La brigada más cruel de la DINA

La existencia de esta unidad de exterminio, que operaba en un cuartel de La Reina, fue un secreto bien guardado por casi 34 años y que recién hoy comienza a develar la investigación del juez Víctor Montiglio. Dueños de una brutalidad inusitada, fueron los agentes encargados de asesinar a la dirección clandestina del PC en 1976.

La Nación

Jorge Escalante

Fue uno de los mejores secretos guardados del dictador Augusto Pinochet y su hombre en la DINA, Manuel Contreras, tanto que no lo rompieron ni siquiera cuando comenzaron a odiarse. Un pacto de silencio mantenido por casi 34 años. ¿Cómo lograron los hombres y mujeres de la Brigada Lautaro que su misión de exterminio no se conociera sino hasta hace unas pocas semanas? ¿Cómo pudo ocultarse durante tanto tiempo la existencia de la unidad más numerosa de la DINA?

Poco más de un par de meses atrás, medio centenar de ex agentes de la Lautaro hacían sus últimas compras de Navidad y se preparaban para celebrar el Año Nuevo en familia. Cumplían sus labores diarias (algunos con tareas directivas en grandes compañías), visitaban los malls y volvían a casa con los suyos. Pero ninguno sabía lo que se venía encima, ni menos sospechaban que un sencillo ciudadano –a quien, para proteger su identidad, llamaremos “Café para Dos”–, había resuelto contar el horror que había vivido como agente de la represión: la existencia de una unidad especial dedicada a matar comunistas y preparar sus cadáveres para tirarlos al mar.

Poco a poco, con especial discreción, los hombres de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones comenzaron las detenciones durante enero y febrero pasado. Todos fueron llamados a declarar. Todos, por cierto, negaron las acusaciones y alegaron inocencia. Varios, en tono amenazante, protestaron incluso por la “calumnia” que se levantaba en su contra. Pero eso duró algunos días. Pronto, algunos se fueron “ablandando” y empezaron a aportar más y más información al juez Víctor Montiglio.

Reconocieron, por ejemplo, cómo dirigentes y militantes clandestinos del PC habían sido llevados a un cuartel de calle Simón Bolívar 8630, en La Reina, para ser asesinados. Y cómo algunos de ellos estuvieron detenidos durante meses antes de su muerte. Fue el caso de Víctor Díaz, jefe del partido en la clandestinidad hasta mayo de 1976, cuando fue arrestado, y padre de la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Viviana Díaz.

Los otros comunistas

Los nuevos antecedentes indican que en dicho cuartel, de cuya existencia tampoco se tenían noticias, también fueron exterminados otros dirigentes comunistas. Si bien hasta ahora no hay certeza de sus nombres (debido a hermética forma de operar del juez Montiglio), las pistas apuntan a que corresponden a quienes integraron las direcciones clandestinas del PC de mayo y diciembre de 1976.

Entre ellos, Jorge Muñoz, el esposo de Gladys Marín; Fernando Ortiz, padre de Estela Ortiz; la directora de la Junji, y Waldo Pizarro, esposo de la fallecida dirigenta de la AFDD, Sola Sierra, y padre de su actual presidenta, Lorena Pizarro. Las declaraciones de los ex agentes también coinciden con las señas de Reinalda Pereira.

La investigación del juez Montiglio acerca del episodio conocido como Calle Conferencia no está concluida. Hasta donde se sabe, nadie salió de Simón Bolívar vivo para contarlo.

El comando de exterminio estaba integrado por infantes de Marina, agentes civiles de la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros –entre ellos varias mujeres–, oficiales y suboficiales del Ejército, y decenas de suboficiales de todas estas ramas. Al mando, el jefe de la seguridad de Manuel Contreras, Juan Morales Salgado, entonces con el grado de mayor de Ejército. Treinta y seis ilustres desconocidos, que hasta ahora nunca habían sido procesados, hoy están encausados o presos. Y la lista aumentará en los próximos días. Son los hombres y mujeres de la Brigada Lautaro, la más numerosa y a la vez la más desconocida de la DINA, y a la luz de lo que se sabe de la indagatoria, tal vez la que usó los métodos más crueles para asesinar.

Sumando a otros siete ex agentes que ya habían sido procesados entre los años 2000 y 2005, además del ex ministro de Interior e integrante de la Junta Militar César Benavides, también imputado, la causa de Calle Conferencia acumula hasta hoy 44 procesados, convirtiéndose en el juicio por violaciones a los derechos humanos que más reos tiene hasta ahora.

Curiosamente, y por esas argucias legales a las que suelen echar mano algunos ministros de corte nostálgicos de la dictadura, Manuel Contreras fue beneficiado con un tecnicismo jurídico conocido como “cosa juzgada” y quedó fuera del proceso.

Del sarín al cianuro

La forma de exterminio fue variada. Veamos el caso de Víctor Díaz: primero, los infantes de Marina Sergio Escalona Acuña y Bernardo Daza Navarro le amarraron una bolsa plástica en la cabeza para asfixiarlo, mientras una teniente de Ejército, Gladys Calderón Carreño, le inyectaba cianuro en las venas para acelerar su muerte.

Otros murieron bajo los efectos del gas sarín. Un hecho que se ignoraba, puesto que las víctimas de esta macabra técnica de la DINA se contaban, hasta ahora, con los dedos de una mano.

El mismo Michael Townley, responsable del laboratorio químico que el sindicato criminal de Contreras armó en 1976 en una casa de Lo Curro, estuvo en el cuartel de Simón Bolívar ensayando con sarín fabricado por el químico Eugenio Berríos; ahora se sabe, para también matar comunistas. Según confesó uno de los ex agentes al juez Montiglio, un día tuvieron que sacar de ahí a Townley “porque resultó afectado por el gas”.

Otros testimonios hablan asimismo de prisioneros asesinados a golpes o con refinadas formas de tortura. Las órdenes de exterminio emanaban directamente de Contreras, jefe operativo de la DINA, y eran transmitidas a Morales Salgado, entonces su leal subordinado y ahora uno de los que comenzó a aportar información del caso.

En la investigación hay antecedentes que, inequívocamente, permiten concluir que cada uno de estos crímenes fue perpetrado con el conocimiento y la anuencia de Augusto Pinochet. Fue el mismísimo dictador el que decidió la suerte de las víctimas de Simón Bolívar, convertido en un cuartel altamente selectivo.

Pinochet, señalan los testimonios, siempre estuvo interesado personalmente en el destino final de los líderes comunistas. Tanto así que, según relató el agente Ricardo Lawrence, visitó personalmente a Víctor Díaz cuando éste estuvo detenido en la Casa de Piedra en el Cajón del Maipo, antes de ser trasladado al cuartel de La Reina.

Del Puma al mar

Uno de los procesados es el ex comandante del Comando de Aviación del Ejército (CAE) coronel (R) Carlos Mardones Díaz. La razón, que recién ahora sale a la luz, es que los cargamentos con los cuerpos de los prisioneros asesinados que salieron del cuartel de Simón Bolívar tuvieron como su siguiente destino los helicópteros Puma del CAE, que solían operar desde los terrenos de campaña que el Ejército tenía en la zona de Peldehue, al norte de Santiago.

La “preparación” para este último viaje fue la misma que la DINA utilizó cada vez que hizo desaparecer los cadáveres. Los envolvieron con sacos paperos, les amarraron con alambre un trozo de riel al cuerpo, volvieron a ponerlos en sacos –que ataron con más alambre– y los transportaron en camionetas hasta el lugar donde esperaba el helicóptero. Éstos despegaban con su carga macabra, enfilaban hacia la costa de la V Región y se internaban mar adentro para soltar su carga. Así desaparecieron Díaz y el resto de sus compañeros.

Otro de los procesados es el ex piloto de los Puma brigadier (R) Antonio Palomo Contreras, uno de los que condujo los vuelos de la muerte. Soberbio y arrogante, Palomo era el piloto preferido de Pinochet y por largo tiempo condujo el Puma destinado a su uso personal. El 15 de septiembre, Palomo recibió de Pinochet la misión de trasladar en helicóptero al general Carlos Prats hasta la frontera con Argentina, cuando el recién instalado dictador mandó a su antecesor al exilio, antes de ordenar su muerte. También piloteó el Puma de la Caravana de la Muerte, al igual que Luis Felipe Polanco, otro de los procesados. LND

La lista de Montiglio

La siguiente es la nómina de los procesados por los crímenes de Simón Bolívar, todos en situación de retiro:

Del Ejército: el ex ministro de Interior y miembro de la Junta Militar general César Benavides, los brigadieres Miguel Krassnoff Marchenko, Carlos López Tapia y Antonio Palomo Contreras, los coroneles Juan Morales Salgado y Carlos Mardones Díaz, el teniente coronel Federico Chaigneau Sepúlveda, el mayor Luis Felipe Polanco, la teniente Gladys Calderón Carreño y los suboficiales Pedro Bitterlich Jaramillo, Manuel Obreque Henríquez, Eduardo Oyarce Riquelme, Orlando Torrejón Gatica, Elisa Magna Astudillo, Guillermo Ferrán Martínez, Jorge Escobar Fuentes, René Riveros Valderrama, Carlos Marcos Muñoz y Jorge Pichunmán Curiqueo, además del agente civil Eduardo Garea Guzmán.

De la Armada: Los suboficiales (Infantería de Marina) Sergio Escalona Acuña y Bernardo Daza Navarro los suboficiales Orlando Altamirano Sanhueza y Jorge Manríquez Manterota y las ex agentes Celinda Aspé Rojas, Teresa Navarro Navarro, Berta Jiménez Escobar y Adriana Rivas González.

De la Fuerza Aérea: los suboficiales Eduardo Cabezas Mardones, Jorge Díaz Radulovich, Eduardo Díaz Ramírez y Jorge Arraigada Mora, y la ex agente Ana Vilches Muñoz.

De Carabineros: el teniente coronel Ricardo Lawrence Mires y los suboficiales Heriberto Acevedo Acevedo, Gustavo Guerrero Aguilera, Claudio Pacheco Fernández, Jorge Sagardía Monje, José Sarmiento Sotelo, Emilio Troncoso Vivallos, Italia Vacarella Giglio, Héctor Valdevenito Araya y Orfa Saavedra Vásquez.

Algunos de ellos también están encausados por el asesinato de la militante comunista Marta Ugarte, la única de las víctimas que el mar devolvió y que apareció varada en la playa La Ballena, en Los Molles, debido a que el trozo de riel se soltó de la amarra.