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Militante de la Surda es nuevo presidente de la FECH

Próxima directiva de la Federación estará integrada por candidatos de cuatro de las listas que participaron en los comicios. Juventudes Comunistas ocuparon el 6º lugar entre ocho nóminas en competencia.

lanacion.cl

El estudiante de sociología y militante del Movimiento Surda, Giorgio Boccardo, fue elegido nuevo presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) por el período 2006-2007. La lista ganadora (C, "Nuestra elección es Construir") es continuista de la tendencia que se ha impuesto en los dos últimos años entre los alumnos del plantel.

Dado el sistema de elecciones de la FECH, la próxima directiva estará integrada por candidatos de cuatro de las ocho listas que compitieron en los comicios.

Junto a Boccardo, de su lista fue elegido Eduardo Arancibia, del movimiento Nueva Izquierda, quien ocupará la secretaría de Comunicaciones.

En tanto, el vicepresidente de la federación será Felipe Hazbún, candidato del movimiento de izquierda “U Social” (Lista B); en la secretaría general fue elegido José Rodríguez, de la Juventud Socialista (Lista G); en tanto, la secretaría ejecutiva quedó en manos de Claudio Pérez, perteneciente a la Democracia Cristiana Universitaria (Lista D).

El recuento final indica que la lista ganadora, conformada además por el Movimiento Autonomista Libertario (MAL), el Colectivo Estudiantes de Izquierda (EEII), Estudiantes Autónomos, obtuvo un 30,71 por ciento (2.351 votos); la lista B consiguió un 25,76% (1.972 sufragios); la lista G de los socialistas y el PPD alcanzó un 12,38% (948 votos); mientras la lista D, de la Falange, llegó a un 8,91 por ciento.

Más atrás, la Lista E, de los radicales, obtuvo un 8,16 por ciento (625 votos), superando incluso a la Lista F, de las Juventudes Comunistas, que apenas sacó un 8,15% (624 sufragios).

Finalmente, la lista A, de la Juventud Rebelde Miguel Enríquez JRME, junto a independientes de izquierda, sumó un 3,57% (273 votos), y la lista H del colectivo Armas de la Crítica sacó 2,36% (181 sufragios).

Boccardo reemplazará en el cargo a Nicolás Grau, hijo de la ministra secretaria general de la Presidencia, Paulina Veloso, e integrante del Consejo Asesor Presidencial para la calidad de la Educación.
Giorgio Boccardo (en la foto) reemplazará en el cargo a Nicolás Grau.

La cumbre Revolucionaria.

Con una polémica se inició la cumbre organizada por el Frente en el cine Lido. Francisco Esteche, líder de la organización Quebracho de Argentina, fue impedido de entrar al país. “Tenía antecedentes de desórdenes causados en Chile”, dijo el ministro del Interior, Belisario Velasco.

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Rodrigo Durán

Durante varias semanas la derecha intentó sin éxito que la cumbre de movimientos revolucionarios de Latinoamérica, organizada por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, no se realizara en nuestro país.

Finalmente ayer, sin la presencia de Francisco Esteche, líder de la organización Quebracho de Argentina, y con cerca de 800 personas en el cine Lido de la capital, se dio el vamos a la cita. El encuentro seguirá hoy con las ponencias de los distintos grupos y culminará mañana cuando se difundan las resoluciones que emerjan de la discusión.

Durante el discurso de inauguración, Jorge Gálvez, vocero del FPMR, criticó duramente a la Alianza y al ministro del Interior, Belisario Velasco, a quien acusó de utilizar -previo al encuentro- técnicas de espionaje que recodaban su pasado en la subsecretaría del ramo, a inicios de los ´90, cuando tenía a su cargo el organismo de seguridad pública conocida como “La Oficina”.

Según Galvez, Velasco habría hecho seguimientos y habría extremado las dificultades para que los activistas de grupos afines al Frente en la región no pudieran ingresar al país, sólo para demostrar el adecuado funcionamiento de los aparatos de seguridad. Y aseguró que en esa línea se entiende la prohibición de que Esteche entrara al país, medida que calificó de política y no jurídica.

Sin embargo, Velasco en horas de la mañana esbozó otra versión. Para el ministro, la prohibición se basó en que el líder trasandino “tenía antecedentes de desórdenes causados en Chile, por los cuáles había sido expulsado”.

Lo que sí reconoció el secretario de Estado fue que Investigaciones tenía órdenes de extremar las revisiones en los pasos fronterizos, mientras Carabineros resguardaría la seguridad en las afueras del recinto sede de la cumbre.

“El Gobierno no tiene las atribuciones constitucionales ni legales para prohibir una reunión privada dentro de un teatro también privado, aunque sí tenemos las atribuciones para tomar las medidas correspondientes”, indicó.

La versión de Esteche

Esteche, por su parte, declaro a agencia UPI que la comitiva de Quebracho se disponía a ingresar a territorio nacional cuando “nos separan de la fila de Migraciones, nos lleva la gente de Policía Internacional a un lugar que tienen ahí destacado, supongo que para estas cuestiones, y nos notifican que tenemos, por la resolución 6624, firmada por (Michelle) Bachelet y el ministro del Interior de Chile, prohibición de ingreso al territorio chileno”.

Ante el impasse, el dirigente ligado al movimiento piquetero pretende que el Estado argentino tome medidas. Por ello adelantó que pediría una reunión con el canciller trasandino, Jorge Taiana, buscando que éste exija explicaciones a La Moneda por negarle el ingreso.

“Por lo menos cuando fue secretario de Derechos Humanos en la provincia de Buenos Aires siempre tuvo la deferencia de recibirnos. Entendemos que ahora también nos va a recibir, y vamos a plantear que el gobierno argentino presente por lo menos un pedido de explicaciones respecto de qué se trata esta arbitraria y discrecional disposición que el gobierno chileno, que obviamente está en su derecho de decidir quien entra o no a su territorio, pero por lo menos una explicación”, explicó Esteche.

Según cree, el Gobierno habría cedido a las presiones de la derecha desde que se conoció la realización de esta reunión, sector que incluso pretendió que se declarara ilegal la cumbre, ya que “no tengo ningún tipo de antecedente penal, existen imputaciones en mi país, no procesamientos, que nos pretenden endilgar algunas cuestiones políticas, pero de todas maneras yo puedo salir libremente, de hecho yo ya tenía firmada la visa de salida”.

Bajo esa perspectiva, el dirigente cuestionó la calidad democrática en Chile, aunque puntualizó que su diferencia es sólo con el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, y en ningún caso con el pueblo chileno. “Lo cual es lamentable viendo la historia personal que tiene la Presidenta de Chile, pero evidentemente las intenciones de la derecha pinochetista eran ilegalizar este encuentro, cosa que no lograron, pero sí lograron que por lo menos una docena de dirigentes políticos latinoamericanos no pudiéramos ingresar a Chile", acusó.

La trama secreta de cómo el supuesto oro de Pinochet llegó a la justicia chilena

“Puedo dar fe de que esos documentos, por la experiencia que tengo en este mercado, son absolutamente reales”, aseguró Al Landry el consultor de California que recibió los certificados del banco de Hong Kong.

La Nación

Jorge Molina Sanhueza

El supuesto consultor Alan Landry se encontraba un par de semanas atrás en su casa de Santa Mónica, California, Estados Unidos, cuando un correo electrónico llegó a su bandeja de entrada. Como es costumbre en su trabajo, lo abrió y observó que, de manera adjunta había una serie de documentos y una proposición de venta de más de nueve toneladas de oro de 99,9 por ciento de pureza depositadas en el Hong Kong Shangai Bank (HSBC).

Su labor como consultor del CCI-Group, presunta empresa de brokers de oro, es analizar la autenticidad de los documentos y certificados para una transacción. Al revisar con detención la propuesta reparó en la identidad del dueño de los papeles: era Augusto Pinochet Ugarte.

De inmediato informó a su contralor Gerald Drown y le reenvió el e-mail para que diera su opinión al respecto.

Drown los observó con detención y llamó de vuelta a Landry, indicándole que llevara la información al consulado de Chile en Los Ángeles y entregara la información.

Landry así lo hizo y mediante una declaración, donde dejó su nombre y número de teléfono, entregó los antecedentes y una copia de los certificados que le envió un tal Kevin Shani, quien a su vez les aseguró que tenía un patrocinio para vender el oro.

La Nación se comunicó telefónicamente con Al Landry, al mismo teléfono que dejó en el consulado de Chile en Los Ángeles.

“Puedo dar fe de que esos documentos, por la experiencia que tengo en este mercado, son absolutamente reales”, aseguró Landry.

El contralor

Para confirmar sus dichos, Landry entregó el teléfono en Tucson, Arizona, de su presunto contralor, Gerald Drown.

Este último confirmó los dichos y los hechos y agregó: “Cuando ví los documentos llamé de vuelta a Landry y le dije que la compañía no hacía negocios con criminales”.

“Le señalé que debía entregar los antecedentes al consulado chileno de Los Angeles, porque el Gobierno y la Justicia chilena deben rescatar su oro que pertenece al pueblo de Chile. Y los documentos están a nombre de Pinochet”, explicó Drown.

Los papeles fueron posteriormente remitidos a la Cancillería el pasado 13 de octubre, que a su vez los envió al ministro Juan González, quien tramita el caso Riggs, y al Consejo de Defensa de Estado (CDE). Este último organismo pidió a la justicia que se envié un oficio al banco en cuestión y se decreten medidas cautelares, si es que existen los más de mil lingotes a nombre del ex dictador, avaluados en más de 170 millones de dólares.

De acuerdo con los antecedentes recabados por este diario los documentos que mantiene en su poder el tribunal alcanzan a 26 páginas.

En ella aparece además que el supuesto oro tiene una ley de 99,9 por ciento de pureza. También el número de serie de los lingotes y que fueron fabricados en Bélgica.

Los primeros depósitos, según estos papeles, habrían sido hechos en julio y noviembre de 1980 en el HSBC.

Asimismo, existe un certificado de la empresa de valores alemana Schell Security GmbH notarializado el 16 de diciembre de 2004.

Bodegaje

Landry sospecha que el supuesto oro de Pinochet estaría en las bóvedas del HSBC en Singapur. “Los depósitos en oro no generan intereses, pero si se deben pagar una fuerte renta anual por el bodegaje. No tengo claro si se han pagado las tarifas al banco en los últimos 26 años. En tal caso, el propio banco descontaría esos dineros”.

En tanto ayer la solicitud presentada por el CDE para que la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revoque la orden de no innovar que mantiene paralizada el caso Riggs, no se incluyó ayer en la tabla que debían resolver los tres magistrados.

Según trascendió ayer en tribunales, la petición quedaría pendiente para hoy, donde los ministros Alfredo Pfeiffer, Haroldo Brito y un abogado integrante deberían analizar los hechos y revocar la medida o bien autorizar al juez Juan González para que decrete medidas sobre los supuestos lingotes de oro. LN

Alfonso Insunza: “Este dinero está en la absoluta impunidad” “Para nosotros la orden de no innovar no impide que el ministro Juan González emita una medida cautelar para embargar ese oro en Hong Kong y también que haga diligencias pendientes de suma importancia en el proceso”. “Las cerca de diez toneladas de oro están consignadas en los expedientes del caso Riggs. Siempre nosotros pensamos que la fortuna de Pinochet alcanzaba a los cien millones de dólares, pero mucha gente dijo que estábamos exagerando. La defensa, antes de todo esto, declaraba que su fortuna era sólo de nueve millones de dólares”. “Lo más lamentable que este dinero está en la absoluta impunidad gracias a los recursos procesales dilatorios presentados por la defensa y que ha impedido la investigación. Nosotros vamos a tratar de que sea levantada la orden de no innovar y el embargo del oro”. “Estamos seguros de que estos fondos no son lícitos y corresponden al tráfico de armas. Sólo de esa manera pudo adquirir tamaña cantidad de dinero y metales preciosos”. Marco Antonio Pinochet: “Persecución política” “Esta acusación sobre el depósito de lingotes de oro es sólo una muestra de la persecución política que ha sufrido mi familia durante todos estos años. Cada cierto tiempo, cuando hay algún tipo de problema en el Gobierno, sale a relucir la figura de mi padre y se le ataca permanentemente”. “No tengo conocimiento sobre la existencia de esta clase de cuentas en Hong Kong. Yo jamás había escuchado algo así. Jamás he hablado de eso, me parece absurdo. Los enemigos de mi padre no tienen límite, ya han llegado hasta este tipo de acusaciones que hasta el momento tengo entendido que no hay ningún fundamento ni nada que respalde oficialmente todas estas acusaciones infundadas”. “A mi padre le cuesta recordar cosas. Está más callado, ya no participa tanto. Muchos jueces que lo ven dicen que está bien, bueno indudablemente si estar bien no es estar empotrado en una cama, inválido y sin poder hablar, claramente está bien”. Lucía Hiriart de Pinochet: “¿Cómo pueden pensar semejante disparate?” “Me parece que es una canallada. ¿Cómo pueden pensar semejante disparate? Lo atribuyo a que es una forma de paliar otros problemas que la gente tiene, como por ejemplo el escándalo de Chiledeportes. Hay que investigar esas irregularidades”. “Típico que cuando se acerca el cumpleaños de mi marido, siempre tienen que echarle más mugre. Esto demuestra que existe una persecución constante en contra de mi familia y que no van a parar”. “Fui dos veces a Hong Kong, pero eso no significa que haya ido con los bolsillos llenos de oro para ir a depositarlos al banco. Yo no me puedo hacer parte de las críticas que hace la UDI o RN, debido a que hace mucho tiempo estoy muy alejada de la política”. “Es impensable que ese oro sea de las joyas que donó la gente en esa etapa difícil de nuestra historia. No es compresible tamaña estupidez y uno se da cuenta de las malas intenciones que existen en torno a este tema”.

Acusan a Liceo Nº1 de cobrar 270 mil pesos por “cuota de incorporación”

Los padres de las 27 alumnas sancionadas por la dirección del colegio señalan que para matricularse en séptimo básico deben pagar obligatoriamente el monto. “Los apoderados que sientan que es un cobro excesivo tienen todo el derecho a no pagar”, dijo el seremi de Educación.

La Nación

Katerinne Pavez

En medio de la defensa de las estudiantes sancionadas en el Liceo Nº1 - las que aún esperan una notificación oficial- los apoderados del establecimiento sacaron a la luz una situación que califican de irregular y de la que culpan a la directora del colegio, Julia Alvarado, y al Centro de Padres.

José Hidalgo, papá de una alumna de segundo medio, señaló que el Centro de Padres del establecimiento cobra 270 mil pesos a las alumnas cuando entran a séptimo básico. Y 85 mil pesos a las antiguas generaciones. Este cobro, que se realiza cada año, viene incorporado a la cuota legal, que es de media UTM -unos quince mil pesos- por concepto de otros gastos.

Nelly Lira, miembro del directorio del Centro de Padres del Liceo No1, corroboró la información. Aunque reconoció que es un monto alto, señaló que “éste no es cualquier liceo y además ninguna alumna se queda afuera por no pagar”. Lira aseguró que existe un Comité de Bienestar que se encarga de revisar los casos de estudiantes que no tienen recursos. Y al peguntarle sobre el destino del dinero, contestó que “está en todas las mejoras de infraestructura, porque este liceo tiene de municipal sólo el nombre. Todo lo que se ha hecho es con plata de los padres”.

La denuncia de Hidalgo acerca de este cobro excesivo fue hecha en el marco de una reunión que sostuvo con el jefe de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago, Manuel Ochoa, y con Gerardo Guzmán, concejal de la comuna. La cita se realizó luego de que un grupo de casi 300 padres y alumnas marcharan desde el Liceo 1 hasta la Plaza de Armas, en repudio a las medidas y como queja por no poder ingresar al recinto.

José Hidalgo emplazó a la directora, señalando que “la señora Julia Alvarado controla el Centro de Padres, el Centro de Alumnos y la mente de muchos profesores (...) si alguien tiene que irse del liceo debe ser ella”.

El concejal DC, Gerardo Guzmán, se sumó a la petición de los padres declarando que no tenía conocimiento de esta situación: “Como concejal de Santiago, apoyo en plenitud a las alumnas y a los apoderados porque el Liceo Nº 1 no es un colegio particular, donde hay que pagar 270 mil pesos para entrar. La señora directora tiene que salir del establecimiento”.

En cuanto a que no puedan entrar a clases aún cuando no han sido sancionadas oficialmente, Guzmán exigió que las alumnas fueran reincorporadas al liceo, ya que “hay una irregularidad bastante seria desde el momento en que la directora se niega a recibirlas, porque no podemos terminar un conflicto mientras no se sabe las medidas tomadas”.

Por ahora, los padres esperan la notificación para interponer un recurso de protección adecuado a las sanciones. Y se citaron para hoy, un cuarto para las ocho de la mañana, para continuar movilizados.

Una historia conocida

El cobro de cuotas de Centro de Padres es una realidad extendida en los colegios de administración municipal, pero también en los colegios particulares subvencionados. Así lo confirma un sostenedor privado, quien explicó a La Nación que esta práctica es muy antigua y que la conoce por lo menos hace 10 años.

“Como la cuota del Centro de Padres y Apoderados está limitada, se obtiene más ingresos bajo el concepto de ‘rifas’ y otros costos adicionales”. A su juicio, esta situación no es buena ni mala, porque la normativa no la prohíbe, pero tampoco la permite por escrito.

Sin embargo, en la Seremi Metropolitana aseguran que el valor de la matrícula que se puede cobrar para este año es sólo de tres mil quinientos pesos por alumno en enseñanza media, y que el máximo que una agrupación de apoderados puede pedir es media UTM (quince mil pesos aproximadamente). “Los apoderados que sientan que se cobra excesivamente tienen todo el derecho a no pagar y a reclamar en el Mineduc”, señaló el seremi Alejandro Traverso.

En cuanto a la situación de otros establecimientos “emblemáticos”, el presidente del Centro de Padres del Liceo José Victorino Lastarria, Marcos Loyola, señaló que cobran la media UTM permitida. Y que este colegio, al contar con financiamiento compartido, cobra una pequeña cuota mensual, de siete mil pesos, la que va a la Corporación de Educación de Providencia.

Secundarios anuncian ola de movilizaciones Para salir en defensa de los alumnos sancionados, la zonal poniente de la Asamblea Metropolitana de Estudiantes Secundarios convocó a los estudiantes de ese sector de la capital a reunirse en Maipú. El objetivo es juntarse en la Plaza Monumento, mismo lugar en el que hace unos meses se desató un violento enfrentamiento con Carabineros. Y para el jueves, un grupo de organizaciones sociales, entre las que se cuentan los deudores habitacionales, organizaciones sindicales y de derechos humanos, llamó a un acto masivo que se efectuaría a las 18 horas en la Plaza Italia. Mientras, continúa la batalla judicial de los pingüinos sancionados. Los alumnos del Lastarria sumaron un nuevo recurso de protección a los cuatro que ya tienen. Esta vez, a cargo de la clínica de interés público de la Universidad Diego Portales. La dirección del establecimiento anunció que “por ahora” no expulsará a nadie, en espera de las resoluciones judiciales. También los estudiantes del Colegio Carolina Llona de Maipú recurrieron a los tribunales y mientras llega el resultado, seguirán manifestándose en la calle. Las alumnas del Liceo No1, en tanto, deben ser notificadas de la sanción para tomar medidas legales y continúan en paro indefinido.

¿Y qué diablos es la LOCE?

Promulgada por Pinochet un día antes de dejar el poder, la LOCE abrió la puerta a la educación como un desregulado negocio que casi no permite fiscalizar la calidad de la enseñanza. Algo aberrante -dicen los expertos-, cuando es el Estado el que brinda el dinero para que escuelas o liceos funcionen, en no pocos casos, acogiendo sólo a alumnos que les aseguren buena nota en el Simce. El lucro con fondos públicos.

Antonio Valencia

La Nación

Más allá del apuro con que la dictadura terminó promulgándola el 10 de marzo de 1990 -es decir, un día antes de que Augusto Pinochet abandonara el poder-, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) tiene su prehistoria. En rigor, toda una década que arrancó con la Ley de Subvenciones de 1981, continuó por varios años con la municipalización de la educación y culminó en la LOCE como la consagración de toda una lógica libremercadista de la educación.

Si la LOCE tardó unos diez años en nacer fue -comenta la directora del Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación, PIIE- Loreto Egaña, porque “había diferencias entre los estatistas y los neoliberales”, resume. Las diferencias fueron resueltas sin un ideólogo muy claro y, por cierto, con bastante apuro por la caída del régimen. Todo a favor de un texto con rango constitucional, de alto quórum y que, en suma, abrió la puerta a la educación como negocio. Desde la escuela básica a la universidad.

Esfuerzos por modificarla, aunque focalizados en la educación universitaria, han existido durante los ’90. Ninguno de ellos, sin embargo, llegó al Parlamento donde la derecha siempre ha mostrado su objeción. El debate, por cierto, siempre se enredó en el camino.

Dos puntos, son a juicio de Egaña, los más importante que han puesto los estudiantes secundarios para oponerse a la LOCE. Uno es cómo la ley alza el derecho a la libertad de enseñanza y de la libre empresa por encima del derecho a la educación. Lo otro es cómo la ley permite que los colegios seleccionen a los alumnos y cómo, en la práctica van segregando o discriminando a los estudiantes que, por diversas razones, no pueden ingresar a un mejor colegio.

Libre enseñanza-libre empresa

En la LOCE la libertad de enseñanza tiene preeminencia por sobre el derecho a la educación, y además es exigible ante tribunales de justicia –o vía Tribunal Constitucional-. No sucede lo mismo con el derecho a la educación. “Libertad de enseñanza así establecido, no es otro que el derecho a la propiedad, a tener colegios, a montar colegios con mínimos requisitos de calidad”, sostiene Egaña.

El punto lo comparte el director del Observatorio Chileno de Políticas Educativas de la Universidad de Chile (Opech), Jesús Redondo, y ambos abordan una de las “aberraciones” que permite la LOCE: que estas escuelas o liceos reciban dinero vía subvenciones, pero con casi nulo control sobre lo que se hace con esos recursos para brindar una educación de calidad. Y peor, la ley permite el lucro en la educación al no prohibirlo expresamente. “Es el único país del mundo, y lo dice hasta el Mineduc, que permite el lucro con fondos públicos y sin mayor control, rendición de cuentas más que los resultados del Simce”, cometa Egaña.

“Así se han armado imperios”, dice Egaña. “Familias se han hecho multimillonarias con esto”, complementa Redondo, aludiendo a los 30 mil pesos mensuales que cada sostenedor recibe por cada uno de sus alumnos. El problema, agrega el director del Opech, “hoy no es de plata, sino de un modelo de gestión basado en la propiedad privada. Plata hay, pero la lógica consagrada en la LOCE no permite que ese dinero se use adecuadamente”, dice.

“Cualquier cambio que afecte la libertad de empresa y la libertad de enseñanza debería estar regulado en la LOCE y no lo está”, añade Redondo. “La LOCE -prosigue-, de alguna forma deja establecido que no tienen que dar explicación por las subvenciones. No hay un adecuado criterio de fiscalización, del control del uso eficiente y transparente de los recursos en función de la calidad de la educación. Es más, y pongo un ejemplo sencillo, los consejos escolares sólo son de carácter consultivo, porque no pueden afectar la libertad de enseñanza. Al sostenedor, representante de la libertad de empresa y enseñanza, nadie le puede decir nada”.

Selección-exclusión

Egaña y Redondo, al margen de precisar casi la mitad del articulado de la LOCE se destina a definir el modo de privatización de la enseñanza universitaria, se detienen además al analizar otro de los puntos que descolocan a los secundarios: la libertad de los sostenedores para seleccionar alumnos y, en definitiva, para dejar a buena parte a la vereda del camino de la mala educación.

El derecho a la libertad de enseñanza ha permitido -explica Egaña-, que los sostenedores particulares seleccionen a los alumnos que le acomodan, dejando fuera a los más pobres o aquellos con problemas de aprendizaje que por lo demás son más caros, “y además tiene la libertad para expulsarlos”, expone la investigadora. “Entonces quienes no acceden a estos colegios particulares o subvencionados, se van a los colegios municipales donde los tienen que recibir sin distinción, y los municipios no están en condiciones pues ya cargan con una mochila que no los deja caminar”, explica.

La lógica de mercado -sostiene Redondo-, ha funcionado como corresponde: “selecciona alumnos porque es más barato educar alumnos buenos, y los malos van al sistema público. La ley dice que los papás tienen la libertad de elegir en qué colegio pone a su hijo, pero la realidad es que el papá mira a ver si le eligen a su hijo, no es él quien va a elegir. Todo eso no se puede regular hoy porque la LOCE lo cautela con rango constitucional”, redondea el experto.

Loreto Egaña establece similar conclusión. La LOCE consagró el ranking de colegios según el Simce, y eso claramente no responde a una política educacional, sino obedece -refuerza-, a una lógica de mercado que no necesariamente, y menos midiendo sólo resultados en lenguaje y matemáticas, por ejemplo, habla de la calidad de la educación”. Más que una ayuda, la LOCE, concluyen os expertos, ha sido “una camisa de fuerza

Rostro del asesino de Victor Jara.

Santiago, 25 de Mayo del 2006.- Una masiva acción de denuncia realizó la denominada Comisión “Funa”, en contra del ex teniente del Ejército y actual funcionario de la superintendencia de AFP, Edwin Dimter Bianchi, alias "El Principe", quien ha sido sindicado como el autor material de las torturas y muerte de Víctor Jara. La acción se realizó en el edificio del Ministerio del Trabajo, donde un grupo de 15 personas, incluyendo a la hija del artista, Amanda Jara, subieron hasta el piso 14 para abordar al ex militar, produciéndose un enfrentamiento directo.

Luego de que el denunciado comenzara a gritar pidiendo auxilio e intentando agredir a los "funeros" que sólo hicieron entrega de afiches y volantes a los compañeros de trabajo de Dimter con el objeto de dar a conocer sus antecedentes.

Edwin Dimter Bianchi, con el grado de teniente, formó parte de los militares sublevados en el llamado "tanquetazo" del 29 de junio de 1973, en contra del gobierno de la Unidad Popular, en el cual resultaron muertas veinte personas, entre ellas el camarógrafo argentino Leonardo Henrichsen, hechos por los que fue detenido junto al teniente coronel Roberto Souper y el teniente Raúl Jofré, con quienes inmediatamente después del golpe fue enviado a custodiar prisioneros al Estadio Chile.

A cargo de este recinto, existen numerosos testimonios, incluso judiciales, que dan cuenta de que estos oficiales y en especial Dimter, quien se hacía llamar "El Principe" sometieron a horrorosas torturas a los prisioneros, entre ellos el compositor y actor, Víctor jara, quien según testigos, fue requerido personalmente por Dimter para ser torturado, luego de lo que se le vió agonizante en un pasillo del estadio y posteriormente fue asesinado con 48 disparos.

Luego de cumplir con la actividad, cuyo fin declarado es buscar la "sanción social" de quienes estuvieron involucrados en violaciones a los derechos humanos y no han recibido penas a través de los tribunales, debido a la aplicación de la amnistía o prescripción, los activistas repartieron volantes y afiches con los antecedentes en el sector de Ahumada y Huérfanos, realizando una acción de arte en las puertas del ministerio del Trabajo.

El último poema de Víctor Jara, prisionero en el ex Estadio Chile

SOMOS CINCO MIL AQUÍ.

Somos cinco mil aquí.

En esta pequeña parte de la ciudad.

Somos cinco mil.

¿Cuántos somos en total 
en las ciudades y en todo el país?

Somos aquí diez mil manos 
que siembran y hacen andar las fábricas.

¡Cuánta humanidad 
con hambre, frío, pánico, dolor, 
presión moral, terror y locura!

Seis de los nuestros se perdieron 
en el espacio de las estrellas.

Un muerto, un golpeado como jamás creí 
se podría golpear a un ser humano.

Los otros cuatro quisieron quitarse todos los temores, 
uno saltando al vacío, 
otro golpeándose la cabeza contra el muro, 
pero todos con la mirada fija de la muerte.

¡Qué espanto causa el rostro del fascismo!

Llevan a cabo sus planes con precisión artera sin importarles nada. 
La sangre para ellos son medallas. 
La matanza es acto de heroísmo.

¿Es éste el mundo que creaste, Dios mío? 
¿Para esto tus siete días de asombro y trabajo?

En estas cuatro murallas sólo existe un número que no progresa. 
Que lentamente querrá la muerte.

Pero de pronto me golpea la conciencia 
y veo esta marea sin latido 
y veo el pulso de las máquinas 
y los militares mostrando su rostro de matrona lleno de dulzura.

¿Y Méjico, Cuba, y el mundo? 
¡Qué griten esta ignominia!

Somos diez mil manos que no producen. 
¿Cuántos somos en toda la patria?

La sangre del Compañero Presidente 
golpea más fuerte que bombas y metrallas.

Así golpeará nuestro puño nuevamente. 
Canto, que mal me sales 
cuando tengo que cantar espanto.

Espanto como el que vivo, como el que muero, espanto.

De verme entre tantos y tantos momentos del infinito 
en que el silencio y el grito son las metas de este canto.

Lo que nunca vi, lo que he sentido y lo que siento 
hará brotar el momento....

Los secundarios remecen el sistema

El pase escolar y la gratuidad de la PSU son apenas la punta del témpano porque los jóvenes plantean, con sorprendente lucidez, un cambio de fondo en la fracasada política educacional

Hernán Narbona Véliz
(22/05/06)

“FUI EDUCADO EN la educación pública gratuita, pero me he esforzado por educar a mis hijos en la educación privada, para que puedan tener más oportunidades”. Este es un pensamiento extendido en Chile y refleja el problema que hoy moviliza a los jóvenes estudiantes secundarios y universitarios. Porque el movimiento estudiantil nacional en marcha, escapa de la meras reivindicaciones de pase escolar y de gratuidad para la PSU. La toma de liceos y universidades, coordinada a nivel nacional, hace recordar los movimientos estudiantiles de los sesenta, cuando las federaciones estudiantiles desafiaban al sistema establecido, con los planteamientos de la Reforma. La semblanza es válida cuando se escucha con atención a lúcidos dirigentes de liceos que apuntan en sus declaraciones a algo más medular: el fracaso de las políticas públicas en materia de educación.

El Gobierno ha pretendido desarticular esta movilización juvenil mediante acciones fundamentalmente represivas, como ha sido negarse a conversar o negociar mientras los estudiantes estén en huelga. Una postura que carece de sentido al provenir de vetustos socialistas que en otras épocas protagonizaron eventos comparables de subversión estudiantil e intelectual, es decir la vaca olvidándose que fue ternera. Pero tal actitud puede obedecer a que dichas autoridades perciben que las demandas estudiantiles apuntan a temas de fondo, relacionados con la calidad y los condicionantes constitucionales y legales que enmarcan la función educativa en el Estado.

La Constitución ha establecido que la educación es un derecho y tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Se consagra que la educación básica y media son obligatorias y que el Estado debe financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ella a toda la población, estableciéndose por otra parte el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. En este contexto, siguiendo la filosofía neoliberal de la Constitución, se desprende que al Estado le corresponde el financiamiento de la educación pública, pero cumpliendo un rol subsidiario para atender a quienes no tienen los recursos para acceder a las opciones que el mercado libre de la educación ofrece.

Es allí donde radica la inequidad que demuestra la educación. Al ser concebida como un sistema mixto en donde se consagra un sistema gratuito a cargo del Estado y se da el espacio para opciones pagadas de educación, le ha correspondido al Estado la responsabilidad de asegurar el acceso de los sectores sociales de menores ingresos, lo cual, desafortunadamente, no se ha cumplido con el rigor debido. De manera recursiva, la diferencia de calidad de la educación se ha ahondado en la misma proporción que la brecha de distribución del ingreso. El resultado es que la educación pública no es hoy una opción comparable o superior en calidad a la educación privada, en contraste con la situación imperante tres décadas atrás.

En los lineamientos gruesos de la reforma educacional emprendida por el gobierno militar se transfiere la educación al sector privado y se cierran las escuelas normales que formaban los antiguos profesores; se traslada a los municipios la administración de los establecimientos educacionales y comienzan a operar los facilitadores privados, quienes instalan colegios y reciben subvención estatal por alumno en aula. El magisterio como cuerpo, es así fragmentado y los alcaldes, por entonces designados a dedo por el gobierno, comienzan a operar sus corporaciones educacionales, que se convierten en los nuevos empleadores de los maestros.

El profesorado, que formaba parte del aparato público, con carrera funcionaria y lineamientos pedagógicos uniformes a nivel nacional, pasa a ser un “recurso humano” barato que es contratado en forma precaria, sin posibilidad de desarrollo profesional. La implantación de criterios economicistas en materia de educación llevan a que las escuelas públicas funcionen con 45 alumnos por curso, escenario absolutamente anti pedagógico. Los rendimientos y la exigencia de calidad decaen, pero la tasa de repitencia disminuye, ya que se debe procurar que cada curso mantenga su rentabilidad. El advenimiento de los gobiernos democráticos no significó cambio alguno en el modelo educacional heredado de la dictadura,

URGENCIA DE ENCARAR CRISIS
Peor todavía, a más de una década y media del retorno a la democracia, la crisis de la educación pública se agrava. La renuncia del Estado a la conducción del sistema ha significado que proliferen los engaños educacionales, cuyo resultado final se manifiesto en el incremento del desempleo ilustrado. El funcionamiento de más de 70 universidades contribuye a ese resultado en un país cuya tasa de competitividad se deteriora porque precisamente su formación educativa es débil en ciencia y tecnología. Es que el grueso de las universidades no realizan investigación y la que se hace no es pertinente para la gestión de desarrollo de sectores productivos. Nadie ha evaluado la eficacia con que se utilizan los recursos que el Estado invierte en proyectos, porque ellos, pese a ser concursables, están abiertos a las propuestas de los grupos de investigación. Al faltar el hilo conductor de un concepto país, que debiera ser marcado por un Estado proactivo y no sumido en la administración de lo mismo, los resultados son penosos.

El sistema se ha ido prostituyendo y la “titulitis” (afán por obtener un cartón universitario) nos ha llevado a una inundación de ofertas educacionales sin destino, mientras, del lado de la producción, el país lamenta la falta de técnicos, de trabajadores calificados, de personas capaces de integrar proyectos de carácter tecnológico, ya sea en la industria o en el agro.

Por todo esto que he señalado, y que indudablemente puede adolecer de errores u omisiones, el movimiento estudiantil que ahora ha articulado protestas nacionales, no puede ser encarado por las autoridades con las solas herramientas del marketing comunicacional; no se trata éste de un movimiento superficial, ya que detrás está un cúmulo de expectativas e insatisfacciones históricas que representan parte de la deuda social de la Concertación.

Es indiscutible, también, que los jóvenes siempre corren el riesgo de ser infiltrados por violentistas. También en la época en que nosotros nos tomábamos las universidades había bomberos locos, supuestamente revolucionarios, y que los primeros en pelear con los pacos; en su momento terminaron siendo los oficiales de inteligencia que prepararon el golpe de Estado y fueron los primeros en torturar a sus propios compañeros. Los jóvenes de hoy deben, pues, cuidarse y desconfiar de los agitadores.

Pero, más allá de eso, tenemos que tomar muy en serio este movimiento y pensar que ha llegado el momento en que sea el pueblo, el ciudadano, el contribuyente que paga impuestos, el que ponga en el tapete un tema estratégico para el país. Por mucho que el gobierno diga que algo no está en su programa, un político, un estadista debe tener la claridad y receptividad para dar respuestas a los temas de fondo, escuchando y aplicando los cambios necesarios o al menos, atreviéndose a proponerlos al debate público.

Al definirse la segunda vuelta presidencial, sostuve que Michelle Bachelet tenía la gran oportunidad de capitalizar la movilización social, liderando los cambios y correcciones profundas que su antecesor no había sido capaz de realizar. Frente a la movilización de los jóvenes que exigen una educación pública de calidad, la Presidenta tiene capacidad para revertirla a favor de la revolución educacional que anunció, pero cuyos alcances nunca ha explicitado. Cuenta, además, con recursos financieros para acometer la gran reforma que el país está exigiendo. Creo que los jóvenes, más allá de la forma de expresarlo, están dando en la tecla justa y en vez de guardar la plata debajo del colchón, es el momento precioso para liderar un cambio cualitativo profundo que pasa por fortalecer al profesorado y la educación pública gratuita, de modo que ella vuelva a ser el motor de la movilidad social en Chile.