Un cómplice de la represión que se fue tranquilamente a Chile

Por Irina Sanesteban (LA ARENA)

El juez federal mendocino Otilio Romano fue suspendido en su cargo, y en 180 días el Consejo de la Magistratura deberá decidir si corresponde su destitución. Ahora el Consejo de la Magistratura lo juzgará en rebeldía, ya que escapó a Chile, donde le dieron una visa temporal.

En marzo de este año, el hoy ex juez federal de Mendoza, Luis Miret, fue destituido por el jury de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación por "mal desempeño", al haber omitido investigar o efectuar denuncia penal de vejaciones, torturas y robos a detenidos puestos a su disposición por parte de fuerzas represivas en esa provincia en febrero de 1976.

Contradiciendo la fama de "conservadora" que pesa sobre la Justicia mendocina, ahora es otro magistrado federal, Otilio Romano, el que fue denunciado y puesto a juicio para decidir si corresponde su destitución como juez de la Nación.

Enjuiciado

Romano fue acusado de haber "omitido en forma reiterada y prolongada" la investigación de "delitos de lesa humanidad de los que habría tomado conocimiento en su condición de fiscal federal y de juez federal subrogante", entre los años 1975 y 1983, y por ello el Consejo de la Magistratura decidió, el pasado 25 de agosto, su suspensión como magistrado federal por 180 días. Término durante el que deberá ser sometido al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que será el organismo encargado de resolver, o no, su destitución.

La resolución del Consejo de la Magistratura fue unánime, aunque hubo dos ausencias: la del camarista Ricardo Ritondo y la de la diputada nacional Stella Maris Córdoba. El escrito expresa que Romano fue "funcional" al terrorismo de Estado al haber "omitido en forma reiterada y prolongada en el tiempo" la investigación de "delitos de lesa humanidad de los que habría tomado conocimiento en su condición de fiscal federal y de juez federal subrogante", durante los meses previo a la dictadura militar y el final del denominado Proceso.

Delitos

El representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo, Hernán Ordiales, quien dirigió la investigación sobre Romano, había dictaminado que el hoy suspendido magistrado estaba sospechado de "mal desempeño" y de haber participado en 93 delitos de lesa humanidad, como secuestros, torturas, allanamientos ilegales, robo de bienes y no haber investigado una causa por la apropiación de una hija de desaparecidos, que archivó invocando las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, a pesar que éstas no se aplicaban al caso de robo de bebés durante la dictadura.

Incluso se encuentra acusado de haber tomado como válidos testimonios obtenidos bajo tortura, así como de tener directo conocimiento de numerosos delitos cometidos en perjuicio de detenidos, por haber visitado los centros de detención como el Departamento de Policía de Mendoza y la Unidad 9 de La Plata.

La suspensión dictada en agosto no pudo ser aplicada porque Romano, el día 24 de ese mes, se tomó un vuelo de Lan hacia Chile, donde enterado de su suspensión como magistrado, pidió asilo político.

Refugiado político

Qué paradoja que este juez, que fue funcional a la peor dictadura militar que vivió el pueblo argentino, que está acusado de complicidad con delitos de lesa humanidad contra detenidos políticos en condiciones ilegales, ahora se ampare en aquellos derechos que no defendió cuando era juez, e invoque el status de "refugiado político". A Romano no se lo persigue por sus ideas o por su actuación como militante político, sino por no haber actuado como juez para impedir o denunciar siquiera, los delitos de los que tuvo conocimiento.

La protección de la que han gozado los genocidas que actuaron durante la dictadura militar, y sus cómplices civiles, sean jueces, periodistas, empresarios o curas, se revela en cada juicio y causa de las muchas que se están desarrollando en varias provincias argentinas.

La gravedad de las acusaciones contra el suspendido juez Romano, implicaría su prisión preventiva, y si fuera encontrado culpable en un supuesto juicio, luego de resolverse su destitución -si fuera extraditado-, seguramente le correspondería la prisión perpetua.

En rebeldía

Sin embargo, el pasado viernes el juez federal Walter Bentos lo declaró "rebelde" y ordenó su detención "a futuro", es decir, luego que el Consejo de la Magistratura lo enjuicie y le quite los fueros que tiene por ser juez federal.

Para el juez Bentos, Romano, como todavía no ha sido destituido, conservaría sus fueros. Pero el fiscal Omar Palermo, de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Mendoza, que apelará esta decisión, dejó sentado en su pedido de captura, que el acusado perdió esos fueros cuando se sustrajo a la actuación de la Justicia.

Pablo Salinas, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), abogado querellante en causas por derechos humanos que se ventilan en el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mendoza, declaró al diario mendocino Los Andes que "existen dos situaciones en las que un juez pierde la inmunidad de los fueros: una, cuando comete un delito en flagrancia y otra, cuando se pone prófugo".

"Y este último es el caso de Romano por lo cual se debe otorgar la orden de captura y detención sin sujetarla a condición alguna", resaltó. Para Salinas, los fueros tienen por objeto la protección de la función judicial y no a la persona del juez.

El pedido de captura y detención de Romano será resuelto por la Cámara de Apelaciones de Mendoza, integrada por Roberto Naciff, Pedro Humberto González y Hugo Echegaray. Este Tribunal ya ha tenido destacada actuación en causas por los delitos cometidos durante la vigencia del Terrorismo de Estado, como cuando en mayo pasado confirmó el procesamiento de Romano, e incluso modificó la imputación original del juez Walter Bentos y la llevó de partícipe secundario a partícipe primario, equiparando la tortura con el homicidio.

Visado temporario

Mientras tiene pedido de captura y detención -aunque sea "a futuro"- en Argentina, Romano obtuvo en Chile un visado temporario de ocho meses para permanecer en ese país, donde se encontraba viviendo en un exclusivo balneario a 75 kilómetros al sur de Valparaíso.

La actitud del gobierno chileno de otorgar tan rápidamente esa visa, produjo algunas especulaciones interesadas al invocar el caso del ex dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Sergio Galvarino Apablaza Guerra, acusado de haber planificado el asesinato de senador chileno Jaime Guzmán en 1991 y el secuestro de Christian Edwards, hijo de uno de los dueños del diario El Mercurio, de Santiago.

El 30 de septiembre de 2010 el gobierno argentino le otorgó el estatus de refugiado político y negó el pedido de extradición de la justicia y del gobierno chilenos, que lo consideran un terrorista.

Según el embajador argentino en Santiago, Ginés González García, Cristina no le pedirá a Chile que devuelva al suspendido camarista, sino que dejará que lo resuelva la Justicia.

En una entrevista publicada por el diario chileno La Tercera, Ginés expresó que es intención de la presidenta no dejar que el caso Romano perjudique la relación entre ambos gobiernos.

Por su parte, el juez chileno Mario Carroza, que investiga el crimen de Jaime Guzmán, dijo que es inviable proponer un "canje" entre el juez argentino Otilio Romano, quien había pedido asilo político en Chile, por el ex frentista Galvarino Apablaza.

Según Carroza, tras la respuesta recibida por Argentina cuando se pidió la extradición de Apablaza, de concederle el asilo político, ya no existen más posibilidades para conseguir la concurrencia del ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ante la justicia chilena.

De este lado de la cordillera, los familiares de miles de mendocinos desaparecidos esperan la extradición del ex juez Romano, para que sea juzgado por su complicidad con los crímenes de la dictadura.