Sacco y Vanzetti

Howard Zinn

Znet

“Estoy aquí hoy en este banco de acusados, por ser de la clase oprimida" (Nicola Sacco)

Cincuenta años después de las ejecuciones de los inmigrantes italianos Sacco y Vanzetti, el Gobernador Dukakis de Massachusetts puso en marcha una comisión para analizar la limpieza del juicio, y la conclusión era que los dos hombres no habían tenido un juicio justo. Esto despertó una tormenta menor en Boston.

Una carta, firmada por John M. Cabot, embajador americano retirado, declaró su "gran indignación" y señaló que la confirmación de la pena de muerte por el Gobernador Fuller se hizo después de una revisión especial por "tres de los más distinguidos ciudadanos de Massachussets – el presidente de Harvard, Lowell, el Presidente del MIT, Stratton y la Juez jubilada Grant".

Esos tres "distinguidos y respetados ciudadanos" fueron vistos de forma diferente por Heywood Broun que escribió inmediatamente en su columna para el New York World después de que la comisión del Gobernador hizo su informe. Escribió:

No todo prisionero tiene un Presidente de Harvard que aprieta el interruptor para él… Si éste es un linchamiento, por lo menos el vendedor ambulante de pez y su amigo artesano pueden tener como consuelo para el alma que morirá a manos de hombres en traje de gala o con togas académicas.

Heywood Broun, uno de los periodistas más distinguidos del siglo XX, no continuó como redactor para el New York World .
En el 50 aniversario de la ejecución, el New York Times informó que: "Los planes del Alcalde Beame para proclamar el siguiente martes el día de Sacco y Vanzetti se han cancelado, en un esfuerzo para evitar la controversia, según dijo ayer un portavoz del ayuntamiento".

Debe haber una buena razón por la que un caso de hace 50 años, ahora de 75, despierta tal emoción. Yo sugiero que es porque hablar sobre Sacco y Vanzetti plantea materias que nos preocupan hoy inevitablemente: nuestro sistema de justicia, la relación entre la fiebre por la guerra y las libertades civiles, y la mayor preocupación de todos, la idea de anarquismo: la eliminación de límites nacionales y por consiguiente de la guerra, la eliminación de la pobreza, y la creación de una democracia plena.

El caso de Sacco y Vanzetti reveló, en sus condiciones más severas que las palabras nobles que se inscribieron sobre nuestros palacios de justicia, "Justicia Igual ante la Ley”, siempre han sido una mentira. Esos dos hombres, el vendedor ambulante de pez y el zapatero, no podrían conseguir justicia en el sistema americano, porque la justicia no mide igual a pobres y a ricos, a nacionales o a extranjeros, al ortodoxo y al radical, al blanco y la persona de color. Y mientras la injusticia se da más sutilmente y de maneras más intrincadas hoy que en las circunstancias crudas de Sacco y Vanzetti, la esencia se mantiene igual.

En su caso, la injusticia era flagrante. Fueron juzgados por robo y asesinato, pero en las mentes, y en la conducta del fiscal, el juez, y el jurado, lo importante de ellos estaba en que eran, como Upton Sinclair señaló en su notable novela Boston , "wops”, los extranjeros, trabajadores pobres, radicales.

Aquí va una muestra del interrogatorio policial:

Policía: ¿es usted un ciudadano?

Sacco: No.

Policía: ¿Usted es comunista?

Sacco: No.

Policía: ¿anarquista?

Sacco: No.

Policía: ¿Usted cree en nuestro gobierno?

Sacco: Sí; aunque algunas cosas me gustan diferentes.

¿Qué tenían estas preguntas que ver con el robo de una fábrica de zapatos en Braintree Sur, Massachusetts, y el tiroteo de un pagador y un guardia?

Sacco mentía, claro. No, yo no soy un comunista. No, yo no soy un anarquista. ¿Por qué mentir a la policía? ¿Por qué un judío mentiría a la Gestapo? ¿Por qué un negro en África del Sur mentiría a sus interrogadores? ¿Por qué un disidente en la Rusia soviética mentiría a la policía secreta? Porque todos saben que no hay justicia para ellos.

¿Ha habido justicia en el sistema americano para los pobres, la persona de color, el radical? Cuando se sentenciaron los ocho anarquistas de Chicago a muerte después de los altercados de Haymarket de 1886, no era porque había alguna prueba de la conexión entre ellos y la bomba tirada en medio de la policía; no había ninguna evidencia. Era porque ellos eran líderes del movimiento anarquista en Chicago.

¿Cuándo Eugene Debs y mil otros fueron enviados a la prisión durante el Primera Guerra Mundial, bajo la Ley de Espionaje, fue porque ellos eran culpables de espionaje? Difícilmente. Eran socialistas que hablaron contra la guerra. Confirmando la sentencia de 10 años de Debs, el juez de la Suprema Corte de Justicia, Oliver Wendell Holmes dijo claro por qué Debs debía ir a la prisión. Él citó del discurso de Debs: "La clase de los amos siempre ha declarado las guerras, la clase oprimida siempre ha luchado las batallas”.

Holmes, admirado como uno de nuestros grandes juristas liberales, dejó claro los límites del liberalismo, los límites puestos por un nacionalismo vindicativo. Después de que todas las apelaciones de Sacco y Vanzetti se agotaron, el caso llegó ante Holmes, cuando estaba en la Corte Suprema. Se negó a revisar el caso, mientras permitía que un veredicto así se mantuviera.

En nuestro tiempo , Ethel y Julius Rosenberg fueron enviados a la silla eléctrica. ¿Era porque ellos eran culpables más allá de una duda razonable de pasar los secretos atómicos a la Unión Soviética? ¿O era porque ellos eran comunistas, como el fiscal dejó claro, con la aprobación del juez? ¿Era porque el país estaba en medio de la histeria anti-comunista, los comunistas habían tomado el poder en China, había una guerra en Corea, y el peso de todo ello podía hacerse recaer en dos comunistas americanos?

¿Por qué George Jackson fue sentenciado a diez años en la prisión, en California, por un robo de 70 dólares, y después disparado a muerte por guardias? ¿Era porque él era pobre, negro y radical?

¿Puede un musulmán hoy, en la atmósfera de la "guerra del terror ", pedir igualdad de justicia ante la ley? ¿Por qué mi vecino de arriba, un brasileño de piel oscura que podría parecerse a un musulmán del medio oriente, fue sacado de su coche por la policía, aunque él no había violado ninguna norma, y fue interrogado y humillado?

¿Por qué de los dos millones de personas que están en las cárceles americanas y prisiones, y seis millones de personas bajo libertad provisional, o vigilancia, desproporcionadamente la mayoría son personas de color, y pobres? Un estudio mostró que el 70% de las personas en las prisiones estatales de Nueva York salieron de siete barrios donde reina la pobreza y la desesperación.

La injusticia de clase se produce todas las décadas, todos los siglos de nuestra historia. En medio del juicio de Sacco y Vanzetti, un hombre adinerado en el pueblo de Milton, al sur de Boston, disparó y mató a un hombre que estaba recogiendo leña en su propiedad. Se pasó ocho días en la cárcel, fue liberado bajo fianza, y no se le persiguió. El fiscal del distrito lo llamó "el homicidio justificable”. Una ley para los ricos, otra para los pobres -una característica persistente de nuestro sistema de justicia.

Pero ser pobre no era el crimen principal de Sacco y Vanzetti. Ellos eran italianos, inmigrantes, y anarquistas. Habían pasado menos de dos años del final de la Primera Guerra Mundial. Ellos habían protestado contra la guerra. Se habían negado a ser reclutados. Ellos vieron la montaña de histeria contra los radicales y extranjeros, observaron las correrías llevadas a cabo por los agentes del Fiscal General Palmer en el Departamento de Justicia, que irrumpían en casas en la mitad de la noche sin garantías para las personas incomunicadas.

En Boston se arrestaron 500 personas, fueron encadenados juntos, y marcharon a través de las calles. Luigi Galleani, editor del periódico anarquista Cronaca Sovversiva al que Sacco y Vanzetti se subscribieron, fue detenido en Boston y rápidamente deportado.

Algo más grave pasó. Un anarquista compañero de Sacco y Vanzetti, un tipógrafo llamado Andrea Salsedo que vivía en Nueva York fue secuestrado por los miembros del FBI (uso la palabra "secuestrado" para describir la detención ilegal de una persona), y retenido en la planta 14 de las oficinas del FBI del Edificio de Park Row. No le permitieron llamar a su familia, amigos, o a un abogado, y fue interrogado y agredido, según un prisionero compañero. Durante la octava semana de su encarcelamiento, el 3 de mayo de 1920, el cuerpo de Salsedo, fue encontrado en el pavimento cerca del Edificio de Park Row, y el FBI anunció que él se había suicidado saltando de la ventana de la habitación en que estaba custodiado. Fue dos días antes del arresto de Sacco y Vanzetti.

Hoy sabemos, como resultado de los informes del congreso en 1975, que por medio del programa del FBI COINTELPRO, agentes del FBI irrumpían en casas y oficinas, llevaban a cabo escuchas telefónicas ilegales, estaban envueltos en actos de violencia al punto de asesinato, y colaboraron con la policía de Chicago en la matanza de dos líderes de los Panteras Negras en 1969. El FBI y la CIA han violado la ley una y otra vez. No hay ningún castigo para ellos.

Ha habido pocos motivos para tener fe que se protegerían las libertades civiles de las personas en este país en la atmósfera de histeria que siguió el 11 S y continúa hasta el momento. En casa ha habido redadas contra inmigrantes, detenciones indefinidas, deportaciones, y espionaje doméstico no autorizado. En el extranjero se han dado matanzas extra-judiciales, tortura, bombardeos, guerra, y ocupaciones militares.

Igualmente, el juicio de Sacco y Vanzetti empezó inmediatamente después del Día del Memorial, un año y un medio después de la orgía de muerte y patriotismo que fue la Primera Guerra Mundial, cuando los periódicos todavía vibraban con el ruido de tambores y la retórica patriotera.

A los doce días del juicio, la prensa informó que se habían repatriado los cuerpos de tres soldados de los campos de batalla de Francia a la ciudad de Brockton, y que el pueblo entero había participado en una ceremonia patriótica. Todo esto estaba en periódicos que los miembros del jurado podían leer.

Sacco fue interrogado por el fiscal Katzmann:
Pregunta: ¿Amaba usted este país en la última semana de mayo de 1917?
Sacco: Me es difícil responder en una sola palabra, Sr. Katzmann.
Pregunta: Hay dos palabras que usted puede usar, Sr. Sacco, sí o no. ¿Cual es?
Sacco: Sí
Pregunta: ¿Y para mostrar su amor por los Estados Unidos de América cuándo estaba a punto de ser llamado como soldado, usted corrió a México?

Al principio del juicio, el Juez Thayer (quién, hablando a un conocido en una partida de golf, se había referido a los demandados durante el juicio como "esos bastardos anarquistas") dijo al jurado: “señores, ustedes han sido convocados para realizar con el mismo espíritu de patriotismo, valor, y devoción su deber como lo hicieron nuestros soldados".
Las emociones evocadas por una bomba que explotó en la casa del Fiscal General Palmer en ti empo de guerra -como las emociones liberadas por la violencia del 11 S- crearon una atmósfera rara en la que se vieron comprometidas las libertades civiles.

Sacco y Vanzetti entendieron que los argumentos legales que sus abogados pudieran proponer no prevalecerían contra la realidad de la injusticia de clase. Sacco dijo a la corte, en la sentencia: "Yo sé que la sentencia estará entre dos clases, la clase oprimida y el clase rica…Es por eso por lo qué yo estoy aquí hoy en este banco, por ser de la clase oprimida".
Ese punto de vista parece dogmático, simplista. No todas las decisiones de la corte se explican por él. Pero, faltando una teoría que explique todos los casos, el punto de vista de Sacco es ciertamente una mejor buena guía para entender el sistema legal que otro que asume una contienda entre iguales basada en la búsqueda objetiva de la verdad.
Vanzetti supo que los argumentos legales no los salvarían. A menos que un millón de americanos se organizaran, él y su amigo Sacco morirían. No palabras, sino lucha. No súplicas, sino demandas. No peticiones al gobernador, sino tomas de fábricas. No lubricar la maquinaria de un sistema supuestamente justo para hacerlo trabajar bien, sino una huelga general para llegar a parar las máquinas.

Eso nunca pasó. Miles se manifestaron, marcharon, protestaron, no sólo en Nueva York, Boston, Chicago, San Francisco, sino también en Londres, París, Buenos Aires o África del Sur. No era bastante. En la noche de su ejecución, miles se manifestaron en Charlestown, pero fueron mantenidos lejos de la prisión por una multitud de policía. Se arrestaron a los manifestantes. Había ametralladoras en las azoteas y grandes reflectores barriendo la escena. Una gran muchedumbre se congregó en Union Square el 23 de agosto de 1927. Después de medianoche, las luces de la prisión oscurecieron y los dos hombres fueron electrocutados. El New York World describió la escena: "La muchedumbre respondió con un sollozo gigante. Las mujeres se desmayaron en quince o veinte lugares. Otros, también superados, se reprimieron y escondieron las cabezas entre sus manos. Los hombres se apoyaban unos en otros y lloraban”.

Su último crimen era su anarquismo, una idea que hoy todavía nos sobresalta como un relámpago debido a su verdad esencial: todos somos uno, los límites y los odios nacionales deben desaparecer, la guerra es intolerable, deben compartirse los frutos de la tierra, y sólo a través de la lucha organizada contra la autoridad, puede llegar un mundo así.
Lo que nos ha llegado a nosotros hoy del caso de Sacco y Vanzetti no es sólo tragedia, sino también inspiración. Su inglés no era perfecto, pero cuando ellos hablaron parecía poesía. Vanzetti dijo de su amigo Sacco:

Sacco es un corazón, una fe, un carácter, un hombre; un amante del hombre de naturaleza y de la humanidad. Un hombre que dio todo, que sacrifica todo a la causa de libertad y a su amor por la humanidad: el dinero, el descanso, la ambición mundana, su propia esposa, sus niños, él y su propia vida…. Oh sí, yo puedo ser más inteligente, como algunos han dicho, yo soy mejor hablando que él, pero muchas, muchas veces, oyendo su corazón expresar una fe sublime, considerando su sacrificio supremo, recordando su heroísmo, yo me sentía pequeño, pequeño en presencia de su grandeza, y compelido a secar de mis ojos las lágrimas, apagar los latidos de mi corazón que late en mi garganta para no llorar ante él- este hombre fue llamado jefe, asesino y condenado.

Lo peor de todo, eran anarquistas, lo que significa que tenían alguna noción loca de democracia plena en la que ni lo extranjero ni la pobreza existiría, y pensaban que sin estas provocaciones, la guerra entre las naciones acabaría para siempre. Pero para ello habría que luchar contra el rico y sus riquezas ser confiscadas. Ese ideal anarquista es un crimen mucho peor que robar una nómina, y por ello la historia de Sacco y Vanzetti no puede evocarse sin gran ansiedad.
Sacco escribió a su hijo Dante: "Así que, hijo, en lugar de llorar, sé fuerte, para poder confortar a tu madre… llévala de paseo por el campo, recogiendo flores salvajes aquí y allí, descansando bajo la sombra de los árboles… Pero siempre recuerda, Dante, en esta obra de felicidad, no uses todo para ti sólo…ayuda a los perseguidos y a las víctimas porque ellos son tus buenos amigos... En esta lucha por la vida, encontraras más amor y serás amado".

Sí, era su anarquismo, su amor por la humanidad que los condenó. Cuando Vanzetti fue arrestado, él tenía una octavilla en bolsillo anunciando un mitin cinco días después. Es una hoja impresa que podría distribuirse hoy, por el mundo, tan apropiado ahora como lo era el día de su arresto. Decía:

“Has luchado en todas las guerras. Has trabajado para todos los capitalistas. Has vagado por todos los países. ¿Has recogido la mies y los frutos de tu trabajo, el precio de tus victorias? ¿El pasado te conforta? ¿El presente te sonríe? ¿El futuro te promete algo? ¿Has encontrado un trozo de tierra dónde puedes vivir y puedes morir como un ser humano? Sobre estas preguntas, estos argumentos, y estos temas, la lucha por la existencia, hablará Bartolomeo Vanzetti.”
Ese mitin no tuvo lugar. Pero su espíritu todavía existe hoy en las personas que creen, aman y se esfuerzan en todo el mundo.

Resumen del nuevo libro de Howard Zinn, Un poder que los gobiernos no pueden suprimir , publicado este año por Luces de la Ciudad .

Howard Zinn es coautor, junto con Anthony Arnove, de Voices of a People's History of the United States . Su libro más reciente es A Power Governmets Cannot Suppress ( Un poder que los gobiernos no pueden suprimir).

LA FALSIFICACIÓN DE LA HISTORIA

El artículo “Falsificador de la Historia” aparece en el
número de la revista Punto Final que salió a la venta el 21 de
abril. Denuncia la falsificación del Informe de la Comisión Rettig,
la manipulación de su Archivo y el encubrimiento de los hechos hasta
el día de hoy. Se basa en los testimonios de personas directamente
involucradas y en el análisis de material procedente del Archivo Rettig.

Se ha ocultado, ante la Justicia y la ciudadanía de
Chile, la matanza clandestina por la Armada en la V Región de un gran
número de víctimas. El artículo identifica el Comisionado responsable
de la falsificación, Gonzalo Vial Correa, y las personas e
instituciones encubridoras. Revela la ubicación de uno de los sitios
en que se encuentran los muertos y las declaraciones de un testigo
que participó en su sepultura.
Los antecedentes deben ser investigados por las
autoridades políticas competentes y los crímenes castigados por la
Justicia . Entre las medidas requeridas:

- El gobierno de Chile, como participante en el programa
Memoria del Mundo, debe informar a la UNESCO que fue falsificada una
parte del Informe Rettig y manipulado el Archivo de la Comisión Rettig

- En lo referente a las falsificaciones y manipulaciones ya
detectadas

-- debe publicarse tanto el informe original sobre la V
Región, tal como fue redactado por el equipo jurídico de la Comisión
Rettig, como el documento entregado a dicha Comisión en 1990 por la
Comisión Chilena de Derechos Humanos titulado “Derechos Humanos –
Breve Balance de 16 Años, V Región”

-- debe crearse un equipo jurídico independiente que revise los
antecedentes de hechos delictivos entregados a la Comisión Rettig,
denunciándolos en su caso a la Justicia, en cumplimiento de la
obligación que tenía la Comisión a ese respecto

- Con el fin de detectar cualquier falsificación o
manipulación adicional, debe crearse un equipo de expertos
independientes para evaluar la veracidad de todo el material que
hubiera sido redactado por el Comisionado Gonzalo Vial Correa

- Deben ser excavados los sitios de entierro clandestino ya
ubicados y los que podrán ubicarse en el futuro, con el fin de
encontrar los restos de detenidos desaparecidos, someterlos a los
peritajes correspondientes y darlos una sepultura digna

- El futuro Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el
ejercicio de su autonomía, debe proveer a los jueces la totalidad
de información de relevancia a los casos que instruyen, creando un
equipo de documentalistas profesionales que estaría disponible para
rastrear los Archivos que custodia; debe permitir a los familiares
y a sus abogados acceso directo a dicha información

- El Congreso debe investigar las circunstancias en que el
Comisionado Gonzalo Vial fuera nombrado posteriormente Abogado
Consejero del Consejo de Defensa del Estado y determinar si su
presencia en el mismo, junto con un Procurador Fiscal imputado en
varios casos podría haber influido en las tan controvertidas
políticas de ese órgano del Estado en materia de derechos humanos

 

Por Fred Bennetts


Fuente: PUNTO FINAL



1. LOS
ENCUBRIMIENTOS

2. LOS TEXTOS MANIPULADOS DEL INFORME
RETTIG
3. LOS CRÍMENES INSTITUCIONALES DE LA
ARMADA



1. LOS ENCUBRIMIENTOS

El Estado de Chile, al participar en el programa Memoria
del Mundo de la UNESCO, se comprometió a “preservar y difundir
documentos que ayudarán a Chile y a otros países entender y superar
un pasado marcado por la violación sistemática de los derechos
humanos.” No está cumpliendo sus obligaciones a la comunidad
internacional ni tampoco a sus propios ciudadanos. Sucesivos
gobiernos de la democracia chilena han permitido que un proceso de
encubrimiento que se inició con la Comisión Rettig continúe hasta el
día de hoy.

Se ha destapado recientemente un caso paradigmático de este proceso.
Centrado en la V Región, sus implicaciones son de envergadura
nacional, abarcando:
:
- La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. A pesar de
su importancia histórica, la Comisión ha sido una fuente de datos
envenenada. Uno de sus Comisionados lo utilizó para manipular
informes, hacer desaparecer testimonios, ocultar crímenes que debían
haberse denunciado a la Justicia y reducir a la mitad el numero de
victimas estimado por el equipo de abogados de la Comisión .

- La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH). Un informe
de la Comisión del año 1986 hizo un balance de los detenidos
desaparecidos en la V Región, identificándolos todos, a base de
entrevistas con sus familiares. Una copia fue entregada a la Comisión
Rettig en 1990 y poco después las demás copias fueron robadas. El
Informe Rettig identificó 29 detenidos desaparecidos en la V Región.
El Informe de la CCHDH – a lo cual el Informe Rettig no hizo
referencia – los había cifrado en 89.

- Las primeras pruebas tangibles de lo que se trató de
ocultar: el hallazgo en los últimos meses de los cuerpos de personas
asesinadas y enterradas clandestinamente por la Armada que nunca
habían sido “contabilizados” oficialmente.

En cuanto a la Comisión Rettig, no se les puede culpar a sus miembros
el hecho de que no identificasen públicamente los responsables de los
crímenes investigados: no tenían autorización para ello. Sin embargo,
sí tenían la obligación de denunciar a la Justicia a todos esos
responsables y eso tampoco lo hicieron. Permitieron, además, que un
Comisionado suyo actuara de forma desleal en connivencia con el
entonces Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Jorge Martínez
Busch.

El protagonista principal del encubrimiento ha sido Gonzalo Vial
Correa, Comisionado de la Comisión Rettig, y la prueba directa de su
culpabilidad acaba de conocerse. Se ha encontrado dentro del Archivo
Rettig el informe preparado por Pedro Aylwin Chiorrini, el abogado
responsable del equipo investigador de la V Región, que fue sujeto a
extensas manipulaciones antes de ser publicado en el Informe Rettig..
Las anotaciones al informe original, escritas a mano, fueron de la
autoría del Comisionado Vial.

En una entrevista antes de que fuera encontrado su informe en los
Archivos Rettig, el abogado Aylwin dijo que se había sentido
“deslegitimado” por el Comisionado que revisó su texto. No quiso
identificarlo, alegando razones de ética profesional.

El Informe Rettig en su parte introductoria trató con deferencia a la
Armada alegando que habían respondido a todas las solicitudes de la
Comisión y que habían enviado material “de gran utilidad”. Para no
poner en duda esta afirmación había sido necesario suprimir una parte
del texto del abogado Aylwin que indicaba justo lo contrario. Aún más
grave, se hizo desaparecer el Acta de una entrevista en que un alto
mando, Capitán de Navio Carlos Fanta denunció actos que comprometían
a la Armada. Los antecedentes expuestos en otro Acta, inculpatoria
del Almirante (R) Guillermo Aldoney, no fueron denunciados por la
Comisión y hasta el día de hoy no han sido transmitidos a la Justicia.

Gonzalo Vial es abogado, historiador y periodista. Fue uno de los
redactores del Libro Blanco del régimen militar que adujo entre las
justificaciones del golpe la existencia del legendario Plan Z; se
basaba en documentación espuria facilitado por la Armada. Más tarde
Vial fue designado Ministro de Educación dentro del gobierno militar.
Su nombramiento por el Presidente Aylwin a la Comisión Rettig se
debió a motivos puramente políticos, para complacer al Comandante en
Jefe Pinochet, quien años más tarde, haciendo referencia a los
miembros de la Comisión, diría “el único que se salvaba era Gonzalo
Vial que había sido Ministro mío”.

Con tales antecedentes resulta particularmente difícil entender como
Gonzalo Vial pudo ser nombrado en 1999 a la Mesa del Diálogo, a no
ser que la invitación fuera atribuible al papel destacado de la
Armada en promover esa iniciativa. Esa persona que había ocultado
información referente a los detenidos desaparecidos dentro de la
Comisión Rettig, no tuvo reparos en aseverar que el tema primordial
de la Mesa del Dialogo debía ser:

“...ubicar y entregar a las familias los restos mortales del mayor
número de detenidos desaparecidos que sea posible........... Y
respecto de los que no sea posible, establecer y proporcionar a las
familias la fecha, el lugar y las circunstancias en que murieron.”

Aún más incongrua fue la designación de Gonzalo Vial por el
Presidente de la República al Consejo de Defensa del Estado. Esa
entidad tiene la misión de contribuir “a la mantención del Estado de
Derecho” y “defender, representar y asesorar jurídicamente al Estado
de Chile”. Como Abogado Consejero fue inamovible en el cargo hasta
cumplir los 75 años en 2005.

Hoy en día el Sr. Vial es Profesor de Historia de Chile en la
Universidad Finis Terrae, vinculado con el fundamentalismo católico
de los Legionarios de Cristo Rey. Además, entre otras actividades, es
columnista de “La Segunda”. Ese diario hace pocos meses publicó un
extenso artículo sobre el funcionamiento interno de la Comisión
Rettig en que se indicó que la redacción final de la mayoría de los
textos que componían el Informe Rettig eran de la autoría de dos
personas, uno de ellos Gonzalo Vial.

Dentro del Ministerio del Interior es la División Jurídica que guarda
celosamente el Archivo Rettig, sólo proporcionando a sus colegas del
Programa de Derechos Humanos (PDH) una documentación selectiva. En
consecuencia el PDH ni siquiera ha podido cumplir con su obligación
legal de proveer, a petición de los jueces instructores, toda la
documentación relevante sobre los casos de violaciones de derechos
humanos.

Las denuncias a este respecto ante sucesivos Subsecretarios de
Interior no han tenido efecto. Sin embargo, las mismas denuncias,
presentadas ante la Conservadora del Archivo Nacional, que custodia
otra copia del Archivo Rettig, recibieron una contestación valiente.
En una carta fechada 5 de noviembre de 2005 a los familiares del
Padre Miguel Woodward, lamentó lo ocurrido y dijo:
“En lo que respecta a nuestra institución, nosotros colocaremos al
pie de página de los inventarios remitidos por la Corporación
(Justicia y Democracia), la advertencia que haga referencia a la
carta que usted a hecho llegar al Archivo Nacional.”


2. LOS TEXTOS MANIPULADOS DEL INFORME RETTIG

Señalamos abajo únicamente esos cambios al informe del abogado
Aylwin que fueron realizados por Gonzalo Vial. Otros cambios,
realizados por uno de los ex-abogados de la Comisión, sólo tenían el
fin de pulir el texto y asegurar su consistencia con el resto del
Informe.

Los cambios señalados no se pueden explicar ni por esos motivos ni
por una eventual falta de antecedentes. Eran, como queda evidente
abajo, burdas manipulaciones que fueron realizadas a un texto que
exponía datos comprobados por el equipo profesional. Su fin sólo
podría haber sido ocultar y minimizar el papel de la Armada de Chile
en los asesinatos y torturas que tuvieron lugar en esa zona.

Las falsificaciones empiezan, de una forma llamativa, en el primer
párrafo del texto. Refiriéndose a la V Región, el abogado Aylwin
había escrito:

“....se estudiaron 80 casos de graves violaciones a los derechos
humanos con resultado de muerte o desaparición de detenidos, que
comprometen la responsabilidad del Estado, por la actuación de sus
agentes”

En el informe definitivo, sin embargo, el texto dice lo siguiente:

“....la Comisión conoció 41 casos de graves violaciones a los
derechos humanos con resultado de muerte o desaparición de detenidos,
que comprometen la responsabilidad del Estado, por la actuación de
sus agentes.”

Más adelante se encuentra un rotundo “NO” escrito a mano al lado de
la siguiente frase del abogado Aylwin: “....contrario a lo sostenido
por ciertas autoridades navales entrevistadas, el buque escuela
Esmeralda también sirvió como lugar de detención”. La frase no
apareció en la versión definitiva del Informe. Evidentemente, la
persona responsable de ese cambio, aunque sabiendo que en otra parte
del Informe se admitía que se torturó en la Esmeralda, no quiso que
se pusiera en cuestión la colaboración recibida de la Armada.

En referencia a Tejas Verdes, el abogado Aylwin
escribió: “En este campo...se vivió por parte de los detenidos la
aplicación de un verdadero estado de Guerra”. Este comentario hizo
que el Comisionado que revisó su texto cuestionara ese
“calificativo”. El informe final no incluyó esa frase – tan
significativa en el contexto de la aplicación de la Convención de
Ginebra. Tampoco incluyó un extenso párrafo que el abogado Aylwin
había redactado sobre la aplicación de la Ley de Fuga. Éste terminaba
con la frase “Se conocieron en la Región 40 casos de muerte que se
pueden incluir en esta categoría.”

El caso del padre Miguel Woodward fue tratado por el abogado Aylwin
en el último párrafo de su texto de la siguiente forma:

“......falleció a causa de un "paro cardio-respiratorio", producto
del lamentable estado físico en que se encontraba. Son circunstancias
de convicción de lo anterior las siguientes: la autoridad naval
reconoció su detención; se acredito el hecho de haber sido torturado;
fallece en el Hospital Naval, habiendo llegado desde el Molo de
Abrigo, lugar done tuvo que dársele atención médica por parte de un
médico de la Armada; la causa de la muerte es “paro cardio-
respiratorio” producto del lamentable estado físico en que se
encontraba.”

En el Informe Rettig definitivo, sin embargo, se lee:

“......falleció a causa de un "paro cardio-respiratorio", producto
del lamentable estado físico en que se encontraba. Los antecedentes
expuestos permiten a esta Comisión formarse la convicción que Michael
Woodward murió víctima de la acción de agentes del Estado que lo
torturaron en su lugar de detención”.

El hecho de que fuera eliminado la frase que empieza con “....la
Autoridad naval reconoció...” adquiere un significado especial al
conocerse las peripecias (referidas arriba) por lo que pasaron las
dos actas de entrevista en que se basaba. Esas actas, hasta el día de
hoy, no han sido entregadas en su forma original a la Justicia.

El resto del material que se ha encontrado en el Archivo
Nacional consiste de información entregada a la Comisión Rettig por
la Vicaria de Solidaridad actuando como coordinadora de varias
organizaciones de derechos humanos en 8 ciudades de la Región.
Incluye datos precisos sobre las personas responsables de la muerte o
desaparición de víctimas.

Tras resumir los delitos denunciados, los informes añaden, en la
mayoría de los casos, “se sugiere a la Comisión lo siguiente”
seguido por varias peticiones que debían ser dirigidas a las
autoridades militares. Extrañamente, sin embargo, y a pesar de que la
Vicaría y el Equipo de Atención Jurídica del Arzobispado de Santiago
ofrece a la Comisión “los documentos jurídicos que los fundamentan”,
ninguna de las denuncias dio como resultado final que el caso fuese
denunciado a la Justicia.

Con el paso de los años se ha ido extendiendo la evidencia del grave
daño que ha sido causado por los encubrimientos iniciales. Se supo en
2006, por medio de Luis Bork, el antiguo Presidente de la Comisión
Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) en Valparaíso, que en el año 1986
ese organismo elaboró un balance de detenidos desparecidos en
colaboración con los familiares de las víctimas. Fueron identificados
nada menos que 89 personas..

Una copia de ese informe fue entregada a la Comisión Rettig en 1990
y, poco después, todas las restantes copias fueron robadas al ser
saqueada la oficina de la CCHDH en Valparaíso. También fueron robados
en esa ocasión la totalidad de los archivos de la CCHDH incluido
expedientes de casos que habían pasado por la Fiscalía Naval y los
Juzgados Navales. En ese entonces se sospechaba que los responsables
estaban vinculadas a la propia CCHDH. Hoy en día, conociendo la
presencia en la Comisión Rettig del Comisionado que traicionó su
juramento, hay que formularse otra hipótesis.


3. LOS CRÍMENES INSTITUCIONALES DE LA ARMADA.

Los datos “oficiales” de las víctimas en la V Región,
los que fueron reconocidos por el Estado, provienen del Informe
Rettig y del trabajo de la Corporación Nacional de Reparación y
Reconciliación. Dan como detenidos desaparecidos a 36 personas.

En los últimos tiempos, sin embargo, se ha comprobado
que la cifra real de detenidos desaparecidos es muchísimo más
elevado. Así se desprende de otros informes que han sido
deliberadamente ocultados, el reciente hallazgo de cuerpos de
personas que fueron asesinadas y no “contabilizadas”, las
declaraciones de testigos que asistieron a los entierros de otros
cuerpos y la propia documentación de la Armada.

En cuanto a este último punto, la Armada, aunque reconociendo en
privado que existía documentación comprometedora, alega que todo fue
destruido “en la época del Almirante Merino”. Sin embargo, les ha
traicionado su propia rigurosidad: existen pruebas fehacientes de sus
crímenes en sus propios registros, mantenidos meticulosamente por los
guardias de instalaciones navales y otros funcionarios sujetos a
disciplina militar.

Los cuerpos de los ejecutados y de los detenidos
desaparecidos asesinados clandestinamente por la Armada pasaron por
varios caudales. En cada caso, como se demuestra abajo, las acciones
criminales eran sistemáticos y la responsabilidad institucional de la
Armada era claro. Los altos mandos necesariamente estaban
involucrados en planificar y coordinar la represión dentro de la
Armada y, evidentemente, en desarrollar la colaboración con la DINA
– que dio sus resultados en la Operación Colombo y Operación Kiwi y
en el Sumario A-637 de la Justicia Naval.

En cuanto a los que murieron en el Hospital Naval tras
ser detenidos, estaban registrados en el libro de guardia del
Hospital y, por lo tanto, la Armada tuvo que recurrir a la
falsificación de certificados de muerte y de inscripciones en el
Registro Civil. Luego procedieron a la inhumación ilegal de los cuerpos.

Sin embrago, en el caso de la mayoría de los detenidos desaparecidos
que fueron asesinados, la ocultación de cuerpos resultó más facil.
Muchos fueron enterrados clandestinamente en el Cementerio de Playa
Ancha, que había sido ocupado por la Armada el mismo día del golpe.
Tres testigos independientes han dejado constancia en los últimos
años que vieron en aquellos días a marinos descargando cuerpos
desde vehículos navales y enterrándolos en el Cementerio.

El más reciente de estos testigos, un antiguo sepulturero del
cementerio, dio testimonio judicial en enero de 2007 que en dos
ocasiones había sido obligado a acompañar a varios marinos que
descargaron unos cuerpos en el Cuartel 14 del Cementerio. Con los
marinos apuntándoles con sus armas, el testigo y otros trabajadores
enterraron seis personas en dos sepulturas, tres en cada una. En el
caso de algunos, estaba claro que habían muerto por impacto de bala
en el pecho. Uno de ellos aún sangraba.

No se ha llevado a cabo ningún intento de exhumación de esos cuerpos.
Ocurre, sin embargo, que en enero y febrero de 2006, a unos 20 metros
de distancia del sitio señalado por el testigo, aparecieron durante
unas excavaciones las osamentas de unos 15 cuerpos sin identificar,
encontrándose una vainilla a su lado.

La policía determinó que la vainilla era de un calibre utilizado por
las fuerzas armadas pero, por un descuido, cuando los restos fueron
enviados al Servicio Médico Legal para su peritaje, ni la vainilla ni
el informe balístico fueron entregados a los forenses. Además, no
habían sido informados de la declaración del nuevo testigo sobre los
entierros en una zona lindante ni se les había facilitado una
declaración formal por parte del Administrador del Cementerio sobre
el área del hallazgo. En esas circunstancias, y citando falta de
antecedentes, los forenses no quisieron opinar sobre la data de las
muertes y dejaron inconclusas las demás cuestiones planteadas.

En todo caso, no podrían completarse el cotejo de identidades hasta
saber el numero real de detenidos desaparecidos de la V Región y
quienes eran. Sería un paso previo necesario para ampliar el
existente banco de muestras de ADN, lo que permitiría un peritaje
forénsico adecuado.

En resumen, no sólo se ha permitido que sigue teniendo un efecto
nocivo la falsificación de la historia si no que, a cambio de
ventajas políticas a corto plazo, se ha permitido que el
falsificador penetre al corazón de las instituciones democráticas.


Fred Bennetts es Licenciado en Historia por la Universidad de
Oxford. Ha trabajado como consultor para la ONU y los gobiernos de
Reino Unido, España, y Portugal. Su esposa, Patricia, es hermana del
Padre Miguel Woodward y colabora con Amnesty International.

Declaración de Margarita. UNASUR

por UNASUR

sábado 21 de abril de 2007

Construyendo la integración energética del sur Nosotros los jefes de Estado y de Gobierno de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam y Venezuela, reunidos en la ciudad de Porlamar, Estado Nueva Esparta de la República Bolivariana de Venezuela el 17 de abril de 2007, conforme las conclusiones y recomendaciones presentadas por nuestros Ministros de Energía durante su II Reunión, acuerdan: RATIFICAR los principios rectores de la integración energética regional recogidos en la Declaración de la I Reunión de Ministros de Energía de la Comunidad Suramericana de Naciones, del 26 de septiembre de 2005, en Caracas, Venezuela; y en la Declaración Presidencial sobre Integración Energética Suramericana, suscrita el 09 de diciembre de 2006 en Cochabamba, Bolivia. SUBRAYAR que la integración energética de la Comunidad Suramericana de Naciones debe ser utilizada como una herramienta importante para promover el desarrollo social, económico y la erradicación de la pobreza. En este sentido, reiteran el compromiso con la universalización del acceso a la energía como un derecho ciudadano. FORTALECER las relaciones existentes entre los países miembros de la Comunidad Suramericana de Naciones, sobre la base del uso sostenible de sus recursos y potencialidades energéticas, aprovechando así las complementariedades económicas para disminuir las asimetrías existentes en la región y avanzar hacia la unidad suramericana. RECONOCER que el proceso de integración energética involucra como actores principales al Estado, la sociedad y a las empresas del sector, de tal manera que se logre un equilibrio entre los intereses de los países, las necesidades de los pueblos y la eficiencia sectorial. PROMOVER a través de inversiones conjuntas el desarrollo y expansión de la infraestructura de integración energética de la región, con el objetivo primordial de que los recursos de los países productores lleguen a toda la región Suramericana y coadyuven a la equidad y justicia social. TRABAJAR con miras a establecer una sistematización y evaluación del balance energético suramericano con el fin de proyectar una matriz energética regional, identificar opciones de integración energética, y fomentar proyectos de integración de la Comunidad Suramericana de Naciones. IMPULSAR el desarrollo de la infraestructura energética de nuestros países como elemento que garantice la sostenibilidad de la integración suramericana. IMPULSAR el desarrollo de las energías renovables, ya que cumplen un papel importante en la diversificación de la matriz de energía primaria, la seguridad energética, la promoción del acceso universal a la energía y la preservación del medio ambiente. EXPRESAR su reconocimiento al potencial de los biocombustibles para diversificar la matriz energética suramericana. En tal sentido, conjugarán esfuerzos para intercambiar experiencias realizadas en la región, con miras a lograr la máxima eficiencia en el empleo de estas fuentes, de forma tal, que promueva el desarrollo social, tecnológico agrícola y productivo. DESARROLLAR programas y actividades de cooperación en materia de ahorro y uso eficiente de la energía. PROMOVER la cooperación entre las Empresas Petroleras Nacionales de los países miembros incluyendo la industrialización de los hidrocarburos, así como las transacciones comerciales de energéticos, contribuyendo al desarrollo y competitividad de la región suramericana, aumentando el bienestar de nuestros pueblos en el marco de criterios de complementariedad, solidaridad y equidad. EXPRESAR su reconocimiento a las iniciativas tomadas por distintos países para incrementar la cooperación y la coordinación de sus esfuerzos de energía tales como PETROSUR, PETROANDINA, PETROAMERICA, Petrolera del Cono Sur y otras iniciativas. SEÑALAR la importancia de asegurar la compatibilidad entre la producción de todas las fuentes de energía, la producción agrícola, la preservación del medioambiente y la promoción y defensa de condiciones sociales y laborales dignas, asegurando el papel de Suramérica como región productora eficiente de energía. EXPRESAR su preocupación por las consecuencias del cambio climático y por sus perspectivas negativas, convocar a todos los países, pero sobre todo a los desarrollados, a promover políticas de consumo energético responsables con las necesidades de todas las regiones, poblaciones y ecosistemas del mundo. ESTUDIAR los mecanismos que permitan avanzar en la compatibilización de reglamentos, normas y especificaciones técnicas que viabilicen la materialización de interconexiones y el intercambio energético entre los países. IMPULSAR las iniciativas de cooperación técnica y los programas de formación de recursos humanos de los países de la Región, así como el intercambio de información, fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades. RECONOCER que la innovación científica y tecnológica y la promoción de investigaciones conjuntas en materia energética son un medio apropiado para lograr el desarrollo tecnológico de la región. En este sentido, se recomienda el establecimiento de vínculos entre los centros de investigación de los Países Miembros para asistir en el proceso de toma de decisiones de la Comunidad Suramericana de Naciones. Los Presidentes crean el Consejo Energético de Suramérica, integrado por los Ministros de Energía de cada país, para que, en base a los principios señalados en esta declaración, presenten una propuesta de lineamientos de la Estrategia Energética Suramericana, del Plan de Acción y del Tratado Energético de Suramérica, que será discutida en la III Cumbre Suramericana de Naciones. Isla de Margarita, 17 de abril de 2007

Evo Morales propone creación de moneda única suramericana

escrito por P.L.

domingo, 22 de abril de 2007

La Paz.- El presidente boliviano, Evo Morales, invitó a los miembros de la recién creada Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) a adoptar una moneda única, que se denomine Pacha (tierra, en idioma quechua), informaron hoy medios locales de prensa. Dicho propósito nació de muchos debates, nosotros, viendo el futuro, hemos puesto el nombre de Pacha, manifestó Morales la víspera en Cochabamba, durante la inspección de algunos terrenos para la construcción de la sede del parlamento suramericano. Indicó que Venezuela y otros países del bloque también tienen una propuesta de nombre, pero en lo que sí hay consenso en que toda Suramérica tenga una sola moneda, según publica en su edición de hoy el diario La Razón. Morales explicó que en la I Cumbre Energética Sudamericana, celebrada en Venezuela la semana pasada, los presidentes de los países de la región acordaron cambiar la denominación del futuro bloque de integración. Señaló que en dicha cita se superaron algunos problemas y se decidido el nombre de Unión de Naciones Sudamericanas, cuyo primer estatuto será considerado en diciembre próximo en la III Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones en Colombia. Apuntó que en Venezuela se logró convencer a algunos mandatarios que expresaban discrepancias sobre la necesidad de acelerar la conformación del nuevo bloque de integración y no demorar medio siglo como el caso de la Unión Europea. Las reuniones de Cuzco (Perú) y en Cochabamba han sido pasos importantes, aseguró Morales y agregó que felizmente la región avanza hacia la constitución definitiva de un bloque. Refirió, además, que el Banco del Sur, impulsado desde Venezuela y otros países de la zona, podría constituirse en el equivalente a un Banco Central Sudamericano para regular la economía de sus integrantes. Queremos -añadió- que se convierta en una especie de Banco Mundial para la región, y que favorezca a aquellos que de verdad necesitan recursos económicos. Morales insistió en la idea de que la recuperación de los recursos naturales para el dominio del Estado es la mejor forma para que las naciones logren el desarrollo económico.

 

Un recuperado Fidel Castro recibió a una delegación china

La Habana.- El presidente cubano, Fidel Castro, y el primer vicepresidente, Raúl Castro, recibieron por separado a una delegación encabezada por Wu Guanzheng, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China. Durante una hora el mandatario cubano intercambió con Wu, expuso una nota oficial que calificó al encuentro de profundo y fructífero, dados los temas abordados.

En el encuentro, el visitante le entregó una carta del presidente Hu Jintao, la cual es expresión de los excelentes vínculos desarrollados entre los Partidos Comunistas y los gobiernos de ambos países.

Tras esa reunión, la delegación china sostuvo también un encuentro con Raúl Castro para analizar temas nacionales e internacionales de interés para La Habana y Beijing.

Las partes destacaron las excelentes relaciones existentes entre los pueblos y gobiernos de los dos países y firmaron el convenio de cooperación económica y técnica entre ambos Estados, señaló el comunicado.

Además, los gobiernos cubano y chino rubricaron otro documento sobre las modificaciones al acuerdo para la promoción y protección recíproca de las inversiones, según la versión oficial.

El también secretario de la Comisión Central de Control Disciplinario del Partido Comunista Chino significó la alta importancia que brindan en su país a los lazos con la isla.

En tanto, expresó su satisfacción por el ascendente desarrollo de las relaciones económicas y comerciales.

El dirigente partidista chino inició la víspera aquí una gira por Latinoamérica que lo llevará además a Colombia y Chile.

 

El torturador que pasó por víctima

En 1974, el detective Arturo Eugenio Garay González se integró a un grupo similar al Comando Conjunto que operó en la Base Naval de Talcahuano. Participó en la desaparición del ex GAP Rudy Cárcamo, presenció el asesinato del alcalde de Cañete, Elías Jana, y fue reconocido como un feroz verdugo. Hoy recibe beneficios destinados a prisioneros políticos.

Miguel Paz

Nación Domingo

El protagonista de esta historia no tiene rostro. No hay fotos suyas en la prensa. Sólo existe registro de su voz. De la ocasión que llama a este diario la noche del jueves 12 de abril, para inquirir por este artículo. “Qué te preocupái ahora de un agente olvidado”, se queja con amargura. Abrumado por deudas, considerado un traidor por sus ex compañeros, cuenta que lo andan buscando, que se mueve de un lado a otro, que tiene una vida jodida. Antes de colgar promete fijar un encuentro. Éste jamás se lleva a cabo.

Lo cierto es que la vida de Arturo Eugenio Garay González, subcomisario retirado de Investigaciones, 61 años, víctima inscrita en el Informe Valech con el número 9.481, se jodió hace tiempo. Para ser exactos, 33 años atrás. En los primeros meses de 1974, el día en que flanqueó la entrada de la Base Naval de Talcahuano e ingresó a un sector convertido en campo de prisioneros y centro de tortura.

Ese día, el joven Garay dejó de ser detective y se convirtió en verdugo. Como agente del Centro de Inteligencia Regional (CIRE), una especie de Comando Conjunto creado en enero de ese año por el jefe de la Tercera División del Ejército, Nilo Floody Buxton, y el comandante de la Base Naval, Antonio Costa Bobadilla, para actividades represivas en la Octava Región, Garay se dedicó un año a detener gente y aplicarle tormentos. Hay gente que lo recuerda.

“ÉL FUE MI TORTURADOR”

El siquiatra Luis Enrique Peebles Skarnic tiene un año menos que Garay. Fue una de las personas que sufrió su mano en la picana eléctrica. Cuando habla, la voz de Peebles se hace leve como los murmullos de un niño. O los de un cura confesor. Sentado detrás de un pequeño escritorio en un box del área de salud mental del Hospital Barros Luco, su aspecto calmo no se condice con el infierno que se lo tragó en diciembre de 1974. Ese mes, el joven secretario general de lo que quedaba del MIR en Concepción fue detenido en el Paso Los Libertadores y trasladado a la Base Naval de Talcahuano.

A merced de Garay y el grupo de interrogadores del CIRE (compuesto por el jefe de Inteligencia Naval de la zona, Hugo González D’Arcangelis: los oficiales navales José Cáceres González y Víctor Donoso Barrera; el funcionario de Investigaciones Osvaldo Harnisch Salazar y el oficial de Carabineros Conrado Sesnic), Peebles se inició en los laberintos del horror. Éstos, más tarde, lo conducirían a Colonia Dignidad, Villa Grimaldi, Tres y Cuatro Álamos, las otras estaciones de su averno que terminó en julio de 1975, cuando fue expulsado del país y se exilió en Bélgica.

Peebles tiene clara la participación de Arturo Garay González en sus sesiones de tormento. “Él fue uno de mis torturadores directos”, dice. “Al principio no sabía quién era. Pero después de una hora escuchas las voces, te das cuenta de a quién pertenece la voz de mando. Y este tipo era el jefe de grupo de los cinco o seis que torturaban y salían a detener gente. No sólo lo oí, también lo vi”, dice Peebles, y prosigue su crudo relato: “Después de meterme electricidad por todos lados, de hacerme ‘el submarino’ en un tambor con agua asquerosa, de darme guaraca, terminaba la tortura”, dice y toma aire. “Ahí le preguntaba si esa noche pensaba hacer el amor con su mujer. Si le habían pagado bien. Si lo que hacía cumplía las expectativas que tenía cuando entró a la institución. Si después del trabajo tenía reunión de apoderados. O si acaso éste era el gobierno de las Fuerzas Armadas que esperaba”.

El 21de febrero de 2006, Peebles volvió a ver a Garay. No lo reconoció hasta que empezó a hablar, dice el facultativo. Fue en las propias dependencias de la Base Naval de Talcahuano, en la reconstitución del asesinato y desaparición del mirista y ex GAP Rudy Cárcamo Ruiz, “El vietnamita”, ordenada por el juez Carlos Aldana. Junto a Peebles, otro ex prisionero, Jaime Oehninger, reconoció a Garay como uno de sus celadores, e identificó también a los procesados por la desaparición de Cárcamo: González, Cáceres, Donoso, Harnisch y Sesnic.

El siquiatra estuvo a escasos centímetros de distancia del torturador. Como en una broma macabra del destino, les tocó compartir el bus que la Armada destinó para el juez y las víctimas. Los ex compañeros de Garay en el CIRE no estuvieron dispuestos a recibir a un traidor en su vehículo: el detective estaba allí en calidad de testigo, ratificando el siguiente testimonio judicial donde relata lo que le pasó a “El vietnamita”:

“Fundamento mi presunción de que fueron el teniente Cáceres, Sesnic y el inspector Harnisch quienes participaron en el interrogatorio en que falleció Rudy Cárcamo, ya que la mayoría de los interrogatorios al interior de la base naval los practicaban ellos tres junto a mí. Como ese fin de semana yo estuve en Cañete, y ellos se quedaron, lo más probable es que hayan sido ellos los que interrogaron a Cárcamo. Al llegar ese lunes a la base naval, mis compañeros de interrogatorio me comunicaron que había un ‘fiambre’, por lo que había que deshacerse de él. En ese momento consulté de quién se trataba, y a regañadientes me respondieron que era ‘El vietnamita’”.

En la reconstitución salieron a la luz otros homicidios cometidos por la Armada en ese recinto. Entre ellos, el asesinato en febrero de 1975 de Elías Jana Santibáñez, alcalde socialista de Cañete en la época del golpe de Estado, relatado al juez por Peebles y confirmado por Garay.

“ÉL FUE MI INTERROGADOR”

En 1975, Garay volvió a Investigaciones. Pero su pasado le había dejado secuelas. Fue sancionado varias veces por faltas consideradas graves en la institución y se desmoronó de a poco hasta que pasó a retiro, en septiembre de 1986.

Quizá por esto, la historia que contó a los profesionales de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura no es la del carnicero que evocan los ex presos de la base naval. En la ficha que llenó para el Informe Valech dice que fue prisionero político. Que en la mañana del 11 de septiembre de 1973 fue apresado por su presunta militancia comunista y que estuvo detenido durante 20 días en la Isla Quiriquina. Así lo aseguró en una declaración judicial, al menos.

Su relato fue convincente y pudo acogerse a los beneficios que se otorgan a los “Valech”: una pensión mensual de 112.817 pesos, bonificación de 100 puntos en la postulación al subsidio habitacional, acceso a salud gratuita en el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (Prais) y una beca de estudios de educación superior, que él probablemente no usará debido a su edad. Como víctima acreditada, Garay postuló y accedió a un bono de 184 dólares otorgado por la Fundación Presidente Allende, de España, proveniente del fondo de 9 millones de dólares que ésta obtuvo del Banco Riggs de Washington, como indemnización por haber escondido los dineros negros del ex dictador.

Pero dos detectives de la Prefectura de Investigaciones de Concepción cuentan una historia distinta a la de Garay. Dicen que él nunca estuvo detenido en isla Quiriquina. Y lo saben porque ellos estuvieron allí. En la mañana del Golpe, funcionarios de Carabineros llegaron muy temprano y se tomaron la prefectura, con un saldo de dos muertos. A medida que los detectives iban llegando a su trabajo, los carabineros salían de su escondite y los reducían. Detuvieron a 100 policías y los trasladaron a la base naval; luego, algunos fueron enviados a la isla. “En la época, Garay no estaba en la prefectura”, dice Renato Czischke, uno de los efectivos. “Tampoco lo vi en los 18 días que estuve preso en la Quiriquina. Yo fui de los últimos en abandonar la isla. Si hubiese estado me acordaría”, agrega.

El relato de Roberto Arriagada Venegas es similar. Pese a que alcanzó a estar tres días en la isla antes de ser liberado y devuelto a sus funciones en Investigaciones, nunca vio a Garay en el lugar.

La alarma sobre este caso la dio Erick Zott, otro ex prisionero del campamento de Talcahuano. Radicado en Austria, Zott vino a Chile el año pasado para prestar declaración en el caso de Rudy Cárcamo. Cuando se enteró que Garay aparecía como víctima en el Informe Valech se escandalizó. “Por el rol que él cumplía en los interrogatorios no era un cualquiera. Era de los que llevaba la investigación sobre el MIR en la zona de Concepción”, dice Zott, quien conoció a Garay en el campo de prisioneros donde estuvo detenido a fines de 1975. “En la base naval debo haber estado tres a cuatro semanas. Pero como yo llevaba un año detenido, el proceso no era el característico de cuando te detenían. Obviamente había presión. No hablo de torturas, pero él fue uno de mis interrogadores”, cuenta Zott. “Si se coló en el Informe Valech un agente de los organismos represivos, ¿por qué no podría haber otros más?”, se pregunta.

Imposible saberlo, explica la ex vicepresidenta de la comisión, María Luisa Sepúlveda. Cuando se presentó el informe, el Gobierno decretó que los antecedentes de las víctimas acreditadas en él son secretos y sólo podrán conocerse en 50 años más. Es más, la propia Sepúlveda desconoce qué documentos presentó Garay al Informe Valech.

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SERGIO ONOFRE JARPA, EL EXONERADO POLÍTICO

“Verdadero escándalo”. “Ética y moralmente inaceptable”. En julio de 2000, los diputados socialistas Isabel Allende y Jaime Naranjo no podían creer cuando supieron que el ex ministro del Interior de Pinochet Sergio Onofre Jarpa y otros conspicuos personeros del régimen militar, entre ellos Hermógenes Pérez de Arce y Juan de Dios Carmona, se habían acogido a los beneficios de la Ley 19.234 de Exonerados Políticos. En 1993, ésta instituyó beneficios previsionales para “personas exoneradas por motivos políticos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, de las empresas públicas, semifiscales, autónomas del Estado y privadas”. Cinco años después, en 1998, los legisladores extendieron el beneficio a los funcionarios del Congreso, del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas, buscando compensar económicamente a un amplio grupo que había sufrido los rigores del Gobierno militar. La medida tuvo un efecto inesperado. Miembros de la dictadura que fueron parlamentarios antes del golpe de Estado (como Jarpa, Pérez y Carmona) y personal de la DINA y la CNI, calificaron como exonerados políticos. “Atenta contra el espíritu de la ley”, dijo la hija de Allende, aunque reconoció que era legal.

MARÍA LUISA SEPÚLVEDA: “NO DESCARTO QUE SE NOS PUEDA HABER PASADO UN CASO” La ex vicepresidenta de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura descarta que el caso de Arturo Garay González ponga en tela de juicio los mecanismos de calificación usados por la comisión presidida por monseñor Sergio Valech y establecida por mandato presidencial en agosto de 2003. “No necesariamente abre una duda porque estás suponiendo que la persona no certificó su detención”, explica, y asegura que “los casos de los miembros de las Fuerzas Armadas fueron especialmente evaluados”. Sepúlveda detalla que se usaron muchas fuentes de información para validar los casos que se presentaron ante la comisión: testimonios, entrevistas, certificados de detención y comunicados oficiales, salvoconductos, tarjetas de control, listados de detenidos, archivos y procesos judiciales, publicaciones de prensa y registros de organismos de derechos humanos, de víctimas y organismos internacionales. De todas formas, está abierta a la posibilidad de que el trabajo haya tenido un margen de error. “El Informe Valech da cuenta de algo que le ocurrió a un sinnúmero de personas de la manera más rigurosa posible, pero no es infalible. Tomamos precauciones e hicimos todos los esfuerzos por no calificar casos de personas en los que hubiese sospechas”. –¿Pudo pasárseles un caso? –Yo no descarto que se nos pueda haber pasado un caso y puede que se nos quedaran fuera otros que sí debieron estar y no quedaron. –¿Cuál fue el medio de verificación en este caso de este detective? –No sé en ese caso cuál fue el medio de verificación. No tengo acceso a las carpetas para responderte, porque todas las carpetas de los casos quedaron a resguardo del Ministerio del Interior y son secretas. Pero si la persona estuvo detenida y pudo demostrarlo, cabe en el Informe Valech. Él pudo ser víctima y después victimario, y calificaba en el informe.

Resucitaron los anarco-capitalistas educacionales

escrito por Rafael Luis Gumucio Rivas

jueves, 19 de abril de 2007

El anarco-neoliberalismo es la tendencia más radical dentro del radical de esta escuela. El padre de este antiestatismo extremista es Friederic Hayek, quien sostiene que lo único que existe es el mercado: el hombre nació para el mercado y a él debe servirlo. Se equivocan quienes creen que el neoliberalismo es sólo una teoría económica o una concepción de los problemas monetarios: es mucho más que este reduccionismo, es una utopía, un sueño, mejor, una pesadilla, una teología al estilo de Michel Novac. Por cierto, también una teoría de la educación. El concreto concreto y el concreto pensado de esta verdadera cosmovisión es siempre el mercado, alfa y omega de la historia. En el mercado existen triunfadores, por ejemplo, Sebastián Piñera y muchos otros más, y derrotados, que son la lacra, los incapaces y los peticionarios del Estado. Según Hayek, el Estado no debe, por ningún motivo, entregar subsidios a los perdedores del mercado, en ese sentido, el gobierno de la Concertación es una versión del neoliberalismo humanitario, muy diferente al extremismo anárquico de los padres de esta escuela.   En el anarco-capitalismo está la base de todas las privatizaciones que, en América Latina, llevaron a cabo todas las dictaduras de seguridad nacional. Hay una versión más moderada del neoliberalismo que adopta del catolicismo la idea del Estado subsidiario: el Estado debe hacerse cargo de las empresas privadas quebradas y, sobretodo, del tremendo fracaso de las AFPs, que han dejado sin pensión al 75% de los trabajadores chilenos; la idea es privatizar las ganancias y estatizar las pérdidas.   Con la presentación del proyecto de Ley General de Educación, por parte del Ejecutivo, han reaparecido, como una plaga de otoño, los anarco-neoliberales chilenos. Los hay de todos los pelajes y para todos los gustos: damas, como la historiadora Lucía San Cruz, Evelyn Matthei y Patricia Matte  quenes, apasionadamente, acusan a la Presidenta de ser socialista y estatista y que el Proyecto está influido por ideas venidas de la antigua RDA. No sé qué les faltó decir. Entre los ilustres críticos neoliberales del Proyecto se encuentra la crema de los servidores de la tiranía de Augusto Pinochet: Álvaro Bardón, Gonzalo Vial Correa, Hermógenes Pérez de Arce y José Piñera y, para completar el panorama, el experto concertacionista, convertido en neoliberal de tomo y lomo, José Joaquín Brunner, sigue el amén a estos megatelios.   Hay que reconocer que los anarco-liberales son bastante hábiles para titular sus columnas en los distintos medios de comunicación que les pertenece. Gonzalo Vial encabeza su artículo “El Transantiago de la educación”; Hermógenes Pérez de Arce abre los ojos “tontilandeses”, imitando al gran periodista Genaro Prieto; José Piñera tiene un sueño, que elimina al Estado de la Educación. Los pedagogos saben que repetir muchas veces un concepto o un mensaje es muy útil para fijar en la memoria conocimientos y saberes;  por lo demás, las frases repetidas hasta saciedad logran movilizar a aquellos que no practican la crítica de textos. Hitler no hubiera triunfado jamás de no haber agitado a los alemanes contra el Tratado de Versalles.   Se trata de convertir al Estado en un demonio como un Leviatán moderno: no debe intervenir en ningún aspecto de la economía, ni de la vida humana; toda intervención en la educación por parte del Estado, es funesta y los socialistas son la encarnación del demonio. Como los viejos conservadores, Álvaro Bardón piensa que los agnósticos carecen de moral y de valores, razón por la cual  “el socialismo lleva al sexo irresponsable, al condón y a la píldora... miran la propiedad como un robo”, (yo creía que esta idea se le había ocurrido a un tal Proudhon, padre del anarquismo social). Según Bardón, el Proyecto va a destruir el lucro y la competencia, que son los pilares del capitalismo.               No sé si tomar en serio al columnista predilecto de El Mercurio y uno de los últimos viudos del tirano Pinochet, Hermógenes Pérez de Arce, cuando plagia al gran periodista Genaro Prieto, quien llamaba a los chilenos “tontilandeses” y a nuestra capital, “Cretinolandia”. Para el columnista existe un lucro loable, que es el que reciben las grandes empresas y, como los derechistas son hábiles, tratan de involucrar, en sus sofismas, a los pequeños propietarios de escuelas y boliches; se presentan siempre como los padres de la microempresa, por lo cual siempre recurren a un profesor que gestiona un pequeño colegio, a quien intentan coludir con las grandes ganancias de las empresas educacionales y quieren convencer a la “familia de profesores Ramírez” que el Estado le va a quitar el pan de la boca. El capitalismo popular es más viejo que el hilo negro.   Gonzalo Vial Correa, ex ministro de Educación de Pinochet, autor del famoso Plan Z, tiene páginas completas en el diario más leído por la casta política, La Segunda; el solo título de su columna, dedicada al tema de la Ley General de Educación, se ha convertido, prácticamente, en un slogan de la derecha, algo parecido al “proletarios del mundo unios”. Vial es un pechoño tomista que funciona con base en silogismos: sostiene que “1- el proyecto no soluciona ninguna de los problemas reales y fundamentales de la educación pública gratuita. 2- No elimina a quienes en la educación persiguen fines de lucro. 3- Castiga a quienes no lo persigue..” O sea, el Proyecto debe ser lanzado al basurero de la historia. Vial plantearía el siguiente silogismo: el Transantiago es equivalente al caos; el proyecto educacional es igual al Transantiago, por consiguiente, ambos son caóticos. Por desgracia, a nadie se le ha ocurrido una obra similar a Cantante Calva, del francés Eugenio Ionesco.   Gonzalo Vial continúa con sus diatribas, emprendiéndolas contra el rector de la Universidad Diego Portales y columnista del Mercurio, Carlos Peña, quien osó dar una opinión a favor de la no discriminación por la selección hasta Octavo año Básico. A mi modo de ver, en las experiencias de otros países, donde los alumnos privados económica y educativamente conviven, en porcentajes similares, con alumnos de alta capacidad intelectual, los resultados demuestran que ambos grupos se benefician. Los llamados “Liceos de excelencia”, Instituto Nacional, Carmela Carvajal, Liceo No1 de Niñas, entre otros, sólo segregan a favor de los sectores privilegiados, favoreciendo la reproducción, al infinito, de una casta económica, política y social.   Ya, en 1910, primer Centenario de la República, el profesor Alejandro Venegas (Julio Valdés Cange), en su libro Sinceridad, Chile íntimo, 1910, denunciaba las diferencias al interior del Instituto Nacional, entre internos y medio pupilos, siendo los primeros favorecidos por una enseñanza, como se decía en la época, superior. ¿Quién no sabe que la casta clerical se educa en San Ignacio y en Los Sagrados Corazones y hoy, en los colegios de colonias extranjeras y los laicos y agnósticos en el Instituto Nacional, Barros Arana y Carmela Carvajal, entre otros? No sé de adónde sacó nuestro decadentista historiador que el artículo 44 de la Ley de marras elimina a las corporaciones y fundaciones religiosas, cuando es todo lo contrario. Tal vez se explica esta resurrección del debate entre el “come curas” Diego Barros Arana y el profesor conservador Abdón Cifuentes, adalid de la libertad de enseñanza, por el deseo de agregar a la iglesia católica en el combate contra lo que ellos consideran “el estatismo” del gobierno de Michelle Bachelet. Vial y sus secuaces quieren reinventar el Frente Unido, que echó a pique la UNU (Escuela Nacional Unificada) y, para los mal informados, piensan que este proyecto de Ley es lo mismo. Si le quitamos algunas excesivas fraseologías socialistas a la ENU, propias de la época histórica, fue uno de los mejores Proyectos de reforma educacional existente en nuestra historia, pues aportó la educación permanente y la no-discriminación.   José Piñera es el más fanático de los anarco-neoliberales, es el Atila de los pobres jubilados chilenos – ahora, lamentablemente, de otros países latinoamericanos-. Al igual que Martin Luther King, tuvo un sueño que, en el caso de José Piñera, es más bien una pesadilla: “El Estado no debe tener ningún papel en la educación, salvo convertir al Ministerio del ramo en una superintendencia; las escuelas deben ser privadas, como las AFPs y capitalizar conocimientos...” Dios nos pille confesados: si el resultado fuera el mismo de las AFPs, más del 75% de los chilenos terminarían más ignorantes de lo que son ahora. “Todas las escuelas municipales serán subastadas al mejor postor”. Como a estos niños anarco-liberales poco les importa el dinero del Estado, al que hay que destruir, nada mejor que se reparta entre todas las familias chilenas un cheque educacional”, por cierto unos más jugosos que otros, total, paga moya, es decir, el fisco. Habrá, además, una calificadora de riegos que, al igual que los bonos, informará a la familia de las posibilidades de que las empresas educacionales caigan en cesación de pago. Por ejemplo, los Padres Franceses y los Jesuitas serían calificados con una triple A; los Liceos emblemáticas, al igual que la deuda de Chile, con A+; los demás son bonos que carecen de grado de inversión.   Sólo faltaba que José Piñera ensuciara el nombre de la gran poeta Gabriela Mistral, quien tuvo que sufrir la discriminación de los curas serenenses, al impedirle ingresar a la Escuela Normal, acusándola de socialista, por la prensa local. Por lo demás, fue el dictador Ibáñez quien le quitó su sueldo y su consulado itinerante. Nada tiene que ver Gabriela con pinochetistas neoliberales: si bien fue víctima de una educación formal bastante retrógrada, ella fue capaz de adelantarse a su tiempo, en la misión, en México, a la cual la invitara el gran ministro José Vasconcelos.   Rafael Luis Gumucio Rivas

Contra el lucro y la exclusión

por  Roberto Pizarro

A escasas semanas que la Presidenta se instaló en La Moneda se produjo la movilización social más masiva registrada durante los gobiernos de la Concertación. Los estudiantes de la enseñanza media reclamaron desde Arica a Punta Arenas por la mala calidad de la educación, destacaron las desigualdades que la caracterizan y llamaron a eliminar la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), que estableció la dictadura. El apoyo generalizado de la población al movimiento estudiantil puso en evidencia que las familias de Chile se sentían plenamente representadas por sus hijos. Ello permitió colocar en la agenda pública la modificación del sistema educacional, obligando al repliegue transitorio de los fundamentalistas del libre mercado y los promotores de la exclusión social.

Como se sabe, la calidad de la educación se encuentra reservada a los hijos de las familias ricas de Chile. La escuela privada paga los mejores profesores y cuenta con adecuada infraestructura. Ello permite a sus egresados obtener los más altos puntajes en la PSU, accediendo a las mejores universidades. Así, los dueños del Poder Económico y de la elite política del país aseguran que sus descendientes puedan alcanzar elevadas capacidades instrumentales para administrar el sistema económico y político que controlan. Adicionalmente, la segmentación social y territorial que caracteriza a estas escuelas reproduce en los jóvenes el clasismo, racismo e individualismo propio de las familias ricas lo que se constituye, por otra parte, en seria limitante a su formación integral.

El resto del sistema educacional, al que accede el 90% de los niños en edad escolar, atiende a las familias pobres y de clase media, tanto mediante las escuelas municipalizadas financiadas por el Estado como bajo la administració n de comerciantes “sostenedores” que, utilizando subsidios estatales, lucran con la enseñanza. Ambos tipos de escuelas cuentan con infraestructura limitada, elevado número de alumnos por aula, escasez de alimentación, sostenedores inescrupulosos, debilidades de los municipios. A esto se agregan las reducidas condiciones materiales y culturales de los hogares pobres lo que dificulta aún más el aprendizaje escolar. Así las cosas, y con contadas excepciones, los jóvenes provenientes de la educación municipalizada y de la privada subvencionada muestran bajos puntajes en la PSU, ingresan a universidades de baja calidad y estudian profesiones sin demanda en el mercado. Ello ha hecho crecer un ejército de profesionales desocupados que, en el mejor de los casos, pueden llegar a servir como empleados, con bajos salarios, de los jóvenes de su misma generación que se convierten en ejecutivos de empresas, gracias a sus estudios de calidad en Chile y en el extranjero. El futuro de los niños de Chile está definido en su nacimiento. Se juega con cartas marcadas.

En consecuencia, el sistema educacional chileno, en vez de servir para integrar a los niños de distintos orígenes sociales, promover la convivencia en comunidad, estimular la promoción social, favorecer un mismo lenguaje y valores, se ha convertido en instrumento de exclusión y ampliación de desigualdades. Por otra parte, como las familias adineradas pueden comprar una mejor educación ésta ha dejado de ser un derecho para convertirse en una mercancía, sin garantías de calidad similar para todos los niños.

Después de un intenso trabajo técnico del Consejo de Educación y presentado el proyecto de ley de reforma al Congreso, todos aquellos que bajaron su perfil en las movilizaciones estudiantiles han contraatacado con furia. Rancios apellidos asumieron la vanguardia. Los dos Larraín, presidentes de la UDI y de RN, con la asesoría de la Sra. Patricia Matte, atacaron con virulencia la eliminación del lucro en la educación, que propone el proyecto de ley. Luego se lanzaron al ruedo los editorialistas de El Mercurio y de La Tercera, y sus columnistas estrellas. A éstos los siguieron los dirigentes empresariales de la Confederación de la Producción y el Comercio y, como siempre, algún economista de Libertad y Desarrollo. La clase dominante en pleno, con la ayudita de uno que otro personero de la Concertación, atacó vigorosamente el proyecto.

La derecha nunca imaginó que el rechazo al lucro en la educación, eje de las demandas estudiantiles, llegaría a ser parte del proyecto de ley. Su reacción, cercana a la histeria, tiene una sola explicación. Por primera vez, después de 17 años de gobiernos de la Concertación, se cuestiona uno de los pilares del neoliberalismo: el reconocimiento al lucro en el área social y la existencia de un Estado que ha renunciado a la universalizació n de las políticas sociales, limitando su accionar a la focalización. El desafío que coloca el proyecto a los intereses empresariales, pero sobretodo el cuestionamiento al libremercadismo totalitario es lo que preocupa a la derecha.

Más allá de las preocupaciones ideológicas de la derecha y de la defensa de sus intereses económicos, la demanda por una educación decente y sin discriminaciones para todos los niños, hijos de familias ricas y pobres, es justa y necesaria. Está en juego el desarrollo económico del país, que no se sostiene con la actual educación. Está en juego la estabilidad de sistema político, con excluidos que acrecientan su violencia. Esta en juego la ética nacional, que no resiste el aumento de las desigualdades en medio de una aguda concentración del ingreso. La sociedad civil lo ha entendido y por ello los estudiantes han exigido el término de la LOCE, el fin del lucro y la eliminación de toda discriminació n en la educación. El proyecto de ley recoge el sentir democrático de la ciudadanía.

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Roberto Pizarro es economista