Reconstruir la gobernabilidad del capitalismo neoliberal
Por Iván Vitta
El pacto entre Renovación Nacional y la Democracia Cristiana presentado miércoles 18 es una reedición del espíritu político del Acuerdo Nacional de 1985, que no tuvo éxito inmediato por la oposición de Pinochet, pero fue la base del pacto de la transición en 1989. Frente a esta nueva ofensiva política por reconstruir la gobernabilidad para el capitalismo, amagada por las movilizaciones populares del 2011, hay que levantar la recuperación de la soberanía popular por medio de la construcción un contrapoder democrático desde abajo, el Poder Popular.
El impacto político del pacto
Como en los acuerdos de 1989, el objetivo de este pacto es reconstruir la gobernabilidad del capitalismo neoliberal, seriamente cuestionada por las movilizaciones populares del año pasado. Es parte de una serie de movimientos de reacomodo político que están teniendo curso en el bloque dominante para enfrentar un escenario político dominado por la lucha social y por el cuestionamiento a las bases ideológicas y políticas del modelo.
La importancia del pacto no está, en lo inmediato, tanto en lo que se postula en el documento, sino en dos señales que da en torno a la orientación de los cambios en el sistema político y a las alianzas.
Respecto de los cambios en el sistema político, se busca flexibilizarlo de forma acotada y, sobre todo, controlada. El documento habla políticamente desde la elite neoliberal, sin espacio para la participación popular. La lógica de la representación acotada se mantendrá a ultranza y por ello se habla de un sistema proporcional “corregido”.
Sobre el sistema de alianzas, se busca un sistema más flexible, sin la rigidez de los alineamientos entre el Sí y el No que marcaron los 20 años de gobiernos concertacionistas y con la posibilidad de entendimientos a través de la frontera entre las coaliciones.
Este sistema de alianzas, que el propio pacto inaugura, entrega dos mensajes a los respectivos aliados. Primero, es un mensaje a la UDI para que deje de ser un obstáculo para las modificaciones políticas. El segundo se dirige hacia la Concertación y es un rayado de cancha sobre las modificaciones que son tolerables: nada de “giro a la izquierda”.
La UDI rechazó de plano el pacto, porque significa no sólo su aislamiento político, sino porque desestructura las bases del diseño de la Constitución de 1980, de la que el gremialismo es guardián. La idea matriz de Jaime Guzmán al concebir la Constitución fue impedir que volvieran a producirse experiencias políticas como la reforma agraria y el gobierno de la Unidad Popular. Por ello los candados y barreras defensivas, una de las cuales es el binominalismo, que asegura que siempre exista un bloque de derecha con poder de veto sobre los cambios constitucionales y las leyes.
Para la UDI se trata de una cuestión de principios, que está en el ADN del gremialismo. El movimiento gremial apareció como un movimiento de acusado carácter antimarxista, crítico tanto de la derecha tradicional, cuya cultura política encarna hoy RN, como de la DC por su fracaso político en impedir el triunfo de la Unidad Popular. Por eso el grado de violencia verbal que adquirió la respuesta UDI al pacto, pues despierta todos sus fantasmas históricos.
La Concertación, por su parte, terminó alineándose con la iniciativa de la DC, demostrando que entendió bien el mensaje que la Falange les envió. Ello se vio reflejado en dos hechos: primero, el diplomático pero claro rechazo al llamado de Ricardo Lagos a conformar un sólo partido de izquierda que integrara al PS, PPD y PRSD; segundo, en la propuesta de modificación al sistema binominal consensuada por la Concertación, que propone un sistema proporcional “moderado”. En la práctica, hay un reconocimiento y aceptación tácitos de la estrategia de cambios acotados y controlados al sistema político.
Para el PC el pacto RN-DC fue un torpedo bajo la línea de flotación de su estrategia institucionalista de “gobierno de nuevo tipo” basado en un acuerdo político con la Concertación, porque desestructura el alineamiento “todos contra la derecha” y por las señales de cambios institucionales mínimos que dieron la DC y su coalición.
El silencio casi absoluto del PC y sus medios fue un intento de minimizar el alcance real del pacto. No obstante, éste tuvo efectos inmediatos: el PC debió presentar una propuesta de cambio al sistema binominal separada de la Concertación, un gesto político significativo en un contexto en que Teillier y otros dirigentes se ufanaban hasta hace pocos días de la unidad de la oposición en temas como la reforma tributaria.
En varios sectores de la militancia PC despierta resistencia la idea de alianza con la Concertación, en especial en el sector estudiantil, como quedó de manifiesto en las declaraciones de Camila Vallejo al diario español “El País”, cuando afirmó que de ninguna manera votaría por Bachelet. Esto y las sucesivas derrotas del PC en las federaciones estudiantiles le han puesto presión por la izquierda y cualquiera de los dos escenarios previsibles a la luz del pacto RN-DC lo complican. Ya sea que no se concrete un acuerdo programático de gobierno con la Concertación o que se concrete pero sin variaciones sustantivas respecto de los anteriores gobiernos concertacionistas, para muchos quedará demostrado que la política de “gobierno de nuevo tipo” es sólo una ilusión.
Para el gobierno de Piñera, el pacto fue un factor de profundización de la crisis política que atraviesa desde el año pasado, crisis provocada por la emergencia de la lucha social y sus cuestionamientos radicales al modelo neoliberal. Las movilizaciones sociales alteraron el escenario político y echaron abajo todo el diseño del gobierno, que apuntaba a una gestión sin grandes sobresaltos del modelo y que ahora se ve enfrentado a la realización de reformas políticas sustantivas. El pacto RN-DC pone a Piñera en una disyuntiva absolutamente excluyente: o realiza reformas políticas y se enemista con la UDI, que es el principal partido de gobierno, o no las realiza y profundiza la crisis del sistema político como un todo.
Los contenidos del pacto RN-DC y la alternativa revolucionaria
La idea política central del pacto está enunciada claramente: “Hay que asegurar la gobernabilidad del país y eso significa participación”; la participación es un medio, la gobernabilidad es el objetivo. Para aumentar la participación, se proponen tres reformas: cambiar el sistema político por uno semipresidencial, descentralizar la toma de decisiones (p. e. pasando los intendentes de designados a electos) y cambiar el sistema electoral por uno proporcional corregido.
La gobernabilidad es la capacidad del Estado capitalista para imponer la agenda política, económica y social neoliberal. Desde inicios de los años 70, cuando fue puesta en el centro de la discusión política de la burguesía internacional por la Comisión Trilateral (reunión de intelectuales, empresarios y políticos de EEUU, Europa y Japón), la gobernabilidad es el criterio central que ha regido la evolución política del Estado en el capitalismo transnacionalizado.
La gobernabilidad atraviesa los distintos sistemas políticos, como lo muestran claramente los casos de Grecia e Italia, que tienen sistemas parlamentarios que han impuesto durísimos ajustes estructurales cuyos costos que están cayendo directamente sobre las espaldas de los trabajadores, a través de reducciones salariales y desmantelamiento de la protección social pública.
Bajo el criterio de gobernabilidad, el Estado capitalista ha logrado neutralizar y revertir los avances democráticos que durante el siglo XX permitieron abrir espacios de participación política a los trabajadores y sectores populares, tales como el sufragio universal.
Dichos avances habían generado en la izquierda la ilusión de que existía un camino ininterrumpido de profundización democrática y que bastaba seguir el viejo y probado método de combinar luchas gremiales y avances legislativos, dirigidos por la combinación partidos-sindicatos, para alcanzar el socialismo -o al menos un sistema político-social que pusiera en igualdad de condiciones a trabajadores y capitalistas- a través de la vía institucional.
La derrota de la Unidad Popular en Chile y el fracaso de la política de Compromiso Histórico en Italia marcaron el cierre del proceso de avances institucionales de los sectores subalternos. De allí en adelante, el Estado capitalista ha vuelto a ser en buena medida el “consejo de administración de la clase capitalista”.
Lo anterior obliga a reponer en el pensamiento estratégico de la izquierda el concepto de ruptura del Estado burgués y su reemplazo por órganos de poder de los trabajadores y todos los sectores subalternos dentro de la capitalismo, más allá del fetichizado mantra de “única solución, revolución”. Se trata de construir una estrategia de desarrollo del Poder Popular como guerra de posiciones -en la acepción gramsciana del término- contra la institucionalidad del Estado capitalista.
Volviendo a las reformas políticas planteadas por el pacto RN-DC, el aumento de la participación no va en la dirección de asegurar la soberanía popular, sino de otorgar las concesiones mínimas que permitan descomprimir el ambiente político. Frente a ello hay que oponer la constitución de asambleas territoriales de organizaciones sociales, tanto a nivel comunal como regional, que sean capaces de enfrentarse y ganar la disputa a los órganos respectivos del Estado (municipalidades e intendencias), construyendo soberanía popular real frente a la gobernabilidad capitalista.
La Asamblea Ciudadana que paralizó Punta Arenas a principios del 2011 sirve como ejemplo en dos sentidos: uno, positivo, de la capacidad del movimiento popular organizado de constituirse en poder territorial en los hechos; el segundo, negativo, de la necesidad de que ese poder territorial tenga una conducción política revolucionaria que esté dispuesta a ir más allá de los límites que inevitablemente ponen las direcciones políticas de los partidos burgueses y reformistas, como finalmente ocurrió en Magallanes.
La disputa de espacios políticos al interior de la institucionalidad estatal también debe subordinarse estratégicamente a la construcción del Poder Popular. Se trata de conquistar posiciones y sus recursos políticos, materiales y financieros asociados para ponerlos a disposición de las Asambleas territoriales, tanto para sus iniciativas locales como para el enfrentamiento con la administración central del Estado.
La perspectiva estratégica es generar una situación de dualidad de poderes que desemboque, a través de distintos medios de enfrentamiento como la huelga general, los levantamientos populares y la neutralización de las fuerzas represivas del Estado capitalista, en el desplazamiento de ese Estado y su reemplazo por el poder de los trabajadores y el pueblo.
Es lo que en el viejo lenguaje leninista se llama Revolución. http://www.g80.cl/noticias/columna_completa.php?varid=14380
El impacto político del pacto
Como en los acuerdos de 1989, el objetivo de este pacto es reconstruir la gobernabilidad del capitalismo neoliberal, seriamente cuestionada por las movilizaciones populares del año pasado. Es parte de una serie de movimientos de reacomodo político que están teniendo curso en el bloque dominante para enfrentar un escenario político dominado por la lucha social y por el cuestionamiento a las bases ideológicas y políticas del modelo.
La importancia del pacto no está, en lo inmediato, tanto en lo que se postula en el documento, sino en dos señales que da en torno a la orientación de los cambios en el sistema político y a las alianzas.
Respecto de los cambios en el sistema político, se busca flexibilizarlo de forma acotada y, sobre todo, controlada. El documento habla políticamente desde la elite neoliberal, sin espacio para la participación popular. La lógica de la representación acotada se mantendrá a ultranza y por ello se habla de un sistema proporcional “corregido”.
Sobre el sistema de alianzas, se busca un sistema más flexible, sin la rigidez de los alineamientos entre el Sí y el No que marcaron los 20 años de gobiernos concertacionistas y con la posibilidad de entendimientos a través de la frontera entre las coaliciones.
Este sistema de alianzas, que el propio pacto inaugura, entrega dos mensajes a los respectivos aliados. Primero, es un mensaje a la UDI para que deje de ser un obstáculo para las modificaciones políticas. El segundo se dirige hacia la Concertación y es un rayado de cancha sobre las modificaciones que son tolerables: nada de “giro a la izquierda”.
La UDI rechazó de plano el pacto, porque significa no sólo su aislamiento político, sino porque desestructura las bases del diseño de la Constitución de 1980, de la que el gremialismo es guardián. La idea matriz de Jaime Guzmán al concebir la Constitución fue impedir que volvieran a producirse experiencias políticas como la reforma agraria y el gobierno de la Unidad Popular. Por ello los candados y barreras defensivas, una de las cuales es el binominalismo, que asegura que siempre exista un bloque de derecha con poder de veto sobre los cambios constitucionales y las leyes.
Para la UDI se trata de una cuestión de principios, que está en el ADN del gremialismo. El movimiento gremial apareció como un movimiento de acusado carácter antimarxista, crítico tanto de la derecha tradicional, cuya cultura política encarna hoy RN, como de la DC por su fracaso político en impedir el triunfo de la Unidad Popular. Por eso el grado de violencia verbal que adquirió la respuesta UDI al pacto, pues despierta todos sus fantasmas históricos.
La Concertación, por su parte, terminó alineándose con la iniciativa de la DC, demostrando que entendió bien el mensaje que la Falange les envió. Ello se vio reflejado en dos hechos: primero, el diplomático pero claro rechazo al llamado de Ricardo Lagos a conformar un sólo partido de izquierda que integrara al PS, PPD y PRSD; segundo, en la propuesta de modificación al sistema binominal consensuada por la Concertación, que propone un sistema proporcional “moderado”. En la práctica, hay un reconocimiento y aceptación tácitos de la estrategia de cambios acotados y controlados al sistema político.
Para el PC el pacto RN-DC fue un torpedo bajo la línea de flotación de su estrategia institucionalista de “gobierno de nuevo tipo” basado en un acuerdo político con la Concertación, porque desestructura el alineamiento “todos contra la derecha” y por las señales de cambios institucionales mínimos que dieron la DC y su coalición.
El silencio casi absoluto del PC y sus medios fue un intento de minimizar el alcance real del pacto. No obstante, éste tuvo efectos inmediatos: el PC debió presentar una propuesta de cambio al sistema binominal separada de la Concertación, un gesto político significativo en un contexto en que Teillier y otros dirigentes se ufanaban hasta hace pocos días de la unidad de la oposición en temas como la reforma tributaria.
En varios sectores de la militancia PC despierta resistencia la idea de alianza con la Concertación, en especial en el sector estudiantil, como quedó de manifiesto en las declaraciones de Camila Vallejo al diario español “El País”, cuando afirmó que de ninguna manera votaría por Bachelet. Esto y las sucesivas derrotas del PC en las federaciones estudiantiles le han puesto presión por la izquierda y cualquiera de los dos escenarios previsibles a la luz del pacto RN-DC lo complican. Ya sea que no se concrete un acuerdo programático de gobierno con la Concertación o que se concrete pero sin variaciones sustantivas respecto de los anteriores gobiernos concertacionistas, para muchos quedará demostrado que la política de “gobierno de nuevo tipo” es sólo una ilusión.
Para el gobierno de Piñera, el pacto fue un factor de profundización de la crisis política que atraviesa desde el año pasado, crisis provocada por la emergencia de la lucha social y sus cuestionamientos radicales al modelo neoliberal. Las movilizaciones sociales alteraron el escenario político y echaron abajo todo el diseño del gobierno, que apuntaba a una gestión sin grandes sobresaltos del modelo y que ahora se ve enfrentado a la realización de reformas políticas sustantivas. El pacto RN-DC pone a Piñera en una disyuntiva absolutamente excluyente: o realiza reformas políticas y se enemista con la UDI, que es el principal partido de gobierno, o no las realiza y profundiza la crisis del sistema político como un todo.
Los contenidos del pacto RN-DC y la alternativa revolucionaria
La idea política central del pacto está enunciada claramente: “Hay que asegurar la gobernabilidad del país y eso significa participación”; la participación es un medio, la gobernabilidad es el objetivo. Para aumentar la participación, se proponen tres reformas: cambiar el sistema político por uno semipresidencial, descentralizar la toma de decisiones (p. e. pasando los intendentes de designados a electos) y cambiar el sistema electoral por uno proporcional corregido.
La gobernabilidad es la capacidad del Estado capitalista para imponer la agenda política, económica y social neoliberal. Desde inicios de los años 70, cuando fue puesta en el centro de la discusión política de la burguesía internacional por la Comisión Trilateral (reunión de intelectuales, empresarios y políticos de EEUU, Europa y Japón), la gobernabilidad es el criterio central que ha regido la evolución política del Estado en el capitalismo transnacionalizado.
La gobernabilidad atraviesa los distintos sistemas políticos, como lo muestran claramente los casos de Grecia e Italia, que tienen sistemas parlamentarios que han impuesto durísimos ajustes estructurales cuyos costos que están cayendo directamente sobre las espaldas de los trabajadores, a través de reducciones salariales y desmantelamiento de la protección social pública.
Bajo el criterio de gobernabilidad, el Estado capitalista ha logrado neutralizar y revertir los avances democráticos que durante el siglo XX permitieron abrir espacios de participación política a los trabajadores y sectores populares, tales como el sufragio universal.
Dichos avances habían generado en la izquierda la ilusión de que existía un camino ininterrumpido de profundización democrática y que bastaba seguir el viejo y probado método de combinar luchas gremiales y avances legislativos, dirigidos por la combinación partidos-sindicatos, para alcanzar el socialismo -o al menos un sistema político-social que pusiera en igualdad de condiciones a trabajadores y capitalistas- a través de la vía institucional.
La derrota de la Unidad Popular en Chile y el fracaso de la política de Compromiso Histórico en Italia marcaron el cierre del proceso de avances institucionales de los sectores subalternos. De allí en adelante, el Estado capitalista ha vuelto a ser en buena medida el “consejo de administración de la clase capitalista”.
Lo anterior obliga a reponer en el pensamiento estratégico de la izquierda el concepto de ruptura del Estado burgués y su reemplazo por órganos de poder de los trabajadores y todos los sectores subalternos dentro de la capitalismo, más allá del fetichizado mantra de “única solución, revolución”. Se trata de construir una estrategia de desarrollo del Poder Popular como guerra de posiciones -en la acepción gramsciana del término- contra la institucionalidad del Estado capitalista.
Volviendo a las reformas políticas planteadas por el pacto RN-DC, el aumento de la participación no va en la dirección de asegurar la soberanía popular, sino de otorgar las concesiones mínimas que permitan descomprimir el ambiente político. Frente a ello hay que oponer la constitución de asambleas territoriales de organizaciones sociales, tanto a nivel comunal como regional, que sean capaces de enfrentarse y ganar la disputa a los órganos respectivos del Estado (municipalidades e intendencias), construyendo soberanía popular real frente a la gobernabilidad capitalista.
La Asamblea Ciudadana que paralizó Punta Arenas a principios del 2011 sirve como ejemplo en dos sentidos: uno, positivo, de la capacidad del movimiento popular organizado de constituirse en poder territorial en los hechos; el segundo, negativo, de la necesidad de que ese poder territorial tenga una conducción política revolucionaria que esté dispuesta a ir más allá de los límites que inevitablemente ponen las direcciones políticas de los partidos burgueses y reformistas, como finalmente ocurrió en Magallanes.
La disputa de espacios políticos al interior de la institucionalidad estatal también debe subordinarse estratégicamente a la construcción del Poder Popular. Se trata de conquistar posiciones y sus recursos políticos, materiales y financieros asociados para ponerlos a disposición de las Asambleas territoriales, tanto para sus iniciativas locales como para el enfrentamiento con la administración central del Estado.
La perspectiva estratégica es generar una situación de dualidad de poderes que desemboque, a través de distintos medios de enfrentamiento como la huelga general, los levantamientos populares y la neutralización de las fuerzas represivas del Estado capitalista, en el desplazamiento de ese Estado y su reemplazo por el poder de los trabajadores y el pueblo.
Es lo que en el viejo lenguaje leninista se llama Revolución. http://www.g80.cl/noticias/columna_completa.php?varid=14380
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