Alexis Meza Sánchez
Es irritante e insultante, como se ignora en las páginas de la prensa de circulación nacional, la situación de los 32 presos políticos mapuche que completan hoy 15 de agosto, 35 días en huelga de hambre. Varias cárceles de la zona centro sur, son testigos de un nuevo capítulo en la larga historia de lucha y resistencia de este pueblo.
Las consecuencias de esta larga huelga ya se han hecho sentir. Pérdida de peso de hasta 15 kilos, mareos y debilitamiento físico generalizado, están poniendo en serio riesgo la salud de los mapuche.
Entre las demandas de los huelguistas se encuentran: la no aplicación de la Ley Antiterrorista; el derecho a un debido proceso o juicio justo sin los montajes político- judiciales actuales; el fin del doble procesamiento (militar y civil) y la desmilitarización de las comunidades y zonas en conflicto.
Cabe señalar que pese a la incesante actividad desplegada por los familiares y la extensa red solidaria que se ha organizado dentro y fuera de Chile, tanto el gobierno como la prensa silencian e ignoran olímpicamente el problema. ¿Están esperando que esto tenga consecuencias fatales para reaccionar y abrirse al diálogo?
La situación descrita devela varias aristas:
Primero, muestra la doble cara de un gobierno que por un lado pretende mostrarse cercano frente a complejos escenarios sociales (damnificados por el terremoto, familias de los mineros atrapados en el norte) y por el otro demuestra una nula sensibilidad social por abrirse a dialogar y tender puentes hacia el movimiento mapuche y sus reivindicaciones.
En segundo lugar, es una manera de criminalizar la protesta social, llevándola a rangos de lucha terrorista. Esto que hoy ocurre con los mapuche, podría extenderse a cualquier movimiento que vaya generando procesos de ascenso y radicalización de sus demandas. Es un síntoma peligroso, que pone en entredicho la calidad de la democracia.
Por último evidencia un prisma racista, por cuanto poco interés y preocupación se muestra por la salud de los huelguistas, tratándolos como ciudadanos de segunda clase. A la par que se realizan gestiones en pro de la disidencia cubana o se pretende intervenir en los procesos eleccionarios venezolanos, argumentando preocupación por los DDHH en dichos países, poco importan al parecer la dignidad y los derechos humanos de este pueblo originario.
Tengo la oportunidad de conocer a varios de los huelguistas y sus familias. En ellos veo la esperanza por construir una sociedad mejor, sin explotación ni discriminaciones de ninguna índole. Sé del orgullo que sienten, por ser parte de un pueblo ancestral y de una historia de luchas que han forjado su identidad colectiva. Conozco los esfuerzos por rescatar su memoria y ponerla al servicio del futuro.
Es cierto que la cuestión mapuche es un asunto de larga data. Debatirlo implica poner en cuestión aspectos ligados a la institucionalidad del Estado, a los patrones del modelo de desarrollo en curso y al régimen de propiedad. Sin embargo, el carácter estructural del debate, no puede inhibirnos a deliberar en tanto ciudadanos, sobre la forma en la cual el sistema político y sus diferentes órganos afrontan esta sensible problemática.
Porque los derechos humanos de los mapuche también importan, y sus legítimas reivindicaciones merecen ser escuchadas, la responsabilidad social de la intelectualidad crítica, es sometida nuevamente a prueba. No se puede ser cómplice de esta nueva historia de silencios y olvidos. El cerco informativo es una estrategia política de quienes apuestan por el desgaste de los huelguistas y la invisibilización de sus demandas. Poner el problema en el debate público es por tanto una tarea ineludible para quienes aspiramos a la profundización radical de la democracia y la justicia social, sin exclusiones de ninguna índole.
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