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T r i b u n a c h i l e n a

En Colombia nos matan y en Venezuela nos entregan

En Colombia nos matan y en Venezuela nos entregan

Sulata Taruka (TRIBUNA POPULAR)

Ni Marx, ni Engels, ni Lenin, ni Gramsci, ni Rosa Luxemburgo, ni Luckas, justificarían la entrega de revolucionarios a un Estado genocida, por motivos tácticos o estratégicos.

El preso político es un ser digno, alguien que no acepta el orden de injusticia y se rebela contra él. Es un ser con elevada conciencia, que sirve de guía a la sociedad, porque ve lo que aquella no quiere o no puede ver. Es también un hermano de clase, sacrificado por los más nobles ideales para el bienestar de la mayoría. En lugar de ser despreciado, el preso político nos merece toda la admiración, el respeto, la solidaridad, el amor. Todo lo que podemos hacer por el preso político es hacer por la evolución de toda la sociedad, porque aquél ya encarna un mundo distinto, mejor y posible. El preso político es revolucionario del planeta, no sólo de Colombia. Su lucha son todas las luchas de emancipación en la tierra, las de Irak, Afganistán, Egipto, Honduras, Palestina, España, Libia, Yemen, Mexico, Venezuela. El preso político colombiano le pertenece a la Revolución Bolivariana porque esta revolución es patrimonio de todos los pueblos oprimidos del mundo. La queremos, la cuidamos, opinamos, nos movemos, nos sensibilizamos, reímos, lloramos, nos emocionamos, preguntamos por ella en cada amanecer. Toda conquista en un punto del planeta es conquista de la humanidad entera. Y es deber de tod@ revolucionari@ apropiarse de ella, criticarla constructivamente-amorosamente, con corazón e intelección, regarla y podarla como a su propio jardín.
Por lo anterior, me permito junto a todos los presos políticos de mi país, junto al alma gloriosa de Ana Fabricia Córdoba, junto al periodista alternativo Joaquín Pérez Becerra, junto a los compañeros combatientes entregados por el gobierno bolivariano al de Colombia, junto al trovador Julián Conrado, junto a todos los presos políticos del mundo que entregan sus vidas a la causa de la libertad, la justicia y la dignidad humana, me permito decir amorosamente, que si una revolución justifica entregar revolucionarios a un Estado criminal con el argumento de que éstos torpedean la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), entonces, algo anda mal en esa revolución. Aunque esa revolución haya descubierto el cielo, y si para mostrárselo a otros tuviera que entregar revolucionarios, ni siquiera eso justificaría tal acción. Ni Marx, ni Engels, ni Lenin, ni Gramsci, ni Rosa Luxemburgo, ni Luckas, justificarían la entrega de revolucionarios a un Estado genocida, por motivos tácticos o estratégicos.
Cuando una revolución no tiene en cuenta entre sus objetivos tácticos y estratégicos, las luchas heroicas que libran los hermanos del Frente de Resistencia Popular de Honduras, y los combatientes de las FARC-EP y del ELN en Colombia, algo está sucediendo en la concepción de esa revolución.
El mundo globalizado de hoy es más interdependiente en todas las dinámicas sean de retroceso o progreso. Las luchas sociales de liberación, por lo tanto, deberían ir como hermanitas cogidas de la mano por las calles. Pretender hacer revoluciones al margen de las luchas populares en el resto del mundo, con el fin de cooptar gobiernos de Estados terroristas, es jugar el rol de una arrogante vanguardia que puede quedarse sola en sus objetivos. Un gobierno como el de Santos en el seno de la CELAC será una estaca afilada, un micrófono directo para el Club Bilderberg y Washington. Lo dicen todos los revolucionarios: "Colombia es el Israel de América Latina". La CELAC será indudablemente otra gran conquista del estratega Chávez, pero no compensará la costosa renuncia a principios solidarios con los luchadores a los que se debe.
Mientras los parapolíticos y los militares sentenciados por violaciones a los DDHH pagan sus condenas en pabellones de lujo y cabañas resort en bases militares, en la tenebrosa cárcel La Tramacua en Valledupar, se tortura, amenaza, humilla y lleva finalmente a la muerte a los presos políticos. Ya la denominan el Abu Ghraib de Colombia, en referencia a la inhumana cárcel de Irak donde soldados y soldadas norteamericanos tiran los perros a los cuerpos desnudos de los prisioneros de la resistencia. Las necesidades de los presos enfermos no son atendidas hasta verse moribundos, no llega el agua, cunden los malos tratos, no se facilita el trabajo ni el estudio, revolotea la amenaza. Tramacua es un nombre terrible pero adecuado para todo lo que se trama y urde allí. Para protestar contra estos vejámenes los presos se declararon en desobediencia; pero los guardas penitenciarios las emprendieron contra ellos y causaron lesiones a varios. Para sabotear y frenar la jornada de sensibilización con los presos políticos de Colombia, el INPEC reprimió y realizó traslados súbitos de muchos presos.
El preso político recibe un trato peor que el de los delincuentes comunes por la mentalidad paramilitar que permea las instituciones. Se sataniza al luchador popular, se le ve como si fuera el anticristo. En un contexto social de servilismo y sumisión generalizada, es un "execrable" delito, el pensar, el criticar, el indignarse, el buscar la asociación para tramitar nuevas formas de organización política. El derecho a la rebelión está proscripto en el escenario político nacional. Todo lo que muestre rebeldía es "terrorismo", es "amenaza a las instituciones", es "atentado a la democracia". Ahora, con la colaboración del presidente Chávez a la "lucha antiterrorista", dicen en la calle: "hasta Chávez los persigue". En Colombia nos matan y en Venezuela nos entregan.
Ana Fabricia Córdoba, Joaquín Pérez Becerra y Julián Conrado.
Los sobrevivientes de la Unión Patriótica seguimos siendo asesinados por el régimen del "nuevo mejor amigo" del comandante Chávez. Ana Fabricia Córdoba, mujer afrodescendiente, desplazada del Urabá chocoano, amenazada y perseguida por las autodefensas unidas de Colombia (AUC) y la policía (quienes asesinaron a su esposo y posteriormente a su hijo), fue finalmente silenciada para siempre dentro de un bus en una comuna de Medellín. Todo el movimiento social y popular colombiano sabe que los asesinos son los mismos de las tenebrosas Convivir (grupos de justicia privada) que legalizó el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez, y que tuvo la aquiescencia de todo el establecimiento burgués, incluido el Club Country de Bogotá del que hace parte el Dr. Juan Manuel Santos.
Las huestes del paramilitarismo colombiano (fuerzas combinadas de narcotraficantes, expolicias, exmilitares, miembros de la fuerza pública y el DAS -policía política-, mercenarios, lumpen, desmovilizados a sueldo) andan libres con licencia para matar en el transporte público, en las universidades (asesinan estudiantes y profesores), en hoteles, en centros comerciales, en tabernas y casinos, en las calles, en las veredas. Se regaron como verdolagas en playa, aupados, envalentonados, aleccionados por los discursos incendiarios del presidente Uribe, durante sus ocho años de crispación nacional. La mentalidad paramilitar se apoderó de la sociedad colombiana, gracias a la intolerancia y ordinariez gansteriana del mesías, publicitada por los medios de comunicación en la transmisión de las peroratas desde Palacio y ahora con los trinos en Twiter.
Responsabilidad de los medios de comunicación burgueses en la expansión de la mentalidad paramilitar.
En Medellín, se comenzó a denominar al periódico conservador EL COLOMBIANO, como el "portavoz paramilitar", dentro de los círculos de lucha popular, pues ese diario se dedicó a promocionar las temibles huestes de las AUC como "guerreros de la democracia", "adalides de la paz"; les hacía amplios despliegues, publicaba comunicados completos de Carlos Castaño (jefe político de los narcos) en los que justificaba crímenes como los de los profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia, entre ellos, Hernán Henao -investigador del INER sobre tenencia de tierras- y Gustavo Marulanda -estudiante de filosofía y valiente defensor de la educación pública-. A través de editoriales, artículos, informes de investigación, propagandizó una supuesta lucha contrainsurgente de las AUC, insinuó siempre que las zonas de masacres eran santuarios de colaboradores de las guerrillas, justificando sinuosamente los crímenes que no paran. En Colombia no hay un periódico (prensa escrita) que supere a EL COLOMBIANO en saña, odio y difamación contra el gobierno bolivariano del comandante Chávez. Cuando ocurrió el golpe de Estado en el 2002, EL COLOMBIANO tituló en primera página: "El pueblo lo tumbó", acompañado de fotografías, desinformación y calumnias. Cuando el pueblo rescató al presidente en movilización al Palacio de Miraflores, ese periódico quedó mudo.
No hay un solo columnista allí que reconozca siquiera algo bueno en la gestión de Chávez; y a quienes hemos enviado artículos en defensa de la Revolución Bolivariana nos han ninguneado. En su plantilla de columnistas, ha habido delincuentes de cuello blanco, testaferros de capitales dudosos, parapolíticos, políticos corruptos, escaladores burócratas. Uno de ellos es Fernando Londoño Hoyos (Exministro del interior y de Justicia de Uribe I), hábil defraudador del Estado, de quien se dice es uno de los cerebros detrás del envío de más de 100 paracos para desestabilizar a Venezuela con un magnicidio. Pero, tal vez el más famoso de todos esos gánsteres que han colaborado con ese periódico es el inefable Andrés Felipe Arias, exministro de agricultura de Uribe, más conocido con el alias de "uribito-carimagua". Sobre este siniestro personajillo, me referiré más adelante porque es el símbolo de una despreciable casta trepadora que hizo sombra al lado del mesías que les enseñó las peores mañas para engañar y robar el erario público. Bueno, el periódico de marras sí es superado por dos formatos en su perfidia y capacidad inagotable de denostar sin fundamentos racionales, además de incitar a un nuevo golpe de Estado; son un par de programas de televisión nacional. Uno se llama "La noche" (RCN) dirigido por la periodista Claudia Gurisati (mercenaria comunicacional burguesa); el otro se llama "Zoom a la noticia" (NTN24) dirigido por el periodista Hassan Nassar (mercenario comunicacional del imperialismo y el sionismo, a pesar de ser hijo y nieto de palestinos). En general, los medios de comunicación en Colombia siguen matrices de opinión proimperiales, denigran de los movimientos progresistas latinoamericanos, difunden el comercio libre monopolista que beneficia a sus pautadores, avasallan y discriminan a los oprimidos-indignados-alzados (los que defendemos la Revolución Bolivariana), incitan a la violencia, al racismo, a la eliminación física del contradictor. Así que tome nota comandante Chávez cuál es el enemigo de clase; la lucha de clases sigue rigiendo la historia, ella no da tregua. El periodismo burgués es una manifestación de esa contradicción, es el brazo ideológico de una doctrina política-militar que es diametralmente opuesta a la que encarna el proceso bolivariano.
Ana Fabricia Córdoba, líder de grupo de mujeres en el barrio Santa Cruz de Medellín, miembro de la Ruta del Pacífico, movimiento de mujeres por la paz de Colombia, sobreviviente de la Unión Patriótica, organización política que abogó desde la participación democrática por la solución al conflicto social y armado, y la disminución de la exclusión social; esta afrodescendiente corajuda de la palabra y la acción rebelde ante las arremetidas de la burguesía cruel que mantiene secuestrado el Estado colombiano, fue invisibilizada por los medios de comunicación, entre ellos EL COLOMBIANO, diario que ahora viene a mostrarse compungido por su vil asesinato. Ante su muerte, ha sido más solidario el gobierno de Francia (condenó el hecho), que el mismo gobierno bolivariano quien ya está maniatado para expresarse libre y soberanamente frente a estos acontecimientos; su pacto con el gobierno de Santos se lo impide. Como si esto fuera poco, en la fila de los condenados, despojados del derecho a los múltiples convenios que la humanidad ha creado durante décadas para la protección de los combatientes y perseguidos políticos, espera -enfermo e incomunicado- el trovador de la insurrección legítima Julián Conrado, otro sobreviviente de la Unión Patriótica que debió ingresar a la guerrilla para salvar su vida. Mientras en Colombia nos matan, en Venezuela nos entregan. Esto no tiene nombre.
Ban Ki-Moon, nuevo mejor amigo de J.M. Santos
El surcoreano vino a Colombia a respaldar una Ley de víctimas y restitución de tierras, que en el fondo beneficia a los victimarios, se burla una vez más de las víctimas, engaña al exterior con una falsa devolución de tierras pues muchos de sus dueños reales ya están en bóvedas o los persiguen las Convivir creadas por el Mesías. Esta Ley poco hace contra la impunidad, tampoco ataca la violencia estructural contra las inermes comunidades afrodescendientes-indígenas-campesinas-sindicalistas-dirigentes sociales-luchadores populares-activistas en defensa de los DDHH. Ban Ki-Moon (subordinado a Washington) es el nuevo mejor amigo del presidente Santos porque éste sabe que su investidura de secretario general de la ONU le puede ayudar a recomponer ante el mundo el Estado fallido que le heredó Uribe Vélez.
Uribe destrozó la división de poderes en Colombia; obtuvo fiscales generales de bolsillo (dos de ellos están investigados), arrodilló al Congreso de la República, cometió cohecho para conseguir su reelección, y cooptó medio poder judicial. Las altas cortes fueron las únicas que no se doblegaron al emperadorcito. También convirtió en prostíbulos de corrupción la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), el INCODER, el Ministerio de Agricultura (Carimagua- Agro Ingreso Seguro), el Ministerio de Protección Social (negociado de la salud), Ministerio de Obras Públicas (desgreño, improvisación, cero prevención), ACCION SOCIAL (compra de votos con dádivas), Ministerio de Defensa (sobornos, sobrecostos, recompensas). Ante esta barca rota, quién mejor que el director de la ONU para conseguir que la Comunidad de Naciones (no la "comunidad internacional") mire de nuevo a Colombia con respeto. Porque el cuerpo diplomático y consular que instaló Uribe en el resto del mundo nos ha dejado, también, como un país en manos de cafres, gente sin ética. Santos cree que basta con su nuevo mejor amigo Ban Ki-Moon para corregir tal pandemonium, sin retirar de sus cargos a embajadores de mal agüero como Camilo Osorio, el general (R) Mario Montoya, Jorge Visbal y tantos otros.
De tal modo, que este show de la Ley de víctimas y restitución de tierras con la presencia de Ban Ki-Moon favorece la recuperación de imagen tanto de Colombia como de la ONU. Es un pantallazo bueno para ambas partes en la foto. La ONU sigue posando de mediadora en los conflictos internos y externos cuando en la práctica está siendo cómplice de asesinatos masivos con la resolución que autoriza "salvar" a Libia, y su vista gorda ante los desmanes de regímenes proyankys como Yemen, Bahrein, Arabia Saudita e Israel. Y Santos posa de compasivo con las víctimas cuando él era el ministro de defensa que pagaba las recompensas en dinero y licencias a sus soldados que asesinaban indigentes, labriegos, albañiles, discapacitados, haciéndolos pasar como "guerrilleros". Un verdadero sainete. EL COLOMBIANO tituló: "Ley de víctimas se firmó con espaldarazo de ONU", y cita al jefe de Estado: "Fue concertado y enriquecido, en la Mesa de la Unidad Nacional, por el Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Conservador y Cambio Radical. Se trata, sin duda, de uno de los mejores frutos de la Unidad Nacional (:::) porque las víctimas no tienen color político". Esa Mesa de Unidad Nacional es igual a la MUD de Venezuela, pero con la dirección del Estado, lamentablemente. El Polo Democrático no votó esa ley por discriminatoria, porque desconoce obligaciones consustanciales al Estado, obstaculiza el acceso a la justicia y el derecho a una justa reparación.
Las leyes burguesas que pretenden beneficiar o reparar a los de abajo (que sí tienen color político), sólo buscan maquillar una culpa y obtener réditos económicos. ¿Cuál ley burguesa puede ser solidaria con su opuesto de clase? ¿Qué tipo de solidaridad, sino la lavadura de manos ante la crueldad en la que se ha sido cómplice? La burguesía que más amasa capitales, junto con varias transnacionales, financiaron actividades criminales de los paramilitares (Chiquita Brands, Drummon, Exxon, Coca Cola, etc.).
La prensa escrita y audiovisual de esos burgueses empujaron y elevaron a categoria de "actos de guerreros defensores de la libertad" a las masacres de las AUC en todo el territorio. Un alto porcentaje de políticos buscaron a los líderes paracos para que hicieran votar a la población por ellos. La burguesía prosiguió la explotación y el despojo a los de abajo, a través de la máquina criminal más cruel en la historia de Colombia: la combinación ejército nacional con paramilitares, con el más poderoso andamiaje bélico importado de EEUU, Israel, Rusia y ...Brasil...¡ Brasil !, el de Lula y Dilma. Con los Tucano de Brasil bombardean campesinos en Arauca, Guaviare, Caquetá...¡ Qué calamidad ! Brasil y España se convirtieron en grandes exportadores de muerte envasada en productos de guerra. Las conductas de los estados de Brasil y España merecen una reflexión. El paramilitarismo ha sido una política aceptada en los clubes burgueses durante la vida republicana. Unas veces fueron los "pájaros", otras los"chulavitas", otras los "cóndores". Los terratenientes y empresarios se han valido de esas bandas de justicia privada para conservar su prosperidad egoísta. El paramilitarismo es un lastre que está rezagando a Colombia como la más arcaica nación de Suramérica al no permitir la alternancia en el poder de una tercera fuerza política tal como acaba de ocurrir en Perú con Ollanta Humala, y ha ocurrido en el resto de hermanas repúblicas. El único país de Suramérica que sigue bajo un bipartidismo obsoleto, corrupto y sanguinario es la república de Colombia.
La Ley de víctimas es una jugada económica ideada por economistas al servicio del Estado colombiano. Con ella se pretende ahorrarles al Estado una billonaria suma por concepto de compensaciones y reparos a los familiares de las víctimas. Al obligar a las víctimas a renunciar a indemnizaciones y a denuncias internacionales, el Estado consigue evitar escándalos de descrédito, además que queda con la discrecionalidad de incumplir los aportes ridículos alegando "indisponibilidad fiscal".
La restitución de tierras está condicionada a cláusulas que se convierten en verdaderas talanqueras a la hora de tramitar su recuperación; esto sin contar con la cacería desatada contra líderes reclamantes de tierras como una retaliación por la promulgación de la Ley. Muchas de estas tierras están anexadas a grandes fincas palmicultoras en la costa atlántica y en el urabá chocoano.
Los paramilitares expulsaron y asesinaron a muchos de sus dueños, luego compraron notarios, jueces, alcaldes, concejales, hicieron firmar ventas ficticias a los fantasmas de los dueños asesinados, falsificaron escrituras, chantajearon para hacer traspasos. Es un capítulo de horror en la historia reciente de Colombia, se trata de una contrarreforma agraria impulsada desde la propia presidencia de Álvaro Uribe Vélez, la que despojó de la tierra raizal a más de 4 millones de colombianos, entregó más de 6 millones de hectáreas de tierra a palmicultores, ganaderos, narcotraficantes, comerciantes, agroindustriales. Es una infamia que aún no se esclarece, que cobra más víctimas, que en lugar de repararse con la Ley de víctimas, se empantana en los vericuetos-mecanismos administrativos y judiciales, lo que a la postre se convierte en una maraña burocrática que hace dinero a costa de la restitución de tierras. Lo que Santos y Ban Ki-Moon firmaron fue un nuevo negocio para abogados, tinterillos, leguleyos, empresarios, burócratas, que va a hacer desistir a más de un desplazado.
La Ley de víctimas propicia la impunidad. 26 exsenadores, exrepresentantes a la cámara, exgobernadores, con sentencias firmes en la Corte Suprema de Justicia por apoyar a grupos paramilitares, no quedarán cobijados por la recién sancionada Ley de víctimas, que establece que quienes apoyaron y financiaron grupos armados ilegales tendrán que pagar para resarcir a las víctimas de la violencia. Sobre los ya condenados aplica principio de favorabilidad, pues ya fueron juzgados. Casi 100 más de ellos, altos cargos (políticos y burócratas corruptos) estarán por fuera de las cuentas de la reparación. Los bienes de los primeros condenados que ya gozan de libertad, permanecerán intocables para el fondo de las víctimas. O sea, pagan dos o tres años de cárcel, y salen a disfrutar lo mal habido. ¿Ah? Es el caso del exsenador y expresidente del partido conservador Ciro Ramírez, parapolítico que salió libre sin cumplir siquiera las tres quintas partes de su sentencia. Exagerados reportes de estudio y buen comportamiento durante su corta reclusión le conceden tamaña rebaja de pena. ¿Quién certifica sus horas de estudio? El INPEC, otro órgano altamente corrompido, dirigido por fichas uribistas, que favorecen a todos los aliados del régimen. Ya salió libre una primera camada de condenados por parapolítica, volvieron a sus regiones a reconquistar sus privilegios usando testaferros que contando con una maquinaria electoral fraudulenta (trasteo de votos, compra de conciencias, constricción electoral) ocupan los espacios de la democracia representativa. ¿A quiénes representan? A los barones del crimen y el narcotráfico, al cartel de los negociados, a los terratenientes, empresarios agrocombustibles, propietarios de minas, inversionistas. El pueblo está totalmente excluido de la participación democrática; y a los líderes que piden cupo los amenazan o le ponen un tiro como a Ana Fabricia Córdoba. Esta es Colombia de la Unidad Nacional, la de los partidos corruptos aliados con los paramilitares. Esa es la tragedia de nuestro país. ¡ Colombia es pasión !, dice la cajita hipnotizadora todos los días.
Imputación de cargos a exministro de agricultura Andrés Felipe Arias (alias "uribito carimagua").
El doctor Arias, con su rostro de seminarista solapado, sí que es un Anticristo. Este sí es el auténtico terrorista porque atentó contra la seguridad alimentaria y el derecho a la tierra de nuestros campesinos. Inicialmente quiso introducir una Ley Forestal que le robaba tierras a las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas, para entregarlas en concesión a las multinacionales-empresarios de la minería, la explotación maderera, los agrocombustibles. Afortunadamente, esa Ley fue declarada inexequible porque no consultó a las comunidades afectadas. Luego, este ministro en asocio con el INCODER y ACCION SOCIAL de la presidencia de la República, trató de desviar un terreno de 17.000 hectáreas en Puerto Gaitán (Meta), destinada a las familias de campesinos desplazados por la violencia, a manos de empresarios agroindustriales adinerados. Es decir, lo que constituía una política de ayuda para los campesinos pobres, Arias la transmutó en una ayuda para los empresarios ricos. Como dice el Dr. Robledo, una especie de Robin Hood, pero al revés. Como esta jugada tramposa tampoco le salió, entonces quiso hacer moñona con un lance aún más descarado, ofensivo y criminal. Se inventó la política de Agro Ingreso Seguro -AIS- (Agro Robo Seguro en lenguaje popular) que ofrecía subsidios y créditos blandos a los campesinos para impulsar su propio desarrollo y proyectos agrarios productivos. El diseño de los formularios de diligenciamiento para los prestamos era tan dispendioso (requisitos-tramites-constancias) que sólo podían ejecutarlo las familias ricas-conservadoras-empresariales-inversionistas. Era la misma consigna de Carimagua: quitarle al pobre para darle al rico; lo que equivale a la misma filosofía de los banqueros: privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Con el AIS se repartieron miles de millones de pesos entre reinas de belleza, latifundistas, poderosos ingenios azucareros, y hasta la directora de una rentable empresa periodística. Si, la señora Ana Mercedes Gómez Martínez (hermana del exalcalde de Medellín y exministro del transporte Juan Gómez), codueña de EL COLOMBIANO, salió favorecida con una importante suma de dinero. ¿Cómo un dinero que era destinado a humildes campesinos termina en las manos de una rica empresaria de notifarándula?
A la fecha, han sido encarcelados varios subalternos de Arias; pero, el No. 1 del ministerio sigue campante. La Fiscalía General de la Nación anunció medida de aseguramiento contra este Robin Hood arrevesado, pero hasta el mes de julio no se refrenda. ¿Será que están esperando a que se asile en Panamá, al igual que María del Pilar Hurtado (ex DAS)? Porque es muy probable que el Mesias ya le haya recomendado hacerlo por la "persecución política del gobierno aliado de las altas cortes terroristas". Más de 50 beneficiarios de AIS han sido llamados a indagatoria; pero a la directora de EL COLOMBIANO, que posa de cristiana, transparente, impoluta y servidora del bien común, aún no la llaman. Esta ética beneficiaria de AIS, no se ha declarado impedida de defender en sendos editoriales, la conducta delictiva de su correligionario "uribito". Esta es la gente que defiende la Seguridad Democrática, la que detesta a luchadores populares como Ana Fabricia Córdoba y Julián Conrado, la que criminaliza la Revolución Bolivariana, la lucha social, la rebelión. Así es la vida, en Colombia nos matan y en Venezuela nos entregan.
Sulata Taruka es Sobreviviente de la Unión Patriótica.

Crisis portuaria en Chile: “Si no se nos escucha, detendremos el país”

Crisis portuaria en Chile: “Si no se nos escucha, detendremos el país”

Entrevista con Jorge Bustos, Presidente de la Congemar

Por Andrés Figueroa Cornejo
 
 
Luego de los anuncios realizados por el administrador de turno del Ejecutivo, Sebastián Piñera, el pasado 21 de mayo durante su cuenta anual ante el país, en Valparaíso (capital de la Quinta Región) el 16 de junio dos mil trabajadores, empresarios y autoridades locales salieron a la calle a manifestarse contra las medidas portuarias sentenciadas por el Mandatario.
 
Jorge Bustos es Presidente de la Confederación de la Gente del Mar (Congemar). Aquí explica las razones de lo que podría ser uno de los capítulos relevantes en la creación de condiciones hacia un paro general de Chile.
 
-¿Qué iniciativas anunciadas por el Presidente Piñera en su alocución del 21 de mayo  dañan  las condiciones de vida de los habitantes de las ciudades –puerto?
 
“Piñera habla de la ‘apertura del cabotaje marítimo a naves extranjeras’, es decir, habla de incentivar la competencia en transporte marítimo de carga y pasajeros dentro de Chile. Sin embargo, como hombres y mujeres de puertos, nos oponemos a cualquier idea de modificación que pretenda abrir el Cabotaje Marítimo a naves extranjeras.”
 
-¿Por qué?
 
“Porque los trabajadores, que somos un importante sector directamente afectado, no hemos sido consultados ni hemos participado en el estudio de esta iniciativa. Y al resultar un proyecto inconsulto, desconocemos si el gobierno evaluó las muchas consecuencias negativas que esta iniciativa involucra, incluso algunas de carácter internacional.”
 
-¿Como cuáles?
 
“Destruiría trabajo de la Marina Mercante Nacional, afectando a alrededor de 20.000 trabajadores directa o indirectamente a nivel nacional, y a sus respectivas  familias. Indirectamente, castigaría a otros sectores como a los camioneros, ferroviarios, portuarios, agentes de aduana. Asimismo,  estamos ante una inminente y dramática realidad que afectaría los intereses marítimos del país, y que se reflejaría en la desaparición de nuestra marina comercial que efectúa el Cabotaje, con la consecuente cesantía de las tripulaciones de los buques de la flota nacional. Y, por tanto, sería muy difícil recuperar este recurso humano, altamente capacitado y calificado.
Pero eso no es todo. La medida antidemocrática impactaría directamente en la seguridad de la navegación y en la protección del medio ambiente acuático. Fatalmente seríamos ‘pioneros’ en el mundo en dictar unilateralmente una medida que atente contra  los propios intereses marítimos del país, sin establecer políticas de reciprocidad. Y te digo que defenderemos a como dé lugar, el trabajo y el ejercicio profesional marítimo chileno en las naves que desarrollen el cabotaje en nuestra costa.”
 
 
Las mentiras de Piñera
 
-¿De qué se tratan los llamados ‘Almacenes Extraportuarios?
 
“Es el antiguo concepto de “Puerto Seco”, o sea, llevarse las actividades portuarias a Santiago. Se argumenta el aumento del flujo de camiones en ciudades portuarias y carreteras, aduciendo ineficiencias logísticas que encarecerían el transporte del comercio exterior nacional. Pero contrariamente, producirá mayor concentración y tránsito de camiones, con la consecuente contaminación ambiental, deterioro vial, e incremento de costos al usuario importador, además de la afectación a la ciudadanía y su calidad de vida en la Capital.”
 
-Sin embargo, Piñera habla que el proyecto creará más competencia, lo que debería redundar en una baja general de precios…
 
“Mira, según la AIC, la propuesta potenciaría mayor competencia en el mercado, generando condiciones para una baja de tarifas y un servicio más expedito y simple. Pero esto es una falsedad absoluta.”
 
-¿Porqué?
 
“La actividad de los Agentes de Aduana es una profesión institucionalizada por ley en el país, y se caracteriza por tener alta competencia, buen servicio y bajos costos para los usuarios importadores y exportadores de Chile.
De aplicarse la medida gubernamental, este mercado que funciona bien, dando garantías y seguridad al comercio exterior chileno, se distorsionaría en el caso de otorgarle licencia, por ejemplo a los forwarders para despachar, produciendo el efecto exactamente contrario, debido a que ellos representan varias actividades cuyo objetivo principal es el transporte de mercancías, y esa industria está fuertemente concentrada en unas pocas empresas multinacionales que en conjunto con las navieras y compañías aéreas, constituirían un monopolio del comercio exterior, eliminando la competencia. El despacho aduanero quedaría en manos de empresas cuya falta de experiencia y nula preparación profesional en esta materia afectarían seriamente la seguridad jurídica de las operaciones aduaneras. Como consecuencia, se pondría en riesgo la salud de la población, el patrimonio fitosanitario del país, la importante recaudación fiscal que realiza Aduanas (USD 11.500 millones anuales), además de modificar las estadísticas nacionales para la toma de decisiones macroeconómicas que finalmente se traducen en efectos sociales determinados por las políticas públicas.
Los agentes de aduana, en su calidad de auxiliares de la función pública aduanera y de ministros de fe, son un aval de garantía y transparencia para el éxito del comercio exterior chileno. Con la idea de Piñera, se verían gravemente mermadas sus actividades, generando el cierre de muchas agencias, con el consiguiente aumento de la cesantía en las ciudades-puerto y el aumento de costos para los usuarios.”
 
-Pero el proyecto considera en transporte caminero, normas técnicas más modernas que las vigentes, permitiendo el mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías para incrementar la productividad y eficiencia…
 
“Rechazamos esos argumentos porque estimamos responsablemente que la única manera de desarrollar el transporte de carga carretero con nuevas tecnologías, aumento de productividad y eficiencia es creando una Ley de Transporte de Carga por Carretera para Chile. No hay otra.”
 
-¿Y que hay de los transportistas multimodales como nueva forma logística?
 
“La aplicación de ese modelo de transporte, contrariamente a lo señalado, produciría una monopolización de la cadena logística, provocando una concentración en sus funciones y eliminando las responsabilidades que cada sector tiene hoy  en ella.
Y concentración significa que unos pocos actores dominan el mercado con la consecuente multiplicación de abusos, privilegios, colusión, evasión tributaria e incrementando el costo final de las operaciones, que terminan dañando la competencia y al consumidor final.”
 
 
La Coordinadora
 
-¿De qué modo se ven tocados los trabajadores de la Banca?
 
“Eso tiene que ver con el circulante que se mueve diariamente en Valparaíso, el cual en más de un 90% se explica por el comercio internacional. Por lo tanto, de aplicarse las medidas, con un par de sedes bancarias bastaría. A lo menos 16 oficinas cerrarían sus puertas.”
 
-¿Qué es la Coordinadora de Defensa de las Ciudades –Puerto?
 
“La Coordinadora es la respuesta a dos cuestiones centrales. La primera tiene que ver con la centralización del Estado que comporta el proyecto. Ella cobraría un movimiento de monopolización de la economía del comercio exterior y la consecuente cesantía global en las ciudades-puerto. Esto implica afectar, en forma inmediata más de  17.000 empleos directos únicamente en la Región de Valparaíso (Fuente Estudio Universidad de Valparaíso). Si esa cifra se multiplica por la composición familiar de cada trabajador, el número aumenta considerablemente. Y estamos hablando de cifras que no incluyen la empleabilidad indirecta de la región (comercio, transporte, turismo, etc.).
Nuestra Coordinadora implementará todas las acciones que sean necesarias, tanto a nivel local como nacional, para rechazar y revertir estas medidas, con el objetivo de instalar al breve plazo una mesa de negociación con el Gobierno que nos permita avanzar en soluciones reales para nuestras ciudades y con la participación de la ciudadanía y los sectores directamente involucrados.”
 
 
-¿Y en los puertos distintos a los de Valparaíso?
 
“A nivel nacional, todos y cada uno de los puertos terrestres, marítimos y aéreos, y las ciudades que de ellos dependen, se verían fuertemente perjudicadas por los efectos políticos y sociales, todavía no cuantificados.
Se trata de un traje hecho a la medida para los grandes grupos de transportistas internacionales aéreos, marítimos y terrestres, en cuya elaboración se nos excluyó en nuestra calidad de  actores más relevantes del comercio exterior chileno (Servicio Nacional de Aduanas, asociaciones marítimas y portuarias, Federación Nacional de Dueños de Camiones, Agentes de Aduana, Almacenistas Extraportuarios, y otros sujetos relevantes de la cadena logística). Todo esto únicamente traerá a las ciudades-puerto más cesantía, y en Santiago mayor centralización y contaminación.”
 
¿De qué se trata el ‘Porteñazo’ que están organizando para el mes entrante?
 
“Se trata de  una acción ciudadana transversal contra  la concentración monopólica, es decir, contra el modelo económico y contra el centralismo, y a favor de la real descentralización del poder del Estado.
Debe ser el inicio para que los ciudadanos pongamos en la agenda política nuestras propuestas, nuestros sueños y esperanzas. Los políticos no saben qué es lo que la gente necesita, por lo tanto debemos hacernos visibles, gritar hasta que nos escuchen, o simplemente, queden sordos.
Y si el grito de la razón  no alcanza, entonces detendremos el país, junto a los que el sistema pretende hoy hacer desaparecer.
En definitiva, debemos decirle al gobierno, que nosotros somos los que movemos al país y que se acabó el recreo. Que de aquí en adelante, deberá empezar por tenernos respeto, a lo menos.”
 
 
Anexo
 
 
RECHAZAMOS TAJANTEMENTE LAS MEDIDAS DE LA AIC RELATIVAS AL COMERCIO EXTERIOR CHILENO POR LAS SIGUIENTES RAZONES:
 
Favorecen concentración del poder en muy pocos grupos económicos
 
Generan monopolio, centralización económica y política y, por tanto, ahogan la libre competencia
 
Generan cesantía en las ciudades-puerto del país, por la centralización de la actividad portuaria en la Capital. Valparaíso, por ejemplo, pasaría a ser un museo histórico de lo que fue el principal puerto de Chile. Esto necesariamente afecta el comercio local y la economía global de la región.
 
Desmejoramiento en la calidad de vida de los santiaguinos, por mayor contaminación y daño vial.
 
Se trata de medidas absolutamente inconsultas, pues el documento AIC se elaboró sin incorporar a todos los entes involucrados en el comercio exterior chileno.
 
Al traspasar la función fiscalizadora de los agentes de aduana a los forwarders, el Estado estaría abandonando las funciones que le son propias.
 
 
21 de junio de 2011

ASESINAN A PERIODISTAS EN VERACRUZ; LLEGA NÚMERO A 80 DESDE 2000

ASESINAN A PERIODISTAS EN VERACRUZ; LLEGA NÚMERO A 80 DESDE 2000

México, D. F, a 21 de junio de 2011

Consejo Directivo de la Fundalex
Armando Prida
Presidente.

En la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) hemos sostenido que “decir la verdad cuesta y, a veces, cuesta la vida” y esto es precisamente lo que lamentablemente sucedió ayer con el periodista Miguel Ángel López Velasco, su esposa y su hijo, quien también se desempeñaba como reportero gráfico del diario Notiver de Veracruz, del que el columnista con el seudónimo de Milo Vera se desempeñaba como subdirector.

Crítico de los funcionarios gubernamentales de los tres niveles de gobierno, pero en especial a los del gobierno estatal, López Velasco, fue ultimado esta mañana en su domicilio del Puerto de Veracruz, junto con su esposa Agustina Solana y el menor de sus hijos, Misael, quien se desempeñaba como reportero gráfico de la sección policiaca del Notiver.

Además, según reportes periodísticos, Misael López Solana cubrió como fotógrafo especial la campaña a la gubernatura del panista Miguel Ángel Yunes Linares.

Miguel Ángel López Velasco escribía desde hace varios años la columna “Va de nuez”, que era leída con gran interés por los lectores veracruzanos debido a la información crítica que desplegaba en cada una de ellas.

También escribió en los años 90 el libro “Todos están adentro”, donde documentó los hechos ocurridos en un enfrentamiento entre militares y policías en el paraje conocido como Llano de la Víbora, donde unos y otros se acusaban de proteger bandas del narcotráfico.

Con la muerte de Miguel Ángel López Velasco y Misael López Solana la suma de periodistas asesinados desde el año 2000 suma 80 y 9 de ellos en el estado de Veracruz, siendo el más reciente Noel López Olguín, quien fue desaparecido el 8 de marzo y su cuerpo encontrado el 31 de mayo en Jáltipan.

La Fundalex exige una investigación pronta y expedita, ceñida conforme a derecho y que éste crimen, como los anteriores, no quede impune porque cada ataque a un periodista y cada caso que deje de resolverse, son un atentado más a la libertad de expresión en nuestro país.

Chile: La muerte política del ministro Joaquín Lavín

Chile: La muerte política del ministro Joaquín Lavín

Por Andrés Figueroa Cornejo
 
 
1. En medio de la marcha de protesta más multitudinaria de Santiago de Chile en las últimas décadas, con alrededor de 100 mil asistentes  en torno a la recuperación de la Educación Pública, el profesor de Educación Básica y dirigente  del Colegio Metropolitano de Profesores, Raúl Manríquez dijo que “la manifestación es la mejor demostración de los errores que ha cometido el gobierno en general, y en materia educacional, en particular. Continuar vendiendo la educación pública al sector privado, no lo aceptaremos los docentes. Lo menos que puede hacer el ministro Lavín es renunciar a su cargo. Ello se apoya incluso en su baja en las encuestas.”
 
Mientras 14 calles de la principal arteria de la Capital, la Alameda, se mantenían atiborradas de jóvenes estudiantes de colegios y universidades, de educadores y trabajadores, Laura Ortiz, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), informó que “aparte de las tomas y de los paros que sostenemos a nivel nacional, también salimos a la calle a manifestarnos contra el actual sistema educativo. Estimamos que primero es preciso realizar una transformación del modelo económico del país; y que la renacionalización del cobre es primordial para garantizar financieramente los derechos sociales arrebatados.”
 
La gran marcha del jueves 16 de junio, se inició a las 11:00 y culminó a las 14:00 hrs. Los pasos firmes, la creatividad expresada con cantos, bailes y las banderas de consignas llenas de humor inteligente, hicieron arder el mediodía invernal del centro de Chile.
 
Ignacio Sepúlveda, representante de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Santiago de Chile (USACH, ex UTE), indicó que “hemos logrado reunir al sector universitario tradicional y privado. Nuestras demandas son que el Estado se haga cargo de la Educación Pública. El financiamiento a través de los años ha bajado sustancialmente y la familia chilena, vía endeudamiento a más de 20 años, ha tenido que hacerse cargo de la enseñanza en el país. Y  la educación privada  es vital que se regularice en materia de ganancias. Estudios internacionales afirman que en ningún caso el lucro en la educación es sinónimo de excelencia. Todo lo contrario. Las universidades más prestigiosas del América Latina son gratuitas.”
 
La presidenta de los Trabajadores Bancarios, Andrea Riquelme, explicó la presencia de esa área de asalariados, enfatizando que “estamos contra el lucro en la educación. Y las instituciones financieras se prestan para endeudar a  los estudiantes para el pago de sus carreras universitarias, hipotecando su porvenir para el resto de su vida.”
 
Pablo Saavedra de la Escuela de Derecho de la privada Universidad Arcis, indicó con claridad que “nosotros protestamos porque el gobierno quiere seguir privatizando la educación, quiere terminar de enterrar la educación pública y continuar con los subsidios a las empresas privadas, como hizo el gobierno anterior durante 20 años, y que la dictadura comenzó a implementar desde 1981. Por eso creo que con más de 180 colegios en toma y 20 universidades movilizadas, y junto a los trabajadores, debemos poner fin a la educación de mercado. Esta demanda debe ser capaz de cuestionar al conjunto del régimen político chileno.”
 
Jóvenes, intentando llegar a la entrada del  Ministerio de Educación, convertido en un auténtico fortín de Carabineros de Fuerzas Especiales, fueron ferozmente reprimidos con gases lacrimógenos y gases lazaaguas.
 
Lo cierto es que  el ex pre candidato presidencial de la derechista UDI y actual ministro de Educación, Joaquín Lavín, cae verticalmente y en horas de la tarde, mucho después de la enorme protesta que tuvo carácter nacional, se limitó a amenazar a los estudiantes movilizados con una supuesta pérdida del año escolar (en realidad intentó asustar a los apoderados de los secundarios y a los padres de los universitarios). Ya en mayo, según la encuesta Adimark, se desplomó su aprobación en la cartera de enseñanza en 8 puntos. Hay que esperar la de junio, considerando el dinámico contexto que jaquea su autoridad, y por extensión, la de todo el gobierno.
 
 
2. El Opus Dei y ultra liberal económicamente Joaquín Lavín huele a cadáver político luego de gatillar la manifestación más numerosa que recuerde el país desde los tiempos ruinosos de la dictadura militar a través de la imposición de políticas antisociales, privatizadoras, excluyentes y antidemocráticas en materia educacional. Es claro y no de poca importancia que el movimiento social en su conjunto logre desde abajo derribar, esta vez formalmente, mediante una renuncia por ejemplo, a quien estuviera a menos de 200 mil de votos de Ricardo Lagos Escobar en la elección presidencial de 1999. Ello comportaría un efecto devastador para la administración de Sebastián Piñera. Sin embargo, si se despeñara sólo el personaje, el modelo se mantendría intacto. Por eso la caída de Lavín tiene necesariamente que ir en compañía de victorias, al menos parciales, respecto de los intereses de la ciudadanía y la educación.
 
El cambio sistémico es un horizonte de sentido que sólo podrá jugarse su oportunidad si logra terciar una tercera fuerza política en medio del duopolio dominante, a saber, entre la Coalición por el Cambio y la Concertación, y desde los intereses de los trabajadores y el pueblo, desde los intereses genuinos de las grandes mayorías. En la actualidad, los partidos políticos tradicionales y sus jefes y subalternos sufren una profunda quiebra de credibilidad popular y no tienen por donde repuntar. Ello representa un desafío político de proporciones históricas para el movimiento social y sus organizaciones políticas. Y demanda convicción de poder, flexibilidad táctica, ductilidad a la hora de construir el nuevo instrumento político electoral más amplio y adelantado posible de acuerdo a las correlaciones de fuerzas y el análisis concreto de la realidad concreta. De hecho, una Asamblea Constituyente, únicamente cobra realidad actualizada desde un gobierno con un fortísimo respaldo social, organizado y conciente. Eso ha ocurrido en todos los países del Continente donde ha habido procesos de asambleas constituyentes. Se pone a la orden del día de acuerdo a las fuerzas capaces de producir una nueva Constitución Política que radicalice la democracia en todas sus facetas. De lo contrario, no deja de ser una demanda trascendental, por cierto, pero sin contexto, sin sujeto, sin escenario, sin realidad, sin poder.
 
La muerte política del ministro Joaquín Lavín es un paso relevante para las fuerzas que buscan cambiar la vida. Pero aún para echar abajo a un ministro, se precisa la formación de un continente social y político todavía más poderoso.  Y de alcanzarse el objetivo, la generación de condiciones hacia un paro general, ahora contra un Sebastián Piñera ya sin espaldas en la opinión pública, resulta una tesis plausible para bascular las relaciones de fuerza entre una sociedad civil totalmente desconfiada, decepcionada  y escindida del Estado. Esto es, ante la división visible que se expresa en la lucha por la recuperación de los derechos sociales conculcados, como la educación; la huelga de los mineros subcontratados de El Teniente; la lucha mapuche; y la pelea ambientalista contra el despojo capitalista; frente al Estado. La crisis de gobernabilidad y la disputa por la hegemonía de las clases históricas en pugna, manifestadas de diversas formas, podrían sentar las bases para tonificar a través de un gobierno de nuevo tipo, y poner a Chile en sintonía con los procesos progresistas, independentistas, antiimperialistas y pro populares en curso en América Latina y El Caribe.     
 
 
Junio 16 de 2011

Carta abierta a Evo Morales: LOS LEQUE LEQUE

Carta abierta a Evo Morales: LOS LEQUE LEQUE

Por gustavo Duch

Escribí de ellos hace varios años, regresando de la Bolivia nueva y orgullosa de un cambio político y de una revolución social. Los leque leque, me enseñaron una familia campesina del altiplano, son pájaros que leen el tarot, adivinadores del futuro. Según el clima tenga que llegar, según venga seco o lluvioso, la familia leque leque anida sobre los surcos o entre ellos, de las papas cultivadas. Así pues para conocer el tiempo de los próximos días, a las y los campesinos no les hace falta parte meteorológico alguno. Se reemplaza el meteosatelite por la observación de los leque leque.

Pareciera un mecanismo antiguo y poco moderno, pero es un sistema exitoso y sostenible. De la misma forma que el gran número de variedades de papas que las familias campesinas poseen, les asegura alimentación independientemente del clima, independientemente de las fluctuaciones del mercado y, sobretodo, independientemente de los caprichos de las multinacionales apropiadoras de las semillas campesinas. Es por eso que todas estas prácticas y políticas encaminadas a la ‘independencia o autonomía campesina’ son un grito internacional tremendamente movilizador: la soberanía alimentaria.

Bien lo sabe el campesinado hindú, por ejemplo, que se ha arruinado con el algodón empresarial transgénico cuyas semillas (y fitotóxicos específicos) deben comprar anualmente. O el campesinado estadounidense  que ha visto como su maíz ecológico ha sido contaminado por maíz empresarial transgénico… y eso les ha costado una sanción. O el excampesinado argentino expulsado de sus tierras o huertos ante el avance imparable de los monocampos de soya transgénica.

Bien lo sabe también la y el productor agrícola boliviano, pues desde hace cinco años y de forma ilegal, la soya transgénica se introdujo y expandió por los campos de su país, sin respuesta alguna de su recién formado gobierno. Se echó a faltar una visión de pájaro, de leque leque, de futuro, y ahora, se puede constatar que la soya transgénica es más susceptible a la roya y ha tenido menores rendimientos que la no transgénica; se puede contabilizar un incremento de más del 300% en el uso de herbicidas, fungicidas e insecticidas; y se puede encontrar rastros de soya transgénica en alimentos para el consumo humano.

Bien lo saben también las organizaciones campesinas bolivianas, Sr. Presidente, que se han reunido preocupadas el pasado día jueves 9 de junio en Cochabamba, ante el anuncio de su gobierno de la legalización del uso de transgénicos en Bolivia. La soberanía alimentaria se basa  fundamentalmente en el acceso y control a las semillas, base de la producción de alimentos, recurso vital para cualquier país del mundo. Dos formas tenemos de entender esa propiedad: las semillas transgénicas con sello de propiedad privada, peligrosos especímenes irreproducibles ocultos bajo el manto de falsa modernidad y desarrollo tecnológico,  o la propiedad social de semillas campesinas que son de todos y son de nadie. Igual que el aire, el oxígeno o el amor.

Por eso, se le manda una postura clara.

No puede un gobierno social como el suyo rendirse a los intereses de las empresas transnacionales de semillas que son también dueñas de los agrovenenos necesarios.

No puede, un país que ha aprobado los Derechos de la Madre Tierra en su Constitución, poner en riesgo uno de los territorios más ricos en biodiversidad , leques leques y muchas variedades de  papa, maíz, cereales, frutas, quinua y otros miles de cultivos andinos y amazónicos.

No puede, quien bien lo sabe, aprobar semillas pensadas en la exportación desplazando a los cultivos destinados a la alimentación humana.

No puede, un representante del pueblo, favorecer cultivos que destruirán bosques que son fuente de biodiversidad y hábitat de los pueblos originarios.

No debe, Sr. Presidente.

Argentina: El Frente de Izquierda se inscribió ante la Justicia

Argentina: El Frente de Izquierda se inscribió ante la Justicia

La primera vez que la izquierda presenta una fórmula única desde 1983

(PTS, 15/06) El "Frente de Izquierda y de los Trabajadores" se inscribió hoy ante el Juzgado Federal a cargo de la Dra. María Romilda Servini de Cubría en una alianza legal que integran tres partidos nacionales -el Partido Obrero, el PTS e Izquierda Socialista- y 29 partidos de distrito de todo el país. Es la primera vez desde el fin de la dictadura que la izquierda presenta una única fórmula presidencial, esta vez compuesta por Jorge Altamira (PO) y Christian Castillo (PTS). Asimismo el Frente postulará candidatos a legisladores nacionales en 20 distritos y a gobernadores en numerosas provincias como Buenos Aires.

El candidato a Vicepresidente de esta inédita alianza de izquierda, Christian Castillo, declaró que "este es un hecho histórico, y no es casual que seamos los de la izquierda clasista quienes lo protagonizamos, mientras que otras agrupaciones se integraron a variantes centroizquierdistas como colectoras del kirchnerismo o la centroizquierda sojera de Binner y Pino Solanas: somos la única opción de lucha, socialista y de los trabajadores".

Christian Castillo destacó que "sin la tremenda fuerza militante de nuestras organizaciones no hubiera sido posible sortear todas las trabas proscriptivas que impuso la nueva ley electoral: ni la Cámpora ni ninguna otra fuerza pueden preciarse de contar con miles de militantes que actúan por vocación y no por ser funcionarios rentados del Estado"

Castillo destacó que "el Frente de Izquierda tuvo su bautismo en Neuquén, donde hizo una extraordinaria elección logrando una banca en la legislatura que será ocupada en forma rotativa por los principales referentes de la fábrica Zanon que funciona bajo gestión obrera desde hace 10 años, junto con importantes dirigentes antiburocráticas del gremio docente de esa provincia."

El Frente de Izquierda postula como candidata a Jefa de Gobierno por la Capital Federal a Myriam Bregman del PTS, reconocida abogada querellante en los juicios contra los genocidas de la dictadura. En la provincia de Buenos Aires el candidato a gobernador es José Montes del PTS, obrero y delegado de base del Astillero Río Santiago.

Secretaría de Prensa PTS www.pts.org.ar/elecciones Twitter: @PrensaPTS @PTSArg @Fte_Izquierda http://www.facebook.com/FrentedeIzq...

Los compromisos del gobierno: mentiras, engaños y más represión.

Por Jose Venturelli

 

¿ Es Hinzpeter el verdugo?

La ley Anti-Terrorista es un pobre engendro de las mentalidades represivas y criminales como las de Pinochet, Manuel Contreras y otros "próceres" que se escondían en la oscuridad y, de los "intelectuales" que buscaban aterrar al país y hacer reinar el miedo. Me refiero a los guzmanes y algunos de los próceres actuales que las hicieron leyes sin un grano de democracia. Dedicados a reprimir a todo lo que impidiera ganancias a los magnates actuales, desde Los Matte y Angelini hasta los más recientes que eran protegidos en dictadura como los Luksic y Piñera... cuyas fortunas crecían al empobrecer al mapuche y a otros sectores del país. Los financistas especuladores se multiplicaron. Ese castigo preventivo, con el que se ha podido perseguir hasta asesinar de modo impune a los afectados del pueblo que exigen ser respetados, es la letra de la dictadura y que quedó en esa ley de marras. Cambiar todo eso es urgente. La huelga de hambre de los cuatro dirigentes mapuche terminó con una declaración en la que figuraron los Ministros del Gobierno Felipe Bulnes de Justicia y el Ministro Larroulet (el mismo que firmara los acuerdos de Octubre del 2010 y que no fueron respetados de modo alguno aunque juren haberlo respetado: la evidencia del engaño ha sido clara para todos)

Eso no da muy buen augurio... Pues bien, a menos de 24 horas de haber hecho el acuerdo, aparece el Ministro Represor Hinzpeter y, en TVN, con la cara dura que le caracteriza (y la mucho menos inteligencia que pretende) dice "a la Ley Anti-Terrorista no se la toca". Eso es ser un provocador y pone, nuevamente, al gobierno todo, coherente consigo mismo: El Gobierno es torpe y de mala fe al actuar de este modo. La enfermedad del "terrorismo en Chile" existe... desde el golpe de 1973 que lo llevaron adelante y mantienen como un forma de prevenir cualquier oposición. Los Hinzpeter, Von Baer, Piñera han demostrado ser administradores de empresas poco éticas que aumentan sus ganancias y limitan los salarios y derechos laborales… y ser también pésimos gobernantes, inmovilizados por la represión y la protección de sus socios. La Ley Anti-Terrorista debe ser derogada... y una nueva Constitución hecha democráticamente y no con líderes fácticos y coludidos con este espantapájaros social que pretenden democrático. Todos los habitantes de Chile (y crecientemente del mundo), han visto la dignidad del pueblo mapuche y de sus líderes. También la grosería y carácter repulsivo de las estructuras del estado y gobierno que se solazan en reprimir e inflarse con aire caliente... para subirse más alto. Derogar la ley anti-terrorista es lo que se necesita y, en lo inmediato, liberar a quienes sean perseguidos con ella (mapuche o no) porque no se ha podido demostrar absolutamente nada terrorista, salvo lo hecho por los afiebrados fiscales y del trío de gobierno que miente y amenaza. La calidad moral del gobierno se evidencia en los indultos a los criminales de lesa humanidad. Estas acciones son más que suficientes para impedir legalmente y desrielar a personajes como Hinzpeter, verdugo que ya no da para más. El gobierno se empantana en la represión y en su incapacidad de mirar al país como tal y no como empresa. Esto lleva a más violencia y la creciente resistencia por los derechos fundamentales del pueblo. ¿Van a seguir criminalizando y justificando sus leyes inmorales? Si crece la decisión de luchar de los diversos grupos sociales, estudiantes, trabajadores, ANEF, universitarios, pescadores, mapuche, diaguitas, aymarás, jubilados, comunidades amenazadas por agresiones al medio ambiente, profesores, trabajadores pagados en forma miserable y pobladores y tantos más que protestan es porque el gobierno es incapaz como los anteriores, centrados en las ganancias y no en la calidad de vida del país todo. ¿Van a reprimir hasta matar, con impunidad? No se podemos aceptar que todo lo cubran con imágenes estúpidas como eco-terroristas, universitarios terroristas y otras estupideces de ese tipo. La lucha social es un derecho inalienable. Equidad y justicia van de la mano: Esto es algo para lo que los gobernantes no fueron preparados y, si lo fueron, salieron mal. Demasiado tiempo aceptando la represión formó a muchos represores y corruptos sin que se hicieran preguntas.

Mientras los incrementos de ingresos sean “a la chilena”, la equidad seguirá disminuyendo. Las ganancias permiten a los Piñera, Luksic y socios aumentar con furia en su competencia escandalosa por ser "el más rico". La política del chorreo que permite el “choreo” de los poderosos, no resuelve nada: lo empeora. “Miren como sonrien los presidentes”... ¡especialmente el actual! Las políticas de justicia (y justicia social para los sectores más pobres -70% gana menos de $30.000- deben reparar a los despojados y poner énfasis en eso y no en aumentar ganancias de magnates. La reparación al mapuche y no más la saña de Hinzpeter y pandilla debe imponerse. El que no hayan "gastado" el dinero de CONADI el año pasado les permite eliminarlo ahora... en vez de designar dinero para desarrollo, escuelas, tecnología, asistencia, salud, escuelas, etc... y no para meter más Comisarías y represión. Negociar con el gobierno es pésimo negocio cuando no hay interés sino en mantener este estado de cosas.

Fuente: http://derechoshumanosyjusticiaparatodos.blogspot.com/

La crisis política más importante del gobierno de Piñera

Por Juan Valenzuela

El gobierno de Piñera atraviesa su crisis política más importante. Esto es consecuencia de tres factores:

1. En primer lugar del descontento masivo que genera y que se expresó en la última encuesta Adimark, que le dio apenas un 35% de apoyo y un 56% de rechazo. Si la carestía de la vida (con alzas en el pan y en el transporte) contribuía a alimentar el descontento, el manejo ante HidroAysén –que reveló ante miles su carácter pro empresarial y antidemocrático- contribuyó a activarlo parcialmente, especialmente en sectores de la juventud. Del mismo modo que el debate educativo –con las reformas realizadas y anunciadas por Lavín para la educación escolar y superior- que contribuyó a activar masivas marchas estudiantiles.

2. En segundo lugar, del incremento de los roces internos en la derecha. Sólo horas después de que se hiciera pública la encuesta Adimark, un grupo de 35 parlamentarios de la UDI, leyó una declaración criticando en duros términos la conducción política del gobierno. La crítica se concentraba en Rodrigo Hinzpeter, a quien la UDI, desde hace bastante tiempo, le está haciendo la “vida imposible”, para minar sus posibilidades como presidenciable. El debate por la “unión civil” entre personas del mismo sexo, encendió la rabia reaccionaria del gremialismo. Para colmo, parlamentarios UDI por la sexta y la séptima regiones, se sumaron a las movilizaciones convocadas por la ASOEX y la Fedefruta, que reclaman al gobierno porque supuestamente con la caída del dólar sus ganancias estarían decayendo. Hernán Larraín defendió el actuar de sus correligionarios. Jovino Novoa, figura de peso en la UDI, se sumó a las críticas. Surgen presiones para cambiar el gabinete. Mientras redactamos estas líneas la UDI realiza su “consejo directivo ampliado” y es evidente que en su interior, los sectores más crispados, quieren buscar una línea más confrontacional con el propio gobierno que integran. Hay mucha preocupación sobre lo que pueda decir Pablo Longueira.  De este modo, se desordenan las filas oficialistas y se abren flancos con la oposición. Ésta, por su parte, también está intentando marcar más su personalidad política. Por ello han rechazado la aprobación de los llamados “proyectos sociales” de Piñera (posnatal, 7% de los jubilados). También se abren flancos para el ingreso de la lucha de clases.

3. En tercer lugar, todo indica que el movimiento estudiantil ha entrado a la escena. En diversos puntos del país surgen paros y tomas de estudiantes universitarios y secundarios. Los liceos “emblemáticos” de la comuna de Santiago son tomados por sus estudiantes y también liceos de la periferia. Las organizaciones como la CONFECH, la FEMES o la ACES empiezan a captar la atención de los medios de prensa. Se discuten petitorios. Incluso los dirigentes del Colegio de Profesores, que venían completamente pasivos, deben reubicarse. Han anunciado para el 16 de junio, un paro nacional del magisterio.

¿De qué le ha servido al gobierno el “crecimiento económico”? La prensa oficial habla de los “indignados”. Surgen también luchas obreras, todavía aisladas. Luchas que no alcanzan aun a imprimirle su “sello obrero” al escenario político: los subcontratados de El Teniente, los portuarios de Iquique, entre otros.

La Concertación, infructuosamente buscó montarse sobre las movilizaciones contra HidroAysén. Ahora busca encontrar una orientación común de cara a las elecciones municipales y las próximas presidenciales. Francisco Vidal –miembro del PPD y ex ministro de Bachelet- intenta tender puentes con MEO y el PC, en pos de una candidatura única de la “oposición” lo que es resistido internamente. El PC, por su parte, no abandona su “rutinarismo” y su política de “pasillo”. Aunque estén a la cabeza de la lucha estudiantil e impulsando un paro de profesores, su presidente, el diputado Guillermo Tellier, no tiene ningún asco en ir a la reunión con “presidentes de partido”, que Piñera ha convocado para el 13 en La Moneda. Plantea que buscará llegar a acuerdos, como legislar sobre los plebiscitos.

La CUT se apresta a negociar el salario mínimo y pedirá $190.000 Además de ser una miseria, no liga la negociación a la lucha. ¿Por qué esperar hasta octubre para un paro? ¿No es acaso hoy el momento de organizar un paro, dado el contexto nacional? ¿Acaso preparando un paro no se podría pelear por un salario mínimo que responda a las necesidades de los trabajadores? Los dirigentes de la CUT no quieren agitar las aguas. Por eso a las marchas van sólo ellos y no impulsan la organización y lucha en las bases. La CUT se ha transformado en una organización inútil para la lucha, por sus actuales dirigentes.

Hace falta una alternativa. Hay que pelear por la unidad, preparando un Paro Nacional. Es necesario un Comité Nacional de Huelga, abierto a pobladores, estudiantes y mapuche. Y luchar por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, basada en la movilización de las masas, para cuestionar la educación de mercado, la subcontratación y toda la obra neoliberal. Esto, como parte de la lucha por una República de Trabajadores. Esta es la pelea del PTR-Clase contra Clase.