En Colombia nos matan y en Venezuela nos entregan

Sulata Taruka (TRIBUNA POPULAR)

Ni Marx, ni Engels, ni Lenin, ni Gramsci, ni Rosa Luxemburgo, ni Luckas, justificarían la entrega de revolucionarios a un Estado genocida, por motivos tácticos o estratégicos.

El preso político es un ser digno, alguien que no acepta el orden de injusticia y se rebela contra él. Es un ser con elevada conciencia, que sirve de guía a la sociedad, porque ve lo que aquella no quiere o no puede ver. Es también un hermano de clase, sacrificado por los más nobles ideales para el bienestar de la mayoría. En lugar de ser despreciado, el preso político nos merece toda la admiración, el respeto, la solidaridad, el amor. Todo lo que podemos hacer por el preso político es hacer por la evolución de toda la sociedad, porque aquél ya encarna un mundo distinto, mejor y posible. El preso político es revolucionario del planeta, no sólo de Colombia. Su lucha son todas las luchas de emancipación en la tierra, las de Irak, Afganistán, Egipto, Honduras, Palestina, España, Libia, Yemen, Mexico, Venezuela. El preso político colombiano le pertenece a la Revolución Bolivariana porque esta revolución es patrimonio de todos los pueblos oprimidos del mundo. La queremos, la cuidamos, opinamos, nos movemos, nos sensibilizamos, reímos, lloramos, nos emocionamos, preguntamos por ella en cada amanecer. Toda conquista en un punto del planeta es conquista de la humanidad entera. Y es deber de tod@ revolucionari@ apropiarse de ella, criticarla constructivamente-amorosamente, con corazón e intelección, regarla y podarla como a su propio jardín.

Por lo anterior, me permito junto a todos los presos políticos de mi país, junto al alma gloriosa de Ana Fabricia Córdoba, junto al periodista alternativo Joaquín Pérez Becerra, junto a los compañeros combatientes entregados por el gobierno bolivariano al de Colombia, junto al trovador Julián Conrado, junto a todos los presos políticos del mundo que entregan sus vidas a la causa de la libertad, la justicia y la dignidad humana, me permito decir amorosamente, que si una revolución justifica entregar revolucionarios a un Estado criminal con el argumento de que éstos torpedean la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), entonces, algo anda mal en esa revolución. Aunque esa revolución haya descubierto el cielo, y si para mostrárselo a otros tuviera que entregar revolucionarios, ni siquiera eso justificaría tal acción. Ni Marx, ni Engels, ni Lenin, ni Gramsci, ni Rosa Luxemburgo, ni Luckas, justificarían la entrega de revolucionarios a un Estado genocida, por motivos tácticos o estratégicos.

Cuando una revolución no tiene en cuenta entre sus objetivos tácticos y estratégicos, las luchas heroicas que libran los hermanos del Frente de Resistencia Popular de Honduras, y los combatientes de las FARC-EP y del ELN en Colombia, algo está sucediendo en la concepción de esa revolución.

El mundo globalizado de hoy es más interdependiente en todas las dinámicas sean de retroceso o progreso. Las luchas sociales de liberación, por lo tanto, deberían ir como hermanitas cogidas de la mano por las calles. Pretender hacer revoluciones al margen de las luchas populares en el resto del mundo, con el fin de cooptar gobiernos de Estados terroristas, es jugar el rol de una arrogante vanguardia que puede quedarse sola en sus objetivos. Un gobierno como el de Santos en el seno de la CELAC será una estaca afilada, un micrófono directo para el Club Bilderberg y Washington. Lo dicen todos los revolucionarios: "Colombia es el Israel de América Latina". La CELAC será indudablemente otra gran conquista del estratega Chávez, pero no compensará la costosa renuncia a principios solidarios con los luchadores a los que se debe.

Mientras los parapolíticos y los militares sentenciados por violaciones a los DDHH pagan sus condenas en pabellones de lujo y cabañas resort en bases militares, en la tenebrosa cárcel La Tramacua en Valledupar, se tortura, amenaza, humilla y lleva finalmente a la muerte a los presos políticos. Ya la denominan el Abu Ghraib de Colombia, en referencia a la inhumana cárcel de Irak donde soldados y soldadas norteamericanos tiran los perros a los cuerpos desnudos de los prisioneros de la resistencia. Las necesidades de los presos enfermos no son atendidas hasta verse moribundos, no llega el agua, cunden los malos tratos, no se facilita el trabajo ni el estudio, revolotea la amenaza. Tramacua es un nombre terrible pero adecuado para todo lo que se trama y urde allí. Para protestar contra estos vejámenes los presos se declararon en desobediencia; pero los guardas penitenciarios las emprendieron contra ellos y causaron lesiones a varios. Para sabotear y frenar la jornada de sensibilización con los presos políticos de Colombia, el INPEC reprimió y realizó traslados súbitos de muchos presos.

El preso político recibe un trato peor que el de los delincuentes comunes por la mentalidad paramilitar que permea las instituciones. Se sataniza al luchador popular, se le ve como si fuera el anticristo. En un contexto social de servilismo y sumisión generalizada, es un "execrable" delito, el pensar, el criticar, el indignarse, el buscar la asociación para tramitar nuevas formas de organización política. El derecho a la rebelión está proscripto en el escenario político nacional. Todo lo que muestre rebeldía es "terrorismo", es "amenaza a las instituciones", es "atentado a la democracia". Ahora, con la colaboración del presidente Chávez a la "lucha antiterrorista", dicen en la calle: "hasta Chávez los persigue". En Colombia nos matan y en Venezuela nos entregan.

Ana Fabricia Córdoba, Joaquín Pérez Becerra y Julián Conrado.

Los sobrevivientes de la Unión Patriótica seguimos siendo asesinados por el régimen del "nuevo mejor amigo" del comandante Chávez. Ana Fabricia Córdoba, mujer afrodescendiente, desplazada del Urabá chocoano, amenazada y perseguida por las autodefensas unidas de Colombia (AUC) y la policía (quienes asesinaron a su esposo y posteriormente a su hijo), fue finalmente silenciada para siempre dentro de un bus en una comuna de Medellín. Todo el movimiento social y popular colombiano sabe que los asesinos son los mismos de las tenebrosas Convivir (grupos de justicia privada) que legalizó el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez, y que tuvo la aquiescencia de todo el establecimiento burgués, incluido el Club Country de Bogotá del que hace parte el Dr. Juan Manuel Santos.

Las huestes del paramilitarismo colombiano (fuerzas combinadas de narcotraficantes, expolicias, exmilitares, miembros de la fuerza pública y el DAS -policía política-, mercenarios, lumpen, desmovilizados a sueldo) andan libres con licencia para matar en el transporte público, en las universidades (asesinan estudiantes y profesores), en hoteles, en centros comerciales, en tabernas y casinos, en las calles, en las veredas. Se regaron como verdolagas en playa, aupados, envalentonados, aleccionados por los discursos incendiarios del presidente Uribe, durante sus ocho años de crispación nacional. La mentalidad paramilitar se apoderó de la sociedad colombiana, gracias a la intolerancia y ordinariez gansteriana del mesías, publicitada por los medios de comunicación en la transmisión de las peroratas desde Palacio y ahora con los trinos en Twiter.

Responsabilidad de los medios de comunicación burgueses en la expansión de la mentalidad paramilitar.

En Medellín, se comenzó a denominar al periódico conservador EL COLOMBIANO, como el "portavoz paramilitar", dentro de los círculos de lucha popular, pues ese diario se dedicó a promocionar las temibles huestes de las AUC como "guerreros de la democracia", "adalides de la paz"; les hacía amplios despliegues, publicaba comunicados completos de Carlos Castaño (jefe político de los narcos) en los que justificaba crímenes como los de los profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia, entre ellos, Hernán Henao -investigador del INER sobre tenencia de tierras- y Gustavo Marulanda -estudiante de filosofía y valiente defensor de la educación pública-. A través de editoriales, artículos, informes de investigación, propagandizó una supuesta lucha contrainsurgente de las AUC, insinuó siempre que las zonas de masacres eran santuarios de colaboradores de las guerrillas, justificando sinuosamente los crímenes que no paran. En Colombia no hay un periódico (prensa escrita) que supere a EL COLOMBIANO en saña, odio y difamación contra el gobierno bolivariano del comandante Chávez. Cuando ocurrió el golpe de Estado en el 2002, EL COLOMBIANO tituló en primera página: "El pueblo lo tumbó", acompañado de fotografías, desinformación y calumnias. Cuando el pueblo rescató al presidente en movilización al Palacio de Miraflores, ese periódico quedó mudo.

No hay un solo columnista allí que reconozca siquiera algo bueno en la gestión de Chávez; y a quienes hemos enviado artículos en defensa de la Revolución Bolivariana nos han ninguneado. En su plantilla de columnistas, ha habido delincuentes de cuello blanco, testaferros de capitales dudosos, parapolíticos, políticos corruptos, escaladores burócratas. Uno de ellos es Fernando Londoño Hoyos (Exministro del interior y de Justicia de Uribe I), hábil defraudador del Estado, de quien se dice es uno de los cerebros detrás del envío de más de 100 paracos para desestabilizar a Venezuela con un magnicidio. Pero, tal vez el más famoso de todos esos gánsteres que han colaborado con ese periódico es el inefable Andrés Felipe Arias, exministro de agricultura de Uribe, más conocido con el alias de "uribito-carimagua". Sobre este siniestro personajillo, me referiré más adelante porque es el símbolo de una despreciable casta trepadora que hizo sombra al lado del mesías que les enseñó las peores mañas para engañar y robar el erario público. Bueno, el periódico de marras sí es superado por dos formatos en su perfidia y capacidad inagotable de denostar sin fundamentos racionales, además de incitar a un nuevo golpe de Estado; son un par de programas de televisión nacional. Uno se llama "La noche" (RCN) dirigido por la periodista Claudia Gurisati (mercenaria comunicacional burguesa); el otro se llama "Zoom a la noticia" (NTN24) dirigido por el periodista Hassan Nassar (mercenario comunicacional del imperialismo y el sionismo, a pesar de ser hijo y nieto de palestinos). En general, los medios de comunicación en Colombia siguen matrices de opinión proimperiales, denigran de los movimientos progresistas latinoamericanos, difunden el comercio libre monopolista que beneficia a sus pautadores, avasallan y discriminan a los oprimidos-indignados-alzados (los que defendemos la Revolución Bolivariana), incitan a la violencia, al racismo, a la eliminación física del contradictor. Así que tome nota comandante Chávez cuál es el enemigo de clase; la lucha de clases sigue rigiendo la historia, ella no da tregua. El periodismo burgués es una manifestación de esa contradicción, es el brazo ideológico de una doctrina política-militar que es diametralmente opuesta a la que encarna el proceso bolivariano.

Ana Fabricia Córdoba, líder de grupo de mujeres en el barrio Santa Cruz de Medellín, miembro de la Ruta del Pacífico, movimiento de mujeres por la paz de Colombia, sobreviviente de la Unión Patriótica, organización política que abogó desde la participación democrática por la solución al conflicto social y armado, y la disminución de la exclusión social; esta afrodescendiente corajuda de la palabra y la acción rebelde ante las arremetidas de la burguesía cruel que mantiene secuestrado el Estado colombiano, fue invisibilizada por los medios de comunicación, entre ellos EL COLOMBIANO, diario que ahora viene a mostrarse compungido por su vil asesinato. Ante su muerte, ha sido más solidario el gobierno de Francia (condenó el hecho), que el mismo gobierno bolivariano quien ya está maniatado para expresarse libre y soberanamente frente a estos acontecimientos; su pacto con el gobierno de Santos se lo impide. Como si esto fuera poco, en la fila de los condenados, despojados del derecho a los múltiples convenios que la humanidad ha creado durante décadas para la protección de los combatientes y perseguidos políticos, espera -enfermo e incomunicado- el trovador de la insurrección legítima Julián Conrado, otro sobreviviente de la Unión Patriótica que debió ingresar a la guerrilla para salvar su vida. Mientras en Colombia nos matan, en Venezuela nos entregan. Esto no tiene nombre.

Ban Ki-Moon, nuevo mejor amigo de J.M. Santos

El surcoreano vino a Colombia a respaldar una Ley de víctimas y restitución de tierras, que en el fondo beneficia a los victimarios, se burla una vez más de las víctimas, engaña al exterior con una falsa devolución de tierras pues muchos de sus dueños reales ya están en bóvedas o los persiguen las Convivir creadas por el Mesías. Esta Ley poco hace contra la impunidad, tampoco ataca la violencia estructural contra las inermes comunidades afrodescendientes-indígenas-campesinas-sindicalistas-dirigentes sociales-luchadores populares-activistas en defensa de los DDHH. Ban Ki-Moon (subordinado a Washington) es el nuevo mejor amigo del presidente Santos porque éste sabe que su investidura de secretario general de la ONU le puede ayudar a recomponer ante el mundo el Estado fallido que le heredó Uribe Vélez.

Uribe destrozó la división de poderes en Colombia; obtuvo fiscales generales de bolsillo (dos de ellos están investigados), arrodilló al Congreso de la República, cometió cohecho para conseguir su reelección, y cooptó medio poder judicial. Las altas cortes fueron las únicas que no se doblegaron al emperadorcito. También convirtió en prostíbulos de corrupción la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), el INCODER, el Ministerio de Agricultura (Carimagua- Agro Ingreso Seguro), el Ministerio de Protección Social (negociado de la salud), Ministerio de Obras Públicas (desgreño, improvisación, cero prevención), ACCION SOCIAL (compra de votos con dádivas), Ministerio de Defensa (sobornos, sobrecostos, recompensas). Ante esta barca rota, quién mejor que el director de la ONU para conseguir que la Comunidad de Naciones (no la "comunidad internacional") mire de nuevo a Colombia con respeto. Porque el cuerpo diplomático y consular que instaló Uribe en el resto del mundo nos ha dejado, también, como un país en manos de cafres, gente sin ética. Santos cree que basta con su nuevo mejor amigo Ban Ki-Moon para corregir tal pandemonium, sin retirar de sus cargos a embajadores de mal agüero como Camilo Osorio, el general (R) Mario Montoya, Jorge Visbal y tantos otros.

De tal modo, que este show de la Ley de víctimas y restitución de tierras con la presencia de Ban Ki-Moon favorece la recuperación de imagen tanto de Colombia como de la ONU. Es un pantallazo bueno para ambas partes en la foto. La ONU sigue posando de mediadora en los conflictos internos y externos cuando en la práctica está siendo cómplice de asesinatos masivos con la resolución que autoriza "salvar" a Libia, y su vista gorda ante los desmanes de regímenes proyankys como Yemen, Bahrein, Arabia Saudita e Israel. Y Santos posa de compasivo con las víctimas cuando él era el ministro de defensa que pagaba las recompensas en dinero y licencias a sus soldados que asesinaban indigentes, labriegos, albañiles, discapacitados, haciéndolos pasar como "guerrilleros". Un verdadero sainete. EL COLOMBIANO tituló: "Ley de víctimas se firmó con espaldarazo de ONU", y cita al jefe de Estado: "Fue concertado y enriquecido, en la Mesa de la Unidad Nacional, por el Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Conservador y Cambio Radical. Se trata, sin duda, de uno de los mejores frutos de la Unidad Nacional (:::) porque las víctimas no tienen color político". Esa Mesa de Unidad Nacional es igual a la MUD de Venezuela, pero con la dirección del Estado, lamentablemente. El Polo Democrático no votó esa ley por discriminatoria, porque desconoce obligaciones consustanciales al Estado, obstaculiza el acceso a la justicia y el derecho a una justa reparación.

Las leyes burguesas que pretenden beneficiar o reparar a los de abajo (que sí tienen color político), sólo buscan maquillar una culpa y obtener réditos económicos. ¿Cuál ley burguesa puede ser solidaria con su opuesto de clase? ¿Qué tipo de solidaridad, sino la lavadura de manos ante la crueldad en la que se ha sido cómplice? La burguesía que más amasa capitales, junto con varias transnacionales, financiaron actividades criminales de los paramilitares (Chiquita Brands, Drummon, Exxon, Coca Cola, etc.).

La prensa escrita y audiovisual de esos burgueses empujaron y elevaron a categoria de "actos de guerreros defensores de la libertad" a las masacres de las AUC en todo el territorio. Un alto porcentaje de políticos buscaron a los líderes paracos para que hicieran votar a la población por ellos. La burguesía prosiguió la explotación y el despojo a los de abajo, a través de la máquina criminal más cruel en la historia de Colombia: la combinación ejército nacional con paramilitares, con el más poderoso andamiaje bélico importado de EEUU, Israel, Rusia y ...Brasil...¡ Brasil !, el de Lula y Dilma. Con los Tucano de Brasil bombardean campesinos en Arauca, Guaviare, Caquetá...¡ Qué calamidad ! Brasil y España se convirtieron en grandes exportadores de muerte envasada en productos de guerra. Las conductas de los estados de Brasil y España merecen una reflexión. El paramilitarismo ha sido una política aceptada en los clubes burgueses durante la vida republicana. Unas veces fueron los "pájaros", otras los"chulavitas", otras los "cóndores". Los terratenientes y empresarios se han valido de esas bandas de justicia privada para conservar su prosperidad egoísta. El paramilitarismo es un lastre que está rezagando a Colombia como la más arcaica nación de Suramérica al no permitir la alternancia en el poder de una tercera fuerza política tal como acaba de ocurrir en Perú con Ollanta Humala, y ha ocurrido en el resto de hermanas repúblicas. El único país de Suramérica que sigue bajo un bipartidismo obsoleto, corrupto y sanguinario es la república de Colombia.

La Ley de víctimas es una jugada económica ideada por economistas al servicio del Estado colombiano. Con ella se pretende ahorrarles al Estado una billonaria suma por concepto de compensaciones y reparos a los familiares de las víctimas. Al obligar a las víctimas a renunciar a indemnizaciones y a denuncias internacionales, el Estado consigue evitar escándalos de descrédito, además que queda con la discrecionalidad de incumplir los aportes ridículos alegando "indisponibilidad fiscal".

La restitución de tierras está condicionada a cláusulas que se convierten en verdaderas talanqueras a la hora de tramitar su recuperación; esto sin contar con la cacería desatada contra líderes reclamantes de tierras como una retaliación por la promulgación de la Ley. Muchas de estas tierras están anexadas a grandes fincas palmicultoras en la costa atlántica y en el urabá chocoano.

Los paramilitares expulsaron y asesinaron a muchos de sus dueños, luego compraron notarios, jueces, alcaldes, concejales, hicieron firmar ventas ficticias a los fantasmas de los dueños asesinados, falsificaron escrituras, chantajearon para hacer traspasos. Es un capítulo de horror en la historia reciente de Colombia, se trata de una contrarreforma agraria impulsada desde la propia presidencia de Álvaro Uribe Vélez, la que despojó de la tierra raizal a más de 4 millones de colombianos, entregó más de 6 millones de hectáreas de tierra a palmicultores, ganaderos, narcotraficantes, comerciantes, agroindustriales. Es una infamia que aún no se esclarece, que cobra más víctimas, que en lugar de repararse con la Ley de víctimas, se empantana en los vericuetos-mecanismos administrativos y judiciales, lo que a la postre se convierte en una maraña burocrática que hace dinero a costa de la restitución de tierras. Lo que Santos y Ban Ki-Moon firmaron fue un nuevo negocio para abogados, tinterillos, leguleyos, empresarios, burócratas, que va a hacer desistir a más de un desplazado.

La Ley de víctimas propicia la impunidad. 26 exsenadores, exrepresentantes a la cámara, exgobernadores, con sentencias firmes en la Corte Suprema de Justicia por apoyar a grupos paramilitares, no quedarán cobijados por la recién sancionada Ley de víctimas, que establece que quienes apoyaron y financiaron grupos armados ilegales tendrán que pagar para resarcir a las víctimas de la violencia. Sobre los ya condenados aplica principio de favorabilidad, pues ya fueron juzgados. Casi 100 más de ellos, altos cargos (políticos y burócratas corruptos) estarán por fuera de las cuentas de la reparación. Los bienes de los primeros condenados que ya gozan de libertad, permanecerán intocables para el fondo de las víctimas. O sea, pagan dos o tres años de cárcel, y salen a disfrutar lo mal habido. ¿Ah? Es el caso del exsenador y expresidente del partido conservador Ciro Ramírez, parapolítico que salió libre sin cumplir siquiera las tres quintas partes de su sentencia. Exagerados reportes de estudio y buen comportamiento durante su corta reclusión le conceden tamaña rebaja de pena. ¿Quién certifica sus horas de estudio? El INPEC, otro órgano altamente corrompido, dirigido por fichas uribistas, que favorecen a todos los aliados del régimen. Ya salió libre una primera camada de condenados por parapolítica, volvieron a sus regiones a reconquistar sus privilegios usando testaferros que contando con una maquinaria electoral fraudulenta (trasteo de votos, compra de conciencias, constricción electoral) ocupan los espacios de la democracia representativa. ¿A quiénes representan? A los barones del crimen y el narcotráfico, al cartel de los negociados, a los terratenientes, empresarios agrocombustibles, propietarios de minas, inversionistas. El pueblo está totalmente excluido de la participación democrática; y a los líderes que piden cupo los amenazan o le ponen un tiro como a Ana Fabricia Córdoba. Esta es Colombia de la Unidad Nacional, la de los partidos corruptos aliados con los paramilitares. Esa es la tragedia de nuestro país. ¡ Colombia es pasión !, dice la cajita hipnotizadora todos los días.

Imputación de cargos a exministro de agricultura Andrés Felipe Arias (alias "uribito carimagua").

El doctor Arias, con su rostro de seminarista solapado, sí que es un Anticristo. Este sí es el auténtico terrorista porque atentó contra la seguridad alimentaria y el derecho a la tierra de nuestros campesinos. Inicialmente quiso introducir una Ley Forestal que le robaba tierras a las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas, para entregarlas en concesión a las multinacionales-empresarios de la minería, la explotación maderera, los agrocombustibles. Afortunadamente, esa Ley fue declarada inexequible porque no consultó a las comunidades afectadas. Luego, este ministro en asocio con el INCODER y ACCION SOCIAL de la presidencia de la República, trató de desviar un terreno de 17.000 hectáreas en Puerto Gaitán (Meta), destinada a las familias de campesinos desplazados por la violencia, a manos de empresarios agroindustriales adinerados. Es decir, lo que constituía una política de ayuda para los campesinos pobres, Arias la transmutó en una ayuda para los empresarios ricos. Como dice el Dr. Robledo, una especie de Robin Hood, pero al revés. Como esta jugada tramposa tampoco le salió, entonces quiso hacer moñona con un lance aún más descarado, ofensivo y criminal. Se inventó la política de Agro Ingreso Seguro -AIS- (Agro Robo Seguro en lenguaje popular) que ofrecía subsidios y créditos blandos a los campesinos para impulsar su propio desarrollo y proyectos agrarios productivos. El diseño de los formularios de diligenciamiento para los prestamos era tan dispendioso (requisitos-tramites-constancias) que sólo podían ejecutarlo las familias ricas-conservadoras-empresariales-inversionistas. Era la misma consigna de Carimagua: quitarle al pobre para darle al rico; lo que equivale a la misma filosofía de los banqueros: privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Con el AIS se repartieron miles de millones de pesos entre reinas de belleza, latifundistas, poderosos ingenios azucareros, y hasta la directora de una rentable empresa periodística. Si, la señora Ana Mercedes Gómez Martínez (hermana del exalcalde de Medellín y exministro del transporte Juan Gómez), codueña de EL COLOMBIANO, salió favorecida con una importante suma de dinero. ¿Cómo un dinero que era destinado a humildes campesinos termina en las manos de una rica empresaria de notifarándula?

A la fecha, han sido encarcelados varios subalternos de Arias; pero, el No. 1 del ministerio sigue campante. La Fiscalía General de la Nación anunció medida de aseguramiento contra este Robin Hood arrevesado, pero hasta el mes de julio no se refrenda. ¿Será que están esperando a que se asile en Panamá, al igual que María del Pilar Hurtado (ex DAS)? Porque es muy probable que el Mesias ya le haya recomendado hacerlo por la "persecución política del gobierno aliado de las altas cortes terroristas". Más de 50 beneficiarios de AIS han sido llamados a indagatoria; pero a la directora de EL COLOMBIANO, que posa de cristiana, transparente, impoluta y servidora del bien común, aún no la llaman. Esta ética beneficiaria de AIS, no se ha declarado impedida de defender en sendos editoriales, la conducta delictiva de su correligionario "uribito". Esta es la gente que defiende la Seguridad Democrática, la que detesta a luchadores populares como Ana Fabricia Córdoba y Julián Conrado, la que criminaliza la Revolución Bolivariana, la lucha social, la rebelión. Así es la vida, en Colombia nos matan y en Venezuela nos entregan.

Sulata Taruka es Sobreviviente de la Unión Patriótica.