Galopa la represión por sospecha. Chile. “Caso Bombas”: Sólo humo y montajes

·El llamado “Caso bombas” tiene de todo menos  bombas. Salvo, probablemente, las bombas de humo de Piñera para cubrir los crímenes del capital  y castigar con impunidad el creciente malestar social que comienza a manifestarse en la lucha de los estudiantes, los mapuche, los medioambientalistas y los que viven de un salario.
 
Por Andrés Figueroa Cornejo
 
El sábado 14 de agosto, en un espectacular operativo policial, fueron allanadas casas particulares y “okupas” de Santiago, Valparaíso, Temuco y Concepción, y detenidas 14 personas por orden del Fiscal Alejandro Peña. Como ya se está volviendo costumbre, la maniobra contó con  contundente brutalidad uniformada sin resistencia alguna, pistolas en la boca de los imputados, destrucción de inmuebles, maltrato a mujeres embarazadas, indiscriminación a granel y tanta prensa obsecuente como fuera posible.
Sólo la prestigiosa Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, Codepu (organización no gubernamental de Derechos Humanos fundada durante la dictadura militar, en  noviembre de 1980. Fue la primera ONG  que se hizo parte en el proceso contra Augusto Pinochet en España, y en Chile en 1998, y una de las principales querellantes en el juicio contra el dictador), denunció que el  14 de agosto “a las 6:58 de la mañana, el domicilio de Viviana Uribe Tamblay, presidenta de nuestra organización, ubicada en Batuco, fue allanada violentamente por un grupo de funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros (GOPE), del Laboratorio de Criminalística, y personal de la Fiscalía, en el marco del llamado “Caso bombas”. El operativo policial duró 7 horas”. La ONG informó que  en el domicilio se encontraban en ese momento la hija de Viviana, Bárbara Vergara Uribe, hija de un ejecutado político, “con un embarazo de 8 meses, y trabajadora de la institución junto a su compañero Manuel Correa”.
 
El denominado “Caso Bombas” está ligado a una serie de explosiones de ruido ocurridas durante un tiempo no determinado por el Estado en instituciones bancarias y otras dependencias, sin resultado de muerte, sin heridos, sin damnificados, sin responsables probados.
 
RODOLFO RETAMALES, EL MALO DE LA PELÍCULA
 
Uno de los principales acusados en el caso, además de su trabajo remunerado, realizaba un programa  en la Radio Primero de Mayo de la legendaria población La Victoria.
 
Alejandra Bustamante es una de las voceras de la emisora popular, autogestionada y comunitaria que cuenta con 20 programas de servicio a la comunidad, y que vierte al aire producciones que recorren reivindicaciones indígenas, musicales, infantiles y culturales. Su objetivo es “informar sobre la verdad de lo que ocurre en Chile”.
 
La radio es legal, tiene 15 años de existencia y está acreditada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Alejandra cuenta  que “Desde principios de 2009, Rodolfo  tiene un programa  que se llama “Desde el Óvalo”, que toca temáticas carcelarias en el sentido de las visitas familiares, y la criminalización de los jóvenes y adolescentes. Rodolfo conducía el programa y nunca hizo llamados a  la violencia o cosa que se le parezca. Reporteaba las movilizaciones sociales que se dan en el centro de Santiago, a través de videos, aprovechando la plataforma de internet de la radio”.
 
Pero no  sólo Rodolfo ha sido víctimas de amenazas por parte de fuerzas especiales, sino que otros reporteros de la Primero de Mayo (102.9 FM). “Nuestro problema es que hemos normalizado el maltrato que recibimos con frecuencia”, explica Alejandra en el único locutorio de la emisora y agrega que “Rodolfo nos había informado muchas veces de policías civiles que lo seguían. Y en el allanamiento a su casa, lo principal que le requisaron fue sus filmaciones, sus fotografías, sus cintas. No materiales ligados a explosivos o bombas. Ahora los medios de comunicación tradicionales hablan de él y los demás detenidos como delincuentes. Igual como lo que ocurrió con la documentalista Elena Varela o Pascual Pichún”.
 
El miércoles 17 de agosto, otro comunicador popular de la radio, Roberto Henríquez, fue detenido también. “Él hace programas culturales, de cine y de música”, informa Alejandra, “A las 22:30 hrs.  lo encontramos en la Primera Comisaría de Carabineros. Estábamos con el abogado de derechos humanos, Rubén Jerez. Ahí nos enteramos que trataban de vincularlo a un asunto de explosivos. Lo acusaron de tener “un artefacto pirotécnico” (?). El 18 en la mañana lo formalizaron y lo dejaron en libertad. Fue agredido fuertemente por carabineros, pero no permitieron que se realizara la constatación de lesiones.”
 
 
LA DEFENSA: RODOLFO Y PABLO DEBEN SER ABSUELTOS
 
Alberto Espinoza  es el abogado defensor de Rodolfo Retamales y Pablo Morales, sindicados por el Ministerio Público, el gobierno y los medios de comunicación de los que mandan, como los principales responsables del llamado “Caso bombas”, y como “lideres” de una asociación ilícita “terrorista”.
 
-¿Cuáles son los fundamentos de la defensa?
 
“La defensa descansa sobre la más férrea y absoluta convicción de que ni Pablo ni Rodolfo tienen participación en una asociación ilícita, y menos de carácter terrorista. Y hasta el minuto, los antecedentes que se  han presentado resultan absolutamente inconsistentes a la hora de acreditar un delito de esa magnitud.”
 
El abogado Espinoza indica que hace 5 años que se vienen recogiendo pruebas contra sus protegidos, es decir, desde que Rodolfo Retamales puso un pie en la calle después de haber estado con Pablo Morales privados de libertad en la Cárcel de Alta Seguridad durante 12 años. Desde entonces se implementó contra ellos un procedimiento de vigilancia permanente de todos sus movimientos. Además, ellos estaban bajo control penitenciario y debían firmar una vez por semana en el Patronato de Reos.
 
“Pero estamos hablando de una vigilancia extrajudicial, me imagino, dentro de los marcos de políticas de Inteligencia y seguridad pública y ciudadana que, por lo demás, ellos  conocían perfectamente. Sabían que por su antigua afiliación al grupo Lautaro iban a ser objeto de seguimientos al margen de la ley. Es lo que ocurre con todos los presos políticos que salen en libertad”, señala Espinoza.
 
Llama poderosamente la atención que pese a estar bajo vigilancia permanente  hayan podido burlarla al punto de constituir una asociación ilícita después de 5 años.
 
-La gente corriente en Chile no sabe qué cosa es una ‘asociación ilícita’…
 
“Es un delito tipificado en el Código Penal y en la Ley Antiterrorista que se configura de una manera ficticia y abstracta. Nadie puede percibir físicamente una asociación ilícita. Es un delito intangible, a diferencia de un homicidio o un robo. En la asociación ilícita tiene que haber recursos, medios, infraestructura, un ánimo de asociarse para cometer actos ilícitos. Y en este caso, con fines terroristas. De modo que la construcción de la asociación ilícita, desde el punto de vista penal y probatorio, es bien dificultosa. La justicia tiene que acreditar la concurrencia de varias condiciones y de presupuestos que logren establecer esta estructura, este conjunto de redes, jerarquías, mandos, subordinados, dirección, etc. Y este no es el caso.”
 
CASAS ‘OKUPA’: CENTROS DE PODER
 
En medio del verdadero “tongo” político, policial y mediático en torno al caso han salido al ruedo las casas “okupa”, que son viviendas cedidas o simplemente habitadas en su abandono, casi siempre muy deterioradas, que usan jóvenes en Chile y el mundo para realizar actividades principalmente artísticas y alternativas a la cultura oficial o institucional. Allí funcionan desde bandas de rock, grupos teatrales, recreación para niños, buen cine gratuito, bibliotecas y manifestaciones que no encuentran lugar en las políticas culturales provenientes del Estado, normalmente  dirigidas a promover y ornamentar las “bondades” de los gobiernos de turno.
 
Sin embargo, el abogado Alberto Espinoza indica que “El Ministerio Público denomina a las casas “okupas” ‘centros de poder’. La expresión pretende referir que allí se van elaborando acciones o se planifican cosas ilícitas”. Por eso, la justicia muestra fotos de Rodolfo y Pablo saliendo de casas “okupas”. Pero esas casas representan a un sector de la juventud cuyas ideas no se condicen con el modo de vida capitalista.”
 
-¿En qué condiciones fueron detenidos Rodolfo y Pablo?
 
“De una manera bastante violenta. Nadie golpeó la casa ni preguntó por ellos previamente. Y eso que  tienen domicilios conocidos y ni siquiera viven en casas “okupas”, si eso fuera un agravante. Son viviendas  que financian con su trabajo. Ambos son arrendatarios. Pablo Morales vive con su pareja, y los dos trabajan remuneradamente. Pablo se desempeña en una empresa de publicidad, de lunes a viernes, con jornada normal y cuyo salario le permite vivir sin grandes sobresaltos. Rodolfo Retamales, por su parte, desarrolla trabajos audiovisuales, es un asalariado a honorarios, es decir paga impuestos. Y en algunos de sus videos aparecen imágenes de canales tradicionales, como Canal 7, ¡Y ese tipo de material empleó el Ministerio Público para formalizar  la investigación! Ahí yo pregunté entonces, si también se imputarían a los directores de Chilevisión o Canal 13. Eran extractos de reportajes por todos conocidos. Incluso en la audiencia de formalización, la Fiscalía usó contra los muchachos citas de autores clásicos muertos hace mucho tiempo. Y a Pablo Morales, por su parte, se le leyeron sus derechos con un carabinero que le tenía puesta una bota en la espalda. El allanamiento también fue brutal, y ese día se extendió a 17 casas, como en los mejores tiempos de la dictadura. Fue una operación muy bien planificada, coordinada y muy espectacular.”
 
Al respecto, Espinoza considera  que “están soplando vientos autoritarios muy fuertes en Chile. Hay nostálgicos de la dictadura.”
 
 
EL MONTAJE Y EL ORDEN DE LAS COSAS
 
 
-En algún momento se dijo que los imputados habrían sido indultados por Ricardo Lagos durante su mandato…
 
“Ello es totalmente falso. Yo creo que hay falta de rigurosidad del Ministerio del Interior y no se entiende la división de poderes. Aquí se observa que el Ministerio del Interior tiene un trato muy directo con el Fiscal Nacional. En este sentido, el Fiscal Alejandro Peña realiza todo un montaje, en el amplio sentido, como una puesta en escena para los medios de comunicación. Referirse a hechos respecto de los cuales estos dos jóvenes ya fueron condenados, demuestra una mala intención evidente. Es decir, se vuelve a criminalizarlos, ¡Y por lo mismo! Eso es antijurídico, toda vez que existe un principio elemental del Derecho Penal  que dice que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.”
 
Rodolfo y Pablo estuvieron en la cárcel en los primeros años de los gobiernos civiles por un delito que terminó con la muerte de tres funcionarios de la policía de Investigaciones, “donde ellos no participaron directamente. Ninguno de ellos empuñó un arma de fuego, ni es responsable directo de la muerte de esas personas. Ello está establecido en el proceso y la sentencia”, dice el abogado.
 
De los 14 detenidos originales del pasado 14 de agosto, ya 4 están en libertad, bajo una medida cautelar que no es prisión preventiva, con un control semanal de firmas. Los 10 restantes están en prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad. Ellos están imputados de ser miembros de una supuesta asociación ilícita terrorista. La acusación es que Rodolfo y Pablo serían los “jefes” de ella.
 
En este sentido, Espinoza es tajante cuando formula que “Con anterioridad, yo he defendido a personas acusadas en principio por delitos terroristas. Por ejemplo, las personas que fueron imputadas de participar en el atentado a Pinochet en 1986. Y finalmente esas personas no terminaron siendo acusadas de delitos terroristas. Y hay una distancia sideral entre las organizaciones a las que pertenecían esas personas y los casos de Rodolfo y Pablo, desde todo orden de cosas. Lo de Rodolfo y Pablo, desde la propia perspectiva del Ministerio Público, sería una especie de asociación ilícita a escala de sala cuna. Sin embargo, se les aplica la misma ley.”
 
-¿Y qué ocurre con los vínculos mencionados entre Rodolfo Retamales y la Intendencia de Santiago?
 
“El Ministerio Público en su intento de configurar la supuesta red de protección de mis defendidos, usa una llamada que se le hizo a Rodolfo Retamales desde un teléfono de la Intendencia por una funcionaria que había sido su pareja. La llamada duró 30 segundos y es una conversación absolutamente corriente. De ahí el show que involucra a la Intendencia.”
 
-¿En qué fase del proceso judicial se encuentra el caso?
 
“Estamos en el prólogo, en sus etapas preliminares. Hay 6 meses para investigar, todavía no estamos en la etapa del juicio. Están pendientes las apelaciones que nosotros entablemos. Y ellos deben ser absueltos y no llevados a juicio, en definitiva. Deben ser liberados y de ningún modo condenados.”
 
-Sorpresivamente el 18 de agosto, 4 días después de las detenciones, apareció una bomba junto a un cuartel de carabineros que habría sido desactivada por un robot…
 
“Hay que tener cuidado con las acciones provocativas. No me extrañaría que el hecho  fuera parte de un montaje policial. Los organismos de Inteligencia también operan con procedimientos muy oscuros. Me acuerdo que Felipe Harboe como miembro del Ejecutivo de la Concertación inventó un chascarro con unos sables de utilería que encontró en la Universidad de Santiago.”
 
Para el abogado Alberto Espinoza la situación, en su conjunto, es preocupante y sobrepasa el marco de la investigación enfocada en un grupo de personas en particular. El defensor de los derechos humanos estima que hoy los que se están viendo amenazados por esta investigación son los derechos de los ciudadanos en general.
 
“Esta es la mano dura que anunció Piñera y que están sintiendo los mapuche, los escolares, los deudores habitacionales. En fin, todo aquel que quiera ejercer su derecho a expresarse. Esto es claro, quienes gobiernan Chile estuvieron vinculados a la dictadura militar y son amigos de la dinámica del terror. Cualquier manifestación de descontento social ahora se vuelve terrorismo. Y lamentablemente, la Concertación pavimentó el camino para llegar a este punto. La idea del gobierno actual es hacer abortar inmediatamente cualquier germen de movilización social. Y yo aquí noto una alarmante ausencia del Partido Comunista en orden a pronunciarse sobre estas materias. Y hay personajes de la Concertación que avalan la actuación del Fiscal Alejandro Peña, como Patricio Rosende y Felipe Harboe. ¿Cómo se engendran esas posiciones en gente que se define democrática?”, se pregunta Espinoza mientras mira su reloj urgente.  
 
 

El proceso de paz en Colombia

Juan Diego García,  ARGENPRESS.info

Las recientes declaraciones de gobierno y guerrilla favorables a un proceso de negociación del conflicto armado han propiciado reacciones muy diversas que van del entusiasmo más desbordante al pesimismo más agudo. Sin embargo no existen aún elementos de juicio suficientes que permitan aventurar qué tan sólidas son esta vez las perspectivas de la paz, ya que no es la primera vez que se intenta resolver políticamente la confrontación armada con resultados decepcionantes. Aún así, ciertas consideraciones permiten ahora abrigar un prudente optimismo.

Para comenzar, una apuesta por la negociación se justificaría precisamente por el fracaso de la solución militar. La guerrilla luego de un repliegue táctico condiderable, en armonía con la dimensión de la ofensiva en su contra, mantiene en lo fundamental su capacidad de combate, controla hasta un tercio del territorio nacional y tiene un protagonismo político indudable que excede las mismas fronteras del país. De poco han servido los ingentes esfuerzos de un ejército oficial que ronda el medio millón de soldados y cuenta con la más moderna tecnología proporcionada por estadounidenses e israelíes. Tampoco ha sido un acierto involucrar en la guerra a la población civil ni la estrategia de tierra arrasada, desplazamientos masivos de población (para “quitarle el agua al pez”) o la guerra sucia que negada inútilmente por las autoridades ha terminado por deteriorar la imagen del gobierno ante propios y extraños. La solución militar priorizada hasta hoy, llámese seguridad democrática, plan Colombia o plan patriota, supone un enorme despilfarro de recursos con resultados muy modestos pues arrojan un balance negativo: ni se aniquila a la insurgencia, ni se la debilita para conseguir su rendición.

Una consecuencia nada desdeñable de la opción militar por parte del gobierno es el agotamiento o la drástica reducción de los recursos económicos disponibles. De hecho, el país apenas tiene margen para conseguir nuevos fondos para el mantenimiento o la ampliación de las operaciones contrainsurgentes. Aumentar los impuestos provocaría un mayor descontento de las capas medias y obreras (que son en realidad quienes soportan el grueso de la carga impositiva) no menos que el malestar de los sectores dominantes que apoyan al gobierno. Afectar a las multinacionales (que apenas pagan impuestos) no parece un riesgo que Juan Manuel Santos esté dispuesto a asumir. Incierto es igualmente un incremento significativo del compromiso estadounidense con Bogotá. Si la guerra ha vaciado los fondos del Estado y se ha convertido en una carga insostenible para la comunidad, si la guerra es un mal negocio que compromete o imposibilita inversiones impostergables o la financiación de programas sociales urgentes, la conclusión no puede ser sino una: la solución militar no es financiable.

En favor de una solución negociada juega igualmente el interés de varios gobiernos de la región que siempre han dado un tratamiento muy prudente a la cuestión de la insurgencia de tal manera que mantienen la posibilidad de jugar un rol de puente entre gobierno y guerrilla. Prácticamente ninguno de ellos califica a las FARC de “terroristas” o “narcotraficantes” que es otra manera de reconocerle implícitamente la condición de parte beligerante (aunque no se efectúe de manera oficial). No en otro sentido podrían interpretarse los llamados de Chávez, Lula o Correa tanto al gobierno como a la insurgencia para que se decidan por la salida negociada del conflicto. Los procesos de integración regional tienen esta vez unos alcances muy prometedores y en este caso concreto para la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR. En juego está una integración que no solo es económica sino política y hasta de seguridad regional y para la cual la solución de la guerra colombiana supondría un elemento de estabilidad muy importante y contribuiría sin ninguna duda a dificultar la expansión militar de los Estados Unidos en la zona, justificada precisamente por la necesidad de combatir a la insurgencia. La estabilidad traería el desarrollo fluído del comercio, el impulso en la construcción de infraestructuras regionales y la profundización de la coordinación política, todas ellas condiciones para que la región alcance un papel destacado y propio en el convulso panorama internacional. Para Colombia el fin del conflicto significaría la normalización y ampliación del intercambio comercial con Venezuela y Ecuador y es sobremanera importante para la construcción de infraestructuras que den salida a Brasil y a Venezuela al océano Pacífico habida cuenta del creciente rol de las economías asiáticas.

Una solución del conflicto permitiría igualmente ocuparse del desafío de la delincuencia común cuyo impacto en la vida cotidiana de la ciudadanía es infinitamente mayor que cualquier otro. En particular las prácticas de “guerra sucia” han minado hasta límites extremos la moral de las fuerzas armadas y de policía, los servicios secretos y las instituciones del Estado. Además, la innegable tolerancia de las elites y del Estado mismo con el narcotráfico, la corrupción pública y privada y el contrabando han deteriorado la moral ciudadana fomentando la perniciosa práctica del “todo vale” que envenena todo el tejido social. Sin combatir a fondo la delincuencia común, la corrupción administrativa (que durante el gobierno de Uribe alcazó cotas inimaginables), las bandas del narcotráfico y del paramilitarismo, se hace imposible una convivencia civilizada y la paz se vuelve papel mojado. El proceso de paz liberaría ingentes recursos y permitiría el combate a fondo contra la delincuencia común.

El fin de la guerra abriría posibilidades para establecer un tipo nuevo de relaciones con los Estados Unidos. Unas relaciones diferentes que disipen el natural recelo de los países vecinos y den por finalizado el rol que Washington ha asignado al país en su estrategia continental convirtiendo a Colombia en una especie de gran base militar al servicio de sus intereses geoestratégicos. Ya no sería de recibo la desprestigiada excusa de “combatir el terrorismo y el narcotráfico” para justificar la presencia en suelo colombiano de militares estadounidenses dotados con equipos de guerra altamente sofisticados, inútiles para combatir guerrillas pero muy adecuados para guerras convencionales contra todo aquel gobierno que se califique como “antinorteamericano”. Solucionado su conflicto interno y sin diferendos substanciales con sus vecinos Colombia podría con mayor facilidad deshacer los compromisos militares que le atan al carro de guerra de Washington y le aislan peligrosamente de su espacio geoestratégico natural. No llevar al Congreso para su aprobación el tratado sobre las siete bases militares y acogerse sencillamente al concepto de la Corte Constitucional que ha declarado nulo el compromiso de Uribe con el Pentágono sería una decisión muy sensata de Juan Manuel Santos.

Apenas caben dudas sobre las ventajas de la solución negociada del conflicto, en franco contraste con los costes y riesgos infinitos que somete al país la actual estrategia de guerra a muerte contra los insurgentes. La destrucción física, el despilfarro de recursos, el deterioro moral y la degradación de la vida cotidiana de una ciudadanía que termina inmunizándose ante la muerte y la crueldad tendrían que ser argumentos suficientes para buscar alternativas a la salida militar. Desde la misma perspectiva habría que considerar la debilidad y el desprestigio de la instituciones y la esterilidad de un Estado cuya presencia se limita cada día más al simple papel de gendarme, de agente de una violencia ciega que beneficia a minorías locales y a intereses extranjeros dedicados al sucio negocio de la guerra y al expolio de gentes y recursos.

Pero, una guerra que afecta de lleno a las mayorías de la población favorece al mismo tiempo intereses minoritarios muy poderosos que ejercitan la violencia para apoderarse de las tierras de los campesinos y de las comunidades indígenas y negras. Son los mismos que destruyen sindicatos y están detras del asesinato sistemático de sus dirigentes, un genocidio que complementa la política laboral salvaje que anula los derechos de los asalariados y facilita formas inhumanas de explotación. Exterminar opositores, acallar la protesta social, perseguir periodistas, silenciar las denuncias sobre violación de derechos humanos, desaparecer y ejecutar a reales o supuestos colaboradores de la guerrilla, todas estas son prácticas que siempre benefician a los mismos: viejos y nuevos terratenientes, grandes empresas nacionales y multinacionales, traficantes de armamento, suministradores de mercenarios y asesinos a sueldo y los sempiternos representantes de las estratos sociales que han alimentado tradicionalmente el fascismo en todas sus formas (pequeños y medianos comerciantes e industriales, una parte del funcionariado, matones y delincuentes y los sectores atrasados políticamente que se utilizan como contingente electoral de la derecha). O sea, en pocas palabras, la clase dominante criolla y sus grupos adheridos que harán lo posible y lo imposible para descarrilar el proceso de paz.

Y, sin la menor duda, de la guerra se benefician los Estados Unidos y sus aliados europeos; los primeros con intereses geoestratégicos evidentes y ambos como grandes inversores en el país.

Para que esta vez el proceso de paz no esté de entrada condenado al fracaso tendría que proponerse un mínimo de objetivos que lo garanticen. El Estado puede esperar por supuesto que en un proceso razonable de tiempo los alzados en armas las depongan y actúen en adelante tan solo dentro de la ley. Al propio tiempo, la insurgencia tendría que recibir garantías suficientes para su paso seguro a la vida civil y a la defensa de sus postulados por vías políticas. La experiencia de la Unión Patriótica (partido legal de la guerrilla en un anterior proceso de paz que se frustró) físicamente exterminada, supone un precedente sumamente negativo que solo el gobierno puede impedir. Para ello es fundamental el combate a fondo del paramilitarismo (que no ha desaparecido en absoluto) y una limpieza radical de las fuerzas armadas y de policía (y principalmente, del DAS, el servicio de espionaje involucrado en todo tipo de conductas criminales).

La insurgencia tendría que dar a la negociación sus reales perspectivas sin esperar que de la misma salgan de forma inmediata todas las reformas a las que aspira; el gobierno a su vez (en realidad la clase dominante del país) tiene que estar dispuesto a hacer concesiones y renunciar a la estrategia de dilatar las conversaciones de paz al infinito para ganar tiempo, elevar su capacidad militar y buscar entonces la aniquilación de los insurrectos (que fué exactamente lo que hizo el gobierno de Pastrana en las conversaciones de El Caguán).

La devolución de las tierras robadas a los campesinos sería una segunda condición a satisfacer aunque resulta obvio que ésta como otras medidas requieren procesos más o menos complejos y largos. En la misma dirección iría la revisión a fondo de las actuales relaciones laborales y el fin de la política de persecución sindical (un 4% de afiliación dice bastante sobre el impacto de la ofensiva patronal y gubernamental contra el movimiento obrero). Detener las operaciones militares por ambas partes, poner fin a toda forma de guerra sucia, devolver las tierras al campesinado y restituir los derechos a los asalariados serían pasos adecuados para dar bases sólidas a un proceso que culmine con la paz.

Pero probablemente el obstáculo mayor para la paz viene del norte, de los Estados Unidos y sus aliados europeos. Habría que “nacionalizar” el conflicto; realizar un ejercicio de recuperación de soberanía con el concurso decisivo de los demás países de Latinoamérica y el Caribe. Las fuerzas oscuras ya han hablado. La bomba reciente en Bogotá es un claro mensaje y un precedente que puede convertir los mensajes de paz en una nueva ocasión perdida si el gobierno no actúa con rotundidad. El llamado de “Colombianas y Colombianos por la Paz” tendría que recibir el apoyo entusiasta de todas las gentes democráticas del mundo. El valor cívico de quienes allí arriesgan a diario su vida merece no solo reconocimiento sino acciones concretas de solidaridad.

Chile. Servipag: Despidos injustificados y sin indemnización

Además la empresa se queda con  dinero de los clientes
 

Por Andrés Figueroa Cornejo
 
Servipag es una empresa  en el mercado de las transacciones, pagos y recaudaciones que fue creada en 1990 por dos de los bancos que más rentan en país, BCI y Banco de Chile,  que, junto al Banco Santander controlan casi el 70 % del mercado nativo. Es  una compañía  orientada al apoyo del giro bancario nacional. Su objetivo específico en la industria del crédito, la deuda y la especulación, es el pago de cuentas, giros de dinero y otro tipo de transacciones financieras por medio de una extensa red de sucursales destinada a clientes de estratos medios y bajos.

 

Pero no todo marcha bien en Servipag. A través de dos ocupaciones en sus sucursales del centro de Santiago, los trabajadores sindicalizados de esa empresa  y la Confederación Bancaria, protestaron por 25 despidos de cajeros realizados por la empresa sólo la semana pasada.
 
El dirigente nacional de los empleados bancarios, Rubén González, informó que la manifestación se debe a que los trabajadores fueron arrojados a la cesantía “por las pérdidas normales que han tenido de caja. Lo que ocurre es que un cajero pierde 15 o 20 mil pesos (29 dólares) y, simplemente, no les pagan la indemnización, que en algunos casos, corresponde a 3 o 4 millones de pesos (casi 8 mil dólares).”
 
 Los trabajadores han interpuesto en los tribunales una demanda contra la empresa por apropiación indebida. Los cajeros de Sevipag obtienen por su trabajo  180 mil pesos mensuales (357 dólares, uno de los salarios más bajos del sector) y laboran de lunes a sábado, y en los grandes centros comerciales hasta los domingos y festivos. Habitualmente se desempeñan en habitáculos de un metro cuadrado, con restricciones estrictas para acudir al baño y permanentemente supervigilados.
 
Uno de los empleados despedidos, José Castillo, indicó que llevaba tres años trabajando y fue echado sin indemnización, sin sueldo “y con una cláusula que no me permite encontrar trabajo, y todo por una pérdida de caja de 5 mil pesos (menos de 10 dólares) que fue descontada de mi planilla de salarios. La cláusula dice con elegancia, que soy un ladrón. Pero los ladrones son ellos (la empresa) porque cuando a los cajeros nos sobra plata -100 y hasta 500 mil pesos (100 dólares)- no se declara en la planilla ¿Qué pasa con ese dinero que es de los clientes, del público?”
 
Los trabajadores anunciaron que continuarán movilizándose contra sus derechos violentados.

ANA: Paraguay, intentan golpe institucional

Asunción, 20 / 8 / 2010 ( Agencia de Noticias Aratiri - A.N.A. ) En Paraguay, Luis Bareiro Spaini, ( Ministro de Defensa Nacional,) denunció en un comunicado oficial, fechado el 18 de agosto de 2010, que fuerzas extraregionales intentan destituir al presidente Fernando Lugo.  Hace unos días, Atilio Borón, después de un lúcido diagnóstico que no podemos menos que compartir suponía que el campo popular en Paraguay, tenía la certeza que “pese a su desilusión con las vacilaciones y titubeos del presidente, lo que le sucedería es muchísimo peor.”( Página/12, 16/8/2010 )

En A.N.A., acordamos y coincidimos con la gravedad de la denuncia de Borón y la posterior del Ministro Spaini, y más aún promovemos la denuncia del intento golpista, la denuncia de la injerencia de EE.UU. y la defensa de la institucionalidad democrática.

 Aunque no compartimos la lógica del mal menor.

Porque , en A.N.A., consideramos que las mismas causas del intento golpista, nos habilitan para que sigamos denunciando el aparato represivo instalado según modelo del Plan Colombia, con asesores del narco estado colombiano y soporte de EE.UU.  No estamos solos en esto. 

El diputado Luis Neuman, de Horqueta dijo que, “yo se que hay personas totalmente inocentes que están siendo imputadas ( Ultima Hora, 20/6/2010 ) Orlando Castillo, referente del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) /Paraguay denunció que Lugo reinstaura “la cultura militarista,” la “tortura a campesinos” y además a conseguido “desmovilizar a la sociedad” ( Abc Color, 29/6/2010. ) “El presidente ( Fernando Lugo ) debe evaluar seriamente el trabajo de Rafael Fillizola y de los asesores colombianos en el tema de seguridad” dijo Hugo Ritcher, secretario General de Convergencia Popular Socialista. Más recientemente, la CODEHUPY ( Coordinadora por los DDHH de Paraguay ) señaló que Paraguay registra en los últimos años una tendencia creciente de detenciones ilegales, apremios físicos, allanamientos ilegales de moradas, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de agentes estatales. Denuncian el agravamiento de esta situación durante la persecución estatal al Ejército del Pueblo Paraguayo ( E.P.P.), en especial en las circunstancias de que rodearon, lo que llaman, “fallecimiento” de Severiano Martínez.” CODEHUPY lamenta profundamente la presentación de ésta muerte como un objetivo largamente esperado por el gobierno, tal como lo señalara el Presidente Fernando Lugo en conferencia de prensa. ( http://www.codehupy.org 3 / 8 / 2010  )

El mismo Ministro Spaini comparte con nosotros que el intento golpista y la militarización tiene los mismos agentes políticos detrás. El sociólogo Tomás Palau, manifestó que el actual Ministro de Defensa dijo que el Ministerio del Interior estaba lleno de Colombianos ( Gara, 28/6/2010. )

 

En A.N.A. sostenemos que este diseño político lleva la abierta actuación de los agentes del complejo militar industrial de EEUU y sus agentes del Comando Sur en los recientes operativos en contrainsurgencia, como por ejemplo el reciente operativo militar Oñondivepa. ( posterior a las detenciones y violencia policial militar que sufrió el campesinado durante el estado de sitio. )

 

Consideramos, que la creciente intensidad de la lucha de clases de las últimas semanas, dada la masiva avanzada del pueblo campesino para recuperar las tierras usurpadas por la propiedad latifundiaria, obligó al presidente Lugo a reunirse de urgencia con el núcleo fuerte del stronismo sin Stroessner para que dieran resolución legislativa a la reforma agraria. (Abc Color, 17/8/2010)

Hemos visto que los parlamentarios stronistas sin Stroessner“ y  narcofascistas” le respondieron con un juicio político al Ministro Spaini, quien tiempo atrás se transformara en objetivo permanente de la oposición reaccionaria, luego que este denunciara las reuniones conspirativas contra el presidente en la Embajada de EE.UU y encabezadas por el vicepresidente paraguayo Federico Franco.

Esta denuncia del Ministro de Defensa Nacional muestra claramente que a la embajada de EE.UU. en Paraguay, ya no le basta con las políticas del gobierno de Lugo para continuar con el modelo de estado cuartel ( según definiera Ana Esther Ceceña al Paraguay de la época del terrorismo de estado colorado. )

 

Se acabó el tiempo, las políticas imperialistas de EE.UU. tienen previsto el modelo hondureño para Paraguay.

Ayer el depuesto presidente de Honduras Mel Zelaya, denunció en Argentina que “a la semana de asumir recibí la visita del embajador de los Estados Unidos. Me dejó un sobre para que lo abriera en mi casa después del almuerzo. Era la lista de las personas que debían integrar mi gabinete. ¡Tres nombres por ministerio!” ( Página/12, 20 / 8 /2010 )

En A.N.A., lejos de observar con indiferencia las denuncias generalizadas del intento golpista, difundimos el comunicado oficial del Ministerio de Defensa Nacional, esperando que pronto el presidente Lugo nos diga si recibió alguna carta de ese tipo. Hablamos de las sugerencias de EEUU que en general reciben los presidentes cuando asumen en los países considerados por EEUU “el patio trasero.” Sabemos que uno de los nombres es el del ministro Rafael Fillizola, el canciller Lacognata es otro ( según se lee en la nota citada de Atilio Borón. )

 

Con urgencia y preocupación nos sumamos a los pronunciamientos de organizaciones sociales y políticas contra el intento golpista de ciertos grupos opositores al gobierno.  La defensa de la democracia y la libertad de los presos políticos son objetivos populares. Al igual que la lucha contra la militarización de la sociedad, en especial por medidas que pongan fin a la impunidad de los asesinos de los dirigentes campesinos asesinados los últimos años, y por medidas que desmonten el aparato fiscal policial represor según modelo de plan Colombia. Crece la indignación por los violentos desalojos de los asentamientos campesinos, por eso se exige la remoción de los ministros Fillizola y Lacognata, la expulsión inmediata de la embajadora Ayalde y los asesores del narco estado colombiano y de EE.UU.

 

Reiteramos el correo de la Embajada de EEUU en Asunción para expresar el repudio: [e-mail]

 

Redacción Aratiri

 

A continuación difundimos el Comunicado de Prensa del Ministerio del Interior:

 

 

Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811 – 2011”

Ministerio de Defensa Nacional

 

 

COMUNICADO DE PRENSA

A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

El juicio político al ministro de Defensa apunta al Presidente Fernando Lugo

El Ministerio de Defensa Nacional expresa y manifiesta ante la opinión pública nacional e internacional que, por informaciones fidedignas provenientes de los mismos círculos implicados, en el montaje operativo psico-político de ciertos sectores de la oposición, la pretensión del juicio político al ministro Bareiro Spaini, es sólo el anticipo y primer paso del real objetivo estratégico final: el juicio político al Presidente la República y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, Fernando Lugo Méndez, intento reiterativo y sistemático frustrado ya en varias ocasiones. Ahora, esta intención y propósito son reflotados con el malicioso argumento que el progresivo deterioro de la salud del Presidente Lugo le impedirán continuar sus funciones en un plazo relativamente breve, lo cual implica una alternativa de contingencia.

En tal sentido, algunos integrantes de esa oposición ya especulaban con la posibilidad de la sucesión presidencial durante la semana en que el Presidente Lugo recibía tratamiento médico en San Paulo, Brasil, con el pretexto que su enfermedad le impedirá gobernar. Esto, aún cuando el señor Presidente manifestó su total predisposición para la continuidad institucional establecida en la agenda gubernamental.

Estos mismos dirigentes opositores fueron quienes promovieron el rechazo de la adhesión de Paraguay a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), cuyo brazo ejecutivo es el Consejo de Defensa Suramericano, representado por el ministro de Defensa de cada país, entre ellos el ministro Bareiro Spaini por Paraguay. Esto demuestra que el objetivo de sectores de la oposición no es sólo buscar la destitución del ministro Bareiro Spaini, sino aislar al Paraguay del contexto de naciones suramericanas, obedeciendo instrucciones de poderes hegemónicos extrarregionales.

El Ministerio de Defensa Nacional advierte y alerta a las fuerzas políticas y sociales aliadas al gobierno a no dejarse engañar, manipular ni instrumentar por sectores de la oposición, que con el pretexto de destituir y reemplazar al ministro de Defensa, en realidad pretenden modificar la presente institucionalidad, constitucionalmente legítima, de la conducción política nacional en obediencia a intereses ajenos y contrarios a los del Paraguay.

Asunción, 19 de agosto de 2010

 

Departamento de Comunicación Social

La recuperación de la economía chilena.

por Patricio Guzmán 

De acuerdo con la información de las autoridades económicas¹, ampliamente difundida y comentada, durante el segundo trimestre del 2010, en Chile el producto interno bruto (PIB) se expandió 6,5% respecto de igual período del año anterior.

El Banco Central informó que la demanda interna se expandió 19,4%, impulsada por el consumo y la inversión. El aumento del consumo reflejó principalmente el mayor gasto en bienes durables. En cuanto a la inversión, destacó la referida a maquinaria y equipos y la acumulación de existencias. 

Antes de hacer cuentas demasiado alegres hay que recordar que el PIB chileno para el año 2009 disminuyó 1,5%, y que además estamos que el punto de comparación es el trimestre de mayor impacto de la recesión global en el PIB de Chile  (-4.5%),  y de la caída de la demanda interna (-9.9%).  El consumo en el II trimestre de 2009 había caído 0.5%, (a pesar de un aumento del consumo del gobierno de 7.8%), y en cuanto a la inversión, la formación bruta de capital fijo en ese periodo de 2009 fue de -19.4%. Además si bien por un lado se puede hacer la lectura que se están superando los efectos del terremoto de febrero, por otro no es menos cierto que un alto porcentaje del incremento de la inversión, no es creación de nueva riqueza, si no simplemente recuperación de lo dañado o destruido, o recuperación de stocks.

Por otro lado la expansión del consumo, hay que relativizarla con el sostenido sobre endeudamiento que presentan cuatro quintiles de la población. Lo que pone en dudas la capacidad de expansión del consumo, e incluso su sostenibilidad en el medio plazo. 

Aún así, es indudable que respecto a la situación recesiva en el año anterior, la disminución del desempleo, (que de acuerdo con la metodología del INE hay que economía chilena ha experimentado una mejora importante. También hay que anotar la recordarlo), llegó al 8.5%, en el trimestre abril – junio de 2010. Esto es una tasa alta, pero respecto al 10,7% en el mismo periodo de 2009, en plena recesión, hay una disminución clara, que nos lleva de vuelta a tasas de desocupación similares a las del mismo periodo en 2008, que era de 8,4%. En cualquier caso Chile tiene tasas de desempleo altas, que no han aflojado no siquiera en épocas de mayor crecimiento, lo que indica que tenemos un alto desempleo estructural.  

Debido a la gran dependencia de Chile de la situación económica internacional, especialmente por el carácter exportador de recursos naturales de su comercio al exterior, principalmente cobre y otros minerales, las crisis globales y sus recuperaciones han tenido un fuerte impacto. Tanto la crisis asiática como la última recesión global provocaron crecimientos negativos del producto. 

El periodo de la década de los noventa constituye el mayor auge de crecimiento en la historia del país excepto en la crisis asiática, cuyo impacto en 1999, provocó una caída del PIB de -0,7%. Sin embargo, además en la década que siguió a la crisis asiática, hubo una caída significativa de la tasa de crecimiento promedio que en los años 1990 – 1999 había sido 6,4%, un 4.2% (un 3.7% si se considera el año 2009). Es importante considerar que en esos años no hay caídas sistemáticas de la inversión extranjera, las exportaciones (salvo en 2009) se mantuvieron bastante estables, e incluso hubo un alza impresionante del precio del cobre, por lo que la caída tendencial del incremento del PIB hay que achacársela a causas endógenas; la excesiva concentración oligopólica; las sobre ganancias de la banca; la persistente desigualdad de la distribución de la riqueza, la baja productividad; la incorporación de la mujer al mundo laboral reducida respecto a otros países del continente, un mercado por tanto limitado tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda, y cada vez más alejado de los llamados ‘mercados competitivos’² defendidos por los ideólogos economistas neo liberales.. Todo lo cual indica que el modelo de acumulación del capitalismo chileno estaba llegando a sus limites antes del golpe recesivo de la crisis global.

“Hay condiciones económicas internas por las que se llega a esto. Hay algunos otros datos que lo confirman. Por ejemplo, la inversión extranjera no cae mucho. Ver inversión extranjera acumulada: sigue estando en el orden de los 30 mil millones de dólares. El acumulado de la deuda externa como porcentaje del PIB: en la última década hay  un nivel de endeudamiento que es sólo la mitad de lo que era en el tiempo de la dictadura. Medido con las exportaciones: con un año y medio de exportaciones, Chile puede pagar toda su deuda externa. Antes se requerían cuatro años. No hay asfixia por endeudamiento. La ralentización o el estancamiento es, pues, una cuestión endógena.”³ 
 

Una recuperación con señales preocupantes.

Estamos, pues viviendo una recuperación, pero con muchas señales de fragilidad, algunas provienen del capitalismo global en el que la economía chilena està plenamente inmerso, y otras debidas al agotamiento interno.

Los datos de las estadísticas oficiales de ingresos y gasto señalan que “a excepción del quintil más rico, el resto de los quintiles gastan mas de lo que perciben como ingresos”. Una parte de este gasto excesivo, puede saldarse liquidando activos. Pero si es persistente, los deudores deben llegar a alguna forma de “renegociación”, es decir, endeudarse para pagar deudas. Hasta un punto en que pasan a ser demasiado riesgosos y dejan de ser sujetos de crédito, incluso para el retail que cobra mayores intereses que la banca. 
 

Las perspectivas económicas internacional continúan sombrías.

A este mercado de consumo con un dinamismo ampliamente basado en el recurso al crédito, pero con un extendido sobreendeudamiento, lo que coloca la demanda de las familias  frente al riesgo de un colapso de su capacidad de endeudamiento, hay que agregar posibles nuevos shocks exógenos; la posibilidad de una nueva recesión en los Estados Unidos, La reemergencia de la crisis de la deuda en Europa, transmutada en crisis financiera; la posibilidad que China, hoy el principal destino de las exportaciones de Chile,  no consiga continuar la desaceleración controlada de su economía recalentada con ‘burbujas’ inmobiliarias y de deuda; los efectos recesivos de las políticas de austeridad en Europa, pero también en menor medida en Estados Unidos, con sus efectos recesivos, y de aumento del desempleo. 

En las últimas semanas las bolsas han dado nuevas muestras de su volatilidad, mostrando la fragilidad de la recuperación. Bajo el título  “Un camino lleno de baches hacia adelante para las acciones”. El equipo de análisis económico global de Roubini, ha entregado su previsión para los títulos de la bolsa norteamericana del índice S & P 500, allí indica que “…basamos nuestro análisis en nuestra evaluación de las condiciones macroeconómicas para corporaciones de EE.UU.. Los factores de carácter transitorio, a la recuperación se están desvaneciendo y es probable que revelan una economía mucho más lento”⁴. 

La economía chilena no escapará a los efectos de la crisis económica global, que a afectado especialmente a los países capitalistas más desarrollados, y que cuatro años de sus primeras expresiones, aún sigue su curso, el crecimiento global lento, en el mejor de los casos, viene a sumarse a los problemas encógenos que ya arrastraba la economía del país.

Chile: Mineros de Copiapó: Que nadie se preste a engaño

Por Andrés Figueroa Cornejo
 
Que nadie se preste a engaño. La noticia feliz de la sobrevivencia de los mineros en el yacimiento San José se debe a la pericia, tradición, experiencia  y fortaleza de los propios trabajadores. Que esas propiedades de vidas completas dedicadas a la explotación minera –incluso desde la infancia- sean hoy capitalizadas políticamente por Piñera es otro asunto. Es cierto, subirán los bonos del mandatario y hasta los dueños de la mina procurarán salvar ilesos de las feroces irresponsabilidades que crearon las condiciones del trágico accidente.
Pero no hay que perder la brújula, incluso en medio del más extraordinario despliegue mediático que procura poner al gobierno y sus personeros como protagonistas de una gesta propia de los mineros.
La repetición enfermiza de las imágenes televisivas y el mensaje de los mineros mostrado por el multimillonario que está sentado en La Moneda, no pueden nunca provocar la desmemoria del conjunto de antecedentes que objetivamente prueban las pésimas condiciones de la mina y la minería en Chile, la menos que pobre fiscalización de los organismos estatales responsables de la supervisión de esos centros laborales, y el abandono y expoliación de un sector de trabajadores que han enriquecido durante siglos a una clase minúscula.
Piñera no cabe de gozo porque se jugaba porcentajes de popularidad en las encuestas.
Nosotros, los de abajo, estamos felices porque asalariados de una de las más terribles industrias del país están con vida.
Y nada de lo que ocurra terminará con lo realmente determinante: que el actual Ejecutivo representa pura y duramente los intereses de la minoría que manda y no de las grandes mayorías, la ampliación de la pobreza y las desigualdades sociales, y que la injusticia se funda sobre la apropiación privada y bajo cualquier condición de la producción social de la riqueza.
Estamos profundamente felices por nuestros hermanos mineros. Aunque, contradictoriamente, esa misma dicha nuestra sea convertida por la propaganda multiplicada, en un respiro momentáneo para los patrones del Estado empresarial chileno.
 
 
 Agosto 22 de 2010

HABLA FIDEL CASTRO. CATEDRAS BOLIVARIANAS Del Periódico RESUMEN LATINOAMERICANO

MARTES 24 de Agosto, 19 HORAS

En la Casa Cultural del Peronismo Revolucionario (Rodríguez Peña 58, Ciudad de Buenos Aires)

ALEGATO CONTRA EL GUERRERISMO IMPERIALISTA

HABLA FIDEL CASTRO  

DOCUMENTAL CON LA ENTREVISTA REALIZADA AL COMANDANTE DE LA REVOLUCION CUBANA A PRINCIPIOS DE AGOSTO POR CUATRO PERIODISTAS VENEZOLANOS. EN LA MISMA, FIDEL HABLA DE LA AMENAZA DE GUERRA NUCLEAR SI EEUU E ISRAEL ATACAN A IRÁN. TAMBIEN SE REFIERE A LA GRAVE AMENAZA DEL IMPERIALISMO A COREA DEL NORTE Y A LA SITUACION ENTRE VENEZUELA Y COLOMBIA. UN FIDEL CASTRO MÁS JOVEN Y LUCIDO QUE NUNCA DA CÁTEDRA DE SABIDURÍA A NIVEL DE LA POLÍTICA INTERNACIONAL.

 

INVITADOS: FUNCIONARIOS DE LA EMBAJADA DE CUBA Y MILITANTES POLITICOS Y SOCIALES

       

 

Chile: Treinta y tres mineros, uno tras otro

Crimen de los dueños y el Estado en Mina San José

por Andrés Figueroa Cornejo

·        Mientras los medios de comunicación de los que mandan muestran a un Piñera cortando cabezas pequeñas y al ministro de Minería derramando lágrimas de cocodrilo, sospechosa y calculadamente, los propietarios de la mina se lavaron la cara en El Mercurio y La Tercera a 9 días de la catástrofe. Los familiares y dirigentes mineros piden castigo y responsables con nombre y apellido. Una vez más, Chile luce al mundo su condición de país desigual y empobrecido, sobre toda propaganda gubernamental. 

  “Las noticias que los obreros daban del accidente calmó un tanto aquella excitación. El suceso no tenía las proporciones de las catástrofes de otras veces: sólo había tres muertos de quienes se ignoraban aún los nombres. Por lo demás, y casi no había necesidad de decirlo, la desgracia, un derrumbe, había ocurrido en la galería del Chiflón del Diablo, donde trabajaba ya hacía dos horas en extraer las víctimas, esperándose de un momento a otro la señal de izar en el departamento de las máquinas.

Aquel relato hizo nacer la esperanza en muchos corazones devorados por la inquietud. María de los Ángeles, apoyada en la barrera, sintió que la tenaza que mordía sus entrañas aflojaba sus férreos garfios. No era la suya esperanza sino certeza: de seguro él no estaba entre aquellos muertos. Y reconcentrada en sí misma con ese feroz egoísmo de las madres oía casi con indiferencia los histéricos sollozos de las mujeres y sus ayes de desolación y angustia.

”El texto anterior no es parte de la crónica de la tragedia ocurrida en la mina San José el 5 de agosto pasado, a 45 kilómetros de Copiapó, en la Región de Atacama. Es el fragmento del cuento “El Chiflón del Diablo” escrito por  Baldomero Lillo hace 106 años. 

LAS CIRCUNSTANCIAS Y LOS CRIMINALES

Los dueños de la Compañía Minera San Sebastián, de cuya órbita es la mina San José, son Marcelo Kemeny Füller (40 % de la propiedad) y Alejandro Bohn (60 %). El primero intentó vender infructuosamente el yacimiento de cobre y oro el año pasado. El fundador de la empresa fue su padre, Georges Kemeny Latay que, según miembros de la Sociedad Nacional de Minería, le dio “impulso” a la faena, cuya explotación tiene más de doscientos años. Ahora el directorio está formado por el  gerente de la empresa, Pedro Simonevic; vicepresidente ejecutivo, Marcelo Kemeny; el gerente general, Alejandro Bohn; subpresidente Planta Tierra Amarilla, Marcelo Rodríguez; subpresidente Planta Copiapó, Víctor Lamas; y el jefe de abastecimiento, Jaime Cerón. Sin embargo, uno de los dueños, Marcelo Kemeny no dio señales de vida hasta el viernes 13 de agosto, 9 días después de los hechos.. Al respecto, Rafael Peña, hermano de uno de los 33 mineros enterrados desde las 14:00 hrs. el 5 de agosto, señaló que  “Acá ni siquiera lo conocen, nunca aparece. Esto es para la risa, que el dueño no aparezca para nada”.

En una burda maniobra comunicacional –que debe estar muy bien pagada-, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny  el viernes 13 aparecieron al mismo tiempo y diciendo prácticamente lo mismo, en las portadas de El Mercurio y La Tercera. Sueltos de cuerpo y con casacas rojas iguales a las que visten las autoridades piñeristas, por una parte, Bohn  dijo lo que todo responsable de un accidente de estas proporciones debe decir correctamente: “…nuestra única prioridad han sido nuestros trabajadores y sus familias”, mientras, por otro lado, ante las sospechas de sus relaciones políticas para reabrir una mina inexplotable, Kemeny afirmó con inocencia que “Somos una hormiga, no tenemos capacidad para eso.” Sobre este dicho, la comunidad nacional, los familiares y los dirigentes mineros deben estar muy de acuerdo, pero en un sentido totalmente distinto. El lavado de imagen de los propietarios del yacimiento San José suena a pobre y desesperada estrategia mediática para procurar salvar ilesos de sus responsabilidades. Pero los trabajadores y la gente no son imbéciles.

Según el Ingeniero en Minas, Agustín Holgado, quien se desempeñó por más de 10 años en la zona de Copiapó, “Para nadie de la zona resultó una sorpresa el accidente, mucho menos para los fiscalizadores. Son innumerables los incumplimientos de la Minera San Esteban con la seguridad de los trabajadores, así como también con la legalidad ambiental. Baste decir que la reglamentación de seguridad que fiscaliza el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), obliga a la minería subterránea a contar con al menos dos accesos alternativos a todas las labores, pero al parecer hay autoridades y empresas que están por encima de la ley.” El ingeniero indicó que en 2004 la Corte de Apelaciones rechazó un recurso de protección interpuesto por el sindicato en contra de la empresa y Sernageomin producto de la muerte del trabajador Pedro González Rojas, luego de un desprendimiento de roca en la mina San José.

En julio de 2010, el minero Gino Cortés sufrió un grave accidente donde perdió una de sus piernas, una vez que un planchón (roca desprendida en la galería de acceso) le cayó encima cuando se desplazaba para almorzar. ¿Qué fuerzas permiten la apertura de un yacimiento extraordinariamente peligroso? 

LAS AUTORIDADES EN EL LUGAR EQUIVOCADO Y LA VOCACIÓN MEDIÁTICA DE PIÑERA

Por su parte, el ministro de Minería, Lawrence Golborne (ex gerente de sistemas de Esso Chile, filial de la petrolera norteamericana ExxonMobil; y ex gerente corporativo de Cencosud) aseguró la semana pasada que el miércoles 11 de agosto habría un primer contacto con los mineros atrapados en el refugio del yacimiento. Naturalmente ello no ocurrió. Y se explica, en parte, por su total inexperiencia en la industria del sector. Lo que, a su vez, se agrega al conjunto de irresponsabilidades gubernamentales en la materia. Sebastián Piñera, teatralmente se apersonó en la mina a casi tres días del ingreso de los trabajadores al yacimiento, y luego de hacerse de los antecedentes pidió “rezar por los mineros”. Días después Piñera cortó por lo más frágil, mediático y económico políticamente: destituyó al director de Sernageomin, Alejandro Vio, al subdirector de Minería y al director regional de Atacama de esa entidad, Rodolfo Díaz. Olvidó decir que Senageomin cuenta con sólo 17 fiscalizadores para alrededor de medio millar de minas del país. Por eso su anuncio de triplicar el presupuesto de la unidad fiscal suena bien, pero es ridículo para los requerimientos.

El ex director regional de Sernageomin –anterior al recientemente retirado de sus funciones-, Antón Hraste dijo que el gerente de la mina San José, Alejandro Bohn; el director expulsado de Sernageomin, Alejandro Vio, y el jefe del Departamento Nacional de Seguridad de ese servicio, Santiago Pinilla, “deben responder por qué se reabrió la mina. Ellos tomaron la decisión.”Hraste abandonó su cargo el 30 de junio de 2007, y el 30 de mayo de 2008, el subdirector de Sernageomin, Patricio Leiva, autorizó “la reapertura de la mina San José”, luego de una largo historial de accidentes, muertos e irregularidades a granel.

LOS TRABAJADORES Y LA VERDAD DURA
 

Moisés Labraña, vicepresidente de la Confederación Minera de Chile y uno de los líderes históricos del sector, expresó que  “La mina jamás debió reabrirse porque tiene fallas estructurales. Un derrumbe en una mina no puede producirse porque existen mecanismos para evitarlo: hay clavos de anclaje, enmallado, chorroteo de cemento, lo que asegura los avances en la mina. En la San José no había nada de eso. Se hicieron avances en forma irracional”, y agregó respecto del mítico refugio del que tanto se habló los primeros días que “no hay lugar para que los mineros puedan guarecerse de un derrumbe: lo que debería existir es un refugio contra incendios, no contra derrumbes.”Labraña informó que  los mineros venían exigiendo desde 1999 que se cerrara el yacimiento. El 2005 la Dirección del Trabajo decidió clausurarla porque no existía salida de emergencia, ni chimenea (para renovar el aire). Esto llegó a los tribunales de Copiapó y se lavaron las manos. Luego, y no se sabe por qué, la mina se reabrió el 2009. “¿Existen influencias políticas, gente importante involucrada? Eso tendrá que ser parte de la investigación. Puede que nos encontremos con más de una sorpresa” indicó el dirigente.

El 30 de junio, en el marco de una reunión de trabajo de la comisión de minería donde estuvo el ministro Lawrence Golborne,  Javier Castillo, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Mina San José, le espetó al ministro que  “No se puede trabajar a cualquier costo. En la mina San José la situación es catastrófica. En cualquier momento se va  a producir un derrumbe, por lo tanto el gobierno debe tomar medidas.” Pero el ministro no tomó ni nota. Y el 5 de julio, a un mes del desastre, se le fue a dejar una carta para pedirle que la empresa, sino era cerrada, por lo menos fuera obligada a abrir la salida de emergencia y destapar la chimenea, porque el fondo de ella se había llenado de material estéril, lo que la volvía inoperante. El ministro no recibió a los dirigentes sindicales. “¿Qué esperanzas hay ahora? Pocas. Es muy difícil que estén con vida. Ya el primer día se optó como única vía de rescate, la chimenea. Y no ha habido ningún tipo de comunicación con los mineros enterrados.

Aquí los empresarios tendrán que pagar por su responsabilidad criminal en el hecho, incluso si sobreviviera algún minero. También hay una responsabilidad de Estado, responsabilidades políticas. Sernageomín depende del ministro”, sentenció Labraña e ilustró que  “Aquí transitamos por la vereda del siglo pasado. Tantos los convenios, como las recomendaciones del convenio 176 y de las recomendaciones 183 de la OIT,  no han sido suscritas por el gobierno. De hecho, Chile no ha suscrito ninguna norma de seguridad, porque se tocan muchos intereses.” -¿Y en qué consisten esas normativas no firmadas? -“El convenio plantea tres principios: la participación de los trabajadores en materia de resguardo de la mina; el derecho a conocer e informarse plenamente del lugar y las condiciones en las cuales se labora; y el derecho a paralizar, que asume el sindicato, el comité paritario o el trabajador mismo cuando advierte una situación de peligro, sin perder la remuneración. Aquí está el temor de los dueños. Los trabajadores se accidentan y no son considerados como tales. Son enviados a una clínica particular y se busca la manera de esconder el accidente. Al respecto, existe una concomitancia entre la Mutual de Seguridad y las empresas.” -¿Por qué? “La seguridad es un negocio. Las mutuales gastan apenas un 6 % en prevención de accidentes y un 21 % en gastos administrativos. El Estado no tiene una sola política de seguridad. La política la improvisa “el guaripola” de turno. Si al ministro le interesa la inversión, como es el caso actual, Sernageomin actúa según ese criterio. Debe terminar la irracionalidad. Aquí los empresarios deben pagar con cárcel. Y el Estado debe responder. 60 días se demoraron en ratificar a las autoridades de Sernageomin. Después se pone un ministro que no tiene idea de minería, y que sólo quiere promover la inversión.

Ahora bien, hasta hace poco había una mina clausurada en Las Pataguas, en la V Región, y volvió a estar en funciones, ¿Quién lo ordenó? En la II, III y V regiones debe  haber un resguardo superior a la vida de los trabajadores.” Néstor Jonquera es presidente de la Confemin. Expresó que los mineros bajo la mina derrumbada son socios del sindicato Mina de los Trabajadores de la Compañía San Esteban y afimó que “Según los supuestos, hubo un acuerdo político con los propietarios para reabrir la mina. Aquí hay corrupción, paleteada o favor político. Con qué sector político, es un misterio.”Jonquera manifestó que “El gobierno ha apoyado a la empresa a no dar la cara como corresponde. Y cuando, en otra situación, están involucrados los trabajadores, el Estado nos ataca.” -¿Quiénes son los responsables de la tragedia? “El primer responsable es el empresariado, los dueños de la mina. Y luego el Estado, Sernageomin, la Inspección del Trabajo,  el Ministerio de Salud, y la Asociación Chilena de Seguridad, empresa que lucra administrando la ley 16.794 que tiene que ver con enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. La ley dice que tiene que prevenir; para eso se le paga una prima todos los meses. Y los responsables son parte de este gobierno y del anterior. Todos tendrán que pagar.”El máximo representante de la Confederación  certificó que “Los mineros quieren seguridad.

Para el empresario, el trabajador es un simple perno, una pieza cambiable rápidamente por otra. No importa que se muera o que se enferme, porque hay otro que hará la pega. Esto ocurre entre las 400 a 700 minas que existen.” -¿Qué exigen y qué harán? “Si los trabajadores entraron vivos a esa mina, tienen que salir vivos. El viernes 13 nos reunimos todos los dirigentes sindicales relacionados con la minería de todo el país. Aquí construiremos una política común, primero, asegurando el bienestar de las familias de los trabajadores de la mina San José y exigiendo su cierre total. Queremos ofrecer un mensaje a las otras industrias de la producción y al conjunto de los trabajadores de Chile  respecto de la importancia de la unidad. Aquí los únicos que actúan unidos son los empresarios con el apoyo del Estado. En cambio, los trabajadores estamos dispersos. A nuestros compañeros enterrados bajo toneladas de roca y tierra no se les preguntó su color político. Por eso deben unirnos nuestros intereses comunes. Los dirigentes sindicales, el martes 9 de agosto, bajo el sol vertical del desierto, hicimos un juramento de que debemos juntarnos. Ya no hay tiempo que perder.” -¿Y cómo evalúa la actuación de las autoridades? “Piñera y el ministro de Minería han dicho  que esa mina no está en condiciones de trabajar hoy día, pero si el empleador le hace alguna modificación en torno a la seguridad, puede seguir explotándose. Esa mina tiene más de doscientos años. Es muy rica en oro, y por eso es tan codiciada. Pero sus condiciones geológicas están formadas durante miles de años. Tendría que invertirse muchísima tecnología si se quisiera abrir. Pero aquí quedó demostrado que en Chile no existe tecnología de punta.” 

Diario Uno tomó contacto con un minero de la zona, quien por razones de estabilidad laboral solicitó mantener su nombre en el anonimato. El trabajador, con amargura y rabia, aseguró que “lo más probable es que los compañeros murieron el mismo jueves 5 de agosto, en el primer derrumbe. El sábado, cuando los rescatistas llegaron al famoso refugio, ese ya no existía. Y las primeras faenas de rescate se hicieron con gente que no conocía la mina. Uno siempre guarda una esperanza, pero a esta altura ¿Cómo podrían estar vivos? Hasta el jueves 12, por lo menos, estaban excavando al “achunte” no más. Yo creo que la pega de encontrar a los “niños” va a tomar un mes, por lo bajo. Esto es muy duro. Pero todos  saben la verdad y la callan.”
 
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ANEXO ACTUALIZADO
 
MÁS DOCUMENTACIÓN QUE FUNDAMENTA RESPONSABILIDADES DE DUEÑOS DE MINA SAN JOSÉ 

A menos de un mes de la tragedia de la Mina San José, el 9 de julio se realizó una fiscalización de la Inspección del Trabajo de Copiapó por el funcionario Herman Mery Véliz a ese yacimiento. Según la Resolución de Multas Nº 6279 / 10 / 42 a la que tuvo acceso D1, el fiscalizador documentó un conjunto de graves irregularidades en la mina.Primero, el hecho de que el empleador –Alejandro Bohn- no haya suprimido en los lugares de trabajo los siguientes factores de peligro: “Nivel 60 N/E: no realizar la fortificación del techo, habiéndose constado que no existía fortificación, razón por la cual ocurrió el desplome del planchón. No evaluar una situación de riesgo, dada la falsa sensación de estabilidad por un buen resultado obteniendo después de haberse realizado una operación de acuñadora mecanizada del sector y aplicación de pernos lechados existentes. Tal hecho constituye incumplimiento de las condiciones generales de seguridad de los lugares de trabajo e implica no tomar las medidas necesarias para proteger la vida, salud, y en general, la integridad física de los trabajadores”.Segundo, “No contar con señalización visible y permanente en las zonas de peligro, indicado sector sin cobertura de malla en nivel 60 NSE donde ocurrió la caída de la roca. Tal hecho constituye incumplimiento a las condiciones generales de seguridad de los lugares de trabajo e implica no tomar las medidas necesarias para proteger la vida, salud y en general, la integridad física de los trabajadores”.Y tercero, “No cumplir el Comité Paritario de higiene y seguridad las funciones de su competencia, consistentes en investigar las causas de los accidentes y enfermedades profesionales, en relación a lo ocurrido el día 03 / 07 / 2010 a las 00:15 hrs. por accidente ocurrido en interior de Mina San José de empresa Minera San Esteban Primera, que afectó al trabajador Sr. Gino Cortés Calderón. Tal hecho en un incumplimiento a las obligaciones legales sobre funcionamiento de los comités paritarios de higiene y seguridad e implica no disponer medidas que protejan eficazmente la mina, salud e higiene de los trabajadores al interior de la empresa”.

TAMBIÉN LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD

Por otra parte, la Asociación Chilena de Seguridad aseguró que en junio de este año, emitió el informe 227, en el que advertía a los propietarios de la Minera San Esteban sobre el riesgo de derrumbe en la Mina San José, y le pidió a la empresa que asegurara los procedimientos de fortificación, poniendo a los equipos de trabajo en lugares seguros de riesgo. “Lo que pedíamos era que la empresa afirmara la mina”, señaló Alejandro Pino, gerente de la mutual.La investigación se habría efectuado luego de la caída de un planchón que provocó la herida contusa en la zona lumbar del trabajador Jorge Galleguillos el 1 de junio, un mes antes de otra caída de roca -3 de julio- que terminó con la pierna de Gino Cortés.

LOS ANTECEDENTES DE MARÍA ESTER FERES

Por su parte, la ex directora del Trabajo, María Ester Feres, indicó en un programa radial que en 2001 no se pudo cerrar el yacimiento San José por presiones del sector minero.Feres dijo que "en la mina se hicieron trabajos menores, pero la percepción de los funcionarios de la Dirección del Trabajo era que esa mina era una bomba, no había por dónde, no tenía salidas de escape".Las presiones empresariales y políticas argumentaron hace 9 años que el yacimiento  "generaba empleo, porque no había fuentes (de trabajo) de alternativa. Entonces, otra vez poniéndonos contra la espada y la pared: o queremos crecer y eso tiene costos en vida humana o priorizamos derechos fundamentales y eso nos replantea el crecimiento"Respecto de la seguridad, Feres fue vehemente al afirmar que  "Yo tengo estadísticas que pueden demostrar que en el año 2009 murieron más personas en Chile, en el lugar de trabajo, por accidentes predecibles más que los que murieron en el maremoto y terremoto".Por otra parte, pese a que el jueves 19 de agosto la sonda empleada en la mina llegó a los 726 metros de profundidad, no se encontró el refugio del cual se habla desde el principio de la tragedia. Y las protestas de las familias de los trabajadores han motivado la vocación represiva del mal gobierno piñerista mediante el traslado de un fuerte contingente de carabineros y fuerzas especiales a la zona del desastre. Fuertes rumores señalan en Copiapó que podrían ser más de 33 los mineros enterrados debido a una cantidad no calculada de trabajadores que laboraban ilegalmente en el yacimiento.