La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) ratificó hoy su decisión de convocar a la construcción de un paro nacional con movilizaciones y corte de rutas en todo el país en el mes de abril, para señalar con toda claridad al poder que los trabajadores no vamos a pagar la crisis.
Por Pablo Gramajo, Pedro Herrera y Andrés Figueroa Cornejo
Las medidas antipopulares impuestas desde el gobierno nacional hasta las provincias en un territorio federado y de contrastes asombrosos, manifiestan la receta ‘para crisis mundiales en países dependientes’, donde los que mandan súperviven de sus rentas a cuenta del empeoramiento de la vida del pueblo trabajador. El capitalismo narco-financiero realmente existente de una Argentina golpeada por los efectos de su condición primario-extractiva, una inflación estelar, déficit fiscal, deuda pública y externa que urge dólares a como dé lugar y la corrupción, edifican su malestar social. La distancia entre los relatos interesados de las distintas facciones partidistas, tanto en el Ejecutivo como en la oposición, y la vida real del pueblo argentino ameritan una biblia de contradicciones salvajes. Queda como deuda y entrega capitulada.
El 14 de marzo, en la Ciudad de Buenos Aires, se realizaron dos movilizaciones que signan y resumen parte sustantiva de los dolores sociales de Argentina. Los docentes, estudiantes, madres y apoderados, y universitarios impugnaron al gobierno metropolitano del empresario y ultraliberal, Mauricio Macri (uno de los pre candidatos a las elecciones presidenciales de 2015) por el cierre arbitrario de, hasta ahora, 221 cursos en establecimientos de la educación pública. En Buenos Aires, poco más de la mitad de la educación escolar es privada (es decir, tiene objetivos gananciales particulares) y el 49 % es pública.
También, el mismo día, los asalariados agrupados en la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) efectuaron una marcha masiva debido a la precarización del trabajo y de la vida en todos sus ámbitos. El pueblo organizado anuncia desde abajo el retorno de sus fueros.
LOS SUJETOS SOCIALES DE LA EDUCACIÓN CUESTIONAN LA GOBERNABILIDAD
Entrevistada por Mariane Pécora, la destacada especialista en educación del país, Susana Vior -Profesora de Política Educacional en el Departamento de Educación y directora de la maestría en Política y Gestión de la Educación en la Universidad Nacional de Luján, y autora de numerosos trabajos al respecto-, señala que hoy “la escuela perdió su capacidad integradora de grupos sociales diferentes. Históricamente, la escuela atemperaba las diferencias sociales porque a la misma escuela iba el hijo del médico, del obrero o del comerciante. Y eso generaba no sólo vínculos personales muy fuertes; también permitía la experiencia de descubrir qué tenemos en común como seres humanos los integrantes de una sociedad. La escuela ha perdido todo eso. Creo que los sectores que detentan el poder han perdido de vista el papel fundamental de la escuela como instrumento de integración social”, y añade Vior acusando la miopía de la casta política tradicional que “sin integración social no hay gobernabilidad posible. Porque quieras o no, más temprano o más tarde, los conflictos sociales surgen. Y surgen con las características de enfrentamientos muy tremendos.”
Por su parte, Santiago, delegado sindical de los educadores de la Ciudad porteña dirigida por el millonario, representante de los intereses de la minoría gran propietaria y cabal fundamentalista neoliberal, informa que “su proyecto es dejar a la escuela pública sólo para los sectores más marginales y empobrecidos de la población, y a los docentes, trabajando en condiciones salariales, laborales y de infraestructura patéticas. Lo que hace Macri es fortalecer cada vez más la enseñanza privada. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, la educación particular tiene un subsidio de $ 1600 millones de pesos (US$ 367 millones de dólares). Estos son los lineamientos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que han acatado no sólo los gobiernos de la Ciudad, sino que las provincias y la administración central de la casa Rosada. El gobierno nacional sigue sosteniendo un Estado sin escuelas. No financia a las escuelas, ni paga salarios. Si se hiciera cargo del mantenimiento de las escuelas, sus aspectos materiales estarían mucho mejor. La provincialización de la educación se basó en medidas antisociales que no se retrotrajeron jamás, bajo ninguna gobierno hasta ahora.”
Mariana Scayola, maestra de 3ER grado de una escuela de primaria del barrio Almagro dice que en su establecimiento “quieren cerrar dos grados completos. Eso significa que hay que armar cursos de 30 o más alumnos. Pedagógicamente, el fenómeno lesiona la atención personalizada a los niños. Y se trata de chicos y chicas que demandan una atención más concentrada y laboriosa. El gobierno ordenó que un curso con más de 15 estudiantes debe, obligatoriamente, fundirse con otro. Macri mandata el mínimo de alumnos por aula, pero no el máximo. Habrá 140 docentes despedidos en la Capital, por el momento.
-¿Cuál es la diferencia con la privada?
“En la escuela pública, los chicos no son clientes, no está el dinero de por medio. En las escuelas privadas, hay cursos de 40 alumnos porque eso suma más cantidad de mensualidades para el propietario del colegio. No les importa si el niño aprende o no. En la escuela pública no tenemos ese problema, obviamente. Lo único que nos interesa es que los chicos aprendan. Yo he trabajado en escuelas privadas y ahí hay que hacer ‘cosas para mostrarle’ a las madres, padres y apoderados con el fin de retener la matrícula. Incluso mentir sobre la situación de sus hijos. En las escuelas privadas el director más parece un gerente comercial que un conductor pedagógico.”
Desde el Sindicato de la Ciudad allegado al gobierno deCFK, Matías Woiciechowski, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), que junto a otros representantes de esa organización magisterial hacen guardia en una carpa frente a la jefatura de gobierno de la Ciudad “exigiendo a Mauricio Macri que no cierre ningún grado más. Ello redunda en chicos sin escuela y docentes sin trabajo. La escuela pública es inclusiva, no cobra derecho de admisión. La privada diferencia por el monto de la cuota que cobra, por alguna confesión religiosa, etc. La gente se pone la camiseta de la escuela pública.”
Manuel Gutiérrez, dirigente del la organización de docentes más independiente del Estado, el gobierno y el empresariado, la Asociación de Educadores de Enseñanza Media y Superior (Ademys), pero que también integra en sus filas a las maestras y maestros de primaria, dice que el cierre de 221 cursos “tiene como fin desmantelar la escuela pública a favor del mercado y los privados. Pero es preciso, por el contrario y objetivamente, abrir escuelas. La escuela privada está limitada por cuestiones económicas, y es excluyente desde el punto de vista religioso. Sólo la escuela pública garantiza la pluralidad, la amplitud de criterio para una formación democrática. Y la excelencia académica sólo puede entregarla la educación pública. No por nada, los países desarrollados del mundo cuentan con un sistema de educación pública nacional, laica, gratuita y universal. La enseñanza pública es la base para la construcción de una sociedad igualitaria y libre.”
María Laura Frecha, es también representante de Ademys(http://www.rebelion.org/noticia.php?id=139594).
-¿Por qué una madre, un apoderado, debería optar por la educación pública en vez de la privada?
“Porque la pública es de mejor calidad. No sólo las niñas, niños y jóvenes tienen acceso a mayor cultura, al contacto con otros saberes. El egresado cuenta con un pensamiento reflexivo y no dogmático de la realidad. Es y será un mejor trabajador, un mejor ciudadano, con más oportunidades de elegir y desarrollarse. En cambio, la educación privada siempre tiene un sesgo ideológico estrecho, lo que limita sus posibilidades en la vida.”
-Pero la educación es un tema país, y aquí en la marcha sólo se observan actores del mundo escolar, docentes, apoderados, alumnos, universitarios…
“El Estado tiene que responsabilizarse de la enseñanza para su mejoramiento material y de infraestructura. Entonces la lucha por su defensa debe involucrar al conjunto de la sociedad. La enseñanza pública no está al servicio de intereses particulares, como la privada. Está destinada a la formación integral de futuros hombres y mujeres cuyos conocimientos son útiles al desarrollo y prosperidad general del país. Sin un sistema nacional y público de enseñanza, no hay porvenir para la Argentina que todos soñamos.”
Sólo en la escuela 2 del Distrito 7º, Francisco Herrera, ya han cerrado 11 cursos, es decir, la mitad del establecimiento.
EL AJUSTE, LA MEGAMINERÍA, LA LEY ANTITERRORISTA
El 14 de marzo, la Central de Trabajadores de Argentina convocó a marchar masivamente por la Av. 9 de julio y Corrientes hacia el Ministerio de Trabajo, en repudio a los ajustes económicos que vienen ejecutando Gobierno Nacional y por la derogación urgente de la ley antiterrorista.
Miriam Liempe, mapuche, del área de Relaciones con las Comunidades de la CTA notifica que “como pueblo originario estamos participando, porque lo que ocurre en este territorio nos pasa a todos. Hoy estamos marchando para que el ajuste no lo pague el pueblo, ni los más marginados, y para que se derogue la ley antiterrorista”.
-¿Qué impacto tiene la sancion de la ley antiterrorista, en relación a la lucha de los movimientos?
“Para los pueblos originarios la represión se agudizado. Antes de que aquí se implementara la ley antiterrorista, para entenderla mejor, mirábamos a Chile, como al pueblo mapuche se le perseguía brutalmente. Pero nunca imaginamos su aprobación en Argentina, ya que hay un gobierno que luce en el concierto internacional la bandera de derechos humanos. Existe una contradicción entre lo que dice y lo que hace. Con el agravante que no se visibiliza en los medios.”
Pablo de Micheli, Secretario General de la CTA añade que “hay un desafío de construir un paro nacional, con una movilización a Plaza de Mayo en compañía protagónica de todas las fuerzas del campo popular. Nuestro rol es defender con hechos la reivindicación de los trabajadores y trabajadoras del país”.
-¿Qué efectos comportaría la ley antiterrorista en relación a estas reivindicaciones?
“La ley antiterrorista sirve para controlar y perseguir la lucha social. Hemos salido a la calle y lo seguiremos haciendo hasta que se anule semejante atrocidad porque los únicos portadores de la violencia y de terrorismo son los que generaron esta ley y no los luchadores y el pueblo argentino.”
Finalmente, Anabel Melnik, de la Coordinación de Asambleas del pueblo expresa que la marcha “es por la injusticia de lo que se paga a las cooperativas, el ajuste, lo que está pasando con los trabajadores, por todo lo que se viene este año, por las paritarias que se cierran, la inflación, los colegios que se cierran, por la minería a cielo abierto, crimen de lesa humanidad. Es la única herramienta de lucha que tenemos, ya que el gobierno ha empezado un combate contra nuestro pueblo”.
LA TRAMPA Y LA VOLUNTAD
Arnaldo Ernesto del sindicato de Agentes de Propaganda Médica (APM) que trabajan en laboratorios farmacéuticos, comunica que “estamos en plan de lucha para conseguir el 82% móvil. Las empresas farmacéuticas siguen ganando millones y millones de dólares sin hacer participar a la gente de sus ganancias pero si de sus pérdidas”.
El sindicalista añade que “somos más 6 mil trabajadores en todo el país. Nuestra demanda es una paritaria libre (negociación colectiva) sin piso ni techo para poder llevar nuestro salario al lugar donde deben estar, Los empresarios nacionales e internacionales deben dejar de extorsionar a los trabajadores con políticas de aprietes y reivindicar nuestro trabajo”
Ricardo Peidro: Secretario adjunto de la CTA dice que “no queremos topes en las paritarias como los quieren las patronales. Luchamos para que se derogue el impuesto a las ganancias. El salario no es ganancia. Ese impuesto es totalmente regresivo”.
El dirigente nacional apunta que “respecto de las asignaciones familiares, queremos unificarlas especialmente por hijos. Hay una diversidad muy grande y compañeros que perciben poco más de de 5 mil pesos de salario (US$ 1140 dólares mensuales) que no cobran esas asignaciones familiares”.
A su vez plantea que en los programas de inserción laboral como el “Plan Argentina Trabaja”, “puedan discutir paritarias, y no solamente aumento salarial sino también que se discutan condiciones de trabajo, seguridad social, obra social.”
Laura Albornoz trabaja en ese plan gubernamental. Ahí realiza labores de limpieza y dice que “pedimos aumento en la cooperativa. Estamos recibiendo 1200 pesos al mes (US$ 275 dólares). Pero ese sueldo sólo alcanza para comprar un kilo de carne por día, ¿y las demás cosas? Queremos un salario que nos alcance para vivir.”
Respecto de los planes de inserción laboral en los municipios donde se han implementado, se ha utilizado a la gente como rompehuelgas. Luis Gómez es empleado de la municipalidad de Quilmes, trabaja en el área de alumbrado público y asegura que “en los municipios ocurre que no se equipara la justicia social entre los trabajadores. Están los que entran por afinidad política y los que vienen trabajando de planta desde hace mucho tiempo en los municipios. Ellos están con un sueldo bastante ‘groso’, mientras que los empleados municipales estamos con un sueldo básico para abajo. Y como ellos entran con una cantidad de gente bastante grande y los contratan, entonces nos dividen. En cuanto a las cooperativas vienen a cumplir una labor de rompehuelgas porque al no comprender el trabajo que realizan a través de ellas, obedecen al mandato del puntero político que los convoca sin saber cuáles son los derechos y obligaciones que se tiene. Están sometidos a hacer trabajos allá o acá sin saber si tienen obra social o no.”
Cuando desean canalizar su reclamo mediante una huelga “ellos salen con la gente contratada por los partidos de arriba. Esos trabajadores, como no tienen interés de hablar de paritarias, salen igual a trabajar por la necesidad que hay. Está organizada la política de esa manera en casi todo el cono urbano”, aclara Gómez.
Consultado sobre el ambiente laboral en ese escenario, Luis Gómez expresa que “cuesta mucho mantenerse en ese clima. Tiene que haber mucha lucha, concientizando a los compañeros de reclamar lo que es justo, de lo que corresponde.”
Convocadas por la CTA, la CCC y Barrios de Pie, más de 10 mil personas marcharon esta tarde desde el ministerio de Desarrollo Social al de Trabajo bajo la consigna “No al ajuste”. Se calcula que en las movilizaciones del resto del país participaron más de 300 mil compañeros y compañeras. “En este camino los invitamos a construir juntos el paro nacional que hay que hacer en este país”, dijo Pablo Micheli en su discurso de cierre frente a la cartera laboral.
Por Santiago Lupe
CIENTOS DE MILES DE NUEVOS PARADOS “Amnistía patronal” para el despido libre y barato
De manera general se rebaja la indemnización para los despidos improcedentes de 45 días por año trabajado a 33.
Pero lo más sangrante es que se convierte en “procedentes” casi todos los futuros despidos en los próximos años. Bastará con que la empresa alegue pérdidas, caída de ventas o de ingresos, durante tres trimestres para que pueda echar a los trabajadores que considere por 20 días. En los próximos años de recesión y crisis será difícil que alguna empresa no cumpla algunas de esas tres condiciones.
Gracias a la última reforma laboral del PSOE de esos 20 días el empresario puede pagar sólo 12, y los otros 8 el FOGASA. Es decir gracias al PP y al PSOE se iguala a fijos y precarios, pero a la baja. Al empresario le saldrá a 12 días despedir a uno y a 8 al otro.
ERE´s express
Cuando un empresario quiera despedir al 10% de su plantilla podrá hacerlo acogiéndose a las mismas razones que el despido procedente. Pero además lo hará sin negociación alguna con los sindicatos. El previo acuerdo sindical y la autorización de la Administración laboral de los ERE´s quedan anulados.
Estas medidas también podrán aplicarse sobre los 700.000 trabajadores públicos laborales y los 150.000 trabajadores de empresas públicas. El PP deja claro por donde quiere seguir metiendo la tijera presupuestaria.
Enfermos y poco productivos, a la calle!!!
También los trabajadores que se consideren poco productivos o que tengan una alta tasa de ausentismo (por más que esté medicamente justificada) podrán ser despedidos procedentemente. Concretamente a partir de 9 días en dos meses. Además ni siquiera en sectores insalubres o con alto índice de lesiones (cadenas, química, basuras...) se tendrá en cuenta la media de ausentismo del sector.
BAJADA GENERALIZADA DE SALARIO Y DERECHOS Se liquidan los convenios colectivos, todos al Estatuto de los Trabajadores
El PP nos lleva de vuelta a la oscura España de los 50, la anterior a la Ley de Convenios Colectivos del Franquismo de 1963.
Las PYMES (el 98% de las empresas) podrán imponer a sus trabajadores convenios de empresa peores que los provinciales o estatales. Es decir un patrón reúne a sus decenas -en el mejor de los casos- trabajadores y les dice, o aceptáis estas rebajas, o mirar toda la batería de posibilidades que tengo ahora para dejaros en la calle por la vía rápida y barata. Los cientos, miles de empresas (sobre todo PYMEs), sin Comité de Empresa ni delegados, están literalmente a la suerte del patrón, casi relaciones individuales de explotación. El único límite lo marcará el Estatuto de los Trabajadores y el Salario Mínimo.
Para las empresas con más tradición sindical o convenios mejores que el provincial, normalmente las más grandes, se imponen otras medidas. La primera es facilitar que el patrón pueda dejar de cumplir el convenio unilateralmente, es decir convertirlo en papel mojado. La otra es que hasta ahora si un convenio no se renovaba seguía vigente el anterior. Esto daba cierta posición de ventaja a los trabajadores, pues contábamos con un suelo de conquistas garantizado (las acumuladas durante años) a los que no teníamos porque renunciar. Si el patrón no quería otro convenio que por lo menos las respetase seguíamos con el viejo. El problema es que un convenio bloqueado suele implicar que las tablas salariales no se renuevan y tu sueldo queda congelado (esa era el arma de presión de la patronal para pedir recortes de condiciones, que sobre todo para los trabajadores nuevos o precarios, muchos dirigentes sindicales han aceptado alegremente estos años). Ahora la correlación de fuerzas cambia drásticamente. Si el convenio no se renueva en dos años deja de ser válido -ZP ya había adelantado algo en este sentido, con su reforma había resuelto que dictaría un laudo arbitral- y se pasa al de nivel superior (si era provincial, al estatal y si era estatal.... al Estatuto de los Trabajadores y el Salario Mínimo!!!). Una pistola en la cabeza de los trabajadores para que “o renuevas tu convenio con las condiciones que quiere el patrón, o lo pierdes todo”. Todo un ataque a los convenios con más derechos adquiridos, los de las grandes empresas y sectores con más tradición sindical (automóvil, metal...).
La juventud trabajadora, carne de cañón para las PYMEs
El contrato para jóvenes es quizá una de las cuestiones más enervantes. Aprovechándose del 50% de paro juvenil el PP quiere que las PYMEs puedan hacer uso y abuso de este verdadero “ejército de reserva”.
Se facilita el acceso de modo esclavista a este sector de la clase trabajadora vendiéndonos casi a “precio de coste”. Se inventan un contrato para las PYMES de menos de 50 trabajadores (el 95% de las empresas) en el que al empresario le salimos casi gratis. De entrada si contrata a un parado menor de 30 años le sueltan 3000 euros de ayuda directa, más descuentos en las cotizaciones a la seguridad social que pueden llegar a 3.600 euros, más una rebaja de las cotizaciones al desempleo del 50%... lo que no aclara la reforma es si el primer día de trabajo nos harán salir de una tarta, porque somos un regalazo. Pero lo peor son las condiciones en que nos obligan a trabajar. O bien con un contrato de aprendiz (cobrando el 60% del salario) o bien con este nuevo contrato que: el patrón te paga el 75% del salario, el otro 25% te lo pagas tú de tu prestación de desempleo no consumida (si luego te vas al paro, te las arreglas). Durante el primer año estás a prueba, es decir tu coste de despido es cero. ¿Y cuanto duran estas ventajas para el patrón? Qué casualidad!!! Un año.
Los parados a trabajar gratis para la Administración...
Se ponen en marcha toda una serie de medidas para criminalizar y perseguir a los parados que cobran el subsidio de desempleo u otra prestación. Se trata de hacer uno de este “ejército de reserva” y disminuir el coste de las prestaciones por desempleo para poder seguir pagando los intereses de la deuda a la banca y los mercados.
El refuerzo de las inspecciones contra el fraude fiscal que cometen anualmente muchos “grandes de España” tendrá que esperar. Eso sí, para acabar con el parado que se busca la vida, que hace alguna “chapuza”... para eso no se escatimará en medios. Nos gustaría ver a Rajoy y sus ministros sobreviviendo con 420 euros al mes como tienen que hacer cientos de miles de familias. Además se impone la oferta de empleo obligatoria, con la que el parado perdería su prestación si rechaza 3 empleos ofrecidos por el INEM o una ETT, más allá de que el puesto de trabajo ofrecido le haga reducir sus ingresos mensuales.
Y por si esto fuera poco se quiere obligar a los parados con prestación a realizar trabajos a “la comunidad”, mediante conciertos con las administraciones públicas. ¿Qué quiere decir esto?, que muchas labores de mantenimiento, jardineria, cuidado de menores, de mayores... que hasta ahora desempeñan de forma remunerada trabajadores públicos, posterior a su despido -que se está dando en masa en ayuntamientos y comunidades- pasarán a realizarlo trabajadores de manera gratuita.
… a morirse de hambre
Pero además al enfocarse un aspecto de la Reforma en poner a trabajar, aún en las peores condiciones, a los parados con prestación o subsidio, aquellos que ya la han agotado, es decir que no cobran nada, serán los últimos de la fila para poder acceder a alguno de estos trabajo basura. Es decir la situación para aquellos que se encuentran inmersos o al borde de la más absoluta pobreza se hace cada vez más difícil. Esta reforma promete incrementar el número de personas sin hogar, por debajo de la línea de la pobreza, desnutrición infantil... Y sigue...
La reforma sigue con otros regalos a la patronal. 4500 euros por cada parada mayor de 45 años contratada, 4200 si es varón, 50% de bonificación en las cuotas empresariales para los 240 primeros días de ERE temporal... El ataque deja pequeña cualquier reforma laboral anterior, ni la del 94, ni la del 97 que abrieron paso a la precariedad laboral que conocemos, ni la de 2002 que se echó atrás parcialmente (cuyas medidas más sangrantes están contenidas como un capitulito de ésta)... En cosa de dos años los costes laborales en el Estado español van a caer el 25-30% que demandaba hace unos meses el FMI, vamos hacia una pauperización acelerada que va a dejar pequeña la vivida en estos 4 años de crisis.
¡¡¡Fuego a discreción!!! Esa ha sido la orden dada por el Gobierno de Mariano Rajoy en sus primeras semanas de Gobierno. Entró pisando fuerte, con un recorte de 16.000 millones, pero ya advirtió que eso sólo era el aperitivo. Y ahora, con la nueva reforma laboral, se dispone a atacar contundentemente a todos los sectores de clase trabajadora. Una liquidación de derechos adquiridos que deja pequeñas todas las reformas anteriores -las de González, Aznar y Zapatero- porque supone casi un retorno a las relaciones laborales del Franquismo más oscuro, el de los años ‘50. Gran parte de las conquistas arrancadas con huelgas, manifestaciones, presos y muertos, tanto a la Dictadura como a los primeros Gobiernos de la Monarquía, se pretender liquidar de un plumazo. Se reinstaura una total arbitrariedad patronal para imponer las condiciones de trabajo y un despido libre y barato, convirtiendo los Convenios Colectivos en papel mojado y proclamando una verdadera “amnistía” para el despido, que mientras dure la crisis será prácticamente siempre procedente. Volvemos a una situación laboral parecida a la anterior a la Ley de Convenios Colectivos franquista de 1963.
Un plan que aunque lo lleve adelante el PP cuenta con el respaldo de las burguesías periféricas –la catalana y la vasca sobre todo a través de sus partidos históricos, PNV y CiU–, el Rey –que ya nos pedía “sacrificios” en el discurso navideño– y va en la línea de la “obra” iniciada por Zapatero –más allá de la oposición demagógica que va a hacerle el PSOE–. Y por supuesto, cuenta con el beneplácito de la UE, Merkozy, el FMI y el BCE, la actitud de “alumno” que enseña los deberes al maestro del Ministro de Economía Guindos con el Comisario Europeo de Asuntos Económicos fue buena muestra de ello.
Con todo ello el Gobierno de Rajoy se siente presionado a la vez que fuerte. Por un lado aún respira su reciente victoria electoral, y por el otro, no tiene una oposición seria enfrente, ni política –al PSOE le falta atravesar su travesía por el desierto, no exenta de crisis, como se ve ahora en Andalucía– ni sindical –el desprestigio de los Toxo y Méndez es un “activo” que quieren aprovechar–. Esto se ve también en que, a la vez que aumenta la guerra a los trabajadores, empieza a abrir fuego contra derechos democráticos como el aborto o mantiene su ofensiva en defensa de la memoria del Franquismo bien activa, como se ha visto con el proceso y la sentencia contra Garzón. Más allá del currículum de este juez, nada apegado a la defensa de los derechos humanos –basta ver su historial contra la izquierda abertzale–, esta victoria de la derecha post-franquista señala cómo el Régimen del ’78, a la vez que avanza sobre los trabajadores y el Estado del bienestar, sella a cal y canto la impunidad de los crímenes de la Dictadura y blinda a los políticos corruptos. Y es que las continuidades con la Dictadura se hacen cada vez más patentes. Y esto lo demuestra que el “jefe superior de policía de la Comunidad Valenciana. Antonio Moreno debía saber de lo que hablaba, no en vano trabajó desde finales de 1975 hasta 1977 en el grupo de estudiantes de la Brigada Político-Social a las órdenes del inspector jefe Benjamín Solsona!” (“Libros frente a una policía en retirada”, El País).
La brutal represión en Valencia, convirtiendo la ciudad durante varios días en una “caza al estudiante” es una muestra de cómo va a tratar de hacer pasar sus planes sobre los luchadores. Devolviéndonos a las imágenes del NO-DO, recordándonos que los que hoy visten de azul son los herederos de los “grises”.
El Régimen quiere recortarnos también los derechos y libertades democráticas básicas. Sin embargo las masivas movilizaciones del pasado 19F, con cientos de miles en más de 60 ciudades, que desbordaron las previsiones de la misma burocracia, junto con los conflictos obreros sectoriales en curso (funcionarios, empresas aisladas...), muestran la otra cara de esta situación. Además, las protestas estudiantiles en Valencia, las reacciones de solidaridad y contra la represión en muchas ciudades y las huelgas estudiantiles que se preparan para las próximas semanas, están mostrando que la juventud “indignada” del 15M no se va a quedar de brazos cruzados, y que empieza a retomar masivamente las calles. Los trabajadores y la juventud estamos dispuestos a plantar cara y ponerle fin a una paz social que sólo promete arrastrarnos a una situación cada vez peor, de miseria y pobreza creciente.
El Gobierno, el Régimen y la burguesía española atacan a toda la clase obrera y sus organizaciones
Es un ataque que promete pauperizar brutalmente a la clase trabajadora en los próximos años, ¿cómo?, con mayores aumentos del paro, millones sin prestación por desempleo y una bajada generalizada de sueldos como la que pedía el FMI, de entre un 25 y un 30%. Y para ello vacía de contenido a los comités de empresa, a las secciones sindicales, delegados... es decir trata de barrer con las organizaciones de los trabajadores. Sin declararlas “ilegales” como en la Dictadura, pretende que desde ahora el patrón pueda hacer y deshacer por su cuenta salarios, condiciones, etc.
Parafraseando a Bertolt Brecht podríamos decir que primero vinieron a por los inmigrantes sin papeles, después a por los temporales, después a por los subcontratados... ¿y ahora? Ahora no se salva nadie, esta reforma ataca frontalmente a todos los sectores de la clase trabajadora. La juventud que se verá obligada a pagarse un 25% de su salario con su propia prestación al desempleo, los parados que tendrán que trabajar gratis “para la comunidad” y serán vigilados como delincuentes como no lo son todos los grandes evasores fiscales, los trabajadores de PYMEs verán cómo sus patroncillos quieren imponerles convenios de empresa muy por debajo que el provincial o estatal... pero también los sectores con mejores condiciones, trabajadores más mayores, con derechos adquiridos y una mayor sindicalización. Nos referimos a los trabajadores públicos laborales o de empresas públicas, de la gran industria (metal, química, calzado...), del transporte, etc. Los que constituyen el principal pilar de afiliación de los grandes sindicatos. El despido libre y barato a 20 días, el descuelgue de los convenios, los ERE’s exprés, la limitación de la hiperactividad del convenio, pretenden dejar a muchos de éstos trabajadores en la calle y a los que se queden imponerles condiciones a la baja. Cuando el PP hablaba de acabar con las diferencias entre fijos y temporales se refería a esto, a dejar a los trabajadores con mejores condiciones a la altura de un precario cualquiera.
Ahora bien para lograr imponer este retroceso histórico el Gobierno y la patronal son conscientes de que tendrán que hacer pasarla en las empresas y sectores. ¿Y cómo se prepara para ello?, con un estilo Margaret Thatcher, es decir aprovechando la ocasión para llevarse por delante a los propios sindicatos. Los deja sin ninguna atribución reconocible, ni podrán negociar los ERE’s, los convenios que firmen no tendrán apenas valor y los despidos individuales serán casi todos procedentes. Es decir a los trabajadores se nos aboca a una situación de total indefensión legal. Además del recorte aún mayor de algunas fuentes de financiación para las centrales sindicales, como los cursos de formación. Una apuesta arriesgada para la burguesía. El Régimen está debilitando a una de sus patas clave para la contención de los trabajadores, la burocracia sindical. Si cunde el ánimo de resistencia entre los sectores que se vean atacados, se puede terminar reforzando nuestra capacidad de organización y lucha, aunque sin las mismas atribuciones legales, e incluso empezarse a purgar a los dirigentes que han llevado al nivel de parálisis y desprestigio de nuestras organizaciones que ahora quiere aprovechar el PP para liquidarlas. Un posible ascenso obrero, como el que metió en crisis terminal a la Dictadura, no va a tener aparatos sindicales reformistas con la capacidad que tuvieron entonces para imponer un desvío como la Transición.
Frente a las respuestas timoratas e ilusiones reaccionarias en el diálogo de Toxo y Méndez, los trabajadores debemos preparar una respuesta contundente
Aún con este ataque las direcciones de CCOO y UGT siguen sin reaccionar a la altura de las necesidades, lo que muestra el nivel de putrefacción y adaptación al régimen imperialista del Estado español de estas cúpulas. El calendario de movilizaciones que han propuesto es totalmente insuficiente, sobre todo porque al mismo tiempo pretenden sentarse a negociar con el Gobierno. ¿Pero es que acaso se puede negociar una reforma que nos quiere devolver a la década de los ‘50? No es un ataque “matizable”. Es el mayor golpe contra la clase trabajadora en décadas, toda una declaración de guerra, que debería ser respondido con un plan de lucha ascendente y sostenido, que busque derrotarla, conseguir su derogación total. Toxo y Méndez se vuelven a colocar como un obstáculo terrible para que los trabajadores podamos enfrentar los planes de ajuste que los capitalistas y su Gobierno nos quieren imponer. La estrategia de Toxo y Méndez de negociar en el trámite parlamentario nos llevará a nuevas derrotas y estas de carácter histórico. En primer lugar porque en el Parlamento tiene mayoría el PP. En segundo término, porque la burguesía vasca y catalana apoyarán, a través del PNV i CiU. Y, en tercer lugar, porque el PSOE que critica de boquilla, ya avanzó algunos elementos de ésta reforma con la que hizo Zapatero en 2010. Solo la derrota total de la Reforma Laboral nos vale.
Las asambleas informativas que van a convocarse en los centros de trabajo y las movilizaciones previstas para febrero –como las masivas manifestaciones del pasado 19– debemos convertirlas en un trampolín para imponer a estas direcciones traidoras un verdadero plan de lucha que arranque con una gran jornada de huelga general. Por primera vez desde hace muchos, en el 19F se formaron “bloques críticos” por muchos sectores de la izquierda en las manifestaciones de CCOO y UGT, que evidentemente pusieron aún más nerviosas a las burocracias sindicales. Este es el camino que la izquierda sindical y política debe seguir, por lo que es necesario reforzar estos bloques en las protestas, como el impulsado por algunos sectores del 15M, para que, como los medios reconocían de la manifestación de Madrid, se conviertan en un clamor por la Huelga General. A la vez que se producen estas movilizaciones contra la Reforma, miles de trabajadores están luchando de manera aislada, por empresas y por sector. Trabajadores públicos de casi todas las administraciones, obreros contra despidos, como la TEKA o Navantia, contra el incumplimiento del convenio, como los de TMB, junto a los estudiantes, como el PDI y el PAS de las universidades catalanas que harán huelga el mismo 29F. La recomposición del movimiento obrero debe partir precisamente de estas luchas, coordinándolas, unificando sus demandas, organizándose en asambleas, para ganar fuerza contra el Gobierno y las patronales, servir de ejemplo para el resto de trabajadores y a su vez poder construir una alternativa en la “práctica” a la política nefasta de las direcciones de CCOO y UGT.
La lucha por la derrota de la reforma laboral y el resto de planes de ajuste debe servirnos a los trabajadores para fortalecer nuestra organización, retomar tradiciones como la asamblea decisoria, la conformación de comités de lucha y de huelga con delegados revocables, la coordinación y unificación de todas las luchas por empresa y sector que se están dando. Debemos recuperar la unidad de todos los sectores obreros, nadie se salva de la “quema”, o golpeamos unidos o nos vencerán separado. Los trabajadores fijos, de ETT, subcontrata, contratos precarios, parados, inmigrantes... debemos organizarnos juntos, unificar nuestras demandas, y empezar a dirigir desde la base los combates a los que nos aboca el Gobierno del PP.
La izquierda sindical y los sectores combativos de CCOO y UGT tienen una gran oportunidad y responsabilidad en estos momentos. Las políticas “sectarias” que se niegan a manifestarse junto a los grandes sindicatos no hacen más que permitir que estos dirigentes vendidos puedan mantener su política de diálogo y movilizaciones testimoniales sin problema. Por ella optaron casi todas las fuerzas de la izquierda sindical –empezando por CGT– el pasado 19F, “regalándole” a la burocracia sindical los cientos de miles de trabajadores, sin apostar por confluir con los sectores de CCOO y UGT que también pedían una Huelga General ni con los jóvenes del 15M que nutrían los “bloques críticos” en muchas ciudades. Tampoco sirve la unidad sin crítica, como estamos viendo en conflictos de sanidad, educación y otros, donde la izquierda sindical comparte el 100% de la hoja de ruta de luchas aisladas de las direcciones de los mayoritarios. Esta es la línea que por ejemplo lleva la Intersindical Alternativa de Catalunya en el conflicto de los funcionarios. La contracara a la misma la ofrece esta misma central, que mientras en la lucha contra los recortes de la Generalitat está codo con codo con la política de CCOO y UGT (lucha aislada por sector, no convocatorias de huelgas...), se disfraza de un falso “izquierdismo” marchando separada cuando hay que enfrentar la Reforma Laboral.
El sindicalismo alternativo y de clase debe romper con las políticas sectarias y oportunistas, que muchas veces combina. Hoy por hoy la posibilidad de que empiecen a romper sectores de CCOO y UGT con sus direcciones, que puedan confluir con la izquierda sindical y empezar a pelear por una alternativa de lucha, está creciendo. Sin un cambio de rumbo de la izquierda sindical ésta puede resultar impotente ante la necesidad de empezara construir una alternativa desde abajo contra los Toxo y Méndez. Es necesario que la izquierda sindical, junto a los sectores de CCOO y UGT que rompan con la política de sus direcciones, se ponga a la cabeza del proceso de coordinación y unificación de las luchas en curso, de conformar bloques en las empresas que promuevan las asambleas y métodos de democracia directa, que conviertan las manifestaciones convocadas por las direcciones de CCOO y UGT en un clamor por la huelga general y la derrota de la reforma.
Una crisis que actualiza la perspectiva de revolución y contra-revolución
Todos los analistas burgueses ya acuerdan en que ésta es la mayor crisis económica desde 1929. Ya muchos empiezan a reconocer que de una crisis económica se está transformando en política. Ya está sometiendo a grandes convulsiones a instituciones supranacionales como la UE y su euro, del que nadie sabe cuánto y cómo durará. También a los regímenes políticos nacionales. El italiano y el griego acaban de sufrir sendos golpes de estado tecnocráticos. El régimen español, cada día se presenta como “caduco” o “amortizado”. De hecho, esta reforma lo que viene es a dilapidar el sistema de relaciones laborales nacido en la Transición para ir a uno mucho más duro. Y por último, las tendencias a la polarización política y a una mayor lucha de clases empiezan a ser evidentes. Por un lado, el auge de la derecha populista e ideas racistas y, por el otro, fuertes movimientos sociales y de lucha, como fue el 15M o las huelgas generales y las jornadas de combates callejeros en Grecia.
Esta reforma laboral es una muestra más de lo histórico del momento y los agudos choques de clase que se preparan. Lo que el Régimen está atacando es directamente una de las construcciones sociales que permitieron una gran estabilidad económica y política al Estado español en las últimas tres décadas. Hablamos del limitado Estado del Bienestar que permitió adormecer a los trabajadores con respecto a la continuidad del régimen postfranquista, a la vez que los avances imperialistas del Estado español en América Latina y otras zonas, permitía otorgarles unas migajas de sus avances a una amplia capa de la clase trabajadora, los empleados públicos y los trabajadores de las grandes industrias y servicios, y que han constituido la base social de los sindicatos. El capitalismo español no puede mantener dos de los principales amortiguadores sociales, y por eso considera que puede desprenderse de fieles “servidores” como la burocracia sindical.
Y es que a la clase trabajadora y la juventud, el capitalismo y el Régimen del ‘78 no tiene nada que ofrecernos, sólo una caída histórica de nuestras condiciones de vida: paro de masas, precariedad, salarios de hambre, sanidad pública meramente asistencial, una educación en ruinas para los hijos de los trabajadores. Todo al mismo tiempo que la actual “democracia” se degrada a marchas forzadas. La dictadura de banqueros y empresarios –nativos y extranjeros– se hace más evidente, derechos democráticos básicos –como el de huelga– se anuncia que se limitarán y la represión a las luchas se incrementa y endurecen. El mismo día que se anunciaba la Reforma el Ministro del Interior anunciaba que toda manifestación no autorizada sería reprimida, y así lo hizo con la protesta del 15M y la CGT contra la Reforma Laboral, con un balance de decenas de heridos y 9 detenidos. Como ya anuncia Grecia, la burguesía no está dispuesta a “bajarse del caballo” y recurrirá a todos los medios a su alcance para hacer pasar su programa; golpes tecnocráticos, represión policial.
Para evitar sucumbir bajo la bota capitalista, los trabajadores tendremos que enfrentar revolucionariamente a nuestra burguesía y al Régimen político del que se vale. Las luchas que están por venir pueden permitir que recompongamos nuestra capacidad de lucha y organización y debemos hacerlo en la perspectiva de poder imponer una salida obrera a la crisis capitalista. Un programa que parta de medidas como el reparto de las horas de trabajo, la nacionalización de la banca y las grandes empresas, la puesta bajo control obrero de todas las empresas que cierren o despidan, la confiscación de las grandes fortunas para sufragar una sanidad y educación suficientes, la prohibición de los despidos y los desahucios. Medidas esenciales para preservarnos de la catástrofe a la que nos están conduciendo, y que no las tomará ningún Gobierno del PP o del PSOE, sino que plantean la necesidad de retomar la estrategia de conquistar el poder por los trabajadores, de construir un Gobierno de los trabajadores y el pueblo. La actual crisis actualiza la perspectiva estratégica de lucha por una salida revolucionaria, cada vez son más lo que ven que el capitalismo no nos ofrece ninguna salida. Si los trabajadores no imponemos nuestra salida, los capitalistas impondrán la suya haciendo uso de todos los instrumentos que históricamente han utilizado para derrotarnos, disciplinarnos y callarnos. Nuestro país, con 40 años de Dictadura fascista, es un buen ejemplo histórico de lo que hablamos.
O nos salvamos nosotros, o lo harán ellos sobre nuestras espaldas.
Fuente: Clasecontraclase.org
Por Nicolás Miranda (PTR)
En el lejano sur de Chile, a 1.500 Km. de su capital Santiago, la Región (Provincia) de Carlos Ibañez del Campo, conocida como la Región de Aysén, lleva 3 semanas de una lucha que alcanza hasta la localidad más pequeña, en un movimiento policlasista que va desde el empresariado local, los partidos empresariales de la derecha y la Concertación, hasta la clase trabajadora de la zona, pasando por los pobladores, los jóvenes precarizados, los estudiantes y las mujeres. Esto que parece ser su mayor fortaleza, es su mayor debilidad, preñada de peligros para la lucha del pueblo trabajador de la zona. La lucha de Aysén le cambió la agenda política al gobierno. Sus demandas motoras, principalmente la lucha contra la carestía de la vida y el autoritarismo centralista, hacen de esta lucha otro episodio en las luchas que, con las movilizaciones estudiantiles del 2011 y la lucha de Magallanes (vecina a Aysén), se vienen desarrollando en Chile contra toda la herencia pinochetista que los gobiernos de la Concertación y la derecha conservaron y profundizaron, y que muestran una tendencia que llegó para quedarse. Y fue justamente en la Región donde el gobierno de la derecha de Sebastián Piñera obtuvo su más alta votación (más del 60%) hace apenas dos años. ¿Cómo se explica esto?
La lucha por demandas locales que tienden a una lucha contra toda la herencia pinochetista
Partió con la lucha de los pescadores artesanales contra la Ley de pesca que privatiza los recursos del mar a favor de los grandes grupos económicos. Rápidamente se extendió a una lucha en toda la región contra la carestía de la vida y el autoritarismo: Los salarios de hambre que reinan en Chile se mezclan en esta zona extrema con el alto costo de la vida que es 30% superior al resto del país: el combustible es más caro y encarece toda la vida, no hay construcciones viales porque no son rentables en un país donde todo está privatizado, las empresas imperialistas depredan sus recursos naturales (el agua principalmente), no hay universidades y sus jóvenes deben migrar a otras Regiones. En las Regiones de Chile los Intendentes (Gobernadores) no son elegidos sino que son designados por el Presidente, y no cuentan con presupuesto propio. Esto hizo que una lucha local escalara rápidamente apuntando con sus demandas al Gobierno de Piñera. Estas demandas locales son expresión de la herencia del pinochetismo, mantenida y profundizada por los gobiernos de la Concertación y la derecha.
Las demandas de los pescadores fueron desoídas por la Intendenta que estaba de vacaciones. Pronto comenzarían las movilizaciones. Todas las rutas y caminos de acceso a las ciudades y localidades fueron tomadas y cortadas. Las barricadas se extendieron por las dos principales ciudades: Coyhaique y Puerto Aysén. Se declaró un paro regional de los empleados públicos. Las marchas se suceden casi diariamente. Son los manifestantes los que deciden si se puede transitar o no. Y para negociar sus demandas, rechazaron a la Intendenta y exigieron la presencia de ministros del Gobierno.
Aunque el Gobierno se vió obligado a enviar dos ministros para negociar, en el que se llegó a acuerdo en 1 de los 11 puntos de las demandas, su respuesta inmediata fue la más dura represión. El Gobierno mandó destacamentos desde otros lugares para la represión de las movilizaciones (Fuerzas Especiales) de la policía (Carabineros), militarizando la Región, y generando un estado de sitio de hecho. La decisión era aplastar la lucha: disparan bombas lacrimógenas al cuerpo, utilizan balines de acero, ocupan las poblaciones, persiguen a los heridos hasta en los hospitales para detenerlos, los insultan con gritos como “muertos de hambre, en Santiago hay comida”. A un obrero mecánico le dispararon al cuerpo, lo derribaron, le dispararon otro tiro gritándole “acá te rematé”.
Toda esta represión no frenó la lucha en las calles. Por el contrario, se fortaleció para enfrentar la represión. En lo que ya se llama “la batalla del Puente Ibañez” en la ciudad de Puerto Aysén, trabajadores, jóvenes y mujeres hicieron retroceder y dispersarse a Carabineros. Pero la enorme fuerza de la lucha en las calles de Aysén, tiene un peligro que puede llevarla a la derrota.
Un movimiento policlasista
Lo que aparece como la mayor fuerza de la lucha, es su mayor debilidad. A las demandas de los pescadores artesanales, no sólo se unieron los trabajadores, jóvenes y pobladores. También lo hicieron los empresarios locales, persiguiendo sus propios intereses: la rebaja del costo de los combustibles, para aumentar sus ganancias. Y también lo hicieron los partidos empresariales de la Concertación y la derecha, en un año de elecciones y en medio de la crisis de sus partidos que los tiene fragmentados y divididos. Los empresarios locales, agrupados en la Multigremial, llaman a terminar con las negociaciones y sentarse a negociar con el Gobierno, que al momento de escribir estas líneas envió otro ministro, el de Energía Rodrigo Alvarez. Su mayor preocupación es terminar con las movilizaciones, y obtener algunas migajas para que no se desarrolle como una lucha abierta de los trabajadores y el pueblo contra sus salarios de hambre y sus partidos de la Concertación y la derecha. Al momento de escribir estas líneas, se desarrollaba la primera reunión con el ministro de Energía, que fracasó por su exigencia de suspender las movilizaciones para iniciar el diálogo y la imposibilidad de los dirigentes de satisfacerlo: "la exigencia del ministro no se puede cumplir, porque no tenemos nada que ofrecer a la gente para desarticular las tomas", declaró. La mesa de los dirigentes, lleva ya las negociaciones que se hacen a puertas cerradas en la Intendencia. Llamaron a levantar los cortes de ruta y barricadas como “un gesto de buena voluntad”, en una tregua de hecho que solo favorece al gobierno. Y ya anunciaron que “algunas” de las demandas no podrían ser conseguidas. Están llevando la lucha de los trabajadores y el pueblo de Aysén a un callejón sin salida.
¡Por una Asamblea Obrera y Popular sin empresarios ni sus políticos de la Concertación y la derecha para fortalecer la lucha! ¡Por un Paro Regional indefinido!
La izquierda, principalmente el Partido Comunista, que está en un pacto político-electoral con la Concertación para las elecciones municipales de este año, se limita a lamentar que el Gobierno no mandara ministros antes (a tiempo para evitar que se desarrollara la lucha) y exigirle que vayan con propuestas concretas. La Central Unitaria de Trabajadores- CUT (la central sindical de Chile), dirigida por la Concertación y el Partido Comunista, no ha dado un solo paso para fortalecer la lucha, como llamando a un paro regional, tan sólo alguna declaración de solidaridad y recolección de ayuda junto al envío de sus dirigentes como Gajardo y de la Puente. Desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios, planteamos que para evitar negociaciones por arriba, es necesario pasar de las reuniones de dirigentes, a poner en pie una Asamblea Obrera y Popular sin empresarios ni sus partidos de la derecha y la Concertación. Con delegados revocables y rotativos de las barricadas, de las juntas de vecinos, de cada lugar de trabajo, de cada lugar de estudio. Garantizando que todas las negociaciones sean públicas, que las decisiones las tomen estos delegados, y que todas las demandas sean cumplidas. Para llevar esta lucha hasta el final y conseguir todas las demandas, hay que convocar a un Paro regional indefinido de todos los trabajadores de la Región.
Una tendencia a una mayor lucha de clases en Chile
Aysén es un episodio de las luchas que comienzan a irrumpir en Chile contra toda la herencia pinochetista. El año pasado fue una lucha similar en otra región del sur de Chile, Magallanes. Y alcanzó su punto más alto en las movilizaciones estudiantiles de 7 meses contra el negocio de la educación que instaló la dictadura y conservó y profundizó la Concertación, y ahora la derecha. Si durante todos los gobiernos de la Concertación durante 20 años, se esperaba con resignación, se buscaban acuerdos entre empresarios y trabajadores en las “mesas de diálogo” que promovía la Concertación, ahora la lucha de clases está comenzando a irrumpir en Chile. Con un gobierno y un régimen que venían debilitados y ahora están siendo golpeados por estas luchas. Ya se habla del peligro de la “ingobernabilidad”. El apoyo al Gobierno en las encuestas es de apenas 30%, y a los partidos aún menor: alrededor de un 20%. La lucha de Aysén está en un callejón sin salida, pero aún sigue abierta. Y se anuncian nuevas movilizaciones: de los trabajadores portuarios, de otras regiones y ciudades. Las direcciones oficiales, de colaboración de clases, burocráticas, con el Partido Comunista a la cabeza, intentan poner paños fríos. Los dirigentes estudiantiles burocráticos (JJCC, Autónomos, etc) intentarán que no se repitan las luchas del año pasado: ya están llamando a no movilizarse con tomas y paros. Desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios, luchamos por poner en pie una alternativa trotskysta, con una política de clase independiente, ni derecha ni Concertación, para terminar con toda la herencia pinochetista.
29-2-2012
La Central de Trabajadores de la Argentina junto a la Comisión Interna del Ferrocarril Sarmiento, encabezada por Rubén Sobrero y familiares de las víctimas de la tragedia de Once se movilizan este viernes a la Plaza de Mayo.
Entrevista con el Presidente de la Confederación de Gente de Mar, Jorge Bustos, a pocos días de la huelga nacional de los trabajadores portuarios de Chile.
“Habrá cambios en las formas de producción. Van a dejar fuera a los que tengan menos instrucción o que no fueron capaces de reciclarse, particularmente en el tema tecnológico. Es por eso que no sólo debemos concentrarnos en las ‘lucas’ (dinero), sino que también en el trabajo decente y por supuesto, en un retiro digno y justo.”