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En Allanamiento Incautan Elementos Prohibidos a Alvaro Corbalán en Punta Peuco: Sólo 20 Días de Castigo sin Visitas

En Allanamiento Incautan Elementos Prohibidos a Alvaro Corbalán en Punta Peuco: Sólo 20 Días de Castigo sin Visitas

El jueves pasado, Gendarmería allanó las habitaciones-celdas de los violadores de derechos humanos que se encuentran presos en Punta Peuco. Alvaro Corbalán fue uno de los que resultó más "damnificados" con el allanamiento.

Será castigado por 20 días sin visitas, por encontrársele artículos prohibidos al interior de su celda en Punta Peuco, tales como teléfonos celulares con sus cargadores y módems para internet. Capaz que para esos días, pida traslado al hospital Militar.  

Este procedimiento se concentró en el módulo donde cumple condena Álvaro Corbalán Castilla. Así fue como Gendarmería confirmó esta acción luego de saber el rol de Corbalán en la organización del acto en favor de Pinochet, donde se mostraría un documental titulado "Pinochet" del director Ignacio Zegers. En el procedimiento se requisaron celulares y módems para obtener conexión a internet.

Frente a este allanamiento, el subdirector operativo de Gendarmería, Marcos Fuentes, confirmó a The Clinic el castigo de 20 días sin visitas al ex CNI Alvaro Corbalán por poseer artículos prohibidos al interior de su celda en Punta Peuco, los que fueron encontrados tras la revisión. Fuentes enfatizó que la revisión no tuvo nada que ver con el homenaje que se realizaría al dictador Augusto Pinochet y que, según denunció la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), fue organizado por el ahora detenido ex militar.

"Todo fue requisado y se hizo en un allanamiento general como se realiza en cualquier unidad porque para nosotros Punta Peuco pasa a ser una unidad más, en las mismas condiciones, así que tiene que someterse a los mismos procedimientos que cualquier recinto penitenciario", explicó el subdirector y detalló que "se logró requisar teléfonos celulares, unos módems y cargadores para celulares" al interior de la celda.

Cabe señalar que las sanciones por poseer objetos no permitidos, según señaló Fuentes, son dispuestas por el alcaide de cada penal y en el caso del ex militar se trata de "suspensión de visitas por 20 días".

El subdirector operativo señaló además que el ex CNI no posee trato especial "bajo ningún punto" y que "Corbalán es un interno más, no tiene ninguna relevancia ni importancia para el sistema. Así que mientras menos importancia se le dé, mucho mejor".

No es lo que opina el subficial Juan Alarcón, Presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería,quién denunció en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que el ex Jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones, Álvaro Corbalán Castilla, está  realizando una operación de inteligencia que tenía como pieza central un documento que fue incautado en su propia celda, en el Módulo 1 del penal.  

Alarcón explicó que el dossier encontrado contenía información que “no se puede obtener a través de un portal de Chile Transparente, ni a través de la prensa, esa es información delicada y grave.

Nosotros trajimos ese documento, el cual ahora esta en poder de los diputados”. Por esto el representante de gremial de los gendarmes solicitó a la Comisión de Derechos Humanos que se investiguen los hechos, para poder determinar quién o quiénes le estarían aportando información clasificada a este interno.

Además, acusó que Corbalán estaría evaluando a los funcionarios de Gendarmería, “dictando quiénes deben ocupar ciertos cargos y quiénes no” y añadió que es impresentable “que el señor Heriberto Muñoz, quien requisó el documento y que tomó las medidas pertinentes del caso haya sido expulsado de Gendarmería, eso creemos que debería investigarse”. Además, no pueden extrañar los privilegios de reos como Corbalán, cuando la Jefa de Gabinete de Luis Masferrer, Director de Gendarmería, Camila Flores, concejera de RN para mayor información, mediante su cuenta de twitter, se despacho mensajes como éstos, durante el acto de homenaje a Pinochet el domingo: @camilafloreso: Los detenidos desaparecidos son solo el anzuelo para q los comunistas sean recordados y sigan creando el caos social. ‏@camilafloreso: Nosotros tenemos q respetar sus homenajes y monumentos (incluso cerca de la Moneda). Somos tolerantes.

Uds comunachos? Prediquen cn el ejemp ‏@camilafloreso: Es increíble como la izquierda le ha lavado la cabeza a personas q no conocen la historia y solo escuchan y repiten sus discurso

En conversación con Cambio21, el diputado Tucapel Jiménez (PPD), frente al allanamiento en Punta Peuco señaló que "el balance es positivo, debió haberse hecho hace mucho tiempo también porque recuerdo que este homenaje que supimos y lo denunciamos hace dos meses más o menos, porque se le encontró un memorándum a Alvaro Corbalán, no solamente la indignación de lo que era el homenaje en si mismo, sino quien estaba detrás de este homenaje, provocaba indignación".

"Que él (Corbalán) tuviera la posibilidad de manejarse con teléfonos, con internet, llamar, mandar mensajes y reunirse con gente en el hospital Militar, conseguir recursos, tenía una red increíble y eso la verdad es que nadie lo logra comprender.

Que un asesino que está condenado a cadena perpetua pueda tener todas esas facilidades, que se da el gusto de manejar recursos y ponerle honorarios para la gente que estaba organizando este homenaje.

Creo que es una buena medida, tardía, pero qué bueno que ellos estén realmente presos y no puedan estar con accesos a celulares e internet y al final todas las garantías y comodidades que tiene Punta Peuco más en este otro (hospital Militar) que en el fondo los hacía estar casi en plena libertad". Por su parte, la vice presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, dijo a Cambio21 que "es absolutamente ilegal que se tenga este tipo de implementos en un penal, creo que Gendarmería debió haberlo hecho mucho antes de conocer las denuncias públicas que se hayan hecho de que Alvaro Corbalán estaba operando desde la cárcel en la realización del homenaje al ex dictador era algo conocido y por lo tanto Gendarmería debió haber actuado a tiempo.

Así como también saben que Alvaro Corbalán este último tiempo se ha ido al hospital Militar precisamente para estas maniobras que primero fueron dirigidas al gobierno y luego a otros lo cual se tradujo en la realización de este homenaje".

"Acá hay una grave falta de Gendarmería de no haber actuado a tiempo, no haber requisado a tiempo todos esos elementos, que ningún preso, ningún reo en este país tiene derecho a tener, si todos los reos tuvieran derecho a este tipo de implementación tecnológica, sería distinto.

Pero aquí solamente a un reo, violador de derechos humanos se le permite tener todo esto, vale preguntarse como entró todo eso, como llegó a sus manos, como pudo utilizarlos durante tanto tiempo sin que se dieran cuenta".

Fuente: http://www.diarioreddigital.cl/

Chile: Homenaje...

 

Por Fernando Morales Escobar

 

 

 

Creo que cada cual interpreta como quiere los hechos, antes y después del Golpe, pero lo no que no se puede negar es la verdad, el rol que jugó los Estados Unidos y la de algunos chilenos traidores a nuestra Patria en la preparación del Golpe. Huelgas, atentados terroristas a Oleoductos, Torres de Alta tensión, Acaparamiento, lo que provocó el desabastecimiento, etc..

 

Chile cayó en una horrenda y sangrienta Tiranía, 17 años de horror y de desprecio al pueblo, por las Fuerzas Armadas chilenas convertidas en un ejército de ocupación, para negar la historia y nuestra cultura y así organizar nuestro destino en la explotación y la humillación.
Miles de chilenos hombres y mujeres que fueron asesinados, violados, torturados, desaparecidos, amarrados con rieles y llevados en helicópteros, aviones, lanchas, barcos y tirados en alta mar o en volcanes, algunos cuerpos fueron cremados en los regimientos mismos o al exterior. Chilenos hombres, mujeres y niños torturados, compatriotas maltratados en condiciones insoportables, chilenos explosionados, compatriotas heridos, quebrados que fueron desposeídos de su dignidad humana y obligados a vivir hasta el final de sus vidas en la mayor degradación humana posible durante el periodo de la dictadura cívico militar (1973-1990).
¿Esto es lo que hay que Homenajear?, ¿Este Honor Militar, la Cobardía, la Ignominia?. Son solo seres viles, innobles, abyectos y que además se dicen cristianos, ¿Cómo pueden estar de acuerdo y apoyar esa realidad, que insulta la memoria de los Asesinados, de los Desaparecidos, y del pueblo chileno, de la Vida misma?.
Pero este no es, ni será el último homenaje a tan abyecto sujeto, que esto no nos desvíe de la verdad. No olvidemos el Homenaje subliminal que le hizo la Concertación: primero lo salvo de la Justicia en Londres, más tarde el 13 de agosto de 2005, indultó a uno de sus esbirros, al suboficial ® Manuel Contreras Donaire, asesino de Tucapel Jimenez.
Y para que el Homenaje y la Traición sean completos, le otorgaron título de nobleza a la Constitución fascista de Pinochet, a través de ese acto, reconocieron y apoyaron implícitamente a la dictadura. Lo subliminarón reconociendo el Golpe de Estado y avalando por la misma las torturas y los crímenes, firmando la Constitución de Pinochet el 17 de Septiembre de 2005.
La Concertación ha sido la más ferviente defensora del sistema político y económico legado por Pinochet, el Neoliberalismo, el cual nos demuestra cada día su sinsentido y lógica incongruente, sin ninguna coherencia de desarrollo real y durable. Es un contra sentido en todos los ámbitos. Este sistema es el grado máximo de corrupción y de enajenación de un pueblo, binominal, salud, educación, sistema laboral, etc.,. Y esto se mantiene porque permite usufructuar del sistema para enriquecimiento personal y familiar, como sistema de movilidad y promoción social. Y fueron aún más lejos, entregaron las riquezas naturales del pueblo chileno a empresas transnacionales, y para que la ignominia sea completa regalaron la vida, me refiero al Agua.
Y no olvidemos a la gente que participo durante los años de la dictadura cívico militar: Cardemil , Coloma, Chadwick, Fernando Torres Silva, Larroulet, Labbé, Longueira, Matthei, Moreira, Lavín, Piñera, etc…
Un pueblo ignorante, es el instrumento de su propia destrucción... Simón Bolívar.
“La lección es que cada pueblo tiene su propia realidad y frente a esa realidad hay que actuar. No hay recetas. El caso nuestro, por ejemplo, abre perspectivas, abre caminos. Hemos llegado por los cauces electorales. Aparentemente se nos puede decir que somos reformistas, pero hemos tomado medidas que implican que queremos hacer la revolución, vale decir, transformar nuestra sociedad, vale decir construir socialismo”…Salvador Allende.

Derechos humanos en Estados Unidos: Algunos de los hechos señalados por informe chino

 

Contrainjerencia
  

  
China respondió  a un reciente informe del gobierno de Estados Unidos sobre las prácticas en materia de derechos humanos en China, emitiendo su propio reporte sobre el tema de los derechos humanos en Estados Unidos. Enseguida se señalan algunos hechos y cifras incluidos en el informe de China.
  
– El número de prisioneros ascendió a 2,3 millones en 2009 y uno de cada 132 ciudadanos estadounidenses está encarcelado. Además, más de 140.000 personas cumplen sentencias de cadena perpetua.
  
– En 2010, los residentes de Estados Unidos mayores de 12 años de edad fueron víctimas de 3,8 millones de tratos discriminatorios violentos, de 1,4 millones de trato violento grave, 14,8 millones de daños a la propiedad y de 138.000 robos personales. El índice de casos de trato discriminatorio violento fue de 15 casos por cada 1.000 residentes. El índice de criminalidad se elevó en muchas ciudades y regiones de Estados Unidos.
 
– Los estadounidenses poseen entre 35 por ciento y 50 por ciento de las armas en poder de civiles a nivel mundial, lo que significa que cada 100 personas tienen 90 armas.
 
– Más de 30.000 estadounidenses mueren cada año por violencia con uso de armas y se calcula que otros 200.000 estadounidenses han resultado heridos cada año por armas.
 
– Cerca de 1.000 personas fueron arrestadas en las primeras dos semanas del movimiento de protesta Occupy Wall Street .
 
– Cerca de dos tercios de todas las contribuciones que el presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara recibió durante el ciclo electoral de 2010 provinieron de industrias reguladas por su comité.
 
– Casi ocho de cada 10 estadounidenses entrevistados en encuestas se expresaron insatisfechos con la forma en que funciona el sistema político y 45 por ciento dijo que está muy insatisfecho.
 
– El número de infracciones a la ley, a una Orden del Ejecutivo o a otras regulaciones que rigen las investigaciones de inteligencia que pudieron ocurrir de 2001 a 2008 podría ascender a cerca de 40.000. El FBI emitió cerca de 200.000 solicitudes y de esas casi 60 por ciento fueron para investigaciones de ciudadanos estadounidenses y residentes legales.
 
– La década pasada registró un aumento de detenciones y revisiones por parte de la policía de Nueva York, con lo que se registraron 600.000 casos anuales en 2010, casi el doble que en 2004.
 
– De acuerdo con los cálculos más recientes, 13,3 millones de personas estaban oficialmente desempleadas y de ésas, 5,7 millones han estado sin trabajo por más de seis meses. La tasa de desempleo fue de 8,9 por ciento en 2011.
 
Xinhua

 

Punta Peuco I: La fallida operación de inteligencia de Álvaro Corbalán

El tiempo marca las horas y los días sin tregua para los 49 hombres que cumplen condena en Punta Peuco por crímenes que cometieron en dictadura. En los muros del penal nada indica que allí están los represores que fueron dueños de la vida y la muerte de miles. Pareciera que la historia borró sus pasos y sus rostros. No hay un cordón de seguridad al estilo de los que se ven en otros penales. Pero no hay que equivocarse. En Punta Peuco incluso se diseñan operaciones de inteligencia. Como la que orquestó Álvaro Corbalán y que presentamos en esta primera entrega de una serie de reportajes de CIPER sobre Punta Peuco.
Vea las fichas de todo los condenados en Punta Peuco en la pestaña “Documentos asociados”. 
En mayo del año pasado, personal de Gendarmería detectó una operación de inteligencia en la cárcel de Punta Peuco. Estaba diseñada por el oficial de Ejército Álvaro Corbalán Castilla, ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y ex integrante del Comando Conjunto, condenado a cadena perpetua por crímenes cometidos en la dictadura de Augusto Pinochet.
El hecho fue relatado a CIPER por funcionarios de la institución que pidieron reserva de su identidad. La operación tenía como pieza central un documento que fue incautado en la celda de Corbalán, en el Módulo 1 del penal, y cuyo destinatario era el Presidente Sebastián Piñera.
En el memorando de 10 páginas, al que CIPER tuvo acceso, Corbalán le expresaba al Mandatario la intención de colaborar con su gobierno desde la cárcel para evitar que regresara nuevamente la Concertación al poder. “El voluntario apoyo que progresivamente se propone, será entregado a partir de esta fecha (mayo 2011) y tiene como único objetivo hacer llegar un aporte en beneficio que a este gobierno le vaya lo mejor posible y que no volvamos a caer en las manos de la Concertación”, escribió.
Corbalán sugirió en su escrito vías para neutralizar políticamente a Michelle Bachelet y esbozó estrategias para detener “la acción subversiva” en La Araucanía y de los grupos anárquicos. Aunque no explicitó esas vías en su escrito, no es un misterio cuál es su estilo en materia de inteligencia. Quedó estampado como una marca de fábrica en la Operación Albania (junio de 1987) donde 12 miembros del Frente Manuel Rodríguez fueron detenidos por la CNI en distintos lugares, luego fueron asesinados y trasladados a un sitio donde se hizo creer que habían muerto combatiendo contra los CNI.
Disfrazar como una batalla lo que fue una masacre: esa era su rúbrica.
Junto con el general (r) Manuel Contreras y otros miembros de la DINA, como los oficiales de Ejército, Miguel Krassnoff y Pedro Espinoza, Corbalán es uno de los militares con más condenas por violaciones a los derechos humanos. Tiene cadena perpetua por el homicidio calificado del carpintero Juan Alegría Mundaca (asesinado el 11 de julio de 1983 y cuya muerte fue presentada como el suicidio del homicida del líder sindical Tucapel Jiménez), además de las condenas por el homicidio calificado de la joven militante del MIR Paulina Aguirre (asesinada el 29 de marzo de 1985, la misma noche en que mataron a los hermanos Vergara Toledo en Villa Francia); por la muerte del periodista y dirigente del MIR José Carrasco Tapia (asesinado el 8 de septiembre de 1986) y por los 12 homicidios de la Operación Albania.
Según la base de datos del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, a la fecha Corbalán suma además una condena en primera instancia como autor de cuatro homicidios calificados, tres acusaciones por homicidios y secuestros calificados y cuatro procesamientos, entre ellos, uno por torturas en contra del diputado Sergio Aguiló (diciembre de 1981).
Un aspecto muy delicado del documento que le incautaron a Corbalán, son los detalles que el ex agente menciona sobre las vidas privadas y profesionales de los funcionarios de Gendarmería que lo custodian en Punta Peuco. Corbalán da pruebas de conocer la vida íntima de oficiales de alto rango en Gendarmería e incluso del director nacional, Luis Masferrer, datos que son presentados de igual forma que los dossier de quienes eran objeto de seguimiento por las brigadas de la CNI.
Corbalán se apoya en estos antecedentes para sugerir que se destine en puestos estratégicos a funcionarios de lealtad confirmada con el nuevo gobierno. Uno de ellos es Eduardo Muñoz Bravo, alcaide de Punta Peuco en 2009 y actual asesor del subdirector operativo de Gendarmería. Corbalán lo retrata como “el mejor elemento de la institución”, propone que sea reclutado por la ANI y que además trabaje cerca del director nacional Masferrer, informándole de lo que pasa al interior del servicio.
Los funcionarios que denunciaron la existencia de esta operación de Corbalán a CIPER, sostienen que mientras Muñoz Bravo estuvo a cargo de Punta Peuco tuvo muy buenas relaciones con el ex agente de la CNI. Por eso, no les resultan extraños estos elogios y tampoco los que le prodiga a Emilio Alfaro -primo de Muñoz Bravo y actual asesor de Masferrer- a quien Corbalán califica como “alguien indispensable y de total confiabilidad”.
Dentro de los funcionarios mal catalogados por el prisionero de Punta Peuco, está el coronel Heriberto Muñoz Díaz, ex jefe del Departamento de Seguridad de Gendarmería. Según las fuentes consultadas por CIPER, mientras el coronel Muñoz estuvo en ese cargo, ordenó que los militares presos fueran esposados a sus controles médicos en el Hospital Militar, tal como lo fija el procedimiento de Gendarmería para el traslado de todos los presos comunes. La medida fue rechazada por los ex militares y en 2011, durante la visita que hicieron ministros de la Corte de Apelaciones a Punta Peuco, alegaron que se trataba de un trato “innecesario y humillante”.
Corbalán le escribió a Piñera que el coronel Heriberto Muñoz no reunía las condiciones necesarias para el puesto de jefe del Departamento de Seguridad. Meses después de la incautación del documento, el funcionario fue desvinculado de Gendarmería.
Los miembros de la institución que hablaron con CIPER creen que la sugerencia de Corbalán fue uno de los motivos de su salida. CIPER solicitó en reiteradas oportunidades una entrevista con Luis Masferrer, pero la Dirección de Comunicaciones de la institución indicó que el director no se referiría al tema.

VOCES DEL PASADO

No está claro qué efectos tuvo al interior de Gendarmería el documento de Álvaro Corbalán. Pero algo debió pasar. Sobretodo por la cantidad de información altamente privada sobre el propio director (Masferrer) y altos mandos de la institución. Pero también debieron haber leído la parte del documento en que Corbalán señala que un senador de la alianza oficialista debía servir de correo para comunicaciones futuras. Consultado por este medio, dicho parlamentario negó tener conocimiento del documento como asimismo cualquier interés del gobierno de recibir esta asesoría: “Decir que el Presidente Piñera esté interesado en algún informe de inteligencia del señor Corbalán, es falso”.
Lo que sí es un hecho es que éste no fue ni el primero ni el último intento de los presos de Punta Peuco por volcar a su favor las decisiones del gobierno de Piñera. Para ellos, es durante esta administración que se les presentan las mayores opciones de obtener beneficios, los que, según insisten, les fueron negados en los gobiernos de la Concertación.
A esta última estrategia de Corbalán hay que sumarle otras iniciativas fallidas, como fue el intento de obtener el indulto presidencial durante el Bicentenario, ofensiva en la que contaron con el respaldo de la Iglesia Católica y que incluyó un comunicado donde ex oficiales de Ejército anunciaron una huelga de hambre en Punta Peuco, la que finalmente nunca se concretó.
Tras ese fracaso, los presos y uniformados pinochetistas y nacionalistas, agrupados en la Corporación 11 de Septiembre – fundada por el propio Álvaro Corbalán en 1999- instauraron el “Día del Preso Político Militar”. La idea fue azuzada desde la cárcel por Corbalán, quien- según señalan funcionarios de Gendarmería y otras personas que visitan con cierta regularidad Punta Peuco- recibe constantemente la visita del presidente y vicepresidente de la Corporación 11 Septiembre: los oficiales en retiro Juan González Fernández (ex integrante de la Brigada de Inteligencia del Ejército, BIE) y Gastón Frez (ex ministro de ODEPLAN de Pinochet), respectivamente.
Las reuniones “estratégicas” Corbalán las realiza allí y en el Hospital Militar, establecimiento al que llega frecuentemente y que se ha convertido para el ex jefe operativo de la CNI en un espacio de cierta libertad que le ofrece las regalías que no tiene en la cárcel: recibe visitas todos los días y a cualquier hora (en Punta Peuco sólo miércoles y fines de semana) y tiene libre disposición del teléfono.
CIPER fue testigo de ello el pasado 14 de diciembre, cuando el ex agente de la CNI celebró su cumpleaños 61 en el pensionado del hospital. Lo visitaron algunos amigos y su esposa, una modelo argentina con la que se casó en Punta Peuco en 2009 y con quien tiene hijos. Corbalán se pasó el día riendo, festejando y tocando guitarra mientras dos gendarmes armados custodiaban desde el hall del pasillo.
Desde la cárcel y el hospital, Corbalán coordinó en 2011 el documental “Pinochet” que fue estrenado en Miami el 10 de marzo pasado en el Festival Internacional del Gran Cine Hispanoamericano (FIGCH), organizado por la Federación de Editores Hispanos integrada en su mayoría por cubanos anticastristas. La película, respaldada por la Corporación 11 de Septiembre y la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional (Unofar), ganó el premio “Hispania de Oro” al mejor documental 2012 y es una oda a una de las dictaduras más condenadas de Latinoamérica.
Esta mirada complaciente e interesada sobre el pasado no es una característica sólo de Punta Peuco y del mundo del pinochetismo. Basta recordar que a fines del año pasado, el Ministerio de Educación se involucró en una polémica que parecía extemporánea: se decidió oficialmente usar en los textos escolares la expresión “gobierno militar” en vez de la palabra “dictadura”, para referirse al periodo de Pinochet. La decisión, que terminó siendo reconsiderada, da cuenta de una de las almas de la coalición que gobierna y que tiene en el alcalde de Providencia Cristián Labbé, a su más desembozado defensor. Poco antes de ese episodio, Labbé organizó en su comuna un homenaje a Miguel Krassnoff, otro ex agente de la DINA, recluido en el Penal Cordillera, y que debe cumplir más de 100 años de encierro por delitos de lesa humanidad.
A esa alma lo que dice Álvaro Corbalán le produce nostalgia.

CÁRCEL PARA UNOS POCOS

 
Según la última actualización de la Base de Datos del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en septiembre de 2011 había 249 agentes de la dictadura condenados en última instancia por violaciones a los Derechos Humanos. De ellos, 177 gozan de libertad vigilada o remisión condicional de la pena, tres de libertad condicional y sólo 64 cumplen presidio efectivo. De los 64 uniformados condenados, 49 están en el penal especial de Punta Peuco, nueve en el Penal Cordillera y los seis restantes cumplen condena en cárceles comunes fuera de Santiago (donde han sido trasladados a petición de ellos para estar cerca de sus familias).
De los 49 represores que actualmente cumplen condena en Punta Peuco, 25 son miembros del Ejército, 20 pertenecen a Carabineros, uno a la Marina y tres forman en las filas de los agentes civiles de los organismos de seguridad (Vea las fichas de todo los condenados en Punta Peuco en la pestaña “Documentos asociados”). Si bien durante el actual gobierno ninguno de ellos ha conseguido el indulto ni tampoco la amnistía, sí lograron mejorar su situación obteniendo beneficios intrapenitenciarios en los últimos dos años.
CIPER accedió a través de la Ley de Transparencia a las solicitudes de salida dominical realizada por los internos de Punta Peuco durante 2010 y 2011. En 2010 los ex militares solicitaron en 36 oportunidades la salida dominical y dos veces la salida de fin de semana, mientras que el 2011 las solicitudes dominicales se elevaron a 100, las de fin de semana a cinco y se agregaron dos peticiones de salidas controladas al medio libre.
Los informes del Consejo Técnico entregados por Gendarmería a CIPER (ver Consejo Técnico 2010 y 2011) dan cuenta que entre febrero y diciembre de 2010 se otorgó la salida dominical a cuatro internos mientras que de enero a octubre de 2011, nueve uniformados condenados fueron beneficiados con la salida dominical y tres con la de fin de semana.
En la mayoría de las peticiones los presos esgrimen solo argumentos legales, pero hay algunos que reflexionan sobre el pasado y en un tono que está lejos de los homenajes del alcalde Labbé. Así se lee, por ejemplo, en la solicitud hecha el 1 de marzo del 2011 por Alejandro Sáez Mardones, uno de los carabineros presos por el Caso Degollados.
“Cuando en el año `85 ocurrieron los hechos que he lamentado desde el momento mismo de su ocurrencia, el país vivía una etapa de conflictos políticos y sociales que no me permitió visualizar la diferencia entre opositores políticos y enemigos del régimen militar del cual yo serví como miembro de Carabineros de Chile. A su vez, el grado de cabo que tenía en la institución no me permitía desmarcarme de las órdenes que se me daban. Evidentemente es cierto que un cabo de Carabineros no tenía ninguna posibilidad de representar una orden a un superior jerárquico, y lo más posible es que si así lo hubiese hecho, me habría costado la vida. No obstante, señor Alcaide, no hay que olvidar que también el paso del tiempo ha permitido que pague mi condena en su totalidad. No he visto crecer a mis hijos, ni hoy a mis nietos”.
Pese a la influencia que aún poseen algunos de estos presos, es indudable que el encierro ha mellado el ánimo de los hombres que creyeron que serían recordados como héroes. Los que más se resisten a aceptar su situación son los que se vanaglorian de haber sido leales a Pinochet pese a que éste jamás reconoció las órdenes que le dio a los aparatos represivos que él controlaba.
Álvaro Corbalán es uno de ellos. Lloró la muerte del general en Punta Peuco en diciembre de 2006 y escribió un libro sobre las anécdotas que vivió con él. Pese a su prontuario, Corbalán sigue pensando que fue un gran soldado. Tal vez incluso un héroe. En el libro que escribió sobre sus encuentros con Pinochet, el ex jefe operativo de la CNI habla de sí mismo en estos términos:
“Corbalán fue el Agente Secreto con mayor cantidad de cursos y especializaciones, hizo toda su carrera militar en el área de inteligencia, cumplió delicadas misiones de Seguridad Nacional en el extranjero y el día que se conozcan los detalles de ella, será admirado y respetado por todos los chilenos, sin distinciones políticas”.
El ex subdirector de la PDI, Luis Henríquez -que en los inicios de los ’90 investigaba las primeras causas de derechos humanos- recuerda que durante los interrogatorios, Corbalán en vez de dar su nombre entregaba su número de matrícula militar: “Así trataba de decirnos que él era un prisionero de guerra”. Ahora, cuando los jueces van a la cárcel a interrogarlo, da su nombre y les lanza una que otra frase altanera mientras los recibe vestido de impecable terno, colleras y una piocha del Ejército en la solapa de su chaqueta.
Al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza le ha dicho que a él le debe sus ascensos en el Poder Judicial. Y a otro de los integrantes de esa misma corte, el ministro Joaquín Billard, le dijo en Punta Peuco que la próxima vez que viniera a tomarle declaración iba a haber una alfombra roja en la entrada “pero no para recibirlo a usted, sino porque yo me voy a retirar”.
Desde que está preso, Corbalán adquirió la costumbre de enviar costosas tarjetas navideñas al exterior, las que manda a confeccionar especialmente y en las que vierte algunas de sus frases para la historia. Destinatario principal de éstas fue el propio Pinochet, además de militares y amigos del espectáculo, del Poder Judicial, políticos y sacerdotes. En la que envió en diciembre del 2011, el ex agente de 61 años se muestra debilitado:
“No he podido estar peor, pero es el único tiempo con que cuento y sabiendo sufrir, se sufre menos. Me han lastimado, pero nunca pudieron usarme para herir a mis subalternos y con decepción, he comprobado en los hechos, que una gran mayoría de mis superiores decidieron no optar por la valentía. Nos ordenaron combatir a gente que no conocíamos, y nos adjudicaron responsabilidades individuales que no se asumieron por las cúpulas que dieron la orden. Con ningún otro ser humano he tenido más problemas que conmigo mismo. Vivo en la insurrección permanente de mis cinco sentidos y soy dueño de tan poco… cada día menos. Cuesta conocer la palabra tragedia, pero Punta Peuco facilita las cosas, este Punta Peuco que uno no sabe si es origen o fin”.
Tras el fracaso de su intento de conseguir el indulto Bicentenario, Corbalán debió tener claro que Punta Peuco es el fin. Al menos el suyo. Es probable, entonces, que su operación de 2011 solo pretendiera garantizar una custodia de Gendarmería de confianza que le permitiera alivianar sus días. Aunque también pudo querer dejar sobre la mesa presidencial la oferta de una “experticia” que no pasa de moda; entreabrir la puerta de ese sótano que es Punta Peuco y mostrar los métodos y las convicciones que están encerrados ahí, por si la historia los convoca de nuevo. Una rendija que se abre cuando la Alianza gobernante no está del todo convencida sobre cómo llamar a la dictadura ni cuestiona decididamente el homenaje que hizo el alcalde Labbé a Krassnoff.
Pero el sótano de Punta Peuco no se puede entreabrir sin que de inmediato se asomen los habitantes de esa cárcel. En sus rostros envejecidos se ocultan las atrocidades que cometieron. CIPER investigó durante varios meses la vida de los hombres encerrados en Punta Peuco y de sus familias. Ellos no son los que se beneficiaron con la violencia de esos años, sino los pocos que pagaron: los más brutos y violentos. Los que actuaron por miedo, por obediencia o por sus sicopatías, pero sin saber el plan global donde las atrocidades que cometían eran sólo un engranaje más. Tal vez el mejor ejemplo de eso es Osvaldo Guatón Romo.
Próximo reportaje: Los diarios del Guatón Romo 

* Esta investigación fue financiada por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS – PERÚ).

 

http://ciperchile.cl/2012/04/18/punta-peuco-i-la-fallida-operacion-de-inteligencia-de-alvaro-corbalan/

Punta Peuco II: Los cachureos del Guatón Romo

Punta Peuco II: Los cachureos del Guatón Romo

EL ÚLTIMO CUARTEL DE LOS QUE UN DÍA FUERON DUEÑOS DE LA MUERTE

 

Por : Verónica Torres en Reportajes de investigación

 

 

Peuco es uno de los sótanos de la sociedad chilena y Álvaro Corbalán, con su intento de asesorar al Presidente Piñera, entreabrió su puerta. CIPER investigó la vida de los hombres encerrados ahí: sus disputas, sus reflexiones y sus miedos. Los 49 que habitan esa cárcel no son los que más se beneficiaron con la violencia que generaron. Pero son los que pagaron. Los que actuaron por miedo, por obediencia o por sicopatía, pero sin conocer el plan global donde sus atrocidades eran útiles. Osvaldo Romo, muerto en 2007, es el mejor ejemplo de lo que sigue agitándose en esos sótanos de la Patria.

Vea la primera parte de esta serie. Punta Peuco I: La fallida operación de inteligencia de Álvaro Corbalán.

Todo lo que queda del ex agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) Osvaldo Romo, está en una caja de cartón que lleva años arrumbada en la oficina del juez Alejandro Solís. Los actuarios la llaman “los cachureos del Guatón Romo”. Adentro hay cientos de hojas sueltas escritas a mano, plagadas de faltas de ortografía y una veintena de cuadernos de tapas de colores –cuadernos de niños– llenos con la misma letra abigarrada. Romo los escribió en los siete años que estuvo preso en Punta Peuco. Todos los escritos tratan de lo mismo: recuerdos dispersos sobre el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y sus militantes a los que persiguió y ayudó a masacrar. Reflexiones a veces delirantes y otras veces salvajes, mezcladas con ataques de culpa. Entre líneas se respira el pánico que tuvo a morir en la cárcel.

Sobre Agustín Reyes, militante del MIR de 23 años, detenido el 27 de mayo de 1974 y a quien Romo llevó al centro de tortura Londres 38, el ex agente escribió: “no puedo olvidarlo”. Dice que era un hombre con “garra como mirista”, que tenía “la postura de un buen soldado aguerrido y valiente”. A Ramón Martínez, miembro del Comité Central del MIR, y a quien Romo detuvo y trasladó herido de bala al centro de tortura Villa Grimaldi, le pide que le guarde “un puesto en tu ejército de la otra vida, tú designa cuál”.

Al morir en 2007, Romo cumplía condena por el secuestro calificado de siete miembros del MIR hoy desaparecidos (Jorge Espinosa, Ricardo Troncoso, Diana Arón, Manuel Cortes Joo, Hernán González, María Elena González y Elsa Leuthner). Según los datos del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, desde 1992 –cuando Romo fue arrestado en Brasil y deportado a Chile- el ex agente arrastraba procesos como autor de 34 secuestros calificados, coautor de 22 secuestros calificados y autor de 14 casos de tortura.

Una insuficiencia cardíaca acabó con Romo. Su cuerpo ocupó el nicho 32 del Cementerio General y sus textos fueron a parar a la caja de los cachureos. Nadie fue a despedirlo al cementerio y la fotografía de su ataúd en un carro, arrastrado por un único enterrador, sin cortejo, sin familia ni camaradas, sin los homenajes de los que se sirvieron de su trabajo, es el retrato de la más completa soledad y de la forma cómoda en que una parte de la sociedad chilena espera que desaparezca esta pavorosa parte de nuestra historia.

La caja con los escritos de Romo la heredó Basclay Zapata, El Troglo, otro feroz agente de la DINA que cumplía condena en Punta Peuco y con quien el Guatón Romo trabajó en tres centros de tortura: Londres 38, Villa Grimaldi y José Domingo Cañas. Zapata tiene un prontuario tan vasto como el de Romo: tres condenas como cómplice de cuatro secuestros calificados, siete condenas como autor de 12 secuestros calificados y una condena como cómplice de un homicidio calificado. Entre sus procesos pendientes figura uno como coautor de 46 secuestros calificados y otros 12 casos de tortura en Villa Grimaldi.

El juez Alejandro Solís le incautó la caja a El Troglo mientras investigaba “Villa Grimaldi”, pensando que podía haber algo que lo ayudara a esclarecer las desapariciones ocurridas en aquél temido recinto. Pero no. Lo que quedó ahí era la conversación de Romo con sus fantasmas.

Dentro de esa caja hay una agenda del año 2003 que tiene en la portada la cara del ratón Mickey. Romo la usaba como diario de vida. Cada día copiaba el santoral y las temperaturas máximas y mínimas. Cuando le traían mantequilla y té no olvidaba anotar ese acontecimiento. También los días en que debía ir a declarar por alguno de sus crímenes. Y están sus notas de los fines de semana, en los que esperaba una visita y no llegaba nadie. El resto son páginas en blanco. Solo las temperaturas y los santos permiten notar que ha transcurrido un día. Las jornadas en blanco probablemente las pasaba escribiendo los cuadernos donde habla con sus fantasmas.

19 de enero: No vino nadie. La Sra. Paty me dijo que venía. No-no-no.

21 de marzo: comienzo del otoño. San Eugenia y Clementina.

2 de mayo: Fui al 8 juzgado. Careo con la Sra. Periodista del (MIR) Gladys Armijo (Gladis Díaz) que realizó acusaciones fuertes en contra de mí. San Atanasio.

29 de junio: no vino nadie. Colo-Colo 3 / U. de Concepción 2. River Plate Campeón de Argentina. 5°C – 18 °C. San Pedro- San Pablo.

16 de julio: hoy falleció Celia Cruz de Cuba a los 78 años. 3°C- 17°C. Nuestra Señora Del Carmen.

“Don Osvaldo se sentía traicionado por los militares. Decía que estaba preso por ellos, que él no debería estar preso. A uno que siempre le tuvo mucha rabia era al coronel Marcelo Moren Brito. Él sabía que no iba a durar mucho en Punta Peuco y no quería morir ahí”, dice Víctor Varas, un ex militar y enfermero de Gendarmería.

18 de septiembre: buena comida- almuerzo bueno. Carne y Ensalada. Tedeum- Nunca más, el Cardenal. Repitió las palabras de Cheyre. 9°C-17°C. Fiestas Patrias.

19 de septiembre: Día del Ejército. 8°C-19°C

30 de septiembre: Salí 9° juzgado Sra. Raquel Lermanda sobre dos miristas. Uno vivo me vino acusar de que yo lo torturé- el jefe gordo. Creo que fue el equipo de los gordos, no yo. 10°-24°c. San Gerónimo.

11 diciembre: desocupan tres piezas llega gente. Me comunicaron que esta concedido el permiso del teléfono de Brasil. 11°-29°C. San Dámaso.

13 de diciembre: fue detenido Sadam Hussein 12°C-29°C Sta. Lucia- Aurora.

24 de diciembre: 43 años casado. 12°C- 31°C. Sta. Adela.

Ese año, 2003, se cumplieron 30 años del Golpe de Estado, el momento en que Osvaldo Romo se comenzó a transformar en el feroz criminal que terminó siendo. En su agenda, el 11 de septiembre sólo anotó: “No salí. Doctor Cosme: peso 86,400. Glicemia 138. 4C 22C. Orlando – Rolando”. Al final agregó tres lugares de Santiago, que tal vez tengan algo que ver con lo que hizo ese día: “En Lo Hermida. La Pincoya. Estadio Víctor Jara”. Nada más.

Las palabras de la filósofa Hannah Arendt, escritas a propósito del criminal nazi Otto Adolf Eichmann, se respiran en cada línea de la cotidianeidad de Romo: “Lo más grave en el caso de Eichmann es que hubo muchos hombres como él, y que estos hombres no fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron, y siguen siendo, terrible y terroríficamente normales”.

Aunque esperamos que en los criminales la maldad deje un rastro fácilmente reconocible, lo cierto es que la capacidad de hacer mucho daño a otros puede ser algo que personas comunes y corrientes hagan solo en sus ocho horas de trabajo y pensando en que sólo se trata de sus obligaciones laborales. El mal, sugiere Arendt, tienen una gran capacidad de encarnarse en las vidas banales.

“NO PUEDO OLVIDAR A ESTOS VALIENTES”

La mayoría de las páginas escritas por Romo en la cárcel hablan sobre el MIR, el movimiento fundado en 1965 y al cual Pinochet ordenó eliminar. Sus miembros -estudiantes y trabajadores de 20 a 30 años- comulgaban con el “derrocamiento del sistema capitalista” según reza la declaración de principios. Querían reemplazar el sistema por un gobierno de obreros y campesinos, cuya tarea fuera reconstruir el socialismo “y extinguir gradualmente el Estado hasta llegar a la sociedad sin clases”. Para lograrlo el MIR declara en sus principios que es necesario “un enfrentamiento revolucionario de las clases antagónicas”. De ahí que la DINA se preocupará durante los primeros años del golpe, de hacer desaparecer a sus miembros a los cuales Romo conocía bien.

Antes de ser agente de la DINA, Romo militó en la Unión Socialista Popular (USOPO), encabezada por Raúl Ampuero y se convirtió en dirigente revolucionario de la mítica Población Lo Hermida, donde llegó a emplazar al propio Salvador Allende. Desde allí estableció estrechos lazos de confianza con los dirigentes del MIR que hacían trabajo político en las poblaciones. Entonces nadie se habría imaginado que el “Comandante Raúl”, como le decían a Romo, sería capaz de saltar a los 36 años de un bando a otro después del Golpe y transformarse en el verdugo de sus amigos. Muchos de los jóvenes hoy desaparecidos fueron delatados, detenidos y torturados por él. La traición fue, sin duda, un capítulo de la dictadura que Romo escribió en primera persona. Todavía no queda claro por qué lo hizo.

En una declaración del 2001 que dio en tribunales a propósito de su rol en la desaparición de la periodista y militante del MIR, Diana Arón, Romo se refirió a ella como una mujer “encantadora” a quien había conocido en 1969 en “una toma de terrenos de La Bandera”. Años más tarde, a esta misma mujer que en ese momento estaba embarazada, Romo la detuvo para llevarla al centro de torturas Villa Grimaldi. Pero antes, según dicen los testigos en el proceso, le propinó unos disparos mientras ella escapaba de los agentes de la DINA; tal vez pensando en ese maldito día en que conoció en La Bandera al camarada que la hizo desaparecer.

La traición de Romo -si es que la traición puede entenderse- es una de las menos digeribles. Tiene un sabor distinto a la de Marcia Merino, ex militante del MIR, que luego de ser brutalmente torturada por la DINA terminó colaborando con ellos. Romo, en cambio, no fue forzado a entrar al infierno. Él vio la puerta abierta y quiso cruzarla. En el libro “Confesiones de un Torturador” de la periodista Nancy Guzmán, se relata que a días del Golpe, Romo fue detenido y llevado a la Escuela Militar donde iba a ser fusilado.

Julio Rada, un funcionario de investigaciones, lo reconoció pues lo había interrogado años antes por el robo de un auto. Rada se dio cuenta de que podía usarlo. Lo llevó a un cuartel de la policía. “Si quieres salvarte debes colaborar”, le dijo. Lo puso en una celda donde había detectives sospechosos de ser de izquierda y Romo delató a los policías.

Poco después, seguramente recomendado por Rada, el interventor militar de Madeco, Jaime Deichler, integrante de la red DINA en Buenos Aires, lo contrató para que hiciera lo mismo en esa empresa, la que financió parte de la planilla de colaboradores de la DINA. Su reguero de sangre se hizo conocido. Y en 1974, el oficial Miguel Krasnoff reclutó a Romo para que integrara la agrupación “Halcón I” de la DINA, cuyo objeto era aniquilar al MIR. Fue un año y medio sangriento; toda la carga criminal de la que se lo acusa la acumuló entre 1974 y 1975, año en que finalmente los servicios de seguridad del régimen militar decidieron enviarlo a Brasil con una beca de por vida.

“Una insuficiencia cardíaca acabó con Romo. Su cuerpo ocupó el nicho 32 del Cementerio General y sus textos fueron a parar a la caja de los cachureos. Nadie fue a despedirlo al cementerio y la fotografía de su ataúd en un carro, arrastrado por un único enterrador, sin cortejo, sin familia ni camaradas, sin los homenajes de los que se sirvieron de su trabajo, es el retrato de la más completa soledad”.

El detective Luís Henríquez, que lo capturó en Brasil en 1992, recuerda que la DINA se vio obligada a enviar al ex agente al extranjero. “Romo cometió errores y dejo varias huellas” explica. Luego de las detenciones, Romo volvió varias veces a las casas de los familiares de los militantes del MIR secuestrados a pedirles comida y dinero para los presos. En esas visitas, Romo obviaba un dato esencial: ya estaban desaparecidos.

-Romo era un delincuente -subraya Henríquez.

Como algunos familiares lo conocían de sus tiempos de militante de izquierda, escribieron su nombre cuando estamparon las denuncias por las desapariciones en tribunales. “Sólo un juez se atrevió en 1975 a dictar una orden de detención en contra de Osvaldo Romo, la que nunca se cumplió. Eso fue lo que alertó a la DINA y lo que finalmente motivó que lo enviaran a Brasil, uno de los países que en ese entonces pertenecía a la Triple A, la Liga Anticomunista”, dice Henríquez.

En un peritaje psiquiátrico de 2003, Romo habló sobre su misión en la DINA. La diligencia médica está anexada en el expediente por el homicidio de Lumi Videla, una importante dirigenta del MIR asesinada por la DINA en 1974, durante una sesión de tortura mientras estaba detenida en el Cuartel Ollagüe, cuyo cuerpo fue arrojado luego a la embajada de Italia. Romo le dijo al psiquiatra Roberto Araya, que aceptó colaborar con la dictadura con la condición de que “no cayeran inocentes” y de “minimizar las bajas”. Según transcribió el siquiatra, “su labor era confeccionar un ‘mapa’ y delatar a cada miembro del MIR y aclarar el organigrama de este grupo. Se excusa diciendo que él no mató a nadie y que el MIR había buscado ese destino previamente”.

La descripción de su ingreso a la DINA como una hazaña heroica, contrasta con el relato que hizo en 1995 frente a las cámaras de la cadena Univisión de la forma -con lujo de detalles- en que les aplicaba corriente a los detenidos para hacerlos hablar. En un país donde algunos no saben cómo llamar al periodo dónde Romo era uno de los miles de agentes operativos, sus frases pueden aclarar el punto: “Se les amarra y se les ponen perros metálicos en la vagina, en los pezones, en la boca y en los oídos, y se les da vuelta la máquina. Se les moja un poquito para que sea más fuerte el primer golpe y hablen rápido…”

El Romo de las declaraciones es descrito en la ficha médica como un obeso mórbido, enfermo de diabetes. Un hombre común de 64 años que “camina aparatosamente, arrastrando los pies”. El siquiatra no observa rasgos de demencia: “Habla de sí mismo con deleite, a sabiendas de haberse transformado en un personaje histórico (¿mitológico?). Su actitud también demuestra una convicción de privilegio ante la ley y una seguridad excesiva en su impunidad”.

En 1992, la jueza Dobra Lusic, que investigaba la desaparición del militante del MIR Alfonso Chanfreau Oyarce, detenido el 30 de julio de 1974, logró ubicar a Romo en Brasil y consiguió que fuera deportado. Era uno de los primeros procesos por violaciones a los derechos humanos que se investigaba en democracia. Y Romo uno de los primeros agentes en ser detenido. Su familia se quedó allá. Romo creía que en Chile tendría el apoyo del Ejército. Pero él no era militar. Y pronto entró a cumplir condena a la cárcel pública de Colina como un reo especial, pero reo al fin. Sólo su abogado Enrique Ibarra -coronel (r) del Ejército e integrante del equipo jurídico de esa institución- lo visitaba. Entonces fue cuando se hizo amigo de Víctor Varas, un ex militar y enfermero de Gendarmería.

Varas se refiere a Romo como “Don Osvaldo”.

-Don Osvaldo se sentía traicionado por los militares. Decía que estaba preso por ellos, que él no debería estar preso. A uno que siempre le tuvo mucha rabia era al coronel Marcelo Moren Brito, su jefe en la DINA. Él se portó muy mal con Don Osvaldo, nunca le tendió una mano. Y él me decía: “Ubique al coronel Moren Brito”. Lo llamé muchas veces por teléfono y al final, nunca hizo nada. Don Osvaldo quería que lo fuera a ver y que lo ayudara a salir de la cárcel a causa de su enfermedad, porque él sabía que no iba a durar mucho y él no quería morir ahí. Él quería irse con su familia a Brasil -contó Víctor Varas a CIPER

Hasta que llegó el minuto en que Romo decidió entregar en tribunales los nombres de los miembros de la DINA. Tal como lo hizo en los ’70, volvió a delatar. Los jueces y policías consultados por CIPER concuerdan que Osvaldo Romo se convirtió en una pieza clave para resolver muchos casos de desaparecidos y ejecutados. El 21 de enero de 1999 declaró en el proceso por la desaparición de Luis Dagoberto San Martin e identificó a Ciro Torré, un ex agente operativo de la DINA: “Estuvo en la Venda Sexy, era oficial y llevaba detenidos a Villa Grimaldi”.

También aportó a la investigación por la Operación Colombo, como se llamó a la detención, tortura y desaparición de 119 personas, mayoritariamente del MIR, que la DINA (usando medios de comunicación extranjeros) hizo parecer asesinados por sus propios camaradas. Romo declaró ante el juez Juan Guzmán que uno de los 119, Teobaldo Tello Garrido, fue detenido y muerto en Villa Grimaldi porMarcelo Moren, el jefe que lo olvidó. (Moren hoy está recluido en el Penal Cordillera cumpliendo 21 condenas por secuestros calificados y homicidios que suman 103 años de presidio).

Romo también acusó a Manuel Contreras, el jefe del aparato represivo que obedecía e informaba a Augusto Pinochet, de las desapariciones de: Luis Gajardo Zamorano, Sergio Tormen, Manuel Ramírez Rosales, Jorge Elías Andrónico Antequera, Jacqueline Binfa, Carlos Cubillos Gálvez y Luis Fernando Fuentes, entre otros.

“La mayoría de estas detenciones fueron programadas por un organismo que se denominó Dirección Nacional de Inteligencia con la sigla DINA, que estaba a cargo del entonces coronel Manuel Contreras Sepúlveda y como subjefe está Pedro Espinoza Bravo, quien fue reemplazado en octubre de 1975 por Raúl Iturriaga Neunmann. La DINA tenía centros de funcionamientos denominados José Domingo Cañas u Ollagüe a cargo de Marcelo Moren Brito y Maximiliano Ferrer Lima; Londres 38 o Yucatán a cargo de Eduardo Nekelmann y Gerardo Urich; y Villa Grimaldi oTerranova, a cargo de Cesar Manríquez Moyano, Benyerot y Patricia Almuna. La DINA operaba con dos grandes grupos, el grupo Caupolicán a cargo de Marcelo Moren Brito y el grupo Tucapel, de cuyo jefe no recuerdo el nombre”.

Así como antes había hecho un mapa del MIR, Romo entregó a la justicia un mapa de la DINA.

A partir de entonces algunos ex agentes se acercaron a Osvaldo Romo, quien había sido trasladado a Punta Peuco el 2000. En la caja de los cachureos hay una lista con las visitas que Romo recibió el 24 de febrero de 2007: Ricardo Lawrence Mires y Eduardo Neckelmann Schultz, ambos ex miembros de la DINA. Lawrence pertenecía la Brigada Lautaro y Neckelmann, según lo declarado por Romo, estuvo a cargo de Londres 38. A Lawrence de poco le valió esa reunión. En 2008 fue condenado como coautor del secuestro calificado de Ariel Santibáñez, militante del MIR. A la fecha está procesado como autor de dos homicidios calificados, coautor de 46 secuestros calificados correspondientes a la Operación Colombo, además del proceso donde el sobreviviente Félix Lebrecht lo sindica como autor de su detención ilegal.

Los últimos años de encierro, Romo estuvo casi todo el tiempo solo. A veces lo iban a ver una monja y también Patricia Obando, la esposa de Víctor Varas. Enemistado con los otros presos y transformado en el peor monstruo de la dictadura, el antiguo poblador de una precaria casita de Lo Hermida, describía aquellos militantes del MIR que masacró:

“Yo hoy quiero preguntar, el porqué Los Mataron. Estos jóvenes que eran profesionales, que eran Idealistas yo podría hasta decir que ellos podían ser fanáticos con los pobres del campo y de la ciudad, en todos los centros de trabajo del país. Ellos están todos hoy muertos, esto porque ellos tenían vínculos con personal uniformado de todo Chile, esto fue un trabajo sucio, de los elementos que pensaron con la cabeza torpe que solo tenía musculo, ellos no tenían Postura ni Conducta, ellos no saben que es el arte y que es la ciencia, y al final que ética profesional, yo no puedo olvidar a estos valientes, a ninguno de ellos que tenían gran talento y tenían virtud en la sangre” (Las mayúsculas corresponden al texto de Romo)

Son páginas delirantes, en las que parecen fundirse el miedo, la soledad, la culpa y los fantasmas.

* Esta investigación fue financiada por elInstituto de Prensa y Sociedad (IPYS – PERÚ).

Argentina: Informe criminalización de la protesta

 

Presentación del informe

 

 

Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia siempre hemos sostenido la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, y contra el avasallamiento de los derechos básicos y por eso venimos realizando una intensa campaña contra la criminalización de la protesta y la persecución y asesinatos de luchadores populares.

 

Descargar el informe completo desde aquí.
Este primer informe que aquí presentamos es el resultado de la sistematización de la situación de causas abiertas en todo el país entre el 2001 y el 2012 contra los sectores populares movilizados: contra organizaciones sindicales, de derechos humanos, partidarias, contra movimientos de trabajadores desocupados, territoriales, estudiantiles, contra comunidades indígenas y grupos ambientalistas, entre otros. Actualmente existen en nuestro país más de 4000 personas criminalizadas y judicializadas, y el número de víctimas asesinadas por luchar desde el año 2001 asciende a más de 70.
En la coyuntura actual entendemos que es fundamental insistir en la defensa y reivindicar el legítimo derecho a la protesta, ya que es la base para la preservación de todos los demás derechos. Si este derecho nos falta, todos los demás derechos están en riesgo.
¿Qué entendemos por criminalización de la protesta?
La criminalización de la protesta es una estrategia política que presenta ante la sociedad a la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes.
La protesta por lograr conquistas favorables a diferentes sectores populares, es un derecho que no requiere permiso ni acepta censura. A lo largo de nuestra historia, nuestro pueblo se ha manifestado en las calles, se ha organizado de diversas maneras para hacer escuchar su voz y defender sus reclamos.
La criminalización de las luchas es una de las formas que asume la represión para inmovilizar a las organizaciones populares y amedrentar a todos aquellos que se hacen cargo del legítimo derecho de organizarse y exigir la resolución de sus necesidades. En algunos casos es utilizada como paso previo a la represión abierta, directa, y en otros, articuladamente con ésta. Son diferentes mecanismos con el mismo fin de dominación y control social.
Como exponemos en este informe la criminalización de las luchas es un instrumento que ha sido utilizado con diferentes intensidades por todos los gobiernos de turno y que hoy aplica el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para intentar disciplinar y amedrentar a todos aquellos que cuestionan la miseria y la opresión, y para frenar la organización y las luchas desplegadas por los trabajadores y por los diferentes movimientos populares.
Hoy se pretende sancionar a las organizaciones populares a través de la persecución penal de sus integrantes y dirigentes, y el encarcelamiento es utilizado como “castigo ejemplificador”.
¿Qué se busca con la criminalización de la protesta?
Con la criminalización de la protesta el Estado apunta a varios objetivos al mismo tiempo. Por un lado, frenar el conflicto social, acallando, disciplinando, atomizando y domesticando las disidencias. Por otro, correr el eje de la injusticia denunciada por diferentes sectores movilizados hasta plantear que lo que está sucediendo es un “delito”, una “amenaza para el orden legal”, una “violación a la ley”, deslegitimando la lucha. Esa operación mediática y política sobre la opinión pública es más intensa cuanto más lejos se está de querer resolver la situación que dio origen a la protesta.
Las metodologías para criminalizar la protesta varían pero los objetivos se mantienen. A partir del repudio popular a los asesinatos de Darío y Maxi en junio de 2002, y de las condiciones políticas heredadas del 2001, el gobierno de Néstor Kirchner se vio obligado a apelar a un abanico de metodologías: desde la cooptación hasta la judicialización, y desde la vía libre al accionar de las patotas hasta la represión estatal directa, para quebrar las redes y lazos de solidaridad que se habían desarrollado entre las organizaciones movilizadas. Se acentuó la criminalización política y mediática de las organizaciones independientes del Estado.
Innumerables manifestaciones de la protesta popular se han desarrollado durante estos años: puebladas; movilizaciones; cortes de ruta; huelgas; escraches a genocidas; acampes; piquetes; ocupaciones de fábricas, de tierras y de edificios públicos, han sido distintas expresiones de la protesta de nuestro pueblo. En las fábricas y empresas avanza un proceso de organización independiente del Estado y las patronales, que pone en pie las asambleas y cuerpos de delegados en oposición a las burocracias de los sindicatos. Por su parte el Ministerio de Trabajo es una correa de transmisión de esta política a través de conciliaciones obligatorias, declaración de ilegalidad de las huelgas, desconocimiento de los cuerpos de delegados y de los nuevos sindicatos a favor de la burocracia sindical y los intereses empresariales.
A casi nueve años de la asunción de Kirchner y ya atravesando el segundo mandato de Cristina Fernández, afirmamos que la impunidad, la represión y la persecución a los luchadores sigue siendo una finalidad de las políticas de Estado, porque la criminalización de la protesta social es una herramienta necesaria para sostener un sistema que privilegia las ganancias de una pequeña minoría a costa de las necesidades y sufrimientos de las mayorías populares. Denunciamos por eso que este gobierno, que se presenta como defensor de los derechos humanos y dice condenar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, en los hechos descarga el peso del aparato judicial para perseguir la protesta social del presente. Al día de hoy solamente hay 850 genocidas procesados, y más de 4000 luchadores criminalizados. Desde junio de 2010 han sido asesinados 18 luchadores populares y estos crímenes permanecen impunes.
En los últimos años existe una tendencia a agravar las imputaciones utilizando figuras penales gravísimas que penden como una amenaza sobre la libertad de dirigentes y luchadores, cuestionando derechos como el derecho a la huelga y a la movilización popular. El Gobierno Nacional impulsa esta política de criminalización como lo demuestran las declaraciones de sus funcionarios: Aníbal Fernández con su amenaza “a los que saquen los pies del plato los perseguiremos con el código penal en la mano”, la ministra Garré acusando de “desestabilizadores” a los desocupados que se oponen al clientelismo, y la misma presidenta calificando de extorsivos los reclamos y las huelgas de los trabajadores.
Ha quedado al descubierto en la causa Kraft el espionaje de este gobierno sobre las organizaciones populares a través del Proyecto X de Gendarmería y de otros organismos de Inteligencia con el reconocimiento de la Ministra de Seguridad, y ha quedado demostrado que se utiliza ese espionaje para armar las causas judiciales con las que son perseguidos numerosos trabajadores y luchadores.
Desde diciembre de 2011, la ampliación de la Ley Antiterrorista que había sido sancionada en 2007, representa un peligro que merece el más enérgico repudio y torna urgente la exigencia de su derogación. La mayoría oficialista que ha votado en tiempo record los tratados internacionales contra el terrorismo y dos leyes antiterroristas, se ha negado sistemáticamente en los últimos nueve años a tratar los diferentes proyectos de ley contra la criminalización de la protesta.
La profundización de la represión intenta frenar el proceso de organización de los sectores populares en un año que se presenta con topes salariales, aumento de tarifas y ajuste. Este informe pretende ser un aporte a la plena vigencia del derecho a luchar, a la conquista de todas las reivindicaciones populares y al juicio y castigo a todos los responsables de los crímenes contra el pueblo.
Por todo ello decimos:
CIERRE DE LAS CAUSAS Y ANULACIÓN DE LAS CONDENAS A LOS MAS DE 4000 LUCHADORES POPULARES PROCESADOS
DEROGACIÓN DE LA LEY ANTITERRORISTA
CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES POLÍTICOS Y MATERIALES DE LOS ASESINADOS POR LUCHAR
BASTA DE ESPIONAJE A LOS LUCHADORES OBREROS Y POPULARES.
Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos - AEDD
Asociación de Profesionales en Lucha - APEL
Centro de Abogados por los Derechos Humanos -CADHU
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos - CEPRODH
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo - CADEP
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional - CORREPI
Liberpueblo

 

 

Fin al cruel Extrañamiento fin al destierro, ahora

(Por Hugo Marchant y todos los que hoy sufren el destierro)

 
Veintiun años al momento
de esta pseudo democracia
y aún existe por desgracia
el maldito extrañamiento.
 
 - 1 -
Treinta  y  ocho años van
desde el vil golpe de Estado,
en que Chile fue ocupado
por una dupla rufián.
La derecha  y  su guardián
de uniforme y armamento,
ahogó en sufrimientos
a Chile y toda su historia,
democracia  giratoria
veintiun años al momento.
 
 - 2 -
Miles de asesinados
otros tantos perseguidos,
presos, desaparecidos
y un país entero atado.
Pues quedó encarcelado
con leyes de contumacia,
constitución la falacia
hecha  pa´ los empresarios,
pa´ patrones  cavernarios
de esta pseudo democracia.
 
 - 3 -
Aprovecharon los muertos
toda la sangre vertida,
y dieron su acometida
con terror, leyes e injertos.
Un estado coji-tuerto
nació de tal acrobacia,
políticos verbigracia
hoy se mueven con fruición,
en la vil constitución
que  aún existe por desgracia
 
 - 4 -
Los que hicieron resistencia
pa´  botar la dictadura,
la siguen pagando dura
por leyes de prepotencia.
Les aplicaron sentencia
de obligado cumplimiento,
destierro, alejamiento
de su familia, su tierra,
y todo lo que encierra
el maldito extrañamiento.
 
-Despedida-
El político se aleja
u olvida su promesa,
y la justicia tropieza
con la historia que no ceja.
La memoria y su madeja
urdimbre de bordadora,
va tejiendo la aurora
con acción y pensamiento,
Fin al cruel extrañamiento
fin al destierro, ahora.
 

Un cómplice de la represión que se fue tranquilamente a Chile

Un cómplice de la represión que se fue tranquilamente a Chile
Por Irina Sanesteban (LA ARENA)

El juez federal mendocino Otilio Romano fue suspendido en su cargo, y en 180 días el Consejo de la Magistratura deberá decidir si corresponde su destitución. Ahora el Consejo de la Magistratura lo juzgará en rebeldía, ya que escapó a Chile, donde le dieron una visa temporal.

En marzo de este año, el hoy ex juez federal de Mendoza, Luis Miret, fue destituido por el jury de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación por "mal desempeño", al haber omitido investigar o efectuar denuncia penal de vejaciones, torturas y robos a detenidos puestos a su disposición por parte de fuerzas represivas en esa provincia en febrero de 1976.

Contradiciendo la fama de "conservadora" que pesa sobre la Justicia mendocina, ahora es otro magistrado federal, Otilio Romano, el que fue denunciado y puesto a juicio para decidir si corresponde su destitución como juez de la Nación.
Enjuiciado
Romano fue acusado de haber "omitido en forma reiterada y prolongada" la investigación de "delitos de lesa humanidad de los que habría tomado conocimiento en su condición de fiscal federal y de juez federal subrogante", entre los años 1975 y 1983, y por ello el Consejo de la Magistratura decidió, el pasado 25 de agosto, su suspensión como magistrado federal por 180 días. Término durante el que deberá ser sometido al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que será el organismo encargado de resolver, o no, su destitución.
La resolución del Consejo de la Magistratura fue unánime, aunque hubo dos ausencias: la del camarista Ricardo Ritondo y la de la diputada nacional Stella Maris Córdoba. El escrito expresa que Romano fue "funcional" al terrorismo de Estado al haber "omitido en forma reiterada y prolongada en el tiempo" la investigación de "delitos de lesa humanidad de los que habría tomado conocimiento en su condición de fiscal federal y de juez federal subrogante", durante los meses previo a la dictadura militar y el final del denominado Proceso.
Delitos
El representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo, Hernán Ordiales, quien dirigió la investigación sobre Romano, había dictaminado que el hoy suspendido magistrado estaba sospechado de "mal desempeño" y de haber participado en 93 delitos de lesa humanidad, como secuestros, torturas, allanamientos ilegales, robo de bienes y no haber investigado una causa por la apropiación de una hija de desaparecidos, que archivó invocando las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, a pesar que éstas no se aplicaban al caso de robo de bebés durante la dictadura.
Incluso se encuentra acusado de haber tomado como válidos testimonios obtenidos bajo tortura, así como de tener directo conocimiento de numerosos delitos cometidos en perjuicio de detenidos, por haber visitado los centros de detención como el Departamento de Policía de Mendoza y la Unidad 9 de La Plata.
La suspensión dictada en agosto no pudo ser aplicada porque Romano, el día 24 de ese mes, se tomó un vuelo de Lan hacia Chile, donde enterado de su suspensión como magistrado, pidió asilo político.
Refugiado político
Qué paradoja que este juez, que fue funcional a la peor dictadura militar que vivió el pueblo argentino, que está acusado de complicidad con delitos de lesa humanidad contra detenidos políticos en condiciones ilegales, ahora se ampare en aquellos derechos que no defendió cuando era juez, e invoque el status de "refugiado político". A Romano no se lo persigue por sus ideas o por su actuación como militante político, sino por no haber actuado como juez para impedir o denunciar siquiera, los delitos de los que tuvo conocimiento.
La protección de la que han gozado los genocidas que actuaron durante la dictadura militar, y sus cómplices civiles, sean jueces, periodistas, empresarios o curas, se revela en cada juicio y causa de las muchas que se están desarrollando en varias provincias argentinas.
La gravedad de las acusaciones contra el suspendido juez Romano, implicaría su prisión preventiva, y si fuera encontrado culpable en un supuesto juicio, luego de resolverse su destitución -si fuera extraditado-, seguramente le correspondería la prisión perpetua.
En rebeldía
Sin embargo, el pasado viernes el juez federal Walter Bentos lo declaró "rebelde" y ordenó su detención "a futuro", es decir, luego que el Consejo de la Magistratura lo enjuicie y le quite los fueros que tiene por ser juez federal.
Para el juez Bentos, Romano, como todavía no ha sido destituido, conservaría sus fueros. Pero el fiscal Omar Palermo, de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Mendoza, que apelará esta decisión, dejó sentado en su pedido de captura, que el acusado perdió esos fueros cuando se sustrajo a la actuación de la Justicia.
Pablo Salinas, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), abogado querellante en causas por derechos humanos que se ventilan en el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mendoza, declaró al diario mendocino Los Andes que "existen dos situaciones en las que un juez pierde la inmunidad de los fueros: una, cuando comete un delito en flagrancia y otra, cuando se pone prófugo".
"Y este último es el caso de Romano por lo cual se debe otorgar la orden de captura y detención sin sujetarla a condición alguna", resaltó. Para Salinas, los fueros tienen por objeto la protección de la función judicial y no a la persona del juez.
El pedido de captura y detención de Romano será resuelto por la Cámara de Apelaciones de Mendoza, integrada por Roberto Naciff, Pedro Humberto González y Hugo Echegaray. Este Tribunal ya ha tenido destacada actuación en causas por los delitos cometidos durante la vigencia del Terrorismo de Estado, como cuando en mayo pasado confirmó el procesamiento de Romano, e incluso modificó la imputación original del juez Walter Bentos y la llevó de partícipe secundario a partícipe primario, equiparando la tortura con el homicidio.
Visado temporario
Mientras tiene pedido de captura y detención -aunque sea "a futuro"- en Argentina, Romano obtuvo en Chile un visado temporario de ocho meses para permanecer en ese país, donde se encontraba viviendo en un exclusivo balneario a 75 kilómetros al sur de Valparaíso.
La actitud del gobierno chileno de otorgar tan rápidamente esa visa, produjo algunas especulaciones interesadas al invocar el caso del ex dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Sergio Galvarino Apablaza Guerra, acusado de haber planificado el asesinato de senador chileno Jaime Guzmán en 1991 y el secuestro de Christian Edwards, hijo de uno de los dueños del diario El Mercurio, de Santiago.
El 30 de septiembre de 2010 el gobierno argentino le otorgó el estatus de refugiado político y negó el pedido de extradición de la justicia y del gobierno chilenos, que lo consideran un terrorista.
Según el embajador argentino en Santiago, Ginés González García, Cristina no le pedirá a Chile que devuelva al suspendido camarista, sino que dejará que lo resuelva la Justicia.
En una entrevista publicada por el diario chileno La Tercera, Ginés expresó que es intención de la presidenta no dejar que el caso Romano perjudique la relación entre ambos gobiernos.
Por su parte, el juez chileno Mario Carroza, que investiga el crimen de Jaime Guzmán, dijo que es inviable proponer un "canje" entre el juez argentino Otilio Romano, quien había pedido asilo político en Chile, por el ex frentista Galvarino Apablaza.
Según Carroza, tras la respuesta recibida por Argentina cuando se pidió la extradición de Apablaza, de concederle el asilo político, ya no existen más posibilidades para conseguir la concurrencia del ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ante la justicia chilena.

De este lado de la cordillera, los familiares de miles de mendocinos desaparecidos esperan la extradición del ex juez Romano, para que sea juzgado por su complicidad con los crímenes de la dictadura.