La difícil búsqueda del fin de la amnistía

Tratando de comprometer a la mayor cantidad de sectores en la tarea de borrar el “autoperdonazo” de la dictadura, el Gobierno moderó el acelerado ritmo con que inicialmente encaró el tema. La vía de la ley interpretativa, en lugar de derogar o anular, sería la llave para el consenso.

La Nación

Pedro Ramírez

La Moneda sacó el pie del acelerador en la nueva ofensiva para dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1978. Y el ritmo más pausado que esta semana adquirió el proceso inquietó profundamente a la Asamblea de los Derechos Humanos, entidad que acoge a las organizaciones que históricamente han luchado contra el “punto final” que intentó amarrar la dictadura. No obstante, dirigentes de los partidos de la Concertación y varios diputados, los mismos que han trabajado intensamente para demoler este escudo de protección que beneficia a los violadores de derechos humanos, pusieron paños fríos y explicaron a los familiares de las víctimas que esta pausa es necesaria para asegurar el éxito del nuevo esfuerzo.

Tras 16 años de fracasos en esta materia y con todas las condiciones para desactivar la ley sobre la mesa, la Concertación, por primera vez, tiene los quórums requeridos en ambas Cámaras del Congreso. Y, por lo tanto, el oficialismo no se puede dar el lujo de fallar por detalles. Más cuando todo indica que a fines del próximo año comenzarían a cerrarse la mayoría de los juicios por derechos humanos (ver recuadro), lo que torna urgente buscar una solución definitiva al tema de la amnistía. Mientras, el principal temor es que la materia caiga en manos del Tribunal Constitucional (TC) por algún error técnico en la elaboración de la propuesta.

Después de que la resolución dictada el pasado 14 de octubre por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conminara al Estado de Chile a establecer una fórmula que bloquee la aplicación de la amnistía y de que la Presidenta Bachelet, en su simbólica visita a Villa Grimaldi, se comprometiera a acatar ese fallo, todo parecía alineado para derribar la norma en tiempo récord. La Mandataria encargó a su ministra secretaria general de la Presidencia, Paulina Veloso, que buscara las fórmulas legales propicias, y el proceso se puso en marcha con viento de cola.

Sin embargo, y pese al entusiasmo inicial del PS, tanto la DC como el PPD enviaron señales a La Moneda para moderar el apuro y escuchar propuestas de todos los sectores, a objeto de “blindar” el proyecto de ley que surja de estas tratativas e impedir que la oposición lo torpedee en el Congreso o lo someta al escrutinio del TC.

“La rapidez no es sinónimo de eficiencia y se deben escuchar primero las propuestas de todos los sectores interesados en llevar adelante este tema. Si no lo hacemos bien puede resultar más lento, porque si quedan detalles en el aire esto puede trabarse en el trámite legislativo. Se trata de un punto que ha sido capital para la Concertación desde sus orígenes y no podemos ponerlo en riesgo”, aseguró el presidente del PPD, Sergio Bitar. El dirigente confirmó que este lunes 30 se concretará un paso crucial para llevar a buen puerto la iniciativa, cuando los partidos oficialistas entreguen a La Moneda sus proposiciones: “No se trata de un planteamiento común de la Concertación, sino las reflexiones de cada partido”, dijo.

UNA FINTA AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Tres son las alternativas que se manejan para poner fin a la amnistía: derogación, anulación y ley interpretativa. Pero es esta última la que esta semana se abrió paso con más fuerza en los partidos oficialistas. Según comentan fuentes con buen tránsito en el despacho de la ministra Veloso, la balanza de La Moneda también se inclina por esta fórmula.

Uno de los que ha conversado con Veloso es el diputado y jurista Juan Bustos, la voz más escuchada en estos temas por la directiva del PS. “[En La Moneda] no lo han decidido aún, pero les parece buena la idea de la interpretación”, señala.

Bustos explica que “la derogación no es una buena iniciativa, porque le da validez al Decreto Ley de Autoamnistía, pues reconoce que estuvo vigente durante un tiempo y se seguiría aplicando para todos los casos que se produjeron mientras duró. La anulación es un buen camino, porque es como si nunca hubiese existido la ley, pero podría generarse una gran discusión jurídica sobre quién es competente respecto de la nulidad de derecho público. Yo estoy claro que es competente el Congreso, pero es posible que por esta vía se plantee la intervención del TC, y eso podría enredar el tema”.

El mismo temor recorre al PPD. “La anulación de una ley no tiene precedente histórico en Chile. Podría plantearse el debate sobre quién tiene las facultades para anular y desembocar en el TC”, dice Bitar. La preocupación se explica porque dicho tribunal, en sus últimas actuaciones, ha bloqueado iniciativas del Gobierno, acogiendo reclamos opositores. Así sucedió con el proyecto sobre subcontratación –por un tema de forma y no de fondo– y con la política para repartir la píldora del día después a menores que tengan sobre los 14 años de edad.

La ventaja de la ley interpretativa, según Bustos, es que requiere quórum simple y permite sortear el escollo del TC. El propio diputado PS, junto a los diputados Antonio Leal (PPD) y Sergio Aguiló (PS), presentó un proyecto de ley interpretativa de la amnistía que el miércoles 18 fue aprobado en comisión y que debe ser visto en la sala de la Cámara en los primeros días de noviembre: “Es una ley interpretativa del artículo 93 del Código Penal, que es el que contempla, como extinción de la responsabilidad penal, la amnistía, el indulto y la prescripción. Esta ley interpretativa establece que la amnistía, el indulto y la prescripción sólo deben regir respecto de delitos comunes y no para los delitos contra la humanidad, ya sean de lesa humanidad o crímenes de guerra”.

A juicio de los patrocinantes de esta iniciativa, se trata de una fórmula simple que compatibiliza el sistema jurídico penal chileno con la reciente resolución de la CIDH. “Es totalmente complementario con los esfuerzos que está haciendo La Moneda y es probable que desemboque en un mismo proyecto, con algunas modificaciones”, subraya Bustos.

A ojos de los partidos de la Concertación, la gran ventaja que ofrece esta vía es que fija el concepto de amnistía a partir de lo que en derecho se llama la “interpretación auténtica”, que es la interpretación que da el legislador. Esto, a diferencia de lo que ocurriría con la fórmula de la derogación, no da margen para que los jueces, bajo el argumento del principio “pro reo” que beneficia al encausado, insistan en usar la norma en casos de crímenes contra la humanidad.

EL CLAMOR DE LOS JUECES

En todo caso, son los magistrados los más interesados en que el Ejecutivo y el Legislativo despachen una ley que de una vez por todas zanje el problema de la aplicación de la amnistía. Hacia allá apuntaban los comentarios que hizo el presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, tras el fallo de la CIDH, cuando sugirió que el Estado en su conjunto debe encargarse de este tema, porque con la actual legislación los jueces están obligados a resolver “caso a caso”.

De hecho, actualmente casi todos los magistrados que instruyen causas de derechos humanos se resisten a aplicar la amnistía bajo el argumento de que las desapariciones forzadas son secuestros permanentes, salvo el ministro Víctor Montiglio, que ha recaratulado como homicidios –paso previo a la amnistía o la prescripción– algunos episodios del proceso Caravana de la Muerte.

Dos de las más potentes señales de que la mayor parte de los magistrados vería con alivio una norma que unifique criterios para dejar sin efecto la amnistía, ocurrieron este mes. Ambos episodios están relacionados con la responsabilidad del ex dictador en los crímenes cometidos en la más siniestra de las cárceles secretas de la DINA: Villa Grimaldi. El primero ocurrió cuando la Corte Suprema discutía el desafuero de Augusto Pinochet en esta causa. Entonces, el ministro Sergio Muñoz desenfundó un documento de 19 páginas en el que citó una decena de tratados y resoluciones internacionales suscritas por Chile que, a su juicio, tornan inaplicables la amnistía y la prescripción.

El segundo episodio fue la resolución del ministro Alejandro Solís, adoptada este viernes 27, quien no sólo desestimó el sobreseimiento pedido por los abogados de Pinochet, sino que sometió a proceso al ex dictador por los crímenes de Villa Grimaldi. Aunque ya era investigado por enriquecimiento ilícito y por su responsabilidad en desapariciones y ejecuciones, esta es la primera vez que el general (R) es conminado a responder judicialmente por haber desatado el infierno de la tortura entre los chilenos.

LA HISTORIA MARCADA POR EL FANTASMA DEL “PUNTO FINAL” La inédita situación en que se encuentra la Concertación, con mayoría en ambas Cámaras del Congreso, le permite por primera vez aspirar a dejar sin efecto la amnistía sin negociar con la oposición. Todos los intentos anteriores naufragaron por concesiones a ese sector que olían a “punto final”. Después del “boinazo” de mayo de 1993, el Gobierno inició la tramitación de la “ley Aylwin” para acelerar los procesos contra militares. El proyecto, en lo medular, aseguraba el secreto de identidad para quienes entregaran información sobre los crímenes. La iniciativa fracasó por la oposición del PS, que la estimó un “punto final” encubierto, pues bastaba que un ex agente –amparado en el secreto– declarara que un desaparecido había sido asesinado para que se abriera la puerta a la amnistía. En 1995, bajo el Gobierno de Eduardo Frei, el temor a un estallido por la condena de Manuel Contreras en el caso Letelier motivó una avalancha de propuestas. Mientras la derecha buscó que la amnistía se aplicara sin aclarar hechos, La Moneda tentó a la oposición ofreciendo acelerar los juicios a cambio de reformas para modificar el Tribunal Constitucional, terminar con los senadores designados y dotar al Presidente de la facultad de llamar a retiro a los jefes de las FFAA. Finalmente, la derecha no aceptó las reformas. Ese mismo año surgió la propuesta Otero-Figueroa, que también aseguraba el secreto a los informantes y que apuntaba más bien a determinar las circunstancias en que se habría producido la muerte de los desaparecidos, sin establecer responsabilidades. El proyecto contó con el respaldo de la DC y, aunque fue aprobado en la Comisión de Legislación del Senado, el rechazo del PS lo tornó inviable. El Presidente Lagos, en agosto de 2003, presentó su política “No hay mañana sin ayer”, la que apuntaba a nombrar jueces de dedicación exclusiva, acumular procesos, otorgar inmunidad penal a quienes –sin estar procesados o imputados– entregaran antecedentes, proteger la identidad de los informantes y rebajar o conmutar penas a los cómplices y encubridores que aportaran información. Si bien los puntos referidos a la inmunidad penal no prosperaron, la designación de jueces especiales significó que los procesos avanzaran en los últimos tres años más que en todo el período anterior. El cúmulo de antecedentes investigados por estos magistrados permite estimar que entre fines de 2007 y mediados de 2008 se cerrará la mayor parte de estos juicios, lo que precisamente hace más urgente que nunca zanjar el tema de la amnistía.