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T r i b u n a c h i l e n a

Paraguay: Incapacidad y dependencia producen atraso

Por José Antonio Vera

Paraguay continúa en el atraso respecto a los procesos de cambios progresistas que se producen en el continente, y varias son las causas que lo explican, arrancando por la des- coyuntura nacional que produjo la Guerra de la Triple Alianza, y culminando con la vergüenza actual que representan dos tercios de los poderes del Estado que, junto con el tercero, continúan sometidos a la estrategia continental de Washington.

El país se está quedando solo en Suramérica y, por su propia acción, se convierte en el eslabón más débil del MERCOSUR y de la UNASUR, en un deslizamiento que se torna grave, a sabiendas de que todo matón, como es cualquier imperio, golpea siempre cuando encuentra debilidad.
En la coyuntura actual regional, Paraguay es el más propenso, entre todas las naciones vecinas, a recibir un zarpazo imperial, y quizás por ello Lugo eligió la cena de fin de año con el cuerpo diplomático extranjero, para reiterarles que la democracia está amenazada en el subcontinente y pedirles que no olviden las experiencias recientes de Honduras y el intento golpista en Ecuador.
Combatir la amnesia
En la visión de algunas personas, retroceder a 1870 y utilizar el despojo y genocidio provocado a Paraguay por Argentina, Brasil y, el furgón de cola de Uruguay, para encontrar otro motivo a las llagas actuales de esta sociedad, es un recurso “démodé”, pero no lo es tanto cuando se hurga en la situación actual y su relación en todos los aspectos culturales, con los antecedentes históricos, no tan fuera de moda.
En muchas áreas, el país no ha logrado superar ese escenario, entre otras cosas porque en él nacieron los dos partidos políticos, el Colorado y el Liberal, ambos autoritarios y verticalistas, que han dominado la vida nacional en estos 140 años.
Los primeros, 79 años en el gobierno, y los segundos la mitad, imprimiendo un ritmo extremadamente lento a la reconstrucción, algo así como que ninguno de los dos ha tenido interés, y mucho menos sus patrones doctrinarios, Brasil y Argentina, en restaurar la República más avanzada del subcontinente, la cual había motivado la orden del imperialismo inglés de arrasarla.
Hace dos años y medio, Fernando Lugo ganó la Presidencia, al frente de una alianza electoral muy heterogénea, como todas las coaliciones, en la que fue protagonista el movimiento social, sindical, campesino y de trabajadores en general, manuales y con estudios superiores, una parte encuadrada en los partidos progresistas y la mayoría con adhesión liberal y algo colorada, y en otras diversas corrientes o por la libre.
Ahí renació la esperanza que había surgido en 1989, cuando fue destronado el General Alfredo Strossner, en lo que se ha dado en llamar un Golpe de Estado pero que, en realidad, fue un simple desplazamiento de piezas en el tablero corrupto, es decir, oligárquico, que se adueñó del país desde la pasada década del 40.
Ello fue una réplica de la jugada de que “ahora me toca a mí, pues ya estuviste mucho”, como parece que, en los albores del siglo, otros generales le habrían dicho a colegas que habían asumido dos días o algunas semanas o meses antes, sentándose de inmediato en la poltrona que perteneció a los López, Carlos Antonio, que gobernó entre 1944 hasta su muerte, en el 64, cuando asumió su hijo, Francisco Solano, quien se condecoró Mariscal y se inmoló al frente de las tropas patriotas que enfrentaron heroicamente a los triplemente infames invasores.
El gatopardismo refleja miseria ideológica
Con un desproporcionado retardo cultural y una herencia de inconmensurable corrupción administrativa y descomposición moral en los tres poderes del Estado, en el mundillo político y comunicacional, y en áreas relevantes, como la educativa, en particular la universitaria, el 20 de abril del 2008, Lugo terminó con 70 años de gobiernos del Partido Colorado.
El inmenso abanico de esperanzas populares, y la reivindicación masiva de justicia social y de vida democrática, abierto entonces, se retrae sensiblemente cuando el ex Obispo ha llegado a la mitad de su mandato.
Tres son los factores mayores que explican esa decepción, amenazando en convertirse en una estafa más al pueblo: a) la irresponsabilidad del Ejecutivo, b) el sabotaje sistemático de todo proyecto de ley en beneficio de las mayorías, por parte del Parlamento, y c) la complicidad o pertenencia del Poder Judicial con y a la corrupción.
Las cárceles del país están desbordadas por cerca de cuatro mil presos por minucias, 79 por ciento sin juicio, mayoría mulas y caballos locos, pero ni un solo narcotraficante relevante está entre rejas ni ladrón encumbrado, entre ellos los banqueros, tipo los hermanos uruguayos Peirano, que en los últimos 15 años se han ido declarando en quiebra, para estafar a los ahorristas, con la complicidad de autoridades financieras, políticas y judiciales.
Más de ocho millones de hectáreas, ocupadas ilegalmente, han sido registradas por la Comisión de Verdad y Justicia, pero el informe final de la investigación está encajonado en el suntuoso Palacio de Justicia, mientras 500 mil familias campesinas, el 60 por ciento de la población paraguaya, sobrevive en la pobreza y buena parte en la miseria.
La quinta columna esta expandida
Las dos cámaras del parlamento conforman un solo nicho en la conspiración y el sabotaje de cuanto proyecto de ley de política social le ha entregado el Ejecutivo, explotando al máximo los errores, equivocaciones e incapacidad del gabinete ministerial, 95 por ciento conformado por militantes progresistas o de izquierda, entre los que algunos, en sus acciones, muestran arrepentimiento de su pasado.
Para el Ministro del Interior, Rafael Filizzola, es un triunfo de su gestión haber conseguido la asesoría de expertos de Estados Unidos y Colombia, formados en las mismas escuelas en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, aunque en esos dos países, esos dos delitos tienen muy buena salud.
El Gobierno acaba de ratificar el Convenio Iniciativa Zona Norte, suscrito en el 2008 con Estados Unidos, que faculta prolongar la presencia de militares estadounidenses especializados en el espionaje, en territorio paraguayo y en las áreas más activas de las organizaciones campesinas que reclaman una reforma agraria. Los últimos gobiernos colorados no habían llegado a ese nivel de sumisión.
La explicación oficial apunta a combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo que, según los grandes medios de comunicación, que forman la agenda de la política nacional, serían guerrilleros, sin que hasta ahora puedan mostrar ninguna operación de guerrilla en ningún rincón del país, salvo fotografías de algún refugio en sitios boscosos.
El Gobierno acusa al EPP de la autoría de varios secuestros a personas adineradas e, incluso del asesinato crapuloso de una joven hija del ex Presidente Raúl Cubas, pero algunas investigaciones apuntan hacia otros posibles autores, entre los cuales aparecen mezclados policías, ex militares y narcotraficantes, es decir, el bajo fondo de Máximo Gorki. Hay decenas de presos, esos sí condenados, por esa causa.
Interesada ignorancia para el bien y sabiduría para el mal
El Canciller Héctor Lacognata, en violación de su mandato de abrir el país a la integración regional y al mundo, es un fotogénico espectador del autoaislamiento del país que impulsa el Parlamento, desolidarizado con los legisladores de Argentina, Brasil y Uruguay, cuyos pronunciamientos últimos en política internacional han vetado en forma miope y grosera.
Muy poco interés público ha mostrado el titular de exteriores en el tema del ingreso de Venezuela al Mercosur, a pesar de las notables ventajas, especialmente económicas que podría resultar para Paraguay, e igual actitud con la necesaria lucha al interior de las dos cámaras, para reconocer plenamente a la UNASUR.
Ambos acuerdos regionales, que hasta la OEA califica de beneficiosos, tienen plena aceptación por Argentina, Brasil y Uruguay, y sólo el parlamento paraguayo lo está impidiendo, exponiendo al país a entendibles medidas de presión de los otros socios, que se sienten perjudicados por Paraguay en sus intercambios comerciales y culturales.
Otro capítulo de la inoperancia del Poder Ejecutivo, y que sólo podría explicar la fuerte influencia que ejerce la Embajadora de Estados Unidos, Liliana Ayalde, ante quien tiemblan algunos Ministros, tiene relación con el reconocimiento de Palestina como Estado, en base a las fronteras de 1967, que Israel continúa destruyendo.
Argentina, Brasil y Uruguay, seguidos por Bolivia, han reconocido en los dos últimos meses al Estado que debe representar al martirizado pueblo palestino ante el mundo, que desde 1988 apoyan 130 países en el seno de la ONU, donde tiene asiento pero sin derecho a voto, injusticia que se intenta enmendar.
Ecuador y Perú prevén reconocerlo, al igual que El Salvador y México que expresan buena disponibilidad, a diferencia del Ejecutivo paraguayo, que es el órgano que tiene que tomar la iniciativa, pero que aún no se ha pronunciado, sin que el servicio de comunicación del palacio se digne en dar una explicación a la ciudadanía.
Los movimientos populares, en forma creciente, expresan mucha desconfianza respecto a la política gubernamental en la dirección esperada de impulsar con fuerza el programa de seis puntos con el que ganó Lugo la presidencia.
Empezando por la reforma agraria, con estímulo para los pequeños y medianos labriegos, primer empleo para los jóvenes y facilidades para la formación profesional de los excluidos, combate a la corrupción, democratización y transparencia de la actividad estatal, en fin, un paquete de medidas que habían despertado muchas esperanzas.
También se entusiasmó a la gente con el compromiso de defender los recursos nacionales y a las empresas públicas, pero resulta que ahora, Gobierno y Parlamento han comenzado a privatizar los aeropuertos, para solaz de Estados Unidos, que podrá contar con un valioso centro de aterrizaje y despegue sin ningún control paraguayo, en un punto de particular importancia geoestratégica.
De todo lo prometido, el Gobierno sólo avanzó con la gratuidad de los servicios de salud que, pese a sus deficiencias, es una medida que facilita el acceso de las familias más pobres a la atención hospitalaria, un viejo reducto de los politiqueros para cambiar “favores” por adhesión, humillando a la gente necesitada.
Otro punto a favor de la nueva administración es la revigorización de la renegociación con Brasil para que sean respetados los derechos paraguayos en la Represa Binacional de Itaipú, en particular a lo que atañe a la soberanía nacional en su producción energética, que el socio grande se lleva el 95 por ciento, pagando chauchas por el 45 que le pertenece a Paraguay que, por pequeñez total y escaso desarrollo industrial, no consume.
En la política social es donde más déficit acumula el Gobierno del Cambio, y en ese renglón radica la peligrosa desmovilización popular y el estancamiento del proceso de transformación estructural que requiere el país. En el 2002, un intento de privatización de empresas nacionales, fue rechazado por el pueblo movilizado, pero eso ahora no ocurre.
Algunas medidas de asistencia intentan menguar la miseria, llegando con ayuda a 120 mil familias, contra 10 mil del último quinquenio de mandato colorado, pero de todas maneras eso representa la prolongación del asistencialismo que, además de no solucionar los problemas de fondo, alimenta parasitismo y otros males sociales.

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