Nacionales

PRIMER FORO SOCIAL DE LA ARAUCANÍA

En la ciudad de Temuco del 23 al 25 de noviembre se realizará el Primer Foro Social de la Araucanía. Ya han pasado tres años desde que campesinos, habitantes del bosque nativo, pescadores y recolectores, mujeres agricultoras urbanas, temporeras, sabios mapuches, organizaciones y ciudadanos del sur se reunieron en el foro social del Sur para conversar, discutir y compartir las distintas realidades de sufrimientos y esperanzas.

Después de acordar y reconocer que la presencia del modelo neoliberal solo asegura la ganancia a unos pocos, y donde las actividades exportadoras tienen éxito gracias a la explotación y sufrimiento de sus trabajadores y familias. Es en ese momento donde se acordó y se comprometió a seguir trabajando en cada una de nuestras realidades frente a estas injusticias.

El Foro Social de La Araucanía es el espacio de encuentro de la ciudadanía regional para hacer presente sus saberes, reflexiones y visiones, en torno a sus realidades y experiencias, al acontecer político, económico y socioambiental, y sus proyecciones.

Citas de fragmentos de declaraciones:

“…Los ciudadanos no debemos olvidar nuestra conexión con la naturaleza y luchar por el derecho a una calidad de vida saludable y sustentable. Por ello, nuestra demanda es ser reconocidos como personas y no como productos, objetos o fuerza de trabajo…”
Declaración final, Foro Social del Sur. Pto. Montt 2003

“…No dejaremos que la política de mercado nos arrebate la alimentación de nuestros niños, nuestra cultura, nuestros derechos tradicionales, que el dinero ofrecido por nuestros productos no nos hagan perder la dignidad, que nos quiten nuestras utopías, que amenacen el futuro de nuestras comunidades y se respeten nuestros derechos consuetudinarios…”
Pescadores Artesanales, Foro Social del Sur. Pto. Montt 2003

“…Necesitamos que se tenga presente que la base de todo es proteger y cuidar, compartir e intercambiar como una verdadera expresión de solidaridad y soberanía. Así, fuimos enseñados por nuestros abuelos y debemos entregarle a los niños y jóvenes…”
Kimche mapuche, Foro Social del Sur. Pto. Montt 2003

Por ello, la gran enseñaza para todos es que debemos dar paso hacia atrás para avanzar y crecer.

Los objetivos del Foro Social de La Araucanía son:

Aportar al análisis de la realidad de La Araucanía, compartiendo, informando y debatiendo con una mirada critica, orientada a la construcción de una ciudadanía activa e implicada en el desarrollo de la Región de La Araucanía.
Relevar acciones que logren un impacto público y social, fortaleciendo perspectivas de desarrollo sustentable en la sociedad civil.

Los organizadores de este encuentro son:

Agenda Regional de La Araucanía -AGRA- www.agra.cl - [e-mail]
Las siguientes organizaciones miembro: Aldea Comunicaciones – CETSUR – Centro de Desarrollo Sociocultural UCT – Centro de Desarrollo Sustentable UCT – Corporación Mapuche Newen – GEDES - Sociedad Lonkokilapang.

Junto con:

Red Travesía - Red Propietarios Bosque Nativo –
Red de Acción por los Derechos Ambientales –
Red de Socioeconomía Solidaria – Red de Comercio Justo -
Observatorio de Derechos Indígenas - ANAMURI Regional: Weichafe Domo – Coordinación de Identidades Mapuche –
Identidad Territorial Lafkenche - Identidad Nagche –
Konapewman, Agrupación Sociocultural Cónclave –
Unión Comunal de JJVV de Temuco – JJVV Botrolhue Sur -
Movimiento Tierra Libre - Servicio País - CCAA Ingeniería Forestal UCT – Surgente – Sindicato Centec 2 – Asamblea Mapuche de Izquierda – Green Peace - ODECU – CUT Provincial – Corporación Unión Araucana Txepeleai Taiñ Kimvn, Padre las Casas.

Apoyan:

Fundación Avina - Le Monde Diplomatique, Edición Chilena.
Universidad de La Frontera – Voga Bus.

Los siguientes temas se tratarán en el Foro:

Pueblo Mapuche
Medio Ambiente y Biodiversidad
Participación y Democracia
Economía y Trabajo
Espacios artístico culturales.

a ] Inclusión de estos espacios durante la jornada, contando con arte mapuche, exposiciones de obras de arte, muestras documentales, ferias, muestras artísticas, paneles, conferencias, talleres de participación, teatro, etc.

b] Espacios de conversación de comunicadores sociales.

Contactos:

Angélica Hernández [e-mail] 09-8477192
Marcelo Carrasco: [e-mail] - Silvana Ayala: [e-mail] 911317
Max Thomet: [e-mail] 248796

El vínculo entre Publicam y los hijos de Pinochet

Una hebra hasta ahora desconocida conecta el caso Cutufa II, que se ventila en el 22º Juzgado del Crimen de Santiago, a la empresa investigada por emitir facturas falsas a Chiledeportes y las campañas electorales de Sebastián Piñera, Lily Pérez y Guido Girardi.

La Nación

A. López/S.Espinace

Equipo de Investigación

Acusado por asociación ilícita y apropiación indebida en el caso Cutufa II, Juan Sebastián Meyerholz Godoy vuelve a las letras de molde. Esta vez como arrendatario de dos inmuebles vinculados a Comercial Publicam, la empresa inexistente cuyas facturas han aparecido hasta ahora en proyectos de Chiledeportes y las rendiciones de gastos electorales del ex candidato presidencial Sebastián Piñera (RN) y la ex candidata a senadora Lily Pérez del mismo partido; además del senador electo por Santiago Poniente, Guido Girardi (PPD).

En el caso Cutufa II se investiga la relación de Meyerholz con los gestores de la estafa, Patricio Castro y Gerardo Ariztía, y se indica que el empresario debía recibir 95 millones de pesos de manos de los principales inculpados.

En el caso Publicam, Meyerholz aparece como arrendatario de un departamento en calle Santo Domingo Nº 1364, en el que vivió hasta el viernes recién pasado Manuel Arancibia Morales, sindicado por Girardi como el nexo entre su comando electoral y la empresa fantasma.

El nombre de Meyerholz también aparece en el contrato de arriendo de la oficina 544 de calle Huérfanos 1117, donde atendía Manuel Arancibia bajo el rubro “asesoría contable y jurídica”, misma dirección que registra la sociedad Publicam en la guía de teléfonos.

El conserje del edificio de Santo Domingo dijo a La Nación que el ocupante del inmueble “se identificó como Juan Meyerholz”. Agregó que no maneja más información y que “en la corredora de propiedades tienen los cheques girados por él con los que se pagaba el arriendo”.

Actividad sospechosa

En la oficina de Huérfanos, en tanto, una vecina contó que ahí trabajaban cuatro personas, dos hombres, que se identificaban como abogados, y dos secretarias. Los cuatro desaparecieron hace como 2 ó 3 semanas.

“Siempre se veía gente con pinta de delincuente en esa oficina, de hecho, a raíz de las personas que venían es que nosotros empezamos a manejar con llave la puerta de entrada a nuestra oficina”, relató.

“La persona de contabilidad de nuestra empresa, que tiene la oficina justo al frente de donde trabajaban estos señores, también pensaba que andaban en algo raro porque era todo como muy secreto, incluso tenían una cámara para ver a la gente que tocaba el timbre”, agrega.

“Una vez vino una secretaria que trabajaba para ellos, que decía que tenían otra oficina en Santiago y que estaba harta de que no le pagaran. Contó que hacían estafas con cédulas de identidad robadas o falsas”, añade.

La mujer agregó que un procurador que trabajó para ellos le dijo que “iba a renunciar porque se había dado cuenta de que habían cosas poco transparentes”.

Meyerholz constituyó una decena de empresas entre 1985 y enero del 2006 y, además de estar inculpado en el proceso Cutufa II, tiene cinco procesos en la justicia, cuatro por giro doloso de cheques y uno por amenazas de atentados contra personas y propiedades.

El caso se inició en noviembre de 2005 por una querella presentada por Beatriz Ugarte Cardemil en contra de Castro y Ariztía por estafa y asociación ilícita. En la investigación se fueron agregando posteriormente otras personas, entre ellas, Augusto Pinochet Hiriart, hijo del ex dictador, quien acompañó a Ariztía en algunas gestiones financieras.

Posteriormente apareció en el proceso el hijo menor del general, quien habría realizado “operaciones ilícitas” con dineros “que se presume provenían de la DINA y la CNI”, según señala Beatriz Ugarte en una de sus presentaciones ante el tribunal.

Ugarte dijo al tribunal haberse desempeñado como asistente financiera de Castro. LN

Partidos rentistas o “camorra” a la napolitana

No importa cuáles sean los móviles del “florismo”. La ocasión es propicia para sanear a todos los partidos de prácticas que le enajenan el afecto ciudadano y pueden taladrar un piso de la democracia.

Hugo Mery

“El PPD se ha convertido en un partido rentista”. La tajante afirmación nos la hizo Ricardo Lagos Escobar en 1993, durante esos días en que, como simple ciudadano, se refugió en una casa de calle Las Arañas, en el límite de La Reina y Las Condes, sede de una ONG italiana. Había dejado la cartera de Educación para correr con Eduardo Frei en unas primarias presidenciales con resultado predeterminado, y faltaban varios meses aún para que llegase a asumir el Ministerio de OOPP y emprendiera su camino definitivo a La Moneda. Si Lagos quiso darle a su juicio sólo un acotado alcance político, 13 años después esas palabras pueden dotarse de una significación más literal. Hacia fines del período de Aylwin, el PPD se había consolidado como el fenómeno nuevo de la renaciente democracia, pero, según se desprende de la crítica de su fundador, a esas alturas se contentaba con vivir sólo de la administración del prestigio alcanzado, sin invertir en una proyección política más allá de los cálculos electorales.

Hoy, el destape de las irregularidades en Chiledeportes sugiere que el estancamiento espiritual del partido -que en su origen quiso agrupar a todos los que estuviesen “por la Democracia”-, se dio junto a una inercia de usufructo de las ventajas del poder. La virtual renuncia del senador Fernando Flores a su militancia -en caso que la autosuspensión no esté contemplada en la normativa partidaria- vino a poner de relieve de la manera más dramática esta evolución: Flores, como es su estilo, no se anduvo con chicas, y habló de un partido devenido en pandilla o “camorra”.

Desde luego que resultaría injusto -y toda una tergiversación analítica- colocar sólo al Partido por la Democracia y a uno de sus líderes, Guido Girardi, en el centro del actual escándalo de corrupción que sacude la política chilena. El clientelismo es ejercido por cada una de las formaciones partidarias y no sólo de la Concertación, sino de la Alianza, porque se practica en todas las esferas del poder público, desde el central y regional hasta el municipal, aunque cuantitativamente los cotos reservados a los “cazadores” oficialistas son mucho mayores. Este último dato otorga, en definitiva, la responsabilidad al Gobierno; también el hecho que, como colegislador, es determinante para impulsar la modernización del Estado, al tener el Ejecutivo el poder de iniciativa y de manejo del curso legislativo por la vía de las urgencias. Tampoco se trata de relativizar la situación coyuntural con verdades filosóficas y sociopolíticas: que la corrupción es inherente a la condición humana y al poder político, detente quien lo detente. Y justamente porque la alternancia en el Gobierno no es necesariamente el remedio, los partidos gobernantes de turno deben asir la oportunidad histórica de desterrar prácticas que -le cuesten o no la continuidad en el poder- hacen mal a la política, al disociarla de la sociedad; al Estado democrático como ente organizacional, y, potencialmente, a la viabilidad del país.

Pero que el actual escándalo tenga ahora en el centro del escenario al PPD no deja de ser significativo. Porque la formación fundada por Ricardo Lagos quiso transformarse, de instrumento para reconquistar al democracia, en referente de la renovación de aquella. Era, además, una especie de reproducción a escala de un solo partido del conjunto de la Concertación, con una superioridad moral y ética por sobre los sostenedores de la dictadura. Después que participaran en su fundación elementos de derecha liberal y republicana que no comulgaron con las violaciones de los DDHH, se hizo, en definitiva, el hogar de los izquierdistas evolucionados, aquellos que, desde el MAPU, la Izquierda Cristiana, el radicalismo y los partidos Socialista y Comunista buscaron la renovación histórica y se ensancharon hacia horizontes donde la ecología, la no discriminación, la paridad de género y los llamados temas “valóricos” pintaban el arcoiris .

Es curioso: muchos de quienes militaron en los partidos de la anterior república habían buscado el Estado para desde allí “empoderar” la opción por el socialismo. Si bien en el nuevo régimen se desplegaron políticas contra la pobreza y en pro de la solidaridad y la protección social, una fauna se dedicó a pastar en el campo fiscal: unos como profesionales de “la pega y el pituto”, otros como “operadores políticos”, situados estratégicamente en cargos de tercer y cuarto nivel. Toda una nueva generación de militantes reprodujo los “mandos medios” de la época de la Unidad Popular, sólo que como comisarios de sus partidos no impulsan ya la estatización y la socialización del aparato productivo, sino que ponen al Estado al servicio de sus pequeñas sociedades, tejiendo lazos, si es necesario, con el mundo privado.

Si esta verdad estalló en el PPD a causa de revanchismos de los floristas en contra de los girardistas, la ocasión debiera ser igualmente propicia para sanear todos los partidos, antes de que la ciudadanía los perciba como “rentistas” y su desafecto hacia ellos conduzca al descrédito taladrante de uno de los pisos de la democracia.

Cómo terminar con el “apartheid educativo”

La Nación

Katerinne Pavez

A partir del debate del Consejo Asesor Presidencial, amplios sectores de la sociedad han concordado en revisar las bases del sistema educativo. En la entrega de su primer informe, a fines de septiembre, un punto importante quedó pendiente: el financiamiento de la educación.

Éste es, precisamente, el tema de la investigación que un grupo de académicos de la Universidad de Chile, liderados por Jesús Redondo, director del Observatorio de Políticas Educativas (Opech), dará a conocer los primeros días de noviembre. Las conclusiones del trabajo son elocuentes: “La evidencia de estos 25 años demuestra que hemos logrado gastar más (los últimos 15 años), aumentar la cobertura escolar, pero no mejorar la calidad integral de la educación; al tiempo que hemos creado un sistema escolar “conscientemente estructurado en clases sociales. Chile, en la actualidad, es el único país del mundo que utiliza la subvención a la demanda como único mecanismo de financiamiento de la educación”, dicen.

Este sistema de subvención consiste en que la mayor parte del financiamiento de las escuelas municipales y particulares subvencionadas se obtiene mediante el pago por asistencia de los alumnos a clases.

El Observatorio propone que, además de esta vía, se potencien los logros, mediante incentivos económicos para quienes fomenten la convivencia democrática, la asistencia y retención escolar, la integración de niños vulnerables, el aumento en el valor agregado del Simce o innovación tecnológica, entre otros. Todo, según los estándares de calidad fijados por el Ministerio de Educación.

También postulan -en sintonía con el Consejo Asesor- la creación de unas 60 corporaciones públicas locales, que aseguren que cada comunidad pueda manejarse de manera autónoma. Esto implicaría, necesariamente, una reforma al sistema municipal de educación. Las entidades serían financiadas “mediante convenios, basados en la utilidad pública de sus servicios”. En este esquema, también se incluiría a los establecimientos particulares subvencionados.

De allí que el informe ponga el acento en la educación pública, actualmente en manos de los municipios. “Siete de cada diez pesos gastados en educación son administrados por instituciones privadas o provienen de esa fuente” y que “cuando el gasto público cede protagonismo al gasto privado en países que no han logrado construir las bases de un proyecto educativo de calidad para todos, la segregación es una consecuencia inevitable”.

El peso del territorio Comparar la educación municipal de comunas tan dispares como Cerro Navia y Vitacura muestra la segregación social de la educación. La primera quintuplica la cantidad de alumnos matriculados en colegios municipalizados en comparación con Vitacura, sin embargo, sólo cuenta con un presupuesto para educación de un poco más del doble. Para que un colegio municipal de Cerro Navia, sin considerar inversión en infraestructura, comience a funcionar como un colegio municipalizado de Vitacura, debería recibir una subvención de $ 97.100 por cada alumno. Esto sin considerar las diferencias de origen, lo que obligaría a una subvención aún mayor”, dicen en la Opech. Monstruo de seis cabezas Así podría bautizarse al sistema educativo chileno. Mal que mal se trata de seis modelos diferentes en uno. “Lo que sólo separa a los estudiantes por clases sociales”, dicen los expertos de la OPECH. El primer modelo es el de los colegios particulares. Luego está el de las corporaciones de administración (públicas y privadas), después el de la educación pública, a cargo de las municipalidades, que se dividen pobres y con recursos. Y por último, el sistema particular subvencionado que también tiene doble faz: los que poseen proyectos educacionales serios e integran a alumnos de menos ingresos y aquellos cuyo objetivo central es el lucro y no aseguran educación de calidad.

Sindicatos internacionales se unen para encarar la globalización

La Nación

Más de 300 centrales sindicales de todo el mundo se integrarán mañana en Viena, Austria, a una nueva organización internacional: la Confederación Sindical Internacional (CSI), con el objetivo central de “luchar” contra los desafíos de la globalización empleando “una sola voz”.

Así lo anunció en esa ciudad europea el designado secretario general de la CSI, Guy Ryder, otrora líder de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), que se disolvió ayer junto a la antigua Confederación Mundial del Trabajo (CMT), en pos de esta nueva agrupación.

“Esta es una semana histórica”, dijo Ryder, tras precisar que no se trata de una mera fusión de confederaciones ya existentes, sino de la fundación de una “organización completamente nueva”, que aglutinará a 309 centrales sindicalistas de 156 países, con un total de 166 millones de afiliados.

Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, señaló que una delegación de la multisindical chilena ya se encuentra en Viena participando de la constitución de la nueva asociación. “Es un esfuerzo de muchos años que valida al mundo sindical. Se disuelven las dos centrales más importantes para constituir una unidad sindical, lo que es relevante tomando en cuenta que la globalización nos exige actuar en conjunto. A todas luces es un hecho histórico”, sostuvo Martínez.

La fundación de la CSI contará con la participación de 1.600 altos representantes. La sede central estará en Bruselas, mientras que el congreso elegirá dónde se situarán las diversas sedes regionales.

“Ya podemos saber que será la más representativa y más unida confederación de sindicatos de la historia,” añadió el británico Ryder, tras insistir en la necesidad de crear esta nueva institución a pesar de que en el movimiento sindicalista a nivel mundial existe ya “una larga tradición de activismo internacional”.

Historia

La actividad internacional ha estado dividida en diversas tradiciones, como la democristiana, la comunista, la socialdemócrata, pero “en los últimos diez años hemos visto que ya no hay razón para esas divisiones, por lo que el propósito es unir todas las centrales sindicales democráticas, en el compromiso común con el movimiento sindical independiente”, explicó Ryder.

La idea de crear este nuevo movimiento surgió en 2004, cuando Ryder y Willy This, secretario general de la CMT, definieron este proyecto en el Foro Sindical Mundial de Porto Alegre de 2005. En declaraciones a agencias el líder sindicalista precisó que la gran mayoría de las centrales nacionales democráticas están ya afiliadas a la nueva organización, sin embargo, “donde no existe sindicalismo democrático, como China o Cuba, que no están representados y también están fuera las centrales sindicalistas que no son independientes”.

En tanto, la vicepresidenta de la OeGb, Renate Csorgits, adelantó tres cuestiones esenciales que la CSI abordará: los derechos de la mujer, la defensa de los derechos humanos y el derecho al sindicalismo y la lucha contra el trabajo infantil. En este contexto, recordó que aún queda mucho por hacer ante la fuerte discriminación que sufren las mujeres en el trabajo y la sociedad de muchos países, “los cientos de sindicalistas asesinados cada año por su actividad en defensa de los derechos del trabajador y los 220 millones de niños que están hoy obligados a trabajar”.

DESEMPLEO JUVENIL Los países de América Latina y el Caribe registran un desempleo juvenil de 16,6%, un problema agravado por las condiciones de pobreza de millones de trabajadores entre 15 y 24 años, reveló un documento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El informe “Tendencias mundiales del empleo juvenil” dice que los jóvenes desempleados aumentaron de 7,7 a 9,5 millones de personas durante la última década.

Tres alternativas para modificar la ley de amnistía

La Nación

Un documento que considera tres alternativas para terminar con la ley de amnistía entregaron al Gobierno los presidentes de partidos de la Concertación. La iniciativa fue elaborada por un equipo de abogados del oficialismo y de instituciones de derechos humanos que representan a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). La propuesta la recibieron los líderes partidarios de manos de la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, y de los profesionales Hiram Villagra y Hugo Gutiérrez.

El portavoz de los partidos, José Antonio Gómez, aclaró que el texto no es la conclusión final de las colectividades, sino que corresponde a un trabajo técnico del grupo de abogados. De este modo, las sugerencias partidarias se realizarán por separado. El senador Gómez admitió que la idea que está concitando mayor acuerdo es la interpretación legislativa del artículo 93 del Código Penal.

La primera alternativa de los abogados es anular la ley de amnistía, a través de un mecanismo que la declara incompatible con las normas vigentes. Una segunda opción es incorporar al Código Penal un recurso de revisión respecto de aquellos delitos que han sido amnistiados. La tercera es la norma interpretativa, que hace inaplicable la amnistía a delitos de lesa humanidad, que ya fue aprobada en la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados y que hoy debería aprobarse en el pleno.

La ministra de la Presidencia, Paulina Veloso, declinó decantarse por alguna alternativa y se limitó a comunicar que el Gobierno se encuentra en la etapa de recepción de propuestas. “Vamos a conversar detenidamente con los presidentes de partidos y, por cierto, la Concertación de una manera unida va a apoyar la propuesta del Gobierno, porque, además, éste es un tema de la esencia de la Concertación”, sostuvo Veloso. De este modo la ministra advirtió a los partidos sobre lo que espera el Ejecutivo, ya que se ha hecho público que bajo el paraguas de acabar con la amnistía del ’78 subyacen distintos modos de encarar la cuestión según los distintos puntos de vista de eficacia jurídica.

Mientras Gómez explicó que la idea de la Concertación es que la Presidenta Michelle Bachelet tenga “insumos” para decidir, el presidente del PS, Camilo Escalona, señaló que “le quisiera decir a la derecha que en este tema no estamos divididos, que no saque cuentas alegres, que en el tema de dejar sin efecto esta ley de impunidad, todos los partidos de la Concertación estamos absolutamente alineados. Así es que no se haga ilusiones de que en esta materia vamos a tener diferencias”.

Por primera vez, Pinochet quedó preso por delitos de secuestro, homicidio y tortura

Luego de notificarlo de su nuevo procesamiento, el primero en la causa Villa Grimaldi y también el primero por el delito de tortura de personas vivas, el ministro Alejandro Solís prepara la sentencia de primera instancia, aunque deberá antes enfrentar los requerimientos de la defensa.

Jorge Escalante

La Nación

Por primera vez desde que en enero de 1998 se presentó la primera querella en su contra, el ex dictador Augusto Pinochet quedó ayer con arresto domiciliario como autor de los delitos de homicidio, secuestro con desaparición y tortura, por crímenes cometidos durante su régimen en el centro de detención de la DINA, Villa Grimaldi.

Por estos ilícitos, Pinochet fue procesado el viernes por el ministro Alejandro Solís, quien previamente lo interrogó y consideró que se encontraba en condiciones físicas y mentales de enfrentar un juicio.

Hasta ahora Pinochet no había sido procesado ni arrestado por el delito de tortura.

Según lo manifestó ayer el ministro Alejandro Solís, su decisión de mantenerlo arrestado se debió a que “su libertad es un peligro para la sociedad, en atención al número de delitos que se le atribuyen”.

Procesado varias veces por el delito de secuestro con desaparición de personas, también lo fue antes por el ilícito de homicidio en la causa de la Caravana de la Muerte. En ese juicio fue encartado por el ex juez Juan Guzmán como autor de 57 homicidios y 18 secuestros con desaparición, aunque en 2001 una sala de verano de Corte de Apelaciones de Santiago, en una votación coyuntural, le cambió la calidad de autor por la de encubridor. De todas formas, Pinochet fue luego en 2002 sobreseído definitivamente por la Corte Suprema en ese caso, bajo el argumento de una “demencia progresiva e incurable”.

De esta manera, el arresto de Pinochet tiene esta vez una connotación diferente: es la primera vez que permanece en ese estado por delitos cometidos contra personas que están vivas y que se querellaron en su contra.

Salvavidas del “Mamo”

El viernes pasado el juez Solís lo procesó en la causa Villa Grimaldi por 26 casos de secuestro con desaparición, 23 casos de tortura, y el homicidio de Alejandro Ávalos Davidson, cuyo cuerpo fue encontrado posteriormente por lo que dejó de constituir la figura del secuestro, atendido éste como un ilícito de carácter permanente mientras no aparezca el cuerpo de la víctima.

Los antecedentes reunidos en el proceso no dejan lugar a dudas.

Según el dictamen del juez, la responsabilidad penal de Pinochet como el jefe superior de la DINA, dado que el general (R) Manuel Contreras era sólo el “director ejecutivo” de ese organismo.

En sus fundamentos, tanto para los casos de secuestro, homicidio y tortura, el magistrado Solís concluyó la responsabilidad de Pinochet no sólo por su propia investigación en la causa, sino que destacó uno de los últimos dichos de Manuel Contreras.

En una de sus declaraciones, el “Mamo” tiró por primera vez a Pinochet “a los leones”, manifestando que “Nunca tuve independencia y autonomía en mi actuar, lo que hizo la DINA fue conforme a las instrucciones impartidas por el general Augusto Pinochet, todo lo cual le era informado directamente y personalmente por mí al citado señor y también por escrito, ya sea en comunicaciones especiales o en el boletín informativo emitido por la DINA día a día. De las acciones desarrolladas por la DINA se comunicaba inmediatamente, esto es al día siguiente de lo ocurrido al general Augusto Pinochet, y lo hacía yo personalmente”.

Con la dictación del auto de procesamiento Del viernes, el juez Solís dio un paso relevante en el camino a convertirse en el primer magistrado que podría dictar una sentencia condenatoria -a comienzos del próximo año- en contra del ex dictador.

En todo caso, independientemente de la celeridad con que trabaja el ministro en esta causa, todo ello se verá retardado por las apelaciones de la defensa de Pinochet. Éstas se presentarán principalmente por la negativa del juez de sobreseerlo definitivamente en este juicio por su “delicado estado de salud general”, como lo pidió la defensa.

Estas apelaciones ante las cortes podrían demorar en un año más una sentencia del juez. LN

La difícil búsqueda del fin de la amnistía

Tratando de comprometer a la mayor cantidad de sectores en la tarea de borrar el “autoperdonazo” de la dictadura, el Gobierno moderó el acelerado ritmo con que inicialmente encaró el tema. La vía de la ley interpretativa, en lugar de derogar o anular, sería la llave para el consenso.

La Nación

Pedro Ramírez

La Moneda sacó el pie del acelerador en la nueva ofensiva para dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1978. Y el ritmo más pausado que esta semana adquirió el proceso inquietó profundamente a la Asamblea de los Derechos Humanos, entidad que acoge a las organizaciones que históricamente han luchado contra el “punto final” que intentó amarrar la dictadura. No obstante, dirigentes de los partidos de la Concertación y varios diputados, los mismos que han trabajado intensamente para demoler este escudo de protección que beneficia a los violadores de derechos humanos, pusieron paños fríos y explicaron a los familiares de las víctimas que esta pausa es necesaria para asegurar el éxito del nuevo esfuerzo.

Tras 16 años de fracasos en esta materia y con todas las condiciones para desactivar la ley sobre la mesa, la Concertación, por primera vez, tiene los quórums requeridos en ambas Cámaras del Congreso. Y, por lo tanto, el oficialismo no se puede dar el lujo de fallar por detalles. Más cuando todo indica que a fines del próximo año comenzarían a cerrarse la mayoría de los juicios por derechos humanos (ver recuadro), lo que torna urgente buscar una solución definitiva al tema de la amnistía. Mientras, el principal temor es que la materia caiga en manos del Tribunal Constitucional (TC) por algún error técnico en la elaboración de la propuesta.

Después de que la resolución dictada el pasado 14 de octubre por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conminara al Estado de Chile a establecer una fórmula que bloquee la aplicación de la amnistía y de que la Presidenta Bachelet, en su simbólica visita a Villa Grimaldi, se comprometiera a acatar ese fallo, todo parecía alineado para derribar la norma en tiempo récord. La Mandataria encargó a su ministra secretaria general de la Presidencia, Paulina Veloso, que buscara las fórmulas legales propicias, y el proceso se puso en marcha con viento de cola.

Sin embargo, y pese al entusiasmo inicial del PS, tanto la DC como el PPD enviaron señales a La Moneda para moderar el apuro y escuchar propuestas de todos los sectores, a objeto de “blindar” el proyecto de ley que surja de estas tratativas e impedir que la oposición lo torpedee en el Congreso o lo someta al escrutinio del TC.

“La rapidez no es sinónimo de eficiencia y se deben escuchar primero las propuestas de todos los sectores interesados en llevar adelante este tema. Si no lo hacemos bien puede resultar más lento, porque si quedan detalles en el aire esto puede trabarse en el trámite legislativo. Se trata de un punto que ha sido capital para la Concertación desde sus orígenes y no podemos ponerlo en riesgo”, aseguró el presidente del PPD, Sergio Bitar. El dirigente confirmó que este lunes 30 se concretará un paso crucial para llevar a buen puerto la iniciativa, cuando los partidos oficialistas entreguen a La Moneda sus proposiciones: “No se trata de un planteamiento común de la Concertación, sino las reflexiones de cada partido”, dijo.

UNA FINTA AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Tres son las alternativas que se manejan para poner fin a la amnistía: derogación, anulación y ley interpretativa. Pero es esta última la que esta semana se abrió paso con más fuerza en los partidos oficialistas. Según comentan fuentes con buen tránsito en el despacho de la ministra Veloso, la balanza de La Moneda también se inclina por esta fórmula.

Uno de los que ha conversado con Veloso es el diputado y jurista Juan Bustos, la voz más escuchada en estos temas por la directiva del PS. “[En La Moneda] no lo han decidido aún, pero les parece buena la idea de la interpretación”, señala.

Bustos explica que “la derogación no es una buena iniciativa, porque le da validez al Decreto Ley de Autoamnistía, pues reconoce que estuvo vigente durante un tiempo y se seguiría aplicando para todos los casos que se produjeron mientras duró. La anulación es un buen camino, porque es como si nunca hubiese existido la ley, pero podría generarse una gran discusión jurídica sobre quién es competente respecto de la nulidad de derecho público. Yo estoy claro que es competente el Congreso, pero es posible que por esta vía se plantee la intervención del TC, y eso podría enredar el tema”.

El mismo temor recorre al PPD. “La anulación de una ley no tiene precedente histórico en Chile. Podría plantearse el debate sobre quién tiene las facultades para anular y desembocar en el TC”, dice Bitar. La preocupación se explica porque dicho tribunal, en sus últimas actuaciones, ha bloqueado iniciativas del Gobierno, acogiendo reclamos opositores. Así sucedió con el proyecto sobre subcontratación –por un tema de forma y no de fondo– y con la política para repartir la píldora del día después a menores que tengan sobre los 14 años de edad.

La ventaja de la ley interpretativa, según Bustos, es que requiere quórum simple y permite sortear el escollo del TC. El propio diputado PS, junto a los diputados Antonio Leal (PPD) y Sergio Aguiló (PS), presentó un proyecto de ley interpretativa de la amnistía que el miércoles 18 fue aprobado en comisión y que debe ser visto en la sala de la Cámara en los primeros días de noviembre: “Es una ley interpretativa del artículo 93 del Código Penal, que es el que contempla, como extinción de la responsabilidad penal, la amnistía, el indulto y la prescripción. Esta ley interpretativa establece que la amnistía, el indulto y la prescripción sólo deben regir respecto de delitos comunes y no para los delitos contra la humanidad, ya sean de lesa humanidad o crímenes de guerra”.

A juicio de los patrocinantes de esta iniciativa, se trata de una fórmula simple que compatibiliza el sistema jurídico penal chileno con la reciente resolución de la CIDH. “Es totalmente complementario con los esfuerzos que está haciendo La Moneda y es probable que desemboque en un mismo proyecto, con algunas modificaciones”, subraya Bustos.

A ojos de los partidos de la Concertación, la gran ventaja que ofrece esta vía es que fija el concepto de amnistía a partir de lo que en derecho se llama la “interpretación auténtica”, que es la interpretación que da el legislador. Esto, a diferencia de lo que ocurriría con la fórmula de la derogación, no da margen para que los jueces, bajo el argumento del principio “pro reo” que beneficia al encausado, insistan en usar la norma en casos de crímenes contra la humanidad.

EL CLAMOR DE LOS JUECES

En todo caso, son los magistrados los más interesados en que el Ejecutivo y el Legislativo despachen una ley que de una vez por todas zanje el problema de la aplicación de la amnistía. Hacia allá apuntaban los comentarios que hizo el presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, tras el fallo de la CIDH, cuando sugirió que el Estado en su conjunto debe encargarse de este tema, porque con la actual legislación los jueces están obligados a resolver “caso a caso”.

De hecho, actualmente casi todos los magistrados que instruyen causas de derechos humanos se resisten a aplicar la amnistía bajo el argumento de que las desapariciones forzadas son secuestros permanentes, salvo el ministro Víctor Montiglio, que ha recaratulado como homicidios –paso previo a la amnistía o la prescripción– algunos episodios del proceso Caravana de la Muerte.

Dos de las más potentes señales de que la mayor parte de los magistrados vería con alivio una norma que unifique criterios para dejar sin efecto la amnistía, ocurrieron este mes. Ambos episodios están relacionados con la responsabilidad del ex dictador en los crímenes cometidos en la más siniestra de las cárceles secretas de la DINA: Villa Grimaldi. El primero ocurrió cuando la Corte Suprema discutía el desafuero de Augusto Pinochet en esta causa. Entonces, el ministro Sergio Muñoz desenfundó un documento de 19 páginas en el que citó una decena de tratados y resoluciones internacionales suscritas por Chile que, a su juicio, tornan inaplicables la amnistía y la prescripción.

El segundo episodio fue la resolución del ministro Alejandro Solís, adoptada este viernes 27, quien no sólo desestimó el sobreseimiento pedido por los abogados de Pinochet, sino que sometió a proceso al ex dictador por los crímenes de Villa Grimaldi. Aunque ya era investigado por enriquecimiento ilícito y por su responsabilidad en desapariciones y ejecuciones, esta es la primera vez que el general (R) es conminado a responder judicialmente por haber desatado el infierno de la tortura entre los chilenos.

LA HISTORIA MARCADA POR EL FANTASMA DEL “PUNTO FINAL” La inédita situación en que se encuentra la Concertación, con mayoría en ambas Cámaras del Congreso, le permite por primera vez aspirar a dejar sin efecto la amnistía sin negociar con la oposición. Todos los intentos anteriores naufragaron por concesiones a ese sector que olían a “punto final”. Después del “boinazo” de mayo de 1993, el Gobierno inició la tramitación de la “ley Aylwin” para acelerar los procesos contra militares. El proyecto, en lo medular, aseguraba el secreto de identidad para quienes entregaran información sobre los crímenes. La iniciativa fracasó por la oposición del PS, que la estimó un “punto final” encubierto, pues bastaba que un ex agente –amparado en el secreto– declarara que un desaparecido había sido asesinado para que se abriera la puerta a la amnistía. En 1995, bajo el Gobierno de Eduardo Frei, el temor a un estallido por la condena de Manuel Contreras en el caso Letelier motivó una avalancha de propuestas. Mientras la derecha buscó que la amnistía se aplicara sin aclarar hechos, La Moneda tentó a la oposición ofreciendo acelerar los juicios a cambio de reformas para modificar el Tribunal Constitucional, terminar con los senadores designados y dotar al Presidente de la facultad de llamar a retiro a los jefes de las FFAA. Finalmente, la derecha no aceptó las reformas. Ese mismo año surgió la propuesta Otero-Figueroa, que también aseguraba el secreto a los informantes y que apuntaba más bien a determinar las circunstancias en que se habría producido la muerte de los desaparecidos, sin establecer responsabilidades. El proyecto contó con el respaldo de la DC y, aunque fue aprobado en la Comisión de Legislación del Senado, el rechazo del PS lo tornó inviable. El Presidente Lagos, en agosto de 2003, presentó su política “No hay mañana sin ayer”, la que apuntaba a nombrar jueces de dedicación exclusiva, acumular procesos, otorgar inmunidad penal a quienes –sin estar procesados o imputados– entregaran antecedentes, proteger la identidad de los informantes y rebajar o conmutar penas a los cómplices y encubridores que aportaran información. Si bien los puntos referidos a la inmunidad penal no prosperaron, la designación de jueces especiales significó que los procesos avanzaran en los últimos tres años más que en todo el período anterior. El cúmulo de antecedentes investigados por estos magistrados permite estimar que entre fines de 2007 y mediados de 2008 se cerrará la mayor parte de estos juicios, lo que precisamente hace más urgente que nunca zanjar el tema de la amnistía.