Papelera Quilmes (ex Massuh): Entre la desidia y el desamparo

Ariel Alvariz (ACTA)

Trabajadores de la Papelera Quilmes (ex Massuh), nucleados en el Sindicato de Papeleros Mensualizados, se acercaron a la CTA para plantear la dura situación que están viviendo ante la pérdida de su fuente laboral.
En una extensa reunión con el secretario general de la CTA provincia, Hugo Godoy y compañeros de la CTA Quilmes y de la FeTERA, insistieron en la necesidad de que el Estado Nacional intervenga a favor de los trabajadores y no, como es su intención, a favor de la concentración del negocio en pocas manos.

La Papelera Quilmes es la tercera en importancia en el país, en cuanto a producción de papel. En mayo de 2009, y luego de cinco meses de estar parada, el Estado Nacional la intervino creando un fideicomiso del Banco Nación, haciéndose cargo de la gestión de la misma. La gestión privada (Massuh) dejaba de esta manera un tendal de deudas y 14 pedidos de quiebra.

La gestión estatal comenzaba su ciclo con grandes exclamaciones de inversiones. En boca de Guillermo Moreno, Secretario de Comercio Interior, se confiaba que se volcarían $ 5 millones de pesos provenientes de la ANSES. “Mi función es coordinar: voy a poner en marcha esta planta. Es una planta para producir papel, vamos a trabajar como venimos haciendo hasta ahora”, afirmaba el inefable Moreno (Cronista Comercial -10 de mayo 2009). Al día de la fecha esos fondos nunca llegaron.

La empresa cuenta con más de 400 trabajadores en actividad, entre la planta central de producción ubica en Quilmes y el taller de reparación de máquinas de San Justo. Este último es uno de los tres talleres que existen en Argentina y que por su envergadura adquiere una importancia estratégica. Desde abril de este año y por decisión del Ejecutivo Nacional la planta a dejado de producir, dejando sin su fuente laboral a la totalidad de los trabajadores.

El secretario general del Sindicato de Papeleros de Quilmes, Miguel Kolomietz, sostiene que “siendo Argentina una importadora de papel y siendo Papelera Quilmes la tercera en importancia en el país, no se entiende la decisión del gobierno de cerrarla. Estábamos llegando a un umbral de producción, muy próximo al punto de equilibrio. Cuando la empresa estaba empezando a funcionar sin pérdidas se decide cerrarla”.

“Además -sostiene el dirigente- no se realizan inversiones desde hace tres años, lo que lleva a un deterioro de las máquinas por falta de mantenimiento”.

La idea del Gobierno Nacional es transformar la empresa en una cooperativa, planteo rechazado por los trabajadores, “Nos quieren cooperativizar -resalta el secretario adjunto del gremio, Kristian Zanone- nos dicen que nos van a pagar $1.500 pesos de piso y que 100 de los 400 compañeros deben optar por la jubilación o el retiro voluntario”.

La sensación es que éste soltarle la mano a los trabajadores significa una nueva avanzada para que la empresa se vuelva privatizar, allanando el camino para la llegada de capitales. Se estima que unas de las empresas beneficiadas con esta situación y que estuvo totalmente en desacuerdo con la creación del fideicomiso es Papelera Ledesma (con marcas como Éxito y Gloria), de la familia Blaquier, que maneja el 30% del mercado y que había denunciado al Estado por competencia desleal.

La propuesta del Sindicato de Papeleros, en concordancia con el Municipio de Quilmes, es la creación de una empresa con un fuerte sesgo social, donde se fabriquen libros y cuadernos para los niños y jovenes. Que sirva de insumo para el desarrollo educativo, social y cultural, acompañando las políticas sectoriales propuestas por el Estado. Para ello se reclama la intervención del estado, específicamente del Ministerio de Educación Nacional y de la Dirección de Escuelas y Cultura provincial.

Trabajadores toman fábrica textil ante vaciamiento patronal

Argentina

Cuando los trabajadores de la textil Sniafa fueron a trabajar el martes por la mañana se encontraron con una situación desconcertante: la fábrica estaba cerrada, con todas las maquinas apagadas, sin luz y sin los gerentes. Este desconcierto, sin embargo, no fue tan grande. Hacía ya varias semanas que el patrón Benjamín Pedro Uriburu se negaba a pagarles el sueldo y los trabajadores seguían yendo a trabajar a la espera de recibir lo que les corresponde. Pero el martes fue el colmo y sin titubeos decidieron tomar la fábrica en defensa de sus puestos de trabajo.

Sniafa: una empresa de bajos salarios y altas ganancias

La textil Sniafa fue fundada en el año 1948 y desde entonces se dedica a la producción de hilados sintético. Especialmente para la exportación a Brasil, del mismo modo que lo hace Mafissa, la otra gran textil de la zona. Sniafa pertenece a Solea Trust Reg y al fondo de inversión The Tower Fund, pero su principal accionista y encargado de llevar adelante la empresa es Benjamín Pedro Uriburu, de la mano del italiano Michelle Scarantino. M., trabajador de Sniafa contaba que “se afanaron todo, estos últimos tiempos se vino produciendo un vaciamiento de la fábrica... no dejaron nada, ni lo baños limpiaban, hace meses que habían dejado de limpiar la planta”.

Según el relato de los propios trabajadores, algunos con más de 30 años de antigüedad, hace dos años que no reciben los aumentos de salario según lo acordado en el acuerdo paritario del gremio textil (AOT) y desde entonces notan un deterioro de la empresa, a pesar de las estupendas ganancias que viene acumulando. Sobre esto, J., un trabajador con 20 años de fábrica, comentaba: “Acá se vende todo, desde el hilado que hacemos hasta las sobras, no se desperdicia nada. La plata que levantan es tremenda, pero a nosotros nos pagan migajas. Un obrero cuando entra cobra poco más de $2.000 y los más antiguos poco más de $3.000.... cada día alcanza para menos con la inflación que hay... ¿vos te crees que es verdad lo que dice el gobierno que no hay inflación?”

Parace que J. tiene razón. Según diferentes estimaciones de precios la inflación anual supera el 30%, lo que debería redundar en un aumento superior a este porcentaje, como, por ejemplo, el alcanzado por el gremio de la alimentación esta semana que ronda el 35%. Con estas cifras se puede estimar que la canasta familiar -con todos los elementos necesarios que viva una familia- debe andar en los $5.000 por mes... muy lejos de lo que los trabajadores de Sniafa, y tantos otros, perciben.

La resistencia de los obreros por sus fuentes de trabajo

La toma de la empresa ya lleva tres días, además del corte de calle permanente que están realizando sobre la calle 508 para hacer público su reclamo. En alguna medida esto funcionó, suscitando que diarios y radios de la ciudad se hicieran presentes, aunque no lo suficiente, según los trabajadores. El día miércoles por fín, la patronal dió la cara, pero como un gesto casi provocativo apareció el Presidente de la empresa para intentar sacar el hilado que quedaba para venderlo, lo que fue impedido por los trabajadores que decidieron bloquear la salida de la poca mercadería que queda, la bronca fue en aumento. El día jueves seguían sin moverse de la toma y el corte de calle, a la espera de una reunión entre sus representantes sindicales de la Asociación Obrera Textil, los directivos de la empresa, y representantes del Ministerio de la Producción.

En la previa a la reunión, los trabajadores aunque firmes en su lucha, mostraban cierto pesimismo en relación a los resultados de la reunión: “Seguro que no aflojan nada”, “Uriburu se robó todo.... ahora no va querer poner un peso para que se vuelva a abrir”. Pero este pesimismo no sólo era hacia lo que la patronal podía ofrecerles, sino hacia los propios dirigentes sindicales que según la opinión de los trabajadores no se habían preocupado por evitar que se llegue a esta instancia y “aparecen ahora cuando esto ya está todo mal”.

Y del dicho al hecho. Tras 3 horas de aguante en la puerta del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, al ruido de bombos y cantos... los representantes de la AOT bajaron para anunciar que no habían conseguido nada. Que la empresa había “ofrecido suspender a los trabajadores por 20 días sin goce de sueldo, que iba a pagar los salarios adeudados y que estaban tratando de conseguir que el gobierno de Scioli le preste plata para poder reabrir la fábrica”. A pesar de que esto era previsible para la mayoría de los trabajadores, les cayó como un balde de agua fría. Inmediatamente cargaron las banderas y regresaron a la fábrica para relatar lo sucedido a sus compañeros y continuaron con la toma.

De La Plata a Neuquén o ¿qué hacer ante un vaciamiento de la patronal?

Entre los trabajadores urge resolver esta cuestión cuanto antes. No sólo 180 trabajadores quedaron sin trabajo, sino que 180 familias enteras están siendo sometidas a una situación difícil y completamente injusta, más aún con la situación económica de aumentos de precios y lo costoso que se hace para conseguir trabajo. Por el lado de la empresa, las cosas parecen no tener curso de resolución. Esto mismo sucedió en una fábrica muy lejos de la Ciudad de La Plata, en Neuquén, llamada Stefani, productora de ladrillos huecos. Allí, hace 6 meses los empresarios cerraron la planta, dejando a sus trabajadores sin nada. Repetimos: 6 meses y sin respuestas. Hasta que la solución llegó, pero no de la mano de los empresarios ni del gobierno, sino de los propios trabajadores que, el día miércoles 19 de mayo, decidieron democráticamente en asamblea, ponerla a producir por ellos mismos.

Los trabajadores de Sniafa tienen toda una lucha por delante y es tarea de todos apoyarlos hasta que logren conseguir sus justos reclamos.

Nota realizada por:

Tano y Agustín. Corresponsales de Prensa para

Micrófono Abierto a los Trabajadores. Programa Radial

transmitido por FM Futura 90.5 (La Plata),

Martes de 20 a 22hs.

ENTRE LEYES Y DERECHOS

Roberto Tello

Una ves mas los chilenos en el exterior, vemos como la clase política chilena, agita el debate sobre el derecho a voto para los chilenos de la diáspora. Piñera, el eterno obstaculizador del derecho a voto, arremete con un proyecto de ley, tan reaccionario, como ineficaz para la reparación del daño que causa el Estado chileno a todos los chilenos radicados fuera de Chile.  

 

Ahora, la iniciativa parece entrar en tierra de definiciones desde lo formal institucional, dado que los actuales promotores, cuentan con la sumatoria del poder político para votar un proyecto que sostiene serios cercenamientos al natural derecho de los chilenos en el exterior, de poder votar, elegir autoridades, o en el mejor de los casos, ser elegido autoridad.

 

Esta conculcación del derecho a voto, afecta a los chilenos en el exilio desde que se tranzo la salida de los militares con los civiles hace ya 20 años atrás. El pacto secreto, firmado a espaldas del pueblo chileno, que ha sido denunciado en numerosas ocasiones, incluso; develado por la misma realidad política y la praxis de los dos conglomerados –Alianza, Concertación-  que han concurrido en fortalecer los libelos jurídicos de facto con el que mantienen atada la voluntad popular y el desarrollo democrático de los chilenos de dentro y de fuera de Chile.

 

La ley antiterrorista y las fiscalias militares, son dos engendros jurídicos de neto corte reaccionario, que posesionan a Chile en el nivel mundial mas bajo de las garantías constitucionales que un Estado debe preservar para sus ciudadanos. La misma constitución de facto que los contiene, es un obstáculo para el desarrollo de la democracia y la participación de los chilenos en la actividad político social del país; falencia que acentúa, por otro lado,  la presencia de una convivencia social entre débiles, cada ves mas débiles,  y poderosos, cada ves mas poderosos. El estado, en manos de estos últimos, es una fortaleza de acceso inalcanzable para que los más débiles accedan a los instrumentos que este Estado debería otorgarles, con el fin de equilibrar las relaciones sociales, injustas de por si, por la naturaleza misma del sistema económico que les da forma, el capitalismo.

 

La concertación, es culpable de dar legitimidad a esta institucionalidad. La dirigencia socialista chilena, no ha disputado ni un palmo de esta institucionalidad de facto promoviendo los valores del socialismo como una forma de estructura política, social y económica, mas justa y mas solidaria, en reemplazo de esta caricatura de democracia; ni hablemos de arremeter contra el sistema capitalista, retomando el camino trazado por Salvador Allende, que aun en su romántica idea de construcción socialista de la sociedad chilena, permitió los avances sociales mas sustanciales que conozca nuestra siempre desigual historia política.

 

Es mas, lo que predomina como contexto estético cultural en la sociedad chilena, son los valores del consumismo irrefrenable, del arribismo mas indolente, del sálvese quien pueda, de la insolidaridad. Los más débiles estamentos de la sociedad, son arrastrados por esta estética y puestos en un plano de aparente igualdad de consumo con los sectores más poderosos económicamente, para establecer la perversa idea de que los chilenos, frente al mercado, somos todos iguales. Los chilenos que logran superar el timbre de época, buscan las formas de organizarse para llevar a cabo una lucha contra estos perniciosos efectos de la institucionalidad de facto heredada del pinochetismo.

 

Quienes han zafado del ataque de los mass media, son recapturados y entrampados por esta ley  antiterrorista, que es tan ambigua como efectiva para los intereses de los poderosos. Los sectores mas afectados por esta ley, son el pueblo Mapuche y las organizaciones populares en lucha contra el modelo; su institucionalidad, y porque no, el sistema económico por el que estos  se desplazan. Elena Varela, es un caso paradigmático de la aplicación de esta ley que, cuando resuelve incluso en favor de los procesados, deja una impronta de miedo social, al que cualquier chileno bien nacido teme se le caiga encima.

 

Este, ha tenido que ser el mandato de la dirigencia socialista en estos 20 años de estar en el poder; ayudar al pueblo chileno a desentramar toda esta legislación y su impronta estético cultural, promoviendo otros valores humanos relacionados con la construcción de un mundo diferente al actual.

 

Estos 20 años de gobierno concertacionista, desgastaron la esperanza de los mas pobres, que fueron atrapados por la lógica de la estructura política, que los coloco frente a al falso dilema de los dos males, uno mas perverso que el otro; así y todo, gano el peor de ellos, demostrando tanto la efectividad del método, como la miseria de sus ejecutores. No existe ninguna posibilidad, de derrotar la institucionalidad de facto en chile, sin la concurrencia de las masas populares. Los verdaderos socialistas chilenos, deben ayudar a la organización del campo popular fortaleciendo sus instituciones; sindicatos, movimientos sociales, ONG, centros vecinales, círculos profesionales y demás estamentos sociales, en función de ayudarlos a recrear un nuevo paradigma político,  social y económico, que garantice una sociedad realmente igualitaria.

 

Entonces, la lucha por el derecho a voto para los chilenos en el exterior, en el marco de las actuales relaciones sociales, constituye también, un inevitable enfrentamiento contra este modelo institucional de facto; la clase política que le da sustento y toda la estética cultural que los poderosos despliegan para mantener cautiva la subjetividad social de los chilenos en general. Por otro lado, debemos reconocer como imperioso, el hecho de ayudar a la construcción de la organización popular y reconocer en esta organización, la única y más poderosa herramienta para desterrar la  secular injusticia social en Chile, incluida aquella que recorta los derechos de los ciudadanos, se encuentren donde se encuentren.

Trabajadores chilenos exigen sueldo mínimo de $ 350 mil pesos a la Confederación de la Producción y del Comercio

Andrés Figueroa Cornejo

Dirigentes y trabajadores de la banca, la subcontratación, de la educación, servicios, y el cobre  –agrupados en el Frente Amplio de Trabajadores- se apostaron ante la sede del gremio patronal, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), para exigir un salario mínimo de $ 350 mil pesos (635 dólares).
 
Los representantes sindicales, que tapizaron de carteles la sede de la CPC, ubicada en Providencia, Santiago, señalaron que “Los actuales $ 165 mil pesos (300 dólares), definitivamente, no alcanzan para vivir. Aunque en una familia sean dos o tres miembros los que perciban ese monto. La vida es mucho más cara.”
 
LOS FUNDAMENTOS
 
Los argumentos empleados por los trabajadores para fundamentar su exigencia son que “Un salario mayor para los trabajadores que ganan el ingreso mínimo se expresará en una mayor demanda interna, lo que contribuye a la reactivación de la economía. También son miles las familias  pobres que afectadas por las consecuencias del terremoto necesitan mejorar sus ingresos para poder reconstruir sus viviendas o arreglar los desperfectos que dejó el sismo; y en condiciones de crisis, el peso de la enorme cantidad de cesantes o población pasiva, (discapacitados, ancianos, enfermos y desempleados)  se carga sobre los que trabajan (la población activa) y un mejor salario ayuda a sobrellevar esta carga.”
 
Asimismo, los trabajadores afirmaron saber “que la CPC impone sus condiciones a la hora de determinar el sueldo mínimo –entre otros muchos asuntos que afectan a los asalariados-, y por eso estamos aquí. El Ministerio de Hacienda y del Trabajo condicionarán la fijación del monto del sueldo mínimo de acuerdo a las resoluciones del empresariado. Y sabemos que el empresariado dictará la cifra que mejor convenga a sus intereses y a la mantención y aumento de sus utilidades.”
 
“USTEDES TIENEN UNA COSA QUE NOS PERTENECE”
 
Los manifestantes dijeron luchar por un pago lo más justo posible, “dadas las actuales condiciones de explotación laboral, alta rotación, malos contratos (cuando los hay), flexibilidad antisocial y nula seguridad social.”
 
Finalmente y frente al edificio de la CPC, los representantes sindicales y trabajadores, dirigiéndose a los jefes del empresariado, manifestaron que “No es posible una democracia política sin equidad en la distribución de la producción social  de la riqueza. Por eso estamos aquí, señores de la Confederación de la Producción y el Comercio. Porque ustedes tienen algo que nos pertenece.”
 
Andrés Figueroa Cornejo
Mayo 20 de 2010

Como hace doscientos años...

Jorge Altamira (PRENSA OBRERA)

En su visita a España, la Presidenta criticó “las recetas recesivas” en Europa, pero no mencionó que acaba de votar, en el FMI, a favor del ajuste para Grecia (ver Prensa Obrera Nº 1.129). Pero antes de salir para Europa, la Presidenta ya sabía que la crisis mundial estaba golpeando de nuevo a Argentina –luego de la salida de 40 mil millones de dólares que se produjo entre mediados de 2007 y finales de 2009, y de la caída del 4% del producto interno en 2009. Es mentira que Argentina sorteará la crisis que se manifiesta en Europa, que es el segundo comprador de las exportaciones nacionales. Menos aún cuando a esa crisis ya se ha incorporado Brasil, el primer mercado extranjero de la producción argentina, cuya Bolsa se ha derrumbado en la última semana.

“Canje” inútil

Estos acontecimientos golpearon a la baja a los bonos de la deuda pública de Argentina que, de este modo, quedaron en una posición aún más vulnerable que los títulos de Grecia –que ya no tienen compradores en el mercado mundial. Es así que dejó tambaleando el nuevo canje de deuda con el que los K pretenden reanudar el endeudamiento nacional y, por esta vía, dar oxígeno a un supuesto plan de reactivación. El gobierno tuvo que resignar la pretensión de que los bancos que gestionan el canje consigan un préstamo inmediato por mil millones de dólares. Pero hasta el propio canje podría concluir en un fracaso –y con esto la intención de cerrar un acuerdo con el Club de París.

Adicionalmente, la crisis europea está por voltear los precios internacionales del petróleo o los cereales, sobre los que se basa el pronóstico de un superávit comercial elevado.

Desesperación

Todo este nuevo panorama explica la acentuación de las medidas de protección contra la producción extranjera adoptadas en las últimas semanas. El derrumbe del euro y la caída del real describen una perspectiva de guerra comercial. Pero Argentina no puede devaluar el peso sin desatar el peligro de la hiperinflación. Del mismo modo, las devaluaciones del euro y del real postergan por tiempo indefinido la posibilidad de que China revalorice su moneda, el yuan, y facilite de este modo las ventas de Argentina. Al revés: China se ha puesto a la cabeza del pelotón que busca derribar los precios internacionales de las materias primas que adquiere, y además industrializar en su país los productos que se elaboran con esas materias primas. Mientras Kirchner y Macri pelean por endilgarse la copa del mundo del espionaje y la conspiración, la crisis mundial le mueve el piso a los dos –como una danza en el Titanic. Solamente en las últimas dos semanas, Brasil ha visto como se le evaporaban 12 mil millones de dólares de sus reservas como consecuencia de la fuga de capitales. Los K deberían poner sus barbas en remojo.

La clase obrera frente al Bicentenario

La clase obrera no celebra el Bicentenario con slogans patrioteros sino con una vigorosa lucha sindical. La pelea de las fábricas de la Alimentación de Córdoba ha desarrollado un nuevo foco de reagrupamiento independiente de los trabajadores. La transición histórica del régimen de sindicalismo estatizado, por medio de una burocracia, hacia un sindicalismo de clase va ganado nuevos espacios sociales y geográficos –y, por supuesto, nuevos reclutas.

Lo ocurrido en los últimos meses en la Alimentación se va a reproducir entre los trabajadores de Supermercados y, dentro de poco, entre los trabajadores de Smata y de nuevo en metalúrgicos. El 25 de Mayo de 1810 fue un producto distorsionado y manipulado de los grandes levantamientos que acogieron a las Invasiones Inglesas –y del otro lado del océano, del levantamiento nacional español del 2 de Mayo de 1808. La irrupción nacional en las Provincias Unidas estuvo determinada por una crisis mundial excepcional y por la aparición de situaciones revolucionarias en las colonias americanas y en la metrópoli española. A doscientos años de distancia, nos enfrentamos a una crisis mundial un millón de veces más grande y al desarrollo de luchas populares y crisis políticas que conducen a situaciones revolucionarias. El lugar del pueblo raso, a principios del siglo XIX, lo debe ocupar el proletariado. Los focos de lucha clasista que se desarrollan en el país deben servir para colocar a la clase obrera a la cabeza de una nueva revolución –que para ser auténticamente nacional deberá tener un carácter socialista. Una revolución que ponga en pie una Federación socialista de América Latina y se proyecte hacia una República Socialista internacional.

Colombia: ¿Elegir entre el asesino Santos y el derechista Mockus para continuar la política del fascista Uribe?

Pedro Echeverría (ARGENPRESS.info)

1. El domingo 30 de mayo los colombianos deberán elegir a un nuevo presidente de su país. El presidente aún en funciones, Álvaro Uribe, es un personaje que ha sabido manejar a su favor a los medios de información y a los encuestadores de opinión para mantener un alto índice de aceptación. Con su política proyanqui de confrontación contra “el terrorismo”, Uribe ha logrado desprestigiar a los guerrilleros de las FARC e imponer en Colombia un régimen de persecución. Al parecer Antanas Mockus, quien desde hace varias semanas ha estado arriba en las encuestas, ganará los comicios; pero parece que nada cambiará porque los dos rivales: Juan Manuel Santos (candidato de Uribe) y Mockus, del partido Verde, son idénticos en cuanto a ideología y programa. Santos era el secretario de Defensa que ordenó el bombardeo en Sucumbíos Ecuador y Mockus también era un alto funcionario del uribismo.

2. Colombia, por el número de sus habitantes es el tercero en América Latina, después de Brasil y México, aunque por el tamaño de su territorio queda debajo de Brasil Argentina y México. Es de los países más representativos de la región, pero por sus políticas favorables a los militares, a los empresarios, a los gobiernos de los EEUU y contrarias a los sectores explotados y pobres, ha marchado a la zaga de las naciones progresistas. En los últimos años los gobiernos de Andrés Pastrana (1998-2002) y de Uribe (2002-2010) firmaron acuerdos con los EEUU (Plan Colombia, ALCA, construcción de bases militares) con los gobiernos de EEUU que convirtieron a la nación en un territorio militar con el pretexto de la persecución de narcotraficantes, pero que en realidad ha sido represión y asesinatos contra luchadores sociales; sobre todo contra las FARC que llevan casi 50 luchando por los campesinos y los pobres.

3. El factor Hugo Chávez cuenta en estas elecciones. En lugar de usar la diplomacia burguesa de “no intervención” Chávez ha declarado que en caso de que gane Santos las relaciones entre Venezuela y Colombia se harían mucho más difíciles. ¿Cómo puede jugar Chávez –un gobernante responsable- al imparcial o neutral cuando observa que lo que suceda en Colombia en las elecciones influirá directamente en la marcha de Venezuela? Chávez se ha confrontado abiertamente con Uribe porque éste ha sido un simple títere de los yanquis, un empleado que sólo recibe órdenes para agredir a los demás países de América Latina. ¿Puede olvidarse acaso que más de siete bases militares colocadas por EEUU en Colombia disponen sus armas apuntando a Venezuela? ¿Debe silenciarse que en el contexto latinoamericano los EEUU usan a Colombia, México, Perú y Costa Rica?

4. Por eso en esta contienda electoral Chávez, en la práctica, ha tomado partido y ha pensado que con Mockus se pueden llegar a acuerdos porque no es el candidato de Uribe. Quizá por ello el uribista Santos –para que vean que no está peleado con Chávez-ha declarado que éste sería uno de los primeros invitados en su toma de posesión en caso de ganar. Pero también quizá por ello –para que no vean alguna simpatía chavista- Mockus ha declarado que su gobierno sería la continuidad del mandato de Uribe. La realidad es que los colombianos no pueden esperar cambios importantes en regímenes de derecha que lo único que hacen es profundizar la miseria de los 45 millones de habitantes que quieren vivir sin desempleo, sin confrontaciones, pero sobre todo sin esa dependencia de los EEUU que con sus bases militares instaladas en el territorio atraen guerra y agresiones de otras naciones.

5. La alternativa a la derecha pudo ser el independiente y exguerrillero Gustavo Petro, candidato del Polo Democrático Alternativo, pero la votación por este partido se desplomó a un 3 o 5 por ciento por una serie de errores y por la represión, me dijo el viejo comunista Pedro Hernández. “Sin embargo, dado que el porcentaje de votos por el Polo es muy bajo –a pesar que en años anteriores colocó como presidente de la ciudad de Bogotá a uno de sus militantes- hay que votar por Mockus para evitar que llegue un asesino (Santos) al poder. Luego en entrevista que le hice a Jaime Vázquez, presidente de campaña de Petro, señaló que la realidad es que Uribe impuso un régimen de terror al organizar desde Palacio una empresa criminal (DAS) como un poderoso aparato de inteligencia para intervenir los teléfonos y para inventar una serie de “pruebas” falsas para incriminar a la izquierda, a los magistrados de las cortes y a periodistas.

6. Señala Vázquez: La siete bases militares son la consolidación de un proceso histórico de subyugación al imperio porque Colombia no es una nación soberana y ocupa un primer lugar en impunidad social. En la ciudad de Bogotá hay un alto grado de tolerancia y se ha extendido la educación gratuita porque gobierna un miembro del Polo Democrático y porque este partido, dirigido por Clara López, es la única alternativa de izquierda real., concluyó el entrevistado que me dio algunos minutos de su tiempo. Entre los políticos no se quiere hablar de las FARC porque tienen una especie de terror a las DAS – que como la CIA y el FBI- siempre penetra las organizaciones para ejercer vigilancia y terror. A pesar que Bogotá es una gran ciudad muy bien informada y con una altísima producción y venta de libros, indagué sobre revistas y periódicos de izquierda y la respuesta fue que antes sí pero hoy no.

7. Así que las próximas elecciones de Colombia –muy parecido a lo que sucede en México con los partidos derechistas PAN y PRI- serán un simple trámite porque ninguno de los dos candidatos de derecha garantiza cambios en beneficio de los sectores mayoritarios. Las bases militares instaladas por los EEUU seguirán amenazando los movimientos de América Latina, así como a las FARC y a los movimientos de izquierda en Colombia. Desde Colombia el gobierno norteamericano y sus secuaces desarrollan en Venezuela una política de especulación con los dólares y de esconder mercancías de primera necesidad para elevar precios ante la “escasez” de azúcar, harina, carne y otros productos básicos. Para que los agentes de Norteamérica no saqueen los dólares de los bancos se ha prohibido la venta de éstos y para que los precios no suban se castigan a los empresarios encarecedores. Por eso Chávez debe cuidar muy bien sus espaldas.

Foto: Colombia, Política - Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe

Chile: Educación y post-efecto terremoto

Miguel Caro

Más allá de que la normalización de las clases en el sistema escolar tuvo muy poco de normal -tras el terremoto- y de que no son pocas las escuelas en que los objetivos y metas trazadas estarán lejos de cumplirse este año, es necesario poner el tema de la educación en perspectiva -especialmente el de la educación pública- dado que las dificultades en el proceso de mejoramiento que se ha venido impulsando en el último tiempo son previas y de naturaleza muy distinta a la catástrofe. El efecto post-terremoto, que por momentos lo explicaba todo, comienza a disiparse, dejando traslucir la trama de las intencionalidades, tensiones y obstáculos que se insinúan como herencia de las políticas educativas diseñadas en los últimos años de la Concertación y como antesala de las orientaciones que pretende impulsar el nuevo gobierno en esta materia.

Hoy ya es posible afirmar que la administración saliente recorrió un camino de reformas episódico y fragmentario, sin una mirada integral y de largo plazo sobre la trayectoria de cambios impulsada en educación. Fue agregando componentes y propuestas a medida que iba descubriendo falencias o que comprobaba la insuficiencia de las ya implementadas; no obstante cada nuevo anuncio en particular se ofrecía con estruendo como la tabla de salvación de un sistema globalmente en crisis, pero que luego demostraba su ineficacia, quedando reducido a una mínima expresión o batiéndose en silenciosa retirada, sin la más mínima evaluación pública y sin los resultados esperados. El problema que no se quería reconocer, es que dicho camino cruzó senderos que ya estaban demarcados previamente con reglas del juego que formaban parte de los acuerdos de transición y que abrían las compuertas del mercado a la educación, posibilitando su transformación en un espacio para la generación de nuevos negocios, sin ninguna regulación y con independencia de los fines públicos. Hoy moros y cristianos se quejan amargamente por lo que está ocurriendo con brutal evidencia; pero ya es tiempo de perder la ingenuidad, la coalición de gobierno no puede llamarse a sorpresa respecto de un modelo de desarrollo que ella misma creó y defendió, con una creencia religiosa en el mercado, la “libre iniciativa individual” y la competencia como modelo de progreso; pues aquí está su resultado. La Concertación, por su parte, no tiene derecho a reclamo dado que impulsó cambios en un escenario que aceptó con facilidad, que defendió casi tan fanáticamente como sus adversarios electorales y que –como en tantos otros temas- jamás sometió a deliberación ciudadana; de hecho posibilitó con recursos del Estado la expansión del lucro sin regulación de la calidad, provocando la disminución estructural de la matrícula pública. Las políticas e iniciativas legales de última generación que introdujo, son un esfuerzo de última hora (forzado además por la movilización estudiantil) por intentar regular un mercado que a estas alturas es imposible corregir con medidas que mantengan las fallas de origen, cuestión que tiene a la educación pública en estado terminal.

Fallas de origen: calidad de la educación y estandarización

En el discurso público educativo se ha instalado como idea rectora y como propósito final el concepto de calidad de la educación sin que exista la más mínima reflexión ni deliberación respecto de qué es lo que se entiende por aquello. Se asume de un modo inmanente que dicha finalidad estaría asociada a un conjunto de resultados aprendizaje en un cierto número de asignaturas escolares, medidos estandarizadamente por el SIMCE. Esto supone, por una parte, que el trabajo de decenas de miles de docentes, en las restantes asignaturas, con un alto volumen de horas y costos de inversión financiera, infraestructura, preparación de profesionales e impacto en diversas áreas de formación de nuestros estudiantes, carece de valor educativo y posee cero relevancia en la construcción del juicio evaluativo sobre la calidad de lo que se hace en las escuelas. También supone que en aquello que hace el Estado, movilizando un enorme dispositivo institucional, financiero y humano, se niega la importancia que tiene la formación de personas, en otros ámbitos de conocimiento, cuya menor relevancia es altamente discutible, y en otras dimensiones de la formación escolar, asociada a la construcción de la persona y la configuración de las condiciones que le permiten insertarse en las más amplias relaciones sociales de que forma parte.

Por ello, en la definición del concepto de calidad educativa, hay que prestar atención a los riesgos que se corren cuando se estandariza de esta manera, en una realidad sociocultural marcadamente diferenciada entre unos contextos y otros y cuando se levanta un juicio totalizador respecto de la labor formativa de la escuela, especialmente si la labor se realiza para superar problemas que la propia sociedad genera sistemáticamente, más allá de los muros de esta cuestionada institución.

Es nocivo que se asocie calidad educativa con resultados SIMCE en donde el trabajo docente se realiza en condiciones de precaria disponibilidad de capital cultural formal y en donde el volumen de información que provee el currículum escolar constituye, muchas veces, un obstáculo para el aprendizaje.

Bajo la presión del juicio de calidad (y las penas del infierno), las escuelas terminan restringiendo su proyecto educativo, siendo presa de la lógica de la mecanización y la instrucción para el “rendimiento”.

Propiciar en esos contextos la total cobertura curricular termina, en la práctica, reproduciendo la lógica de transmisión de contenidos; precisamente porque generar en los estudiantes disposición al estudio y lidiar con la transformación de patrones socio-culturales restringidos muy arraigados, requiere de un trabajo con mayor profundidad y curricularmente más amplio que la sola adquisición de contenidos o habilidades en determinados sectores de aprendizaje. Frente a la presión por la llamada “cobertura curricular”, el docente termina respondiendo al estándar en lo formal pero sacrificando las posibilidades de aprendizaje que ese contexto le demanda y distanciándose de una formación más amplia, que abarca áreas y dimensiones que no son consideradas en este tipo de evaluaciones externas.

Desde la racionalidad técnica, la estandarización y sus negativas consecuencias, es promovida no sólo por la evaluación externa de los aprendizajes, sino por un conjunto de nuevos mecanismos que formatean la labor escolar, convirtiendo sus procesos en circuitos formalizados de planificación de la gestión, en torno a metas de aprendizaje que desconocen la realidad y en donde no son considerados los diversos problemas de aprendizaje de los estudiantes, ni sus intereses ni sus arraigados patrones culturales en los que socializan a diario fuera de la escuela, todos factores muy difíciles de superar o integrar transformativamente en el corto plazo.

La Ley SEP viene a reforzar ese conjunto de mecanismos de tecnificación educativa que desconoce la realidad escolar, las dificultades estructurales que impiden el trabajo profesional colaborativo, así como la disponibilidad de tiempos y espacios para la dedicación racional a las labores de diseño de la enseñanza por parte de los docentes. El problema del tiempo es un factor determinante para la posibilidad de modificar la actual situación; es pedagógica y humanamente insostenible que un docente trabaje 30 o 40 horas en aula y que tenga dos para pensar en lo que tiene que hacer diariamente, atendiendo la diversidad y los enormes problemas que arrastran miles de estudiantes, con criterios de calidad, en forma contextualizada y significativa, promoviendo la transversalidad y generando metas de resultado crecientes; mantener esto es irracional, antipedagógico y profesionalmente insustentable. Desde una lógica prescriptivo-no participativa, la nueva legislación desconoce la realidad de múltiples formas, por ejemplo, al no permitir en la implementación de los Planes de Mejora que se supere el 10% por curso de estudiantes con resultados en el nivel inicial, en circunstancias que dicho límite es superado en la mayor parte de los establecimientos por la existencia de niños con diversos problemas de aprendizaje; vale decir, se establece por decreto el umbral de dificultades de una comunidad educativa y se busca responder a un circuito de producción de metas que impacta las formas pero no el fondo de los procesos educativos, además de sacrificar las escuelas como espacios inclusivos.

Las apuestas del nuevo gobierno: Flexibilidad laboral, salario por resultados y colegios de excelencia

La actual coalición de gobierno ha señalado insistentemente que resolver los problemas de la educación pasa por cambiar las reglas del régimen laboral de los docentes, introduciendo condiciones de flexibilidad que permitan, por una parte, a los directores sacar a los “malos profesores” y trabajar sólo con aquellos que respondan a las características exigidas y, por otra, castigar el mal desempeño, premiando aquel que sea considerado de excelencia. Este planteamiento tiene un par de problemas: Primero, sabemos que el estatuto docente se aplica sólo a los profesores del sistema municipal, objeto de las principales críticas, pero nada se dice respecto de sector particular subvencionado (que hoy tiene la mayor parte de la matrícula escolar), en donde existen las condiciones de flexibilidad que tanto se anhelan para el sector municipal y sin embargo no se generan significativamente mejores resultados, más bien la situación es altamente deficiente en la mayoría de los casos, prestándose incluso dicha situación para que se produzca una alta rotación docente, lesionando la continuidad en el desarrollo de los proyectos educativos e introduciendo prácticas abusivas y antisindicales de parte de los sostenedores, a partir de lo cual lo único que finalmente queda garantizado es la operación de mercado con los correspondientes beneficios económicos asociados. En suma, no hay base empírica para demostrar que la flexibilidad, sea un factor determinante para provocar el mejoramiento esperado. Segundo, la lógica del salario por desempeño (entendido este como resultados de aprendizaje medidos vía SIMCE), al no considerar las condiciones de inicio y las características socioculturales de los estudiantes, promoverá un concepto de calidad docente y una condición profesional que se manifestará como profecía autocumplida de la segmentación social y de los mecanismos de selección de los colegios, provocando una situación de injusticia al reconocimiento simbólico y material de miles de docentes que realizan un trabajo profesional de gran valor formativo en condiciones de alta precariedad y en donde los resultados no pueden ser homologables con otros contextos o sólo pueden obtenerse en el largo plazo, no asociables por tanto al trabajo individual de un profesor en un período breve de tiempo. Por otra parte, la “solución” de los colegios de excelencia, que no impactará más allá del 4% de la población escolar, con su lógica selectiva y estigmatizadora introducirá una especie de darwinismo social que profundizará las desigualdades socioeducativas ya existentes.

Junto a estos y otros innumerables factores, no es posible entender lo que sucede en el sistema educativo -y particularmente en el municipal- sin considerar la a ratos escandalosa falta de competencias técnicas de parte de muchas direcciones de educación y de los equipos técnico-directivos de las escuelas, carencia que en muchas ocasiones se explica exclusivamente por razones de orden político. Es frecuente escuchar quejas en las comunidades respecto del desconocimiento del tema educativo por parte de estos actores, de la ausencia de criterio para tomar decisiones, de su atávico autoritarismo, de su burocratismo carente de sentido, etc. En tiempos en que todo se arregla con el facilismo de culpar de todo a los profesores, resulta pertinente considerar el alto nivel de incidencia que tiene el rol de los mandos medios en la deriva del sistema. ¿Quién rige sus procedimientos y quién los evalúa? ¿Quién certifica sus capacidades y quién interviene para evitar las decisiones arbitrarias, los malos manejos y la falta de pertinencia de sus desempeños? La relevancia de este tema tiene que ver no sólo con la insuficiencia de orientaciones y de regulación de los procesos a este nivel, sino con las frustraciones que esto produce cotidianamente en las comunidades educativas y con el deterioro del clima laboral, lo que redunda en el decaimiento de las necesarias voluntades para sostener colectivamente un proyecto educativo.

En suma, la conjunción entre la racionalidad técnica (que impera desde hace bastante tiempo en la dirección global del sistema educativo) y las reglas de juego mercantiles (inauguradas y mantenidas por más de tres décadas) hasta ahora no han promovido la tan anhelada calidad de la educación, más bien han profundizado su deterioro y nada indica que estas dos coordenadas políticas e ideológicas vayan a desaparecer como parte del sustento medular de las decisiones en educación, a menos que aumente la asociatividad de las comunidades, su empoderamiento profesional y sociopolítico (no sólo gremial-corporativo) y su capacidad de propuesta político-pedagógica (no sólo económica). De no ser así, el efecto post-terremoto pasará pronto, pero las fallas estructurales se mantendrán.

Miguel Caro es profesor y director de Educación de Universidad ARCIS.

La crisis económica entra en una nueva fase

Luis Paulino Vargas Solís (ARGENPRESS.info)

Los últimos 30 años son peculiares en virtud de ciertos rasgos centrales: capitalismo informacional, cultural y desmaterializado; dominio ideológico neoliberal; agresiva trasnacionalización de la producción; globalización de las finanzas. También fue un período de creciente polarización en la distribución de los ingresos. Este último ha sido un fenómeno mundial, presente también en todos o la mayoría de los países ricos –incluida la tradicionalmente igualitaria sociedad japonesa- y especialmente agudo en el capitalismo anglosajón, o sea, Estados Unidos y Gran Bretaña.

El empobrecimiento relativo de los grupos medios y las clases trabajadoras, en un contexto de enfebrecida presión consumista y agresiva sofisticación de los sistemas financieros, incentivó el endeudamiento a fin de sostener el crecimiento del consumo y, con este, el de la economía en su conjunto. Cuando en 2007 se precipita la crisis hipotecaria, lo que luego se produjo, en varias etapas sucesivas, fue el estrepitoso desmoronamiento de un edificio de especulación cuya base era el crecimiento en espiral de las deudas privadas.

El ciclo del endeudamiento privado choca así con pared. En el caso de Estados Unidos, ello se manifiesta en la aún inconclusa crisis inmobiliaria. Muchas familias continúan perdiendo su vivienda y, sin duda, pasará mucho tiempo antes que los precios de los inmuebles recuperen sus niveles previos a la crisis. Ello pone un freno al endeudamiento y obliga a un ajuste en los presupuestos familiares que, muy probablemente, se extenderá por varios años. Esto, a su vez, compromete la sostenibilidad del crecimiento de la economía estadounidense, justo porque, con mucha diferencia, su principal soporte del lado de la demanda es el consumo de las familias.

El enorme endeudamiento asumido por los bancos –que condujo al sistema financiero a una situación de colapso- posiblemente se ha alivianado mediante un mecanismo perverso: la socialización masiva de pérdidas, gracias a los creativos mecanismos puestos en marcha por diversos organismos del Estado durante los últimos dos años (compra masiva de activos tóxicos por la Reserva Federal, los paquetes de rescate financiero, la garantía estatal de deuda, etc.). De ahí que los grandes bancos –responsables directos del desastre- hayan pasado, como por ensalmo, de las pérdidas catastróficas a las ganancias más espectaculares. En cambio, el ajuste presupuestario de las familias queda librado a sus propias posibilidades, y se ve dificultado por los altos niveles de desempleo que persistirán todavía por mucho tiempo. Todo ello tendrá implicaciones de mediano y largo plazo.

Entretanto, en Estados Unidos como en Europa, los desequilibrios fiscales se agudizaron de forma extraordinaria y, con ello, la deuda pública literalmente ha explotado. Ello es fruto de varios factores combinados: la caída de los ingresos fiscales resultantes de la recesión; el costo inmenso del rescate de los sistemas financieros; las políticas fiscales excepcionalmente expansivas necesarias para frenar la debacle económica. Vemos así ejecutarse un movimiento de traslación desde la deuda privada hacia la pública. Es decir, el sostenimiento del sistema parece depender crucialmente de la deuda. En un ayer muy reciente, el endeudamiento privado descontrolado. Hoy la bola de nieve de la deuda pública.

Pero conforme esta crece, aparecen tensiones que fácilmente se desbordan por los puntos más vulnerables. Es lo que estamos observando en Europa. Empieza en Grecia y, en cosa de días, la bola de demolición (la famosa metáfora de Soros a raíz de las crisis financieras de 1997-1998) golpea a España, Portugal e Irlanda. De momento frenaron el colapso, pero recurriendo a mecanismos que tienen toda la apariencia de ser una simple posposición del problema. Lo tiran para adelante, pero posiblemente no mucho.

La Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional conciertan, primero, un paquete conjunto (unos $ 140 mil millones) para el “rescate” de Grecia y, en seguida, proponen un súper-paquete de casi $ 1 000 millones, como respaldo para cualquiera otra economía que pudieran verse amenazada.

El recuento de los daños se resume entonces en lo siguiente: hace muy poco frenaron la debacle de los sistemas financieros y las economías mediante deuda pública. Ahora enfrentan la crisis de la deuda pública mediante…más deuda pública. Es paradójico y no demasiado prometedor.

Por otra parte, la negociación que conduce a este acuerdo implica condiciones extremadamente severas para los países que se suponen están siendo salvados. No se diga Grecia; véase el caso español. El tipo de recorte fiscal que deben aplicar es tan brutal que garantiza, casi con total seguridad, el retorno a la recesión, de la cual España daba algunas débiles y vacilantes señales de estar saliendo. Empujada otra vez cuesta abajo, ¿qué posibilidades reales tendrá España de cumplir con sus deudas y no ser arrastrada a la bancarrota?

La amenaza que representaría una moratoria de pagos por parte de los españoles ya es asunto suficientemente grave. Pero el panorama se vuelve mucho más incierto al observar que economías más grandes que la española –Italia e incluso Gran Bretaña- están bajo amenaza.

¿Pero acaso Estados Unidos es muy distinto? Sus niveles de déficit fiscal se acercan a los peores casos europeos y el ritmo de crecimiento de su deuda federal es vertiginoso. Tiene la ventaja de que su moneda nacional es al mismo tiempo la divisa universal, lo cual facilita –lo ha hecho por mucho tiempo- que el resto del mundo financie sus excesos. Disponen de dos alternativas adicionales para manejar la deuda: el crecimiento económico y la inflación. Lo primero empequeñecería la deuda relativamente al tamaño de su producción nacional. Lo segundo tiene un efecto de “licuación”; cada dólar de deuda pagado implicará menos bienes y servicios sacrificados.

Y, sin embargo, todas estas son apuestas muy inseguras. Que el resto del mundo –y en especial la China- quieran seguir financiando al infinito la deuda estadounidense es cosa harto incierta, lo cual proyecta sombras de duda sobre la estabilidad y solidez del dólar (peor para la economía mundial, ahora que ya no queda duda posible acerca de la vulnerabilidad del euro). Incluso bajo las hipótesis más optimistas el crecimiento económico de la economía estadounidense –como comenté anteriormente- difícilmente recuperará en los próximos años los niveles del período inmediato anterior a la crisis. La alternativa inflacionaria podría ser más eficaz pero constituye una salida peligrosa, un arma de doble filo.

En lo inmediato, el fantasma de la recesión parece reinstalarse con firmeza en Europa, lo que recortará los índices de crecimiento económico mundial, incluyendo Estados Unidos. No es descabellado pensar que la crisis europea de la deuda dará en próximos meses nuevos y peligrosos bandazos, en cuyo caso no debería descartarse que el “contagio” alcance a la deuda estadounidense.

Así pues, la crisis económica mundial ha entrado en una nueva fase que se desata a partir del colapso de la deuda pública y revierte con furia sobre los sistemas de seguridad social, el empleo y los salarios. Eso es tema para un próximo artículo.