Perú: Lori Berenson logra la libertad condicional tras casi 15 años de prisión

CORRESPONDENCIA DE PRENSA - Agencias

El 30 de noviembre de 1995 Lori Berenson, un activista social nacida en Nueva Yrok, fue detenida a la salida del Congreso peruano, al que había ingresado con una credencial falsa de periodista en compañía de Nancy Gilvonio, la compañera del principlal dirigente del MRTA, Néstor Cerpa (asesinado el 22 de abril de 1997 tras la recaptura de la embajada de Japón por las "fuerzas especiales" del régimen fijimorista).

Lori Berenson fue acusada de liderar el insurgente Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Luego de ser brutalmente torturada y mantenida en un aislamiento infrahumano durante meses, un tribunal "sin rostro" (encapuchado), utilizando una "legislación antiterrorista" promulgada por el dictador Fujimori, la sentenció a cadena perpetua por "traición a la patria". Cuatro años y medio más tarde, debido a las denuncias de organizaciones de derechos humanos y a la presión internacional, su sentencia se revocó para ser "rejuzgada" por una corte civil bajo la misma "legislación antiterrorista". La condenaron a 20 años de prisión por "colaboración con el terrorismo".

El martes 25 de mayo, Lori logró la libertad condicional tras casi 15 años de encarcelamiento. La resolución que le permite acceder al beneficio penitenciario fue leída durante una sesión que duró cerca de una hora y que se realizó en la sala judicial del penal de mujeres del barrio limeño de Chorrillos, donde se encontraba recluida Berenson. La estadounidense podría abandonar el penal en las próximas horas o tal vez mañana.

Berenson deberá personarse cada mes ante las autoridades penitenciarias, no podrá relacionarse con ninguna persona condenada por terrorismo ni grupo afín y tiene prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes. La expectación ante la vista de hoy era enorme y varias decenas de periodistas se habían desplazado hasta el penal, poniendo de manifiesto el enorme interés que el "caso Berenson" ha despertado entre la prensa desde que fue detenida en 1995, cuando era una joven militante de 26 años.

Delgada, envuelta en un chal a rayas y con el pelo recogido en una trenza, Berenson mantuvo durante toda la lectura una gran calma que solo se rompió al final de la sesión, cuando poco antes de abandonar la sala dio un emotivo abrazo a su abogado, Aníbal Apari, quien ha sido además su pareja sentimental y padre de su hijo. Apari dijo al término de la vista que se trataba de una resolución "valiente", teniendo en cuenta las voces que se habían alzado contra la excarcelación de Berenson, alegando que una ley de 2009 niega los beneficios carcelarios a los condenados por terrorismo.

El hijo de Berenson y Apari, de poco más de un año de edad y que vive en la prisión junto a su madre, fue uno de los puntos principales de la petición de libertad condicional, y fue repetidamente nombrado durante la lectura de la resolución. "La interna busca relacionarse con otras madres de niños pequeños permitiendo que su bebé reciba lo mejor de ella y de su entorno (...); también ha establecido metas concretas junto a su hijo y en función a ello realiza trabajos", señala uno de los informes psicológicos que fueron leídos hoy.

Otro de los puntos que pesaron en la respuesta favorable de la titular del juzgado ante la petición de libertad provisional fueron las palabras de Berenson sobre su pasado junto al MRTA. "Es importante señalar lo que dijo al ser entrevistada por el ministerio público, donde ha indicado que consideró que la violencia del MRTA ha sido nociva para la sociedad peruana", recoge la resolución emitida por la jueza Jessica León.

En dicha declaración, la estadounidense considera "un error" haber apoyado a dicho grupo, asume su responsabilidad y pide "perdón a las personas que hayan resultado dañadas". "Estoy presa más de 14 años y he podido reflexionar sobre los caminos para cambiar las cosas que veo como injustas, y creo que la violencia no se cambia con más violencia, ni la pobreza con más violencia", señaló Berenson, tal y como recoge la decisión de la jueza.

Aunque Lori sólo ha pasado en prisión 14 años con 5 meses, lo que no alcanza las tres cuartas partes de los 20 años a los que fue condenada y que es requisito para acceder a la libertad condicional, la suma del beneficio de conmutación de pena por trabajo en prisión le permite alcanzar los 15 años con 6 meses. Estos trabajos en prisión incluyen la integración del grupo musical del centro penitenciario y estudios de panadería y pastelería, precisamente la actividad que Berenson ha señalado como la que le gustaría desarrollar en un negocio propio en los próximos cinco años que le quedan por pasar obligatoriamente en Perú, hasta el término total de su pena. Pondrá una panadería y trabajará como traductora en una empresa que ya la ha contratado, otro de los requisitos necesarios para lograr la libertad.

La decisión de la jueza León establece varios puntos que la ex miembro del MRTA deberá cumplir hasta el cumplimiento de su pena, entre ellos residir en un domicilio fijo, que será un apartamento en el barrio residencial de Miraflores, que se encuentra alquilado por una amiga de Berenson.

CONFLICTO COLLAHUASI: DE HEROE A VILLANO

Mira el video de la represion contra los trabajadores mineros de Collahuasi, con el apoyo de la Fuerza Aerea Chilena.

CHILE: LA LUCHA DA LO QUE LA LEY NIEGA

Logros obtenidos por trabajadores que edifican hospital de. Rancagua

Por Andrés Figueroa Cornejo

 
Una significativa victoria lograron los trabajadores de la construcción que están edificando el nuevo hospital de Rancagua. Luego de un mes de diálogo infructuoso con la empresa compuesta por las constructoras Echeverría Izquierdo, Comsa (capitales hispanos) y Oas (transnacional brasileña), los obreros votaron la huelga el 30 de abril y la hicieron efectiva el 3 de mayo. Una semana duró la paralización de faenas y los 400 trabajadores en lucha obtuvieron importantes demandas.
El mega proyecto hospitalario de la VI Región tiene un valor total de 67 mil millones de pesos. Como las labores llevan tres meses, para no aceptar el convenio con los obreros, la patronal esgrimió el artículo 308 del Código Laboral que afirma que los trabajadores no pueden negociar colectivamente sino tienen menos de un año de permanencia en la obra. Asimismo, los empleadores arguyeron que no era legal negociar con un sindicato interempresa, ni con asalariados por faena. Sin embargo, la organización y movilización dieron lo que la ley quita.
 
LO GANADO EN LA HUELGA

Las reivindicaciones laborales estaban asociadas a mejoras en materia de seguridad e higiene. Los obreros corrían riesgo de vida. Los pilares enfierrados que pesan toneladas eran sujetos apenas por sogas de nylon o pita, en vez de cable acerado; y el ángulo de talud era tan pronunciado que facilitaba peligrosos accidentes. Además los sueldos de los obreros eran de miseria.
El Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, Montaje y Afines (SINTEC), el joven dirigente Jorge Hernández (24 años), señala que “gran parte de los jornaleros estaba ganando el mínimo, mientras los carpinteros y albañiles llegaban apenas a $ 240 mil pesos mensuales, muy por debajo de los sueldos del propio mercado, esa palabrita con la que hacen gárgaras los empresarios”. Finalmente, por la fuerza de los hechos y la convicción de los trabajadores se obtuvo “que los jornaleros reciban hoy $ 220 mil pesos como piso, más los bonos y el pago de las horas extraordinarias; y que los carpinteros ganen $ 340 mil pesos al mes, como piso. También se consiguieron aguinaldos, bonos de término de conflicto (entre $ 130 mil y $ 150 mil pesos); y que las capacitaciones Sence sean administradas por los propios obreros. La huelga resultó legítima y efectiva”.
 
HACIA LA NEGOCIACIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

El dirigente del SINTEC informa que la situación de los trabajadores de la construcción en el país es precaria y que se ha agravado con la crisis económica en curso, el gobierno de la derecha tradicional y los efectos del terremoto-maremoto.
”El empresariado está manteniendo y aumentando sus tasas de ganancia, metiendo la mano al bolsillo de los trabajadores”, dice Jorge Hernández.
Para el dirigente sindical, “nuestro objetivo es construir un sindicalismo por rama de producción o servicio, en vez de por empresa. Así tenemos más fuerza.”
En el último tiempo, el SINTEC ya ha negociado con éxito en la empresa Atrio –fabricante de baldosas-, y en la obra del edificio Gabriela Mistral, ex Diego Portales y ex UNCTAD (sede de la Tercera Conferencia Mundial de Desarrollo y Comercio de las Naciones Unidas en 1972). “Allí Salvador Allende hizo una promesa a los trabajadores  en orden a mejorar sus condiciones de trabajo y salario” -explica Hernández- “y ahora hay obreros en la construcción del Gabriela Mistral que también participaron en la edificación de la UNCTAD.”
 
LAS CONDICIONES DEL OBRERO
 
Según Jorge Hernández, los 600 mil trabajadores de la construcción que hay en el país “salen a ganarse el pan, no más. No tienen vacaciones. Las tasas de accidentabilidad hablan de que cada tres semanas muere un obrero en la pega. No tienen seguridad social. Lo acumulado en las AFP’s no alcanza para una jubilación digna: por eso hay viejos de 70 años todavía en las obras. Muchos son desempleados de otros rubros (es típico que cuando cae la industria manufacturera, la gente parte a la construcción). Son pobladores, trabajadores pobres, y en la zona centro-sur son parte de los pueblos originarios.”
 -¿Cómo ve la sociedad chilena al obrero de la construcción?
“Por un lado, con una simpatía casi folclórica. Y por otro, muy mal: como si fuera el peor empleo posible.”  
 
LA FUERZA DE LOS PATRONES Y LA ESTRATEGIA OBRERA

“Con el tema de la reconstrucción por el terremoto hay más puestos de trabajo, efectivamente. El problema son las condiciones de ese trabajo –señala Hernández- Y nosotros estimamos que las políticas actuales del gobierno sólo están beneficiando a los empresarios. Debería aplicarse un impuesto importante al cobre en vez de que el país siga endeudado.”
La contraparte de los trabajadores del sector es poderosa. “ La Cámara Chilena de la Construcción tiene la AFP Habitat ; la Caja de Compensación Los Andes; la Mutual de Seguridad; las isapres Consalud y Megasalud; la Corporación Médica de los Trabajadores (metro estación Padre Hurtado). Todo eso también lo han hecho con el trabajo nuestro. Sin embargo, no tenemos ningún beneficio social”, indica Hernández.
El dirigente dice que “las armas del empresariado son la fragmentación de los trabajadores. Por eso hay que fusionarse con otras organizaciones”.
-¿Y cuál es la agenda que están llevando adelante?
“Estamos planteando una negociación con el Ministerio de Obras Públicas, y creemos, incluso, que debería hacerse con todos los departamentos de arquitectura de los ministerios. Nuestro horizonte está en el Convenio Nacional de Trabajadores de la Construcción de 1972: tarifado, sueldos piso que funcionaban en todo Chile. Hoy, por ser un oficio de alto riesgo, y según los estándares internacionales, el pago no debería estar por debajo de los tres ingresos o salarios mínimos; es decir, $ 495 mil pesos mensuales para un jornalero.”
Sobre las centrales sindicales existentes, Hernández  opina que “no son representativas de los trabajadores. La CUT está levantando demandas que mantuvo calladas durante los 20 años de la Concertación. Ahora bien; si no nos organizamos por actividad económica, estamos perdidos. Además, el sueldo mínimo no puede ser inferior a $ 400 mil peso, y la indemnización por años de servicio deber ser sin tope”.
El SINTEC publica el periódico El Andamio (que honra la memoria de la Unión de Resistencia de Estucadores), y para tomar contacto con el sindicato hay que escribir al correo electrónico [e-mail], o ir directamente a la calle San Francisco 51, a metros de la Alameda, en Santiago de Chile.
 

FOTO: Dirigente Jorge Hernández
Mayo 2010

Argentina: 200 años ¿y dónde está la Libertad?

 Gustavo Robles ( ARGENPRESS.info)

“Por su forma, aunque no por su contenido, la lucha del proletariado contra la burguesía es primeramente una lucha nacional. Es natural que el proletariado de cada país deba acabar en primer lugar con su propia burguesía”

(Marx-Engels, “Burgueses y Proletarios”, Manifiesto Comunista)

Mucho tiempo ha pasado desde que Marx y Engels escribieron la frase que encabeza esta nota. Mucho ha cambiado el mundo desde entonces. En nuestro país, la burguesía “nacional” ya no es tal, es una burguesía “transnacionalizada”. Y, en todo caso, el componente “nacional” es una mueca, un socio menor, una “cortesana” de la burguesía imperialista internacional. No hay en ella un proyecto “liberador” desde la perspectiva “nacional”. Sin embargo, la lucha de nuestra clase obrera para liberarse de sus cadenas sí tiene un aspecto “nacional”, lo cual implica que la única forma de ser “nacionalista” en nuestro país es ser “clasista”. Es decir, la liberación nacional está indefectiblemente asociada a la acción de la clase trabajadora. No hay otra posibilidad de liberación de nuestro país.

En estos días, sin embargo, las clases dominantes hacen gala del festejo de los doscientos años de la liberación de nuestra sociedad como país, estado y nación, aunque sea muy difícil hablar de real liberación en esos términos. Los que nos condenan al saqueo expoliador de las potencias extranjeras se han adueñado del festejo por el “Bicentenario de la Patria”.

Habría que preguntarse, aunque resulte antipático –sobre todo en esta fecha- si existe realmente una “nación argentina”, y ni qué hablar un “país” soberano y libre. Bueno, la respuesta a esto último es más que obvia: un país que depende de la inversión y el financiamiento extranjero –según lo reconocen tanto el gobierno “nacional y popular” como la oposición más de derecha, todos representantes de diferentes sectores de las clases dominantes, es decir, de las burguesías explotadoras- difícilmente pueda ser libre y soberano.

¿Qué festejan, entonces, estos entregadores de las riquezas nacionales, tanto las naturales como las producidas por el sudor de los trabajadores de nuestro país?

Pues festejan la continuidad de una historia intrínsicamente ligada a la intervención extranjera.

Basta ahondar un poco en nuestra historia germinal, donde el 25 de mayo es una consecuencia de la invasión napoleónica a la metrópolí española, del control francés de la mayor parte de Europa, y de la independencia de EEUU, ambos mercados cerrados a los productos ingleses en pleno auge de la revolución industrial sajona. La intervención inglesa en nuestra “liberación” debería hacernos pensar en la realidad concreta de esa categoría adquirida a partir de 1810. Esa intervención festejada y abonada por las clases dominantes “nacionales”, que no cejó hasta que le dejó paso a otra aún más poderosa, surgida a partir de 1945 en el mundo, como lo es el imperialismo yanqui. En mayor o menor medida, con más o menos resistencia, siempre nuestro país terminó claudicando ante los dólares de las grandes empresas yanquis. Lo que se hizo aún más concreto y palpable a partir del 24 de marzo del ’76, y no fue modificado por ninguno de los gobiernos que sucedieron a la dictadura genocida. El menemato de los ‘90 estructuró la sociedad que hoy sufrimos, y el gobierno actual, a pesar de su retórica confrontativa, siguió perfeccionando la maquinaria del saqueo de nuestras riquezas, hoy en su apogeo, como nunca antes en nuestra historia.

La política petrolera y minera del actual gobierno son la representación máxima de esa línea de expoliación a nuestro pueblo. El reconocimiento criminal de una Deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta por parte del kirchnerismo y su “oposición” no hace más que confirmar lo expresado en estas líneas.

Duele tanta mentira.

Duele tanta hipocresía

Duele tanto cinismo

Pero duele más aún, ver que no existe una real oposición de los que realmente podemos oponernos a tanta entrega. Como decíamos más arriba, la única posibilidad real de liberación “nacional” puede devenir de la clase trabajadora. Pero no existe una dirección de la clase, y las autoproclamadas “direcciones” clasistas no acertamos a generar lo que debemos generar.

Duele ver entonces como ni siquiera para esta fecha, que podría ser un punto de partida para golpear las puertas de la consciencia de nuestro pueblo, podemos ponernos de acuerdo para hacer un contrafestejo para este Bicentenario acaparado por los que entregan y no paran de entregar nuestras riquezas.

Mucho es lo que hay que construir, y ni siquiera hemos empezado. Y mientras seguimos con las mezquindades entre nosotros, para ver quién “la tiene más larga” en los términos de la ideología del proletariado, las masas no nos entienden y menos nos escuchan.

En vez de perder el tiempo en tratar de descalificarnos entre nosotros, deberíamos intentar ponernos de acuerdo para construir una herramienta de masas que nos permita como pueblo encarar imprescindibles cambios en la estructura social que permitan liberarnos en serio como país.

Algunas ideas se pueden aportar, humildemente, al respecto

Por la Dignidad Nacional

Para pararnos dignamente como Nación ante el resto de los pueblos del mundo, tenemos que tener como principio la eliminación de la injerencia externa en la vida de nuestro país.

Para ello es imprescindible la recuperación de nuestros recursos naturales y estratégicos, hoy en manos privadas y foráneas.

De la misma manera, simultáneamente, terminar con la agresión al medio ambiente que pone en riesgo la salud y la vida del pueblo entero, y empeña nuestro futuro y el de nuestros hijos y nietos.

La reestatización de las empresas privatizadas y concesionadas, para que sean manejadas por trabajadores y usuarios comunes, debe ser un objetivo irrenunciable para tal fin.

En ese marco, debe priorizarse la relación con los pueblos de Suramérica, principalmente con los que hoy desarrollan procesos antiimperialistas y revolucionarios, como Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua.

Por la Soberanía Popular

Sólo basados en los puntos anteriores podremos aspirar a terminar con la pobreza y los privilegios que la provocan.

Para ello hay que encarar políticas agresivas de distribución real y equitativa de las riquezas que producen los trabajadores, desde la perspectiva de las mayorías (y no como hasta ahora, que son las minorías poderosas quienes tienen a cargo esa tarea, generando la triste realidad que nos toca vivir)

Es imprescindible socializar el manejo de las bases de la economía. Sólo así tendrá sentido una reforma política, donde efectivamente gobiernen las mayorías, con revocabilidad de mandatos, sin inmunidad que provoca impunidad; donde los funcionarios y legisladores a nivel nacional, provincial y municipal no ganen más que el promedio de un obrero industrial.

Es imposible pensar en un país justo con la actual estructura demográfica, por lo cual es imprescindible fomentar una redistribución de la población y una reforma agraria basada en la colectivización, terminando con el anacronismo del latifundio.

El respeto a los derechos de los Pueblo Originarios es una asignatura pendiente que debemos solucionar, constituyendo una reparación histórica que debe encararse de manera inmediata.

Estos cambios profundos solo serán posibles si terminamos con la vieja y vetusta estructura política que nos gobierna, donde los partidos políticos tradicionales se constituyen en representantes de las diferentes facciones del poder económico. Debemos bregar por una sociedad distinta, donde sean los trabajadores y las mayorías populares los que tomen las riendas de la política, para así poder lograr la justicia y la felicidad que nuestro pueblo merece.

Sólo así tendrá sentido festejar nuestra verdadera “Liberación e Independencia”.

Piñera: Represión, seducción y fasto

Álvaro Cuadra ( ARGENPRESS.info)

Todo discurso presidencial queda acotado en dos dimensiones, el texto del mensaje y el contexto en el que se profiere. El primer discurso del Presidente, señor Sebastián Piñera, no escapa de esta dualidad. Hagamos notar que, desde una perspectiva comunicacional, el discurso del primer mandatario se enmarca como un espectáculo videopolítico de primera magnitud, con toda la carga simbólica y ritual de la dramaturgia gubernamental en que se confunden los miembros de la clase política con altos funcionarios del Estado, autoridades eclesiásticas y militares.

Digamos de entrada que se trata de un discurso político - mediático relevante, tanto para la alianza gobernante como para los opositores al actual gobierno de derechas. El mensaje presidencial despliega argumentos y objetivos que obligan a adherentes y detractores a tomar posición respecto de esta verdadera “hoja de ruta”. El texto mismo no ofrece muchas novedades, por lo menos, para quienes han estado atentos a las promesas realizadas durante la última campaña electoral. En efecto, la mayoría de los tópicos abordados por el señor Presidente ya habían sido formulados en calidad de promesas de candidato.

La diferencia, obviamente, es que ahora tales temas y objetivos orientarán el quehacer legislativo y las políticas públicas del Estado chileno. Esta diferencia, nada sutil, exhorta a la oposición no sólo a plantearse los asuntos propuestos sino a ocuparse de ellos en cuanto cuerpo legal en plazos relativamente breves. En pocas palabras, las propuestas del Ejecutivo se transforman en los hechos en un impulso que le otorga la iniciativa política frente a una oposición desarticulada, ayuna de ideas nuevas y carente de liderazgos convincentes.

Desde un punto de vista más amplio, habría que el texto presidencial se mantuvo en un tono más bien conciliador, cuestión nada de extraña si consideramos el contexto en que se inaugura la actual administración. El Presidente de la derecha ha optado por un discurso de centro-derecha, manteniendo un difícil equilibrio entre los sectores más radicales de su propia alianza y aquellos de la oposición. En rigor, la mayoría de las medidas propuestas muy bien podrían haber sido incluidas en el discurso concertacionista. No obstante, no se trata del quinto gobierno de la Concertación, sino del primer gobierno legal de la derecha tras medio siglo.

Al revisar el conjunto de medidas propuestas por el actual gobierno, todas ellas apuntan a una modernización del sistema político y económico chilenos. Se trata, por cierto, de una modernización enmarcada en el neoliberalismo, en que los términos eficacia y eficiencia anteceden a cualquier consideración frente a temas como la extrema pobreza o el mundo laboral. Una modernización que, reclamando una mirada de futuro opaca el pasado histórico reciente, de este modo silencia una serie de temas políticos que marcaron los últimos años en Chile, tales como juicios por Derechos Humanos, las luchas de las minorías étnicas, las polémicas medioambientales, para no mencionar cualquier atisbo de una reforma profunda de la actual Constitución.

La modernización del país a la cual aspira el sector empresarial es aquella en que se supere toda conflictividad social mediante la promesa redentora de terminar con la pobreza bicentenaria de nuestra sociedad. Así, toda referencia a una clase social se diluye en la idea fuerza de la nación, o mejor aún, de la unidad nacional. La modernización que se busca es, finalmente, la inclusión de todos los compatriotas en una sociedad de consumo. Los gobiernos concertacionistas, como el dios Jano, mostraron durante décadas una doble faz, por un lado miraban al pasado que los legitimó en el gobierno, por otro coquetearon – descaradamente, habría que agregar - con la promesa neoliberal de enriquecimiento personal y corporativo.

Esta ambigüedad moral y política que fue inherente a todos los gobiernos concertacionistas terminó por descomponer al conglomerado en sus fundamentos, generando el descalabro al que hoy asistimos. El actual gobierno de derecha presidido por el señor Sebastián Piñera, está exento de tal ambigüedad, sabe muy bien para quien gobierna y con quien gobierna. De este modo, anuncia un fortalecimiento y ampliación de los cuerpos policiales y, al mismo tiempo, nos promete una reconstrucción del país y una modernización del sistema electoral, yuxtaponiendo sin ambages la represión, la seducción y el fasto político - mediático.

Operación amnistía

Un grupo de presión reclama una amnistía y niega los principios del derecho internacional sobre crímenes de lesa humanidad. Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de sostener lo contrario. El grupo fue creado por la Corporación de Abogados Católicos que depende del Episcopado. Lo forman abogados de multinacionales y ex funcionarios de la dictadura que temen seguir los pasos de James Smart y Joe Martínez de Hoz. El acto del martes en la Catedral apunta en la misma dirección.

Por Horacio Verbitsky

La semana pasada una nueva “Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia” remitió una carta pública a la Corte Suprema de Justicia. Sostiene que desde 2003 se ha consagrado una justicia de dos velocidades que niega derechos y principios esenciales “a los militares y fuerzas de seguridad empleados para combatir el terrorismo”, quienes son juzgados por delitos de lesa humanidad “que no existían como tales al momento de los hechos”. Interpreta que los ministros de la Corte sufren “inícuas presiones” por parte del Poder Ejecutivo, de miembros del Legislativo y de “grupos de presión” que “pretenden convertir la justicia en su propia venganza” y “no contentos con haber conseguido en los estrados judiciales un derecho ínfimo a sus enemigos, ahora van por más”. Esa es una ostensible referencia a los avances de las investigaciones en dirección a los responsables civiles, como los ya detenidos James Smart y Joe Martínez de Hoz.

La Corporación

Este nuevo grupo de presión fue gestado por la Corporación de Abogados Católicos, creada por el Arzobispado de Buenos Aires en 1935. La sede de la Corporación figura donada por la compañía Pérez Companc, una de las pantallas de negocios del Episcopado. El propósito que declara la Corporación es ordenar los actos de las personas y de la sociedad según los dictados de la jerarquía católica, que conduce al organismo a través de un asesor espiritual, en este momento el monseñor Víctor Pinto. También se propone convertir las normas del llamado derecho natural de esa iglesia en leyes y actos de gobierno y defender a sus socios. Creada para sumar a sectores liberales y para no dejar demasiado a la vista la huella episcopal, la nueva Asociación está formada por dirigentes de Fores y del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, como sus ex presidentes Enrique V. Del Carril y Eugenio Aramburu, abogados de grandes empresas trasnacionales, ex funcionarios de la dictadura, partícipes en los alzamientos armados contra los gobiernos constitucionales y familiares de algunos detenidos por los delitos cuyo juzgamiento impugnan. Su presidente, Alberto Solanet, también lo fue de la Corporación. El propósito del grupo, explicitado por Solanet, es “una amnistía general”, que clausure “la venganza, la persecución implacable”. Esa fue la expresión que usó Martínez de Hoz para referirse a su detención. Sus hijos pretenden que fue dispuesta por el gobierno nacional como trofeo del Bicentenario, algo que no se sostiene en ninguna constancia de la causa. Otro de los firmantes es Eduardo Bieule, el actual presidente de la Corporación y su ex vocal Fernando Miguel Bosch. Bieule y Octavio Schindler, quien también suscribe la carta a la Corte Suprema, se niegan a reconocer la igualdad de derechos a quienes siguen una orientación sexual distinta a la mayoritaria y activan en contra de la reforma de los artículos del Código Civil sobre el matrimonio. Para los firmantes, “todos los ciudadanos estamos en libertad condicional”, afirmación de inocultable tono autorreferencial.

Beautiful people

Un rubro nutrido entre los firmantes es el de los ex funcionarios de la dictadura, que temen seguir la suerte de Martínez de Hoz y Smart, o sus familiares. Entre ellos:

- Emilio Daireaux, fue uno de los miembros de la intervención militar en la Corte Suprema de Justicia a partir del golpe de 1976. Esa es la justicia que añora el grupo de presión.

- Alberto Rodríguez Varela, fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires y ministro de Justicia del dictador Jorge Videla. El general Ramón Camps le agradece en el prólogo de su libro Caso Timerman. Punto Final, “por su colaboración en este caso”, no “por el solo hecho de haber desempeñado funciones en el gobierno militar”.

- Edgardo Frola, fue subsecretario de Asuntos Institucionales de la provincia de Buenos Aires. Otro de los agradecidos por Camps en el mismo libro. Frola también fue abogado defensor del ex general Roberto Viola, del jefe carapintada Aldo Rico y de los los comisarios secuestradores y torturadores Samuel Miara y Luis Patti.

- Gastón Pérez Izquierdo, ministro de gobierno de Buenos Aires. Al concluir la dictadura acusó al canciller Dante Caputo de ¡”extorsión a los Estados Unidos”!

- Guillermo Walter Klein, fue segundo de Martínez de Hoz en el ministerio de Economía. La Comisión del Congreso que investigó la ruinosa estatización de la compañía Italo de electricidad por 400 millones de dólares allanó su estudio. Por la puerta y la escalera de servicio escaparon los hijos de Martínez de Hoz y Mariano Grondona con dos valijas cargadas de documentación. El funcionario del ministerio de Economía Juan Carlos Casariego de Bel, quien sostenía que la Italo no valía más de ocho millones de dólares, desapareció el 15 de junio de 1977, cuando iba a encontrarse con Klein. Dos centenares de carpetas sustraídas por los juniors Martínez de Hoz y Grondona fueron recuperadas y permitieron reconstruir también la fuga de capitales: el dinero de argentinos depositado en bancos del exterior se contabilizaba como préstamos que, una vez estatizados, engrosaron la deuda externa.

- Lucas J. Lennon, interventor en la Universidad Nacional de Buenos Aires, ministro de Justicia y luego defensor del último dictador, Benito Bignone, ya condenado. Miembro de la Corporación.

- Ricardo, Daniel y Marcelo Saint Jean, firmaron la carta en defensa de sus padres, los generales Manuel Ibérico y Oscar Alfredo Saint Jean, que fueron interventores el primero en la provincia de Buenos Aires y el segundo en el Ministerio del Interior. Fueron abogados del Banco Citi y de la banda de Camps y del comisario Miguel Etchecolatz.

- Bernardo José Menéndez firma como abogado, pero es un coronel del Ejército que actuó como subsecretario de interior con Galtieri. Este año fue condenado por cinco secuestros y un homicidio agravado, pero sigue en libertad hasta que el fallo sea confirmado por la Corte Suprema a la que se dirige denunciando falta de garantías para él y los suyos.

- José Ignacio Garona fue juez y camarista de San Isidro durante la dictadura y rechazó los recursos de hábeas corpus por los secuestrados del astillero Mestrina Jorge Omar Lezcano y Antonio Pandolfino. Fue defensor del ex brigadier Ramón Agosti. Un testigo mencionó entre sus compañeros de cautiverio a Rafael Carlos Eldestein. Garona le preguntó si sabía cuánto tiempo había pasado allí Celestein. “Eldestein”, corrigió el testigo. “¿Cuánto tiempo compartió la habitación con Silverstein?”, insistió Garona. Cuando el camarista Carlos Arslanian le deletreó el apellido, Garona farfulló: “Yo para ciertos nombres...”. Para eludir riesgos, repreguntó: “¿Cuánto tiempo estuvo con ese hombre?”

- Gustavo y Horacio Tomás Liendo, hijos del ministro de Trabajo de la dictadura, involucrados en el escándalo de la quiebra del Banco Comercial de La Plata, a través del cual canalizaba sus negocios el entonces arzobispo de esa ciudad Antonio Quarracino. Gustavo fue su gerente de Asuntos Legales. El BCLP había creado en el paraíso financiero de Bahamas un banco cáscara offshore, al que fueron a parar algunos bienes que reclamaba el Vaticano. Horacio Liendo (h.) también está bajo investigación judicial por el mecaganje de 2001.

- Orlando Gallo, ex juez federal durante la dictadura, también ex dirigente de la Corporación de Abogados Católicos, defensor de varios de los compañeros de Aldo Rico en los alzamientos carapintada.

- Norberto Quantin. Durante la dictadura, el juez Raúl Zaffaroni ordenó la libertad de un detenido a disposición del Poder Ejecutivo. El fiscal Quantín apeló porque el Poder Judicial no puede “inmiscuirse en la esfera política” si la patria sufre una “guerra revolucionaria”. La Cámara del Crimen confirmó el fallo de Zaffaroni. Quantín recurrió a la Corte Suprema alegando que el detenido carecía de “posibilidades ciertas y positivas de recuperación para acceder a su reinserción en la sociedad”. En 1990 y 2003 aceptó dictaminar en el fuero federal, que no es el suyo, en favor del indulto para procesados y en defensa de las leyes de punto final y de obediencia debida. Este último dictamen contiene más provocaciones políticas que argumentos jurídicos y alega en forma maliciosa contra los principios generales del derecho que se oponen a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad: “¿Acaso en Francia, cuna de los derechos humanos, se aplican [esos principios] al general Aussaresses?”, quien reconoció haber practicado la tortura y ejecuciones sumarias en Argelia. “¿Acaso los ponen en práctica los Estados Unidos, gendarme del mundo? ¿Se ha marginado a Israel del derecho internacional?”. Claro que no, pero nadie los propondría como ejemplo.

Abogados de negocios

Otro grupo destacable es el de los abogados de grandes empresas, muchos de los cuales litigan contra el Estado en foros internacionales y denuncian una presunta falta de seguridad jurídica. Algunos defienden además a represores:

- Martínez de Hoz (h.) y Manuel Benites representaron ante el Ciadi a la compañía eléctrica chilena Enersis, que reclamaba a la Argentina 1800 millones de dólares, y a la petrolera alemana Wintershall, que pedía 480 millones. Ambos son directivos de la compañía aérea LAN, en representación de capitales chilenos y estadounidenses.

- Jaime Luis Anaya y José de San Martín fueron denunciados en un litigio entre accionistas de la empresa Aluar, de la que Anaya, que también integra la Corporación, era el abogado principal. Según la accionista Mónica Madanes el voto del camarista en lo comercial Manuel Jarazo Veiras habría sido comprado por Aluar, mediante la contratación de San Martín, íntimo del camarista, para una auditoría ajena a la causa. Jarazo renunció.

- Patricio Petersen fue denunciado por el ex secretario de juzgado comercial José Uriburu, por direccionar a favor del Opus Dei la venta de la quiebra del Hotel Presidente. El entonces juez Antonio Boggiano fue absuelto en un jury que presidió otro miembro de la organización confesional beneficiada, Abelardo Rossi, uno de los interventores en la Corte Suprema designados por la dictadura. Petersen integraba la sociedad fachada del Opus.

- Enrique Guillermo Avogadro, director de la liquidada compañía financiera Credibono.

- Carlos Bosch, abogado del Banco Central y del banco Ciudad durante el menemismo.

- José Luis Fourcade fue abogado del estudio Uriel O’Farrell, que tenía entre sus clientes a grandes empresas estadounidenses, como Ford, Goodyear, Procter & Gamble y Duperial.

- Pablo Rueda, quien se formó como abogado en el viejo estudio Marval O’Farrell, que tenía como principales clientes a Coca-Cola, Texas Instruments, Banco de Boston, Merrill Lynch y Refinerías de Maíz.

Los defensores

Aunque el grupo de presión diga que defiende personas y no “las demasías de ayer”, algunos firmantes han dado muestras en contrario:

- Fernando Goldaracena. Como codefensor del ex almirante Armando Lambruschini llegó a sostener que “es inaceptable apelar a la ética o la moral para calificar la guerra”. Citando a Macaulay adujo que “la moderación es una estupidez”.

- Oscar Igounet fue defensor del ex capitán Rafael López Fader por su participación en el primer secuestro del empresario Osvaldo Sivak. Defiende la disuasión por medio del terror. “Manejando estratégicamente este condicionante del psiquismo, podrá conseguirse que el enemigo se desbande por pánico. Así es la guerra”. Usó la influencia de su hermano, edecán militar de Memen, para lograr un indulto presidencial para López Fader, quien además fue contratado por la SIDE. También defendió al militar carapintada Héctor Daniel Ferrer detenido en el momento de cobrar 5000 dólares por la extorsión a un comerciante.

- Juan Aberg Cobo, defensor de Alfredo Ignacio Astiz y otros marinos y abogado de empresas norteamericanas. La declaración dice que no intentan “legalizar en actas judiciales una versión sesgada de la historia”, lo cual contradice las estrategias seguidas en la causa ESMA. Aberg Cobo se autodefine como “soldado ignaciano”, y no por su amigo Astiz.

- Juan Luis Gallardo y Gerardo Palacios Hardy, fueron columnistas habituales de la revista Gladius, dirigida por Rafael Breide Obeid y justificadora de la guerra sucia. Gallardo defendió los métodos represivos de la dictadura con un presunto cuento campero. Un comisario les pegó “tremenda marimba é palos” a los cuatreros y los hizo desaparecer. “Barbaridá, sí. Pero se acabó el cuatreraje.”

- Abel Parentini, quien debió renunciar como ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, por su defensa de la dictadura.

- Félix Dufourq. Junto con su hermano Esteban presentó el recurso judicial que impidió la proyección de la película La última tentación de Cristo. Ambos son hijos del ex juez de la dictadura Félix Esteban Dufourq, cesanteado por el gobierno constitucional de 1984 y fundador del partido Orden y Justicia “para defender a la Argentina cristiana que está en peligro de desaparecer”. Los Dufourq organizan la asistencia a las misas según el rito tridentino oficiadas por el ex obispo castrense Antonio Baseotto y las visitas a los militares detenidos en Marcos Paz y al sacerdote Christian von Wernich, cuya condena a prisión perpetua fue confirmada esta semana por la Corte Suprema, sin que la Iglesia le aplique una sanción canónica.

- Bobby Roth, secretario legal y técnico de la presidencia durante la dictadura de Onganía.

- Guillermo Moreno Hueyo, socio de Solanet, fue funcionario y defensor de De la Rúa.

- Enrique Munilla, defensor de Galtieri, era abogado del Banco General de Negocios de los hermanos Rohm. La jueza María Servini pidió indagarlo por las conversaciones telefónicas con un directivo prófugo, pero no le fue permitido, para garantizar el derecho de defensa que según dice el grupo de presión no se respeta.

- Augusto José Padilla fue candidato a diputado por el Modin de Aldo Rico, antes de que Eduardo Duhalde lo comprara.

- Federico Young, otro ex juez de la dictadura, debió renunciar a un cargo jerárquico en el gobierno porteño de Maurizio Macrì, cuando se denunció que, entre otros represores, había contratado al teniente coronel Enrique Jordana Testoni, juzgado en Rosario en una causa que lleva su nombre.

A pesar de sus contactos internacionales y su presunta sofisticación, los abogados de la asociación por la justicia y la concordia son provincianos ignorantes de lo que ocurre en el mundo: el lunes 17 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ratificó una condena por crímenes de guerra cometidos en 1944 por un ex militar soviético que hoy tiene 87 años y dijo que esos delitos ya eran imprescriptibles entonces.

FOTO: James Smart y Joe Martínez de Hoz, dos responsables civiles de la última dictadura que están detenidos. Otros ex funcionarios temen seguir sus pasos.

Monseñor: Francisco Javier Errázuriz, Arzobispo de Santiago

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos valora la posibilidad reunirse con usted para plantearle nuestra alarma, opinión y sentimientos sobre la petición que formulara como representante de la  Iglesia, al Presidente de la República para que  acceda, con motivo de la celebración del bicentenario de la independencia de nuestro país, a indultar a un elevado número de personas que se encuentran cumpliendo condenas en las cárceles chilenas, incluyendo a quienes los tribunales condenaron por cometer crímenes de lesa humanidad.

 Estos condenados no sólo cumplen sus penas en condiciones de gran confort, por añadidura recibieron sentencias mínimas considerando la gravedad de los crímenes cometidos, haciendo caso omiso a los convenios internacionales suscritos por Chile. Es conocido también por la opinión pública, que además reciben ilícitos beneficios extra carcelarios como salidas desde sus lugares de reclusión y visitas fuera del reglamento de Gendarmería de Chile.

Recordamos a usted que de acuerdo a los convenios internacionales suscritos por nuestro país y plenamente vigentes en el mundo civilizado, los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables ni prescriptibles por tanto no les corresponde ser incluidos en el indulto en cuestión. Nos hemos enterado por la prensa igualmente, que la solicitud de la Iglesia no incluiría en su petición a los llamados “casos emblemáticos”, lo que en la práctica significa que sí se propiciaría el indulto para aquellos casos no considerados “emblemáticos”. Debe saber Sr. Arzobispo, que para los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos esta distinción de “emblemáticos” ha sido, desde que empezó a usarse, dolorosa y agraviante. Somos familiares de chilenos y chilenas plenamente participantes de nuestra sociedad, llenos y llenas de sueños y esperanzas, activos y activas constructores y constructoras de un mundo de justicia y libertad por tanto, para los y las familiares nombrar a miles de hombres y mujeres como “no emblemáticos” es un atentado a su dignidad y una afrenta a su memoria.

Señor Arzobispo, ante este llamado, se debió preguntar a los familiares de las victimas. Hubiese sido lo correcto, ya que fueron nuestros  familiares a los que asesinaron sumiendo en el dolor y la tragedia a nuestra familias, pues hasta hoy padecemos las secuelas de que nos arrebataran a nuestros padres y madres, cónyuges, hermanos o hermanas, hijos e hijas, abuelos y abuelas, tíos y tías, nietas y nietos, sólo por pensar diferente o por tratar de terminar con la cultura de la muerte que sufría nuestra patria bajo la dictadura. Nuestra  agrupación  rechaza cualquier beneficio carcelario y el otorgar indultos a los presos condenados por violaciones a los derechos humanos.

Hoy más que nunca queremos  traer a la memoria el trabajo de la Iglesia encabezada por el  Cardenal Raúl Silva Henríquez, quien desafió todos los peligros, incluso de muerte, además de infames actos en su contra, por defender la vida y la libertad de las personas, posición gracias a la cual se evitó que el listado de victimas fuera aún mayor.

Nosotros somos los más interesados en vivir un real estado democrático, y eso pasa por la verdad y la justicia plenas respecto a las violaciones de los derechos humanos, ya que la impunidad anima a los autores intelectuales y materiales, a sus cómplices y encubridores, a repetir los crímenes denunciados cuando lo consideren necesario y justificado según su concepción de orden social, que les llevó a consumar un golpe de estado, derrocar al presidente constitucional, cerrar el parlamento, disolver los partido políticos, censurar la prensa, abrir campos de concentración, instaurar centros de clandestinos de tortura y exterminio, ejecutar personas en forma sumaria y hacerlas desaparecer, desterrar y quitar la nacionalidad a opositores, entre otras medidas.

Con seguridad usted sabrá que de las  5.000 victimas ocasionadas por la persecución y represión ejercidas por la dictadura, sólo 344 causas se encontraban abiertas hasta fines de febrero pasado, por desapariciones, torturas, inhumaciones ilegales y ejecuciones. Por estos procesos han sido encausados 782 militares y civiles, procesados y sentenciados por crímenes contra la humanidad y conocerá también, que solo 62 de ellos se encuentran en “prisión” en cárceles especiales -lo que constituye una discriminació n que afecta la dignidad de los otros presos por los cuales aboga la petición de indulto-, y que también hay 156 condenados que duermen tranquilamente en sus casas, sin responder por sus crímenes con un solo días de cárcel. Eso violenta a cualquier persona que solamente exige justicia y recibe impunidad por respuesta.

La mayoría de los autores intelectuales y materiales de los crímenes, sus cómplices y encubridores siguen aún libres sin responder por sus actos. Un indulto para algunos de los pocos condenados sería una nefasta señal para la continuidad de los casos aún pendientes, entre ellos, los  más de mil cien casos sin resolver que nos afectan como agrupación.

En nuestra opinión, la reconciliació n, a la que tanto se apela, requiere de reconocimiento de la verdad, arrepentimiento del acto criminal cometido, aceptación de las sanciones que corresponda y reparación del daño causado. A nuestro entender ninguna de estas acciones ha sido realizada por quienes fueron integrantes de las Fuerzas Armadas durante la dictadura militar. Tampoco por quienes colaboraron en las tareas de gobierno o fueron sus partidarios reconocidos. Aún más, intentos posteriores por generar espacios donde pudieran entregar la información que, sin duda tienen – como la llamada Mesa de Diálogo –, han terminado en nuevas frustraciones para los familiares de las víctimas. Por ello  consideramos que no se cumplen condiciones mínimas para indultar a quienes, sin importar el rango, son considerados en los sectores reconocidamente apologistas del legado de la dictadura militar, héroes injustamente tratados por la sociedad.

Nuestra agrupación tiene conocimiento de que otorgar indultos a los violadores de los derechos humanos durante la dictadura militar, es parte de los compromisos que asumió el actual gobierno durante su campaña electoral y nos hemos pronunciado oportunamente al respecto. Sin embargo, consideramos altamente inapropiado que un compromiso político adquirido durante la campaña electoral con sectores que intentan mantener viva la herencia de la dictadura, se esconda detrás de una tan loable intención, como es otorgar un amplio indulto, parte de un gesto rehabilitador, a una gran cantidad de personas que viven en deplorables condiciones dentro de las cárceles chilenas. Nos resulta deseable que la Iglesia se esfuerce por lograr que este indulto sea generoso, sin considerar a los violadores de derechos humanos.

Señor Arzobispo, aspiramos que el objetivo del Cardenal Silva Henríquez siga presente en la actuación de la Iglesia  apoyando la vida, la justicia y la dignidad de las personas, por lo cual aquellos que violaron abusando de su condición de agentes del Estado –cuyo deber es proteger a los ciudadanos-, los derechos más sagrados de sus semejantes, como es entre ellos el fundamental derecho a la vida, paguen sus crímenes de acuerdo a lo dictado por los tribunales de justicia y no se propicien mecanismos que burlen los escasos avances logrados en esta materia. Eso constituiría un acto de impunidad, adverso al ejercicio de la Iglesia practicado en defensa de la vida y la justicia durante los 17 años de terrorismo de Estado, que no dañaría únicamente a los familiares, sino a la sociedad toda.

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos

Santiago, 20 de mayo

Las promesas divinas de Piñera y el pre candidato Lavín

Por Andrés Figueroa Cornejo
 
La diferencia realmente sustantiva entre la cuenta política de Sebastián Piñera y las de la Concertación, estuvo en la permanente encomienda a Dios respecto de sus promesas, proyectos y deseos discurseados durante casi dos horas en el Congreso Nacional. Incluso Piñera miró un par de veces hacia el cielo, para que no cupieran dudas, y el Cardenal Francisco Javier Errázuriz declaró que “Voy a rezar para que (las promesas) se hagan realidad”.
 
A 10 semanas de gobierno, y en  un contexto de alta incertidumbre por la crisis económica mundial y los efectos de terremoto- maremoto, el Presidente se atrevió a profetizar que “Antes de que termine la década (2020) Chile será un país desarrollado y superará la pobreza”. Sus  palabras retumban pirotécnicamente en uno de los países más desiguales del mundo, con un desempleo real de un 18 %; donde los derechos sociales son piezas de museo; la economía es extraordinariamente dependiente de los bloques dominantes del planeta, y es presa del precio oscilante del cobre. Ningún país desarrollado carece de industria como Chile, el cual  vive, básicamente, de la exportación de recursos naturales pobremente elaborados.
 
En su alocución, Piñera se concentró en la reconstrucción post sismo, la lucha contra la delincuencia y la educación. Sobre la reconstrucción, relevó el impuesto enano, acotado temporalmente, y que ofrece beneficios tributarios a los grandes capitales de Primera Categoría; el impuesto al tabaco; la Ley de Donaciones –que se convierten en crédito para los “benefactores”; y en materia de obras públicas (como carreteras y hospitales destruidos), la concesión a constructoras privadas (según el senador Juan Pablo Letelier, se trataría de 7 empresas transnacionales a cargo). Respecto de la delincuencia, el mandatario fue tajante. Habló de brazaletes electrónicos para los reos peligrosos en libertad, registros públicos para el conocimiento de los malhechores, superiores penas contra quienes cuestionen la autoridad policial, y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana con 10 mil carabineros y un millar de agentes de investigaciones más. Cuando se refirió a la delincuencia, Piñera hizo una inquietante mención a la tradicional conmemoración del Día del Trabajador.  En relación a la enseñanza, Piñera planteó la “Revolución Educacional”. Dijo que la educación chilena, si bien tiene buena cobertura, es “de baja calidad y equidad” y que reproduce las desigualdades “de generación en generación”. Entonces manifestó, entre otras medidas, que en los próximos años se aumentará la subvención escolar (que hoy por alumno es de $ 38 mil pesos / 69 dólares); en los barrios más pobres se ampliará hasta las 20:00 hrs. la JEC; que fundaciones y empresas podrán  apoyar a las escuelas vulnerables; se construirá una nueva carrera docente; habrá más disciplina escolar; y que profesionales no pedagogos podrán hacer clases. El UDI, Joaquín Lavín es jefe de la cartera de Educación, un sitio estratégico del gobierno para probar la pericia del ex candidato a la presidencia que estuvo a punto de ganarle a Ricardo Lagos el 2000. Considerando que, tanto la fracción UDI de la derecha tradicional va a exigir su turno en las próximas elecciones de 2013, como  el acento, los recursos y proyectos de Piñera orientados al Ministerio de Educación, es posible hipotetizar que el futuro candidato del sector será el propio Joaquín Lavín.
 
En otros ámbitos sociales, Sebastián Piñera, luego de años en carpeta, prometió que el 7 % que se le cobra a las personas de tercera edad para salud, disminuirá gradualmente. También señaló que, en el tiempo, espera llegar a un Ingreso Ético Familiar de $ 250 mil pesos (454 dólares) para familias de 5 personas, en un Chile donde una renta habitacional promedio es de $ 100 mil pesos, y una canasta familiar que incluye alimentos, trasporte, servicios básicos (electricidad, calefacción y agua potable), educación, salud y recreación supera largamente la cifra comprometida. También el jefe del Ejecutivo dijo que creará un Ministerio de Desarrollo Social “para paliar las desigualdades excesivas”. Sobre salud, Piñera reconoció la saturación del sistema sanitario público (casi 700 mil personas están en listas de espera o no reciben atención) para lo cual planea subvencionar la salud privada. En rigor, tanto en las áreas de la educación, la salud y la seguridad social, el gobierno profundizará las privatizaciones de los servicios y derechos sociales en curso. Asimismo, recordó los bonos helicópteros de $ 40 mil pesos por carga familiar entregados en marzo a los más pobres, y  de $ 100 mil pesos para que “los damnificados del terremoto arreglen sus viviendas.”
 
Laboralmente, Piñera se limitó a anunciar que el simbólico seguro de cesantía existente se extenderá de 5 a 7 meses; capacitaciones con beneficio a los empleadores; y un “nuevo trato” con las Pymes (que concentran al 80 % de los trabajadores), beneficiando a aquellas que reinviertan sus utilidades, y cobrando la mitad de lo que cuesta crear una empresa con el objetivo de reparar “las 100 mil empresas perdidas en los últimos 10 años”. También afirmó que hará escuelas sindicales (en la línea de consolidar la “paz social” y la colaboración entre dueños y asalariados). Nada dijo de salario mínimo, de negociación colectiva, de derecho a huelga, de subcontratismo, de precarización del empleo, de distribución de parte de las utilidades, de relaciones contractuales más estables, de la “ley de semana corrida”, de horarios y turnos, ni de prácticas antisindicales.
 
En términos del sistema electoral, el Presidente indicó que “la democracia está perdiendo fuerza” y que la mitad de la población no vota. Para enmendar la crisis de representatividad propuso la inscripción automática y  voluntaria; el derecho a sufragio a los chilenos en el extranjero; y que las segundas vueltas electorales no coincidan con las fiestas de fin de año (!).
 
 
En relación a la defensa nacional, aseguró que hay que potenciar la capacidad disuasiva de las FF.AA (Chile es unos de los países del Continente que más gasta en ese ítem), y que resucitará la extinta Ley de Reservada del Cobre (que establecía la entrega del 10% de las ventas de Codelco a las ramas castrenses), pero  con otro nombre.
 
En su discurso, sobre el pueblo-nación mapuche mencionó a la carrera un llamado Plan Araucanía. Por otro lado, anunció la creación de un Ministerio del Medioambiente; la promoción del Instituto de DDHH; y su especial atención a la clase media.
Mientras fuera del Congreso se realizaban protestas de trabajadores y estudiantes, Piñera soslayó graciosamente su política de  privatización de la estatal Codelco (que posee el 28 % de la propiedad del metal rojo), que comenzó con la privatización de actividades esenciales (el suministro de energía eléctrica, fundamental en la explotación del cobre), y silenció sus pretensiones de privatizar los ricos yacimientos de Codelco que aún no están siendo explotados. Al respecto,  los nuevos nombramientos del Presidente en Codelco tienen en común  haber participado activamente en la desnacionalización del cobre. Diego Hernández fue nombrado Presidente de Codelco. Antes de su titularidad era un alto ejecutivo de BHP y de la Minera Escondida (transnacionales gigantes), y antes condujo varias mineras extranjeras. También Sebastián Piñera nombró a Juan Luis Ossa Bulnes como miembro del Directorio de Codelco, quien  apoyó directamente a José Piñera (hermano de Sebastián) a inicios de los 80’, cuando José era Ministro de Minería de la Dictadura, en la creación de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, que entregó gratuitamente en propiedad privada los yacimientos.
La cuenta política estuvo llena de lugares comunes, salidas populistas, filosofía de cuneta y un discurso fundado en la unidad nacional y la colaboración de clases. Piñera hizo un relato para el gran público, a veces liberal, siempre conservador; a veces caritativo y con aroma a sensibilidad social, y siempre patronal. La retórica asociada al ideario democratacristiano recorrió todos sus argumentos, bien combinada con la continuidad y profundización del capitalismo brutal cuyo derrotero ya había sido pavimentado por la Concertación durante 20 años y que todavía gobierna las relaciones sociales de la vida en Chile.