ENTRE LEYES Y DERECHOS

Roberto Tello

Una ves mas los chilenos en el exterior, vemos como la clase política chilena, agita el debate sobre el derecho a voto para los chilenos de la diáspora. Piñera, el eterno obstaculizador del derecho a voto, arremete con un proyecto de ley, tan reaccionario, como ineficaz para la reparación del daño que causa el Estado chileno a todos los chilenos radicados fuera de Chile.  

 

Ahora, la iniciativa parece entrar en tierra de definiciones desde lo formal institucional, dado que los actuales promotores, cuentan con la sumatoria del poder político para votar un proyecto que sostiene serios cercenamientos al natural derecho de los chilenos en el exterior, de poder votar, elegir autoridades, o en el mejor de los casos, ser elegido autoridad.

 

Esta conculcación del derecho a voto, afecta a los chilenos en el exilio desde que se tranzo la salida de los militares con los civiles hace ya 20 años atrás. El pacto secreto, firmado a espaldas del pueblo chileno, que ha sido denunciado en numerosas ocasiones, incluso; develado por la misma realidad política y la praxis de los dos conglomerados –Alianza, Concertación-  que han concurrido en fortalecer los libelos jurídicos de facto con el que mantienen atada la voluntad popular y el desarrollo democrático de los chilenos de dentro y de fuera de Chile.

 

La ley antiterrorista y las fiscalias militares, son dos engendros jurídicos de neto corte reaccionario, que posesionan a Chile en el nivel mundial mas bajo de las garantías constitucionales que un Estado debe preservar para sus ciudadanos. La misma constitución de facto que los contiene, es un obstáculo para el desarrollo de la democracia y la participación de los chilenos en la actividad político social del país; falencia que acentúa, por otro lado,  la presencia de una convivencia social entre débiles, cada ves mas débiles,  y poderosos, cada ves mas poderosos. El estado, en manos de estos últimos, es una fortaleza de acceso inalcanzable para que los más débiles accedan a los instrumentos que este Estado debería otorgarles, con el fin de equilibrar las relaciones sociales, injustas de por si, por la naturaleza misma del sistema económico que les da forma, el capitalismo.

 

La concertación, es culpable de dar legitimidad a esta institucionalidad. La dirigencia socialista chilena, no ha disputado ni un palmo de esta institucionalidad de facto promoviendo los valores del socialismo como una forma de estructura política, social y económica, mas justa y mas solidaria, en reemplazo de esta caricatura de democracia; ni hablemos de arremeter contra el sistema capitalista, retomando el camino trazado por Salvador Allende, que aun en su romántica idea de construcción socialista de la sociedad chilena, permitió los avances sociales mas sustanciales que conozca nuestra siempre desigual historia política.

 

Es mas, lo que predomina como contexto estético cultural en la sociedad chilena, son los valores del consumismo irrefrenable, del arribismo mas indolente, del sálvese quien pueda, de la insolidaridad. Los más débiles estamentos de la sociedad, son arrastrados por esta estética y puestos en un plano de aparente igualdad de consumo con los sectores más poderosos económicamente, para establecer la perversa idea de que los chilenos, frente al mercado, somos todos iguales. Los chilenos que logran superar el timbre de época, buscan las formas de organizarse para llevar a cabo una lucha contra estos perniciosos efectos de la institucionalidad de facto heredada del pinochetismo.

 

Quienes han zafado del ataque de los mass media, son recapturados y entrampados por esta ley  antiterrorista, que es tan ambigua como efectiva para los intereses de los poderosos. Los sectores mas afectados por esta ley, son el pueblo Mapuche y las organizaciones populares en lucha contra el modelo; su institucionalidad, y porque no, el sistema económico por el que estos  se desplazan. Elena Varela, es un caso paradigmático de la aplicación de esta ley que, cuando resuelve incluso en favor de los procesados, deja una impronta de miedo social, al que cualquier chileno bien nacido teme se le caiga encima.

 

Este, ha tenido que ser el mandato de la dirigencia socialista en estos 20 años de estar en el poder; ayudar al pueblo chileno a desentramar toda esta legislación y su impronta estético cultural, promoviendo otros valores humanos relacionados con la construcción de un mundo diferente al actual.

 

Estos 20 años de gobierno concertacionista, desgastaron la esperanza de los mas pobres, que fueron atrapados por la lógica de la estructura política, que los coloco frente a al falso dilema de los dos males, uno mas perverso que el otro; así y todo, gano el peor de ellos, demostrando tanto la efectividad del método, como la miseria de sus ejecutores. No existe ninguna posibilidad, de derrotar la institucionalidad de facto en chile, sin la concurrencia de las masas populares. Los verdaderos socialistas chilenos, deben ayudar a la organización del campo popular fortaleciendo sus instituciones; sindicatos, movimientos sociales, ONG, centros vecinales, círculos profesionales y demás estamentos sociales, en función de ayudarlos a recrear un nuevo paradigma político,  social y económico, que garantice una sociedad realmente igualitaria.

 

Entonces, la lucha por el derecho a voto para los chilenos en el exterior, en el marco de las actuales relaciones sociales, constituye también, un inevitable enfrentamiento contra este modelo institucional de facto; la clase política que le da sustento y toda la estética cultural que los poderosos despliegan para mantener cautiva la subjetividad social de los chilenos en general. Por otro lado, debemos reconocer como imperioso, el hecho de ayudar a la construcción de la organización popular y reconocer en esta organización, la única y más poderosa herramienta para desterrar la  secular injusticia social en Chile, incluida aquella que recorta los derechos de los ciudadanos, se encuentren donde se encuentren.