Eric Toussaint: Considero absolutamente necesario una estrategia europea del movimiento obrero y de los movimientos sociales
Pepe Mejía
Pepe Mejía
Cuando en la madrugada del lunes 10 de mayo pasado, los jefes políticos de la llamada “zona euro” (y del FMI) anunciaron que el monto del paquete de ‘rescate’ de 110 mil millones de euros para Grecia, se convertiría en otro de 750 mil millones de euros con un destino más general, extendieron la cesación de pagos a otros estados: en primer lugar, Portugal y España, atrás Irlanda e Italia.
En el cielo está Dios soberano, y en la tierra la orden del cartelRubén Blades, Sicario
Entrevista en Chile con activista colombiano de DDHH
Por Andrés Figueroa Cornejo
Cornejo Juan es un colombiano de Bogotá. Es miembro activo del Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado que agrupa, prácticamente, al conjunto de organizaciones de derechos humanos de ese país. El flagelo de la violencia marca a fuego la historia política y social de Colombia. Así, en medio de la guerra sucia, los poderes del narcotráfico, la intervención militar directa del Estado norteamericano y la resistencia popular, el país de 47 millones de habitantes es uno de los más peligrosos del planeta. Irónicamente, el territorio fue bautizado así en homenaje a Cristóbal Colón, apellido que viene del latín columba, que simboliza la paloma de la paz.Sin embargo, del 70 al 90 del siglo pasado hubo alrededor de 30 mil asesinatos ligados a la política y el narcotráfico, y desde 1996 hasta hoy, son más de dos mil los sindicalistas muertos. Las cárceles colombianas están atiborradas con 7 mil presos políticos.Juan (de paso por Chile y quien decidió mantenerse en el anonimato por razones de seguridad personal) concedió una entrevista desde su militancia social como activista de los derechos humanos. Parte de su labor y la de sus compañeros se encuentran en las páginas www.movimientodevictimas.org y www.colombianuncamas.org Es una forma de comunicar, considerando que En Colombia la oposición no tiene prensa ni televisión. Los medios alternativos son marginales. Es decir, Álvaro Uribe gobierna con el 100 % de la información a su favor. Todas las noticias son relativas al ejército, la policía y la farándula. El resto son telenovelas. La producción y comercialización de cocaína determina en la actualidad la vida de los colombianos Todo está permeado por el narco. Existe en todos los estamentos del Estado. Hay entre 60 a 70 diputados que, o están presos o están siendo procesados por sus vínculos con la industria del narcotráfico y el paramilitarismo proveniente del propio gobierno. Estoy hablando de un tercio del parlamento de Colombia. ¿Y cómo es posible la normalidad política en esas condiciones? Se explica porque es parte de una gran estrategia del imperio norteamericano que tiene al presidente Uribe tranquilo en su puesto para mantener el actual estado de cosas. Por eso es muy difícil trabajar en el mundo de los derechos humanos y avanzar en la lucha por las garantías sociales de la población. El gobierno norteamericano ronca en Colombia Sabemos que tenemos que seguir resistiendo y que habrá guerra sucia por muchos años más. Colombia está pasando a ser otro Estado gringo, ya con 10 bases militares norteamericanas en su suelo. Se trata de una provocación enorme para toda Latinoamérica. Colombia es la punta de lanza en todo nuestro Continente para controlarlo política - militarmente, y también en materia comunicacional. Por eso ahora el imperio se va a instalar en el Caribe: para dominar todo el espectro radioeléctrico de América Latina. Ahora quiere poner un súper portaaviones en esa misma área que tiene la capacidad de transportar en dos horas a 5 mil marines hasta Argentina. La utilización de Colombia por Estados Unidos tiene múltiples expresiones Colombia ya demostró que puede secuestrar gente de otros países con total impunidad (Venezuela, Ecuador). El potencial militar gringo, el más grande y poderoso de la historia de la humanidad, estará ahora en el Caribe. Y se quejan porque algunas naciones de la zona se están armando LA LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS Algunos piensan que es más seguro ser guerrillero en Colombia que militante social abierto Es así. Si estás en la guerrilla tienes con qué defenderte, pero participar en alguna organización social o de derechos humanos en Colombia significa un riesgo vital permanente. Sin embargo, hacerlo es la salsa de la vida, porque de alguna manera hay que parar lo que pasa en mi país. Nosotros recibimos amenazas todos los días. Los grupos paramilitares en Colombia han sido desmantelados apenas un poquito, pero el aparato sigue funcionando. ¿Cuál es la labor que hace el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado? Básicamente trabajamos la denuncia. Acompañamos un proceso que se llama Nunca Más con el objetivo de no perder la memoria y la esperanza de que algún día se condenen a los genocidas de mi pueblo. Ahora acaban de descubrir una fosa con dos mil cuerpos en una zona controlada por el ejército. Y es sólo una fosa más. Nosotros tratamos de alentar a la gente para que realice las denuncias. Eso se hace con abogados en los tribunales. Hay miles de casos que están parados hace años. Pedimos verdad, justicia y reparación para las víctimas. EL HORROR DE LOS FALSOS POSITIVOS En la prensa hoy se habla del fenómeno de los falsos positivos El ejército habla de un positivo cuando ha matado a un guerrillero. Ahora existen los falsos positivos, que son población civil asesinada por los militares y los paramilitares para obtener el premio o pago de 500 dólares por muerto. Pero nosotros decimos que se trata de crímenes de Estado. ¿Cómo funciona la macabra operación? Se le ofrecía trabajo a gente pobre de una población en otro territorio y, simplemente, se le desaparecía. Y comenzó a saberse de un barrio en Soacha donde demasiada gente no volvía al pueblo. La comunidad empezó a reclamar y de pronto apareció un joven muerto en una morgue, a mil kilómetros de su lugar de origen. Y las bonificaciones provienen del Plan Colombia a través de ongs gringas. Esto provocó un revuelo internacional. Cayeron 14 soldaditos y dos tenientes que, hace un par de meses, ya fueron liberados. Y de los llamados falsos positivos hay más de 1.700 sólo en los últimos dos años. Y no se detiene la matanza. Mencionaste el Plan Colombia Hoy, la segunda parte del Plan Colombia se llama Plan Patriota. El primero nació con el siglo XXI y, en concreto, se trata de 3 mil millones de dólares anuales entregados por Estados Unidos para ayuda militar, supuestamente, contra el narcotráfico. A ello se suman 200 asesores militares norteamericanos. También está presente la inteligencia israelí. En Colombia está la CIA y el Mossad. El Plan Patriota es una extensión del Plan Colombia. El pueblo recibe los peores golpes Arauca es una región petrolera donde se ha llevado adelante una lucha de los movimientos sociales para detener el despojo del recurso petrolero por las corporaciones transnacionales. Ello ha provocado ecocidio y etnocidio. Allí el presidente Uribe puso un gobernador militar. Ahora al sector le pusieron Zona de Rehabilitación. En esa región hay un militar cada 8 personas. Entre el 2003 y 2005, el gobierno se ha llevado a 200 líderes sociales de Arauca. No les han podido probar ningún vínculo con la guerrilla, pero están presos, mínimo, tres años. Y tampoco pueden volver, porque en Arauca los espera el sicariato para asesinarlos. LA ESPERANZA ¿De donde se sacan las fuerzas para continuar la lucha por una sociedad mejor? Uno intenta zafar el horror con el baile. En las ciudades hay una aparente calma. Uno está acostumbrado a la militarización de las calles y los lugares públicos. Se habitúa a ver a todo el mundo armado. Allá es algo natural. En la urbe, la violencia se expresa por medio de la desigualdad social, de los bolsones de pobreza, de los desplazados del campo a la ciudad que ya llegan a 4 millones. La guerra ha provocado que más del 70 % de la población se concentre en las ciudades. ¿Qué perspectivas tiene Colombia para la construcción de un sistema democrático que contenga los intereses de las grandes mayorías? No es posible una verdadera democracia con el sicariato y el narco funcionando sin problemas en todos los espacios de la vida social colombiana. El 30 de mayo son las elecciones presidenciales. El candidato de Uribe es su ex ministro, Santos. Y está un representante del Partido Verde, que es una cara nueva representando lo mismo. Entre ellos dos se resolverá la presidencia a mediados de junio, en la segunda vuelta. ¿Hay oportunidad para una Colombia nueva, justa, de iguales y libres? Nosotros creemos que e posible. Y sabemos también que es a largo plazo. A uno lo alientan los procesos de Bolivia, Ecuador, Venezuela, impensables hace 10 años. Solos no vamos a salir: primero está la unidad latinoamericana. Nosotros sabemos que hay un camino. Lo que no podemos perder es la esperanza y al imperio hay que pararlo. Nuestra consigna es Pa delante, que pa tras, ni pa tomar impulso.
Celso Calfullan
Socialismo Revolucionario.
CIT en Chile.
Hoy se especula mucho de donde sacar los recursos para la reconstrucción del país. Los empresarios y la elite dominante nos repiten hasta el cansancio que Chile no cuenta con los recursos que se requieren para la reconstrucción.
La solución que están planteando los empresarios es que se deben privatizar las pocas empresas del Estado que todavía no han sido traspasadas a los privados, algo que no puede estar más lejos de una solución real.
Lamentablemente hoy el cobre se encuentra privatizado en los hechos. Poco más de dos tercios de la explotación de cobre hoy se encuentra en manos privadas, apenas un 28% de la producción de cobre es realizada por Codelco, pero esta empresa del Estado, que según algunos es ineficiente y mal administrada, es la que cubre la mayoría de los gastos sociales y de las fuerzas armadas (con el 10% constitucional).
El presupuesto del Estado chileno estaría bastante disminuido sin los ingresos que hoy genera una empresa como Codelco, esto a pesar de que menos de un tercio de los recursos del cobre son controlados por esta empresa estatal.
Es necesario terminar con el saqueo de nuestras riquezas básicas.
Si el Estado chileno pusiera bajo control estatal el 100% de la producción de cobre, el país contaría hoy con tres veces más recursos de los que ahora aporta Codelco. ¿Cuantos hospitales, colegios, consultorios, carreteras y casas para los trabajadores podrían ser construidos con todos esos recursos?
Pero la necesaria nacionalización del cobre no se llevara a cabo, dado la elite mediocre y lacaya que tenemos en Chile que prefieren entregar nuestras riquezas básicas a cambio de una cuantas chauchas (un miserable 5% de royalty) a los grandes países imperialistas, esto a pesar de que hacen gárgaras de un patriotismo trasnochado y totalmente falso.
Los trabajadores son los únicos que tienen la fuerza y capacidad de implementar una campaña de movilización, que ponga fin al saqueo de nuestras riquezas básicas, que hoy están haciendo empresas transnacionales, necesitamos terminar con el robo descarado de nuestros recursos, riquezas que por lo demás son de todos los chilenos, recuperando el cobre, podremos obtener los recursos que tanto necesitamos en este momento, en que es necesario reconstruir el país después del terremoto.
Es necesario nacionalizar, no privatizar.
El cobre es el mejor ejemplo de como el país se empobrece con las privatizaciones, de como el país cuenta con menos recursos para gastos sociales, como por ejemplo educación y salud. Hoy más que nunca queda claro de que es necesario no sólo nacionalizar el cobre, sino también, las empresas generadoras y distribuidoras de electricidad, agua potable, de las comunicaciones, junto a las empresas del retail, las AFP, la banca y los grandes grupos económicos de este país. Estas empresas son las principales responsables de la mala distribución del ingreso, de las injusticias y de la miseria de grandes sectores de la población trabajadora chilena.
Pero los empresarios están presionando fuertemente en sentido contrario, para que se implementen “grandes reformas económicas”, en lo concreto esto significa que se continúe privatizando lo poco que todavía queda en manos del Estado. Esta claro que uno de los objetivos del gobierno de Sebastián Piñera es traspasar las empresas del Estado a manos de sus colegas empresarios.
Otro objetivo es continuar la privatización de los puertos y las sanitarias.
Los privados ya están listos para participar en la “tercera ola de licitaciones portuarias” que el gobierno planea reactivar. Aprovechándose de que uno de los sectores más golpeados por el terremoto que acaba de afectar al país, es el sector portuario.
Los empresarios quieren terminar de echarle mano a Valparaíso y San Antonio, así como también quieren Coquimbo, Puerto Montt, Punta Arenas, Chacabuco y Talcahuano, todo con la escusa de obtener recursos “frescos” para la reconstrucción, la sabiduría popular nos dice que esto es “pan para hoy y hambre para mañana”.
La privatización de los puertos significara peores condiciones de trabajo, peores salarios, como ya los saben los trabajadores portuarios, en el caso de los trabajadores de Talcahuano y Coquimbo, gracias a su movilización y presión lograron parar las licitaciones, por eso el gobierno quiere aprovechar esta catástrofe para pasar a la ofensiva, usar esta situación, en que los trabajadores portuarios especialmente de Talcahuano se encuentran en una situación de debilidad a raíz del mega terremoto y pasar por encima de ellos su aplanadora privatizadora.
Los trabajadores no tenemos más alternativa que luchar contra las privatizaciones.
Los trabajadores no tenemos más alternativa que organizarnos y luchar contra la nueva ola de privatizaciones que pretende implementar el nuevo gobierno de la derecha, precisamente traspasando a los privados, las pocas empresas que todavía no habían logrado traspasar a sus riquezas particulares.
Finalmente a pocos días del nuevo gobierno, ya está quedando claro que la dictadura, la Concertación y la Alianza por Chile, finalmente defienden los mismos intereses empresariales, la diferencia que hay entre ellos es que unos son unos simples suches y los otros los verdaderos patrones.
Un avión Hércules con numerosos vehículos y efectivos policiales aterrizó en las cercanías de la mina Doña Inés de Collahuasi, helicópteros sobrevuelan la zona del campamento minero y tanquetas recorren sus caminos, hasta hace poco tomados por los obreros subcontratistas que exigen mejoras en sus condiciones.
Julio Oliva García es presidente Sindicato EL SIGLO.
Pedro Echeverría (Argenpress)
1. Vean este llamado desesperado que se ha enviado por celular: “Somos del SME, estamos en huelga de hambre, es una desobediencia civil pacífica desde el día 25 de abril en la plancha del Zócalo del DF. Me siento mal y no difunden nuestro movimiento en televisión y prefiero morir de hambre que vivir de rodillas ante este maldito gobierno; necesitamos que nos devuelvan nuestro empleo digno. Espero que todos ustedes puedan hacer algo por nosotros. Urge Gracias. ¿Qué pueden hacer por nosotros? Tal vez escribir a los medios pidiendo o exigiendo que le den difusión a este acto heroico de los compañeros trabajadores del SME. No podemos esperar nada de las autoridades abusivas que padecemos. ¿Tendrán que morir los compañeros para que alguien levante la voz pidiendo justicia para ellos? Que se unan todos los movimientos sociales, pero ya. No podemos esperar hasta que regrese el espurio de Sudáfrica”.
7. López Obrador en su lucha contra el desafuero llegó a reunir en una marcha a un millón 200 mil personas en abril de 2005; el EZLN en su marcha de febrero/marzo de 2001 reunió a medio millón de Xochimilco al Zócalo; los electricistas del SME, han encabezado manifestaciones contra la privatización de medio millón de personas; la APPO de Oaxaca realizó de mayo a diciembre de 2006 grandes marchas que promediaban a 300 mil y la CNTE ha promovido centenares de movilizaciones de más de 50 asistentes. Es decir, se ha demostrado, por separado que se posee una gran convocatoria. ¿Por qué entonces no dar golpes contundentes al gobierno para evitar que la población siga sufriendo desempleo, miseria, represiones y asesinatos? No se pide que cada organización siga luchando por sus problemas particulares concretos; lo que se exige –porque es indispensable- es que estos movimientos sociales den golpes contundentes antes que Calderón y el imperialismo nos terminen de asesinar.
En un ambiente de secretismo, el Senado de Chile se prepara para aprobar un proyecto de ley denominado “Derechos de Obtentores Vegetales” (boletín Nº6355-01) que implicará, según organizaciones ambientalistas y de productores- consumidores orgánicos, la contaminación genética de especies vegetales; pondrá en peligro la semilla nativa, colocará en riesgo la agricultura orgánica y la competitividad de las exportaciones de este sector; aumentará dramáticamente la dependencia de los agricultores a las transnacionales agroquímicas y elevará el precio de los alimentos.
Organizaciones de agricultores, sociales, ambientales y de consumidores se declaran en estado de alerta y movilización, porque mientras se legisla para mitigar los efectos del terremoto, el Gobierno está dando pasos para cumplir uno de los compromisos electorales del Presidente Piñera: la liberación de los transgénicos al mercado.
Avanza por vías paralelas, con proyectos que se tramitan en el Senado y a través de la nueva institucionalidad ambiental que ahora contempla incorporar los transgénicos al sistema de evaluación de impacto ambiental.
LA ESTRATEGIA OFICIAL
El Senado se prepara para aprobar a espaldas de la ciudadanía un proyecto de ley denominado “Derechos de Obtentores Vegetales” (boletín Nº6355-01) que implicará la contaminación genética de especies vegetales, pondrá en peligro la semilla nativa, pondrá en riesgo la agricultura orgánica y la competitividad de las exportaciones de este sector, aumentará dramáticamente la dependencia de los agricultores a las transnacionales agroquímicas, y elevará el precio de los alimentos.
Paralelamente, el ministro de Agricultura, José Antonio Galilea anunció que en junio y julio se presentarían las indicaciones al proyecto “Bioseguridad de Vegetales Genéticamente Modificados” (Boletín 4690-01) cuya tramitación se encontraba detenida en el Senado desde 2008, orientado a la liberación de los transgénicos.
Y al mismo tiempo, el gobierno y el SAG se disponen a elaborar un reglamento de la nueva Ley de Medio Ambiente (Ley 20.417) negociada por la Concertación con la derecha actualmente en el gobierno, que asegura la liberación al mercado de los transgénicos, por la vía de declararlos libres de impacto ambiental o ingresarlos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). La experiencia de la ciudadanía respecto de la institucionalidad ambiental y la participación en los procesos de EIA indica claramente que así las transnacionales lograrán la liberación de los transgénicos.
NUEVO COLONIALISMO
La urgencia por liberar sus semillas transgénicas al ambiente, tanto aquí como en América Latina se debe a que Europa ha cerrado las puertas a los cultivos transgénicos, aplicando políticas protectoras de la salud y el ambiente. El intento de liberar los cultivos transgénicos en Chile vía diversas “regulaciones” responde a los intereses y presiones de las corporaciones agrobiotecnoló gicas que no pueden utilizar el territorio de Europa para sus fines e inician así una nueva forma de colonialismo.
Los cultivos transgénicos son dañinos para la flora y fauna, el suelo y la salud humana. Hasta ahora ninguna empresa biotecnológica ha presentado estudios que comprueben la inocuidad de los transgénicos en la salud humana y animal. Por el contrario, cada vez se suman más estudios que demuestran que son una gran amenaza para la salud y el ambiente, lo que genera gran incertidumbre y medidas precautorias en todo el mundo. Pero las autoridades no atienden esas razones ni están interesadas en resguardar los cultivos orgánicos y tradicionales de los productores, no obstante su reconocida calidad a nivel internacional.
LA AMENAZA INMEDIATA
El proyecto de ley sobre “Derechos de Obtentores Vegetales” que tras su nombre oculta la privatización de la semilla nativa, cumple en demasía las nefastas condiciones impuestas por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Esta iniciativa es un requisito previo para la firma de un convenio internacional llamado UPOV 91 sobre propiedad intelectual de plantas. Abre las puertas a la expropiación y a la privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Chile al posibilitar que haya derechos de propiedad intelectual sobre todas las especies vegetales, que podrán ser registradas por las compañías transnacionales por más de 25 años en el caso de árboles y vides, por ejemplo.
Este proyecto ya fue aprobado en la cámara baja el pasado 9 de enero, justo un día antes que asumieran los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados. Las prevenciones de agricultores orgánicos, organizaciones campesinas, sociales y ambientalistas ante la Comisión de Agricultura fueron desechadas por los parlamentarios. Ellos empeoraron aún más el proyecto al extender también a 25 años los derechos de “protección” para árboles y vides ya inscritos de acuerdo a la ley anterior (Nº 19.342), que hasta ahora sólo eran válidos por siete años.
El registro que se abrirá con la nueva ley incluirá tanto las variedades nativas como las híbridas y transgénicas obtenidas a través de la biotecnología, resguardando los intereses de las empresas transnacionales exportadoras de semillas, entre ellas Monsanto y Syngenta junto a sus socios locales.
Abusando de este tipo de leyes, Monsanto hoy está pidiendo en Estados Unidos patentar la carne de cerdo criado con alimento transgénico, como si la carne fuera un descubrimiento de su propiedad. Al asegurar en Chile esos derechos, se expandirá aun más el negocio de los transgénicos, hoy todavía limitado a la exportación de semillas. Eso afectará los cultivos orgánicos puesto que es imposible la coexistencia entre cultivos orgánicos y siembras de transgénicos.
La contaminación de los cultivos tradicionales a través de la polinización o por el transporte o los residuos es un grave problema que afecta a toda la comunidad nacional e internacional: cada año se presentan nuevos casos de contaminación genética por transgénicos. En el 2007 se presentaron 39 nuevos casos de contaminación en 23 países. Hasta ahora en Chile no hay ninguna regulación que obligue a la industria biotecnológica a informar los daños y las pérdidas financieras que causan los transgénicos.
La aprobación de esta ley despojaría a los campesinos de su derecho a disponer libremente de su cosecha. Los cultivos de los agricultores orgánicos podrán contaminarse con transgénicos, y el precio de los alimentos subirá impactando finalmente a todos los consumidores. También habrá impactos negativos en la salud y el ambiente, ya que los cultivos transgénicos están asociados a un aumento en el uso de plaguicidas y a efectos en la salud de las personas y daños a la biodiversidad.
TRANSPARENCIA CERO
La expansión de los cultivos transgénicos para exportación, autorizados por el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, ha estado caracterizada por el secretismo y la falta de protección, ya que esta entidad se niega históricamente a dar a conocer los sitios exactos de localización de los cultivos y el Consejo para la Transparencia lleva un año sin responder el recurso de amparo planteado por RAP-AL contra el SAG por este tema.
El gobierno actual no ha entregado información sobre la temporada 2009/2010 begin_of_the_ skype_highlighti ng 2009/2010 end_of_the_skype_ highlighting. De acuerdo a datos oficiales proporcionados para 2008/2009 begin_of_the_ skype_highlighti ng 2008/2009 end_of_the_skype_ highlighting, los cultivos de semillas transgénicas para exportación alcanzaron un total de 30.447,04 hectáreas de maíz, soya, y canola (raps) que son los más extendidos, seguidos por cartamo, remolacha, vid, cebada, tomate, zapallo y alfalfa, en este orden.
Respecto de la temporada anterior (2007), el crecimiento fue de un 24,5%, totalizándose 5.982,9 hectáreas más de este tipo de cultivos, donde el maíz ocupa el primer lugar.
La región del Maule, con 15.049 hectáreas encabeza el ranking, seguida por la región de O’Higgins –donde ya se copó la superficie de siembra – con 7.888,89- y la Metropolitana, con 2.949,11 hectáreas. En regiones como Arica y Parinacota, y Coquimbo, que no tenían antes cultivos transgénicos, en la temporada informada por SAG se sembraron 52,91 y 156,20 hectáreas respectivamente. En la sureña región de Los Ríos también irrumpieron los transgénicos ocupando 758 hectáreas, mientras en la Araucanía la cifra se eleva ahora a 2.192 hectáreas.
La desprotección frente a esta expansión sin protección para la agricultura orgánica, se agudizará si se aprueba la ley de privatización de la semilla. Toda especie nativa que actualmente es parte de nuestro patrimonio y nuestra biodiversidad, y por tanto se puede reproducir y usar libremente, podrá tener un dueño y ser por tanto propiedad intelectual -propiedad privada- de empresas nacionales o extranjeras. Para los efectos prácticos, el resultado es muy similar al generado por una patente.
El requisito planteado por este proyecto a estas corporaciones es simplemente presentar un grupo de plantas relativamente homogéneas y que no estén registradas previamente. También deben ser “nuevas”, pero la ley considera nueva toda especie no registrada antes. Así pueden apropiarse de un patrimonio colectivo que es fruto del trabajo de comunidades campesinas e indígenas, donde especialmente las mujeres han guardado, mejorado y reproducido la semilla por generaciones y generaciones. Así se desconoce que en definitiva, las semillas son nuestro patrimonio como país.
Las amenazas que enfrenta Chile como resultado del menor crecimiento económico, la cesantía y otros efectos del terremoto nos comprometen a intensificar nuestros esfuerzos para contribuir a asegurar la soberanía alimentaria de nuestro pueblo y defender la salud y calidad de vida de todos los chilenos.
Por tanto, las organizaciones ambientalistas y de agricultura orgánica declaran:
1) Rechazamos el avance del establecimiento de todas las disposiciones jurídicas que impliquen en forma abierta o encubierta la autorización de la liberación total de siembra de cultivos transgénicos en el país.
2) Apoyamos una moratoria total a la liberación de los transgénicos en Chile y el establecimiento de etiquetado para los productos finales importados que son transgénicos.
3) Impulsamos el establecimiento de un sistema de biomonitoreo, y de medidas para revertir la contaminación transgénica provocada por los actuales semilleros de exportación.
4) Apoyamos las demandas de las organizaciones regionales de los agricultores orgánicos tendientes a lograr la promoción y apoyo efectivo de una agricultura orgánica o realizada sobre bases agroecológicas, sana y segura, libre de plaguicidas y transgénicos.
5) Exigimos la revisión de la situación de los altos funcionarios públicos que evidencien conflicto de interés en materia de bioseguridad de transgénicos, y su destitución al probarse esos vínculos.
6) Exigimos que se consideren fondos públicos para financiar investigación independiente sobre los efectos de los transgénicos en la salud de los consumidores.
CAMPAÑA CONTRA LA LEY DE PRIVATIZACIÓN DE LA SEMILLA NATIVA
Hasta el 11 de diciembre de 2009, 950 personas han firmado en esta página, rechazando el proyecto de Ley de Derechos de Obtentores Vegetales (Boletín 6355-01) que está en discusión en el Parlamento, por exigencias del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Rechazar el proyecto es actuar en defensa de los derechos ancestrales de los campesinos a disponer libremente de sus cosechas y de las semillas nativas.
Los impulsores de esta iniciativa son la Red de Acción en Plaguicidas (RAP-Chile), Asociación de Agricultores Orgánicos de Biobío, Agrupación de Agricultura Orgánica de Chile (AAOCH), Asociación de Agricultura Biológica-Diná mica AG, Agrupación de Consumidores Conscientes de Linares, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca), Fundación con Todos, Asociación de Agricultores Orgánicos de Chiloé (CETSUR) y Grain.
Estamos en contra de la liberación de los transgénicos y a favor de la agricultura orgánica y/o biológico-diná mica y de sus productos saludables. Rechazamos la privatización del conocimiento y de nuestro patrimonio en beneficio de las transnacionales.
La iniciativa permitiría la expansión de los cultivos transgénicos y los farmocultivos, lo que significará la contaminación de los cultivos convencionales y orgánicos, como ha ocurrido en otros países, y avalará la represión de campesinos por parte de la policía privada de las transnacionales. Pero eso no es todo, ni lo peor. También creará dependencia del agricultor respecto de semillas registradas por los obtentores, agravando la pérdida de la variedad de los alimentos.
Te invitamos a adherir con tu firma al rechazo del proyecto de ley de Derechos de Obtentores Vegetales que esta en discusion en el Parlamento de Chile por las exigencias del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Defendemos asi los derechos ancestrales de los campesinos a disponer de sus cosechas y de las semillas nativas.
Habrá nuevas alzas del precio de los alimentos, porque toda la semilla registrada tendrá que ser comprada a las grandes empresas transnacionales y sus filiales locales que operan el mercado de semillas transgénicas y agroquímicos.
La iniciativa vulnera gravemente nuestra soberanía alimentaria, fomenta la pérdida de variedades de semillas, y la dependencia de empresas extranjeras propietarias de los derechos de obtentores, que controlaran la comercializació n, la importación y la exportación de las semillas, esquejes y frutos.
Las semillas son la base de nuestra agricultura, del conocimiento y de la seguridad alimentaria, herencia de nuestros antepasados y derecho de las generaciones presentes y futuras. La vida no se patenta.