Sirviendo de instrumento para el plan del Gobierno del Presidente colombiano, Álvaro Uribe, de extender al resto de Latinoamérica su conflicto con las FARC, el legislador de RN actuó sin reparos en una embestida que golpeó a La Moneda con la salida de un funcionario. La gran pregunta hoy es de dónde obtuvo Espina la información si ambos gobiernos niegan haberla entregado.
Apenas una leve turbulencia hacía vibrar el avión presidencial de Colombia que trasladaba el 15 de julio al Presidente Álvaro Uribe y a un invitado especial, el empresario y candidato presidencial chileno Sebastián Piñera.
Y fue en ese trayecto entre Bogotá y Neiva, un pueblo a 326 kilómetros de la capital, en el que se habría fraguado el plan que, desde el domingo pasado, ha tenido a La Moneda encapsulada en una crisis comunicacional y tensión diplomática. El Presidente Uribe habría ordenado a su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, entregar a Piñera y a los senadores Alberto Espina y Andrés Allamand los datos sobre unos correos electrónicos encontrados supuestamente en el computador del fallecido segundo hombre de las FARC, "Raúl Reyes", rescatado de los escombros que dejó el bombardeo del campamento de la guerrilla en la frontera de Ecuador, el 1 de marzo.
Mientras los hombres de RN recibían su caja de Pandora, en nuestro país ciudadanos chilenos estaban siendo investigados por agentes de Uribe y por Investigaciones.
La ola de sucesos que precedieron y sucedieron al encuentro de los dos líderes de derecha más fuertes de América del Sur dejó al descubierto el ambicioso plan del senador Espina para provocar un efecto en cadena que terminó con la renuncia forzada de Hugo Guzmán, un periodista y asesor de Palacio, quien estaba nombrado en la correspondencia con Reyes a raíz de una entrevista efectuada en el marco de su trabajo profesional cuando éste vivía en México.
Con la filtración de la información de inteligencia, Espina asestó un duro golpe comunicacional al Gobierno, trató de poner en cuestión al Partido Comunista y su pacto por omisión con el oficialismo, y volvió a cuestionar el trabajo de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) en la lucha contra la subversión, aprovechando que el tema mapuche estaba en la agenda luego de la quema del fundo de Luchsinger.
La gran duda que queda en el aire después de tanto revuelo es de dónde obtuvo Espina esa información, si los gobiernos de Chile y Colombia niegan habérsela entregado. Hasta ahora se ha negado a responder, pese a los emplazamientos de La Moneda, y sólo repite: "Proviene de una fuente seria y confiable y la entregué al Ministerio Público".
Villalobos: "La ANI no es un buzón"
El 14 de mayo de este año, el director de la ANI, Gustavo Villalobos, viajó a Bogotá, luego de que el embajador de Chile en Colombia, Gabriel Gaspar, le informara que el Ministerio de Defensa de ese país tenía información que podía ser relevante en materia de seguridad e inteligencia. Eran 50 páginas con correos electrónicos impresos, cuyas direcciones IP correspondían a servidores ubicados en Chile y que estaban dirigidos a las FARC.
Gustavo Villalobos explicó a LND que "dicha información fue sometida a los procedimientos que la Ley de Inteligencia Nacional establece; investigamos y concluimos que no ameritaba hacer ninguna denuncia judicial porque no constituían actividad delictual".
La Ley de Inteligencia Nacional chilena establece que todas las actividades operativas de la ANI que impliquen medidas intrusivas, como interceptaciones telefónicas, deben ser autorizadas por uno de los dos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, Omar Astudillo o Alejandro Madrid. Tras realizar las consultas de rigor, se esclareció que ninguno de los jueces ha recibido alguna solicitud en tal sentido. Villalobos aclaró que "la ley permite que los jueces faculten la aplicación de medidas intrusivas, como interceptaciones telefónicas, sólo en caso de que se trate de terrorismo o crimen organizado. Analizada la información entregada por Colombia, no estábamos frente a ninguna de las dos tesis". Así, utilizaron los medios normales para las indagaciones y se descartó capacidad operativa de los militantes comunistas que participan en la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB). Pero la derecha en pleno cuestionó la, a su juicio, laxitud del Gobierno por no entregar a la justicia los antecedentes que estaban en manos de Villalobos. "La ANI no es un buzón de información. Primero se debe chequear la verosimilitud de los datos, cotejarlos con la realidad y, si ésta constituye actividad delictual, informarlo al Ministerio Público. Los correos electrónicos no acreditaban delito", advierte el director de la ANI.
Operación Cóndor 2.0
La estrategia del Presidente Uribe de convencer al resto de los países latinoamericanos de que las FARC son un grupo terrorista y no beligerante, está en desarrollo desde 2002, meses después del desplome de las Torres Gemelas. Y Espina fue el canal para traer a Chile la premisa del Gobierno de Uribe. Según fuentes de La Moneda, en varios foros internacionales Colombia ha insistido en modificar la denominación de la guerrilla, pero todos los países latinoamericanos se han negado a seguir el juego a Uribe, quien actúa de acuerdo a los lineamientos norteamericanos en materia de contrainsurgencia y apoya con financiamiento la política de seguridad nacional del Presidente colombiano.
En Chile, la injerencia de Uribe comenzó a evidenciarse días después del bombardeo al campamento de Raúl Reyes. Grupos izquierdistas organizaron una marcha por la paz en Colombia, en el Paseo Ahumada. Entre uno y otro periodista que cubría el evento, un colombiano se acercó a conversar con Carlos Casanueva, miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales del PC y secretario general de la CCB, que, junto a Valeska López y Manuel Olate, participaron en un congreso bolivariano en Quito, días antes de la muerte del número dos de las FARC.
Casanueva recuerda que el supuesto periodista le preguntó si había colombianos presentes en la marcha, si tenían contacto con las FARC y otras preguntas "extrañas". Con tantas interrogantes, el líder comunista, de 45 años, se puso en alerta y contrapreguntó: "¿De qué medio eres?". Pero el colombiano, que no tenía identificación de periodista, no supo responder, titubeó para decir que se trataba de una revista nueva y se escabulló entre la multitud. "No me dio el nombre del medio, ni tampoco el propio. Además, sabía cómo me llamo. Era clarísimo que se trataba de un tipo de la inteligencia", denuncia Casanueva. Al seguimiento se sumó el robo del computador en que trabajaba el líder de la CCB en el local del PC de Arica, y días más tarde sustrajeron otro computador utilizado por Manuel Olate, uno de los jóvenes fotografiados con Reyes días antes de su muerte.
Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmaron a LND que efectivamente se realizan seguimientos a chilenos. Incluso, un alto funcionario de la cancillería de Uribe del cual este medio se reserva su identidad y cargo indicó que "estamos enterados de chilenos vinculados con las FARC. Nos encontramos haciendo un trabajo interno muy grande. Se está investigando a chilenos desde el año pasado, cuando el PC hizo una celebración por el aniversario de las FARC".
El objetivo de estas operaciones es lograr la extradición de chilenos vinculados a las FARC, lo que sería posible en virtud del tratado de extradición que tiene nuestro país con Colombia, pero requeriría la aprobación de La Moneda.
Lo que hasta ahora reconocen en los organismos de inteligencia nacionales es que ellos también siguen y vigilan a chilenos vinculados a movimientos latinoamericanistas. Y existen carpetas que describen con lujo y detalles su vida personal.
Desde Bogotá, la senadora colombiana Gloria Inés Ramírez, del partido Polo Democrático, denuncia la existencia de "una cacería a nivel internacional. El Gobierno colombiano está trabajando en la internacionalización del conflicto. Es un problema que traspasó las fronteras y esto tiene que ver con el Plan Colombia".
Con el comienzo de la lucha contra el terrorismo de Estados Unidos, organismos de izquierda han sido objeto de persecuciones en virtud del Plan Colombia en distintos países del continente. Esta asociación que se estableció entre Uribe, Espina y Piñera constituiría un símil de lo que fue la Operación Cóndor de los años setenta, en cuanto a la coordinación establecida por las dictaduras para aplacar al enemigo interno.
El oficio de Mönckeberg
Al recibir la información que permitió materializar la operación, Espina vio una oportunidad para pavimentar su camino como ministro del Interior de Piñera y acentuar la imagen de sheriff que ha cultivado durante años.
En círculos gubernamentales predomina la tesis de que el senador Espina supo de la existencia de los correos antes del viaje a Colombia.
El diputado y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Cristián Mönckeberg, asegura que a principios de junio se enteró, a través de un funcionario de Gobierno, que La Moneda tenía información sobre las presuntas relaciones de las FARC con organizaciones locales. "Lo que hice fue enviar un oficio al organismo correspondiente Ministerio de Relaciones Exteriores solicitando esa información", recuerda Mönckeberg. El 20 de junio, el diputado despachó un oficio que no ha sido respondido por la Cancillería.
El envío del documento se produjo un mes antes de que Piñera, Espina y Allamand se reunieran en Colombia con el Presidente Uribe, pero Mönckeberg niega tajantemente que él hubiera entregado la información a Espina.
Casi un mes después de recibir los famosos correos, el senador RN le entregó, el 5 de agosto, los antecedentes al fiscal nacional, Sabas Chahuán. El senador Espina fue quien hizo más lobby para lograr que los parlamentarios aprobaran a Chahuán en el cargo, cuando su nombre llegó al Senado.
Al ser consultado por la información proporcionada por Espina, Chahuán dijo escuetamente que ésta estaba siendo investigada por fiscales del Ministerio Público. LND confirmó que Chahuán está monitoreando personalmente dicha investigación y que los fiscales asignados son de su extrema confianza.
Tensiones diplomáticas
La jugada de Espina generó una crisis comunicacional en el Gobierno, según advierte una alta autoridad de Palacio, la que fue agudizada tras la inexplicable salida del periodista Hugo Guzmán y por los discursos paralelos entre el canciller Alejandro Foxley y el resto del equipo de Bachelet. El miércoles, el vocero Francisco Vidal dejó entrever la molestia por la filtración de información de inteligencia, de parte del Gobierno colombiano a Piñera y Espina. Al día siguiente, Foxley descartó la molestia de La Moneda con Colombia y, visiblemente molesto, pidió a Vidal rectificar sus dichos.
El fuego cruzado obligó al ministro Pérez Yoma a actuar, y fue él quien le pidió al propio Foxley que se contactara con el embajador de Colombia, Carlos Julio Gaitán, para que aclarara de dónde había salido la información de inteligencia. La cita se concretó el viernes en la mañana, pero quien recibió a Gaitán no fue Foxley, sino el director de Política Exterior, Juan Pablo Lira.
A las pocas horas del encuentro, la embajada emitió un comunicado en el que asegura que cualquier filtración de la información entregada a la ANI "no cuenta con autorización oficial", dejando abierta la posibilidad de que los correos pudieron llegar a Espina por vías extraoficiales.
La senadora opositora colombiana Piedad Córdoba afirmó que esta forma de actuar es común en Uribe y que la entrega de información a Piñera "es una estrategia de la derecha internacional de realizar montajes con computadores".
En la misma dirección, el ministro de Gobierno y Policía de Ecuador, Fernando Bustamante, cuestionó el modus operandi de Uribe en su lucha antiguerrilla. "Está utilizando métodos extremadamente cuestionables desde el punto de vista de la ética política internacional y de la buena vecindad", explica, y añade que "las supuestas pruebas que se contienen en la pretendida computadora portátil carecen de toda credibilidad. El informe que hizo Interpol es notoriamente deficitario en cuanto a verificar que el contenido de esos laptops y sus discos duros sea fidedigno. Se limita a señalar que no fueron manipulados a partir de cierta fecha, que es posterior a la que se supone que fueron encontrados. La credibilidad de esos archivos es, por decirlo con mucha suavidad, dudosa".
Lo que tiene realmente alarmado al Gobierno es que en la prensa ha aparecido información que el ministro de Defensa de Colombia no entregó al director de la ANI, como un mail que se refería al entrenamiento del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez en la selva colombiana. Así se despejan las dudas sobre la procedencia de los datos de Espina, pues el Gobierno jamás podría haber filtrado información que no poseía, dejando al senador entre la espada y la pared. Y tarde o temprano tendrá que romper el silencio de quién le entregó los correos que sacudieron a La Moneda esta semana. //LND
* Colaboración de César Baeza, Ecuador.
El poder de Santos
El ministro de Defensa que le habría pasado la información a Piñera y Espina es un hombre fuerte en Colombia. Juan Manuel Santos es primo del vicepresidente y nieto de un ex Presidente de ese país. Antes de ser titular de Defensa, Santos ya había pasado por Comercio Exterior (Gaviria) y Hacienda (Pastrana). La familia del secretario de Estado es dueña de "El Tiempo", el diario más influyente de Colombia. Aunque hace seis meses vendieron la mayoría de acciones, los codirectores del periódico son de su misma familia. Enrique Santos es hermano del ministro de Defensa, y Rafael es hermano del vicepresidente. Además de la casa editorial de "El Tiempo", también controlan un canal de TV en Bogotá, que por cable llega a todo el país, y son dueños de las revistas "Cambio", "Alo" (farándula) y "Don Juan" (reportajes light).
La familia Santos ha estado ligada hace años a los gobiernos colombianos. Desde que Juan Manuel entró a la arena política, nunca se ha quedado sin un ministerio. Con una excepción: el Gobierno de Ernesto Samper. En 1996, Juan Manuel se acercó incluso a los que dice son sus peores enemigos, las FARC, y se reunió con Manuel Marulanda para pedirle que lo ayudara a derrocar el Gobierno. Claro que esa vez su plan no le resultó.
Un ministro para Piñera
Histriónico y de carácter volátil, con una oratoria calificada de "excelente" por sus pares, el senador Alberto Espina se pasea por los pasillos del Congreso en todo momento acompañado por su escolta de Carabineros y dando cuenta a viva voz de su siempre recargada agenda de trabajo. Cada cierto tiempo telefonea al candidato presidencial de la tienda, Sebastián Piñera, a quien mantiene al tanto –más de lo que él quisiera, según integrantes del "petit comité"– de cada tema que le pueda ser de interés, desde el debate por el Transantiago a las cifras de delincuencia que maneja y usa al dedillo y que le han permitido, según confiesa, elevarse en los sondeos.
Convencido de que será, en un eventual gobierno de Sebastián Piñera, ministro del Interior –algo que en RN descartan, ya que consideran obvio que tal cargo debería ser para el gremialismo, al igual que Cancillería–, Espina se ha esforzado en demostrar que en seguridad nadie lo aventaja en la derecha, y en sus ofensivas no ha escatimado esfuerzos en exagerar el conflicto en la Araucanía –zona que representa– o en comparar los actos antisociales en Chile con la violencia en Colombia.
Con las palabras como mejor artillería, Espina convenció a Piñera de sumarlo, junto al senador Andrés Allamand, al periplo que el accionista de Lan desplegó entre el 14 y 16 de julio en Bogotá y Ecuador. El viaje –en el que Espina consiguió que tres desconocidos les cedieran sus cupos para llegar a tiempo a Quito– era fundamental para el parlamentario. Enamorado desde años de la estrategia con la que el Mandatario colombiano, Álvaro Uribe, llegó al poder, en el 2005 y en plena campaña del inversionista por La Moneda, el entonces jefe político impuso la idea en el comando de que para alcanzar el poder era preciso imitar a Uribe y conquistar primero las provincias y posteriormente abocarse a la capital. El cálculo pasó por alto que en Chile el 40% del electorado radica en el Gran Santiago; sin embargo, la explicación para el fracaso aquel año fue que tal táctica no apuntaba a esos comicios, sino a los de 2009.
Hoy, nuevamente, Espina tiene un lugar privilegiado en el círculo de Piñera, haciendo de vocero, uno locuaz y convincente. Así, los otrora integrantes de la patrulla juvenil de RN han vuelto a reunirse. Espina como portavoz y Allamand desarrollando la oposición dura del desalojo que el dueño de Chilevisión –en su estratagema para conquistar el centro político– no puede ejecutar.
Espina participa, opina y, sobre todo, mantiene en alto la moral del empresario. "¡Estuviste brillante, Sebastián!", es una frase que repite a menudo cuando evalúan en el "petit comité" de los lunes las intervenciones públicas de la figura mejor posicionada de la Alianza. Al resto de los mortales les cuenta cómo las encuestas demuestran que a todo evento Piñera llegará a ser Presidente, y aunque omite que quiere estar en el gabinete, para nadie es un misterio que desea ocupar la oficina del ministro Edmundo Pérez Yoma y transformarse en el "sheriff" del primer gobierno opositor.
La desclasificación de documentos que vinculan a las guerrillas de las FARC con la lucha mapuche es sólo un paso más en este posicionamiento. Después de todo, escalar es un deporte que Espina práctica continuamente.
Las FARC y el pacto por omisión
Guillermo Teillier, Lautaro Carmona y Jorge Insunza mostraban evidentes caras de indignación cuando llegaron el miércoles a reunirse con Francisco Vidal a La Moneda. Ese día "La Tercera" difundió un organigrama donde el PC aparecía como parte de la estructura de apoyo de las FARC en Chile. Tres días antes, en el mismo diario, que sirvió de canal para dar a conocer la información que Espina tenía, se hablaba de que "Roque", el supuesto vínculo chileno con las FARC, podía ser Manuel Olate o Carlos Casanueva, dos militantes del PC que trabajan en la Comisión de Relaciones Internacionales de esa colectividad. "No sé quién es Roque. Ellos hacen una relación que a mí me parece mañosa, porque Carlos es el responsable de la Coordinadora Continental Bolivariana y por mi fotografía en el campamento. Siempre he trabajado en el PC en solidaridad internacional", explica Olate.
Teillier negó que uno de sus militantes fuera "Roque" y manifestó que siempre ha habido una relación de solidaridad con las FARC, en el contexto del apoyo público que la colectividad da al pueblo colombiano y a la solución negociada del conflicto en ese país. Lo mismo declaró Carlos Casanueva con respecto a la posible existencia de la célula de las FARC en nuestro país. Pero el mensaje de Espina buscó entablar un cuestionamiento a la estrategia electoral asumida por el PC. "No corresponde que partidos políticos que operan regularmente en Chile rindan una especie de homenaje a grupos terroristas", fustigó Espina.
Teillier cree que el senador RN quiere perjudicar el pacto por omisión que el PC lleva con el oficialismo. "Espina se prestó para este montaje. La finalidad es asustar a una parte de la Concertación, ahora que hay un acuerdo por omisión. Ellos ven que si se produce un acuerdo de este tipo, eso pone en peligro las pretensiones de Piñera. Entonces quieren recurrir al viejo anticomunismo en base a mentiras y falacias", dijo.
