Leonardo Villafañe (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)
Ahora que el debate en torno a la nueva Ley de Radiodifusión pone en el tapete categorías como “comunicación social”, “democracia comunicacional”, “pluralidad de voces” y “apropiación y reapropiación de la palabra”, conviene recordar de entrada que el capitalismo, como tal, es un límite objetivo a cualquier proceso que pretenda mejorar la comunicación entre los individuos. El capital está obligado no a “comunicar” sino a ocultar la explotación a la que una minoría social somete al conjunto de la población.
El capitalismo es esencialmente anticomunicacional: divide a la sociedad en clases antagónicas; promueve entre los individuos la competencia en lugar de la cooperación, lleva a niveles inauditos la separación entre trabajo manual e intelectual y provoca una diferenciación social de características extremas e irreversibles.
El cometido básico de la comunicación social, es decir poner en común valores objetivamente sociales que, a su vez, son ininteligibles sin la comunicación, nace herido de muerte bajo este régimen social.
Comunicación social, Estado y gobierno
Hay que agregar que los denominados “medios” constituyen, además, sólo una parte de las fuentes institucionales que proveen a la población de la información con qué desenvolverse. La infraestructura de comunicación de la sociedad es incomprensible sin el sistema de enseñanza escolarizado, los gobiernos y los Estados. Estas tres esferas tienen un peso abrumador en cualquier proceso que pretenda “democratizar” las comunicaciones o “recuperar la palabra”, según la muletilla oficial con la que se defiende la nueva Ley de Radiodifusión. Sin embargo, el gobierno que impulsa el proyecto “comunicativo” ha continuado la política privatista, antidocente e inclusive clerical de los gobiernos que lo precedieron en materia educativa.
Y, por supuesto, luego de seis años en el poder, el matrimonio Kirchner tampoco rozó los pilares sagrados del Estado capitalista: el espionaje, el secreto y la conspiración.
Se trata del Estado secreto, conspirativo y criminal de los gastos reservados y de las legiones de espías que, escándalo tras escándalo, se descubren en la Side haciendo escuchas ilegales a periodistas y dirigentes políticos opositores. Del Estado secreto que actuó en las voladuras de la Amia y la Embajada de Israel, destruyó medio Río Tercero para borrar las pruebas del tráfico de armas y que pone una notable infraestructura tecnológica de “comunicaciones”... para perseguir a los luchadores y al servicio de la delincuencia.
Parece, sin embargo, que la nueva Ley de Radiofusión y sus defensores no están conformes con el poder que ostenta esta infernal maquinaria centralizada de represión, espionaje y administración de datos e informaciones ciudadanas. Pretenden que, además, decida qué cantidad de cine y música nacional y extranjera hay que ver o escuchar, cómo se aplicarán los premios y castigos en el reparto capitalista de medios y frecuencias y quién es apto para tener licencias y quién no.
¿No será mucho?
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