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T r i b u n a c h i l e n a

Respuesta al mercurio por vinculacion de mapuche con la FARC

Respuesta al mercurio por vinculacion de mapuche con la FARC

Señor Director

 

 Como Parlamento de Comunidades Autónomas de Malleco, compuesto por una gran cantidad de Comunidades Mapuche de Ercilla y Collipulli, queremos responder a la columna de opinión del Señor Hernán Errázuriz publicada por su diario el día sábado 14 de Agosto de 2010, en que hace mención a que el PC tendría nexos y cooperación con las FARC, y que dentro de esas cooperaciones estarían entrenando militarmente al Pueblo Mapuche.

 

 Queremos ser enfáticos y responsables en señalar que no tenemos ningún tipo de antecedentes sobre si el Partido Comunista de Chile tiene o no algún tipo de acuerdos o cooperación con las FARC. De parte de nuestras comunidades Mapuche nada tenemos que ver ni con el partido comunista y menos con las FARC, por tanto nada de lo mencionado es verdad.

 

 El Pueblo Mapuche, ha venido trabajando fuertemente por nuestra lucha en demanda, promoción, y defensa de nuestros derechos políticos y territoriales, utilizando nuestras propias capacidades y conocimientos. No somos animales ni personas sin entendimiento, ni estamos vinculados a movimientos armados. Hace más de 500 años el Pueblo Mapuche ha venido luchando y resistiendo ante la invasión del Estado, entonces no existían partidos Políticos, de igual forma se continuaba luchando. Los mapuche no necesitamos de partidos políticos para avanzar sobre nuestras demandas y reivindicaciones territoriales.

 

 Hoy somos muchos más los mapuche que nos ponemos en pie para luchar y cada vez seremos más, porque nuestra lucha por la tierra y territorio es justa. Ustedes saben que están en Territorio Ancestral Mapuche, el cual usurparon por medio de la violencia y fuerza militar. Ahora no quieren reconocer que el Pueblo Mapuche está presente para que esos derechos negados y vulnerados sistemáticamente por el Estado Chileno sean respetados. No nos conformaremos con limosnas, migajas y engaños.  

 

 Hacemos un amplio llamado a los organismos de Derechos Humanos y a la iglesia a levantar la voz en contra de todas las injusticias que se cometen a diario con el pueblo mapuche, particularmente ahora que en diferentes cárceles del Estado Chileno, se encuentran 32 prisioneros Políticos Mapuche en huelga de hambre, lo que es silenciado y negado por el actual gobierno.

 

 Esperando que nuestra carta tenga la misma acogida a la carta anterior, publicada por su diario, se despide atentamente.

 

 

 

Victor Queipul Huaiquil

 

Lonko del Parlamento de Comunidades Autónomas de Malleco

 

 

 

Wall mapuche, Domingo 15 de Agosto de 2010

 

 



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Comunidad Autónoma Temucuicui

Chile: "¿Qué vida sería estar encerrado en la casa y no preocuparse de nada, sólo de uno?"

Chile: "¿Qué vida sería estar encerrado en la casa y no preocuparse de nada, sólo de uno?"

Entrevista con Luisa Toledo y Manuel Vergara, padres de los hermanos Vergara, asesinados por la dictadura

Por Andrés Figueroa Cornejo

“Muchas cosas grandes ha habido desde entonces,
y seguirán habiendo cosas grandes.
Vendrán nuevas generaciones.
Pero vos estarás siempre así, de 18 años,
detrás de un murito, valiente, tenso, inmóvil,
eterno”
Ernesto Cardenal
 
 

Eduardo y Rafael Vergara Toledo tenían 19 y 18 años, respectivamente, cuando fueron asesinados por la policía de la dictadura el 29 de marzo de 1985, mientras apenas gateaba el otoño terrible y luminoso  de un Chile que había que cambiar con la urgencia de los justos.
Los crímenes de Eduardo y  Rafael redoblaron el combate antipinochetista en la mítica Villa Francia, en la zona sur-poniente de Santiago de Chile, y convirtieron a sus padres, Luisa y Manuel, en inagotables perseguidores de los culpables.  Pocos años después, la noche del 5 de Noviembre de 1988, tras una fuerte explosión cercana a una torre de energía eléctrica en el cerro Ñielol de Temuco, se encontraron los cadáveres mutilados de Pablo Vergara –hermano mayor de Eduardo y Rafael-y Araceli Romo, ambos militantes del MIR. Este último caso jamás se aclaró, toda vez que  las pistas denunciaron un montaje de la tiranía.
Un cuarto de siglo después de los primeros asesinatos, el 4 de agosto recién pasado, la Corte Suprema dictó sentencia  definitiva. “En fallo dividido los ministros de la segunda corte suprema Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Kunsemuller determinaron las sanciones que se indican: -Para Jorge Marín Jiménez, 10 años y un día de presidio por homicidio calificado de Rafael Vergara Toledo y el homicidio simple de Eduardo Vergara Toledo. –Para Álex Ambler Hinojosa, 7 años de presidio por el homicidio calificado de Rafael (…), y para Nelson Toledo Puente, 7 años de presidio calificado de Rafael (…). Este fallo se adoptó en contra de los ministros Segura y Ballesteros, quienes estuvieron por acoger la figura de prescripción de la acción penal.” 
-¿Qué piensas del resultado después 25 años de espera?
 
Luisa: “Yo nunca tuve muchas esperanzas, conociendo todo lo que iba pasando con otros casos. Sabíamos que no sería lo que nosotros deseábamos en cuanto a la sentencia. La justicia debe ser oportuna. Que se dicte sentencia 25 años después de los asesinatos de Eduardo y Rafael no parece justicia. Es casi una burla. Además, las penas deben ser acorde a los crímenes cometidos. 10 años de cárcel para un tipo que teniendo a mi hijo Rafael en sus manos y esposado, le pegó un tipo en la nuca para rematarlo, no significa nada. Tampoco 7 años para otro que andaba dándoles las órdenes…el mismo que quería matar a nuestro hijo Pablo (que murió 3 años después), por lo cual la Vicaría tuvo que sacarlo junto a mi niña Ana Luisa al extranjero. Fue como encerrarme de nuevo y volver al 29 de marzo de 1985. La gente comenzó a venir a darme el pésame otra vez. Ahí Manuel (padre de Eduardo, Rafael y Pablo), dijo que eso parecía el funeral. Fue como cerrar un ciclo.”
 
-No hubo justicia, entonces…
 
Luisa: “He sabido que algunos mapuche están siendo condenados a 50 años de presidio, y ellos no han asesinado a nadie, sólo han peleado por sus tierras. Para ellos se le aplica una severidad extraña. Estamos hablando de luchadores jóvenes que están siendo acorralados y diezmados.”
 
“LA JUSTICIA CHILENA SÓLO ACTÚA POLÍTICAMENTE”
-¿Ustedes comenzaron su largo periplo cuando asesinaron a sus hijos?
 
Manuel: “Nosotros ya estábamos luchando antes de que nos mataran a los hijos nuestros. Luisa trabajaba en el Comité Pro Paz y yo estaba en la Vicaría de la Solidaridad. Hemos luchado y llorado  a muchos jóvenes que se convirtieron en otros hijos nuestros. He descubierto que sólo de esta manera la vida tiene sentido. Y creo que todos los seres humanos estamos llamados a luchar por ideales, por cosas nobles. Nunca hemos estado solos. Mucha gente nos ha acompañado. Ahora cumplimos una etapa con Luisa. Pero vamos a seguir, con las fuerzas que nos quedan, luchando por la justicia que va más allá de que se condene a los asesinos; como mis hijos, seguiremos luchando por la justicia de todo un pueblo.”
 
-¿Qué aprendizaje obtuviste después de todos estos años?
 
Manuel: “Verifiqué que las sentencias tienen un carácter netamente político. Y en el caso de los hijos nuestros, las cosas no fueron peores por un puro asunto político, porque hay muchos junto a nosotros, porque hemos golpeado todas las puertas. La justicia chilena sólo actúa políticamente, no por la fuerza de la ley.”
 
 
UN RECADO A LOS “PINGUINOS”
 
 
-¿Se terminará el 29 de marzo como el “Día del Joven Combatiente” con el dictamenten judicial?
 
Luisa: “Respecto del 29 de marzo, hace mucho tiempo que nosotros  dejamos de ser los protagonistas. Esa fecha ya no es nuestra. Es un día de los jóvenes, de sus reivindicaciones. En los últimos años ya el 29 de marzo se habla de los problemas actuales, de la educación, de  los trabajadores y de los caídos recientemente, como Álex Lemún, Jonhy Cariqueo, Matías Catrileo y tantos chiquillos de los 90 hasta hoy. Nosotros queremos seguir acompañando a estos muchachos que están encarcelados, a Jimmy, Freddy Fuentevilla y a Marcelo Villarroel. Yo en las comunidades de vida cristiana aprendí el compromiso absoluto con el hombre que sufre. Primero, el compromiso con un pueblo que sufre y luego con Cristo.”
 
-¿Dónde ves a tus hijos?
 
Manuel: “Nuestros amigos nos representan a nuestros hijos siempre. Eso es una maravilla. En el corazón de muchas personas están los chiquillos presentes, los tres. Y yo los veo en todos los jóvenes que van a la calle.”
 
-Hoy los “pinguinos” están dando nuevas batallas por la educación pública, ¿Qué recomendación les darías?
 
Luisa: “Es cierto que uno sufre mucho. Pero vale la pena. Nuestros hijos no tuvieron ni un solo día para aburrirse. Es cierto, el contexto era urgente. Vivieron casi 20 años, Eduardo y Rafael, y 25 años Pablo,  bien vividos. A los jóvenes secundarios yo les digo que sólo luchando por lo que uno quiere vale la pena vivir. ¿Qué vida sería estar encerrado en la casa y no preocuparse de nada, sólo de uno? Esa es una vida chata e insignificante. Nosotros estamos llamados a la generosidad, al trabajo conjunto, a organizarnos y a disciplinarnos frente a un enemigo muy fuerte. No hay que “calentarse” mucho cuando se está en la calle. No hay que caer preso por cualquier tontera. Las policías son muy malas con los jóvenes. Cuando cae preso un muchacho por primera vez tratan de darle muy duro para que no quiera luchar más. Yo les mando como recado que sean cuidadosos y disciplinados, y que también renueven las formas de lucha.”
 

No habrá tropas militares estadounidenses en bases colombianas: Tribunal Constitucional de Colombia declaró que acuerdo militar con EEUU no es legal

No habrá tropas militares estadounidenses en bases colombianas: Tribunal Constitucional de Colombia declaró que acuerdo militar con EEUU no es legal

TRIBUNA LATINA

El Tribunal Constitucional de Colombia ha tumbado el acuerdo firmado en 2009 entre Washington y Bogotá que iba a permitir la presencia de soldados estadounidenses en siete bases militares en suelo colombiano.

Esta decisión del Constitucional colombiano, tomada por seis votos a favor y tres en contra, dejará sin vigencia y con efecto inmediato el acuerdo suscrito por Washington y Bogotá.
El Constitucional colombiano, por otro lado, aprobó por unanimidad dejar en manos del Congreso la decisión de si un acuerdo militar similar puede llevarse a cabo en el futuro. Esto se debe a que la negativa del tribunal a declarar constitucional la presencia de militares estadounidenses en el país se debe sólo a los términos en que fue firmado el acuerdo de 2009.
El tribunal declaró inconstitucional el acuerdo rubricado a finales 2009 entre el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe y Estados Unidos, por el que militares estadounidenses podían usar siete bases militares en territorio de Colombia de forma conjunta con los militares de este país.
El objetivo de este acuerdo, cuya duración prevista era de diez años, era combatir el terrorismo y el narcotráfico en la región. Estados Unidos pretendía usar las bases para albergar aviones de vigilancia y asaltar buques cargados de droga en aguas del Pacífico, la principal vía de entrada de cocaína al país.
Washington también se comprometía en este acuerdo a asistir al Ejército colombiano en operaciones antiterroristas y antidrogas en la región.
Rechazo regional
Sin embargo, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, vio este acuerdo bilateral como una amenaza directa contra su país, lo que le llevó a suspender las exportaciones colombianas a Venezuela así como cancelar una serie de programas energéticos conjuntos.
Otros líderes latinoamericanos como el presidente de Ecuador, Rafael Correa, o el de Bolivia, Evo Morales, también se opusieron a la firma de este acuerdo por considerarlo una injerencia intolerable de Estados Unidos en la región.
Por su parte, el ministro del Interior colombiano, Germán Vargas Lleras, después de reunirse con los miembros de la Corte Suprema de Justicia --antes de que se produjese la votación--, aseguró este martes que el Gobierno acataría el fallo que emitiese el tribunal. "Conoceremos la sentencia y acataremos la providencia", señaló en declaraciones recogidas por Caracol Radio.
Fuentes judiciales afirmaron que se había producido cierto malestar por el hecho de que el ministro de Defensa del país, Rodrigo Rivera, se hubiera entrevistado con el presidente del Tribunal Constitucional, Mauricio González, poco antes de la votación.

miércoles 18 de agosto de 2010

Chile. ¿Y qué viene ahora?

Chile. ¿Y qué viene ahora?

Arnaldo Pérez Guerra

¿Y qué viene ahora? ¿Qué harán las policías, fiscales, medios de (in)comunicación, para mantener sus montajes mediático-represivos?.

Invocan hoy la Ley Antiterrorista en contra de jóvenes okupas y anarquistas, en contra de ex subversivos, por ese sólo hecho: el ser okupas, anarquistas y ex lautarinos.
Y es que la Ley Antiterrorista del dictador Augusto Pinochet ya ha sido invocada para encarcelar a mapuches, para acusar a autoridades tradicionales y dirigentes de ese pueblo que luchan por defender sus derechos, sus territorios, sus recursos naturales, su identidad, su cultura. Decenas de mapuches han permanecido meses, e incluso años, tras las rejas, prisioneros, para luego ser encontrados inocentes por los tribunales y Juzgados de Garantía.
¿Pasará lo mismo con éstos jóvenes okupas? Y es que hay experiencias anteriores, igual de burdas como la de hoy. Recordemos la famosa "fábrica de bombas Molotov", o los "machetes de la USACH", o las insostenibles acusaciones de "Terrorismo" contra artistas de la Okupa Cultural AKI, en calle República, en fin. Recordemos que ex subversivos y ex prisioneros políticos han pasado más de una vez días o meses en prisión acusados por los medios de comunicación y las policías, para luego quedar libres...
Nadie publica esa noticia. Nadie pide disculpas a los ex presos políticos y sus familiares por los "errores judiciales". Y no es que se pretenda justicia de quien no la dará. No es eso. Es sólo una retórica forma de decir.
El Estado ha dado otro golpe mediático en su intento de criminalizar toda lucha social... y los seguirá dando. Acusarán a estos jóvenes de ser una "asociación ilícita" y de haber colocado "artefactos explosivos" después de meses de "seguimientos y escuchas telefónicas"...
¿Asociación ilícita muchachos que se declaran antiautoritarios y que no responden a ninguna organización, movimiento o partido? ¿Y si los seguían cómo es que las policías no impidieron la fabricación y colocación de bombas? Y es que ya ha habido casos y antecedentes de pruebas amañadas, de testigos sin rostro pagados, de narcotraficantes y delincuentes acogiéndose a la ley de delación compensada para acusar a quienes son de "interés" de la policía o fiscales.
Los medios ya han inventado bastante para vender su morbo.
En Chile no se respeta la "presunción de inocencia" y se acusa y estigmatiza a cualquiera. En Chile siguen las Fiscalías militares juzgando a civiles. En Chile no se respetan los derechos humanos. En Chile se viola la legislación internacional... Y no es que se pretenda que el poder, la burguesía, el Estado capitalista, o como quieran llamarle, vaya a hacer juicios imparciales, justos y nobles, respetando los derechos humanos, de los animales y de la Tierra. No es eso. Es sólo una retórica forma de decir... pues hay que aprender a leer entre líneas.
¿Qué viene ahora? ¿Encarcelarán a los vecinos de los okupas? ¿Perseguirán a quienes iban a leer a esas bibliotecas? ¿Cerrarán las páginas Web que difunden sus comunicados? Más puesta en escena, más y más performance del poder, más y más criminalización, más y más embrutecimiento y represión... Y es que el poder tiene miedo. Teme... Teme a jóvenes que organizaron bibliotecas y videotecas; que prestaban libros y videos a quienes los quisieran; que intentaban comer más sano y saludable; que cultivaban en sus huertos verduras y hierbas; que se desplazaban por sus propios medios en bicicletas y las sabían arreglar; que realizaban foros y charlas donde conversaban en vez de embrutecerse viendo televisión o jugando en un computador; que intercambiaban ropas y artefactos para no comprar; que eran solidarios con las luchas de los pueblos originarios, inmigrantes y prisioneros políticos en Chile y en el mundo; que intentaban establecer otro tipo de relaciones afectivas e interpersonales; que tenían un discurso antiautoritario y anticapitalista...
Sí, el poder teme. ¿Y por qué? ...Sólo imaginemos de lo que podríamos ser capaces... de lo que somos capaces.
Vivamos hoy como queremos que sea el futuro.

¿Paz o Guerra entre Colombia y Venezuela?

¿Paz o Guerra entre Colombia y Venezuela?

Esta es la razón que determinará la paz y la guerra entre Colombia y Venezuela: Los intereses globales del Imperio y el poder de disuasión de Brasil y Venezuela.

Al General y amigo Alberto Müller Rojas 

Tres escenarios determinan las posibilidades de paz o guerra entre Colombia y Venezuela: 1. El éxito de la reconquista del espacio andino por parte de Washington; 2. El desenlace de la aventura militar estadounidense en Afganistán e Irán; 3. La firmeza de los gobiernos latinoamericanos ante el expansionismo militar (pentagonismo) de Obama. En cambio, la desmovilización de la guerrilla colombiana como precondición de la paz, solicitada por algunos, juega un papel absolutamente secundario para la futura situación bélica andina.

1. La reconquista del espacio andino-centroamericano

La reconquista imperial del espacio andino, con su corolario centroamericano, se está llevando a cabo en tres etapas. El fin de la Guerra del Cenepa, entre Ecuador y Perú, en 1998, negociado por Washington, marca el inicio del plan de reconquista, diseñado porel Comando Sur(SOUTHCOM). Su objetivo consistió en desplazar el centro de gravitación militar de la Fuerza Armada ecuatoriana hacia la frontera sur de Colombia, para destruir la retaguardia de la guerrilla colombiana en ese país. (Operación yunque y martillo.)

La segunda etapa comienza un año después con el Plan Colombia (1999), modelado según las experiencias de contrainsurgencia en Vietnam y El Salvador. Su objetivo es la destrucción de la capacidad operativa de las FARC-EP y el ELN, regresándolos del tercer nivel de la guerra popular prolongada (paso a la guerra convencional) a la primera etapa de un movimiento guerrillero. La modernización respectiva en todos los aspectos (tácticos, técnicos, comunicacionales, terrorismo masivo) refleja tal objetivo. Ese objetivo estratégico se amplia, cuando Hugo Chávez se revela como anti-Monroeista. A partir del 2000, su destrucción asume el mismo grado de prioridad (golpe militar, 2002) que la campaña contra la guerrilla.

Con los éxitos militares contra la guerrilla en 2008 y 2009, las FARC y el ELN dejan de ser el objetivo estratégico de la reconquista andina. Se agota la segunda fase de la reconquista y se entra en la tercera, la que vivimos. Destruir la retaguardia guerrillera en Venezuela es un fin táctico, pero su importancia es más propagandística que militar. El objetivo supremo es la destrucción militar ---directa o indirecta---del gobierno de Hugo Chávez. La lógica de sus preparativos bélicos habla a las claras: reactivación de la IV Flota; nuevos bases militares en Colombia y Panamá; modernización de las bases de Aruba y Curazao; militarización de Costa Rica y conversión de Honduras en una base militar. Todas esas medidas tienen sentido para un escenario de conflicto bélico con Venezuela; ninguna para la guerra contra la guerrilla. ¿O hay antecedentes en la historia militar que demuestren que un portaviones nuclear decida una guerra de guerrillas?

2. La desmovilización de la guerrilla no evita la guerra

Pretender que la desmovilización de la guerrilla va a parar los preparativos de agresión bélica de Obama, es tan ilusorio como creer en su momento que la entrega de “armas de destrucción masiva” de Saddam Hussein hubiera abortado la invasión. Washington quiso el petróleo---como el mismo Alan Greenspan ha documentado--- y, por lo tanto, la única opción de Saddam paraevitar laguerra, era la entrega de este recurso.

En el caso de Venezuela, Washington quiere dos recursos de oro de Chávez: el petróleo y el acatamiento de la Doctrina Monroe, o sea, el abandono de la integración bolivariana de América Latina. Chávez ha cedido parte del control energético a las transnacionales capitalistas y posiblemente cederá más; pero es obvio, que no está dispuesto a ceder en la integración bolivariana. Siendo el desconocimiento de la Doctrina Monroe el peor “crimen” que puede cometer un Presidente latinoamericano, la amenaza de guerra de Washington y su terminación de la logística bélica respectiva, no sorprenden.

3. Frente de Defensa político-militar

Ante la correcta decisión de Chávez de no someterse a la Doctrina Monroe, quedan solo dos opciones pacíficas. Un Frente de Defensa político-militar entre Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, Cuba y Nicaragua, que en alianza con organizaciones internacionales (Corte Penal Internacional), superpotencias (China, Rusia) y Pueblos, logreel poder de disuasión necesario para dificultar o impedir la agresión. Construir ese Frente de Defensa es el máximo desafío de la diplomacia venezolana y brasileña.

 

La segunda opción consiste en que aparezca un gobierno en la Casa Blanca dispuesto a renunciar a la Doctrina Monroe y concederle la soberanía política a la Patria Grande. Es poco probable que Obama, peón del complejo-militar-industrial y mayor expansionista militar que Bush, pueda o quiera asumir ese papel. Ante su debilidad, el rumbo del país va más bien hacia la fascistización corporativa e imperial, que hacia la democratización y descolonización. No ha aparecido todavía en Estados Unidos el Charles de Gaulle que puede cambiar el rumbo de lo que empezó como un “infant empire” (G. Washington) y hoy es un monstruo imperialista.

4. Afganistán, Irán y Vietnam

La variable suprema, sin embargo, que hace imprevisible la situación de paz y guerra entre Colombia y Venezuela, es Irán. Si Washington y el sionismo logran una victoria fácil frente a Irán---lo que no es probable ante el creciente poder misilístico de Teherán que obligaría a los agresores a usar armas nucleares--- la situación de Venezuela se volverá muy difícil. En cambio, si Washington sale derrotado o estancado, entonces difícilmente podrá enfrascarseen otro conflicto militar en América Latina.

Su derrota abriría un paraguas de protección para la Revolución bolivariana, tal como lo hizo su derrota en Vietnam para las revoluciones africanas (Angola, Mozambique) y la Revolución nicaragüense. Ese paraguas de protección, el llamado “trauma de Vietnam”, se cerró con el triunfo electoral de Ronald Reagan, que impidió la victoria revolucionaria del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador. Hoy día, el paraguas se llamaría el “trauma de Irán”.

5. Chile y El Salvador

Los documentos desclasificados de Washington sobre la destrucción del gobierno de Salvador Allende y la destrucción de la sociedad civil en El Salvador, con terroríficos costos humanos,revelan un misterio. Las evaluaciones de los servicios de inteligencia estadounidense y los reportes clandestinos de sus embajadas indicaron claramente a los Presidentes Nixon, Carter y Reagan que en ambos países no había intereses vitales de Estados Unidos que estuvieran peligrando en caso de gobiernos de reformas estructurales, como el de Allende o el de los gobiernos de 1979/80 en El Salvador. 

Pero, pese a la ausencia de intereses estratégicos Washington llevó a cabo su intervención terrorista. El Consejo de Seguridad Nacional de Nixon explicó el enigma en 1971: If the US can not control Latin America, it can not expect "to achieve a successful order elsewhere in the world"-- Si Estados Unidos no puede controlar América Latina, no podrá “determinar exitosamente las cosas en otras partes del mundo”.

Esta es la razón que determinará la paz y la guerra entre Colombia y Venezuela: Los intereses globales del Imperio y el poder de disuasión de Brasil y Venezuela. El supuesto problema de la guerrilla no es más que una cortina de humo de Washington.

Chile: Trabajadores protestan por crimen en Mina San José

Chile: Trabajadores protestan por crimen en Mina San José

Por Andrés Figueroa Cornejo

El Frente Amplio de Trabajadores –agrupación de trabajadores bancarios (Confederación Bancaria), del cobre (Fenatracimm), empresas privadas (CEPCH) y call center (Sindicato Unísono)- protestó frente al Ministerio de Minería y del Trabajo el 17 de agosto debido a las responsabilidades políticas y criminales que le caben al gobierno y a los dueños de la Mina San José, por el derrumbe del yacimiento que tiene enterrados, por lo menos a 33 mineros.

El Presidente de la Federación de Trabajadores de CIMM (empresa asociada al metal rojo de administración estatal) Ramón López, señaló que “que a los empresarios no les importa la vida de los trabajadores. El abuso es tan mayúsculo, que los propietarios del sector no trepidan en hacernos laborar en condiciones pésimas. Los que no mueren o no son mutilados, viven en altísimas situaciones de estrés. Por eso exigimos a la justicia y al gobierno que meta a la cárcel a Marcelo Kemeny y Alejandro Bohn, dueños de la mina. Y que renuncie la ministra del Trabajo  (Camila Merino) porque ya sabemos que la Dirección de esa repartición tenía antecedentes de que el yacimiento estaba en tan malas condiciones, que debía cerrarse. Y también existe una responsabilidad directa del ministro de Minería (Laurence Golborne) debido a que Sernageomin depende de él”.

La delegación del Frente Amplio de Trabajadores (FAT) hizo un llamado a “todos los dirigentes sindicales, a los trabajadores, porque hay que decir basta ya. La unidad de los trabajadores es la consigna: unidad para defender y unidad para reconquistar nuestros derechos. Debe efectuarse una gran movilización por los hermanos mineros de San José. Esa es nuestra bandera.”

En la misma línea, los trabajadores de la construcción y del montaje (Sintec), del Sindicato de la Gran Minería (Siteco) y la Federación de Trabajadores de la Construcción y la Madera  (Fetracoma), denunciaron que “es una aberración que tengamos que esperar muertes masivas de trabajadores para que se ponga en el tapete la problemática que vivimos a diario los obreros de este país. Al parecer, las altas tasas de accidentabilidad son para muchos, hechos normales y cotidianos” y convocaron a “las organizaciones sindicales a aumentar los niveles de organización y coordinación que permitan hacer frente a estas problemáticas, denunciando y comunicando a los demás trabajadores sus asuntos, sus avances y sus proyecciones con el objeto de articular un movimiento sindical que de una vez por todas diga basta a las actuales condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo”.

 

El conflicto en Paraná Metal afecta a 1.200 trabajadores y sus familias

El conflicto en Paraná Metal afecta a 1.200 trabajadores y sus familias

Julio C. Gambina (ARGENPRESS.info)

Los datos de la economía argentina manifiestan crecimiento sostenido, especialmente de la producción material. Los datos para la próxima cosecha, tanto como los de la expansión industrial son elocuentes, con nuevos récord en la producción agrícola y de automóviles, dos sectores claves a la hora de medir el volumen de las exportaciones y en consecuencia, de los ingresos derivados de un saldo comercial favorable.

Sin embargo, pese a ello, el próximo miércoles 18 de agosto está convocada una movilización en Villa Constitución por la situación de la empresa Paraná Metal. Se trata de una movilización que involucra a sus propios trabajadores, a la UOM de Villa Constitución, a otras organizaciones sindicales de la ciudad, pero que también motiva la solidaridad, participación y decisión de impulsar las medidas del conjunto de la sociedad en esa ciudad, incluida la presencia de la dirigencia nacional de la CTA y sindicalistas de países vecinos, como Juan Castillo, portuario uruguayo, integrante de la coordinación nacional del PIT-CNT y coordinador del Encuentro sindical Nuestra América, un nucleamiento que articula buena parte del movimiento sindical y social de la región.
¿Por qué la movilización? En un comunicado de la seccional de los metalúrgicos de la ciudad puede leerse sobre el peligro de cierre y desmantelamiento de la empresa, destacando que “La comunidad debe comprender el significado que tiene para Villa Constitución y la zona la pérdida de Paraná Metal y sus 900 puestos de trabajo”. Adicionemos unos 300 trabajadores más de las contratistas y nos encontramos con 1.200 familias afectadas. En la declaración, los trabajadores deslindan responsabilidades y atribuyen la situación actual a “las pésimas gestiones de seudo empresarios que se ocuparon más en conseguir subsidios del Estado, rebajas salariales o reducir personal que en invertir, optimizar la producción y buscar mercados”. Es una alusión a la participación de Cristóbal López al frente de la empresa, que al no presentar un plan de inversiones ante la justicia se reabrieron los plazos concursales que ponen en peligro el funcionamiento empresarial y las fuentes de trabajo.
La demanda de los trabajadores, “convencidos que Paraná Metal tiene futuro” dicen, apunta a los gobiernos provincial y nacional, “si es verdad que se tiene un proyecto industrialista”, concluyen en forma tajante. Se preguntan: “¿Por qué si el Estado subvencionó con fondos de la ANSES a una multinacional como General Motors cuando su casa matriz en EEUU estaba quebrada, hoy esa misma empresa se niega a comprar a Paraná Metal argumentando que está concursada? ¿Cómo puede ser que Peugeot tiene proyectada la fabricación de 400 mil motores y no compre un solo block a Paraná Metal? ¿Cómo puede ser que se esté por llegar al récord histórico en la fabricación de automóviles y no tengamos producción en Paraná Metal? ¿Cómo es posible que con tal producción automotriz las autopartistas nacionales sólo aporten menos del 30 por ciento de los componentes?”
En la convocatoria a la movilización, reconocen la intervención pública para “salvar puestos de trabajo durante la crisis mundial (Re.Pro, bonos, licencias no automáticas en caso de dumping, etc.)”, pero insisten en medidas políticas para inducir una solución efectiva del conflicto, asociada a negociaciones con compradores locales y de países cercanos, atendiendo a que gran parte de la producción tiene destino en la Ford de Brasil.
El caso de Paraná Metal es sintomático, por tratarse de una fábrica de autopartes que por razones de mercado puede quedar afuera del ciclo productivo afectando a más de 1.000 familias. En un momento donde el Estado, no solo en la Argentina, retomó funciones en el ciclo económico en crisis, se requiere la toma de decisiones públicas para favorecer una crítica situación, al tiempo que se modifica el patrón de gestión en la administración de la empresa, pensando más en una solución administrada por los trabajadores, asistidos por organizaciones de investigación pública como el INTI, o la propia Universidad estatal, la de Rosario, p.e., por cercanía, e incluso, favoreciendo la asistencia técnica de Centros de asesoramiento y consultoría del propio movimiento obrero. Ello supondría no solo la intervención estatal para el salvataje empresarial, sino, un cambio del sujeto para pensar el orden económico y político en el país.
Paraná Metal puede ser un caso testigo, donde no solo se contemple una solución para las fuente de empleo amenazadas, sino que se empiece a pensar en un modelo de producción con otros actores, ya no empresarios asociados a grandes ganancias, sino autogestión para satisfacer necesidades de los trabajadores y sus familias.
Julio C. Gambina es Profesor de Economía Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, UNR. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.

Mapuches en huelga de hambre. Un debate necesario e ineludible

Mapuches en huelga de hambre. Un debate necesario e ineludible

Alexis Meza Sánchez

Es irritante e insultante, como se ignora en las páginas de la prensa de circulación nacional, la situación de los 32 presos políticos mapuche que completan hoy 15 de agosto, 35 días en huelga de hambre. Varias cárceles de la zona centro sur, son testigos de un nuevo capítulo en la larga historia de lucha y resistencia de este pueblo.

Las consecuencias de esta larga huelga ya se han hecho sentir. Pérdida de peso de hasta 15 kilos, mareos y debilitamiento físico generalizado, están poniendo en serio riesgo la salud de los mapuche.
Entre las demandas de los huelguistas se encuentran: la no aplicación de la Ley Antiterrorista; el derecho a un debido proceso o juicio justo sin los montajes político- judiciales actuales; el fin del doble procesamiento (militar y civil) y la desmilitarización de las comunidades y zonas en conflicto.
Cabe señalar que pese a la incesante actividad desplegada por los familiares y la extensa red solidaria que se ha organizado dentro y fuera de Chile, tanto el gobierno como la prensa silencian e ignoran olímpicamente el problema. ¿Están esperando que esto tenga consecuencias fatales para reaccionar y abrirse al diálogo?
La situación descrita devela varias aristas:
Primero, muestra la doble cara de un gobierno que por un lado pretende mostrarse cercano frente a complejos escenarios sociales (damnificados por el terremoto, familias de los mineros atrapados en el norte) y por el otro demuestra una nula sensibilidad social por abrirse a dialogar y tender puentes hacia el movimiento mapuche y sus reivindicaciones.
En segundo lugar, es una manera de criminalizar la protesta social, llevándola a rangos de lucha terrorista. Esto que hoy ocurre con los mapuche, podría extenderse a cualquier movimiento que vaya generando procesos de ascenso y radicalización de sus demandas. Es un síntoma peligroso, que pone en entredicho la calidad de la democracia.
Por último evidencia un prisma racista, por cuanto poco interés y preocupación se muestra por la salud de los huelguistas, tratándolos como ciudadanos de segunda clase. A la par que se realizan gestiones en pro de la disidencia cubana o se pretende intervenir en los procesos eleccionarios venezolanos, argumentando preocupación por los DDHH en dichos países, poco importan al parecer la dignidad y los derechos humanos de este pueblo originario.
Tengo la oportunidad de conocer a varios de los huelguistas y sus familias. En ellos veo la esperanza por construir una sociedad mejor, sin explotación ni discriminaciones de ninguna índole. Sé del orgullo que sienten, por ser parte de un pueblo ancestral y de una historia de luchas que han forjado su identidad colectiva. Conozco los esfuerzos por rescatar su memoria y ponerla al servicio del futuro.
Es cierto que la cuestión mapuche es un asunto de larga data. Debatirlo implica poner en cuestión aspectos ligados a la institucionalidad del Estado, a los patrones del modelo de desarrollo en curso y al régimen de propiedad. Sin embargo, el carácter estructural del debate, no puede inhibirnos a deliberar en tanto ciudadanos, sobre la forma en la cual el sistema político y sus diferentes órganos afrontan esta sensible problemática.
Porque los derechos humanos de los mapuche también importan, y sus legítimas reivindicaciones merecen ser escuchadas, la responsabilidad social de la intelectualidad crítica, es sometida nuevamente a prueba. No se puede ser cómplice de esta nueva historia de silencios y olvidos. El cerco informativo es una estrategia política de quienes apuestan por el desgaste de los huelguistas y la invisibilización de sus demandas. Poner el problema en el debate público es por tanto una tarea ineludible para quienes aspiramos a la profundización radical de la democracia y la justicia social, sin exclusiones de ninguna índole.