Monseñor: Francisco Javier Errázuriz, Arzobispo de Santiago

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos valora la posibilidad reunirse con usted para plantearle nuestra alarma, opinión y sentimientos sobre la petición que formulara como representante de la  Iglesia, al Presidente de la República para que  acceda, con motivo de la celebración del bicentenario de la independencia de nuestro país, a indultar a un elevado número de personas que se encuentran cumpliendo condenas en las cárceles chilenas, incluyendo a quienes los tribunales condenaron por cometer crímenes de lesa humanidad.

 Estos condenados no sólo cumplen sus penas en condiciones de gran confort, por añadidura recibieron sentencias mínimas considerando la gravedad de los crímenes cometidos, haciendo caso omiso a los convenios internacionales suscritos por Chile. Es conocido también por la opinión pública, que además reciben ilícitos beneficios extra carcelarios como salidas desde sus lugares de reclusión y visitas fuera del reglamento de Gendarmería de Chile.

Recordamos a usted que de acuerdo a los convenios internacionales suscritos por nuestro país y plenamente vigentes en el mundo civilizado, los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables ni prescriptibles por tanto no les corresponde ser incluidos en el indulto en cuestión. Nos hemos enterado por la prensa igualmente, que la solicitud de la Iglesia no incluiría en su petición a los llamados “casos emblemáticos”, lo que en la práctica significa que sí se propiciaría el indulto para aquellos casos no considerados “emblemáticos”. Debe saber Sr. Arzobispo, que para los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos esta distinción de “emblemáticos” ha sido, desde que empezó a usarse, dolorosa y agraviante. Somos familiares de chilenos y chilenas plenamente participantes de nuestra sociedad, llenos y llenas de sueños y esperanzas, activos y activas constructores y constructoras de un mundo de justicia y libertad por tanto, para los y las familiares nombrar a miles de hombres y mujeres como “no emblemáticos” es un atentado a su dignidad y una afrenta a su memoria.

Señor Arzobispo, ante este llamado, se debió preguntar a los familiares de las victimas. Hubiese sido lo correcto, ya que fueron nuestros  familiares a los que asesinaron sumiendo en el dolor y la tragedia a nuestra familias, pues hasta hoy padecemos las secuelas de que nos arrebataran a nuestros padres y madres, cónyuges, hermanos o hermanas, hijos e hijas, abuelos y abuelas, tíos y tías, nietas y nietos, sólo por pensar diferente o por tratar de terminar con la cultura de la muerte que sufría nuestra patria bajo la dictadura. Nuestra  agrupación  rechaza cualquier beneficio carcelario y el otorgar indultos a los presos condenados por violaciones a los derechos humanos.

Hoy más que nunca queremos  traer a la memoria el trabajo de la Iglesia encabezada por el  Cardenal Raúl Silva Henríquez, quien desafió todos los peligros, incluso de muerte, además de infames actos en su contra, por defender la vida y la libertad de las personas, posición gracias a la cual se evitó que el listado de victimas fuera aún mayor.

Nosotros somos los más interesados en vivir un real estado democrático, y eso pasa por la verdad y la justicia plenas respecto a las violaciones de los derechos humanos, ya que la impunidad anima a los autores intelectuales y materiales, a sus cómplices y encubridores, a repetir los crímenes denunciados cuando lo consideren necesario y justificado según su concepción de orden social, que les llevó a consumar un golpe de estado, derrocar al presidente constitucional, cerrar el parlamento, disolver los partido políticos, censurar la prensa, abrir campos de concentración, instaurar centros de clandestinos de tortura y exterminio, ejecutar personas en forma sumaria y hacerlas desaparecer, desterrar y quitar la nacionalidad a opositores, entre otras medidas.

Con seguridad usted sabrá que de las  5.000 victimas ocasionadas por la persecución y represión ejercidas por la dictadura, sólo 344 causas se encontraban abiertas hasta fines de febrero pasado, por desapariciones, torturas, inhumaciones ilegales y ejecuciones. Por estos procesos han sido encausados 782 militares y civiles, procesados y sentenciados por crímenes contra la humanidad y conocerá también, que solo 62 de ellos se encuentran en “prisión” en cárceles especiales -lo que constituye una discriminació n que afecta la dignidad de los otros presos por los cuales aboga la petición de indulto-, y que también hay 156 condenados que duermen tranquilamente en sus casas, sin responder por sus crímenes con un solo días de cárcel. Eso violenta a cualquier persona que solamente exige justicia y recibe impunidad por respuesta.

La mayoría de los autores intelectuales y materiales de los crímenes, sus cómplices y encubridores siguen aún libres sin responder por sus actos. Un indulto para algunos de los pocos condenados sería una nefasta señal para la continuidad de los casos aún pendientes, entre ellos, los  más de mil cien casos sin resolver que nos afectan como agrupación.

En nuestra opinión, la reconciliació n, a la que tanto se apela, requiere de reconocimiento de la verdad, arrepentimiento del acto criminal cometido, aceptación de las sanciones que corresponda y reparación del daño causado. A nuestro entender ninguna de estas acciones ha sido realizada por quienes fueron integrantes de las Fuerzas Armadas durante la dictadura militar. Tampoco por quienes colaboraron en las tareas de gobierno o fueron sus partidarios reconocidos. Aún más, intentos posteriores por generar espacios donde pudieran entregar la información que, sin duda tienen – como la llamada Mesa de Diálogo –, han terminado en nuevas frustraciones para los familiares de las víctimas. Por ello  consideramos que no se cumplen condiciones mínimas para indultar a quienes, sin importar el rango, son considerados en los sectores reconocidamente apologistas del legado de la dictadura militar, héroes injustamente tratados por la sociedad.

Nuestra agrupación tiene conocimiento de que otorgar indultos a los violadores de los derechos humanos durante la dictadura militar, es parte de los compromisos que asumió el actual gobierno durante su campaña electoral y nos hemos pronunciado oportunamente al respecto. Sin embargo, consideramos altamente inapropiado que un compromiso político adquirido durante la campaña electoral con sectores que intentan mantener viva la herencia de la dictadura, se esconda detrás de una tan loable intención, como es otorgar un amplio indulto, parte de un gesto rehabilitador, a una gran cantidad de personas que viven en deplorables condiciones dentro de las cárceles chilenas. Nos resulta deseable que la Iglesia se esfuerce por lograr que este indulto sea generoso, sin considerar a los violadores de derechos humanos.

Señor Arzobispo, aspiramos que el objetivo del Cardenal Silva Henríquez siga presente en la actuación de la Iglesia  apoyando la vida, la justicia y la dignidad de las personas, por lo cual aquellos que violaron abusando de su condición de agentes del Estado –cuyo deber es proteger a los ciudadanos-, los derechos más sagrados de sus semejantes, como es entre ellos el fundamental derecho a la vida, paguen sus crímenes de acuerdo a lo dictado por los tribunales de justicia y no se propicien mecanismos que burlen los escasos avances logrados en esta materia. Eso constituiría un acto de impunidad, adverso al ejercicio de la Iglesia practicado en defensa de la vida y la justicia durante los 17 años de terrorismo de Estado, que no dañaría únicamente a los familiares, sino a la sociedad toda.

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos

Santiago, 20 de mayo