LA FALSIFICACIÓN DE LA HISTORIA

El artículo “Falsificador de la Historia” aparece en el
número de la revista Punto Final que salió a la venta el 21 de
abril. Denuncia la falsificación del Informe de la Comisión Rettig,
la manipulación de su Archivo y el encubrimiento de los hechos hasta
el día de hoy. Se basa en los testimonios de personas directamente
involucradas y en el análisis de material procedente del Archivo Rettig.

Se ha ocultado, ante la Justicia y la ciudadanía de
Chile, la matanza clandestina por la Armada en la V Región de un gran
número de víctimas. El artículo identifica el Comisionado responsable
de la falsificación, Gonzalo Vial Correa, y las personas e
instituciones encubridoras. Revela la ubicación de uno de los sitios
en que se encuentran los muertos y las declaraciones de un testigo
que participó en su sepultura.
Los antecedentes deben ser investigados por las
autoridades políticas competentes y los crímenes castigados por la
Justicia . Entre las medidas requeridas:

- El gobierno de Chile, como participante en el programa
Memoria del Mundo, debe informar a la UNESCO que fue falsificada una
parte del Informe Rettig y manipulado el Archivo de la Comisión Rettig

- En lo referente a las falsificaciones y manipulaciones ya
detectadas

-- debe publicarse tanto el informe original sobre la V
Región, tal como fue redactado por el equipo jurídico de la Comisión
Rettig, como el documento entregado a dicha Comisión en 1990 por la
Comisión Chilena de Derechos Humanos titulado “Derechos Humanos –
Breve Balance de 16 Años, V Región”

-- debe crearse un equipo jurídico independiente que revise los
antecedentes de hechos delictivos entregados a la Comisión Rettig,
denunciándolos en su caso a la Justicia, en cumplimiento de la
obligación que tenía la Comisión a ese respecto

- Con el fin de detectar cualquier falsificación o
manipulación adicional, debe crearse un equipo de expertos
independientes para evaluar la veracidad de todo el material que
hubiera sido redactado por el Comisionado Gonzalo Vial Correa

- Deben ser excavados los sitios de entierro clandestino ya
ubicados y los que podrán ubicarse en el futuro, con el fin de
encontrar los restos de detenidos desaparecidos, someterlos a los
peritajes correspondientes y darlos una sepultura digna

- El futuro Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el
ejercicio de su autonomía, debe proveer a los jueces la totalidad
de información de relevancia a los casos que instruyen, creando un
equipo de documentalistas profesionales que estaría disponible para
rastrear los Archivos que custodia; debe permitir a los familiares
y a sus abogados acceso directo a dicha información

- El Congreso debe investigar las circunstancias en que el
Comisionado Gonzalo Vial fuera nombrado posteriormente Abogado
Consejero del Consejo de Defensa del Estado y determinar si su
presencia en el mismo, junto con un Procurador Fiscal imputado en
varios casos podría haber influido en las tan controvertidas
políticas de ese órgano del Estado en materia de derechos humanos

 

Por Fred Bennetts


Fuente: PUNTO FINAL



1. LOS
ENCUBRIMIENTOS

2. LOS TEXTOS MANIPULADOS DEL INFORME
RETTIG
3. LOS CRÍMENES INSTITUCIONALES DE LA
ARMADA



1. LOS ENCUBRIMIENTOS

El Estado de Chile, al participar en el programa Memoria
del Mundo de la UNESCO, se comprometió a “preservar y difundir
documentos que ayudarán a Chile y a otros países entender y superar
un pasado marcado por la violación sistemática de los derechos
humanos.” No está cumpliendo sus obligaciones a la comunidad
internacional ni tampoco a sus propios ciudadanos. Sucesivos
gobiernos de la democracia chilena han permitido que un proceso de
encubrimiento que se inició con la Comisión Rettig continúe hasta el
día de hoy.

Se ha destapado recientemente un caso paradigmático de este proceso.
Centrado en la V Región, sus implicaciones son de envergadura
nacional, abarcando:
:
- La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. A pesar de
su importancia histórica, la Comisión ha sido una fuente de datos
envenenada. Uno de sus Comisionados lo utilizó para manipular
informes, hacer desaparecer testimonios, ocultar crímenes que debían
haberse denunciado a la Justicia y reducir a la mitad el numero de
victimas estimado por el equipo de abogados de la Comisión .

- La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH). Un informe
de la Comisión del año 1986 hizo un balance de los detenidos
desaparecidos en la V Región, identificándolos todos, a base de
entrevistas con sus familiares. Una copia fue entregada a la Comisión
Rettig en 1990 y poco después las demás copias fueron robadas. El
Informe Rettig identificó 29 detenidos desaparecidos en la V Región.
El Informe de la CCHDH – a lo cual el Informe Rettig no hizo
referencia – los había cifrado en 89.

- Las primeras pruebas tangibles de lo que se trató de
ocultar: el hallazgo en los últimos meses de los cuerpos de personas
asesinadas y enterradas clandestinamente por la Armada que nunca
habían sido “contabilizados” oficialmente.

En cuanto a la Comisión Rettig, no se les puede culpar a sus miembros
el hecho de que no identificasen públicamente los responsables de los
crímenes investigados: no tenían autorización para ello. Sin embargo,
sí tenían la obligación de denunciar a la Justicia a todos esos
responsables y eso tampoco lo hicieron. Permitieron, además, que un
Comisionado suyo actuara de forma desleal en connivencia con el
entonces Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Jorge Martínez
Busch.

El protagonista principal del encubrimiento ha sido Gonzalo Vial
Correa, Comisionado de la Comisión Rettig, y la prueba directa de su
culpabilidad acaba de conocerse. Se ha encontrado dentro del Archivo
Rettig el informe preparado por Pedro Aylwin Chiorrini, el abogado
responsable del equipo investigador de la V Región, que fue sujeto a
extensas manipulaciones antes de ser publicado en el Informe Rettig..
Las anotaciones al informe original, escritas a mano, fueron de la
autoría del Comisionado Vial.

En una entrevista antes de que fuera encontrado su informe en los
Archivos Rettig, el abogado Aylwin dijo que se había sentido
“deslegitimado” por el Comisionado que revisó su texto. No quiso
identificarlo, alegando razones de ética profesional.

El Informe Rettig en su parte introductoria trató con deferencia a la
Armada alegando que habían respondido a todas las solicitudes de la
Comisión y que habían enviado material “de gran utilidad”. Para no
poner en duda esta afirmación había sido necesario suprimir una parte
del texto del abogado Aylwin que indicaba justo lo contrario. Aún más
grave, se hizo desaparecer el Acta de una entrevista en que un alto
mando, Capitán de Navio Carlos Fanta denunció actos que comprometían
a la Armada. Los antecedentes expuestos en otro Acta, inculpatoria
del Almirante (R) Guillermo Aldoney, no fueron denunciados por la
Comisión y hasta el día de hoy no han sido transmitidos a la Justicia.

Gonzalo Vial es abogado, historiador y periodista. Fue uno de los
redactores del Libro Blanco del régimen militar que adujo entre las
justificaciones del golpe la existencia del legendario Plan Z; se
basaba en documentación espuria facilitado por la Armada. Más tarde
Vial fue designado Ministro de Educación dentro del gobierno militar.
Su nombramiento por el Presidente Aylwin a la Comisión Rettig se
debió a motivos puramente políticos, para complacer al Comandante en
Jefe Pinochet, quien años más tarde, haciendo referencia a los
miembros de la Comisión, diría “el único que se salvaba era Gonzalo
Vial que había sido Ministro mío”.

Con tales antecedentes resulta particularmente difícil entender como
Gonzalo Vial pudo ser nombrado en 1999 a la Mesa del Diálogo, a no
ser que la invitación fuera atribuible al papel destacado de la
Armada en promover esa iniciativa. Esa persona que había ocultado
información referente a los detenidos desaparecidos dentro de la
Comisión Rettig, no tuvo reparos en aseverar que el tema primordial
de la Mesa del Dialogo debía ser:

“...ubicar y entregar a las familias los restos mortales del mayor
número de detenidos desaparecidos que sea posible........... Y
respecto de los que no sea posible, establecer y proporcionar a las
familias la fecha, el lugar y las circunstancias en que murieron.”

Aún más incongrua fue la designación de Gonzalo Vial por el
Presidente de la República al Consejo de Defensa del Estado. Esa
entidad tiene la misión de contribuir “a la mantención del Estado de
Derecho” y “defender, representar y asesorar jurídicamente al Estado
de Chile”. Como Abogado Consejero fue inamovible en el cargo hasta
cumplir los 75 años en 2005.

Hoy en día el Sr. Vial es Profesor de Historia de Chile en la
Universidad Finis Terrae, vinculado con el fundamentalismo católico
de los Legionarios de Cristo Rey. Además, entre otras actividades, es
columnista de “La Segunda”. Ese diario hace pocos meses publicó un
extenso artículo sobre el funcionamiento interno de la Comisión
Rettig en que se indicó que la redacción final de la mayoría de los
textos que componían el Informe Rettig eran de la autoría de dos
personas, uno de ellos Gonzalo Vial.

Dentro del Ministerio del Interior es la División Jurídica que guarda
celosamente el Archivo Rettig, sólo proporcionando a sus colegas del
Programa de Derechos Humanos (PDH) una documentación selectiva. En
consecuencia el PDH ni siquiera ha podido cumplir con su obligación
legal de proveer, a petición de los jueces instructores, toda la
documentación relevante sobre los casos de violaciones de derechos
humanos.

Las denuncias a este respecto ante sucesivos Subsecretarios de
Interior no han tenido efecto. Sin embargo, las mismas denuncias,
presentadas ante la Conservadora del Archivo Nacional, que custodia
otra copia del Archivo Rettig, recibieron una contestación valiente.
En una carta fechada 5 de noviembre de 2005 a los familiares del
Padre Miguel Woodward, lamentó lo ocurrido y dijo:
“En lo que respecta a nuestra institución, nosotros colocaremos al
pie de página de los inventarios remitidos por la Corporación
(Justicia y Democracia), la advertencia que haga referencia a la
carta que usted a hecho llegar al Archivo Nacional.”


2. LOS TEXTOS MANIPULADOS DEL INFORME RETTIG

Señalamos abajo únicamente esos cambios al informe del abogado
Aylwin que fueron realizados por Gonzalo Vial. Otros cambios,
realizados por uno de los ex-abogados de la Comisión, sólo tenían el
fin de pulir el texto y asegurar su consistencia con el resto del
Informe.

Los cambios señalados no se pueden explicar ni por esos motivos ni
por una eventual falta de antecedentes. Eran, como queda evidente
abajo, burdas manipulaciones que fueron realizadas a un texto que
exponía datos comprobados por el equipo profesional. Su fin sólo
podría haber sido ocultar y minimizar el papel de la Armada de Chile
en los asesinatos y torturas que tuvieron lugar en esa zona.

Las falsificaciones empiezan, de una forma llamativa, en el primer
párrafo del texto. Refiriéndose a la V Región, el abogado Aylwin
había escrito:

“....se estudiaron 80 casos de graves violaciones a los derechos
humanos con resultado de muerte o desaparición de detenidos, que
comprometen la responsabilidad del Estado, por la actuación de sus
agentes”

En el informe definitivo, sin embargo, el texto dice lo siguiente:

“....la Comisión conoció 41 casos de graves violaciones a los
derechos humanos con resultado de muerte o desaparición de detenidos,
que comprometen la responsabilidad del Estado, por la actuación de
sus agentes.”

Más adelante se encuentra un rotundo “NO” escrito a mano al lado de
la siguiente frase del abogado Aylwin: “....contrario a lo sostenido
por ciertas autoridades navales entrevistadas, el buque escuela
Esmeralda también sirvió como lugar de detención”. La frase no
apareció en la versión definitiva del Informe. Evidentemente, la
persona responsable de ese cambio, aunque sabiendo que en otra parte
del Informe se admitía que se torturó en la Esmeralda, no quiso que
se pusiera en cuestión la colaboración recibida de la Armada.

En referencia a Tejas Verdes, el abogado Aylwin
escribió: “En este campo...se vivió por parte de los detenidos la
aplicación de un verdadero estado de Guerra”. Este comentario hizo
que el Comisionado que revisó su texto cuestionara ese
“calificativo”. El informe final no incluyó esa frase – tan
significativa en el contexto de la aplicación de la Convención de
Ginebra. Tampoco incluyó un extenso párrafo que el abogado Aylwin
había redactado sobre la aplicación de la Ley de Fuga. Éste terminaba
con la frase “Se conocieron en la Región 40 casos de muerte que se
pueden incluir en esta categoría.”

El caso del padre Miguel Woodward fue tratado por el abogado Aylwin
en el último párrafo de su texto de la siguiente forma:

“......falleció a causa de un "paro cardio-respiratorio", producto
del lamentable estado físico en que se encontraba. Son circunstancias
de convicción de lo anterior las siguientes: la autoridad naval
reconoció su detención; se acredito el hecho de haber sido torturado;
fallece en el Hospital Naval, habiendo llegado desde el Molo de
Abrigo, lugar done tuvo que dársele atención médica por parte de un
médico de la Armada; la causa de la muerte es “paro cardio-
respiratorio” producto del lamentable estado físico en que se
encontraba.”

En el Informe Rettig definitivo, sin embargo, se lee:

“......falleció a causa de un "paro cardio-respiratorio", producto
del lamentable estado físico en que se encontraba. Los antecedentes
expuestos permiten a esta Comisión formarse la convicción que Michael
Woodward murió víctima de la acción de agentes del Estado que lo
torturaron en su lugar de detención”.

El hecho de que fuera eliminado la frase que empieza con “....la
Autoridad naval reconoció...” adquiere un significado especial al
conocerse las peripecias (referidas arriba) por lo que pasaron las
dos actas de entrevista en que se basaba. Esas actas, hasta el día de
hoy, no han sido entregadas en su forma original a la Justicia.

El resto del material que se ha encontrado en el Archivo
Nacional consiste de información entregada a la Comisión Rettig por
la Vicaria de Solidaridad actuando como coordinadora de varias
organizaciones de derechos humanos en 8 ciudades de la Región.
Incluye datos precisos sobre las personas responsables de la muerte o
desaparición de víctimas.

Tras resumir los delitos denunciados, los informes añaden, en la
mayoría de los casos, “se sugiere a la Comisión lo siguiente”
seguido por varias peticiones que debían ser dirigidas a las
autoridades militares. Extrañamente, sin embargo, y a pesar de que la
Vicaría y el Equipo de Atención Jurídica del Arzobispado de Santiago
ofrece a la Comisión “los documentos jurídicos que los fundamentan”,
ninguna de las denuncias dio como resultado final que el caso fuese
denunciado a la Justicia.

Con el paso de los años se ha ido extendiendo la evidencia del grave
daño que ha sido causado por los encubrimientos iniciales. Se supo en
2006, por medio de Luis Bork, el antiguo Presidente de la Comisión
Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) en Valparaíso, que en el año 1986
ese organismo elaboró un balance de detenidos desparecidos en
colaboración con los familiares de las víctimas. Fueron identificados
nada menos que 89 personas..

Una copia de ese informe fue entregada a la Comisión Rettig en 1990
y, poco después, todas las restantes copias fueron robadas al ser
saqueada la oficina de la CCHDH en Valparaíso. También fueron robados
en esa ocasión la totalidad de los archivos de la CCHDH incluido
expedientes de casos que habían pasado por la Fiscalía Naval y los
Juzgados Navales. En ese entonces se sospechaba que los responsables
estaban vinculadas a la propia CCHDH. Hoy en día, conociendo la
presencia en la Comisión Rettig del Comisionado que traicionó su
juramento, hay que formularse otra hipótesis.


3. LOS CRÍMENES INSTITUCIONALES DE LA ARMADA.

Los datos “oficiales” de las víctimas en la V Región,
los que fueron reconocidos por el Estado, provienen del Informe
Rettig y del trabajo de la Corporación Nacional de Reparación y
Reconciliación. Dan como detenidos desaparecidos a 36 personas.

En los últimos tiempos, sin embargo, se ha comprobado
que la cifra real de detenidos desaparecidos es muchísimo más
elevado. Así se desprende de otros informes que han sido
deliberadamente ocultados, el reciente hallazgo de cuerpos de
personas que fueron asesinadas y no “contabilizadas”, las
declaraciones de testigos que asistieron a los entierros de otros
cuerpos y la propia documentación de la Armada.

En cuanto a este último punto, la Armada, aunque reconociendo en
privado que existía documentación comprometedora, alega que todo fue
destruido “en la época del Almirante Merino”. Sin embargo, les ha
traicionado su propia rigurosidad: existen pruebas fehacientes de sus
crímenes en sus propios registros, mantenidos meticulosamente por los
guardias de instalaciones navales y otros funcionarios sujetos a
disciplina militar.

Los cuerpos de los ejecutados y de los detenidos
desaparecidos asesinados clandestinamente por la Armada pasaron por
varios caudales. En cada caso, como se demuestra abajo, las acciones
criminales eran sistemáticos y la responsabilidad institucional de la
Armada era claro. Los altos mandos necesariamente estaban
involucrados en planificar y coordinar la represión dentro de la
Armada y, evidentemente, en desarrollar la colaboración con la DINA
– que dio sus resultados en la Operación Colombo y Operación Kiwi y
en el Sumario A-637 de la Justicia Naval.

En cuanto a los que murieron en el Hospital Naval tras
ser detenidos, estaban registrados en el libro de guardia del
Hospital y, por lo tanto, la Armada tuvo que recurrir a la
falsificación de certificados de muerte y de inscripciones en el
Registro Civil. Luego procedieron a la inhumación ilegal de los cuerpos.

Sin embrago, en el caso de la mayoría de los detenidos desaparecidos
que fueron asesinados, la ocultación de cuerpos resultó más facil.
Muchos fueron enterrados clandestinamente en el Cementerio de Playa
Ancha, que había sido ocupado por la Armada el mismo día del golpe.
Tres testigos independientes han dejado constancia en los últimos
años que vieron en aquellos días a marinos descargando cuerpos
desde vehículos navales y enterrándolos en el Cementerio.

El más reciente de estos testigos, un antiguo sepulturero del
cementerio, dio testimonio judicial en enero de 2007 que en dos
ocasiones había sido obligado a acompañar a varios marinos que
descargaron unos cuerpos en el Cuartel 14 del Cementerio. Con los
marinos apuntándoles con sus armas, el testigo y otros trabajadores
enterraron seis personas en dos sepulturas, tres en cada una. En el
caso de algunos, estaba claro que habían muerto por impacto de bala
en el pecho. Uno de ellos aún sangraba.

No se ha llevado a cabo ningún intento de exhumación de esos cuerpos.
Ocurre, sin embargo, que en enero y febrero de 2006, a unos 20 metros
de distancia del sitio señalado por el testigo, aparecieron durante
unas excavaciones las osamentas de unos 15 cuerpos sin identificar,
encontrándose una vainilla a su lado.

La policía determinó que la vainilla era de un calibre utilizado por
las fuerzas armadas pero, por un descuido, cuando los restos fueron
enviados al Servicio Médico Legal para su peritaje, ni la vainilla ni
el informe balístico fueron entregados a los forenses. Además, no
habían sido informados de la declaración del nuevo testigo sobre los
entierros en una zona lindante ni se les había facilitado una
declaración formal por parte del Administrador del Cementerio sobre
el área del hallazgo. En esas circunstancias, y citando falta de
antecedentes, los forenses no quisieron opinar sobre la data de las
muertes y dejaron inconclusas las demás cuestiones planteadas.

En todo caso, no podrían completarse el cotejo de identidades hasta
saber el numero real de detenidos desaparecidos de la V Región y
quienes eran. Sería un paso previo necesario para ampliar el
existente banco de muestras de ADN, lo que permitiría un peritaje
forénsico adecuado.

En resumen, no sólo se ha permitido que sigue teniendo un efecto
nocivo la falsificación de la historia si no que, a cambio de
ventajas políticas a corto plazo, se ha permitido que el
falsificador penetre al corazón de las instituciones democráticas.


Fred Bennetts es Licenciado en Historia por la Universidad de
Oxford. Ha trabajado como consultor para la ONU y los gobiernos de
Reino Unido, España, y Portugal. Su esposa, Patricia, es hermana del
Padre Miguel Woodward y colabora con Amnesty International.