Pico pal que lea. por Amado de Mérici (Chile)

En el creciente clima de irracional autoritarismo que vive Chile, una reciente iniciativa presentada por diputados de extrema derecha quiere penalizar todavía más lo que llaman el maltrato de palabra a funcionarios policiales. El proyecto de ley establece penas de presidio menor de 61 a 563 días y una multa de 3 UTM ($ 108.549) a quienes injurien o insulten a carabineros o detectives o simplemente funcionarios policiales (en el Diario de la Cámara).

En realidad, el proyecto de ley parece bastante ocioso. El artículo 427 del aberrante Código de Justicia Militar ya fija penas para los que insulten u ofendan a carabineros. “El que amenazare en los términos del artículo 296 del Código Penal, ofendiere o injuriare de palabra”, establece el Código, “por escrito o por cualquier otro medio a Carabineros, a uno de sus integrantes con conocimiento de su calidad de miembro de esa Institución, unidades o reparticiones, sufrirá la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio”.

Todos los ciudadanos que se sientan insultados, ofendidos o injuriados cuentan con la protección de los artículos 296 y 297 del Código Penal. El primero castiga las amenazas -que imagino que las Señorías (o el Legislador) en su momento entendieron que se expresan a menudo por medio de insultos. Este artículo penaliza al “que amenazare seriamente a otro con causar a él mismo o a su familia, en su persona, honra o propiedad, un mal que constituya delito, siempre que por los antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho”.

En la argumentación del proyecto, los diputados reflexionan, por decirlo así, que no existe en la legislación ninguna ley específica que penalice o considere delito las ofensas que pueden sufrir carabineros y otros funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones, una afirmación que parece incomprensible cuando se lee el artículo 427 del Código Militar.

Y, a más, arguyen que los carabineros debiesen al menos estar protegidos contra la soltura de lengua de la ciudadanía del mismo modo que otros funcionarios a los que los ciudadanos suelen vilipendiar, a saber los despreciados funcionarios de Impuestos Internos, los de la Contraloría y los del ministerio de Salud. Se me ocurre que habría que proteger a otros funcionarios que cumplen funciones que suelen molestar a la ciudadanía, como los recolectores de perros, los cobradores de ferrocarriles, los bomberos que llegan tarde a los incendios y, por supuesto, los funcion judicial.

En la argumentación se insinúa que esta nueva ley es una suerte de contrapeso a las disposiciones que regulan la conducta de carabineros en sus relaciones con la ciudadanía. Pero pese a lo que se afirma ahí, el articulado gira sobre asuntos como embriagarse en acto de servicio, el abandono de funciones y el uso del arma de servicio en casos de fuga o amenazas. Pese a su frecuencia, ninguna ley penaliza a funcionarios policiales por insultar a civiles o detenidos.

El alegato concluye con una elocuente y surrealista afirmación: que los insultos dirigidos a carabineros y funcionarios policiales dañan el orden y la tranquilidad en la república.

El proyecto de ley parece también ocioso porque el Código Penal también conoce el delito de injurias (“toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona”, reza el artículo 416). La ley considera injurias graves, por ejemplo, la imputación de algún crimen y la imputación de un vicio o falta de moralidad.

El delito de injurias no se comete sólo de palabra. El artículo 421 señala que “se comete el delito de calumnia o injuria no sólo manifiestamente, sino por medio de alegorías, caricaturas, emblemas o alusiones”. El artículo 423 da nacimiento al extraordinario delito de injuria encubierta.

También cubre la ley el caso de las injurias recíprocas, determinando, en el artículo 430 2, que “cuando la más grave de las calumnias o injurias imputadas por una de las partes, tuviere señalado mayor castigo que la más grave de las imputadas por la otra, al imponer la pena correspondiente a aquélla se rebajará la asignada para ésta”. 

Imaginaron pues los legisladores que en una imaginaria tabla de insultos no sería correcto castigar del mismo modo al que ofende a otro llamándole ‘carehuevo’ que al que llama a otro, como describió hace unos días un diputado a sus pares, ‘carerraja’. Este último transgresor queda en deuda.

Y Sus Señorías de la época estipularon también que los ciudadanos que se sienten ofendidos tienen exactamente 365 días para recordar los insultos y entablar querella, pues luego prescriben.

La diputada María Angélica Cristi, uno de los cerebros -a modo do falar- de la extrema derecha, explicó que el proyecto de ley era necesario porque “cada día somos testigos de una mayor agresividad y mayor maltrato hacia la policía y no había una norma que los protegiera”. Pero no menciona sus fuentes ni nos dice si acaso existe un estudio previo sobre el tema que el resto de los ciudadanos no conocemos. Lo más probable, con todo, es que se haya chupado la idea del dedo. Que yo sepa, el oficio de contador o relator de insultos no existe.

No todos los firmantes del proyecto de ley son de extrema derecha. Entre ellos se encuentran también -pero no extraña- algunos diputados concertacionistas: Ramón Farías, del Partido por la Democracia, y Renán Fuentealba, de la Democracia Cristiana. Los otros cerebros (Eugenio Bauer, Alberto Cardemil, Sergio Correa, Jorge Ulloa, Gonzalo Uriarte y Alfonso Vargas) son todos de derechas y extrema derecha. El proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional.

He aquí pues con qué se divierten nuestros adinerados diputados pinochetistas. No sólo no los eligió nadie. Además se dedican a perder el tiempo y a malgastar el dinero mal habido.

¿Cuál es la diferencia entre la ley existente y la ley en proyecto que, conviene recordar, no va a substituir a la primera? Para ver la diferencia vamos a necesitar una lupa. Define la ley actual como culpable de delito al ”que ofendiere o injuriare de palabra, por escrito o por cualquier otro medio a Carabineros, a uno de sus integrantes con conocimiento de su calidad de miembro de esa Institución, unidades o reparticiones”. 

La nueva ley 417 bis lo definirá como el “que maltratare de palabras a uno de los integrantes de Carabineros de Chile, en el ejercicio de sus funciones, o con conocimiento de su calidad de miembro de esa Institución”.

Francamente habría que tener la destreza de que hizo gala Borges en su ‘Pierre Menard, autor del Quijote’ para descubrir las diferencias.* Digo, aparte de que introduce una multa única de 3 UTM “a beneficio fiscal”, vale decir, para los bolsillos de Sus Señorías.

Felizmente la presidenta Bachelet impidió que el proyecto fuera agregado al Código de Justicia Militar. Al proyecto se le “agregó la indicación acordada con el Ejecutivo que deja en el Código Penal y no en la Justicia Militar la sanción de este delito”.

Creo que la inutilidad de este proyecto habla por sí sola. Se dedica a cubrir acciones ya contempladas y definidas como delito tanto en el Código Penal como en el Militar. Y me parece a mí que este proyecto mismo comete el delito de amenaza, pues lo que busca es intimidar a la ciudadanía.

Se escapó a los genios de la Cámara, felizmente, penalizar los gestos, morisquetas y ademanes, a menos que con la “injuria encubierta” del Código Penal, o la frase “por otros medios” del proyecto se cubran cosas como los desprecios con melena o mechón, los ciudadanos no

las sacadas de lengua, el respingo de nariz, el reventón zapateado de escupitajos en el suelo, el dedo taladrante en la sien, la tapa de manos, la levantada de pelvis, el dedo del corazón elevado al cielo, el pedo imaginario soltado en dirección de algún uniformado y otros logros de nuestra identidad.

Y el proyecto sería más útil si incluyera una tabla de insultos que asigne penas según la gravedad del insulto. Por ejemplo, ‘carehuevo’, cuatro horas. ‘Acusete’, cinco horas. ‘Chupamedias’, siete. ‘Negro curiche’, ocho. ‘Tamboreado’, quince. ‘Mal parido’, un día. ‘Maricón’, tres días. ‘Lameculos’, un mes. ‘Paco conchetumadre’, ¡dos meses!

Los cerebros tampoco definen atenuantes. Mientras que el Código Militar considera atenuante el abandono de servicio por frío o enfermedad de algún familiar, o por malos tratos recibidos de sus superiores, la nueva ley no define situaciones en las que el insulto se justifique. Así, insultar gratuitamente a un carabinero al pasar, digamos desde un ático, es lo mismo que pararse frente a un uniformado, sacarle la lengua y mentarle la madre cuando te piden que te identifiques. Lo mismo que gritarle ‘nazi de mierda’ al carabinero que te aplasta la cabeza con su bota durante una manifestación.

Enerva este afán de muchos de querer controlar todo, incluso las acciones de por sí humanamente comprensibles. Este afán de querer hacernos vivir en un clima de temor permanente, como durante la dictadura de la Hiena, cuidando nuestras palabras por temor a la delación. Este hipócrita afán de encubrir las relaciones de hostilidad entre la ciudadanía y las actuales fuerzas de orden.

No creo yo que con este inútil proyecto se contribuya en nada al orden público ni a la tranquilidad del país. Todo lo contrario. Frente a los malos tratos y torturas con que suelen tratar los carabineros a los ciudadanos, estos a menudo no tienen más recurso, y consuelo, que el insulto sin consecuencia. ¿Vale la pena prohibirlo? Probablemente provocará todavía más hostilidad y violencia, si sabes que el natural insulto que se te escapó te puede costar la cárcel.

Creo que la dictadura de Sancho Panza no sería peor. ¿En qué terminaremos? ¿Nos prohibirán leer a Pablo de Rokha? ¿Prohibirán el ‘pico pal que lea’? **

* “Es una revelación cotejar el Don Quijote de Menard con el de Cervantes. Éste, por ejemplo, escribió (Don Quijote, primera parte, noveno capítulo):

         ... la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir.

         Redactada en el siglo diecisiete por el “ingenio lego” Cervantes, esa enumeración es un mero elogio retórico de la historia. Menard, en cambio, escribe:

** Y mientras los diputados de derechas legislan sobre desprecios e improperios, el gobierno intenta introducir alguna dosis de razón y coherencia en sus labores legislativas anunciando la presentación de un proyecto de ley que tipifica los delitos de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio (en La Nación).

[mérici] 

HONDURAS AL ALBA VISTO DESDE CHILE

Asistiendo a los históricos actos de instalación del gobierno progresista del Presidente Fernando Lugo, en la ciudad de Asunción, Paraguay, tuve la oportunidad de expresarle al Presidente Manuel Zelaya de Honduras, mis felicitaciones por la valiente, patriótica y soberana decisión tomada por su gobierno de ingresar a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).

 

La incorporación de Honduras al ALBA se formalizó en la ciudad de Tegucigalpa, con la presencia de los mandatarios y altos representantes de los países miembros. El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, formalizó su ingreso en el Palacio de Gobierno José Cecilio del Valle, junto a los mandatarios de Venezuela, Hugo Chávez; de Bolivia, Evo Morales; de Nicaragua, Daniel Ortega, y Carlos Lage vicerpesidente de Cuba.

La Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) es hoy una realidad como espacio de integración y cooperación multilateral centrada en la solidaridad y la promoción de valores progresistas y el comercio justo. Fue propuesta por Venezuela y Cuba en 2004, en contraposición a la hoy fracasada Área de Libre Comercio para las Américas (Alca), promovida por Washington.

 

En Chile, muchos conservadores y escépticos pertenecientes a la derecha política como mercurial, así como destacados tecnócratas de la Concertación, no se han cansado de señalar majaderamente que instancias como ALBA son "pura y simple retórica", ocultando a través de aquellas expresiones su verdadera concepción conservadora y abiertamente sesgada. Los acuerdos y proyectos concretos que adelantan hoy esos países, confirman el profundo error y la liviandad de aquellas afirmaciones.

 

Hoy ALBA es integrada 6 países, los que se encuentran materializando iniciativas y proyectos concretos en el ámbito de la cooperación, el fomento productivo y la integración económica, social, energética y cultural. Por cierto, en un contexto planetario como el que hoy nos domina siempre será más difícil construir y fortalecer estrategias para una integración soberana y progresista basada en un comercio justo. No es posible el desarrollo de un comercio justo sin regular a los capitales financieros y especulativos transnacionales, sin incentivar capitales nacionales estatales, mixtos y privados hacia lógicas de desarrollo productivo para fortalecer la competitividad de nuestras industrias nacionales, particularmente de nuestras PYMES.

 

Para avanzar sin retórica y echando raíces en la integración regional, resulta indispensable recuperar el control soberano de nuestros recursos naturales, tales como la minería, el gas y el petróleo, así como los derechos del agua y de la pesca, entre otros. Hay que fortalecer  nuestros Estados y nuevas legislaciones que permitan construir alianzas fuertes en América Latina, tal como lo hacen hoy los países agrupados en el ALBA, ejemplo que deberíamos seguir nosotros en el marco de la UNASUR.

 

 

 Al Presidente Zelaya le expresé que para nosotros los chilenos su decisión tenía especial significado, debido a que durante años en América Latina, se había intentado "vender como ejemplo a exportar el modelo chileno", como un modelo exitoso trasnacionalizado y profundamente desregulador, basado en los Tratados de Libre Comercio (TLC). Le señalé que aquello era aún más grave porqué se le ha pretendido presentar con un rostro de centro izquierda o progresista. Sobre este aspecto, por ejemplo, no hay que olvidar que lamentablemente sólo un reducido grupo de dirigentes y militantes socialistas nos opusimos hace algunos años a la suscripción del TLC con los EEUU y sólo un diputado de nuestra bancada, el diputado Sergio Aguiló, votó en contra de su ratificación en la Cámara de diputados.

 

Creo que hoy los chilenos tenemos la necesidad y la obligación de efectuar el balance critico  de ese modelo de desarrollo en lo  global y sectorial. Es hora de realizar un balance y unir fuerzas para cambiar los elementos centrales de un modelo que ha permitido la desnacionalización y la perdida de soberanía creciente de nuestra economía y que ha incrementado de manera escandalosa la concentración del poder económico y las desigualdades en nuestro país.

 

Felizmente nuestro continente se encuentra hoy en cambio y por tanto nuestra actual política fenicia exterior debería cambiar profundamente. Ella no puede continuar siendo un mero instrumento al servicio de la expansión e inversión externa de los grandes grupos económicos chilenos. Aquella concepción es portadora de una clara opción ideológica y aún cuando se exprese de manera diplomática o se formule empleando un lenguaje supuestamente progresista, finalmente se inscribe  en una visión geopolítica profundamente conservadora e inequívocamente alineada con el Imperio en la región.

 

Como chilenos tenemos una deuda también en nuestro propio país y por cierto con otros pueblos de la región. Tenemos pendiente el efectuar un gran balance y debate critico de fondo sobre nuestro supuesto "modelo de transición y desarrollo exitoso".

 

Por eso desde Chile le decimos al Presidente Zelaya:¡Que bien se ve Honduras cuando llega el ALBA!

 

 

 

Esteban Silva Cuadra, analista internacional.

 

A Mónica la decapitaron a patadas

por Amado de Mérici (Chile)

martes, 26 de agosto de 2008

Mónica Benaroyo es el nombre de la joven cuyos restos fueron encontrados en un terreno del ejército de Arica, en Pampa Chaca, en julio de 2008. Aunque parezca sorprendente, aparentemente nadie sabía ni de su existencia ni de su muerte. Nunca apareció en las listas oficiales de desaparecidos durante la dictadura. Simplemente alguien un buen día encontró sus restos momificados en el desierto. Sin cabeza. Todavía guardaba el cadáver una cajetilla de cigarrillos Hilton entre sus ropas. Y un billete de la moneda escudo. Todo lo que sabía entonces era que había muerto en la década de los setenta. Sin embargo, la policía reconstruyó rápidamente su historia. Su identidad la trazó la Policía de Investigaciones hidratando su piel para extraer sus huellas digitales (en La Nación). Se llamaba Mónica Cristina Benaroyo Pencu. Había nacido en Rumania, y era uruguaya. Estudió filosofía, dominaba varios idiomas y se ganaba la vida como traductora. Tras vivir un tiempo en Buenos Aires, se trasladó a Arica, en Chile, donde había encontrado empleo en la alcaldía. Para agosto, Investigaciones había localizado a su hermana Fernanda, en Estados Unidos, a la que se le extrajo una muestra de sangre para comparar su ADN con el de Mónica (La Estrella de Arica). Pese a que este análisis aún no se lleva a cabo, pocas dudas caben sobre la identidad del cuerpo, ya que sus huellas dactilares corresponden con los archivos del Registro Civil de Santiago, donde Mónica estaba inscrita como extranjera residente. El prefecto de Investigaciones José Cabión, en uno de los telediarios de TVN del 4 de agosto, dijo que la traductora era miembro del Partido Comunista del Uruguay y que había sido expulsada del país -mediante decreto- aparentemente en septiembre de 1973, la fecha en que desapareció. De momento, nada más se sabe de ella. Sus antiguos amigos y compañeros guardan silencio. O quizá no la recuerdan. Mónica Benaroyo fue vista con vida por última vez el 11 de septiembre de 1973. Fue detenida por militares y trasladada a un recinto militar. La historia oficial del régimen pinochetista pretendía que Mónica había sido expulsada y por tanto nada podrían saber sobre su destino ulterior. Pero la orden de expulsión evidentemente se fraguó para ocultar la espantosa muerte a que fue sometida. Pese a que inicialmente se especuló que el cadáver de Mónica había sido mutilado por animales, aparentemente las evidencias indican otra cosa. Según el columnista Eduardo Contreras, “la compañera fue enterrada viva en la arena cerca del mar dejando afuera su cabeza, la que los uniformados patearon hasta decapitarla” (En El Siglo). La espeluznante cobardía y crueldad del militar pinochetista es, hoy, conocida por todos y por doquier. También conocemos otros casos de increíble y demoníaca impiedad. El general Manuel Contreras extraía los empastes y dientes de oro de los asesinados para vender luego las piezas en el mercado. El mismo general se entretenía sacando los ojos de algunos de los prisioneros a los que posteriormente haría desaparecer. Otros introducían ratas en las vaginas de las detenidas. Otros torturaban a hijos de detenidos. Algunos oficiales obligaron a detenidos a matarse entre ellos, como hicieron más tarde los serbios en su campaña de exterminio de la población musulmana. Conocemos otros numerosos casos de la demoniaca crueldad de la mente fascista. Siempre ha intrigado la violencia y crueldad de los fascistas y otros elementos de extrema derecha. Y para su comprensión es de interés estudiar esos tipos de violencia. Interesan esos detalles, porque abren la puerta a una suerte de investigación y reflexión que nos llevan fuera de este mundo. El ser humano puede ser violento, y a menudo lo es. Y puede incluso ser irracional. Pero la violencia fascista rebasa las teorías existentes. Normalmente hablando, la violencia entre los hombres tiene un propósito. Con la violencia se busca un fin relativamente comprensible. La violencia nazi buscaba el exterminio de un pueblo. Pero debía ejecutarse mediante la opresión, humillación y reducción de sus miembros a la calidad de cosa. Estando en vida, y hasta su muerte, debían ser tratados como cosas. Al primitivo pueblo germano de la época le había dado por creerse superior al resto de la humanidad y se negaba a compartir el espacio con otras razas. Un razonamiento similar, pero con otros fines, guiaba la increíble crueldad del régimen comunista de Camboya, para cuando los Khmer Rouge habían transformado el país en un inmenso y tenebroso campo de concentración y exterminio. Al final, esos dos regímenes se nutrían de sangre y muerte y sus dos enemigos iniciales -judíos en un caso y contrarrevolucionarios y ricos en el otro- no eran suficientes. El listado de los indeseables se fue extendiendo poco a poco. A los gitanos. A otras razas extranjeras. A deformes. A enfermos mentales. A homosexuales. A taxistas. A profesores de escuela. A secretarias. A arquitectos. A médicos. La mente fascista, se exprese en ideologías de derecha o de izquierda, es una mente desenfrenada, bárbara, enferma de poder, arbitraria. Y sobre todo estúpida e insulsa. Es banal como el Mal y, como el fascismo español, odia la inteligencia. Reflexionando sobre qué caracteriza la violencia de la extrema derecha, leí las confesiones de un cabecilla de las milicias paramilitares colombianas, descritas en un reportaje que encontré en piensaChile y que fueron también publicadas en El Espectador de Bogotá. Hebert Veloza confesó haber asesinado, entre 1994 y 2003, a unas tres mil personas. El que era conocido como HH “reconoció que murieron más inocentes que culpables”, agregando que “así es la guerra”. Reconoció que recurría a decapitar y mutilar los cuerpos de las víctimas para aterrorizar a los campesinos. “Cuando llegamos a Urabá”, dice, “decapitamos a mucha gente, era una estrategia para promover el terror, para que tuvieran más miedo de nosotros que de la guerrilla". En un reportaje publicado en Los Angeles Times sobre los equipos de exhumación que recorren Colombia para localizar fosas comunes e identificar a las víctimas de lo que algunos llaman guerra civil, los antropólogos físicos confirman que era una práctica común que los verdugos paramilitares mutilaran y decapitaran a sus víctimas, destruyendo los documentos que pudieran identificarlos (Los Angeles Times). Pareciera que el propósito principal de esos soldados mercenarios (no hay que olvidar que a diferencia de los combatientes de izquierda, los paramilitares son simplemente asesinos a sueldo, a los que se paga por sus crímenes) es infundir terror, exhibiendo y haciendo gala de su amplio repertorio de torturas y violencias. Por esta razón, cuando llegan a alguna región, empiezan torturando y matando indiscriminadamente, sin distinguir ni perdonar a nadie, hombres, mujeres y niños, ni a partidarios o enemigos. En esta violencia los enemigos son simplemente los otros. No interesa indagar si la gente que va a ser asesinada participa o no de tal o cual ideología. Para el asesino de extrema derecha es indiferente. Quiere que la gente le tenga terror, eso es todo. Arranca a niños de los vientres de sus madres y cuelga sus cadáveres en las ramas de los árboles para indicar que ha llegado y que todo aquel que no se someta a su autoridad -arbitraria e irracional- correrá igual o peor destino. Los paramilitares, según confiesa Veloza, dejaban los cadáveres para que fueran vistos por los sobrevivientes. “En Urabá, cuando comenzamos, dejábamos los cuerpos en el mismo lugar donde las personas eran muertas", dice. Pero luego las autoridades políticas -que hoy niegan, como el presidente Uribe, sus vínculos con la extrema derecha- les obligaron a hacer desaparecer a las víctimas y encubrir los crímenes. En muchos de los casos de violencia en Chile durante la tiranía pinochetista no se advierte el propósito ni de las torturas ni del espantoso fin reservado a algunas personas. En los primeros días del golpe aparecieron las calles de Santiago, por ejemplo, sembradas de cadáveres -no de opositores ni combatientes, sino simplemente de lustrabotas. Esa gente fue asesinada sólo para infundir terror. Nadie les preguntó si eran allendistas o si preferían a los militares. Otros muchos fueron atrapados por la infernal máquina del crimen que fue la dictadura. Murieron muchos inocentes, pero no por error, sino por voluntad de las hienas de mayor rango. Pero asesinatos como el de Mónica Benaroyo, o el de las víctimas a las que Manuel Contreras extrajo sus dientes de oro, son aparentemente ininterpretables. justificables. Sus cadáveres serían hechos desaparecer. Nadie vería nunca ni su cuerpo enterrado en un hoyo en el desierto ni las bocas de los muertos arrojados al mar. No se les dio ese fin tan horrendo para infundir terror ni para escarmiento. Simplemente se les mató así por placer y por odio. Sin causa aparente, sin motivo, sin propósito. Como mataba el general Joshua Milton Blahyi, el militar liberiano que tenía pacto con el demonio y se alimentaba de corazones humanos. Y también como mata el militar colombiano de hoy, que se da el trabajo de vestir a sus víctimas inocentes con el uniforme de las tropas revolucionarias. Para los pensadores católicos, este tipo de indagaciones son imprescindibles a la hora de determinar la naturaleza de la violencia. Y por lo general se ha concluido que la violencia sin propósito, la violencia que sólo es odio o se ejerce por placer delata la presencia del inframundo, como en los siglos dieciséis y diecisiete las prácticas religiosas que incluían la tortura y el canibalismo delataban igualmente la presencia del Mal en la Tierra. Se pregunta Eduardo Contreras si acaso es posible que haya reconciliación “con estos salvajes”. La pregunta es retórica. La lucha contra el Mal no admite claudicación y la lucha por la libertad y la vida se inscribe en el permanente combate entre el Bien y el Mal. Estoy pues de acuerdo con el columnista de El Siglo. Según veo yo las cosas, la reconciliación con esos criminales y la gente que los azuzó no es ni posible ni deseable.  [mérici]

Hay que rescatar el romanticismo

por Leonardo Boff (Brasil)

lunes, 25 de agosto de 2008

Observando los escenarios sociales a nivel de mundo y de Brasil nos llenamos de abatimiento. Es melancólico ver la falta de sentido humanitario de los países ricos frente a los pobres en la fracasada Ronda de Doha. En Brasil es melancólica la decisión de jueces sin juicio que aprobaron candidaturas de políticos con ficha sucia, con una falta total de consideración hacia el pueblo, permitiendo de esta manera que sea gobernado por personas sin credibilidad ética. Colocan el código delante de los ojos para esconder la realidad, ocultando de esta manera el derecho y el bien común a los cuales deberían servir. Es grande el abatimiento por la amenaza de hambre de millones de personas, debido a la desorganización introducida por el agronegocio mundial y a la especulación de los mercados de materias primas. Día a día nos alertan acerca del caos ecológico que se está instalando en la Tierra, que amenaza la biodiversidad, y, al límite, a la propia especie humana. Y sigue desenfrenada la voracidad productivista, deforestando, contaminando aguas y envenenando suelos. Nadie sabe hacia dónde estamos yendo. Lo cierto es que la prolongación del viaje de la nave espacial Tierra, limitada en recursos y averiada en muchos puntos, puede provocar un desastre colectivo. Esta situación, como bien lo demostraron Michael Löwy (franco-brasileño) y Robert Sayre, lleva a lo que es el título del libro de ambos: «Revolta e melancolia» (Vozes 1995). Lleva a la revuelta contra el exceso de materialismo, de espíritu utilitarista en la relación para con la naturaleza, inflación de l'esprit de géométrie pascaliano, dominación burocrática y desencanto del mundo. Lleva a la melancolía frente a la anemia espiritual dominante en la cultura, la ausencia de la razón sensible y cordial que funda el respeto a la alteridad, la ética del cuidado y la responsabilidad universal. Hubo en el pasado, y continúa en el presente, un movimiento cultural que se opuso a lo que convencionalmente se llamó «espíritu del capitalismo», estudiado en detalle por los dos autores citados: el Romanticismo. Necesitamos superar el sentido convencional de romanticismo que lo identifica con una escuela literaria o artística. Romanticismo es algo más complejo y profundo. Se trata de una cosmovisión, de una forma de habitar el mundo, no sólo prosaicamente con artefactos, máquinas, ordenaciones sociales y jurídicas, sino de habitar poéticamente el mundo al articular la máquina con la poesía, el trabajo rutinario con la creatividad, el interés con la gratuidad, la objetividad en los conocimientos con la subjetividad emocional, el pan trabajosamente ganado con la belleza fascinante de las relaciones calurosas. Esto hay que rescatarlo. La sociedad de la tecnociencia y del conocimiento nos mandó al exilio, nos robó el sentimiento de un hogar y de una patria y principalmente nuestra capacidad de conmovernos, de llorar, de reír con gusto y de apasionarnos por la naturaleza y por la vida. Estamos condenados a vivir bajo el «sol negro de la melancolía», pero no sólo los románticos (en términos analíticos) son afectados por esta melancolía, sino también los adeptos a la cultura imperante. Un devastador vacío existencial marca a millares de personas que tratan de llenarlo mediante el consumo desenfrenado. Esta condición humana suscita de nuevo la utopía. Nace de la convicción de que el mundo no está fatalmente condenado a la melancolía. Hay en nosotros y en la sociedad virtualidades aún no ensayadas que, puestas en practica, pueden reencantar la vida. Es, pues, una utopía necesaria, mensaje perenne del romanticismo. Bien termina Michael Löwy su obra: «la utopía será romántica o no será». 2008-08-22

Chile: Como en la dictadura

por Francisco Marin (Chile)

jueves, 21 de agosto de 2008

Proceso, la revista más prestigiada y de mayor circulación en México, publicó el domingo 17 de agosto este revelador artículo que da cuenta de la crítica situación de derechos humanos existente en Chile. De paso, derriba la falsa imagen del Chile de la Concertación, que se había instalado como modelo de desarrollo humano, social y económico…. Queda claro que la realidad es muy distinta…. Después de 18 años del regreso de la democracia a Chile, organizaciones civiles de derechos humanos denuncian la represión que la policía de este país –con anuencia del gobierno y, en algunos casos, del Poder Judicial– practica contra movimientos sociales, indígenas y sindicales. Dichas organizaciones documentan detenciones arbitrarias, vejaciones, torturas y hasta asesinatos…como en la dictadura de Pinochet. VALPARAÍSO.- En lo que va del año, la policía chilena ha detenido a miles de personas por participar en manifestaciones de protesta. La mayoría de ellos son estudiantes –sobre todo menores de edad– que denuncian golpizas y vejaciones en las comisarías a las que son remitidos. Así mismo, la policía realiza operativos en contra de las movilizaciones de las comunidades mapuches, que reclaman grandes extensiones de tierra expropiadas por el Estado y entregadas posteriormente a empresas privadas. El pasado 26 de junio representantes del Comité de Ética Contra la Tortura (CECT) –prestigiado organismo de defensa de los derechos humanos– entregaron en el Palacio de La Moneda su informe anual. Éste da cuenta de 55 casos de “prisión política” a la que han sido sometidos luchadores mapuches desde que Michelle Bachelet asumió la presidencia de este país (11 de marzo de 2006), y documenta el abuso de medidas cautelares como la “prisión preventiva” y la realización de violentos allanamientos similares a los vividos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El informe incluye dos casos de “violencia innecesaria con resultado de muerte”, ocurridos este año en contra de los indígenas mapuches Johnny Cariqueo Yáñez y Matías Catrileo, ambos de 23 años. Cariqueo murió el pasado 31 de marzo a causa de una “brutal golpiza propinada por carabineros” dos días antes, según reseña el mencionado informe de la CECT. La policía lo detuvo al finalizar un acto político-cultural en el que se inauguró la Plaza 29 de Marzo (esta fecha se considera Día del Joven Combatiente), en cuyo centro hay un monumento “a los luchadores sociales caídos en dictadura y en democracia”. Según “declaración post mortem” emitida por familiares y amigos de Cariqueo, a las 21:20 horas de ese 29 de marzo, y “tras leer por última vez el comunicado (de los convocantes) a la población (…) los participantes iniciamos tranquilamente la retirada del lugar”. En ese momento, “un gran contingente de carabineros” se lanzó sobre quienes se retiraban. Los golpeó y detuvo a 30 de ellos. Un poco más tarde, la policía apresó a Cariqueo y a otros dos jóvenes del colectivo Puño en Alto. Los condujo a la XXVI Comisaría de Pudahuel (periferia poniente de Santiago). Allí, un grupo de carabineros comenzó a golpearlos. A Cariqueo, que sufría problemas cardiacos, le sobrevino un fuerte dolor de pecho y brazos. Desde su celda solicitó ayuda al carabinero de guardia, quien le respondió que se la brindaría sólo si lo veía “tirado en el suelo, tiritando y vomitando”, según reseña el informe de CECT con base en declaraciones de testigos. Después de que un compañero de reclusión de Cariqueo insistió en solicitar ayuda, éste fue conducido al Servicio de Urgencia del Consultorio de Pudahuel. Allí el médico de turno expresó la imperiosa necesidad de trasladar al paciente a un hospital. No obstante, los policías “lo llevaron de vuelta a su celda y continuaron propinándole brutales golpizas”, según el informe. Cariqueo fue liberado un poco después, y algunas horas más tarde murió de un infarto debido al maltrato recibido. Por su parte, Matías Catrileo fue asesinado por carabineros el pasado 3 de enero después de participar –junto con una veintena de comuneros mapuches– en la toma del fundo Santa Margarita, en la comuna de Vilcún, Región de la Araucanía (sur de Chile). Estas acciones de las comunidades mapuches son para recuperar tierras. A pesar de que los ocupantes no portaban armas de fuego, los carabineros utilizaron metralletas Uzi. Catrileo murió de un tiro en la espalda a manos del cabo segundo Walter Ramírez. Una grabación radial de la Central de Comunicaciones de los carabineros –dada a conocer el pasado 1 de agosto por el Diario Austral de Temuco– reveló que los mapuches sólo portaban piedras. A pesar de ello, Ramírez ordenó a sus compañeros disparar e hizo lo mismo. El pasado 7 de enero el fiscal militar José Pinto Aparicio procesó a Ramírez por el delito de “violencia innecesaria con resultado de muerte”; 15 días después, la Corte Marcial le concedió libertad bajo fianza, y permitió su permanencia en las filas de los carabineros. La represión contra las comunidades mapuches se ha vuelto recurrente. El pasado 21 de junio, un grupo de carabineros entró a terrenos de la comunidad José Guiñón, ubicada a 650 kilómetros al sur de Santiago. Lo hicieron con la excusa de buscar un caballo pura sangre robado al agricultor Carlos Fuentes, vecino de la comunidad. Sin razón aparente, los efectivos policiacos dispararon contra Jorge Marimán, de 18 años, y le fracturaron el brazo izquierdo. A Luis Marileo Cariqueo, de 16 años, lo golpearon con la culata de una escopeta y le quebraron la mandíbula. En su informe mundial 2008, difundido el pasado 27 de mayo, Amnistía Internacional expresó su preocupación por la fuerte represión desencadenada por el Estado de Chile contra los movimientos sociales, especialmente contra los mapuches. Las condenas al gobierno de Chile por maltrato a los mapuches no son nuevas. El 30 de marzo de 2007 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reportó que “miembros de la comunidad mapuche fueron acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social relacionados con la defensa de los derechos sobre sus tierras”. El organismo lamentó “que las tierras antiguas (de los mapuches) continúen en peligro debido a la expansión forestal y a megaproyectos de infraestructura y energía”. Estado represor La industria salmonera ha sido foco de importantes conflictos laborales que han derivado en represión policiaca. El pasado 26 de enero, 200 agentes de las Fuerzas Especiales (antimotines) atacaron a trabajadores en huelga de la planta procesadora de salmón Caicaén, perteneciente a la empresa chilena Aguas Claras. Siete trabajadores fueron sometidos a torturas por policías en el interior de la planta, según informó la ONG Ecoceanos. Agentes de la policía también detuvieron al trabajador José Paredes. Lo lanzaron a un pozo y le arrojaron piedras y tablones. Luego lo llevaron a un recinto policiaco. Lo desnudaron y lo amenazaron con atacarlo sexualmente. Además, un policía le puso una pistola en la cabeza y amagó con dispararle. El pasado 10 de febrero trabajadores salmoneros a quienes se les debía su salario intentaron tomar las instalaciones de la empresa Aqua Chile, en el sector Alto Bonito de Puerto Montt ( mil 200 kilómetros al sur de Santiago). Agentes de las Fuerzas Especiales detuvieron a 43 de ellos. Golpearon a muchos, incluso a mujeres. La dirigente sindical Filomena Báez señaló a Ecoceanos que, al ser detenidas, las mujeres fueron arrastradas, tiradas de los cabellos, pisoteadas y luego desnudadas en un recinto policiaco. En entrevista con Proceso, Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular –institución creada hace un año para hacer frente a la represión–, aseguró que sólo hasta el 30 de junio de este año se había detenido a más de 13 mil manifestantes en todo el país. La gran mayoría de ellos son adolescentes que protestaban contra el sistema educativo vigente. La base jurídica de todas estas detenciones es el Decreto Supremo 1086, del Ministerio del Interior, que data de 1984, por el cual se exige “que toda manifestación debe hacerse previa solicitud a la Intendencia Regional respectiva, donde se debe precisar los motivos de la misma, los responsables, los oradores y los contenidos de sus discursos”. Román considera que estas exigencias son “inconstitucionales” porque contravienen los derechos de libertad de reunión y expresión consagrados en el artículo 19 de la Constitución vigente. Señala que cientos de estudiantes, muchos de ellos niños, han sufrido torturas a bordo de autobuses de la policía. Refiere que en algunos casos los jóvenes fueron desnudados en las comisarías y que en otros se les expuso durante cinco horas a la lluvia y al frío. Desde el inicio del gobierno de Bachelet organismos internacionales han denunciado los abusos de la policía chilena contra menores de edad. El 4 de junio de 2006, el relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Vernor Muñoz Villalobos, pidió en una carta a la cancillería chilena explicaciones por el maltrato del que fueron víctimas numerosos estudiantes durante el paro del 30 de mayo de ese año. Precisó que “tres escolares reportaron abusos sexuales por parte de carabineros”. Durante las manifestaciones realizadas en 2008, los estudiantes han denunciado casos similares. Ante este tipo de atropellos, el pasado 1 de agosto la Defensoría Popular y el Colegio de Profesores de Santiago presentaron una “querella criminal” en contra del ministro y del viceministro del Interior, Edmundo Pérez y Felipe Harboe, respectivamente. Los acusan de “detención ilegal, apremios ilegítimos, lesiones, abuso contra particulares, y de impedir ejercer diversos derechos garantizados en la Constitución”. Los documentalistas La represión contra los movimientos sociales, especialmente el mapuche, se extendió a unos documentalistas que registran el conflicto que este pueblo originario –el de mayor presencia poblacional en Chile– tiene con el Estado y grandes grupos económicos. El pasado 3 de mayo la policía detuvo a los jóvenes italianos Giuseppe Gabriele y Dario Loseffi cuando filmaban una manifestación de la comunidad mapuche Rucatraro, comuna de Puerto Saavedra, ubicada a 700  kilómetros al sur de Santiago. Los manifestantes exigían a la empresa forestal Mininco la devolución de sus tierras. Los italianos fueron maltratados: “Nos trataron como terroristas, nos aplastaron la cara contra el suelo y nos pusieron las esposas muy apretadas. Nos acusaron de estar robando madera en el predio”, señalaron a la prensa local después de pasar dos días detenidos en Temuco, capital de la Región de la Araucanía. Al día siguiente, la intendenta de la Araucanía, Gloria Barrientos, decidió su expulsión de Chile. Adujo la violación del artículo 21 de la Ley de Extranjería, que prohíbe a extranjeros participar en actividades de política interna. Esta ley fue dictada por la Junta Militar encabezada por Pinochet en 1984. La determinación de la intendenta fue ratificada por el Ministerio del Interior el 23 de junio, a pesar de que a los italianos no se les comprobó delito alguno. El mismo día fueron expulsados del país. Poco antes les había pasado algo similar a dos periodistas franceses: Christopher Cyril Harrison y Paul Rossj. Ellos realizaban un documental sobre la comunidad mapuche de Temucuicui. El 17 de marzo, mientras estaban en ese lugar, acudieron a filmar un incipiente incendio que se producía en la vecina propiedad del agricultor René Urban. Los documentalistas filmaron a policías que miraban crecer el incendio sin hacer nada por detenerlo. El 20 de marzo, y con gran despliegue de prensa, la familia Urban presentó una denuncia judicial en Collipulli (Región de la Araucanía) en la que acusó a los comuneros de Temucuicui de provocar el incendio. Tres horas después, la policía detuvo a Harrison y Rossj. “Nos trataron como a delincuentes, nos acusaron de provocar el fuego y de pertenecer a la ETA”, declaró Harrison después de ser liberado. La detención de la documentalista Elena Varela causó mayor conmoción. La policía la arrestó el 7 de mayo en Lican Ray, región de la Araucanía. La acusó de ser “autora intelectual” de un asalto a una sucursal del Banco del Estado en Loncoche, ocurrido en 2004, así como del robo al Instituto de Normalización Previsional (INP) de Machalí, en 2005. Ella rechazó rotundamente los cargos. En el momento de la detención, agentes de la Policía de Investigaciones presentaron como pruebas en su contra “armas de fantasía y una bandera del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)”, los cuales se encontraban en su domicilio y estaban destinados a su trabajo documental, según se expresa en el recurso de amparo presentado el pasado 24 de junio a favor de Varela por una docena de realizadores. En ese escrito judicial, interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, se denuncia también que lo único que sostiene el encarcelamiento de Varela “son los dichos del fiscal Servando Pérez sobre la base de supuestas declaraciones de testigos que hasta la fecha permanecen anónimos”. Cuando la detuvieron, los agentes le impidieron llamar por teléfono y “fue obligada a permanecer de pie durante más de cuatro horas en contra de una pared, con el fin de conseguir su confesión (…) Durante 24 horas no le permitieron comer ni tomar líquidos, mientras recibía amenazas en contra de su integridad y la de su hija, América”, sostiene el escrito. El pasado 25 de junio la Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el recurso de amparo. El 4 de julio la Corte Suprema de Justicia ratificó esta determinación. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados inició una investigación sobre estos hechos. Amnistía Internacional desarrolla actualmente una campaña internacional con el fin de obtener la liberación de Varela. Además, diversas organizaciones sociales formaron la Plataforma por la Libertad de Expresión, que tiene como “principal objetivo la liberación de Elena Varela y de todo el material fílmico retenido”, según expresó a Proceso Mauricio Durán, vocero de esta organización. Ante la presión de las organizaciones civiles de dentro y fuera de Chile, el pasado miércoles 13 el Tribunal de Garantía de Rancagua concedió a Varela el beneficio del arresto domiciliario mientras dura la investigación judicial en su contra.

Reforma Educacional y fuentes de financiamiento

Marcel Claude

Alai-amlatina

Han transcurrido aproximadamente dos años del llamado movimiento de los pingüinos, estudiantes secundarios cuyas manifestaciones abrieron un amplio debate sobre la precariedad de la educación básica y media en Chile. No debe sorprender que los estudiantes hayan vuelto a las calles y a las movilizaciones, y que las reivindicaciones planteadas por éstos vuelvan y sigan siendo el lucro, la Ley General de Educación, la calidad de la enseñanza, la Jornada Escolar Completa, la tarifa escolar, entre otros. Todo lo anterior, a pesar de la instalación del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación -anunciada pomposamente por la Sra. Bachelet- que debió haber generado las propuestas adecuadas, pero que sólo sirvió para poner freno al movimiento estudiantil y no superar las grandes lacras del sistema educacional: financiamiento, calidad y equidad.

Es importante no olvidar que uno de los problemas importantes que enfrenta la institucionalidad educacional chilena es el sesgo que favorece el reemplazo de colegios públicos por privados, lo que se ha traducido en el desmantelamiento progresivo de los primeros, sin que los segundos los suplan con resultados de calidad adecuada y cobertura equitativa. Por su parte, las reformas anunciadas y el acuerdo educacional marco entre el Gobierno y la Derecha no han logrado revertir esta situación. Como se sabe, el sistema educacional público fue construido durante más o menos un siglo por gobiernos de todos los signos políticos y fue un factor clave en el progreso y transformación social que experimentó el país en la segunda parte del siglo XX. Durante la dictadura militar 1973/1990, fue sometido a un severo desmantelamiento, el cual sólo se ha agudizado durante los gobiernos de la Concertación.

Un de los factores que ha contribuido a esta situación es el mecanismo de financiamiento que se utiliza, el que, vía subvenciones por alumno, no hace ninguna distinción entre colegios públicos y particulares subvencionados, contribuyendo a concentrar más recursos en los colegios particulares subvencionados que terminan siendo más competitivos, captando más matrícula y, por lo tanto, disfrutando crecientemente de los beneficios que les otorga el Estado, a pesar de que el norte final de estos colegios es el lucro de sus sostenedores. Es decir, en parte importante, los recursos públicos para educación han terminado simplemente contribuyendo a sostener las tasas de ganancias del capital invertido en la educación.

Nada de lo anterior sería relevante si efectivamente estas significativas transformaciones hubiesen mejorado la calidad de la educación chilena. No obstante, según la prueba internacional TIMSS 2003, aplicada a octavos básicos, en matemáticas Chile promedio 387, 5 puntos menos que la vez anterior y muy por debajo del promedio internacional de 467. Sólo superamos a países como Filipinas, Botswana, Arabia Saudita, Ghana y Sudáfrica. En Ciencias Chile obtuvo 413 puntos, 7 puntos menos que en 1999, mientras que el promedio internacional fue de 474. Sólo superamos a Túnez, Arabia Saudita, Marruecos, El Líbano, Filipinas, Botswana, Ghana y Sudáfrica. De esta medición internacional, a partir de los magros resultados Chile decidió retirarse.

Estas transformaciones, tampoco han contribuido a mejorar las desigualdades y no han contribuido en nada a ser un mecanismo de ascenso social. El diagnóstico en cuanto a la equidad es tan malo o pero que en materia de calidad.

Esto mismo es posible observar en relación a los resultados de la Prueba de Selección Universitaria, por ejemplo, en los resultados del 2007, solo un 1% de los hijos de las familias de menos recursos superaron los 700 puntos, mientras que en los hijos de familias de altos ingresos ese porcentaje llega al 16%. Estas cifran demuestran que los pobres en su condición de exclusión reciben una educación muy deficiente, lo que no ocurre con los estudiantes de altos ingresos. De allí que el sistema de selección universitaria no sea más que el reflejo de la realidad social del país, razón por la cual, en la última propuesta entregada por los secundarios al Ministerio de Educación en diciembre pasado, se planteó su eliminación definitiva y su reemplazo por un mecanismo que considere sistemas de bachillerato humanista y científico.

En esa misma y errada dirección se pueden considerar a otros mecanismos como el aporte fiscal indirecto (AFI) que resulta hoy una medida de política pública regresiva, ya que bajo el supuesto de favorecer la excelencia académica, premia a aquellas instituciones de educación superior que acogen a los alumnos de los estratos socioeconómicos más altos, que son aquellos que obtuvieron mejores resultados en la PSU y que provienen, a la vez, de los colegios privados que muestran históricamente los mejores resultados en la prueba SIMCE. Un círculo vicioso que lleva más de 30 años sin romperse, heredado de la dictadura y que la Concertación ha ratificado. Basta recordar las demandas de los secundarios de la segunda mitad de los años ochenta que no eran ni más ni menos que las mismas del día 24 de abril pasado, cuando nuevamente los estudiantes salieron a la calle en distintas ciudades del país y recibieron la acostumbrada represión policial.

Una explicación del problema viene por la importancia de la educación pública respecto a la privada. Es más o menos sabido que la educación privada no está orientada a convertirse en un instrumento de justicia social y ascenso. Los países de alto desarrollo mantienen niveles significativos de educación pública como porcentaje de la riqueza nacional, mientras que en Chile, la importancia de la educación privada es casi la misma que la pública.

Obviamente, esto nos permite colegir una directa relación entre educación pública y desarrollo de los pueblos. Esto es así por la simple razón de que los criterios de acceso a la educación de calidad en dichos países, no son las categorías socioeconómicas, sino el mejoramiento cualitativo y cuantitativo del capital humano. Además del factor justicia social, está el factor desarrollo, es decir, cuando los pueblos se quieren desarrollar deben necesariamente integrar a toda la sociedad y mejorar sus capacidades productivas y profesionales. Cuando se antepone el lucro como razón de ser de la educación, el fin de alcanzar mejores estándares de desarrollo queda postergado irremediablemente. Esto, los economistas lo deberían saber muy bien, ya que los recursos son escasos y no es posible -en la mayoría de los casos- asegurar lucro y calidad, lucro y justicia social, lucro y desarrollo. Normalmente se debe optar y cuando los pueblos están demasiado afectados por las asimetrías de poder a favor de las elites y oligarquías, tiende a privilegiarse el lucro por sobre cualquier otra meta social. Este es el caso de Chile.

En nuestro país, se gastan aproximadamente -según el Ministerio de Educación- unos 150 mil pesos mensuales promedio por alumno en la educación privada, en donde estudia no más del 8% de los estudiantes, mientras que el gasto por alumno en el sector público asciende a no más de 30 mil pesos mensuales. Es decir, existe una diferencia gigantesca de 5 veces más o menos entre la inversión por alumno en el sector público versus la inversión por alumno en el sector privado. El 90% de los niños chilenos tiene acceso a una pésima calidad de la educación que recibe.

Para efectos de empatar o tender a cierto equilibrio, se requerirían unos 60 mil pesos mensuales de inversión por alumno en el mundo de la educación pública, para alcanzar el rango mínimo de aranceles privados de 90 mil pesos al mes para los 3 millones 294 mil estudiantes del sistema público y/o subvencionado.

La respuesta que siempre da la autoridad es que Chile es un país pobre que no se puede permitir este tipo de lujos. En consecuencia no hay que esperar sino los frutos del crecimiento económico. Sin embargo, esta mayor inversión significaría anualmente la suma de 3.500 millones de dólares adicionales, lo que constituye una cifra menor respecto a la riqueza disponible en Chile, no sólo desde la perspectiva de las utilidades de la banca, el capital de los grupos económicos y las considerables ganancias de las sociedades anónimas, sino también, desde la perspectiva de nuestra riqueza en recursos naturales cuyo uso y explotación, en Chile, es de exclusivo beneficio del capital privado nacional y trasnacional. La aplicación de royalties al uso de recurso críticos como el cobre, el agua, los recursos forestales que las grandes empresas explotan casi gratuitamente, dejaría un excedente superior a los 8 mil millones de dólares anuales. En consecuencia, dada la dotación de recursos naturales disponibles, Chile podría perfectamente disponer de los recursos financieros necesarios para realizar una reforma educacional que modifique sustantivamente las asimetrías en calidad, equidad y financiamiento que muestra el sistema educacional chileno.

Cabe recordar que dichos recursos pertenecen a Chile y el cobro por el uso de estos recursos es una cuestión exclusiva de equidad mercantil, en donde se supone que los que aportan cierto capital -en este caso Chile y sus recursos- deben ser remunerados en el aporte económico que dicho capital genera. Los recursos naturales en Chile y su valor económico, representan aproximadamente un tercio del valor de venta de esos sectores productivos; sin embargo, dado el poder del capital y el desequilibrio político que hoy exhibe nuestro país, esos valores económicos se orientan a engrosar las utilidades del capital, en vez de reasignarse al desarrollo del país. Esto es lo que hicieron países como Noruega, Finlandia y otros países de la OCDE que lograron estándares mayores de desarrollo y eso es lo que Chile no puede hacer, puesto que sus gobiernos son prisioneros del poder político y económico de la oligarquía.

El desarrollo de los pueblos es una cuestión de orden político y no técnico y éste desarrollo requiere fuertes inversiones, no es gratis. Los pueblos que han alcanzado el desarrollo han invertido importantes recursos en esa meta política. En Chile, la opción es una economía basada fundamentalmente en exportar recursos naturales cuya renta es apropiada por el capital, en donde la formación del capital humano es contraria al tipo de ordenamiento económico que se ha instalado, dado que personas bien educadas no sólo se convertirían en ciudadanos críticos y autónomos, sino que también implicaría aumentar los niveles salariales, lo que significaría reducir la rentabilidad del capital.

La crisis de la educación en Chile, no es fruto de un país que no dispone de los recursos financieros necesarios, sino más bien, de una oligarquía que teniendo férreamente los puestos de comando y control, no está dispuesta a transar, ni en medida menor, la repartición del excedente productivo que es el resultado del trabajo colectivo de los chilenos, pero que es apropiado por las elites, gracias al poder incontrarrestable que ésta exhibe en el espacio socioeconómico y político del país.


- Marcel Claude es economista, Director de Arena Pública, Plataforma de Opinión de Universidad ARCIS.

Estudiantes increpan duramente a Ricardo Lagos en U. de Chile

Dirigentes de la Aceus criticaron su labor en materia educacional. "Ladrón", fue sólo uno de los epítetos que se escucharon en contra del ex Presidente en la facultad de Derecho de la Universidad.

El ex Presidente Ricardo Lagos fue duramente increpado por un grupo de estudiantes y dirigentes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aceus), al término de una charla por cambio climático a la cual asistió en su calidad de comisionado de la ONU.

La actividad se desarrolló en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y trató sobre el calentamiento global y medioambiente.

Tras el hecho, la seguridad del ex Presidente se vio reforzada para evitar eventuales agresiones y velar por su seguridad. Así, fue retirado rápidamente del lugar y fuertemente custodiado.

Los estudiantes reclamaban por la calidad de la educación y la gestión de su gobierno. Una de las pancartas que portaban los estudiantes decía: "Lagos y Bachelet educan con empresarios de Pinochet".

Una vez terminado el incidente, la vocera de la Aceus, Javiera Campos, reiteró sus críticas al proyecto de ley general de educación (LGE), la que calificaron como "un mero maquillaje de la Loce", según radio Cooperativa.

LAGOS Y PRESIDENCIALES

A su llegada a dicha facultad -antes del incidente-, el ex gobernante volvió a referirse a la contingencia señalando que la Concertación es capaz de aunar criterios respecto de definiciones tales como carta presidencial del conglomerado.

"La Concertación siempre ha sido capaz de ponerse de acuerdo en resolver este tema. Lo ha resuelto en cuatro ocasiones anteriores con bastante éxito y creo también que es un desafío que tienen los distintos partidos", expresó.

Además, coincidió con el diagnóstico del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien llamó a definir una carta presidencial "un mes más o menos después de la elección municipal". 

"Me parece que el planteamiento de José Miguel (Insulza), como todas las cosas que él hace, es muy razonable, y creo que, en consecuencia, si es posible para esa fecha, espléndido", afirmó Lagos, quien, en todo caso, agregó que le corresponde a los partidos políticos tomar tal decisión.

El ex Mandatario aumentará sus apariciones públicas en estas semanas, de acuerdo a un rol más protagónico que asumirá de cara a la campaña municipal.

De hecho, hoy a las 18 horas participará en un acto junto a artistas y el candidato a alcalde por Santiago, el ex ministro Jaime Ravinet.

Otro traidor de la izquierda jura en el Congreso chileno

Marcelo Schilling: de escolta personal de Allende a traidor en "democracia"

En la fotografía. Marcelo Schilling, quien juro recientemente ante el Congreso como nuevo diputado en reemplazo del fallecido Juan Bustos. Fotos: OPAL / Colaboradores

En los años ’90 estuvo al mando de operaciones de inteligencia y represión de grupos de izquierda chilena.

Por Prensa OPAL

jueves 14 de agosto de 2008

Schilling jura como diputado y defiende rol de “La Oficina”

El nuevo legislador llegó bien arropado al Congreso. Ingresó a la cafetería, esperando ser llamado a jurar, acompañado de los ministros del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo. Además, lo rodearon el presidente del PS, Camilo Escalona, y los también senadores Ricardo Núñez y Pedro Muñoz.

En una señal de lo complicado de su designación, algunos parlamentarios abandonaron el pleno, entre ellos los socialistas Marco Enríquez-Ominami y Sergio Aguiló, el ex PPD Álvaro Escobar y el UDI Iván Moreira. Sin embargo, la mayoría aplaudió calurosamente su incorporación.

Al término, Schilling expresó su emoción por llegar al Parlamento en reemplazo de su amigo Juan Bustos y manifestó su deseo de aportar, "aunque en áreas diferentes a las que dedicó Juan, porque su calidad de jurista y constitucionalista están fuera de mi alcance".

Schilling también salió al paso de las críticas que ha recibido desde sectores del propio PS -como el binomio formado por los congresistas Carlos Ominami y Marco Enríquez-Ominami- y desde la izquierda extraparlamentaria por su rol en los años ’90 al mando de "La Oficina" en el desarme de grupos de izquierda como el FPMR Autónomo y el Mapu-Lautaro, que seguían operando.

"La gran mayoría de los chilenos hoy vive y trabaja en paz, las grandes personalidades y poderosos del país circulan sin guardaespaldas, gracias al trabajo que se hizo en la época del ex Presidente (Patricio) Aylwin, cuando se desarticuló a los grupos armados", precisó.

Agregó que muchos chilenos todavía le expresan su gratitud por ese trabajo de neutralización de la izquierda. En esta labor Schilling fue acusado de obstrucción a la justicia en relación al crimen del senador de la UDI Jaime Guzmán (esto explica el retiro de Moreira).

“LA OFICINA” medio para reintegrar a los militantes de la extrema izquierda en la sociedad. Así lo justifica hasta ahora el PS chileno.

La oficina fue creada por decreto en 1991 por el gobierno de coalición (DC-PS-PPD) formada para el fin de la dictadura, en 1989.

Los partidos democráticos habían aceptado entonces una transición negociada con los militares, permitiendo al antiguo dictador mantenerse como jefe del estado mayor de ejército, beneficiándose con ello de inmunidad.

¿Porque haber elegido Schilling ? Militante del PS, cercano Allende, ya trabajaba en los 70 en el ámbito de la inteligencia y la seguridad. Miembro de la escolta personal de Allende, exiliado en México después del golpe de estado, conocía perfectamente el funcionamiento, las estructuras, las motivaciones de los grupos que luchaban contra la dictadura.

Durante la "transición Democrática", una ley adoptada en 1992, creó un mecanismo que permitía a los presos políticos disminuir las penas a cambio de arrepentirse y entregar información sobre las actividades de sus movimientos.

Unos de los principales instrumentos de la Oficina fue la infiltración y Marcelo Schilling por su pasado estaba bien situado para organizarla.

La Oficina se presentaba entonces como un medio para reintegrar a los militantes de la extrema izquierda en la sociedad. Así lo justifica hasta ahora el PS chileno. Una representación "cínica", juzgan aquellos que tuvieron que enfrentarla. Es el caso de Ricardo Campos del FPMR, refugiado en Francia desde 1991: "Con el voto de la ley de delación una política de seguridad se puso en marcha. La oficina reclutaba los prisioneros políticos al interior y fuera de las prisiones, era gente que estaba quebrada psicológicamente y que tenían problemas económicos. Se les ofrecía trabajo y dinero a cambio de información."

Marcelo Mendoza, refugiado en Francia desde 1993, fue conectado por la oficina 1991, algunos meses después de su salida de prisión. Había militado hasta 1988 en el partido Mapu Lautaro y ligo amistad con numerosos presos políticos; "una red que les podía interesar" dice. Tres personas se le acercaron, los dos primeros son amigos, uno del PC y el otro del MIR, el tercero Lenin Guardia. "Querían información del grupo Lautaro porque decían que 'los militares querían matarlos, mas vale que nosotros los ayudemos. En la cárcel estarán mejor que muertos'. Les respondí que no podía ayudarlos y tuve mucho miedo", cuenta hoy.

"El ambiente era detestable" agrega Javier L., ex militante del FPMR refugiado en Francia desde 1988: "Todo el mundo sospechaba que todo el mundo era sapo. Dividieron para gobernar". Numerosos militantes iban a caer, llenando las cárceles o partiendo al exilio.

Pero la derecha chilena apuntaba, no los métodos empleados, pero el hecho de que ciertos miembros de la Oficina estaban implicados en atentados. Schilling es puesto en acusación en 1996 por la jueza Raquel Campusano, encargada del caso del asesinato en 1991 de Jaime Guzmán, el ideólogo de la dictadura, autor de la constitución de 1980, todavía en vigor.

Se le acusa de haber obstaculizado la justicia, protegiendo personas que participaron en este atentado para trabajar en la Oficina a cambio de su impunidad. Pero los cargos fueron anulados por la Corte Suprema.

En el caso Guzmán, el juez Hugo Dolmestch, encargado del dossier, interrogó a Schilling a propósito de la muerte de un antiguo miembro del FPMR, Agdalin Valenzuela, que colaboró activamente con la Oficina antes de ser asesinado en 1995. Schilling podría estar todavía involucrado en este caso pero como testigo.

De hecho la principal acusación contra él que le hacen sus detractores es de orden "ético". Aceptó una misión poco digna, utilizando sus contactos anteriores para detener numerosas personas. Pero para la s autoridades chilenas lo hizo en nombre del interés supremo del Estado: Cuando la democracia retorno, el gobierno debía demostrar que controlaba la situación dotándose de un aparato de información independiente de los vinculados a las FF.AA. Una misión que Schilling supo cumplir.

Pero ciertos grupos de la izquierda chilena nunca aceptaron las "negociaciones con la dictadura, como la salida de presos políticos mientras Pinochet quedaba impune", explica Cecilia Ortíz del MIR. Sus posiciones obstaculizaban el "proceso histórico" en curso, se defiende Oscar Vallespir, presidente del PS chileno en Francia: "Había que neutralizar la acción de grupos que no operaban en el marco de la ley, hacerlo de manera civilizada. Para estar a la cabeza de un organismo así, cualquier cuadro del PS habría aceptado."

"Toda democracia debe tener un servicio secreto: no hay nada sorprendente en esto. Pero el fin no justifica todos los medios", agrega Ricardo Graf, un antiguo del MIR.

"En lugar de utilizar agentes de Estado, ellos utilizaron prisioneros políticos y sus familias", dice Carlos García, ex prisionero político que cumple pena de extrañamiento por 40 años.

En el centro de este debate entre lo "moral" y lo "realista" se encuentra el itinerario de Marcelo Schilling, un nuevo diputado que desembarca en el congreso con un equipaje bien cargado.

Fuentes: La Nación / mercadonegro.cl / OPAL