Fuente: Pagina 12
Altas fuentes de la Embajada boliviana anticiparon a este diario que el prefecto opositor Leopoldo Fernández, procesado por "genocidio" a raíz de los violentos episodios ocurridos el pasado jueves, habría sido detenido y estaría siendo trasladado a Santa Cruz de la Sierra.
Noticia en desarrollo
Rompamos el cerco de parcialidades, que los medios de comunicación de las oligarquías latinoamericanas y sus "analistas internacionales", han tendido en torno al los afanes golpistas de la derecha y boliviana y el gobierno norteamericano.
El 12 de septiembre pasado, grupos de paramilitares y sicarios bajo las órdenes del prefecto (gobernador) fascista de Pando Leopoldo Fernández, emboscaron a cientos de campesinos pobres DESARMADOS, leales al gobierno de Evo Morales y con maquinaria pesada les pasaron literalmente por encima, los acribillaron con ametralladoras y los persiguieron concretando una de las masacres más abominables de lo últimos tiempos en Bolivia. Hasta hoy se siguen buscando muertos.
La mayoría de medios chilenos y del resto de Latinoamérica, minimizan, ocultan o achacan la responsabilidad al "clima creado por el gobierno". Esos mismos tipos de medios en manos de los ricos, de los "los dueños de todo...", fueron los que asfaltaron el camino para el genocidio vivido en Chile a partir de del 11 de septiembre de 1973 e incitaron al golpe frustrado en Venezuela contra el gobierno bolivariano.
Basta de "vidas pájaras" e ignorancias convenientes, basta de ostentar nuestra vergonzosa vocación de cordero, hay que hacer algo, tenemos que hacer algo...
Francisco Villa
(Trovador chileno
El gobierno del Presidente Alvaro Uribe ha interferido de manera inaceptable en los asuntos internos y soberanos de Chile al entregar al candidato de la derecha Sebastián Piñera y al senador Alberto Espina una información elaborada por los servicios de inteligencia de ese país la que busca involucrar a organizaciones sociales y políticas de Chile con las FARC.
La estrategia es parte de un montaje de inteligencia por parte del gobierno de Alvaro Uribe con apoyo del gobierno de los EEUU de George Bush, la que busca extender en la región el conflicto Colombiano fuera de sus fronteras para debilitar y desprestigiar a gobiernos progresistas, dirigentes sociales y de fuerzas de izquierda y progresistas.
Rechazamos esta injerencia indebida por parte del gobierno colombiano, rechazo que debería ser expresado formalmente por nuestra cancillería ante ese país y emplazamos al candidato presidencial Sebastián Piñera y al senador Alberto Espina a revelar cuando y en que circunstancia les fue entregado el informe de inteligencia por parte del gobierno Colombiano. Consideramos que el Congreso de Chile debe investigar exhaustivamente esta grave situación dado de que un senador de la república se ha prestado para ser emisario de una operación de un gobierno extranjero en nuestro territorio.
Finalmente, hoy en que los Presidentes y jefes de estado de UNASUR se reúnen en Santiago manifestamos nuestra más profunda y activa solidaridad con el pueblo Boliviano y con el gobierno del Presidente Evo Morales ante los intentos antidemocráticos y separatistas los que además han contado con la abierta e inaceptable injerencia del gobierno norteamericano. América del Sur soberana defiende la democracia y los cambios en la región hoy en santiago de Chile
Santiago, 15 de Septiembre de 2008.
| por Redacción Bolpress (Bolivia) | |
| viernes, 12 de septiembre de 2008 | |
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Venezuela, Chile y Paraguay expresaron su respaldo incondicional al proceso democrático boliviano. Lula da Silva y Cristina Fernández no reconocerán a ningún golpista que pretenda sustituir al legítimo gobierno constitucional de Bolivia. Hugo Chávez apoyará movimientos armados si Evo Morales es derrocado. El secretario general de la OEA dijo que los autonomistas no tienen derecho de apoderarse de bienes públicos. El presidente de Brasil Lula da Silva comunicó por teléfono al Presidente Evo Morales su apoyo a la institucionalidad democrática en Bolivia. El asesor para asuntos internacionales Marco Aurelio García informó que el gobierno de Brasil "no tolerará una ruptura del ordenamiento institucional boliviano, sobre todo porque ese ordenamiento fue recientemente refrendado por una manifestación del pueblo" en el referéndum revocatorio de mandato el 10 de agosto. Eso significa que Brasil no reconocerá "a ningún gobierno que sustituya o pretenda sustituir al legítimo gobierno constitucional de Bolivia". El presidente de Venezuela Hugo Chávez y la mandataria argentina Cristina Kirchner ratificaron su pleno e incondicional respaldo al gobierno constitucional de Morales y tampoco aceptarán un quiebre democrático. Solidario con Morales, el presidente Chávez expulsó hoy al embajador de Estados Unidos en Caracas Patrick Duddy, conminado a abandonar territorio venezolano en 72 horas. Además, advirtió que si Morales es derrocado o asesinado, la oposición derechista le daría "luz verde para apoyar cualquier movimiento armado en Bolivia". Los gobiernos de Chile y Paraguay expresaron su preocupación por el desborde de violencia, deploraron la pérdida de vidas humanas y pidieron emprender un diálogo constructivo en bien de la democracia y la institucionalidad. El gobierno de Cristina Fernández criticó "los graves hechos de violencia y sabotaje terrorista que se registraron en la hermana República de Bolivia, donde se han producido víctimas fatales, destruido bienes públicos y privados y afectados gasoductos que abastecen a países vecinos". El gobierno argentino llamó a "los prefectos a frenar los actos de violencia en sus respectivos departamentos y convoca a los principales dirigentes políticos y sociales de aquel país para que eviten un agravamiento de la situación y retomen el diálogo". Argentina "expresa su permanente disposición a colaborar en la búsqueda de una solución que garantice el pleno respeto de la democracia, la integridad territorial y la paz, valores que han guiado a la sociedad boliviana en estos últimos años en forma ejemplar en la región y el mundo". Organizaciones internacionales apoyan a Bolivia El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza repudió la violencia de grupos civiles que tomaron instalaciones gubernamentales y atacaron a las fuerzas armadas, "en una clara actitud de provocación y de agresión". "No es aceptable para nadie el que, por mucho que se reclamen autonomías, determinados grupos se sientan con el derecho de apoderarse de bienes públicos", reflexionó Insulza. El secretario general de la Comunidad Andina (CAN) Freddy Ehlers censuró la violencia y llamó a las autoridades y a todas las fuerzas políticas a dialogar en resguardo de la democracia y en el marco del respeto a las normas constitucionales. El presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR Chacho Álvarez manifestó su profunda preocupación por las actitudes divisionistas y separatistas de algunos sectores, y ratificó su solidaridad con Bolivia en "esta terrible situación de violencia". La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó la espiral de violencia desatada en departamentos del oriente y sur del país, y los cada vez más frecuentes ataques a organizaciones indígenas e instituciones que promocionan los derechos campesinos e indígenas. El organismo llama a las autoridades nacionales, departamentales y locales a garantizar el respeto de los derechos humanos y cumplir con su deber legal de adoptar medidas razonables para prevenir más violaciones. La Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) condenó el acoso y los ataques a periodistas y medios de comunicación estatales, acciones que responden a un plan concertado y auspiciado por el imperialismo que busca, a través de la oligarquía boliviana, descarrilar el proceso democrático que encabeza el Presidente Morales. "La Felap y sus organizaciones miembros están en permanente vigilancia ante los salvajes ataques a los que están siendo sometidos periodistas y medios de comunicación que rehúsan plegarse a los 'buitres' que pretenden engullirse a Bolivia, para mantener a las grandes mayorías de su pueblo en la más abyecta de las miserias mientras se apropian de su riqueza", declaró el periodista argentino Juan Carlos Camaño, presidente de la Felap. El gobierno argentino pide a la comunidad internacional que se pronuncie a favor del respeto al orden constitucional y la integridad territorial de Bolivia; que condene las acciones violentas impulsadas por autoridades locales, así como todo intento de desestabilización de los gobiernos populares de Sudamérica elegidos democráticamente en elecciones libres. Alvarez exhorta a todos los países miembros del MERCOSUR, y también a todos los estados hermanos de la región, a renovar su compromiso urgente con la paz en Bolivia, la recuperación del diálogo y la convivencia pacífica, la estabilidad política y el compromiso democrático, "sobre todo en un momento en el que estamos todos comprometidos en avanzar para profundizar la integración sudamericana, aprovechando la oportunidad histórica que nos confiere la región". * Fuente: Bolpress |
Por ABI.
Lo hizo la noche de este jueves, tras declarar duelo nacional por la masacre de campesinos por parte de paramilitares de la Prefectura de Pando.
El Gobierno denunció la noche de este jueves, tras declarar duelo nacional por la masacre de campesinos por parte de paramilitares de la Prefectura de Pando, que está en marcha un criminal golpe de estado terrorista, cívico y empresarial que busca terminar con el proceso de cambio y derrocar al presidente Evo Morales Ayma.
"Estamos ante una banda de terroristas y de asaltantes que están desplegando un golpe de estado cívico empresarial; sus objetivos son desconocer la Constitución y para ello no importa cualquier medio, están dispuestos incluso a matar a bolivianos", denunció el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera.
Agregó que estos grupos terroristas han puesto y quieren poner en riesgo la unidad del país y al no haber logrado sus objetivos de provocar a las Fuerzas Armadas y policiales con una baja, ellos mismos se han encargado de producir muerte entre los bolivianos.
"El día de hoy en la mañana como resultado de una brutal represión de miembros de la prefectura del departamento de Pando fueron asesinados más de ocho bolivianos y más de 30 heridos, la mayoría de ellos humildes campesinos", señaló el Segundo Mandatario.
García Linera indicó no se ha tomado instituciones, sino "se ha robado, se ha saqueado, se ha expropiado a los bolivianos y a las bolivianas en cada una de las entidades que han sido asaltadas criminalmente por bandas, por pandillas de ladrones, de delincuentes financiados y promovidos por los comités cívicos de los departamentos de Santa Cruz, de Tarija, de Pando y de Beni".
Explicó que no contentos con haber robado y asaltado al pueblo boliviano, haber destruido instalaciones públicas, estos grupos han cometido actos de terrorismo en contra de la infraestructura energética de los bolivianos, ya que han sido dinamitadas, cerradas y saboteadas las válvulas que regulan el flujo energético y gasífero.
"En la furia criminal estas bandas han querido poner el riesgo el propio abastecimiento de gasolina y de GLP para los bolivianos; no estamos por lo tanto ante un grupo de reivindicación, el problema no es el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)", dijo.
Asimismo, mencionó que estos grupos están intentando generar desabastecimiento alimenticio a varios departamentos con el único objetivo de defender privilegios de terratenientes.
El Vicepresidente aclaró que frente a esta ofensiva criminal de un golpe de estado terrorista-cívico-prefectural, el Gobierno está implementando las medidas necesarias para defender la democracia, para defender la unidad del país y para defender a cada uno de los ciudadanos.
"Que sepan los golpistas que vamos a usar todos los medios necesarios, todos los recursos necesarios para garantizar el abastecimiento de energía y de alimentos para los bolivianos, si hay necesidad de importar lo haremos, si hay necesidad de garantizar resguardo lo haremos", advirtió.
Aclaró que el Gobierno no caerá en este chantaje de intimidación terrorista, de esta banda de golpista que quiere chantajear con la energía y con el alimento la voluntad unitaria de los bolivianos.
En ese contexto, exigió el repliegue inmediato de cada uno de los "grupos de asaltantes, de ladrones y de terroristas que están ocupando los campos gasíferos y las instituciones".
"Tienen que saber que tarde o temprano la fuerza de la CPE va a imponerse sobre ellos", advirtió.
De la misma forma, emplazó a los golpistas cívicos prefecturales abandonen, depongan su actitud, se sometan a la Constitución, a las leyes y a la democracia.
También convocó a los bolivianos y a las bolivianas a mantenerse movilizados y atentos para garantizar y defender la democracia que hoy está siendo asediada, agredida, por cívicos y prefectos.
Por ABN El presidente hondureño, Manuel Zelaya, suspendió la recepción de credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos (EEUU), Hugo Llorens, en solidaridad con Bolivia y Venezuela, informaron radios locales. |
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Zelaya instruyó al canciller Edmundo Orellana para que notifique a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa que de momento no recibirá las credenciales del diplomático, programada para las 17H00 locales (23H00 GMT) del viernes.
Llorens sustituiría a Charles Ford, con quien el presidente hondureño tuvo ásperas relaciones.
La estación HRN dijo que Zelaya invocó el 'principio de no intervención contenido en la Carta de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos', según el cual ningún estado puede intervenir en las decisiones privadas de otro.
Zelaya se solidarizaría así con el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien decidió expulsar al embajador estadounidense, y con el de Venezuela, Hugo Chávez, que el jueves, en apoyo a Morales, también decidió hacer lo propio.
El 25 de agosto, Zelaya firmó la adhesión de Honduras a la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) fundada por Chávez, pese al rechazo del empresariado y buena parte de las fuerzas políticas del país.
El presidente hondureño, que juró su cargo en enero de 2006, pertenece al derechista Partido Liberal (PL).
Hemos querido poner voz a un silencio que ya se prolonga por más de una década. La presión de los grupos fácticos que han manejado el tema de los derechos humanos en Chile, ha discriminado nuestra opinión, por no corresponder nuestro perfil con el tradicional, el de los oficialismos u obsecuencias, que ha transformado el tema de los derechos del hombre en moneda de cambio o en argumento para empatar políticamente en nuestro país, desnaturalizando esta fundamental causa valórica que mueve a la sociedad mundial.
Los derechos humanos en esta etapa, en que todo se globaliza, son el único medio para relacionar a la sociedad con la insensible estructura de poder del Estado, su incorporación al derecho interno de los países y al orden jurídico internacional marcan un proceso de progresiva expansión, se ha producido un incremento del catalogo de estos derechos, lo cual ha ocurrido con la consagración de nuevas generaciones. En una primera generación, la de los derechos civiles, que limitó el poder de la autoridad; debemos agregar una segunda generación, la de los derechos políticos, que logra que las personas puedan participar en la génesis y ejercicio del poder. Por su parte, una tercera generación, la de los derechos sociales a la salud, al trabajo, a la educación, a la vivienda, a una seguridad social oportuna y justa, aspiran a que las sociedades participen en el poder y además las mandata a comprometer a los que ejercen este poder a crear condiciones materiales dignas de vida para todos.
En nuestro pasado reciente, Chile violó bárbara y masivamente los derechos humanos, los de primera, segunda, y tercera generación, lo que generó en nuestra sociedad consecuencias traumáticas. Grandes masas de ciudadanos fueron violados en su dignidad como personas, al vulnerarles sus derechos como ciudadanos, como trabajadores como mujeres o como niños. Los catastros que se han construido, solo dan cuenta de un porcentaje menor de este daño colectivo, representan lo simbólico emotivo: la pérdida de la vida, el desaparecimiento forzado, la prisión política, la tortura, el exilio, la pérdida del trabajo y la consiguiente proscripción por las ideas que se tenían.
Baste decir, que los planes de empleo mínimo consideraron a más de 660.000 personas, las cuales, por espacio de más de diez años vivieron en condiciones infrahumanas, sector social el cual hasta el día de hoy no es catastrado ni indemnizado. O la participación de los salarios en el PIB, el cual, en 1972 era del 52.2 %, participación que cae abruptamente en 1973 como consecuencia del golpe de Estado a un 37% sin que hasta el día de hoy hayan recuperado los trabajadores de Chile este margen de participación en la riqueza del país.
Desde Nuremberg ,el mundo ha establecido un corpus juris cada vez más sólido. Los principios de ese juicio histórico, las convenciones contra el genocidio, el apartheid, la tortura, la imprescriptibilidad, además de los pactos sobre derechos humanos, los estatutos de los Tribunales para la ex Yugoslavia, Ruanda, Camboya, Sierra Leona, la Corte Internacional permanente, los proyectos de códigos de crímenes internacionales, las resoluciones de las comisiones regionales de derechos humanos y de las dos Cortes especializadas, y una gran cantidad de principios, reglas mínimas y declaraciones no pueden ser desconocidos por Chile a partir de esta dolorosa experiencia histórica.
Este corpus juris a destruido los dos mayores soportes de la impunidad, como son las leyes de amnistías y el juzgamiento de las atrocidades por parte de Tribunales militares, en su base hay una génesis profundamente democrática: han sido las sociedades civiles, especialmente las organizaciones de víctimas, las grandes impulsoras del proceso, muchas veces en oposición frontal a los poderes del Estado; por ser una conquista moral contra la inmoralidad; por la solidez con que el derecho internacional ha asumido la doctrina y ética de los derechos humanos como fundamento de todas las instituciones, desterrando a un segundo plano anacrónicas concepciones de la soberanía nacional y la razón de Estado para justificar lo que la Declaración Universal llama: “actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”.
Este monumental esfuerzo que la sociedad mundial ha desplegado en los últimos sesenta años, tiene como objetivo primero: poner al ser humano como centro de todo proyecto o modelo de sociedad, los cuales en su concepción institucional están obligados a incorporar estos cuerpos legales que protegen los diferentes ámbitos de los derechos esenciales.
Chile en este aspecto, ha sido una excepción dramática, pese a su experiencia histórica hace treinta años nos rige una institucionalidad impuesta a la sociedad en 1980 por un régimen de facto así catalogado por el mundo entero, donde las garantías sociales e individuales estaban gravemente afectadas, donde los derechos esenciales de primera y segunda generación eran violados completamente. La constitución de 1980, que nos rige hasta hoy día, se funda en claros principios ideológicos neoliberales en opinión de afamados tratadistas como Pablo Ruiz Tagle, el cual, destaca al derecho de propiedad como uno de sus pilares fundamentales en oposición al derecho a la vida el cual, debiera ser la esencia de este cuerpo jurídico.
Otro aspecto de fundamental importancia de esta institucionalidad es el rol que otorga al poder ejecutivo como generador de la iniciativa legislativa, facultad que convierte al Presidente de la Republica en un tirano constitucional, relegando la representación popular que tiene el parlamento a un papel secundario. Esta facultad será la que en definitiva hará recaer la responsabilidad en lo que ha sido la política de Derechos Humanos del Estado de Chile, única y exclusivamente en el primer mandatario desde 1990 en adelante.
La política del Estado de Chile sobre los derechos fundamentales del hombre, en la etapa de transición por la cual transitamos aún, se caracteriza por dos aspectos: el legislativo que esta dirigido a la promulgación de algunas leyes que buscan insertar socialmente y reparar algunas de las más simbólicas violaciones a estos derechos y un rol por misión el cual ha desarrollado principalmente el ejecutivo y que ha hecho imposible cumplir el objetivo de verdad y justicia, desconociendo la obligación ética y moral que con respecto al tema, asumió con el país al inicio de la etapa. Además este rol desconoce la obligación que le asiste al ejecutivo con respecto a la Constitución y al Derecho Internacional.
Queremos detenernos en un análisis del rol por omisión que le ha correspondido al Estado y donde la responsabilidad fundamental recae en los gobiernos que ha tenido el país en estos dieciocho años: la ley de amnistía, jamás fue un objetivo en términos de su derogación, Boeninger en su libro “Democracia en Chile”, reconoce que Aylwin tomó la decisión de no hacer nada para derogar o anular este decreto ley, pese a que ello estaba comprometido en el programa de la Concertación, más aún, trató de legitimarla: el acuerdo marco de 1990; la ley Aylwin de 1993; el proyecto Frei de 1995; el acuerdo Figueroa Otero de 1995; el proyecto de ley de la Comisión DD.HH del Senado de 1998; el proyecto de ley presentado por Lagos el 2003; el proyecto de ley de los senadores de la Alianza y la Concertación del 2005, dan cuenta de este empeño aberrante que le ha correspondido al Estado en esta materia. Así mismo, no solo en casos de relevancia internacional como los de Prats y Leighton, donde nada hizo Chile en esos juicios internacionales, sino que también en los casos de Berrios y Soria y por cierto, la culminación de esta política cual fueron las gestiones que el gobierno de Frei hizo desesperadamente para librar a Pinochet de una condena segura en Europa, o cuando, el gobierno de Lagos realizó numerosas presiones públicas y privadas ante el juez Guzmán y los tribunales para que el ex dictador tampoco fuera condenado en nuestro país.
Por último, la búsqueda de la impunidad se ha materializado en la llamada ley Valech, donde se prohíbe a los tribunales acceder a las denuncias por tortura testimoniadas ante la comisión del mismo nombre. Es tan aberrante este engendro que su perversidad legal parece ser superada solamente, en los anales republicanos chilenos, por el decreto ley de auto amnistía de 1978. Su mantención no solo provocará una impunidad generalizada respecto a la tortura ejercida en dictadura, sino que constituirá un oprobio permanente para nuestro país y sus instituciones.
De esta forma, se consolida nuevamente en nuestro país la impunidad en sus cuatro caras: la política, la moral, la histórica y la jurídica. Gabriel Salazar, nuestro premio nacional de historia, asegura que este comportamiento responde a nuestra idiosincrasia, la que enaltece a los golpistas y glorifica a las figuras anti democráticas, y para demostrarlo nos trae de vuelta a Portales, O‘Higgins, Bulnes, Alessandri y Prieto, héroes que a su juicio fueron los gestores de los más grandes asesinatos políticos de la historia de Chile, además de Pinochet por supuesto.
En el plano legislativo, la política de derechos humanos del Estado desde 1990, ha guardado fielmente este sello, el de la perversidad, mediaticamente los gobiernos en este periodo han hecho creer a la opinión pública nacional e internacional que el tema se encuentra resuelto, la promulgación de leyes que pretenden la inserción social y la reparación a los efectos provocados por la muerte, el desaparecimiento, el exilio, la prisión política y tortura y la exoneración política no han sido mas que iniciativas insertas en una estrategia que busca prestigiar ilegítimamente a los gobiernos y contener el conflicto político con las Fuerzas Armadas y los grupos civiles que sustentaron a la dictadura, esto determinará el destino de la transición en materia de Derechos Humanos, a este efecto mediático debe sumarse el objetivo de obtener dividendos políticos que aseguren la sustentabilidad en el poder, estas leyes han sido instrumentalizadas para cometer un escandaloso intervencionismo electoral y cometer actos de corrupción incalificables.
En los comienzos, de este periodo la Comisión Rettig, establece una verdad “posible” no total, con valor puramente político y sin valor judicial, uno de sus objetivos estratégicos es destruir la imagen de masividad de la represión llevando esta solamente a un debate sobre 4.500 victimas que son las catastradas en dicho informe, con esto, se logra acotar los ámbitos de la acción del proceso judicial, el cual, deberá remitirse a dirigir su acción a los autores materiales de los crímenes y no al alto mando militar y civil creadores intelectuales del plan de aniquilamiento. En el proceso de judicialización de los datos de este informe, las cifras son elocuentes, sobre la base de 1.464 desapariciones forzadas, solo se han abierto 480 causas de las cuales, solo 8 están terminadas, han sido identificados sólo 162 cadáveres y 96 se encuentran en proceso de identificación lo que indica, la falta de interés dado el tiempo transcurrido por parte de los gobiernos en el tema. La ley 10123 pretende reparar materialmente a las víctimas: madres, esposas, e hijos de los asesinados que da cuenta el informe, para este objeto, el Estado chileno ha gastado entre los años 1994 y 2006 la suma de M $102.200, suma que resulta irrisoria y confirma el desapego a la obligación que tiene el Estado con el derecho internacional.
Una segunda iniciativa enmarcada en este objetivo estratégico, fue la de promulgar una ley para reinsertar a los miles de exiliados que produjo la dictadura, la aplicación de esta norma esta plagada de escándalos de corrupción, baste decir, que el funcionario jefe de la oficina del retorno fue encarcelado por las masivas irregularidades. Dos informes de la Comisión Investigadora que la Cámara de Diputados constituyó para investigar estos sucesos son elocuentes, el informe compromete a altas autoridades políticas y administrativas en el manejo de estos recursos que países extranjeros entregaron a Chile. Hoy en el país, los que retornaron del exilio fueron condenados a ser parias económicos en virtud de esta ley y sus escándalos, lo cual obviamente transgrede las obligaciones que impone el derecho internacional sobre la materia, el revuelo nacional que tuvo este escándalo motivó a la periodista Maura Brescia a escribir el libro “Manos Limpias” reportaje que muestra la dimensión de esta vergüenza pública que según ella estima llegó a los 400 millones de dólares.
En 1993, fue promulgada la ley 19234, que pretende reparar los daños ocasionados por la pérdida de la fuente laboral debido a las ideas políticas del exonerado. En el país de acuerdo a cifras oficiales entre 1973 y 1990 perdieron su trabajo 330.000 personas aproximadamente por causas de responsabilidad del Estado. Dos hechos doblegaron la inconmovible negativa del gobierno de Aylwin para legislar sobre esta materia, el primero de ellos lo constituyó la condena de la Corte Suprema al Estado de Chile por la exoneración ilegal de 3.200 personas y el segundo de estos hechos, fue una huelga de hambre indefinida que duro sesenta días y que movilizó a todo el país, estas razones decidieron el envió del proyecto de ley al parlamento. El acuerdo entre exonerados politicos y gobierno puntualiza que el horizonte total de personas afectadas por exoneración fue de 56.000 en los 17 años de dictadura.
Lo increíblemente paradójico de esta ley de reparación, es que los beneficios reparatorios son financiados en parte por la propia victima con su patrimonio previsional, esta situación califica a esta ley al menos como una mala norma, en catorce años de aplicación a mostrado su ineficiencia y su absoluto desapego a la formativa internacional, el 52% de los calificados tiene derecho a pensión, y estas en un 92% son mínimas. El Ministerio del Trabajo, a través del INP ha aplicado esta ley en forma arbitraria e ilegal distorsionando su rol reparador, han desacatado resoluciones de la Contraloría General de la Republica que trata de volver al objetivo de la ley, constitucionalmente, se viola el principio de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, no se aplican fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre imprescriptibilidad, sobre actualización económica etcétera, etcétera.
Igual que lo ocurrido con la ley del retorno antes analizada, esta ley de exoneración política ha sido objeto de una escandalosa instrumentalizacion, el intervencionismo electoral ha generado la calificación ilegal de 100.000 personas que contravienen totalmente el perfil que la propia ley define para ser calificado, esta irregularidad es producida por la facultad discrecional que la norma entrega al Presidente de la Republica, el cual, por esta razón es responsable de abuso y arbitrariedad lo cual ha permitido calificar un conjunto de personas tres veces superior al establecido por acuerdo en 1992. este abuso ha permitido movilizar a mas de 250.000 personas las cuales, exigen ser calificadas y al mismo tiempo constituyen un mercado cautivo para fines electorales, parlamentarios en ejercicio han sido elegidos a través de este abusivo procedimiento. Extrañamente, esta ley ha sido modificada demagógicamente en periodos preelectorales con un claro propósito cual es usar el proyecto modificatorio en cada oportunidad como anzuelo. Esta ley y su aplicación, deben ser producto de una profunda investigación por parte de la Contraloría General de la Republica y la Cámara de Diputados para determinar las responsabilidades en la comisión de los delitos que se encuentran en sus procedimientos de aplicación, las arbitrariedades y también la ilegalidad con que se aplica.
Extemporáneamente, trece años después de iniciado el proceso de transición, lo que claramente demuestra la voluntad contraria a abordar el tema de la prisión política y la tortura ocurrida en Chile, el gobierno de Lagos en forma oportunista y demagógica ya que se acercaba un periodo electoral y además, a las reiteradas prisiones de instituciones internacionales, anuncia a través de una propuesta rimbombante el envío de este proyecto de ley que será conocida como ley Valech, la ley una vez promulgada forma parte del símbolo mas elocuente de lo que ha sido la estrategia de derechos humanos en 18 años. La ley transgrede absolutamente a todo el derecho internacional sobre la materia, es un aberrante tratado sobre como construir impunidad a partir de los testimonios de las víctimas de prisión política y tortura, construye la ficción de que las víctimas son reparadas pero en la realidad, esta reparación es tan miserable que se transforma en una humillación y en un vejamen al transformarla además en incompatible con otro tipo de reparaciones violando el derecho nacional e internacional al discriminar arbitrariamente con otras leyes sobre la materia. Ninguna norma jurídica ni mucho menos la norma internacional sobre derechos humanos a las que Chile se encuentra sujeto, ni tampoco tribunal internacional ni jurisprudencia internacional alguna ha establecido estas disposiciones o resuelto jamás que si una persona fue afectada en algunos de sus derechos y reparada por aquello pierda su derecho a una nueva reparación por que se demuestre que fue victima de otra forma de abuso. Por el contrario, las obligaciones internacionales de Chile en materia de reparación a victimas de tortura son categóricas en exigir del Estado responsable que ella sea real y plena.
Esta ley promulgada en forma tardía y cuya iniciativa no obedece al cumplimiento de deberes morales o de conciencia sino que, a mezquinos intereses que tienen que ver con las ansias de poder y la imagen falsa internacional que han construido a partir de mentiras, es un claro testimonio de lo que hemos querido probar en este ensayo; repugna, leer declaraciones de conspicuos funcionarios de gobierno sobre el tema de la tortura: Viera Gallo, en entrevista al Mercurio el 14.02.01 “Si se multiplicaran los procesos por torturas se produciría un atochamiento judicial imposible de sobrellevar porque los casos son miles abrir hoy día en Chile un debate judicial sobre la tortura es verdaderamente inconducente”.-
Ya a comienzos de esta década diversas autoridades de gobierno y lideres politicos se pronunciaron claramente en contra de la justicia en casos de tortura, el entonces Ministro del Interior José Miguel Insulza declaró al diario La Nación el 15.02.01: “Me preocupa que en este país todo el mundo se ponga a denunciar, por que creo que sería negativo… ¿Queremos ir a buscar a cinco o veinte mil autores, todo el que golpeo a alguien tiene que ser llevado a los Tribunales de Justicia?”. Tales declaraciones de emblemáticos líderes de la coalición gobernante y además Ministros de Estado, demuestran un claro compromiso con la impunidad y además un desprecio a las personas que sufrieron este tipo de barbarie. Es vergonzoso para el país, que sujetos de este perfil moral estén decidiendo el futuro de la sociedad.
La periodista Maria Olivia Monckeberg, en un libro que apareció el año pasado, investiga el tema de la educación superior, en este reportaje denuncia el vergonzoso uso que se ha dado al beneficio de educación superior que contiene esta ley llamada Valech por parte de las universidades privadas, entre las cuales se destaca la Universidad Uniacc cuyo consejo directivo esta conformado por ex miembros de gobiernos de la Concertación como: Mariana Aylwin, Daniel Farkas, Jorge Schaulsohn, sobre el mismo escándalo también reporteó la revista El Periodista en su edición del 14.09.07, naturalmente la atención del periodismo sobre estos hechos marcan la importancia de estos ilícitos.
Una última iniciativa legal de este escalabro que pretende resolver el tema de los derechos humanos y con el cual se ha engañado al país y al mundo es la llamada ley “PRAIS” cuyo objeto es dotar de un sistema de salud especial y gratuito a las personas afectadas por el trauma represivo en sus diferentes formas, acá como en lo anterior al sujeto beneficiario se le humilla, es vejado al someterlo a constantes discriminaciones y arbitrariedades al tratarlo cual indigente sometiéndolo a interminables trámites y esperas. El sistema creado esta permanentemente colapsado por falta de recursos y por la malversación que en muchos casos ha afectado su financiamiento.
Este oprobioso balance, marca desgraciadamente una constante en nuestra historia, no podemos olvidar que las tres Constituciones que nos han regido han sido producto de golpes de Estado, han sido dictadas por tiranos cuyo propósito estuvo relacionado con intereses subalternos y nunca los superiores del país y su pueblo, tal como la política acá analizada, el tema no es posicionar culturalmente los derechos esenciales de la persona ni construir una estructura jurídica para defenderlos, muy por el contrario, el objetivo ha sido servirse de ellos, utilizar este valor permanente desarrollado por el mundo civilizado indignificándolo con leyes abyectas, lo que constituye un signo preocupante de un proceso de lumpenización de la política.
Este divorcio entre la política oficial aquí analizada y la opinión que tiene el pueblo chileno de cómo debe ser tratado tan importante asunto, es recogido en el mes de Marzo último por una encuesta realizada por FLACSO Chile, organismo dependiente de la CEPAL-NU, en este estudio de opinión los encuestados demuestran una clara tendencia (44.9%), perciben a las instituciones armadas como responsables del proceso violatorio de derechos y una mayoría (44%), prefiere el camino de la justicia en materia de buscar responsabilidades, un 78%, piensa que la responsabilidad de estos hechos es de los altos mandos y un 92.5% le asigna al ejercito, la mayor cuota de responsabilidad en el abuso, al mismo tiempo, la opinión encuestada apoya los esfuerzos de reparación material y simbólica, el estudio abarca un horizonte de 809 casos de hombres y mujeres mayores de 18 años.
Las verdaderas y legitimas victimas del terrorismo de Estado que vivió nuestro país, necesitan ser tratados con respeto, fueron arrastrados a esta situación por un profundo compromiso con las ideas y con un proyecto de sociedad que lo único que pretendía era dignificar a la persona. Deben ser reivindicados, separándolos de la vorágine de oportunismo y corrupción que atraviesan las políticas del Estado sobre el tema, no hacerlo, es repetir el trauma, en esta ocasión, el que se produce al estar mezclado con actos indignantes como lo que hemos denunciado en este informe.
Los daños que estas personas sufrieron y que perduran hasta el día de hoy, dicen relación con lo más profundo del ser humano, el estudio clínico: “La Manifestación del Trauma en el Cuerpo”, de la egresada de psicología Muriel Celpa, es elocuente en cuantificar estos efectos, los cuales, hasta hoy día no son tratados en forma seria y científica.
Hace ya un tiempo, fue acuñada la consigna del “nunca jamás”, la cual se lanzó desligada absolutamente del contexto de lo que ha sido nuestra historia, en nuestra vida independiente como país, veintitrés veces se ha masacrado al pueblo, sin que hayamos ejercido los resguardos institucionales, jurídicos y culturales para que ello no vuelva a ocurrir, tal cual están las cosas… ¿Quien nos asegura que la historia no se repita?
RAUL CELPA L.
COMISION NACIONAL UNITARIA DE EXONERADOS Y EX PRESOS POLITICOS
