité Obrero Rejional”, La
Jornada Comunista, Valdivia, 13 de febrero de 1925; “La Convención
regional de Llanquihue pro-Asamblea Constituyente”, La Jornada
Comunista, Valdivia, 19 de febrero de 1925.

26 Rossel había sido nombrado por la Junta de Gobierno militar como
miembro oficial de la comisión de festejos en honor al Presidente
Alessandri con motivo de su retorno al país. “Asamblea Constituyente de
obreros e intelectuales”, Justicia, Santiago, 10 de marzo de 1925.

27 Ibid.; “Asamblea Constituyente de obreros e intelectuales”,
Justicia, Santiago, 12 de marzo de 1925; “El grandioso triunfo del
Comunismo en la Asamblea Obrera e Intelectual” y “El Congreso
Constituyente de Obreros e Intelectuales pone fin a sus labores el
Miércoles en la noche”, Justicia, 13 de marzo de 1925; Carlos Contreras
Labarca, “Una polémica que debe terminar”, Justicia, Santiago, 17 de
marzo de 1925; “La opinión de ‘El Mercurio’ sobre la actuación que cupo
a los trabajadores”, Justicia, Santiago, 18 de marzo de 1925. “¡Alerta
comunista!”, Justicia, Santiago, 28 de marzo de 1925.

29 “Principios constitucionales de la República de Chile. Aprobados
por la Asamblea de obreros e Intelectuales”, Justicia, Santiago, 14 de
marzo de 1925; “Principios porque debe luchar el proletariado en las
elecciones para la Constituyente. Aprobados en el Congreso de
Asalariados e Intelectuales celebrado en Santiago el 8 de marzo de
1925”, La Jornada Comunista, Valdivia, 4 de junio de 1925.

30 Manuel A. Silva R., “El Congreso de asalariados y los debates
doctrinarios. La Cámara gremial a base gremial”, Justicia, Santiago, 22
de marzo de 1925.

31 Gabriel Salazar V., “Movimiento social y construcción de Estado: la
Asamblea Constituyente popular de 1925”, Documentos de Trabajo, Nº133,
Centro de Estudios Sociales y Educación SUR, Santiago, noviembre de
1992, pág. 15.

32 Arturo Alessandri Palma, Recuerdos de gobierno, Santiago, Editorial
Nascimento, 1967, tomo II, págs. 167-163; Gonzalo Vial, Historia de
Chile (1891-1973), Santiago, Empresa Editora Zig-Zag S.A., 2001, vol.
III, págs. 536 y 537. Es importante destacar que casi todos los
dirigentes sociales militaban en algún partido político: Carlos
Contreras Labarca, Víctor L. Cruz y Manuel Hidalgo eran destacados
líderes del Partido Comunista; Fernando García Oldini y Onofre Avendaño
eran dirigentes del Partido Democrático.

33 Alessandri, op. cit., pág. 173.

34 Vial, op. cit., vol. III, pág, 537.

35 El Presidente Alessandri y su gobierno,  Santiago, Imprenta Guttenberg, 1926, pág. 351.

36 “Sobre la Constituyente”,  Justicia, Santiago, 30 de marzo de 1925.

37 Alessandri, op. cit., tomo II, pág. 173. Sobre las razones que
motivaron el cambio de posición de Alessandri respecto de la forma cómo
debía gestarse la nueva Constitución, véase también, Vial, op. cit.,
vol. III, págs. 532-536.

38 Alessandri, op. cit., tomo II, págs. 177 y 178. En realidad, el
único miembro de la “Constituyente chica” que participó en la única
comisión gubernamental que funcionó, fue el comunista Manuel Hidalgo.
Ignoramos si el demócrata Nolasco Cárdenas, que también fue invitado a
formar parte de ella, había participado en la Asamblea de Asalariados e
Intelectuales.

39 Salazar, “Movimiento social…”, op. cit., pág. 15. Sobre la “Cámara
funcional” como alternativa a las “Cámaras políticas”, véase Manuel A.
Silva R., “El Congreso de los Asalariados y los debates doctrinarios.
La Cámara funcional a base gremial”, Justicia, Santiago, 22 de marzo de
1925.

40 Alessandri, op. cit., tomo II, pág. 229.

41 Op. cit., tomo II, págs. 189-242.

42 Vial, op. cit., vol. III, págs. 539-546; Alessandri, op. cit., tomo II, págs. 228 y 229.

43 Vial, op. cit., tomo III, pág. 546. Las cursivas corresponden a destacados o cursivas en el original.

44 Alessandri, op. cit., tomo II, págs. 235 y 236.

45 Vial, op. cit., tomo III, pág. 548.

46 El texto íntegro de la Constitución de 1925, con indicación de las
reformas que sufrió posteriormente se encuentra en:
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=131386

47 Al cabo de algunos años, los únicos elementos que no eran totalmente
dóciles al gobierno dejaron de integrar esta comisión: Alejandro Silva
Bascuñán y Enrique Evans abandonaron la comisión, molestos por la
lentitud de su trabajo y por su oposición al decreto ley de disolución
de los partidos políticos; más tarde, Jorge Ovalle fue separado del
grupo al ser objetado por Pinochet por su cercanía con el general
Leigh, y en 1979 falleció el ex rector de la Universidad de Chile
Juvenal Hernández. Ascanio Cavallo, Manuel Salazar y Óscar Sepúlveda,
La historia oculta del régimen militar. Memoria de una época 1973-1988,
Santiago, Editorial Randomhouse-Mondadori, Mitos Bolsillo, 2004, 2ª
ed., págs. 425- 427.

48 Op. cit., págs. 426-441. Poco tiempo después, Jorge Alessandri,
profundamente irritado porque sus propuestas de relativa liberalización
del régimen no fueron tomadas en cuenta, renunció a su cargo de
Presidente del Consejo de Estado, pero no manifestó públicamente su
malestar y no se atrevió a “cruzar el Rubicón” que lo hubiera llevado a
formar parte de la oposición moderada, como se lo sugerían algunos
dirigentes democratacristianos. Cavallo, Salazar y Sepúlveda, op. cit.,
págs. 442, 443, 447 y 448.

49 Op. cit., págs. 440 y 441.

50 Robert Barros, La junta militar, Pinochet y la Constitución de 1980, Santiago, Editorial Sudamericana, 2005, págs. 411 y 412.

51 Cavallo, Salazar y Sepúlveda, op. cit., págs. 444- 456.

52 Op. cit., pág. 455.

53 Op. cit., págs. 456, 457 y 852.

54 Citado en Barros, op. cit., pág. 255. Las cursivas son nuestras.

55 Ramos, op. cit., pág. 212.

56 El “texto refundido, coordinado y sistematizado” de la Constitución
de 1980, que lleva la firma de Ricardo Lagos y sus ministros con fecha
17 de septiembre de 2005, se encuentra disponible en:
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302

57 Informaciones sobre este movimiento en: http://chilenosconstituyente.blogspot.com

Disculpen la molestia: armados contra los pobres

Dos interesantes reflexiones sobre armamentismo, justicia y paz

Escrito por Eduardo Galeano    17/07/09

Si la
justicia internacional de veras existe, ¿por qué nunca juzga a los
poderosos? No van presos los autores de las más feroces carnicerías.
¿Será porque son ellos quienes tienen las llaves de las cárceles?

¿Por qué
son intocables las cinco potencias que tienen derecho de veto en
Naciones Unidas? ¿Ese derecho tiene origen divino? ¿Velan por la paz
los que hacen el negocio de la guerra? ¿Es justo que la paz mundial
esté a cargo de las cinco potencias que son las principales productoras
de armas? Sin despreciar a los narcotraficantes, ¿no es éste también un
caso de “crimen organizado”?

Pero no
demandan castigo contra los amos del mundo los clamores de quienes
exigen, en todas partes, la pena de muerte. Faltaba más. Los clamores
claman contra los asesinos que usan navajas, no contra los que usan
misiles.

Y uno se
pregunta: ya que esos justicieros están tan locos de ganas de matar,
¿por qué no exigen la pena de muerte contra la injusticia social? ¿Es
justo un mundo que cada minuto destina 3 millones de dólares a los
gastos militares, mientras cada minuto mueren 15 niños por hambre o Los
humanos somos los únicos animales especializados en el exterminio
mutuo, y hemos desarrollado una tecnología de la destrucción que está
aniquilando, de paso, al planeta y a todos sus habitantes. enfermedad
curable? ¿Contra quién se arma, hasta los dientes, la llamada comunidad
internacional? ¿Contra la pobreza o contra los pobres?

¿Por qué
los fervorosos de la pena capital no exigen la pena de muerte contra
los valores de la sociedad de consumo, que cotidianamente atentan
contra la seguridad pública? ¿O acaso no invita al crimen el bombardeo
de la publicidad que aturde a millones y millones de jóvenes
desempleados, o mal pagados, repitiéndoles noche y día que ser es
tener, tener un automóvil, tener zapatos de marca, tener, tener, y
quien no tiene, no es?

¿Y por
qué no se implanta la pena de muerte contra la muerte? El mundo está
organizado al servicio de la muerte. ¿O no fabrica muerte la industria
militar, que devora la mayor parte de nuestros recursos y buena parte
de nuestras energías? Los amos del mundo sólo condenan la violencia
cuando la ejercen otros. Y este monopolio de la violencia se traduce en
un hecho inexplicable para los extraterrestres, y también insoportable
para los terrestres que todavía queremos, contra toda evidencia,
sobrevivir: los humanos somos los únicos animales especializados en el
exterminio mutuo, y hemos desarrollado una tecnología de la destrucción
que está aniquilando, de paso, al planeta y a todos sus habitantes.

Esa
tecnología se alimenta del miedo. Es el miedo quien fabrica los
enemigos que justifican el derroche militar y policial. Y en tren de
implantar la pena de muerte, ¿qué tal si condenamos a muerte al miedo?
¿No sería sano acabar con esta dictadura universal de los asustadores
profesionales? Los sembradores de pánicos nos condenan a la soledad,
nos prohíben la solidaridad: sálvese quien pueda, aplastaos los unos a
los otros, el prójimo es siempre un peligro que acecha, ojo, mucho
cuidado, éste te robará, aquél te violará, ese cochecito de bebé
esconde una bomba musulmana y si esa mujer te mira, esa vecina de
aspecto inocente, es seguro que te contagia la peste porcina. Δ

Eduardo Galeano. Escritor y periodista. Centro de Colaboraciones Solidarias.

2. El próspero negocio de matar

Por: Juan José Hoyos

 

Entre el 2001 y el 2007,
nuestro país gastó el 4,7% del PIB en armamento y seguridad, según un
estudio de la Contraloría General, publicado en la revista Economía
Colombiana. Eso ubica a Colombia por encima de la media del continente
americano y también por encima de lo que han gastado otros 27 países en
los que hay conflictos militares parecidos al nuestro. www.elcolombiano.com  Publicado el 19 de julio de 2009

 

En medio
de una de las peores crisis de la economía mundial, es una de las pocas
industrias que no ha registrado pérdidas. Sus ventas han aumentado casi
el 50% en los últimos diez años. Según el informe anual difundido por
el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo
(Sipri), en 2008 llegaron a 1.464 billones de dólares, un monto nunca
antes visto. Es la industria del armamento. La Organización de Naciones
Unidas dice que, en términos reales, se trata de la cifra más alta
desde la Guerra Fría, y multiplica por 15 los gastos actuales en
asistencia humanitaria y en promoción del desarrollo en los países del
Tercer Mundo. La cifra equivale al 2,4% del Producto Interno Bruto
(PIB) mundial y a 217 dólares por cada habitante del planeta. Esto
quiere decir que el gasto en armas supera en 190 veces los fondos que
se destinaron este año para la lucha contra el hambre.

"La
crisis financiera global todavía no ha repercutido en los ingresos y
beneficios de las grandes empresas fabricantes de armamento" dice el
Sipri, luego de explicar que la industria armamentística, al contrario
de la del automóvil, depende del gasto de los gobiernos más que de los
consumidores. Por eso las fábricas de aviones de combate son hoy más
rentables que las de carros y aviones para el transporte de pasajeros.

Una
paradoja triste: los cinco miembros permanentes de la ONU (Francia,
Rusia, China, Estados Unidos y Reino Unido) son los dueños del 88% de
las exportaciones mundiales de armas convencionales. Con ellas mueren
cada año más de 500 mil personas.

Esto
demuestra que las guerras no solo cuestan muchas vidas humanas sino
mucho dinero. El país que más gastó en armamentos fue Estados Unidos.
Las ofensivas militares de sus tropas en Irak y Afganistán, ordenadas
por el presidente George W. Bush, generaron un gasto suplementario de
903 mil millones de dólares solo para Estados Unidos entre 1999 y 2008.
Por eso sus gastos militares representan casi el 42% del total del
mundo y son superiores a los de los 14 siguientes países de la lista de
la ONU, sumados uno con otro. Este es el presupuesto militar más alto
gastado por un solo presidente de E. U. desde la Segunda Guerra Mundial.

Israel
es el único país que lo aventaja en el promedio de gastos militares en
relación con el número de habitantes. Israel gasta en defensa 2.300
dólares por persona, 300 más que el gobierno norteamericano. Los
gobiernos de los países pequeños y ricos del Golfo Pérsico también han
incrementado sus gastos en proporciones desmesuradas. Arabia Saudita,
por ejemplo, ocupa el noveno lugar en gastos militares brutos y es el
sexto en los gastos de acuerdo con el número de sus habitantes.

China y
Rusia, por su parte, triplicaron sus gastos en armamento en los últimos
diez años. En 2008, China se convirtió por primera vez en el segundo
comprador de armamento del mundo. Sus compras alcanzaron la suma de 84
mil 900 millones de dólares, lo que representa un 6% de los gastos
militares en el mundo, por encima de Francia y Gran Bretaña.

Mientras
tanto, el gasto militar combinado de los doce países de América del Sur
creció en un 50% en la última década y alcanzó un récord de 50 mil
millones de dólares. En esta región, Colombia solo fue superada por
Estados Unidos y por Chile. Entre el 2001 y el 2007, nuestro país gastó
el 4,7% del PIB en armamento y seguridad, según un estudio de la
Contraloría General, publicado en la revista Economía Colombiana . Eso
ubica a Colombia por encima de la media del continente americano y
también por encima de lo que han gastado otros 27 países en los que hay
conflictos militares parecidos al nuestro.

Dicen que las cifras no mienten. Pero que asustan? ¡asustan!

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Asamblea Nacional por los Derechos Humanos

Carabineros de Chile 33 Of.3 Sede Agrupación Familiares Ejecutados Políticos (AFEP)

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Chile: El posible indulto a ex represores por parte de Michelle Bachelet genera polémicas

La posibilidad de incluir a ex represores en un futuro indulto presidencial a quienes cumplan condenas en prisión, como sugirió ayer la mandataria chilena Michelle Bachelet, despertó un fuerte rechazo en el oficialismo y entre los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

"No me cierro a mirar todas las propuestas que lleguen y mirar cuál es el grado de acuerdo que podemos tener en la sociedad chilena" , dijo Bachelet a una radioemisora local, consultada por la posibilidad de ampliar el beneficio a los uniformados que cumplen condenas por crímenes de lesa humanidad.

La Iglesia Católica propuso a comienzos de semana la posibilidad de otorgar un indulto a quienes permanecen privados de libertad y cumplan 70 años de edad, sufran una enfermedad terminal o cumplan penas menores, con motivo del Bicentenario de la Independencia del país, lo que abrió un inesperado debate nacional.

La jefa de Estado consideró "interesante" la petición de indulto planteada al gobierno por la Conferencia Episcopal, pero precisó que deben evaluarse las circunstancias "en que se podrá llegar a un indulto humanitario".

Sin embargo luego de las múltiples interpretaciones que despertaron sus palabras, Bachelet volvió a referirse al tema en una actividad pública precisando los alcances de un eventual indulto.

"He dicho que aquí hay propuestas diversas: una de la Iglesia Católica, otra de partidos políticos, y por tanto lo que va a hacer el gobierno es estudiar esas propuestas y definir primero si esto deberá definirse caso a caso, y segundo, en qué caso nunca un indulto presidencial podría hacerse", afirmó.

Se estima que medio millar de miembros del Ejército chileno y de otras ramas de las Fuerzas Armadas se encuentran en prisión o a la espera de una condena por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973- 1990).

En nombre de los familiares de las víctimas de la represión, la dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, llamó al Ejecutivo a tener cautela al otorgar este tipo de beneficio.

"El gobierno debe ser extremadamente cuidadoso y consecuente al entregar un indulto de estas características, pues los represores, los torturadores y asesinos no pueden quedar nunca libres, independiente de la edad que tengan", dijo García.

"El ejemplo internacional es claro, aquellos que han cometido crímenes contra la Humanidad no quedan absueltos por la edad que tengan. Los nazis son detenidos mucho más allá de los 70 años y son llevados a cárceles normales para cumplir las condenas por haber cometido delitos de esta índole", explicó.

Según cifras oficiales, unos 3.200 disidentes políticos fueron asesinados durante el régimen militar, 1.012 de los cuales se mantienen aún como detenidos desaparecidos.

Las agrupaciones humanitarias se encuentran distanciadas del gobierno de la coalición de centro-izquierda porque exigen la anulación de la polémica Ley de Amnistía que, dictada por los militares en 1978, dejó sin culpables los crímenes cometidos por los uniformados entre 1973 y 1978, aunque la mayoría de los jueces chilenos amparados en la legislación internacional obvian la normativa.

Dentro del propio gabinete de la presidenta Bachelet la eventual propuesta de indultos encuentra reticencias.

El ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, se negó de plano a la posibilidad de otorgar la libertad a violadores de derechos humanos, pero apoyó las palabras de Bachelet en el sentido de revisar caso a caso.

"No puede haber una vista gorda con violaciones masivas de los derechos humanos y, por lo tanto, el que fue castigado fue castigado y el indulto en esas circunstancias no va", dijo Bitar.

En tanto, desde el propio partido de la mandataria, el jefe de la bancada de senadores socialistas, Jaime Naranjo, dijo que para el conglomerado oficialista la propuesta es inviable.

"Los diversos pactos, convenios y declaraciones sobre Derechos Humanos que nuestro país ha suscrito, señalan que los crímenes de lesa humanidad son inamnistiables. Es por esto que los criminales nazis aún hasta hoy son perseguidos", dijo Naranjo.

"Los socialistas, si bien respaldamos la propuesta de la iglesia Católica de impulsar un indulto limitado para el Bicentenario, nunca apoyaremos un proyecto que incorpore a esta iniciativa a los violadores a los Derechos Humanos", agregó.

Para el parlamentario el rechazo a la iniciativa "No sólo es porque implicaría desconocer un aspecto fundamental de la doctrina internacional de los Derechos Humanos, sino también porque sería una ofensa para las víctimas y sus familiares".

Se estima que dentro de los próximos meses el gobierno chileno entregará al parlamento una propuesta concreta de indulto en el marco de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia, que se celebra el próximo año.

Diputados chilenos disparan contra Venezuela desde una Cámara cuestionada por la ciudadanía

Cuarenta diputados chilenos expresaron "preocupación por el grave deterioro de la democracia y los derechos humanos en Venezuela", pero estos legisladores nunca manifiestan inquietud ante la constante violación en Chile de los derechos humanos del pueblo mapuche, o la creciente violencia policial contra manifestantes populares o las perpetuas agresiones de Carabineros a periodistas cuando cubren protestas de diferentes sectores del pueblo.

Las encuestas reflejan un creciente rechazo de la ciudadanía ante las conductas de los parlamentarios y, en particular, la ostentosa corrupción de ciertos legisladores. El Congreso es el poder del Estado peor evaluado por la opinión pública de Chile.

Apenas el viernes Carabineros desalojó con violencia a cientos de deudores hipotecarios que permanecían en un campamento en el río Mapocho desde hacía 44 días para llamar la atención a su lucha por el saneamiento financiero de sus viviendas, cuya deuda hipotecaria aumenta una y otra vez, obligados por los bancos a pagar hasta dos veces el valor arbitrario asignado a su cada, mientras su vecino, por la misma vivienda, a veces pagó la mitad. El gobierno se lava las manos, argumenta que “es un conflicto entre privados”, pero reprime con brutalidad. 93 personas detenidas y maltratadas en el Mapocho fueron sometidas a juicio por “desórdenes públicos”, entre ellas dos estudiantes de periodismo que realizaban un trabajo académico ordenado por sus profesores de la universidad, quienes debieron permanecer en una comisaría por más de 24 horas con su ropa mojada bajo un intenso frío.

Con hipocresía y carencia de ética, el gobierno justifico la brutal acción contra los derechos humanos alegando razones “humanitarias”, para salvar la vida de los manifestantes ante un eventual desborde del río por las lluvias. Las imágenes de violencia policial en este desalojo han dado la vuelta al mundo, pero los medios ocultaron que en el campamento a orillas del río había una decena de personas en huelga de hambre desde 12 días atrás. (1) El gobierno ha satisfecho las peticiones de diversos sectores acomodados de la sociedad, por ejemplo le dio 400 millones de dólares a los dueños de la industria salmonera, hoy en crisis terminal, y subsidió el precio del diesel en beneficio de los camioneros. Pero se niega a acoger las demandas de los deudores habitacionales.

No se ve la viga en el ojo propio…

Los legisladores nunca condenan las violaciones a los derechos humanos cometidas aquí mismo por la Policía de Investigaciones acusada de proteger la prostitución de menores y narco tráfico. Y es que los diputados no tienen su vista puesta en Chile, sino en Venezuela. Por iniciativa de 10 legisladores de la extrema derecha y de la neo derecha en que se ha transformado la Concertación gobernante, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el 16 de junio, por 40 votos, 6 en contra y 1 abstención un Proyecto de Acuerdo que llama a la Organización de Estados Americanos, OEA, "a adoptar medidas conducentes a restablecer los derechos hoy conculcados en Venezuela". También pidieron al gobierno de Michelle Bachelet "que represente a su similar venezolano la preocupación de la Cámara por el deterioro de los derechos humanos y la democracia en ese país". Obviamente, los medios de derecha venezolanos e internacionales hicieron resonar este acuerdo como si reflejara la postura del país entero.

Los autores del "acuerdo 792" fueron los diputados Felipe Harboe (Partido por la Democracia, PPD), Patricio Walker (Partido Demócrata Cristiano, PDC), Osvaldo Palma (Renovación Nacional, RN), Sergio Ojeda (PDC), Patricio Vallespín (PDC), Samuel Venegas (Partido Radical Social Demócrata, PRSD), Mario Bertolino (RN), Claudio Alvarado (Unión Demócrata Independiente, UDI), Gabriel Silber (PDC) y Jorge Insunza (PPD). Ninguno de estos legisladores se ha pronunciado jamás sobre la violación de derechos humanos que Estados Unidos realiza en Guatánamo, ni las cárceles secretas flotantes y en tierra firme europea del país del norte, así como ignoraron los horrorosos maltratos a los prisioneros en la famosa cárcel de Abu Gharib, Iraq.

Defensa de empresas chilenas

Los mismos diputados aprobaron el 4 de junio el "Acuerdo 780", por 52 votos, demandando que la Presidenta Michelle Bachelet realice gestiones de cobranza en favor de los capitalistas chilenos que tienen intereses en Venezuela porque existe atraso en la repatriación de sus ganancias por una momentánea escasez de dólares en el mercado cambiario. Estos 52 diputados abogan por "las empresas chilenas a quienes el estado de Venezuela les mantiene retenidos los retornos por las inversiones realizadas en dicho país". Afirman que los grupos económicos chilenos tienen inversiones por 570 millones de dólares, que representan el 1,3 % de todas las inversiones del capitalismo chileno en el mundo, que incluyen también los fondos privados de pensiones de los trabajadores (quienes no comparten las ganancias sino sólo las pérdidas).

Los diputados se quejan de que el gobierno de Venezuela aplica "una restrictiva política cambiaria para controlar el mercado de las divisas extranjeras, reteniendo la repatriación de unos 15 mil millones de dólares de empresas extranjeras", o sea que también abogan por todas las corporaciones del mundo, según el informe oficial de la Cámara. Existirían 52 empresas chilenas que reclaman 80 millones de dólares, curiosamente una compañía por cada diputado que votó.

Este proyecto de acuerdo fue introducido por Felipe Harboe (PPD), Marco Antonio Núñez (PPD), Patricio Vallespín (PDC), Juan Lobos (UDI), Gabriel Ascensio (PDC), Adriana Muñoz (PPD), Antonio Leal (PPD), Enrique Jaramillo (PPD), Gonzalo Duarte (PDC) y Cristian Monckeberg (RN). No sería extraño que estos mismos legisladores estén pergeñando futuros "acuerdos" contra los gobiernos de Irán, por los recientes resultados electorales; Corea del Norte, por sus pruebas de cohetería; Nicaragua, Bolivia, Ecuador y otros países con gobiernos progresistas, por cualquier otro pretexto "democrático" y en defensa de la economía de libre mercado, o sea, el neoliberalismo.

La cobranza es por Vencerámica

La inquietud parlamentaria debería llamarse "Vencerámica". Entre las empresas que reclaman dólares para repatriar sus ganancias en Venezuela se encuentra esta empresa del holding chileno Cisa, ligado al grupo Briones (Cementos Bio Bio), fundado por Hernán Briones G., mega empresario fallecido en 2005, ex presidente de la Fundación Pinochet.

La escasez momentánea de divisas afecta a muchas empresas extranjeras que operan en Venezuela, pero el Estado está cumpliendo sus obligaciones, como ocurre con las líneas aéreas que venden allí sus servicios. Pero la empresa chilena Vencerámica tiene otro tipo de problemas con las autoridades, y es porque no ha cumplido las normas de seguridad e higiene industrial, al tener en su planta 6.000 metros cuadrados de techo de asbesto, material cancerígeno prohibido mundialmente por normas sanitarias promovidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y organismos mundiales de salud.

Hace un año que los trabajadores solicitaron a los empresarios chilenos de Vencerámica, en Maracay, que sustituyeran ese techo porque afecta su salud. Como no lo hicieron, acudieron a la autoridad, en este caso al Instituto de Seguridad e Higiene Industrial, que emitió un informe con 13 observaciones sobre insalubridad, violación a las normas de higiene industrial y malas condiciones de trabajo. Así comenzó entonces un proceso de paralización de la empresa, no porque el gobierno la fuera a intervenir, sino porque la autoridad suspendió las labores hasta tanto los empresarios no cumplan con el instructivo de 13 puntos exigidos por la autoridad, para reiniciar faenas e impedir que los trabajadores hagan sus tareas en condiciones insalubres. Hasta ahora, hay conversaciones para resolver el problema.

Pero la gran prensa chilena, como La Tercera y El Mercurio, aseguran que el gobierno de Hugo Chávez “hostiliza” a empresas como Vencerámica, y apelan al chauvinismo típico de muchos chilenos, cuando en realidad sólo les exige que cumplan con las disposiciones de seguridad industrial e higiene que toda empresa debe cumplir en cualquier parte del mundo. Resulta relevante que los parlamentarios no se informen sobre la situación de las empresas antes de adoptar decisiones y pedir votos de condena. Quizás sea una muestra más de su ignorancia, desidia y falta de responsabilidad ante la ciudadanía. Al fin de cuentas, sólo tienen el propósito de crear una matriz de opinión falsa.

Harboe, diputado designado a dedo

Entre los promotores de ambos acuerdos aparece en lugar destacado Felipe Harboe, un diputado a quien nadie eligió, que se convirtió en legislador apenas el 12 de marzo de 2009 porque el ordenamiento jurídico de la sui generis democracia chilena permite que si abandona el Congreso un diputado o senador surgido de una elección, por defunción, por desafuero, renuncia o por tareas de gobierno, su reemplazo se designe “a dedo” por el partido al que pertenece. Así Harboe se convirtió en diputado del PPD sin haber competido en ninguna elección.

La partidocracia chilena ha designado a varios “legisladores”. El PPD nombró a Harboe como sustituto de la diputada Carolina Tohá, quien abandonó la Cámara para convertirse en portavoz gubernamental, como ministra Secretaria General de Gobierno. Harboe fue anteriormente subsecretario, o vice ministro, del Interior, donde desempeñó un rol relevante en la represión a las organizaciones sociales.

La designación de diputados a dedo contribuye a desprestigiar aún más a los legisladores chilenos, que tienen bajísima credibilidad entre la ciudadanía según las encuestas de opinión pública. La modalidad que permitió la investidura de Harboe comenzó después que el 7 de agosto de 2008 falleciera el presidente de la Cámara, Juan Bustos Ramírez (PS), quien fue reemplazado “a dedo” por el secretario general del PS, Marcelo Schilling. Desde entonces los partidos “dueños” de la vacante designan al reemplazante. En cierto modo, el secretario general socialista se designó a sí mismo.

En septiembre de 2008, el mismo mecanismo benefició a la ex diputada Lily Pérez, de RN, después del sorpresivo fallecimiento del diputado Pedro Álvarez Salamanca, también RN. Para estos efectos no importa en que región haya sido elegido el legislador original. La norma es absolutamente legal en virtud de la interpretación de los interesados, o sea los propios legisladores, de la constitución vigente, que es la misma que creó la dictadura en 1980, carta fundamental ilegítima que ha sido legitimada por sucesivas reformas del Congreso dominado por la derecha y la neo derecha, donde no existe participación de la izquierda real, apellidada por eso como “extraparlamentaria”, con una connotación claramente peyorativa. Por este motivo, muchos sectores de la sociedad chilena, incluso de pensamiento de derecha republicana, aspiran a una Asamblea Constituyente que elabore una carta magna democrática, como se hizo en 1925 con la Constitución destruida por los militares en 1973.

En estos días se producirá una nueva vacante para RN, por la renuncia del diputado Maximiano Errázuriz, quien fue descubierto haciendo negocios con cargo a los fondos del Congreso, que financian los impuestos de “todos los chilenos”. Con el dinero asignado para oficinas de los diputados, Errázuriz administraba propiedades que alquilaba a terceros, negocio que constituye delito. Su partido, que es el mismo del candidato presidencial Sebastián Piñera, esta vez no pudo tenderle la mano por la campaña electoral. Pero la tienda RN conservará el cargo porque el mismo partido deberá decidir quien lo reemplazará. También está en riesgo el diputado UDI Julio Dittborn, cuestionado igualmente por el uso de los fondos asignados para sus oficinas, pero será la misma UDI quien designe al eventual reemplazante. Estos no son más que matices de la “democracia chilena”.

Marco Enríquez-Ominami :¿La Neo Concertación?

Medios, pero no fines. Los lineamientos del programa económico de la candidatura presidencial de Marco Enríquez-Ominami, documento preparado por el economista Paul Fontaine (dueño, junto a Rodrigo Danús, de la consultora South World Business), hace mención y énfasis en los medios para obtener 4.800 millones de dólares.

Pero no hace, ni con el mismo énfasis ni precisión, en los objetivos específicos. Aunque hay una referencia en tono discursivo a “mejorar la distribución de ingresos”,  a “más igualdad de oportunidades” y a “un uso más racional del territorio y los recursos naturales”, estos grandes anuncios pueden llegar a sonar tan abstractos y, por cierto, inútiles, como el “crecimiento con equidad” de Ricardo Lagos o el “gobierno ciudadano” de Michelle Bachelet. Sin un claro y demarcado sendero para llegar a estas grandes aspiraciones, los obstáculos, valles y pantanos propios de la administración pública pueden convertir esos “lineamientos” en simple retórica. Como si fueran las proclamas de un gobierno más de la Concertación.

Estamos hablando de economía, hoy el centro de toda política. Hablamos de las políticas económicas que se insertarán en el modelo neoliberal, que se ha caracterizado durante los últimos veinte años en Chile y en el mundo –pero con especial profundidad en el país- por arrastrar las decisiones políticas. Hablamos de un programa, de “lineamientos”, de propuestas que tendrán que operar con un modelo económico prácticamente ubicuo cuyos efectos han penetrado a toda la vida social y cultural, efectos que han convertido a Chile en unas de las naciones más desiguales del planeta, que han desmantelado a casi todas las organizaciones sociales, que han polarizado y desequilibrado como pocas veces en la historia las relaciones de poder a favor de las elites y la gran empresa.  Ante este engendro, todo lo que se diga o haga en economía puede ser absorbido por este modelo, siendo funcional a él y retroalimentándolo. Como ha sucedido durante los cuatro gobiernos de la Concertación. Sólo una propuesta severa, valiente y antagónica puede contribuir a su debilitamiento, a su transformación. Ejemplos, y muy cercanos en Sudamérica, sabemos que los hay.

Plantearse ante el neoliberalismo –que en Chile tiene rasgos extremos- obliga a observar la historia más inmediata. No sólo la nuestra, sino el devenir más reciente de ese modelo económico, hoy causa de los mayores desastres conocidos de los últimos 80 años. No considerar sus prácticas corruptas, la ambición y la avaricia levantadas cual habilidad cotidiana y necesaria para la competencia en los mercados, las bancarrotas cargadas a los bolsillos de los ciudadanos, no considerar todo el dolor que causa el desempleo, la pobreza y la injusticia, es omitir esos efectos. Ante tal monstruosidad, ante tal enfermedad, se hace necesario evaluar el diagnóstico y suscribir eventuales recetas.

Mejor educación, mejor salud… y una receta conocida
Al esbozar los objetivos específicos de los lineamientos económicos de Enríquez-Ominami la primera impresión es de una aprobación, tal vez con ciertos matices, del statu quo económico. Y en ello, no hay una diferencia conceptual con los programas económicos de la Concertación se parecen en mucho a las ya escuchadas durante los últimos veinte años. Entre ellas, podemos observar propuestas para mejorar la alicaída educación, tales como la recuperación de los liceos de excelencia, el perfeccionamiento de cinco mil profesores en el exterior, la contratación de dos mil profesores extranjeros de excelencia en inglés, lenguaje y matemáticas y subsidios a la educación municipal por mil millones de dólares. Una serie de propuestas que no apuntan a lo medular, al desgastado eje de la educación chilena, que ha sido su privatización, llámese LOCE o LGE. Una vez más podemos hallar similitudes con los gobiernos de la Concertación, que desde 1990 estuvieron remendando la LOCE con millares de millones en recursos. El resultado, bien se sabe, ha sido un sistema público y municipalizado en decadencia –los resultados han sido decrecientes- y una educación pagada particular floreciente. El efecto es un país que reproduce y amplifica en su educación la desigualdad en los ingresos. Hay casi veinte años de antecedentes para estimar que la actual estructura educacional –o maquillada bajo el nombre de LGE- no da para más. El programa de Enríquez-Ominami lo que hace es aplicar una nueva capa de pintura sobre las anteriores. El armazón queda intacto.

Hay otras propuestas sobre el destino del mayor gasto público –que aumentaría en un diez por ciento en comparación con el del 2009-, pero se trata de anuncios similares a los que ya hemos escuchado de los gobernantes de la Concertación. Promesas como 300 millones de dólares en pavimentación de caminos rurales y calles, aumento de 400 millones de dólares en viviendas sociales o un incremento de 700 millones de dólares en modernización de hospitales existentes y en la construcción de diez nuevos no llevarán a una transformación profunda de los desequilibrios sociales chilenos.

Otra vez la flexibilidad laboral
Hay una idea sobre el empleo, cuyos efectos sobre los trabajadores son sin duda discutibles. El programa plantea una adaptabilidad laboral pactada, que se traduciría en horarios flexibles y la posibilidad de reemplazar la indemnización por años de servicio por un seguro de cesantía. Pero el problema de la flexibilización laboral no está relacionada sólo con la disparidad de horarios, sino con su misma concepción: se hace a favor de la empresa, como un medio de reducción de costos para paliar la disminución de la tasa de ganancia. La flexibilidad laboral, junto con muchas otras “desregulaciones” a los mercados (el laboral es uno más) es no sólo una de las causas del aumento de la desigualdad en los ingresos, sino ha sido uno de los tumores del neoliberalismo. Todo para la empresa, nada, o casi nada, para el trabajador. Olvidaron que el trabajador es también un consumidor. A través del mecanismo que hace posible la flexibilidad laboral se han reducido ingresos y conquistas laborales. Mediante este sistema el trabajador es cada vez más pobre en ingresos y en seguridad social.

El programa esboza también apoyos a la actividad de las pequeñas y medianas empresas de hasta cinco millones de dólares. Pero el problema para las pymes no sólo está en el financiamiento, sino en el acceso a los mercados. Una gran mayoría de sectores económicos están ya prácticamente consolidados en diseños de oligopolios con empresas que mueven miles de millones de dólares. Todos estos sectores, como lo es el farmacéutico, los supermercados, las ferreterías, la agroindustria, la pesca y otros recursos naturales, estuvieron alguna vez habitados por pequeñas y medianas empresas, las que hoy descansan en una aparente paz. El daño ya está hecho, y sólo una nueva regulación, una reestructuración profunda, podría fragmentar y abrir esos mercados. No es posible pensar que con ayudas por cinco millones ingrese a competir una pyme al mundo de los gigantes.

Una propuesta más agresiva es la reforma al sistema previsional, que permitiría a todos los trabajadores cotizar en el INP o en una AFP. Lo mismo que la exención en los pagos a las isapres y a las AFPs para el 30 por ciento más pobre de la población. Pero también hay que recordar que el actual gobierno saliente presentó su reforma previsional como la estrella de su programa. Una reforma que no tocó en nada al sistema privado y que sólo llevó al estado a hacerse cargo de las personas marginadas por el sistema. Una iniciativa que suavizó las desigualdades en los márgenes más extremos, pero que no resolvió la marcha caótica de quienes padecen en sus interiores. Las pérdidas de los fondos de los trabajadores, derivadas de un sistema basado en la especulación financiera, sólo podría tener alguna solución con la reformulación de todo el sistema provisional. Tal vez, con la reinstalación de un sistema de reparto.

Privatización de empresas públicas
Sin duda el “lineamiento económico” más polémico ha sido la idea de vender el diez por ciento de las empresas públicas que quedan en manos del Estado chileno y del cinco por ciento de Codelco. Una idea que parece no tomar en consideración no sólo la impronta histórica que Codelco tiene como empresa pública en un amplio sector de la población chilena, sino que parece no atender a los tremendos y terribles cambios en la economía mundial. Marco Enríquez-Ominami plantea privatizar parte de lo poco que le queda al estado “con el objeto de dar eficiencia, transparencia y fiscalización”. Como si los CEO y altos ejecutivos del Citigroup, de  Lehman, de AIG, de la General Motors y la Chrysler se la hubieran dado a los ciudadanos estadounidenses, que hoy cargan con las millonarias pérdidas. Se propone privatizar cuando el sector privado no sólo ha demostrado una fruición por el lucro a toda prueba, que ha significado despidos, recortes salariales, trampas, colusiones y estafas, sino abiertas irresponsabilidades en la administración de los recursos. Esa gente no está hoy calificada para dar “eficiencia, transparencia y fiscalización”.

Proponer vender a los privados –entre ellas las opacas y sórdidas AFPs- parte de estos sensibles recursos es claudicar ante la ola ideológica chilena ante el libre mercado. Aquella que aún reza por Milton Friedman y clama por las bondades, personales y corporativas, del lucro a toda costa. Traspasar hoy, entrado ya el siglo XXI, los escasos recursos públicos que restan a la empresa privada es minimizar u omitir todos los efectos sociales, económicos, ambientales y territoriales que las grandes corporaciones han generado. La depredación social y ambiental –que también comparte la empresa pública administrada con criterios de mercado- surge de los principios del lucro no regulado, bases del modelo chileno. Por tanto, el ingreso de privados a Codelco, Enap, BancoEstado, EFE, Correos, TVN y Metro sólo aumentaría la pasión por las ganancias, la que tiene como contrapartida la expoliación de los trabajadores, el medioambiente y los consumidores. Veinte años de neoliberalismo a ultranza –que es el modelo chileno- nos han entregado ya suficientes antecedentes para hacer estas previsiones.

El programa también carece de precisiones en las mismas cifras. Por ejemplo, el valor de los porcentajes enajenables de las empresas públicas, por las cuales sus creadores esperan obtener unos dos mil millones de dólares. Julián Alcayaga, que dirige el Comité de Defensa del Cobre, ha hecho otros cálculos, con los que obtiene más de 15 mil millones de dólares por el cinco por ciento de Codelco. Vender esta parte de la minera a un precio menor, dice, sería un suculento negocio para las hambrientas transnacionales.

Otra importante fuente de ingresos proponen obtenerla con una importante alza a los impuestos de las empresas, los que pasarían desde un actual 17 por ciento a un 30 por ciento. Una apuesta valiente, que no se ha atrevido ni a sugerir algún gobierno de la Concertación.

A renglón seguido, se escribe lo contrario: rebaja a las grandes rentas de las personas desde un 40 por ciento máximo a un 30 por ciento. En otras palabras, lo que estos altos ingresos pagan por sus empresas lo descontarán de sus rentas personales. Un juego retórico de suma cero. Es incluso posible que tras el ejercicio contable el Fisco llegare a percibir menos.

Otra alza tributaria, que en rigor tiene otra denominación y mecanismo, es el aumento al royalty minero desde un cinco a un ocho por ciento sobre toneladas anuales. Una idea que podría haber sido más intensa y también extensiva. Aplicar royalties a otras tantas actividades extractivas de recursos no renovables y también renovables, o emplear la circunstancia para un nuevo tratamiento tributario a la inversión extranjera.

Y hay otras rebajas y anuncios que favorecerían ciertas actividades. Marco propone eliminar el IVA a los libros, decisión que ningún gobierno de la Concertación había tomado pese a las enormes presiones. El argumento que han dado es que sería precedente para otras demandas por exenciones tributarias. Pero Enríquez-Ominami, ya que da el primer paso, podría aprovechar la gran oportunidad y avanzar con rapidez hacia una nivelación de las diferencias sociales a través de una reforma tributaria un poco mayor.  Por ejemplo, con la eliminación del IVA a la canasta básica de alimentos los primeros favorecidos son todas las personas que destinan gran parte de sus ingresos a alimentarse. Así como se hacen descargas tributarias a los más ricos, por qué no aliviar del pago del IVA a los más carentes de este país.

Otras propuestas de rebajas tributarias aparecen ciertamente inocuas, como la reducción a los impuestos de timbres y estampillas (ya en vigencia y propuesta por el anterior gobierno de la Concertación) o como la rebaja arancelaria de seis a tres por ciento, en circunstancias que con los numerosos TLCs los aranceles reales son aun menores. Por último, ¿Marco ha pensado en los productores nacionales? Y hay también reducciones que pueden ser contradictorias., como lo es el impuesto a la gasolina, que si bien puede favorecer a los transportistas, también incentiva el uso del automóvil particular (lujosos 4x4 incluidos).

Un programa económico de continuidad. De izquierda, poco. O nada.
13-06-2009 18:23

*Editorial de revista Punto Final

Izquierda: ¿sueño o proyecto?

escrito por Hugo Murialdo   

Partiendo por  el libro de Arrate,  habría que  decir, justamente, que la supuesta dicotomía “sueño o proyecto” induce a un error conceptual, pues debiera plantearse como “sueño y proyecto”. Y eso es justamente lo que hizo Salvador Allende y consigna, por lo demás, el mismo Arrate en la publicación de marras: “Allende definió un espacio de lucha (la democracia), un protagonista (la unidad de los sectores populares) y un proyecto. Para configurar ese proyecto, soñó, como todo ser humano. No obstante, no fue un romántico o un ingenuo. Tuvo sueños, pero participó en un millón de luchas y elaboró un proyecto”. Y entonces, ¿cuál es el proyecto que nos lleve a cumplir esos sueños?
 
Ahora bien, el problema de la izquierda no atañe sólo a la chilena. El pequeño libro titulado La izquierda en la era del karaoke, FCE. 1997, registra un entretenido diálogo entre los filósofos italianos Norberto Bobbio, Giancarlo Bossetti y Gianni Vattimo sobre los avatares de la izquierda italiana y el por qué del triunfo de Berlusconi sobre ésta. La discusión está basada, principalmente, en la publicación de Bobbio: Derecha e izquierda, razones y significados de una distinción política, en la que el autor argumenta, al contrario de algunos detractores, (especialmente de derecha), que la díada está más viva que nunca.

En la contratapa del primer libro mencionado (La izquierda en la era del karaoke), se lee: “La conversación que Norberto Bobbio, Gianni Vattimo y Giancarlo Bossetti sostienen en las páginas de este libro, provee muchas instancias para pensar las posibilidades de una acción política progresista. Entre ellas, dos se imponen con una fuerza particular: la primera atañe a la necesidad de que la izquierda deje de situarse a la defensiva en el debate político con una derecha que aparentemente tiene la iniciativa y aparece a menudo como más dinámica; la segunda se refiere a la televisión como vehículo principal de la discusión pública en las sociedades democráticas”.

No es mi ánimo repetir los diálogos de los filósofos italianos, puesto que están dirigidos especialmente a la realidad y situación particular de Italia. Sin embargo, deseo transcribir algunos que se pueden aplicar a nuestra propia realidad y atañen a la izquierda chilena y sus tareas inmediatas.

Gianni Vattimo: …“La idea de un crecimiento de la participación, de una mayor movilización de la gente en política con ventajas para la izquierda no funciona en la práctica porque el mundo de la comunicación está, desgraciadamente, (…) demasiado en manos de una parte política. Este factor altera las reglas y hay que tenerlo presente cuando hablamos de movilización”.

Norberto Bobbio: “En lo que a mí respecta quisiera que se entendiese bien el significado de la palabra “movilización”. La característica de la izquierda, y sobretodo del Partido Comunista en Italia, fue siempre la de conseguir movilizar a las masas, cosa de la que la Democracia Cristiana, por ejemplo, fue siempre mucho menos capaz. Bastaba que hubiese aunque fuera un remoto peligro de limitación del derecho a la huelga, y la izquierda estaba  en condiciones de llenar las plazas de gente. Indudablemente una manifestación con lemas y carteles es algo diferente a la simple participación electoral…Pero ahora se trata de ver, más que los métodos, con qué temas, la izquierda, que estuvo en condiciones de hacerlo mucho más y mucho mejor que la derecha, pueda todavía movilizar las masas”.

Giancarlo Bossetti: “Disminuyeron muchos de los recursos que eran capaces de movilizar, desaparecieron las motivaciones de las que disponía la izquierda y que estaban ligadas a la ideología, al socialismo, a los mitos. Al mismo tiempo se debilitó la compactabilidad social y cultural de la formación de los trabajadores…”

Los diálogos son bastante más extensos. Pero no quisiera terminar sin antes referirme a la parte  final del libro, en que el diálogo se produce en torno al papel de los intelectuales. Bobbio plantea: “…cuando hablamos de grandes intelectuales en Italia, ¿en qué nombres pensamos? Digamos cuatro: Calvino, Moravia, Pasolini y Sciascia…¿puede alguien citar nombres como estos a la derecha? A su vez Vattimo responde que la derecha no tiene filósofos, teóricos, intelectuales, tiene expertos, técnicos…El desprecio de la derecha por los intelectuales de izquierda alude también a esto: el primer lugar que ocupa la filosofía entre los saberes. Ellos quieren una democracia de expertos. Pero una democracia de expertos no es democracia”.

Como podemos apreciar a través de estas pequeñas perlas, las discusiones que aporta el librito mencionado, entrega a la izquierda chilena varias conclusiones, ya digeridas, para que puedan ser tomadas como punto de partida de las tareas que debe emprender.

Post Scriptum: Hace unos días un amigo extranjero, a través de una conversación telefónica, me preguntaba si Frei era un candidato de centro. Mi respuesta fue que yo pensaba que el centro en política no existe, pues al igual que en las autopistas existe un peralte en las curvas muy pronunciadas, para disminuir, en la medida de lo posible, que la fuerza centrífuga expulse el vehículo fuera de la calzada, existe un “peralte ideológico” pronunciado hacia la derecha, que impide, en lo absoluto, que ese centro pueda ser expulsado hacia la izquierda.