Nacionales

LA FALSIFICACIÓN DE LA HISTORIA

El artículo “Falsificador de la Historia” aparece en el
número de la revista Punto Final que salió a la venta el 21 de
abril. Denuncia la falsificación del Informe de la Comisión Rettig,
la manipulación de su Archivo y el encubrimiento de los hechos hasta
el día de hoy. Se basa en los testimonios de personas directamente
involucradas y en el análisis de material procedente del Archivo Rettig.

Se ha ocultado, ante la Justicia y la ciudadanía de
Chile, la matanza clandestina por la Armada en la V Región de un gran
número de víctimas. El artículo identifica el Comisionado responsable
de la falsificación, Gonzalo Vial Correa, y las personas e
instituciones encubridoras. Revela la ubicación de uno de los sitios
en que se encuentran los muertos y las declaraciones de un testigo
que participó en su sepultura.
Los antecedentes deben ser investigados por las
autoridades políticas competentes y los crímenes castigados por la
Justicia . Entre las medidas requeridas:

- El gobierno de Chile, como participante en el programa
Memoria del Mundo, debe informar a la UNESCO que fue falsificada una
parte del Informe Rettig y manipulado el Archivo de la Comisión Rettig

- En lo referente a las falsificaciones y manipulaciones ya
detectadas

-- debe publicarse tanto el informe original sobre la V
Región, tal como fue redactado por el equipo jurídico de la Comisión
Rettig, como el documento entregado a dicha Comisión en 1990 por la
Comisión Chilena de Derechos Humanos titulado “Derechos Humanos –
Breve Balance de 16 Años, V Región”

-- debe crearse un equipo jurídico independiente que revise los
antecedentes de hechos delictivos entregados a la Comisión Rettig,
denunciándolos en su caso a la Justicia, en cumplimiento de la
obligación que tenía la Comisión a ese respecto

- Con el fin de detectar cualquier falsificación o
manipulación adicional, debe crearse un equipo de expertos
independientes para evaluar la veracidad de todo el material que
hubiera sido redactado por el Comisionado Gonzalo Vial Correa

- Deben ser excavados los sitios de entierro clandestino ya
ubicados y los que podrán ubicarse en el futuro, con el fin de
encontrar los restos de detenidos desaparecidos, someterlos a los
peritajes correspondientes y darlos una sepultura digna

- El futuro Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el
ejercicio de su autonomía, debe proveer a los jueces la totalidad
de información de relevancia a los casos que instruyen, creando un
equipo de documentalistas profesionales que estaría disponible para
rastrear los Archivos que custodia; debe permitir a los familiares
y a sus abogados acceso directo a dicha información

- El Congreso debe investigar las circunstancias en que el
Comisionado Gonzalo Vial fuera nombrado posteriormente Abogado
Consejero del Consejo de Defensa del Estado y determinar si su
presencia en el mismo, junto con un Procurador Fiscal imputado en
varios casos podría haber influido en las tan controvertidas
políticas de ese órgano del Estado en materia de derechos humanos

 

Por Fred Bennetts


Fuente: PUNTO FINAL



1. LOS
ENCUBRIMIENTOS

2. LOS TEXTOS MANIPULADOS DEL INFORME
RETTIG
3. LOS CRÍMENES INSTITUCIONALES DE LA
ARMADA



1. LOS ENCUBRIMIENTOS

El Estado de Chile, al participar en el programa Memoria
del Mundo de la UNESCO, se comprometió a “preservar y difundir
documentos que ayudarán a Chile y a otros países entender y superar
un pasado marcado por la violación sistemática de los derechos
humanos.” No está cumpliendo sus obligaciones a la comunidad
internacional ni tampoco a sus propios ciudadanos. Sucesivos
gobiernos de la democracia chilena han permitido que un proceso de
encubrimiento que se inició con la Comisión Rettig continúe hasta el
día de hoy.

Se ha destapado recientemente un caso paradigmático de este proceso.
Centrado en la V Región, sus implicaciones son de envergadura
nacional, abarcando:
:
- La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. A pesar de
su importancia histórica, la Comisión ha sido una fuente de datos
envenenada. Uno de sus Comisionados lo utilizó para manipular
informes, hacer desaparecer testimonios, ocultar crímenes que debían
haberse denunciado a la Justicia y reducir a la mitad el numero de
victimas estimado por el equipo de abogados de la Comisión .

- La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH). Un informe
de la Comisión del año 1986 hizo un balance de los detenidos
desaparecidos en la V Región, identificándolos todos, a base de
entrevistas con sus familiares. Una copia fue entregada a la Comisión
Rettig en 1990 y poco después las demás copias fueron robadas. El
Informe Rettig identificó 29 detenidos desaparecidos en la V Región.
El Informe de la CCHDH – a lo cual el Informe Rettig no hizo
referencia – los había cifrado en 89.

- Las primeras pruebas tangibles de lo que se trató de
ocultar: el hallazgo en los últimos meses de los cuerpos de personas
asesinadas y enterradas clandestinamente por la Armada que nunca
habían sido “contabilizados” oficialmente.

En cuanto a la Comisión Rettig, no se les puede culpar a sus miembros
el hecho de que no identificasen públicamente los responsables de los
crímenes investigados: no tenían autorización para ello. Sin embargo,
sí tenían la obligación de denunciar a la Justicia a todos esos
responsables y eso tampoco lo hicieron. Permitieron, además, que un
Comisionado suyo actuara de forma desleal en connivencia con el
entonces Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Jorge Martínez
Busch.

El protagonista principal del encubrimiento ha sido Gonzalo Vial
Correa, Comisionado de la Comisión Rettig, y la prueba directa de su
culpabilidad acaba de conocerse. Se ha encontrado dentro del Archivo
Rettig el informe preparado por Pedro Aylwin Chiorrini, el abogado
responsable del equipo investigador de la V Región, que fue sujeto a
extensas manipulaciones antes de ser publicado en el Informe Rettig..
Las anotaciones al informe original, escritas a mano, fueron de la
autoría del Comisionado Vial.

En una entrevista antes de que fuera encontrado su informe en los
Archivos Rettig, el abogado Aylwin dijo que se había sentido
“deslegitimado” por el Comisionado que revisó su texto. No quiso
identificarlo, alegando razones de ética profesional.

El Informe Rettig en su parte introductoria trató con deferencia a la
Armada alegando que habían respondido a todas las solicitudes de la
Comisión y que habían enviado material “de gran utilidad”. Para no
poner en duda esta afirmación había sido necesario suprimir una parte
del texto del abogado Aylwin que indicaba justo lo contrario. Aún más
grave, se hizo desaparecer el Acta de una entrevista en que un alto
mando, Capitán de Navio Carlos Fanta denunció actos que comprometían
a la Armada. Los antecedentes expuestos en otro Acta, inculpatoria
del Almirante (R) Guillermo Aldoney, no fueron denunciados por la
Comisión y hasta el día de hoy no han sido transmitidos a la Justicia.

Gonzalo Vial es abogado, historiador y periodista. Fue uno de los
redactores del Libro Blanco del régimen militar que adujo entre las
justificaciones del golpe la existencia del legendario Plan Z; se
basaba en documentación espuria facilitado por la Armada. Más tarde
Vial fue designado Ministro de Educación dentro del gobierno militar.
Su nombramiento por el Presidente Aylwin a la Comisión Rettig se
debió a motivos puramente políticos, para complacer al Comandante en
Jefe Pinochet, quien años más tarde, haciendo referencia a los
miembros de la Comisión, diría “el único que se salvaba era Gonzalo
Vial que había sido Ministro mío”.

Con tales antecedentes resulta particularmente difícil entender como
Gonzalo Vial pudo ser nombrado en 1999 a la Mesa del Diálogo, a no
ser que la invitación fuera atribuible al papel destacado de la
Armada en promover esa iniciativa. Esa persona que había ocultado
información referente a los detenidos desaparecidos dentro de la
Comisión Rettig, no tuvo reparos en aseverar que el tema primordial
de la Mesa del Dialogo debía ser:

“...ubicar y entregar a las familias los restos mortales del mayor
número de detenidos desaparecidos que sea posible........... Y
respecto de los que no sea posible, establecer y proporcionar a las
familias la fecha, el lugar y las circunstancias en que murieron.”

Aún más incongrua fue la designación de Gonzalo Vial por el
Presidente de la República al Consejo de Defensa del Estado. Esa
entidad tiene la misión de contribuir “a la mantención del Estado de
Derecho” y “defender, representar y asesorar jurídicamente al Estado
de Chile”. Como Abogado Consejero fue inamovible en el cargo hasta
cumplir los 75 años en 2005.

Hoy en día el Sr. Vial es Profesor de Historia de Chile en la
Universidad Finis Terrae, vinculado con el fundamentalismo católico
de los Legionarios de Cristo Rey. Además, entre otras actividades, es
columnista de “La Segunda”. Ese diario hace pocos meses publicó un
extenso artículo sobre el funcionamiento interno de la Comisión
Rettig en que se indicó que la redacción final de la mayoría de los
textos que componían el Informe Rettig eran de la autoría de dos
personas, uno de ellos Gonzalo Vial.

Dentro del Ministerio del Interior es la División Jurídica que guarda
celosamente el Archivo Rettig, sólo proporcionando a sus colegas del
Programa de Derechos Humanos (PDH) una documentación selectiva. En
consecuencia el PDH ni siquiera ha podido cumplir con su obligación
legal de proveer, a petición de los jueces instructores, toda la
documentación relevante sobre los casos de violaciones de derechos
humanos.

Las denuncias a este respecto ante sucesivos Subsecretarios de
Interior no han tenido efecto. Sin embargo, las mismas denuncias,
presentadas ante la Conservadora del Archivo Nacional, que custodia
otra copia del Archivo Rettig, recibieron una contestación valiente.
En una carta fechada 5 de noviembre de 2005 a los familiares del
Padre Miguel Woodward, lamentó lo ocurrido y dijo:
“En lo que respecta a nuestra institución, nosotros colocaremos al
pie de página de los inventarios remitidos por la Corporación
(Justicia y Democracia), la advertencia que haga referencia a la
carta que usted a hecho llegar al Archivo Nacional.”


2. LOS TEXTOS MANIPULADOS DEL INFORME RETTIG

Señalamos abajo únicamente esos cambios al informe del abogado
Aylwin que fueron realizados por Gonzalo Vial. Otros cambios,
realizados por uno de los ex-abogados de la Comisión, sólo tenían el
fin de pulir el texto y asegurar su consistencia con el resto del
Informe.

Los cambios señalados no se pueden explicar ni por esos motivos ni
por una eventual falta de antecedentes. Eran, como queda evidente
abajo, burdas manipulaciones que fueron realizadas a un texto que
exponía datos comprobados por el equipo profesional. Su fin sólo
podría haber sido ocultar y minimizar el papel de la Armada de Chile
en los asesinatos y torturas que tuvieron lugar en esa zona.

Las falsificaciones empiezan, de una forma llamativa, en el primer
párrafo del texto. Refiriéndose a la V Región, el abogado Aylwin
había escrito:

“....se estudiaron 80 casos de graves violaciones a los derechos
humanos con resultado de muerte o desaparición de detenidos, que
comprometen la responsabilidad del Estado, por la actuación de sus
agentes”

En el informe definitivo, sin embargo, el texto dice lo siguiente:

“....la Comisión conoció 41 casos de graves violaciones a los
derechos humanos con resultado de muerte o desaparición de detenidos,
que comprometen la responsabilidad del Estado, por la actuación de
sus agentes.”

Más adelante se encuentra un rotundo “NO” escrito a mano al lado de
la siguiente frase del abogado Aylwin: “....contrario a lo sostenido
por ciertas autoridades navales entrevistadas, el buque escuela
Esmeralda también sirvió como lugar de detención”. La frase no
apareció en la versión definitiva del Informe. Evidentemente, la
persona responsable de ese cambio, aunque sabiendo que en otra parte
del Informe se admitía que se torturó en la Esmeralda, no quiso que
se pusiera en cuestión la colaboración recibida de la Armada.

En referencia a Tejas Verdes, el abogado Aylwin
escribió: “En este campo...se vivió por parte de los detenidos la
aplicación de un verdadero estado de Guerra”. Este comentario hizo
que el Comisionado que revisó su texto cuestionara ese
“calificativo”. El informe final no incluyó esa frase – tan
significativa en el contexto de la aplicación de la Convención de
Ginebra. Tampoco incluyó un extenso párrafo que el abogado Aylwin
había redactado sobre la aplicación de la Ley de Fuga. Éste terminaba
con la frase “Se conocieron en la Región 40 casos de muerte que se
pueden incluir en esta categoría.”

El caso del padre Miguel Woodward fue tratado por el abogado Aylwin
en el último párrafo de su texto de la siguiente forma:

“......falleció a causa de un "paro cardio-respiratorio", producto
del lamentable estado físico en que se encontraba. Son circunstancias
de convicción de lo anterior las siguientes: la autoridad naval
reconoció su detención; se acredito el hecho de haber sido torturado;
fallece en el Hospital Naval, habiendo llegado desde el Molo de
Abrigo, lugar done tuvo que dársele atención médica por parte de un
médico de la Armada; la causa de la muerte es “paro cardio-
respiratorio” producto del lamentable estado físico en que se
encontraba.”

En el Informe Rettig definitivo, sin embargo, se lee:

“......falleció a causa de un "paro cardio-respiratorio", producto
del lamentable estado físico en que se encontraba. Los antecedentes
expuestos permiten a esta Comisión formarse la convicción que Michael
Woodward murió víctima de la acción de agentes del Estado que lo
torturaron en su lugar de detención”.

El hecho de que fuera eliminado la frase que empieza con “....la
Autoridad naval reconoció...” adquiere un significado especial al
conocerse las peripecias (referidas arriba) por lo que pasaron las
dos actas de entrevista en que se basaba. Esas actas, hasta el día de
hoy, no han sido entregadas en su forma original a la Justicia.

El resto del material que se ha encontrado en el Archivo
Nacional consiste de información entregada a la Comisión Rettig por
la Vicaria de Solidaridad actuando como coordinadora de varias
organizaciones de derechos humanos en 8 ciudades de la Región.
Incluye datos precisos sobre las personas responsables de la muerte o
desaparición de víctimas.

Tras resumir los delitos denunciados, los informes añaden, en la
mayoría de los casos, “se sugiere a la Comisión lo siguiente”
seguido por varias peticiones que debían ser dirigidas a las
autoridades militares. Extrañamente, sin embargo, y a pesar de que la
Vicaría y el Equipo de Atención Jurídica del Arzobispado de Santiago
ofrece a la Comisión “los documentos jurídicos que los fundamentan”,
ninguna de las denuncias dio como resultado final que el caso fuese
denunciado a la Justicia.

Con el paso de los años se ha ido extendiendo la evidencia del grave
daño que ha sido causado por los encubrimientos iniciales. Se supo en
2006, por medio de Luis Bork, el antiguo Presidente de la Comisión
Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) en Valparaíso, que en el año 1986
ese organismo elaboró un balance de detenidos desparecidos en
colaboración con los familiares de las víctimas. Fueron identificados
nada menos que 89 personas..

Una copia de ese informe fue entregada a la Comisión Rettig en 1990
y, poco después, todas las restantes copias fueron robadas al ser
saqueada la oficina de la CCHDH en Valparaíso. También fueron robados
en esa ocasión la totalidad de los archivos de la CCHDH incluido
expedientes de casos que habían pasado por la Fiscalía Naval y los
Juzgados Navales. En ese entonces se sospechaba que los responsables
estaban vinculadas a la propia CCHDH. Hoy en día, conociendo la
presencia en la Comisión Rettig del Comisionado que traicionó su
juramento, hay que formularse otra hipótesis.


3. LOS CRÍMENES INSTITUCIONALES DE LA ARMADA.

Los datos “oficiales” de las víctimas en la V Región,
los que fueron reconocidos por el Estado, provienen del Informe
Rettig y del trabajo de la Corporación Nacional de Reparación y
Reconciliación. Dan como detenidos desaparecidos a 36 personas.

En los últimos tiempos, sin embargo, se ha comprobado
que la cifra real de detenidos desaparecidos es muchísimo más
elevado. Así se desprende de otros informes que han sido
deliberadamente ocultados, el reciente hallazgo de cuerpos de
personas que fueron asesinadas y no “contabilizadas”, las
declaraciones de testigos que asistieron a los entierros de otros
cuerpos y la propia documentación de la Armada.

En cuanto a este último punto, la Armada, aunque reconociendo en
privado que existía documentación comprometedora, alega que todo fue
destruido “en la época del Almirante Merino”. Sin embargo, les ha
traicionado su propia rigurosidad: existen pruebas fehacientes de sus
crímenes en sus propios registros, mantenidos meticulosamente por los
guardias de instalaciones navales y otros funcionarios sujetos a
disciplina militar.

Los cuerpos de los ejecutados y de los detenidos
desaparecidos asesinados clandestinamente por la Armada pasaron por
varios caudales. En cada caso, como se demuestra abajo, las acciones
criminales eran sistemáticos y la responsabilidad institucional de la
Armada era claro. Los altos mandos necesariamente estaban
involucrados en planificar y coordinar la represión dentro de la
Armada y, evidentemente, en desarrollar la colaboración con la DINA
– que dio sus resultados en la Operación Colombo y Operación Kiwi y
en el Sumario A-637 de la Justicia Naval.

En cuanto a los que murieron en el Hospital Naval tras
ser detenidos, estaban registrados en el libro de guardia del
Hospital y, por lo tanto, la Armada tuvo que recurrir a la
falsificación de certificados de muerte y de inscripciones en el
Registro Civil. Luego procedieron a la inhumación ilegal de los cuerpos.

Sin embrago, en el caso de la mayoría de los detenidos desaparecidos
que fueron asesinados, la ocultación de cuerpos resultó más facil.
Muchos fueron enterrados clandestinamente en el Cementerio de Playa
Ancha, que había sido ocupado por la Armada el mismo día del golpe.
Tres testigos independientes han dejado constancia en los últimos
años que vieron en aquellos días a marinos descargando cuerpos
desde vehículos navales y enterrándolos en el Cementerio.

El más reciente de estos testigos, un antiguo sepulturero del
cementerio, dio testimonio judicial en enero de 2007 que en dos
ocasiones había sido obligado a acompañar a varios marinos que
descargaron unos cuerpos en el Cuartel 14 del Cementerio. Con los
marinos apuntándoles con sus armas, el testigo y otros trabajadores
enterraron seis personas en dos sepulturas, tres en cada una. En el
caso de algunos, estaba claro que habían muerto por impacto de bala
en el pecho. Uno de ellos aún sangraba.

No se ha llevado a cabo ningún intento de exhumación de esos cuerpos.
Ocurre, sin embargo, que en enero y febrero de 2006, a unos 20 metros
de distancia del sitio señalado por el testigo, aparecieron durante
unas excavaciones las osamentas de unos 15 cuerpos sin identificar,
encontrándose una vainilla a su lado.

La policía determinó que la vainilla era de un calibre utilizado por
las fuerzas armadas pero, por un descuido, cuando los restos fueron
enviados al Servicio Médico Legal para su peritaje, ni la vainilla ni
el informe balístico fueron entregados a los forenses. Además, no
habían sido informados de la declaración del nuevo testigo sobre los
entierros en una zona lindante ni se les había facilitado una
declaración formal por parte del Administrador del Cementerio sobre
el área del hallazgo. En esas circunstancias, y citando falta de
antecedentes, los forenses no quisieron opinar sobre la data de las
muertes y dejaron inconclusas las demás cuestiones planteadas.

En todo caso, no podrían completarse el cotejo de identidades hasta
saber el numero real de detenidos desaparecidos de la V Región y
quienes eran. Sería un paso previo necesario para ampliar el
existente banco de muestras de ADN, lo que permitiría un peritaje
forénsico adecuado.

En resumen, no sólo se ha permitido que sigue teniendo un efecto
nocivo la falsificación de la historia si no que, a cambio de
ventajas políticas a corto plazo, se ha permitido que el
falsificador penetre al corazón de las instituciones democráticas.


Fred Bennetts es Licenciado en Historia por la Universidad de
Oxford. Ha trabajado como consultor para la ONU y los gobiernos de
Reino Unido, España, y Portugal. Su esposa, Patricia, es hermana del
Padre Miguel Woodward y colabora con Amnesty International.

El torturador que pasó por víctima

En 1974, el detective Arturo Eugenio Garay González se integró a un grupo similar al Comando Conjunto que operó en la Base Naval de Talcahuano. Participó en la desaparición del ex GAP Rudy Cárcamo, presenció el asesinato del alcalde de Cañete, Elías Jana, y fue reconocido como un feroz verdugo. Hoy recibe beneficios destinados a prisioneros políticos.

Miguel Paz

Nación Domingo

El protagonista de esta historia no tiene rostro. No hay fotos suyas en la prensa. Sólo existe registro de su voz. De la ocasión que llama a este diario la noche del jueves 12 de abril, para inquirir por este artículo. “Qué te preocupái ahora de un agente olvidado”, se queja con amargura. Abrumado por deudas, considerado un traidor por sus ex compañeros, cuenta que lo andan buscando, que se mueve de un lado a otro, que tiene una vida jodida. Antes de colgar promete fijar un encuentro. Éste jamás se lleva a cabo.

Lo cierto es que la vida de Arturo Eugenio Garay González, subcomisario retirado de Investigaciones, 61 años, víctima inscrita en el Informe Valech con el número 9.481, se jodió hace tiempo. Para ser exactos, 33 años atrás. En los primeros meses de 1974, el día en que flanqueó la entrada de la Base Naval de Talcahuano e ingresó a un sector convertido en campo de prisioneros y centro de tortura.

Ese día, el joven Garay dejó de ser detective y se convirtió en verdugo. Como agente del Centro de Inteligencia Regional (CIRE), una especie de Comando Conjunto creado en enero de ese año por el jefe de la Tercera División del Ejército, Nilo Floody Buxton, y el comandante de la Base Naval, Antonio Costa Bobadilla, para actividades represivas en la Octava Región, Garay se dedicó un año a detener gente y aplicarle tormentos. Hay gente que lo recuerda.

“ÉL FUE MI TORTURADOR”

El siquiatra Luis Enrique Peebles Skarnic tiene un año menos que Garay. Fue una de las personas que sufrió su mano en la picana eléctrica. Cuando habla, la voz de Peebles se hace leve como los murmullos de un niño. O los de un cura confesor. Sentado detrás de un pequeño escritorio en un box del área de salud mental del Hospital Barros Luco, su aspecto calmo no se condice con el infierno que se lo tragó en diciembre de 1974. Ese mes, el joven secretario general de lo que quedaba del MIR en Concepción fue detenido en el Paso Los Libertadores y trasladado a la Base Naval de Talcahuano.

A merced de Garay y el grupo de interrogadores del CIRE (compuesto por el jefe de Inteligencia Naval de la zona, Hugo González D’Arcangelis: los oficiales navales José Cáceres González y Víctor Donoso Barrera; el funcionario de Investigaciones Osvaldo Harnisch Salazar y el oficial de Carabineros Conrado Sesnic), Peebles se inició en los laberintos del horror. Éstos, más tarde, lo conducirían a Colonia Dignidad, Villa Grimaldi, Tres y Cuatro Álamos, las otras estaciones de su averno que terminó en julio de 1975, cuando fue expulsado del país y se exilió en Bélgica.

Peebles tiene clara la participación de Arturo Garay González en sus sesiones de tormento. “Él fue uno de mis torturadores directos”, dice. “Al principio no sabía quién era. Pero después de una hora escuchas las voces, te das cuenta de a quién pertenece la voz de mando. Y este tipo era el jefe de grupo de los cinco o seis que torturaban y salían a detener gente. No sólo lo oí, también lo vi”, dice Peebles, y prosigue su crudo relato: “Después de meterme electricidad por todos lados, de hacerme ‘el submarino’ en un tambor con agua asquerosa, de darme guaraca, terminaba la tortura”, dice y toma aire. “Ahí le preguntaba si esa noche pensaba hacer el amor con su mujer. Si le habían pagado bien. Si lo que hacía cumplía las expectativas que tenía cuando entró a la institución. Si después del trabajo tenía reunión de apoderados. O si acaso éste era el gobierno de las Fuerzas Armadas que esperaba”.

El 21de febrero de 2006, Peebles volvió a ver a Garay. No lo reconoció hasta que empezó a hablar, dice el facultativo. Fue en las propias dependencias de la Base Naval de Talcahuano, en la reconstitución del asesinato y desaparición del mirista y ex GAP Rudy Cárcamo Ruiz, “El vietnamita”, ordenada por el juez Carlos Aldana. Junto a Peebles, otro ex prisionero, Jaime Oehninger, reconoció a Garay como uno de sus celadores, e identificó también a los procesados por la desaparición de Cárcamo: González, Cáceres, Donoso, Harnisch y Sesnic.

El siquiatra estuvo a escasos centímetros de distancia del torturador. Como en una broma macabra del destino, les tocó compartir el bus que la Armada destinó para el juez y las víctimas. Los ex compañeros de Garay en el CIRE no estuvieron dispuestos a recibir a un traidor en su vehículo: el detective estaba allí en calidad de testigo, ratificando el siguiente testimonio judicial donde relata lo que le pasó a “El vietnamita”:

“Fundamento mi presunción de que fueron el teniente Cáceres, Sesnic y el inspector Harnisch quienes participaron en el interrogatorio en que falleció Rudy Cárcamo, ya que la mayoría de los interrogatorios al interior de la base naval los practicaban ellos tres junto a mí. Como ese fin de semana yo estuve en Cañete, y ellos se quedaron, lo más probable es que hayan sido ellos los que interrogaron a Cárcamo. Al llegar ese lunes a la base naval, mis compañeros de interrogatorio me comunicaron que había un ‘fiambre’, por lo que había que deshacerse de él. En ese momento consulté de quién se trataba, y a regañadientes me respondieron que era ‘El vietnamita’”.

En la reconstitución salieron a la luz otros homicidios cometidos por la Armada en ese recinto. Entre ellos, el asesinato en febrero de 1975 de Elías Jana Santibáñez, alcalde socialista de Cañete en la época del golpe de Estado, relatado al juez por Peebles y confirmado por Garay.

“ÉL FUE MI INTERROGADOR”

En 1975, Garay volvió a Investigaciones. Pero su pasado le había dejado secuelas. Fue sancionado varias veces por faltas consideradas graves en la institución y se desmoronó de a poco hasta que pasó a retiro, en septiembre de 1986.

Quizá por esto, la historia que contó a los profesionales de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura no es la del carnicero que evocan los ex presos de la base naval. En la ficha que llenó para el Informe Valech dice que fue prisionero político. Que en la mañana del 11 de septiembre de 1973 fue apresado por su presunta militancia comunista y que estuvo detenido durante 20 días en la Isla Quiriquina. Así lo aseguró en una declaración judicial, al menos.

Su relato fue convincente y pudo acogerse a los beneficios que se otorgan a los “Valech”: una pensión mensual de 112.817 pesos, bonificación de 100 puntos en la postulación al subsidio habitacional, acceso a salud gratuita en el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (Prais) y una beca de estudios de educación superior, que él probablemente no usará debido a su edad. Como víctima acreditada, Garay postuló y accedió a un bono de 184 dólares otorgado por la Fundación Presidente Allende, de España, proveniente del fondo de 9 millones de dólares que ésta obtuvo del Banco Riggs de Washington, como indemnización por haber escondido los dineros negros del ex dictador.

Pero dos detectives de la Prefectura de Investigaciones de Concepción cuentan una historia distinta a la de Garay. Dicen que él nunca estuvo detenido en isla Quiriquina. Y lo saben porque ellos estuvieron allí. En la mañana del Golpe, funcionarios de Carabineros llegaron muy temprano y se tomaron la prefectura, con un saldo de dos muertos. A medida que los detectives iban llegando a su trabajo, los carabineros salían de su escondite y los reducían. Detuvieron a 100 policías y los trasladaron a la base naval; luego, algunos fueron enviados a la isla. “En la época, Garay no estaba en la prefectura”, dice Renato Czischke, uno de los efectivos. “Tampoco lo vi en los 18 días que estuve preso en la Quiriquina. Yo fui de los últimos en abandonar la isla. Si hubiese estado me acordaría”, agrega.

El relato de Roberto Arriagada Venegas es similar. Pese a que alcanzó a estar tres días en la isla antes de ser liberado y devuelto a sus funciones en Investigaciones, nunca vio a Garay en el lugar.

La alarma sobre este caso la dio Erick Zott, otro ex prisionero del campamento de Talcahuano. Radicado en Austria, Zott vino a Chile el año pasado para prestar declaración en el caso de Rudy Cárcamo. Cuando se enteró que Garay aparecía como víctima en el Informe Valech se escandalizó. “Por el rol que él cumplía en los interrogatorios no era un cualquiera. Era de los que llevaba la investigación sobre el MIR en la zona de Concepción”, dice Zott, quien conoció a Garay en el campo de prisioneros donde estuvo detenido a fines de 1975. “En la base naval debo haber estado tres a cuatro semanas. Pero como yo llevaba un año detenido, el proceso no era el característico de cuando te detenían. Obviamente había presión. No hablo de torturas, pero él fue uno de mis interrogadores”, cuenta Zott. “Si se coló en el Informe Valech un agente de los organismos represivos, ¿por qué no podría haber otros más?”, se pregunta.

Imposible saberlo, explica la ex vicepresidenta de la comisión, María Luisa Sepúlveda. Cuando se presentó el informe, el Gobierno decretó que los antecedentes de las víctimas acreditadas en él son secretos y sólo podrán conocerse en 50 años más. Es más, la propia Sepúlveda desconoce qué documentos presentó Garay al Informe Valech.

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SERGIO ONOFRE JARPA, EL EXONERADO POLÍTICO

“Verdadero escándalo”. “Ética y moralmente inaceptable”. En julio de 2000, los diputados socialistas Isabel Allende y Jaime Naranjo no podían creer cuando supieron que el ex ministro del Interior de Pinochet Sergio Onofre Jarpa y otros conspicuos personeros del régimen militar, entre ellos Hermógenes Pérez de Arce y Juan de Dios Carmona, se habían acogido a los beneficios de la Ley 19.234 de Exonerados Políticos. En 1993, ésta instituyó beneficios previsionales para “personas exoneradas por motivos políticos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, de las empresas públicas, semifiscales, autónomas del Estado y privadas”. Cinco años después, en 1998, los legisladores extendieron el beneficio a los funcionarios del Congreso, del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas, buscando compensar económicamente a un amplio grupo que había sufrido los rigores del Gobierno militar. La medida tuvo un efecto inesperado. Miembros de la dictadura que fueron parlamentarios antes del golpe de Estado (como Jarpa, Pérez y Carmona) y personal de la DINA y la CNI, calificaron como exonerados políticos. “Atenta contra el espíritu de la ley”, dijo la hija de Allende, aunque reconoció que era legal.

MARÍA LUISA SEPÚLVEDA: “NO DESCARTO QUE SE NOS PUEDA HABER PASADO UN CASO” La ex vicepresidenta de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura descarta que el caso de Arturo Garay González ponga en tela de juicio los mecanismos de calificación usados por la comisión presidida por monseñor Sergio Valech y establecida por mandato presidencial en agosto de 2003. “No necesariamente abre una duda porque estás suponiendo que la persona no certificó su detención”, explica, y asegura que “los casos de los miembros de las Fuerzas Armadas fueron especialmente evaluados”. Sepúlveda detalla que se usaron muchas fuentes de información para validar los casos que se presentaron ante la comisión: testimonios, entrevistas, certificados de detención y comunicados oficiales, salvoconductos, tarjetas de control, listados de detenidos, archivos y procesos judiciales, publicaciones de prensa y registros de organismos de derechos humanos, de víctimas y organismos internacionales. De todas formas, está abierta a la posibilidad de que el trabajo haya tenido un margen de error. “El Informe Valech da cuenta de algo que le ocurrió a un sinnúmero de personas de la manera más rigurosa posible, pero no es infalible. Tomamos precauciones e hicimos todos los esfuerzos por no calificar casos de personas en los que hubiese sospechas”. –¿Pudo pasárseles un caso? –Yo no descarto que se nos pueda haber pasado un caso y puede que se nos quedaran fuera otros que sí debieron estar y no quedaron. –¿Cuál fue el medio de verificación en este caso de este detective? –No sé en ese caso cuál fue el medio de verificación. No tengo acceso a las carpetas para responderte, porque todas las carpetas de los casos quedaron a resguardo del Ministerio del Interior y son secretas. Pero si la persona estuvo detenida y pudo demostrarlo, cabe en el Informe Valech. Él pudo ser víctima y después victimario, y calificaba en el informe.

Pendiente iniciativa que permite el voto de los chilenos en el exterior

Debido a que el debate se prolongó más allá del Orden del Día, los diputados acordaron continuar con el análisis de esta iniciativa en una próxima sesión.

La moción fue presentada por los diputados Sergio Aguiló, Isabel Allende, Juan Bustos, Francisco Encina, Carlos Montes y Fulvio Rossi, el 20 de julio de 2005. El texto modifica la Ley 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios y la Ley 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, incorporando la regulación de la inscripción electoral en el exterior. De esta manera, se dispone que en cada consulado existirá una junta electoral presidida por el cónsul e integrada, además, por otro funcionario del servicio exterior, que actuará de secretario. Estas juntas ejercerán sus funciones en el territorio del Estado extranjero en que tenga su sede el respectivo consulado. Asimismo, una junta electoral podrá extender sus funciones a uno o más Estados contiguos o cercanos, si ahí no existe representació n consular. En los países donde haya más de un consulado, todos estarán habilitados para la inscripción de los chilenos residentes, tomando las precauciones para evitar la duplicidad. Las juntas electorales funcionarán todos los días hábiles, de 10 a 14 horas, pudiendo prorrogarse este horario hasta las 17 horas si aún hubiera gente por atender. El Director del Servicio Electoral, a propuesta del Cónsul, podrá modificar los días y el horario, y suspender su funcionamiento. Además, las juntas electorales en el extranjero suspenderán su funcionamiento 90 días antes de una elección presidencial o desde que se publique en el Diario Oficial la convocatoria a plebiscito, y su labor se reanudará el primer día hábil del mes subsiguiente a la fecha en que el TRICEL comunique el término del proceso eleccionario, indica el proyecto de ley. Inscripción de chilenos residentes Las inscripciones que se practiquen en el exterior no tendrán costo y se harán en los libros correspondientes separados por varones y mujeres. Los registros serán públicos y llevarán la especificació n del país y del consulado al que pertenecen. Las votaciones en el extranjero se realizarán cuando corresponda elegir Presidente de la República y en los casos de plebiscitos regulados por la Constitución. La nacionalidad, identidad y edad para inscribirse se comprobará por medio de la cédula de identidad vigente o por el pasaporte válido de chileno. En caso de duda, se podrá requerir un informe técnico del Servicio de Registro Civil. De la misma forma, para sufragar las personas inscritas deberán presentar su carné de identidad o su pasaporte. Las mesas receptoras de sufragios se compondrán de tres vocales elegidos de entre los inscritos en los registros respectivos. Estas personas desempeñarán esa función en dos actos electorales o plebiscitarios sucesivos, sin considerar la segunda vuelta presidencial. Adicionalmente, se dispone que en cada consulado funcionará, desde el tercer día anterior a la elección, una Oficina Electoral dependiente de la junta electoral, a cargo de un Delegado, que será funcionario del Servicio Exterior. Las juntas electorales en el exterior se constituirán 6 meses después de publicada esta ley en el Diario Oficial. Mantenimiento del orden público La iniciativa señala que los cónsules deberán adoptar las providencias necesarias para permitir y resguardar el libre acceso a los locales de votación y evitar las aglomeraciones. Por su parte el Delegado velará por la conservación del orden y el normal funcionamiento dentro de la Oficina Electoral. Los presidentes de las juntas electorales resguardarán el libre acceso a los recintos y mesas de votación, evitando las aglomeraciones en las puertas o alrededores. En caso de aglomeraciones, manifestaciones o incidentes graves, el presidente de la junta electoral solicitará al Cónsul que recurra al auxilio de la fuerza pública del país respectivo. El informe de la Dirección de Presupuestos consigna que en los años no electorales, el costo del proyecto será de $117 millones, mientras que en los años en que sí se realice un proceso eleccionario o plebiscito, el costo será de $252 millones, 790 mil. Martes 17 de Abril de 2007

Para el próximo sábado Parlamento Social convoca a protesta contra binominal

"Chile necesita profundizar su democracia. Es urgente terminar con las exclusiones que no permiten la participación de todos los chilenos en la elaboración de las políticas para el país", afirmó la entidad.

A una protesta para el próximo sábado 24 de marzo contra la vigencia del sistema electoral binominal y las deficiencias del plan Transantiago, hizo este domingo el Parlamento Social y Político, integrado por organizaciones sociales y colectividades de la izquierda.

"Chile necesita profundizar su democracia. Es urgente terminar con las exclusiones que no permiten la participación de todos los chilenos y chilenas en la elaboración de las políticas para el país. Los errores en el diseño y la implementació n del Plan Transantiago son una muestra de la necesidad de fortalecer la democracia y participación” , afirmó en un comunicado público.

Agregó que se trata de un tema que no sólo es problema de los partidos políticos y de los actuales parlamentarios, sino que de la ciudadanía en general. "Mientras se mantengan estas desigualdades políticas, expresadas en un sistema electoral que excluye a gran parte de la población, se profundizarán las desigualdades sociales”, añadió.

La organización también reclamó por el término de las limitaciones para ser candidatos a parlamentarios de los dirigentes sociales, la elección directa y mayores atribuciones de los integrantes de los Consejos Regionales (CORES), y el establecimiento de un plebiscito para iniciativas de ley.

También exigió permitir la votación de los ciudadanos que se encuentran en el extranjero, establecer la inscripción automática y normas que impidan la intervención electoral de cualquier tipo.

La manifestación, según indicó la entidad, se llevará a cabo a partir de las 11:00 horas en la Plaza de la Cultura, en Plaza Bulnes con Alameda.

Inflación y recesión: el infierno neoliberal

por Rafael Luis Gumucio Rivas (Chile)

domingo 18 de marzo de 2007

Algunos creían que el paraíso de la rentabilidad era eterno, pero como sabemos, el orgulloso de Adán y la persuasiva Eva lanzaron a los codiciosos inversionistas a este valle de lágrimas de una posible recesión, acompañada de una inflación superior a la aceptable. El profeta del mal es el octogenario Alan Greenspan, quien no se resigna a jugar golf, como corresponde a un jubilado que se respete, sino que quiere ganar millones de dólares mediante consultorías a confusos cultores del dios mercado. Los jubilados, casi siempre, han sido peligrosos. Recuerdo al famoso filósofo de la historia, Oswald Spengler, autor de la famosa obra La decadencia de occidente, donde anunciaba el invierno de la civilización occidental, confundiendo occidente con la Alemania derrotada en la primera guerra mundial. Greenspan no es un filósofo de la historia, sino un gurú de la economía.; su profecía es muy sencilla y evidente: el mundo de las finanzas está sometido a ciclos históricos, por consiguiente, lo que crece cae y viceversa, lo que equivale a decir que ni en historia, ni en economía es posible el progreso indefinido, con la cual soñaba Condorcet. Hasta el día de hoy se buscan explicaciones a la caída de todas las bolsas mundiales, a partir del 28 de febrero de 2007: en primer lugar, el anuncio de controles, por parte del gobierno chino, a los capitales especulativos; en segundo lugar, el carry trade, (consiste en comprar yenes devaluados, producto de las bajas tasas de interés de Japón e invertirlos en mercados de mayor rentabilidad, en especial, emergentes), en tercer lugar, la quiebra de instituciones que prestaban dinero a personas, sin mayor respaldo económico. Los adoradores del dios mercado revisaban, día a día, los distintos índices que pudieran orientarlos entre tanta confusión; la venta de bienes durables era pésima, la  inflación parecía no amainar y así, suma y sigue, además las noticias y los distintos análisis de expertos eran más malos que buenos, pues por lado se veía una serie baja en la economía del imperio y, por otra, la inflación aumentaba. El neoliberalismo es la forma más radical de determinismo darwiniano: en el mercado sólo sobreviven los codiciosos, los avaros, los pillos, y otros, es decir, el pecado capital del llamado libre mercado es la avaricia, que siempre ha existido en la historia: baste recordar, solamente, al legionario Lúculo, quien atesoró millones, producto del robo a sus subordinados, o Francisco Guizot que decía, en pleno siglo XIX, “enriqueceos”, pero hoy, cuando el neoliberalismo reina en todo el mundo, la codicia y la avaricia son el modus operandi del capital. Los codiciosos querían ganar dinero a raudales sin considerar el riesgo, razón por la cual buscaban las bolsas de mayor rentabilidad, como el BRIC, (Brasil, Rusia, India y China),  que duplicaban el capital. A nadie se le ocurrió seguir los consejos del majadero José, que le repetía al Faraón aquello de las vacas gordas y las vacas flacas; tampoco le creían a Gibbon, quien aseguraba que el imperio romano se derrumbó a causa de la elefantiasis. Los acongojados inversionistas buscaron, entonces, a los buenos sacerdotes para calmar su ansiedad, entre quienes el más escuchado es el famoso presidente del FED, (Banco Central de Estados Unidos), que en una prédica sostuvo, ante sus feligreses, que ninguna de las profecías (algunas apoyadas por indicadores) tenían validez, que la economía norteamericana estaba aterrizando lentamente y que la inflación, aún, no era catastrófica. “Queridos hermanos, sigan jugando en el casino”. Por cierto, no llegará a vivir el Apocalipsis del imperio tan rápidamente, pues sería ridículo confundir los deseos con la realidad, pero sí está claro que la tarea de Benjamín Bernanke se ve muy difícil; “si me ponen me matan, si me la sacan me muero”: Le es difícil bajar las tasas de interés y reanimar a las bolsas y, a su vez, le es imposible subirlas, pues terminaría provocando la recesión. El imperio está a punto de entrar al infierno de recesión, agregada a una inflación superior a la esperada. Como en el infierno de Dante, en La divina comedia, será el rechinar de dientes. Por desgracia, quienes más padecen en el infierno no son los avaros y codiciosos, sino los pobres trabajadores y jubilados, que están obligados a invertir sus ahorros previsionales en las bolsas más especulativas.

La brigada más cruel de la DINA

La existencia de esta unidad de exterminio, que operaba en un cuartel de La Reina, fue un secreto bien guardado por casi 34 años y que recién hoy comienza a develar la investigación del juez Víctor Montiglio. Dueños de una brutalidad inusitada, fueron los agentes encargados de asesinar a la dirección clandestina del PC en 1976.

La Nación

Jorge Escalante

Fue uno de los mejores secretos guardados del dictador Augusto Pinochet y su hombre en la DINA, Manuel Contreras, tanto que no lo rompieron ni siquiera cuando comenzaron a odiarse. Un pacto de silencio mantenido por casi 34 años. ¿Cómo lograron los hombres y mujeres de la Brigada Lautaro que su misión de exterminio no se conociera sino hasta hace unas pocas semanas? ¿Cómo pudo ocultarse durante tanto tiempo la existencia de la unidad más numerosa de la DINA?

Poco más de un par de meses atrás, medio centenar de ex agentes de la Lautaro hacían sus últimas compras de Navidad y se preparaban para celebrar el Año Nuevo en familia. Cumplían sus labores diarias (algunos con tareas directivas en grandes compañías), visitaban los malls y volvían a casa con los suyos. Pero ninguno sabía lo que se venía encima, ni menos sospechaban que un sencillo ciudadano –a quien, para proteger su identidad, llamaremos “Café para Dos”–, había resuelto contar el horror que había vivido como agente de la represión: la existencia de una unidad especial dedicada a matar comunistas y preparar sus cadáveres para tirarlos al mar.

Poco a poco, con especial discreción, los hombres de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones comenzaron las detenciones durante enero y febrero pasado. Todos fueron llamados a declarar. Todos, por cierto, negaron las acusaciones y alegaron inocencia. Varios, en tono amenazante, protestaron incluso por la “calumnia” que se levantaba en su contra. Pero eso duró algunos días. Pronto, algunos se fueron “ablandando” y empezaron a aportar más y más información al juez Víctor Montiglio.

Reconocieron, por ejemplo, cómo dirigentes y militantes clandestinos del PC habían sido llevados a un cuartel de calle Simón Bolívar 8630, en La Reina, para ser asesinados. Y cómo algunos de ellos estuvieron detenidos durante meses antes de su muerte. Fue el caso de Víctor Díaz, jefe del partido en la clandestinidad hasta mayo de 1976, cuando fue arrestado, y padre de la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Viviana Díaz.

Los otros comunistas

Los nuevos antecedentes indican que en dicho cuartel, de cuya existencia tampoco se tenían noticias, también fueron exterminados otros dirigentes comunistas. Si bien hasta ahora no hay certeza de sus nombres (debido a hermética forma de operar del juez Montiglio), las pistas apuntan a que corresponden a quienes integraron las direcciones clandestinas del PC de mayo y diciembre de 1976.

Entre ellos, Jorge Muñoz, el esposo de Gladys Marín; Fernando Ortiz, padre de Estela Ortiz; la directora de la Junji, y Waldo Pizarro, esposo de la fallecida dirigenta de la AFDD, Sola Sierra, y padre de su actual presidenta, Lorena Pizarro. Las declaraciones de los ex agentes también coinciden con las señas de Reinalda Pereira.

La investigación del juez Montiglio acerca del episodio conocido como Calle Conferencia no está concluida. Hasta donde se sabe, nadie salió de Simón Bolívar vivo para contarlo.

El comando de exterminio estaba integrado por infantes de Marina, agentes civiles de la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros –entre ellos varias mujeres–, oficiales y suboficiales del Ejército, y decenas de suboficiales de todas estas ramas. Al mando, el jefe de la seguridad de Manuel Contreras, Juan Morales Salgado, entonces con el grado de mayor de Ejército. Treinta y seis ilustres desconocidos, que hasta ahora nunca habían sido procesados, hoy están encausados o presos. Y la lista aumentará en los próximos días. Son los hombres y mujeres de la Brigada Lautaro, la más numerosa y a la vez la más desconocida de la DINA, y a la luz de lo que se sabe de la indagatoria, tal vez la que usó los métodos más crueles para asesinar.

Sumando a otros siete ex agentes que ya habían sido procesados entre los años 2000 y 2005, además del ex ministro de Interior e integrante de la Junta Militar César Benavides, también imputado, la causa de Calle Conferencia acumula hasta hoy 44 procesados, convirtiéndose en el juicio por violaciones a los derechos humanos que más reos tiene hasta ahora.

Curiosamente, y por esas argucias legales a las que suelen echar mano algunos ministros de corte nostálgicos de la dictadura, Manuel Contreras fue beneficiado con un tecnicismo jurídico conocido como “cosa juzgada” y quedó fuera del proceso.

Del sarín al cianuro

La forma de exterminio fue variada. Veamos el caso de Víctor Díaz: primero, los infantes de Marina Sergio Escalona Acuña y Bernardo Daza Navarro le amarraron una bolsa plástica en la cabeza para asfixiarlo, mientras una teniente de Ejército, Gladys Calderón Carreño, le inyectaba cianuro en las venas para acelerar su muerte.

Otros murieron bajo los efectos del gas sarín. Un hecho que se ignoraba, puesto que las víctimas de esta macabra técnica de la DINA se contaban, hasta ahora, con los dedos de una mano.

El mismo Michael Townley, responsable del laboratorio químico que el sindicato criminal de Contreras armó en 1976 en una casa de Lo Curro, estuvo en el cuartel de Simón Bolívar ensayando con sarín fabricado por el químico Eugenio Berríos; ahora se sabe, para también matar comunistas. Según confesó uno de los ex agentes al juez Montiglio, un día tuvieron que sacar de ahí a Townley “porque resultó afectado por el gas”.

Otros testimonios hablan asimismo de prisioneros asesinados a golpes o con refinadas formas de tortura. Las órdenes de exterminio emanaban directamente de Contreras, jefe operativo de la DINA, y eran transmitidas a Morales Salgado, entonces su leal subordinado y ahora uno de los que comenzó a aportar información del caso.

En la investigación hay antecedentes que, inequívocamente, permiten concluir que cada uno de estos crímenes fue perpetrado con el conocimiento y la anuencia de Augusto Pinochet. Fue el mismísimo dictador el que decidió la suerte de las víctimas de Simón Bolívar, convertido en un cuartel altamente selectivo.

Pinochet, señalan los testimonios, siempre estuvo interesado personalmente en el destino final de los líderes comunistas. Tanto así que, según relató el agente Ricardo Lawrence, visitó personalmente a Víctor Díaz cuando éste estuvo detenido en la Casa de Piedra en el Cajón del Maipo, antes de ser trasladado al cuartel de La Reina.

Del Puma al mar

Uno de los procesados es el ex comandante del Comando de Aviación del Ejército (CAE) coronel (R) Carlos Mardones Díaz. La razón, que recién ahora sale a la luz, es que los cargamentos con los cuerpos de los prisioneros asesinados que salieron del cuartel de Simón Bolívar tuvieron como su siguiente destino los helicópteros Puma del CAE, que solían operar desde los terrenos de campaña que el Ejército tenía en la zona de Peldehue, al norte de Santiago.

La “preparación” para este último viaje fue la misma que la DINA utilizó cada vez que hizo desaparecer los cadáveres. Los envolvieron con sacos paperos, les amarraron con alambre un trozo de riel al cuerpo, volvieron a ponerlos en sacos –que ataron con más alambre– y los transportaron en camionetas hasta el lugar donde esperaba el helicóptero. Éstos despegaban con su carga macabra, enfilaban hacia la costa de la V Región y se internaban mar adentro para soltar su carga. Así desaparecieron Díaz y el resto de sus compañeros.

Otro de los procesados es el ex piloto de los Puma brigadier (R) Antonio Palomo Contreras, uno de los que condujo los vuelos de la muerte. Soberbio y arrogante, Palomo era el piloto preferido de Pinochet y por largo tiempo condujo el Puma destinado a su uso personal. El 15 de septiembre, Palomo recibió de Pinochet la misión de trasladar en helicóptero al general Carlos Prats hasta la frontera con Argentina, cuando el recién instalado dictador mandó a su antecesor al exilio, antes de ordenar su muerte. También piloteó el Puma de la Caravana de la Muerte, al igual que Luis Felipe Polanco, otro de los procesados. LND

La lista de Montiglio

La siguiente es la nómina de los procesados por los crímenes de Simón Bolívar, todos en situación de retiro:

Del Ejército: el ex ministro de Interior y miembro de la Junta Militar general César Benavides, los brigadieres Miguel Krassnoff Marchenko, Carlos López Tapia y Antonio Palomo Contreras, los coroneles Juan Morales Salgado y Carlos Mardones Díaz, el teniente coronel Federico Chaigneau Sepúlveda, el mayor Luis Felipe Polanco, la teniente Gladys Calderón Carreño y los suboficiales Pedro Bitterlich Jaramillo, Manuel Obreque Henríquez, Eduardo Oyarce Riquelme, Orlando Torrejón Gatica, Elisa Magna Astudillo, Guillermo Ferrán Martínez, Jorge Escobar Fuentes, René Riveros Valderrama, Carlos Marcos Muñoz y Jorge Pichunmán Curiqueo, además del agente civil Eduardo Garea Guzmán.

De la Armada: Los suboficiales (Infantería de Marina) Sergio Escalona Acuña y Bernardo Daza Navarro los suboficiales Orlando Altamirano Sanhueza y Jorge Manríquez Manterota y las ex agentes Celinda Aspé Rojas, Teresa Navarro Navarro, Berta Jiménez Escobar y Adriana Rivas González.

De la Fuerza Aérea: los suboficiales Eduardo Cabezas Mardones, Jorge Díaz Radulovich, Eduardo Díaz Ramírez y Jorge Arraigada Mora, y la ex agente Ana Vilches Muñoz.

De Carabineros: el teniente coronel Ricardo Lawrence Mires y los suboficiales Heriberto Acevedo Acevedo, Gustavo Guerrero Aguilera, Claudio Pacheco Fernández, Jorge Sagardía Monje, José Sarmiento Sotelo, Emilio Troncoso Vivallos, Italia Vacarella Giglio, Héctor Valdevenito Araya y Orfa Saavedra Vásquez.

Algunos de ellos también están encausados por el asesinato de la militante comunista Marta Ugarte, la única de las víctimas que el mar devolvió y que apareció varada en la playa La Ballena, en Los Molles, debido a que el trozo de riel se soltó de la amarra.

Procesan a 19 militares por asesinatos de calle Conferencia

escrito por Redacción

miércoles, 07 de marzo de 2007

Santiago.- El juez Víctor Montiglio procesó a 19 ex militares por la muerte y desaparición en 1976 de la dirección clandestina del Partido Comunista, confirmaron hoy fuentes judiciales. La resolución, conocida ayer, afecta a un teniente coronel y cuatro suboficiales de Ejército; dos suboficiales de la Armada; cuatro suboficiales de la Fuerza Aérea y ocho suboficiales de Carabineros, todos en retiro. La desaparición de la cúpula del Partido Comunista es conocida como el caso "calle Conferencia". En dicha operación, en mayo de 1976, los organismos represivos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) detuvieron e hicieron desaparecer a una decena de dirigentes comunistas, entre ellos al esposo de la secretaria general de esa agrupación, la ya fallecida Gladys Marín. Con estos nuevos procesados, y contados otros nueve que permanecían declarados reos entre el 2000 y 2005, como el ex jefe operativo de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general en retiro, Manuel Contreras, y el ex ministro de Interior y ex integrante de la Junta Militar, general César Benavides, la cantidad de ex agentes encausados en este proceso asciende a 45. El caso se constituye como el juicio por violaciones a los derechos humanos que más procesados acumula hasta ahora. Entre los principales antecedentes hasta ahora desconocidos establecidos en esta investigación, está la existencia de la "Brigada Lautaro" como un equipo operativo de la DINA dedicado a asesinar prisioneros que llegaban a un cuartel ubicado en una comuna de Santiago, del cual no se tenían antecedentes de su existencia. En el recinto fueron asesinados varios dirigentes comunistas pertenecientes a las direcciones clandestinas arrestadas en mayo y diciembre de 1976. Otro antecedente descubierto por el juez Montiglio es la existencia de ex agentes de la DINA adscritos a esta brigada que pertenecían a la Armada chilena, varias de ellas mujeres, y que se mantuvieron en funciones después de 1975 cuando la institución sostiene que retiró a su gente de la Dirección de Inteligencia del gobierno militar.

Carta de las hijas del detenido desaparecido Víctor Díaz López

A 31 años de búsqueda de nuestro padre, Víctor Díaz López, recién empezamos a conocer la verdad, esa verdad que como siempre hemos dicho, por dolorosa que ella sea hay que enfrentarla, es la única manera de empezar a vivir el duelo que sólo con la justicia verdadera podría quizás cerrarse. Y en realidad es muy terrible saber de los meses de horror que vivió en manos de sus torturadores, todos miembros de las fuerzas armadas de Chile y la forma cruel, inhumana y cobarde de como fue asesinado.

Hoy en el verano de 2007– como miles de veces – estamos acudiendo a tribunales, pero esta vez para escuchar los alegatos sobre la libertad de los militares asesinos y secuestradores de nuestro padre. Los abogados de los criminales no tienen argumentos para sus defensas, defienden a “honorables personas y padres de familias”, sin embargo el juez los procesó por secuestro y homicidio calificado.

Recordamos el sangriento golpe de Estado de los militares y personeros de la derecha política que truncó no solo la vida de miles de chilenos, sino que destrozó toda la esperanza del mañana mejor; recordamos los golpes en la puerta de nuestra casa de los militares y civiles agentes de la DINA buscando a Víctor Díaz López, Subsecretario General del Partido Comunista por el solo hecho de haber sido partícipe del triunfo de Salvador Allende y de ese hermoso proyecto de la Unidad Popular.

Ustedes nos conocen en este largo caminar de hace ya más de treinta años y por ello queremos compartir con ustedes algo de nuestra historia. Cómo no recordar lo esperanzadas que estábamos junto a nuestra madre y hermano aquella vez que concurrimos a los Tribunales de Justicia a interponer el primer recurso de amparo en favor de nuestro padre a los pocos días de haber sido detenido por la DINA en el allanamiento realizado en calle Bello Horizonte 979, comuna de Las Condes, el 12 de mayo de 1976. Meses más tarde sabríamos por el testigo presencial de su detención, que fueron más de 25 los agentes que participaron de su secuestro, quienes se identificaron como agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). En ese momento no le permitieron vestirse y al sacarlo de la casa ya estaba semi inconsciente producto del primer brutal interrogatorio, llevándoselo con destino desconocido.

No se puede olvidar el doloroso episodio vivido con el ex Presidente de la Corte Suprema José María Eyzaguirre, que al momento de relatarle sobre la detención de nuestro padre y de la información entregada en la Vicaría de la Solidaridad por una persona que acababa de salir en libertad de la siniestra Villa Grimaldi -quien había compartido celda con Marta Ugarte la que se encontraba detenida y muy torturada en ese recinto - enviaba un mensaje expresando que ni ella ni nuestro padre saldrían con vida de ese lugar. Al expresarle al Presidente nuestra

preocupación y solicitarle su presencia como máximo representante del Poder Judicial en el recinto de Villa Grimaldi para que constatara este grave hecho, su respuesta fue: “Pero qué imaginación tiene usted, porqué no se va a su casa y escribe un libro, porque lo que usted me narra, en Chile eso no sucede”.

De esa manera Eyzaguirre demostró su indiferencia y complicidad con la dictadura. El dolor fue aún mayor cuando una semana después de esta situación (septiembre de 1976), el cuerpo de nuestra querida compañera Marta Ugarte Román apareció en la Playa La Ballena, (cerca de La Ligua), pretendiendo hacerla aparecer como una víctima de un crimen pasional. En ese momento nos enfrentábamos por primera vez a un posible y terrible desenlace del destino de nuestro padre.

Miembros de la DINA una mañana de octubre de 1976 llegaron a nuestra casa a amenazarnos, señalándonos que correríamos la misma suerte que nuestro padre si no abandonábamos la búsqueda, llegando incluso al extremo de obligarlo a que nos escribiera y nos llamara por teléfono pidiéndonos lo mismo, es decir que no continuáramos en su búsqueda. La actitud de nuestra madre en aquel entonces fue de absoluto rechazo y esto nos obligó como familia a interponer un recurso de protección a favor nuestro y proseguir tras su paradero. Ya en agosto de ese año nuestro hermano Víctor debió abandonar el país a consecuencia de los intentos de la DINA por detenerlo como una forma de presionar a nuestro padre, método de tortura que utilizaba la DINA para la obtención de información. La salida de nuestro hermano debió ser autorizada por un juez por ser menor de edad, pues había que salvar su vida, provocándonos un nuevo dolor.

Con los años Víctor regresa a nuestro país a intentar hacer una vida normal, retoma sus estudios y siendo estudiante de Teatro de la Universidad de Chile es suspendido de ésta por una actividad de lucha estudiantil. La prolongación de la dictadura sumado a la falta de verdad y de justicia lo lleva a formar parte del grupo que atenta contra el ex dictador Augusto Pinochet. Debido a esto Víctor fue detenido, torturado y encarcelado por varios años. Hoy vive lejos e impedido de vivir en su propio país, no obstante los diecisiete años de proceso democrático.

Durante años ante las insistentes acciones que realizábamos junto a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por conocer del paradero de nuestros seres queridos, la respuesta siempre fue la misma: rechazo de los recursos de amparo, detenciones en las manifestaciones públicas de denuncia, amenazas de muerte, allanamientos, intercepciones telefónicas, seguimientos, etc., todo esto con un solo propósito -garantizarle la impunidad a los violadores de derechos humanos. A pesar de todo esto continuamos la búsqueda y con los años hemos ido construyendo la verdad y acercándonos a la justicia.

Nuestro padre fue un hombre que siempre luchó por una sociedad más justa,

fue autodidacta, un obrero consecuente con sus principios, que quiso lo mejor

para sus hijos y por eso nos enorgullecemos de él; un gran Pacifista, siempre ayudo a quien se lo solicitó y por ello es recordado por sus compañeros de partido, por sus amigos y vecinos como un gran dirigente y un hombre de gran calidad humana.

Nuestra madre Selenisa Caro Ríos ya no está junto a nosotros; ella luchó mucho por encontrarlo, murió en 1997 sin conocer pero intuyendo esta triste verdad, pero aquí estamos sus hijos para decirle a ella que su lucha no fue en vano. Ahora por la memoria de ella y muchos otros hacemos los esfuerzos junto a los abogados y organismos de derechos humanos de hacer justicia, sin la cual es imposible sanar las heridas.

De acuerdo a la acuciosa investigación del Ministro Víctor Montiglio (Causa Rol N° 2182-98 “Conferencia”) y del apoyo de la Brigada de Asuntos Especiales y de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, se descubre otra Brigada de la DINA dirigida por Manuel Contreras Sepúlveda y de otro recinto de detención, nos referimos a la Brigada de extermino Lautaro y al Cuartel Simón Bolívar, sitio del cual no se tenía ningún antecedente porque no hubo sobrevivientes. En el proceso judicial se puede concluir que todos los prisioneros que pasaron por ese lugar fueron asesinados cobardemente bajo torturas inimaginables y –de acuerdo a algunas confesiones de los responsables- sus cuerpos habrían sido amarrados a rieles para luego ser lanzados al mar desde helicópteros del ejército. Ante estos hechos, el Ministro Montiglio ha procesado a 23 inculpados –entre ellos a hombres y mujeres, del Ejército, la Armada, Carabineros y de la Fuerza Aérea y civiles- como responsables de la detención, secuestro y tortura de nuestro padre. Asimismo, estaríamos ante la posibilidad de esclarecer lo ocurrido con toda la dirección del Partido Comunista en la clandestinidad y con más de un centenar de militantes y simpatizantes que hasta hoy se encuentran detenidos desaparecidos.

En esta interminable lucha, hoy queremos agradecer a todos quienes han estado a nuestro lado, a los que nos han apoyado y acogido brindándonos la fuerza y motivándonos a continuar, en otras palabras a los que siempre confiaron en nuestra verdad. Un agradecimiento especial al Partido Comunista que inspiró la vida de nuestro padre. Destacar además la labor abnegada de los abogados, las asistentes sociales y periodistas, a los organismos de derechos humanos (Vicaría de la Solidaridad, Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas (FASIC), Comisión Chilena de Derechos Humanos, Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), Fundación de Protección a la Infancia dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Instituto Latinoamericano de Salud Mental (ILAS), Centro de Derechos Humanos y Salud Mental (CINTRAS), Amnistía Internacional y el actual Programa de Derechos Humanos (Continuidad Ley N° 19.123) que nos han acompañado permanentemente en nuestras exigencias de Verdad y Justicia y que día a día laboran sin claudicar en la defensa de los derechos humanos.

Agradecer también a todos aquellos que nos escriben y nos hacen llegar su apoyo. Gracias una vez más por la solidaridad nacional e internacional manifestada durante todos estos años que nos permite continuar luchando en contra de la impunidad. Necesitamos redoblar los esfuerzos para lograr anular el Decreto Ley de Amnistía 2191 y que definitivamente se recojan los principios del Derecho Internacional para que los crímenes de lesa humanidad sean sancionados, no se amnistíen ni prescriban como es el caso judicial de nuestro padre. Y por último a cada uno de los integrantes de la AFDD fuente inagotable de dignidad y perseverancia en la búsqueda de esta tan dolorosa y esperada verdad.

Un abrazo para todas y todos.

VICTORIA DÍAZ CARO VIVIANA DÍAZ CARO

Santiago de Chile, 16 de Febrero de 2007