Movimiento Obrero

Estafa en La Polar: “Los ciudadanos organizados son imbatibles”

Por Andrés Figueroa Cornejo
 
 
Tomás Fabres (49 años), abogado egresado de la Universidad de Chile, es director de la Fundación Chile Ciudadano que lleva adelante acciones legales a favor de miles de clientes de la bullada estafa que han sido víctimas  de la multitienda y vendedora de créditos La Polar que ha llenados los titulares en el país.
 
El crimen está asociado a una burbuja crediticia que finalmente estalló hace alrededor de dos meses y que no sólo tendrán que pagar los endeudados directos, sino que todos los chilenos por medio del salvataje de la empresa por medio del Fisco, resultando doblemente castigados por el efecto en la baja de los ahorros previsionales de los trabajadores cuyos recursos para pensionarse las privadas  Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) están facultadas para jugar en el casino especulativo bursátil.   
 
La Fundación nació a mediados de la primera década del siglo XXI y está formado por un  equipo multidiscliplinario que de gana la vida en actividades propias y no en la Fundación.
 
-¿Cuáles son los fines de Chile Ciudadano?
 
“Los objetivos de la Fundación son dos: recorrer el camino efectivo del ejercicio del Derecho. Es decir, lo que hacemos es prestar asesoría a las personas que han sido lesionadas o abusadas en situaciones de desequilibrio de poder y asimetrías en materia de recursos, información, influencia y otros. Nosotros partimos con el tema de los contratos de sepulturas, por ejemplo. Luego de vivienda, seguros, mercado del dinero. Y el segundo propósito es fomentar la sociatividad y calidad. Nos dimos cuenta de que los chilenos muchas veces no se reúnen de manera virtuosa, existe dependencia económica del Estado, personalismos. Realizamos una fuerte crítica a la actividad legislativa (Presidente y Congreso), por cuanto no hay un seguimiento de las leyes y se aprueban normas que después no se evalúan. Como los procedimientos jurídicos de la Ley de Defensa al Consumidor, que es de los juicios más largos que existen en Chile. Y para desarrollar sociedad civil, la gente no necesita discursos, sino que experiencias exitosas. Por eso nosotros estamos para que ganen los afectados y no para dar testimonio.”
 
 
AUTONOMÍA ECONÓMICA PARA ACTUAR CON LIBERTAD
 
-¿Cómo se sostiene económicamente la organización?
 
“En tiempos ordinarios la Fundación se financia con platas del propio equipo. La idea es que la falta de recursos no sea un obstáculo para que las personas puedan ejercer sus derechos. Y cada vez que ganamos un conflicto hacemos que el victimario pague la cuenta, porque la víctima tiene que irse con su indemnización  completa. Y no recibimos, como principio, financiamiento de instituciones nacionales o extranjeras con el propósito de cautelar nuestra autonomía y libertad.”
 
-¿Sustituyen la acción de los afectados?
 
“No estamos en la industria de la caridad. Son las personas damnificadas las que deben trabajar y movilizarse por sus derechos. De hecho, al término de cada caso se invita a las víctimas a formar una organización propia. Y estamos convencidos que un grupo de ciudadanos organizados es imbatible.”
 
-¿Hasta dónde llega la autonomía de la Fundación?
 
“Nosotros vamos a cualquier lado menos donde, por ejemplo, los dueños de los bancos o los políticos. No confiamos en ellos. De hecho, yo los conozco muy bioen y cuando los visito y les pregunto qué están leyendo me dicen que la revistas del corazón. Están fregados intelectualmente. Yo vivo en Ñuñoa (comuna de sector medio), tengo a mis hijos en un colegio del barrio porque no quiero que se topen con sus hijos, ni deseo vivir en sus barrios, ni tener sus autos, ni veranear en sus lugares.”
 
 
LA POLAR: LAS FORMAS DEL DELITO Y LA BURBUJA
 
-¿Qué ocurrió y ocurre en el caso de La Polar?
 
“La Polar es un caso clásico de organización delictual al interior de una compañía. La diferencia con otros casos, es que aquí los bandoleros dañaron los intereses de otros bandoleros. Hasta la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, dijo que ‘nuestros hijos van a los mismos colegios, ¿cómo pudo haber ocurrido esto?’.”
 
-¿Y cuál fue el procedimiento empleado?
 
“Haciendo una aplicación abusiva de una cláusula del contrato de los clientes en materia de línea de crédito, donde la persona mandata a la empresa para documentar deuda. Y los tipos, muy ingeniosamente, entendieron que con eso también estaban facultados para decir cuál era la deuda. Todo esto viene de la conducción de La Polar desde los tiempos de Norberto Morita y Raúl Sotomayor, quienes se lanzaron sobre un segmento de la población intocado por el negocio del crédito de consumo en el retailer: las dueñas de casa, estudiantes, etc. Entonces realizan una política totalmente imprudente de créditos, es decir, donde hay evaluación de riesgo cero. En medio de ese plan de expansión de tiendas, de clientes y colocaciones ocurre la morosidad masiva. La Polar resuelve que ya no importa el monto de la deuda, sino que se concentran en mostrar la deuda como saludable. Así comienzan las repactaciones, que no son más que la refinanciación de una deuda vencida. En Chile, las repactaciones producen la capitalización de los intereses y todos los gastos ‘accesorios’, y ello implica la curva de aumento de la deuda. De ese modo, cada deudor debía cada día que pasaba  montos superiores. Ello se combinó con auditores externos que negociaron las notas de los estados financieros. Es decir, fallaron los sistemas de control interno de la corporación.”
 
-Lo importante es la apariencia, la sensación de confianza…
 
“En La Polar, la remuneración por el desempeño de los grandes ejecutivos está asociada al precio de la acción. Si se ve bien por fuera, entonces hay mayor demanda.”
 
 
“EL SERNAC EN CHILE ES SÓLO UN TRAMPOLÍN POLÍTICO”
 
-¿Cómo se dieron cuenta de lo que está pasando en la multitienda?
 
“El escándalo saltó por el lugar menos pensado: el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), que es un organismo castrado, sin capacidad de fiscalización, menos con facultades intrusivas. Eso lo puede sólo hacer la Superintendencia del sector. Luego, la gente envió reclamos al Sernac, el cual, por la cantidad de denuncias, pidió hacer una auditoría a la compañía, la que simplemente mientió. Todo firmado, claro, por el líder de la banda, Julián Moreno. De este modo llegaron a un acuerdo en noviembre de 2010 –que es el mismo acuerdo actual conocido profusamente-, pero que no se cumplió. El Sernac insistió, y en mayo de 2011 presentó una demanda colectiva contra La Polar. En ese momento quedó en evidencia como las superintendencias (la de Bancos y la de Valores) no hacen su trabajo. Esto se transformó en un problema político donde estamos frente a medio millón de familias afectadas (votos), y termina hablando el ministro del Interior al respecto (!).”
 
-¿Cuándo y por qué ingresa a tallar la Fundación en la estafa?
 
“Nosotros entramos al comienzo del conflicto para que no se repitieran dos precedentes malísimos. Cuando hay un problema de esta magnitud, la agencia estatal a cargo de los consumidores, por ley, lo primero que debe hacer es llamar a las agrupaciones de consumidores. Aquí ocurre lo contrario. El Sernac en Chile es sólo un trampolín político. Y los precedentes negativos fueron la colusión de precios de Fasa (Farmacias Ahumada) y la compensación que debió pagar a los consumidores dañados que se redujo a un 20 % de lo que estaba presupuestado. Y hace unos años, el Sernac envió una demanda colectiva contra 7 casas comerciales por cobro de intereses por sobre el máximo convencional. Hubo un acuerdo tras bambalinas y las compensaciones fueron ridículas y no se efectuó investigación alguna.”
 
-¿Cómo caracterizas la conducta estatal?
 
“El Estado chileno ya declaró suficiente la compensación en el caso de La Polar, a través del Sernac. Pero a nosotros nos interesa un cambio de comportamiento en las empresas, y, por tanto, la Fundación interviene las compañías.”
 
-¿En qué situación se encuentra el caso?
 
“En resumen, existe una oferta unilateral de La Polar avalada por el Estado y que se implementará hasta el 31 de agosto de 2011. Sabemos que será un gran fracaso, en todo caso. Asimismo, hay un juicio colectivo que inició el Sernac, del cual esa entidad se va a retraer, pero que nosotros sostendremos. En los hechos, lucharán los ciudadanos afectados con nuestra asesoría. Y quienes determinan el monto de la compensación son, obviamente las personas dañadas. En paralelo hay acciones criminales para evitar la impunidad.”
 
-¿Cuáles son los accionistas más poderosos de La Polar y cuáles los acreedores más golpeados, además de los clientes individuales?
 
“Los principales accionistas de La Polar son las Corredoras de Bolsa. Por otra parte, entre los acreedores también castigados, se encuentra el Banco de Crédito e Inversiones (BCI); los Tenedores de Bonos y las Afp’s con un 25 %.”
 
-¿Qué pasará con La Polar?
 
“Creemos que el drama se va a repetir. Una gran cantidad de clientes será birlado nuevamente, por falta de información correcta y clara para las personas. Y La Polar no tiene la capacidad de producirla.”
 
-¿Hay posibilidad de que la empresa quiebre?
 
“Es altamente improbable que dejen caer a La Polar porque hay demasiado dinero involucrado. Ya saldrá el BancoEstado (que vive de dineros públicos) con una línea de crédito para salvarlos también. Sin embargo, la Polar perderá miles de clientes y un grupo pequeño, más paciente, recibirá una retribución más justa que la miseria ofrecida hasta ahora como compensación.” 
 
 
17 de julio de 2011

Chile: Trabajadores de Banco Ripley aprueban huelga

por Andrés Figueroa Cornejo

Por una unanimidad los más de 300 socios del Sindicato Nacional de Trabajadores de Banco Ripley –parte de la industria del retailer y el crédito de consumo-  desaprobaron rotundamente la última oferta de la empresa el 14 de julio, luego de un proceso de negociación colectiva que comenzó hace casi un mes.
 
Los miembros del Sindicato pertenecen al área de operaciones, seguridad y plataforma comercial.
 
El Presidente del Sindicato, Patricio Sanhueza, informó que las demandas centrales de los asalariados tienen que ver con un incremento de un 10 % a los sueldos base. En la actualidad, quien ingresa a trabajar a Banco Ripley obtiene como remuneración el salario mínimo ($ 182.000 pesos, US$ 390), sobre todo en los sectores de operaciones y seguridad. Al respecto, el Sindicato exige que los sueldos más bajos al menos lleguen a $ 220.000 mil pesos (US$ 470).
 
Otra reivindicación está ligada al aumento de los bonos básicos de locomoción y colación. “De hecho, estamos bajo los porcentajes del sistema general y l mercado”, afirmó Patricio Sanhueza. Y en materia de bono de término de conflicto, los trabajadores solicitan un millón de pesos por trabajador por una vez (US$ 2.150), pero la empresa sólo ofrece $ 250.000 pesos (US$ 540).
 
El promedio del salario de los trabajadores de la compañía se encuentra entre $ 280.000 a $ 300.000 pesos mensuales (US$ 600 a US$ 640). Los empleados laboran 9 horas de lunes a viernes, mediante un sistema de turnos. La jornada más prolongada la tienen en los malls, donde deben permanecer en sus lugares de desempeño durante 12 horas continuas. 
 
“Sabemos perfectamente que el 2010 fue un excelente año en términos de utilidades para la empresa. Ellos argumentan que, desde el nacimiento del banco en el 2002 hasta el 2008, han tenido pérdidas. Pero la verdad es que se encontraba en un proceso de expansión y fuertes inversiones. Además de incurrir en  problemas de administración que no guardan relación con la labor de los trabajadores”, señaló Sanhueza.
 
De no existir la solicitud de buenos oficios por parte del banco, la huelga se haría efectiva el martes 19 de julio. De haberlos y no llegar a acuerdo, la paralización de actividades comenzaría el lunes 25 de julio.
 
El Sindicato Nacional de Trabajadores de Banco Ripley está asociado a la Confederación de Trabajadores Bancarios, única multisindical del sector financiero de Chile. 
 

Mar gruesa en el movimiento sindical: Rebelión en la CUT

Por Paul Walder 

 

La aceleración de la historia parece dejar atrás estructuras y demandas y la identidad de determinados sujetos colectivos. El desplazamiento, esperado pero no por ello menos sorpresivo, de las corrientes sociales desde mayo a estos días, ha dejado atónitos al gobierno, la clase política y otras organizaciones bien acomodadas en la política binominal de los últimos veinte años. El torrente enrabiado y cada día más empoderado que cruza a los movimientos sociales de base inorgánica, ha transparentado el abismo entre estas entidades y las organizaciones tradicionales, que hoy junto con constatar su crisis de representatividad sólo pueden observar desde la otra ribera el curso acelerado de la historia. Todos, o prácticamente todos los organismos jerárquicos edificados sobre la base de complejos estatutos, miran con asombro y tal vez cierto temor la insospechada trayectoria de los acontecimientos. El presente y el futuro están en las bases, en la gente, en la calle. En la inspiración social y comunicativa que hace suya una política sin los políticos.

Esta corriente hoy se expresa en materias educacionales y ambientales, pero está latente en innumerables otros ámbitos de la vida social y económica. El mundo laboral, pieza clave de la lucha social de los últimos doscientos años, si hoy no está presente no es por su satisfacción con el statu quo económico. Son hoy otros los motivos que impiden la expresión callejera de un evidente malestar potencial que cruza a toda la clase trabajadora. Si en las calles hay centenares de miles de estudiantes que demandan el fin al negocio de la educación y al endeudamiento, este clamor necesariamente ha de penetrar también a quienes solventan y finalmente contraen esas millonarias deudas: sus padres trabajadores.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), presidida por el socialista Arturo Martínez, mediante un pacto PC-PS-PDC, es una de aquellas organizaciones que hoy observa desde la vereda el curso de los hechos. Sin embargo, su postura no es compartida por todos sus socios. Si durante los últimos tiempos ya se veía una incomodidad de no pocos sindicatos ante las decisiones y compromisos de la CUT, la vorágine social que remece hoy al país ha hecho estallar estas diferencias. A comienzos de julio, horas antes del Consejo Nacional Ampliado de la CUT, siete destacadas organizaciones se rebelaron a las políticas de la Central. ¿Por qué? Básicamente por su falta de representatividad social, pero también por la oscuridad institucional, que se extiende desde los mecanismos electorales al uso de los aportes de los socios o a la postura de la Central ante la contingencia nacional.

La rebelión tomó cuerpo a través de una carta pública firmada por Cristián Cuevas, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), Ricardo Maldonado, presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores del Transporte (Conutt), Carolina Espinoza, presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), Manuel Díaz, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Walmart (D&S), Humberto Meza, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Falabella, Bárbara Saavedra, presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de París, y Claudio González, presidente de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss). Exigen convocar a un congreso nacional extraordinario con carácter refundacional y adelantar las elecciones del CDN de la CUT.

En la carta esas organizaciones reclaman que la Central ha estado ausente de la agenda pública en los actuales momentos que vive el país. “La CUT, nuestra Central y su actual ejecutivo no se han involucrado en las luchas que pertenecen a toda la sociedad. Nuestra CUT tiene graves problemas que el último Congreso eludió gracias a una mayoría de facto y una preconstituida votación universal. Las reales debilidades de la Central están en su falta de representación, particularmente en el ámbito de los trabajadores y trabajadoras del sector privado, en las insuficiencias del contenido de sus discursos, los modos y los medios con los que pretende ejecutar sus objetivos”.

Credibilidad de la CUT está dañada

En la carta también advierten que la credibilidad de la multisindical se ha visto dañada por los escándalos en los que ha estado involucrado Arturo Martínez. “Nos parece intolerable el festín que se están dando los medios con la figura del presidente de la CUT y el ejecutivo, a los que se implica en escándalos de distinta naturaleza. En esto participan autoridades de gobierno y ciudadanos de distinta orientación política con críticas feroces a los dirigentes sindicales y a los directamente involucrados, pero, por extensión, a todas las personas que han asumido y asumimos hoy las tareas de representación de las trabajadoras y trabajadores (…) La credibilidad de la CUT está dañada por las situaciones que se comentan hoy, pero también por la historia de los últimos años, por los muchos desaciertos y un estilo de conducción que hace agua”.

Las organizaciones pusieron como condición para participar en el Consejo Directivo Nacional de la CUT una serie de medidas, como hacer público el padrón electoral. Porque “no hay justificación alguna, ni de seguridad ni de imagen, que pueda esgrimirse para mantener un secreto inaceptable. Con la publicidad del padrón electoral y de los afiliados se podrá conocer la dimensión orgánica de la Central, su distribución territorial y por sectores económicos”. También exigen un balance público de tesorería.

El 1° de julio el CDN leyó la carta, cuyo destino era más o menos claro: el rechazo por abrumadora mayoría, desenlace previsto por los redactores de la misiva en que consignan que “mientras las acciones no se concreten, suspendemos nuestra participación en los órganos regulares de la Central y el pago de cuotas”.

Cristián Cuevas, presidente de la CTC, tiene también un cargo ejecutivo en la Central, como encargado de la Secretaría de Negociación Colectiva, además de ser dirigente del Partido Comunista. Las demandas de la carta surgen no sólo desde la misma estructura de la CUT, sino también desde la Concertación: los dirigentes en rebeldía tienen militancia en distintos partidos de la oposición. Se trata de un ruido que aún no puede ser calificado como quiebre ni fractura, pero que sin embargo refleja las graves contradicciones internas del conglomerado, estimuladas por la fuerza de los movimientos sociales.

La fuerza de las bases

El actual momento que vive el país ha levantado demandas silenciadas durante décadas. Que hoy se planteen de forma abierta la renacionalización del cobre, una reforma tributaria, plebiscitos y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, expresa sin duda una nueva forma de discurso político que emerge desde las bases. Un discurso que se estrella con la institucionalidad política y económica acomodada durante la transición y que busca establecer los fundamentos para una nueva corriente empujada por la sociedad civil, aún sin vinculación clara con ningún partido.

Es posible observar el incipiente peso de las movilizaciones en sectores de trabajadores y organizaciones laborales. Para el lunes 11 de julio los trabajadores de Codelco han convocado a un paro nacional, que coincidirá con el 40 aniversario de la nacionalización del cobre en el gobierno del presidente Salvador Allende. Junto con esta señal, decenas de organizaciones sociales, sindicales, vecinales y partidos de Izquierda han llamado para esa misma jornada a una protesta nacional popular. Un proceso que se multiplica con el correr de los días.

Este torbellino inquieta a los partidos y a las organizaciones tradicionales, como la CUT. Y como no se trata hoy de meras reivindicaciones, sino que se está transparentando una verdadera vocación política, el próximo y necesario paso de los partidos y organizaciones será decisivo. En algún momento, tal vez no lejano, tendrán que abandonar su actual silencio y entrar de lleno en la nueva arena política. Decir qué piensan respecto a un plebiscito, una reforma tributaria y una Asamblea Constituyente.

Es esta la fuerza de la carta de las siete organizaciones rebeldes de la CUT: obligan no sólo a la Central, sino a los partidos de oposición a exhibir su vocación política. Ya no se trata de puntos más o menos en el salario mínimo, o de matices en el postnatal. Lo que plantea la calle son cambios profundos del sistema político. De cierta manera, podríamos hablar de un momento de inflexión.

La CUT ha convocado nuevamente a un paro nacional, esta vez para el 24 y 25 de agosto. Pero hoy una movilización con cinco o diez mil personas, como han sido los “paros” de la CUT, sería una demostración de debilidad, un simple ejercicio, una coreografía inútil. Cualquier gesto que no se integre a las corrientes sociales vivas es repetir políticas adaptadas a un sistema que hoy está dando evidentes señales de error. Y qué mejor ejemplo que la CUT y la Concertación para graficar aquel acomodo.

Es un hecho que la dirigencia de la CUT y sus vinculaciones con la Concertación no la convierten en un interlocutor válido al llamado de la calle, por lo que se podría prever un quiebre generado desde ciertas convicciones ideológicas. La pregunta clásica sobre el papel de los sindicatos, en tanto meros canales reivindicativos o agentes del cambio social, vuelve a levantarse: cómo se deben sumar fuerzas, desde el mundo laboral, al clamor de la sociedad civil.

El actual estallido social, que surge del cansancio de los usuarios de enfrentar la ambición mercantil en el área de la educación, es también extensible y aplicable a todos los otros servicios. Los trabajadores, en tanto también consumidores, comparten el mismo malestar. Una rabia que estalla en momentos que el gobierno levanta como gran triunfo las cifras de crecimiento económico y bajo desempleo. Aquella supuesta y artificial relación entre crecimiento económico y tranquilidad social ha entrado en crisis. Hoy la extendida percepción ciudadana es relacionar al crecimiento económico con el enriquecimiento corporativo. El caso de La Polar ha sido la muestra más fehaciente de la economía en su fase neoliberal. La Polar, si bien es un exceso, es también la norma.

La determinación de Cristián Cuevas y los demás dirigentes de organizaciones sindicales expresa una necesaria decisión política. Es, por una parte, el cuestionamiento público del mundo laboral a una estructura rígida, acomodaticia y no representativa como es la CUT. Pero lo es también, teniendo en cuenta la filiación política de los dirigentes rebeldes, un cuestionamiento a la Concertación. Por el momento, los efectos del clamor de la calle han sido la suspensión de la pertenencia y el no pago de cuotas a la CUT. Pero en un clima tan revuelto, es posible que otras y más tajantes decisiones estén cercanas

 

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 737, 8 de julio, 2011

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Chile: Los periodistas de El Mercurio votan huelga histórica

Por Andrés Figueroa Cornejo
 
El diario El Mercurio de Chile es el represente editorial de los intereses del imperialismo norteamericano y el gran empresariado en el país. Su voz, penetración y poder lo sitúan sobre los gobiernos de turno, marcan a fuego la pauta nacional de la minoría dominante, e incluso orientan crítica y sin escrúpulos a la casta política tradicional. No resulta extraño que la Concertación apostara y participara en el mantenimiento de sus ganancias  financieramente, poniendo sus avisajes principales en El Mercurio cuando fue administración durante 20 años, degollando así las posibilidades de un periodismo plural. Junto con el Consorcio Periodístico de Chile S.A. (COPESA), “el decano”, controla los medios de papel a lo largo de todo el país mediante una red de periódicos regionales. Y es miembro estrella del Grupo de Diarios de América (o del Pentágono, para ser más precisos), con los periódicos de América Latina La Nación de Argentina, El Comercio de Ecuador, O Globo de Brasil, El Tiempo de Colombia, El Universal de México, El Comercio de Perú, El País de Uruguay, y El Nacional de Venezuela.
El Mercurio de Valparaíso –que allí nació la publicación cuando ese puerto era el más importante del Pacífico en el sub Continenteno- no sólo es el periódico más antiguo de Chile y del planeta en habla hispana publicado desde el 12 de septiembre de 1827; no sólo contiene fueros suprapartidarios y es una suerte de consejero y director estratégico de los dueños de todo. También recibió un millón y medio de dólares (de los antiguos) antes y durante el gobierno de la Unidad Popular encabezado por el Doctor Salvador Allende como parte sustantiva de la estrategia de desestabilización del período más democrático del país que terminó el 11 de septiembre de 1973 a través del consabido golpe de Estado que inauguró la tiranía más sangrienta que jamás existió en la historia de Chile. Cuando terminaba la década de los 90 del siglo pasado, los desclasificados de la CIA norteamericana -por medio del  Equipo Nizkor / Acción Encubierta en Chile- señalaron que "Un memorándum del renovado proyecto de la CIA concluyó que El Mercurio y otros medios de comunicación apoyadas por la Agencia habían jugado un papel importante en la puesta en marcha del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 que derrocó a Allende".
Un excelente trabajo documental al respecto puede encontrarse en “El Diario de Agustín” (por Agustín Edwards, su dueño, cuyo nombre y apellido se repite generación tras generación, atávicamente desde el surgimiento del rotativo)  en la dirección web  http://documentalesalternativos.blogspot.com/2009/01/el-diario-de-agustin.html
 
Nada de lo anterior es desconocido. Lo nuevo, lo histórico, es que el único sindicato de periodistas de El Mercurio votó por primera vez la huelga hace unos días. Esa es la noticia.
 
“LOS TRABAJADORES HAN TOMADO CONCIENCIA DE QUE LES CORRESPONDE UNA PARTE DE LA RIQUEZA QUE GENERAN”
 
Juan Pablo Salas es redactor de Deportes del diario de Agustín Edwards desde 1996 y Presidente del Sindicato que agrupa a los 406  periodistas, reporteros gráficos, diseñadores y documentalistas, tanto de El Mercurio, como del vespertino La Segunda (una suerte de periódico orgánico y de combate de la clase dominante dirigido a los líderes de opinión que pautea a los medios hegemónicos del país). El Sindicato negocia normalmente cada tres años y está formado por los trabajadores de los tres rotativos de El Mercurio SAP y los corresponsales de regiones. Además existen los sindicatos de los administrativos, el mixto y el de los gráfico-técnicos. La organización que conduce Juan Pablo Salas tiene aproximadamente medio siglo de existencia. Salas es Presidente del Sindicato desde diciembre de 2007 y fue reelegido en el mismo mes de 2009. Su período termina en los últimos 30 días de este año. Juan Pablo Salas cuenta que la votación de la paralización de actividades fue de “310 votos por la huelga, 6 por la última oferta y uno en blanco. Nunca en la historia se había llegado a esta instancia”. De no existir durante los próximos días una oferta satisfactoria de la corporación, la huelga se haría efectiva el 11 de julio (al igual que la de los trabajadores de Codelco).
 
 
-¿Cuáles son las demandas centrales  contenidas en la propuesta de negociación colectiva?

“Lo fundamental es un reajuste general de sueldos base por tramos, privilegiando a quienes ganan menos; universalización del bono de fin de semana que sólo algunos reciben y bono de término de conflicto de 1,2 millones de pesos (US$ 2.500 dólares).”
 
-¿Cuál ha sido la reacción de la administración y bajo qué argumentos se han basado esas respuestas?

“La empresa sólo ofreció una respuesta satisfactoria en el último punto, argumentando que no puede aumentar sus costos fijos.”

-¿Cuáles son las utilidades anuales o semestrales de El Mercurio?

“Varían todos los años y es información confidencial, pero las de 2010 fueron las mejores en los 15 últimos años.”

-¿Quiénes forman la contraparte?
 
“La comisión de la empresa es Fernando Trigo, Fernando Iturriaga, Carolina Barnes y José Luis Parra. No me pidas los cargos, porque reestructuraron todo y les cambiaron los cargos a todo el mundo, pero tienen todos rangos de subgerentes y son de la Gerencia de Personas.”

-¿Cuánto renta mensualmente un periodista promedio?

“No hay un promedio. El que entra hoy gana unos 750 mil pesos mensuales (US$ 1.600 dólares).”

-¿Qué papel juega en las decisiones la asamblea del Sindicato?
 
“Aunque la ley nos autoriza como comisión negociadora a llegar a acuerdos, la asamblea es nuestra instancia soberana y ha tenido un papel muy activo.”

-¿Cómo caracterizarías el estado de ánimo de los trabajadores?
 
“De determinación total. Han tomado conciencia de que les corresponde una parte de la riqueza que generan y que deben exigirla.”

-¿No temen las prácticas usuales de reemplazo durante la huelga?
 
“Lo damos por descontado, pero no nos preocupa porque los lectores van a saber que los que hacen los tres diarios todos los días están en huelga y que hay gente de reemplazo y sin experiencia haciéndolos.”

-Concretamente, ¿qué ocurre de volverse efectiva la huelga?
 
“Que el 95% por ciento de quienes escriben, diseñan y sacan las fotos de los tres diarios no estarán trabajando.”

-En gran medida un medio vive de su imagen corporativa. ¿Qué impacto tendría en un periódico como El Mercurio una huelga de sus periodistas?

“Inmenso, porque esta empresa siempre se ha vendido a sí misma como ejemplar y siempre ha dicho que trabajar acá es un privilegio. Una huelga desmentiría todo eso.”

 -¿La negociación de los periodistas resulta ejemplar para negociaciones de otros sindicatos del periódico?

“Decir que estamos dando el ejemplo o  lecciones sería muy soberbio, pero de verdad espero que sirva para que otros compañeros se den cuenta que la unión y la determinación dan frutos.”

-¿Qué señales creen que ofrecen a los periodistas de medios de comunicación de masas la votación de una huelga en El Mercurio?

“Que la presión es una forma válida y legal de conseguir los objetivos. Y que, por culpa del endurecimiento de las administraciones, a veces es la única forma que queda de actuar. Lo que la gente debe entender es que las empresas no les hacen ningún favor al contratarlos, sino que los necesitan y que, por lo mismo, les pertenece una parte importante de las ganancias que estas perciben gracias a su trabajo.”
 
 
Julio 3 de 2011
 
 
 

Crisis portuaria en Chile: “Si no se nos escucha, detendremos el país”

Entrevista con Jorge Bustos, Presidente de la Congemar

Por Andrés Figueroa Cornejo
 
 
Luego de los anuncios realizados por el administrador de turno del Ejecutivo, Sebastián Piñera, el pasado 21 de mayo durante su cuenta anual ante el país, en Valparaíso (capital de la Quinta Región) el 16 de junio dos mil trabajadores, empresarios y autoridades locales salieron a la calle a manifestarse contra las medidas portuarias sentenciadas por el Mandatario.
 
Jorge Bustos es Presidente de la Confederación de la Gente del Mar (Congemar). Aquí explica las razones de lo que podría ser uno de los capítulos relevantes en la creación de condiciones hacia un paro general de Chile.
 
-¿Qué iniciativas anunciadas por el Presidente Piñera en su alocución del 21 de mayo  dañan  las condiciones de vida de los habitantes de las ciudades –puerto?
 
“Piñera habla de la ‘apertura del cabotaje marítimo a naves extranjeras’, es decir, habla de incentivar la competencia en transporte marítimo de carga y pasajeros dentro de Chile. Sin embargo, como hombres y mujeres de puertos, nos oponemos a cualquier idea de modificación que pretenda abrir el Cabotaje Marítimo a naves extranjeras.”
 
-¿Por qué?
 
“Porque los trabajadores, que somos un importante sector directamente afectado, no hemos sido consultados ni hemos participado en el estudio de esta iniciativa. Y al resultar un proyecto inconsulto, desconocemos si el gobierno evaluó las muchas consecuencias negativas que esta iniciativa involucra, incluso algunas de carácter internacional.”
 
-¿Como cuáles?
 
“Destruiría trabajo de la Marina Mercante Nacional, afectando a alrededor de 20.000 trabajadores directa o indirectamente a nivel nacional, y a sus respectivas  familias. Indirectamente, castigaría a otros sectores como a los camioneros, ferroviarios, portuarios, agentes de aduana. Asimismo,  estamos ante una inminente y dramática realidad que afectaría los intereses marítimos del país, y que se reflejaría en la desaparición de nuestra marina comercial que efectúa el Cabotaje, con la consecuente cesantía de las tripulaciones de los buques de la flota nacional. Y, por tanto, sería muy difícil recuperar este recurso humano, altamente capacitado y calificado.
Pero eso no es todo. La medida antidemocrática impactaría directamente en la seguridad de la navegación y en la protección del medio ambiente acuático. Fatalmente seríamos ‘pioneros’ en el mundo en dictar unilateralmente una medida que atente contra  los propios intereses marítimos del país, sin establecer políticas de reciprocidad. Y te digo que defenderemos a como dé lugar, el trabajo y el ejercicio profesional marítimo chileno en las naves que desarrollen el cabotaje en nuestra costa.”
 
 
Las mentiras de Piñera
 
-¿De qué se tratan los llamados ‘Almacenes Extraportuarios?
 
“Es el antiguo concepto de “Puerto Seco”, o sea, llevarse las actividades portuarias a Santiago. Se argumenta el aumento del flujo de camiones en ciudades portuarias y carreteras, aduciendo ineficiencias logísticas que encarecerían el transporte del comercio exterior nacional. Pero contrariamente, producirá mayor concentración y tránsito de camiones, con la consecuente contaminación ambiental, deterioro vial, e incremento de costos al usuario importador, además de la afectación a la ciudadanía y su calidad de vida en la Capital.”
 
-Sin embargo, Piñera habla que el proyecto creará más competencia, lo que debería redundar en una baja general de precios…
 
“Mira, según la AIC, la propuesta potenciaría mayor competencia en el mercado, generando condiciones para una baja de tarifas y un servicio más expedito y simple. Pero esto es una falsedad absoluta.”
 
-¿Porqué?
 
“La actividad de los Agentes de Aduana es una profesión institucionalizada por ley en el país, y se caracteriza por tener alta competencia, buen servicio y bajos costos para los usuarios importadores y exportadores de Chile.
De aplicarse la medida gubernamental, este mercado que funciona bien, dando garantías y seguridad al comercio exterior chileno, se distorsionaría en el caso de otorgarle licencia, por ejemplo a los forwarders para despachar, produciendo el efecto exactamente contrario, debido a que ellos representan varias actividades cuyo objetivo principal es el transporte de mercancías, y esa industria está fuertemente concentrada en unas pocas empresas multinacionales que en conjunto con las navieras y compañías aéreas, constituirían un monopolio del comercio exterior, eliminando la competencia. El despacho aduanero quedaría en manos de empresas cuya falta de experiencia y nula preparación profesional en esta materia afectarían seriamente la seguridad jurídica de las operaciones aduaneras. Como consecuencia, se pondría en riesgo la salud de la población, el patrimonio fitosanitario del país, la importante recaudación fiscal que realiza Aduanas (USD 11.500 millones anuales), además de modificar las estadísticas nacionales para la toma de decisiones macroeconómicas que finalmente se traducen en efectos sociales determinados por las políticas públicas.
Los agentes de aduana, en su calidad de auxiliares de la función pública aduanera y de ministros de fe, son un aval de garantía y transparencia para el éxito del comercio exterior chileno. Con la idea de Piñera, se verían gravemente mermadas sus actividades, generando el cierre de muchas agencias, con el consiguiente aumento de la cesantía en las ciudades-puerto y el aumento de costos para los usuarios.”
 
-Pero el proyecto considera en transporte caminero, normas técnicas más modernas que las vigentes, permitiendo el mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías para incrementar la productividad y eficiencia…
 
“Rechazamos esos argumentos porque estimamos responsablemente que la única manera de desarrollar el transporte de carga carretero con nuevas tecnologías, aumento de productividad y eficiencia es creando una Ley de Transporte de Carga por Carretera para Chile. No hay otra.”
 
-¿Y que hay de los transportistas multimodales como nueva forma logística?
 
“La aplicación de ese modelo de transporte, contrariamente a lo señalado, produciría una monopolización de la cadena logística, provocando una concentración en sus funciones y eliminando las responsabilidades que cada sector tiene hoy  en ella.
Y concentración significa que unos pocos actores dominan el mercado con la consecuente multiplicación de abusos, privilegios, colusión, evasión tributaria e incrementando el costo final de las operaciones, que terminan dañando la competencia y al consumidor final.”
 
 
La Coordinadora
 
-¿De qué modo se ven tocados los trabajadores de la Banca?
 
“Eso tiene que ver con el circulante que se mueve diariamente en Valparaíso, el cual en más de un 90% se explica por el comercio internacional. Por lo tanto, de aplicarse las medidas, con un par de sedes bancarias bastaría. A lo menos 16 oficinas cerrarían sus puertas.”
 
-¿Qué es la Coordinadora de Defensa de las Ciudades –Puerto?
 
“La Coordinadora es la respuesta a dos cuestiones centrales. La primera tiene que ver con la centralización del Estado que comporta el proyecto. Ella cobraría un movimiento de monopolización de la economía del comercio exterior y la consecuente cesantía global en las ciudades-puerto. Esto implica afectar, en forma inmediata más de  17.000 empleos directos únicamente en la Región de Valparaíso (Fuente Estudio Universidad de Valparaíso). Si esa cifra se multiplica por la composición familiar de cada trabajador, el número aumenta considerablemente. Y estamos hablando de cifras que no incluyen la empleabilidad indirecta de la región (comercio, transporte, turismo, etc.).
Nuestra Coordinadora implementará todas las acciones que sean necesarias, tanto a nivel local como nacional, para rechazar y revertir estas medidas, con el objetivo de instalar al breve plazo una mesa de negociación con el Gobierno que nos permita avanzar en soluciones reales para nuestras ciudades y con la participación de la ciudadanía y los sectores directamente involucrados.”
 
 
-¿Y en los puertos distintos a los de Valparaíso?
 
“A nivel nacional, todos y cada uno de los puertos terrestres, marítimos y aéreos, y las ciudades que de ellos dependen, se verían fuertemente perjudicadas por los efectos políticos y sociales, todavía no cuantificados.
Se trata de un traje hecho a la medida para los grandes grupos de transportistas internacionales aéreos, marítimos y terrestres, en cuya elaboración se nos excluyó en nuestra calidad de  actores más relevantes del comercio exterior chileno (Servicio Nacional de Aduanas, asociaciones marítimas y portuarias, Federación Nacional de Dueños de Camiones, Agentes de Aduana, Almacenistas Extraportuarios, y otros sujetos relevantes de la cadena logística). Todo esto únicamente traerá a las ciudades-puerto más cesantía, y en Santiago mayor centralización y contaminación.”
 
¿De qué se trata el ‘Porteñazo’ que están organizando para el mes entrante?
 
“Se trata de  una acción ciudadana transversal contra  la concentración monopólica, es decir, contra el modelo económico y contra el centralismo, y a favor de la real descentralización del poder del Estado.
Debe ser el inicio para que los ciudadanos pongamos en la agenda política nuestras propuestas, nuestros sueños y esperanzas. Los políticos no saben qué es lo que la gente necesita, por lo tanto debemos hacernos visibles, gritar hasta que nos escuchen, o simplemente, queden sordos.
Y si el grito de la razón  no alcanza, entonces detendremos el país, junto a los que el sistema pretende hoy hacer desaparecer.
En definitiva, debemos decirle al gobierno, que nosotros somos los que movemos al país y que se acabó el recreo. Que de aquí en adelante, deberá empezar por tenernos respeto, a lo menos.”
 
 
Anexo
 
 
RECHAZAMOS TAJANTEMENTE LAS MEDIDAS DE LA AIC RELATIVAS AL COMERCIO EXTERIOR CHILENO POR LAS SIGUIENTES RAZONES:
 
Favorecen concentración del poder en muy pocos grupos económicos
 
Generan monopolio, centralización económica y política y, por tanto, ahogan la libre competencia
 
Generan cesantía en las ciudades-puerto del país, por la centralización de la actividad portuaria en la Capital. Valparaíso, por ejemplo, pasaría a ser un museo histórico de lo que fue el principal puerto de Chile. Esto necesariamente afecta el comercio local y la economía global de la región.
 
Desmejoramiento en la calidad de vida de los santiaguinos, por mayor contaminación y daño vial.
 
Se trata de medidas absolutamente inconsultas, pues el documento AIC se elaboró sin incorporar a todos los entes involucrados en el comercio exterior chileno.
 
Al traspasar la función fiscalizadora de los agentes de aduana a los forwarders, el Estado estaría abandonando las funciones que le son propias.
 
 
21 de junio de 2011

Argentina: El Frente de Izquierda se inscribió ante la Justicia

La primera vez que la izquierda presenta una fórmula única desde 1983

(PTS, 15/06) El "Frente de Izquierda y de los Trabajadores" se inscribió hoy ante el Juzgado Federal a cargo de la Dra. María Romilda Servini de Cubría en una alianza legal que integran tres partidos nacionales -el Partido Obrero, el PTS e Izquierda Socialista- y 29 partidos de distrito de todo el país. Es la primera vez desde el fin de la dictadura que la izquierda presenta una única fórmula presidencial, esta vez compuesta por Jorge Altamira (PO) y Christian Castillo (PTS). Asimismo el Frente postulará candidatos a legisladores nacionales en 20 distritos y a gobernadores en numerosas provincias como Buenos Aires.

El candidato a Vicepresidente de esta inédita alianza de izquierda, Christian Castillo, declaró que "este es un hecho histórico, y no es casual que seamos los de la izquierda clasista quienes lo protagonizamos, mientras que otras agrupaciones se integraron a variantes centroizquierdistas como colectoras del kirchnerismo o la centroizquierda sojera de Binner y Pino Solanas: somos la única opción de lucha, socialista y de los trabajadores".

Christian Castillo destacó que "sin la tremenda fuerza militante de nuestras organizaciones no hubiera sido posible sortear todas las trabas proscriptivas que impuso la nueva ley electoral: ni la Cámpora ni ninguna otra fuerza pueden preciarse de contar con miles de militantes que actúan por vocación y no por ser funcionarios rentados del Estado"

Castillo destacó que "el Frente de Izquierda tuvo su bautismo en Neuquén, donde hizo una extraordinaria elección logrando una banca en la legislatura que será ocupada en forma rotativa por los principales referentes de la fábrica Zanon que funciona bajo gestión obrera desde hace 10 años, junto con importantes dirigentes antiburocráticas del gremio docente de esa provincia."

El Frente de Izquierda postula como candidata a Jefa de Gobierno por la Capital Federal a Myriam Bregman del PTS, reconocida abogada querellante en los juicios contra los genocidas de la dictadura. En la provincia de Buenos Aires el candidato a gobernador es José Montes del PTS, obrero y delegado de base del Astillero Río Santiago.

Secretaría de Prensa PTS www.pts.org.ar/elecciones Twitter: @PrensaPTS @PTSArg @Fte_Izquierda http://www.facebook.com/FrentedeIzq...

Por un Paro Nacional de Trabajadores Subcontratistas de toda la minería

El paro de los trabajadores subcontratistas de El Teniente, lleva ya 21 días. Sus demandas son justas.

La intransigencia de Codelco impide que se cumplan. A la intransigencia de Coldelco se suma la respuesta ofensiva de las empresas contratistas, que ni siquiera se acercan a lo que demandan los trabajadores. Y a esto se suma la represión de Carabineros, que incluye la detención arbitraria de dirigentes de SITECO, que todos los sindicatos y trabajadores deben repudiar.

Por eso además del paro, los trabajadores han sido empujados a tener que realizar marchas por la ciudad de Rancagua, a funar al Intendente Patricio Rey, a tratar de lograr una paralización total, a movilizarse hasta Santiago.

Pero además de la intransigencia de Codelco, los trabajadores hemos sido empujados a un callejón sin salida. ¿Qué salida podemos encontrar?

Confiar en la propia fuerza

Tras 21 días de huelga, queda demostrado que la política inicial de los principales dirigentes sindicales de confiar en que el Gobierno de la derecha se haría cargo, que los parlamentarios de la derecha apoyarían, que lo haría el Intendente y Gobernador de la derecha, ha demostrado ser un fracaso, y es lo que ha llevado a un callejón sin salida. Tampoco son alternativa los parlamentarios de la Concertación: cuando fueron gobierno, nada hicieron de fondo por los trabajadores subcontratistas. A su vez, los dirigentes de SITECO al inicio no se sumaron al paro, a pesar de ser justas las demandas del petitorio. Hay que refundar los sindicatos en base a la democracia directa de los trabajadores de base unificándose en un Sindicato Unico de los trabajadores subcontratistas de El Teniente.

La política de dirigentes de los trabajadores subcontratistas de la CTC y otras organizaciones de sólo hacer declaraciones sobre la justeza de las demandas, ha dejado aislado al paro.

Confiar en los políticos patronales de la Concertación y la derecha no nos sirve a los trabajadores. Hay que seguir otro camino.

Por un paro nacional de los trabajadores subcontratistas de toda la minería de Chile

En estos mismos días hay movilizaciones en todo el país de los estudiantes universitarios, de los estudiantes secundarios, de los funcionarios de las Universidades públicas, de los profesores de los colegios, contra el proyecto de Hidroaysen. Es necesario unir todas estas demandas en una sola fuerza, llamando a un Paro Nacional con movilización detrás de un Pliego Unico de reclamos, uniéndonos en una Comité de Huelga que convoque la CUT abierto a las organizaciones de trabajadores, estudiantes, ONGs y de la izquierda. .

En este camino, hay que fortalecer el paro de los trabajadores subcontratistas de El Teniente, y salir de este callejón sin salida al que nos han llevado, terminando con la intransigencia de Codelco.

Es necesario llamar a un Paro Nacional de los trabajadores subcontratistas de las otras Divisiones de Codelco y de la minería privada, porque las demandas de este paro son las mismas que las de todos los trabajadores subcontratistas.

¡Por el cumplimiento de todas las demandas!

¡Basta de trabajadores de primera y de segunda. Fin de la subcontratación. Todos a planta permanente! ¡A igual trabajo, igual salario! ¡Por un Tarifado Nacional por Oficio!

¡Por un Paro Nacional de todos los trabajadores subcontratistas de la minería!

Fuente: Partido de trabajadores revolucionarios

Venezuela: De la voracidad de la Burocracia y los intereses de la Burguesía Multinacional

Por Ricardo Galíndez

Solo el ejercicio de democracia obrera puede salvar a Venalum y Alcasa.

A raíz del último paro de los trabajadores de ALCASA, enfrentado por la gerencia de la empresa y el grupo control obrero, se generó una polémica entre los trabajadores, donde coyunturalmente salió fortalecido el sector burocrático que lideriza José Gil de la Fuerza Socialista Bolivariana de Trabajadores por colocarse frente al sentimiento de los trabajadores para que les fuesen cancelados los pasivos laborales. La protesta llevó a que el gobierno interviniese y se comprometiese a aprobar un crédito adicional para pagar en el mes de marzo parte de dichos pasivos.

Lo lamentable en este conflicto es que los sectores que adversan a Gil y que se reclaman clasistas mantuvieron posiciones antiobreras al contraponer su “Control Obrero” a los intereses reivindicativos de los trabajadores, asumiendo la defensa del estado patrón que a nivel nacional viene desconociendo cada día más derechos laborales consagrados en la constitución nacional y las leyes laborales, como son el de la contratación colectiva, la organización sindical y el derecho a huelga.

Entre los argumentos levantados por los camaradas de Control Obrero junto a la gerencia es que el gobierno ya había destinado los recursos existentes para la recuperación de la empresa y que los pasivos serían cancelados con lo que se produjese a futuro, es decir, dejar los pasivos laborales al albur del desarrollo de un plan que ninguna persona seria puede decir que tiene todo asegurado, pues la crisis internacional del capitalismo ahora es cuando está en pleno desarrollo y por lo tanto en cualquier momento puede dar al trasto con el precio internacional del aluminio y con ello los ingresos de ALCASA y VENALUM, y eso cuando ALCASA vuelva a producir, eso aparte de que los trabajadores cumplieron con su trabajo y por contrato y ley se les debe retribuir en dinero o beneficios, cosa que ha sido violado por el estado patrón. Nadie en su sensato juicio puede repetir la posición de quienes después de nacionalizada SIDOR, defendieron la tesis de que los trabajadores tercerizados no podían ser pasados a fijos de inmediato, sino que se haría al año siguiente cuando la empresa se recuperase. Son muchos los trabajadores que aún esperan su pase a fijos con todos los derechos correspondientes.

¿Control obrero desde arriba o desde abajo?

El control obrero surge producto de la agudización de la lucha de clases donde los trabajadores empujan y alcanzan posiciones de control total o parcial del proceso productivo. No se puede concebir que la clase dominante y sus operadores políticos decidan perder el control de la propiedad privada que les pertenece por Ley o en el segundo caso, de los privilegios que les da el estar en puestos de mando colocados por el dueño de los medios de producción, por buena voluntad o amor a los trabajadores. Esto iría contra la historia de la lucha de clases.

Se nos puede presentar que en el desarrollo de determinada lucha los operadores políticos del estado burgués busquen espacios intermedios de participación de la clase productora, pero no para desarrollar el poder de decisión de la clase sino para facilitar su explotación como parte de una empresa determinada o al conjunto de la clase en defensa del estado burgués. Este proceso puede ser producto directo o indirecto de una lucha y será, en última instancia, la correlación de fuerzas que se establezca entre las clases la que determine las características específicas del control obrero que se implante.

Lo que también es cierto, es que el control obrero no puede ser triunfante si se aísla del conjunto de la clase obrera y sus necesidades. De ser así, la burguesía podrá recuperar los espacios de poder perdidos en un relativo corto tiempo.

De lo aquí dicho debemos deducir que el control obrero no puede darse como política de la burguesía ni de los operadores políticos que le sirven, sino como todo logro o conquista en una sociedad dividida en clases, solo será posible producto de la fuerza del conjunto de la clase obrera y no solo de una parte de ella, para vencer la voluntad de los dueños del capital y el conservadurismo de la burocracia del estado y hasta del atraso de sectores de las masas asalariadas. La experiencia realizada hace tan solo unos años en ALCASA bajo la dirección del profesor Carlos Lanz es una muestra de lo aquí dicho y eso que la misma fue una experiencia de cogestión con elementos de control obrero y no un control obrero pleno.

El velo entre control obrero y calidad total

El control obrero surge al momento cuando la mayoría de trabajadores de una empresa no encuentran más salida para evitar una pérdida de sus puestos de trabajo o de sus beneficios o como respuesta a una acción reiterada de maltrato de las condiciones como trabajadores y personas, que la de tomar la empresa y ponerla a producir para cubrir sus necesidades. Depende de la dirección política el que este nivel de conciencia se combine y de un salto cualitativo para entender que están entrando en el campo de la lucha política contra el patrón particular y contra la burguesía en su conjunto, donde ellos se asumen como “controladores” de los medios de producción y son capaces de ordenar la producción de acuerdo a sus necesidades y no a las del patrón y que ello debe extenderse al conjunto de la economía.

En este camino, los trabajadores involucrados en la lucha concreta por el control obrero, deben ver su pelea como parte de la del conjunto de la clase, y la cual debe ser solidaria como parte de la relación dialéctica de fortalecer al conjunto de la clase para fortalecerse ella misma como clase, que ha dado un paso adelante por sobre la lucha reivindicativa, para defender sus propios intereses reivindicativos a la vez que avanzar en la lucha contra el capital y su propiedad privada de los medios de producción, sea este privado o del estado burgués.

La clase no se plantea la lucha por el control obrero para sacrificar sus intereses en aras de salvar la empresa para el capitalista o el capitalismo. Ella está dispuesta a realizar los más ingentes sacrificios pero para alcanzar su liberación del yugo del capital y no para servirle para su propia sobre explotación. Allí están los obreros de Sanitarios Maracay que duraron 9 meses luchando para levantar la producción, manteniendo una parte de sus beneficios contractuales y a la vez beneficiando a comunidades educativas o vecinales a través de la venta de productos a menor precio que el ofertado por el capitalista. Todos los sacrificios que realizaron fue producto de decisiones tomadas democráticamente en Asambleas de trabajadores, con planes elaborados por ellos y no por el patrón. El patrón no tenía ni arte ni parte en esas decisiones.

El quiebre de la lucha se dio por la conjugación de las fuerzas del dueño de la empresa, aliado con un sector de la burocracia sindical encabezada por Marcela Máspero y la determinación del gobierno de acabar con una experiencia que se contraponía al “control obrero” que impulsaba e impulsa en algunas de las empresas pasadas a manos del estado, más una relativa débil solidaridad por parte del conjunto de las direcciones sindicales y políticas del movimiento obrero.

En las experiencias desarrolladas en las empresas del estado, el llamado control obrero se desarrolla desde el estado burgués, bajo planes, cuando existen, elaborados externos a la clase y siempre su tutela. Aquí no se puede hablar de control obrero sino de la política de Calidad Total, que también desarrolla la participación de los trabajadores en la toma de decisiones para elevar la productividad, pero donde las orientaciones de la empresa, la decisión del reparto de la plusvalía no la toman estos sino los dueños de las empresas, tal y como sucede en las empresas básicas. Los trabajadores opinan y deciden sobre los procesos productivos, se les plantea ser tomados en cuenta en cuanto a la comercialización de los bienes producidos, pero no tienen ningún poder para elegir a los presidentes de las empresas y la alta gerencia, ni tampoco sobre el reparto o distribución de la plusvalía, incluyendo el pago de los beneficios laborales conquistados. En la calidad total, los trabajadores solo son carne de cañón para aumentar el enriquecimiento a corto o mediano plazo del patrón, pero laborarán “felices” pues toman algunas decisiones para mejor auto explotarse.

ALCASA y las ilusiones democrático burguesas

Viejos compañeros de lucha por el socialismo, hoy ubicados en las filas del PSUV se han olvidado por completo de la teoría aprendida en el pasado sobre la naturaleza del estado y de los gobiernos. Se han olvidado incluso de la historia del movimiento obrero y su rica experiencia de los Consejos Obreros y la praxis del Control Obrero.

A la hora de desarrollar su experiencia se han olvidado que los revolucionarios, si bien tenemos que aprovechar las contradicciones surgidas en el campo de la burguesía, tenemos que mantener una política de independencia de clase que le permita al movimiento obrero avanzar sobre el patrón particular que se combate, pero también sobre el conjunto de la burguesía y del capitalismo mismo levantando las banderas socialistas de la clase. No se puede poner confianza en un sector de la burguesía y de sus operadores políticos para que nos ayude a derrotar a otro sector de su clase para fortalecer las posiciones de los trabajadores. Hay que recordar que ningún sector burgués está en disposición política de apoyar el fortalecimiento de la clase obrera en detrimento de la sagrada propiedad privada de los medios de producción. La burguesía le tiene más miedo, a la clase obrera que a cualquier sector de ella misma, pues al fin y al cabo, las peleas interburguesas son por el reparto de la plusvalía y en esa pelea siempre hay una posibilidad de negociar para ver quien se queda con la mayor parte de la “torta”, pero en la pelea contra el proletariado, el interés de este es quedarse con la propiedad de toda la “torta” para poder eliminar la explotación del hombre por el hombre y aquí toda la burguesía sale perdiendo todo. Es tanto el terror de la burguesía a cualquier experiencia fantasma de “control obrero” que la vemos actuando contra siquiera la participación minoritaria de los trabajadores en la gerencia de las empresas pasadas a manos del gobierno. Cada palmo de participación se ha convertido en una verdadera batalla campal donde el autoritarismo y los despidos han sido la tónica junto a las desmejoras contractuales y el desconocimiento de los sindicatos.

En ALCASA, Dennys Sucre, miembro del colectivo control obrero de la empresa, señala que el control obrero solo será posible con la derrota de José Gil máximo dirigente del sindicato de la empresa y miembro de la FSBT y del equipo del antiobrero gobernador del Estado Bolívar Rangel Gómez, afirmación con la cual estamos totalmente de acuerdo por representar Gil y su corriente sindical a un sector de la Burocracia que activa defendiendo los intereses del capital transnacional, pero lo que no queda claro es si Dennys espera que esa derrota se la propinen los propios trabajadores de ALCASA, o que sea el gobierno central el que resuelva a favor de la clase y un proyecto de verdadero Control Obrero.

Desde nuestro punto de vista, el tener claro el hecho de que solo los trabajadores manuales e intelectuales de ALCASA, bajo la dirección de una Dirección política socialista revolucionaria que impulse - fortalezca la participación organizada de los trabajadores, desde cada departamento o área, bajo las banderas reivindicativas y políticas de la clase, es capaz de derrotar la política entreguista de José Gil y el equipo de la FSBT aupada desde la Gobernación del Estado Bolívar y desde espacios del propio gobierno nacional. Cualquier duda en este sentido es un craso error que conducirá a la clase trabajadora por caminos de derrota.

La claridad del papel que deben jugar los trabajadores tiene que extenderse al papel de primer orden que ha jugado el patrón (gobierno nacional) que ha permitido la actuación manos libres contra los trabajadores. Es responsable del deterioro que viven todas las empresas del estado en el estado Bolívar, producto de la política desarrollada, pues es quien ha aprobado las orientaciones de funcionamiento de las mismas; ha colocado todas y cada una de la presidencias y gerencias de las mismas y de la CVG. No decirlo de manera clara es tratar de tapar el sol con un dedo, lo que haría un gran favor a la oposición burguesa a Chávez que está de frente contra todo lo que huela a Control Obrero y nacionalizaciones. Es alimentar unas ilusiones donde los primeros perjudicados son los propios trabajadores.

La combinación dialéctica de las tareas

Los militantes socialistas revolucionarios y los activistas clasistas en el seno de la clase obrera no pueden seguir cometiendo el gran error de abandonar los intereses reivindicativos de la clase en función de un hipotético Control Obrero. Eso es dejar el camino libre para que la burocracia roja rojita y la burguesa oposicionista o aliada a Chávez, se nos cuelen entre la empalizada, tal y como lo hizo Gil en el último paro. No actuar en defensa de los intereses reivindicativos de los trabajadores es restarle una pata a la praxis de un verdadero control obrero, pues aunque los trabajadores participen en la recuperación de la empresa, en ALCASA y VENALUM está lejos de “realizarse” bajo un verdadero método de “control obrero”, aparte de que estas le pertenecen a un estado burgués y por lo tanto funcionan para enriquecer a la clase explotadora y no para beneficiar a la clase generadora de toda riqueza. Esto está claro para el conjunto de la clase y por lo tanto no van a realizar sacrificios de manera voluntaria, a sabiendas que la burguesía y sus operadores políticos acumulan privilegios y capital a sus costillas. No se van a prestar de manera sumisa a realizar sacrificios cuando las decisiones centrales son tomadas muy por arriba de ellos, incluso por arriba por la gerencia que fue colocada a dedo por el presidente de la República , después de una consulta realizada hasta ciertos niveles de privilegiados políticos.

El propio vicepresidente Elías Jahua, decía días atrás que el de Chávez es un gobierno integrado por pequeño burgueses y añadimos, que defienden una constitución donde se privilegia el capital privado. Como muestra de lo afirmado por nosotros de cómo el gobierno actúa a favor del capital, aún se diga que es a favor del pueblo, allí está la Misión Vivienda donde el presidente Chávez anunció que le devolvía a la banca recursos millonarios que estaban en el BCV como fondos de garantías de depósitos, para que los invirtiesen en la construcción de las viviendas para la Misión Vivienda. Es decir, se les dio miles de millones para que hicieran ganancias capitalistas. Otra es la exoneración de pago de impuestos a los sectores que invierten en la agricultura también anunciado por Chávez, a lo que nos preguntamos ¿y quienes son los que en el agro pagan impuestos, sino algunos medianos y grandes capitales. Es decir se les exonera de pagar impuestos al sector que más aumenta los precios en el país de acuerdo a las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela. Eso es simplemente más dinero para el que gana más y esto lo ven los trabajadores.

Una política de exigir sacrificios a los trabajadores, como la impulsada por Elio Sayago presidente de ALCASA y el equipo de Control Obrero, no va a unificar a los trabajadores haciéndolos partícipes animosos de ningún “control obrero”, sino que va a profundizar su división echando hacia el lado de la burocracia roja rojita del FSBT, pues no sienten que de verdad están laborando en su beneficio, sino en los de una voraz burguesía y burocracia gubernamental que le sirve fielmente.

Impulsar los derechos reivindicativos de la clase, los de la contratación colectiva, los de la autonomía e independencia sindical, impulsar la democracia sindical, conjuntamente a un verdadero control obrero de las empresas, donde los trabajadores decidan desde la elección de todos los cargos de la plana gerencial de las empresas, hasta los planes de producción, mantenimiento, ampliación, comercialización, etc. y ampliemos a la solidaridad activa con las luchas obreras y populares, son tareas indeclinables e impostergables a desarrollar desde las empresas estatizadas, como parte de las que hay que cumplir hacia la construcción de un gobierno obrero y popular en una Venezuela socialista sin patronos, burócratas ni corruptos

Una nota más sobre el control obrero

Durante la paralización de ALCASA, la gerencia y el grupo Control Obrero denunciaron como José Gil se había atribuido la potestad de trancar los portones de la empresa y era quien decidía quien entraba y quien no. Hoy, nuevamente José Gil y su equipo, luego del referendo impulsado por él, ha decidido tomar las oficinas del presidente Elio Sayago. Ante esta situación hemos leído que los sectores que se reclaman del Control Obrero y otros revolucionarios en vez de aplicar métodos de democracia obrera y formar brigadas de orden y de autodefensa, dado el caso, integrado por los propios trabajadores, se consuelan con pedirle ayuda al gobierno para que “ordene la pea” sin tomar en cuenta la actitud más que parcializada que han asumido los diferentes organismos de gobierno.

Esta situación refleja varias cosas

1.- Que los compañeros del equipo de “Control Obrero” no tienen apoyo en la clase y por lo tanto no pueden garantizar el orden en la empresa.

2.- Que los compañeros del equipo de “Control Obrero”, teniendo apoyo mayoritario en la clase, no tienen confianza en los trabajadores para implantar la necesaria disciplina laboral, por lo que prefieren confiar en el gobierno para imponer el orden, a pesar de que hasta ahora, quien ha demostrado tener el apoyo activo de un sector del gobierno y pasivo del otro es José Gil.

3.- Que los compañeros del equipo de “Control Obrero” aún teniendo apoyo en la mayoría de los alcasianos y conociendo planeamientos de independencia política, no quieren aparecer como muy radicales ante el gobierno que les ha dado cargos gerenciales, organizando brigadas de orden y autodefensa y enfrentar con métodos proletarios a quienes atentan contra la clase y así no perder la confianza que este ha puesto en ellos para reflotar la empresa.

Ricardo Galíndez es militante de la Corriente Socialista Revolucionaria – El Topo Obrero.