DDHH

Argentina: Boletín informativo de CORREPI

Foto:Carlos Fuentealba, asesinado por la policía neuquina en 2007

 

195 desaparecidos en democracia / Se profundiza la crisis, el pueblo protesta y el Estado reprime / Cárceles de mala muerte: bonaerenses, provinciales y federales / Policía municipal de Morón, la relatividad de los progresistas / Gatillo callejero, rural y hogareño…. Fácil, siempre muy fácil / El juicio de Mariano: la semana policial.

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195 desaparecidos en democracia

El 30 de agosto se conmemoró internacionalmente el día del detenido -desaparecido. El gobierno nacional lo celebró reprimiendo trabajadores con la gendarmería en Panamericana, para luego llevarlos detenidos ilegalmente a Campo de Mayo, y en los múltiples actos y discursos que se escucharon ese día poco se dijo de quienes el Estado desapareció desde 1983 hasta esta parte.

Pareciera que hablar de desaparecido es hablar del pasado, de la dictadura, de Videla. Pero quien piense que esa modalidad represiva terminó con la dictadura del ’76 se equivoca: son 195 las personas que los gobiernos democráticos detuvieron, torturaron y desaparecieron bajo la cortina de la ‘democracia’.

La restauración democrática anunciaba que, en 1983, la organización del pueblo estaba aplastada. Sin embargo, ningún gobierno jamás dejo de reprimir las movilizaciones y protestas populares, lo que nos costó, hasta hoy, 66 personas asesinadas por la represión directa a manifestaciones. Pero a la clase dominante no le basta con reprimir y aleccionar a quienes ya se organizaron para luchar por sus intereses, sino que también necesita evitar esa organización. Así es como el gatillo fácil, las torturas sistemáticas y las detenciones arbitrarias, se despliegan en todos los barrios del país contra la juventud de los sectores más explotados.

Las fuerzas represivas del Estado no suelen esconder el cuerpo de sus víctimas de la represión “preventiva” o “selectiva”, sino que optan, cuando hay que dar alguna explicación, por hablar de manzanas podridas, malditas policías, inventar enfrentamientos o presos ahorcados.

Pero lo cierto es que, aun sin centros clandestinos de detención o fosas comunes donde disponer de la tortura y los cuerpos más fácilmente, el Estado se la rebusca para seguir desapareciendo personas con lo que tiene a mano. Muchas veces, luego de detenerlos y torturarlos, para deshacerse y esconder el cuerpo, los tiran a un río o dejan el cuerpo cerca de las vías del tren para simular un accidente. Las desapariciones de personas en basurales o terrenos baldíos también son frecuentes, o los entierros clandestinos. En estos casos, el cuerpo del desaparecido puede ser más fácilmente encontrado, pero hay veces que el aparto estatal es por demás eficiente en la desaparición y nunca más se conoce el paradero de la víctima.

Son 195 las personas que contabilizamos como desaparecidas desde 1983. Fueron detenidas por la policía o cualquiera de las otras fuerzas represivas; se las vio siendo torturadas en una comisaría, para luego ya no verlas más. Sabemos que es posible que haya más casos de desaparición donde el Estado ha actuado eficientemente en su tarea represiva, sin dejar huellas ni testigos.

El kirchnerismo, que hizo de los desaparecidos de la dictadura una bandera, es responsable de más de 67 casos de desapariciones, superado sólo por los diez años menemistas con casi 80 desaparecidos.

La represión a organizaciones de trabajadores, el gatillo fácil, la tortura y también la desaparición de personas siguen siendo política de Estado, no puede ser de otra forma en una sociedad dividida entre ricos y pobres.

Se profundiza la crisis, el pueblo protesta y el Estado reprime

El pasado sábado 25, en Orán, provincia de Salta, trabajadores del ingenio azucarero San Martín del Tabacal, realizaron un bloqueo en la ruta 50 para exigir la reincorporación de 57 compañeros despedidos en medio de una negociación paritaria. Ante esto, el gobernador kirchnerista Urtubey dispuso el envío de 300 efectivos de la policía provincial con la orden expresa de desalojar la ruta, que conecta con la estratégica ruta 34, que comunica a Salta con Bolivia.

Con la agudización del conflicto, familiares de los trabajadores se acercaron al ingenio en apoyo, con lo que el corte llegó a tener 2.500 personas que fueron reprimidas con gases y balas de goma. El resultado fue el de varios heridos y personas descompuestas por inhalación de gases, además de los habituales detenidos. La represión siguió con la cacería y las amenazas a todo aquél que apoyara a los trabajadores del ingenio. Tal es el caso del periodista local Samuel Huerga, quien transmitió por radio todo el conflicto y recibió varias amenazas de muerte.

Hay quienes puedan pensar que esto es un problema local, que el gobierno nacional nada tiene que ver. Pero este método fue diagramado hace tiempo, enla II Reunión Plenaria del Consejo de Seguridad, liderada por Nilda Garré, donde se lanzó un protocolo de acción conjunta para saber qué hacer en estos casos (ver boletín N° 637). En ese encuentro se vaticinaba que iba a aumentar el conflicto social por la agudización de la crisis; los gobiernos provinciales reclamaban medidas claras y mecanismos para tratar con los díscolos que no quisieran agachar la cabeza: este es uno de los resultados.

Unos días después, pero en Pacheco, provincia de Buenos Aires, organizaciones barriales cortaron la autopista Panamericana, en reclamo del aumento para el programa Argentina Trabaja. El encargado de llevar adelante el operativo de gendarmería fue el mismo Sergio Berni, secretario de seguridad, quien anteriormente, y como remarcáramos en numerosas ocasiones, estaba a cargo de negociar con las organizaciones piqueteras desde el Ministerio de Desarrollo Social, o sea viejo conocido.

El desalojo de la Panamericana se resolvió en cuestión de minutos, gendarmería desplegó un operativo cerrojo y, aunque los manifestantes intentaron resistir, no pudieron sostener el corte. El saldo fue de 60 detenidos que fueron llevados a Campo de Mayo, lugar donde tiene una de sus bases de acopio y nálisis de datos el Proyecto X.

En declaraciones en el lugar, Berni sostuvo: "Esta no es la manera de actuar o de protestar, considerando que el Gobierno Nacional atiende todos y cada uno de los reclamos y siempre busca el diálogo y la solución de los problemas". Como será de compleja la situación, si el “diálogo” con los que antes eran sus aliados e inclusive fuerza de choque, como Libres del Sur, hoy alineados con Binner, es éste. ¿Qué pueden esperar las organizaciones que siempre se mantuvieron independientes?

Como podemos ver, la variable del ajuste siempre es la misma. La crisis se profundiza y la sufre el pueblo que sale a las calles a reclamar. La respuesta del gobierno no es otra que la represión, ya que ésa es la función que cumple: garantizar mediante balas, gases y palos la ganancia de los empresarios, inclusive si los empresarios son el Estado.

Cárceles de mala muerte: bonaerenses, provinciales y federales

A pesar de los intentos del oficialismo por hacernos creer que el Servicio Penitenciario Bonaerense es el único en el que se tortura, reprime y mata a los presos, ésta es una situación que se extiende a todas las cárceles del país, ya sea que dependan del Servicio Penitenciario Provincial, Bonaerense o Federal. Es que esta no es una cuestión de jurisdicción o de internas políticas, sino de clase.

Como bien sabemos, a la cárcel no van los poderosos, sino los pobres, el pueblo trabajador, los explotados. Es que el Estado necesita de todo su aparato represivo para sostener un sistema de desigualdad, en el que una mayoría es explotada por una minoría. Las cárceles, lejos de intentar “rehabilitar”, son parte de este aparato de control social, que nos enseña a mantener la cabeza gacha.

En la cárcel de mujeres de Ezeiza, dependiente del SPF (Servicio Penitenciario Federal), María Laura Acosta, de 35 años y madre de un hijo a quien sostenía económicamente desde la cárcel, esperaba salir en libertad en enero, pero fue encontrada ahorcada y degollada, con varias puñaladas en su cuerpo; y Cecilia Hidalgo, de 24 años, fue encontrada asfixiada sobre su cama. Sus compañeras bien saben cómo se manejan las cosas ahí, y manifestaron que siempre los asesinatos se hacen pasar por suicidios.

Sergio Omar Ibarra, detenido en la cárcel de Devoto, también dependiente del SPF, estaba enfermo de VIH. El SPF le negó la atención médica necesaria, frente a lo cual sus compañeros presentaron un habeas corpus colectivo para exigir que Sergio recibiera cuidado médico. Las autoridades del SPF cajonearon el habeas corpus, lo trasladaron al hospital penitenciario, donde recibió un solo medicamento y luego fue regresado a su lugar de detención, porque en el hospital, dijeron, “no tenía camas disponibles”. Sergio falleció porque el estado le negó la atención médica que necesitaba.

En Mendoza, en la cárcel de San Felipe, famosa por los videos y fotos de torturas que salieron a la luz el año pasado, Diego Gatica Toledo, de 35 años, apareció “ahorcado” en su celda. Diego cumplía una condena de 10 años, le faltaban dos años para salir en libertad.

Las torturas y asesinatos de personas privadas de su libertad, al igual que el gatillo fácil, son prácticas sistemáticas de un estado que necesita de todo el peso de la represión. Más allá de los falsos debates que ponen en la agenda distintas figuras del progresismo, planteando medidas para reformar las instituciones del aparato represivo como la desmilitarización del sistema penitenciario o su conducción civil (medida que, de hecho, ya existe), lo cierto es que las cárceles y los institutos de menores, son desde su inicio, un lugar donde encerrar a los pobres, castigarlos y enseñarles a fuerza de palos, como ser dóciles y agachar la cabeza.

Policía municipal de Morón, la relatividad de los progresistas

Decía Einstein que, para buscar resultados diferentes, se impone no hacer siempre lo mismo. La incuestionable recomendación del notable físico da por tierra con los afanes y aspiraciones de los sectores de la pequeña burguesía y reformistas afines devenidos en administradores del estado.

"Estamos en condiciones de conducir una policía municipal", dijo el intendente de Morón, el sabatelista Lucas Ghi. Con la prolojidad propia de quienes barren y acumulan la tierrita debajo de la alfombra, rodeado de "fuerzas vivas de la sociedad", con la participación íntegra de la plana mayor de la policía distrital y los representantes del Poder Judicial local, el administrador municipal dijo que pretende el gobierno de los 450 agentes de las 7 comisarías locales, para elaborar las tareas de prevención y aplicar las sanciones "a quienes no desarrollen correctamente su vocación de servicio".

Se podría suponer que, al pretender el manejo de la policía, el intendente de Morón postula lo diferente. Pero si reparamos cómo repite los viejos enunciados del sistema en crisis que él y sus correligionarios defienden con el recurso devaluado del maquillaje verbal, aplicando la lógica del científico enunciador de la teoría de la relatividad, se advierte que el resultado no será diferente.

En el sistema capitalista, la única prevención que funciona es la de los que mandan, y la única “vocación policial” efectivamente comprobada, es la de convertirse en perros guardianes de sus intereses.

El tema de la seguridad siempre ha sido estructural del sistema capitalista. Responde a una regla lógica que -aunque moleste a los políticamente correctos- es incontrastable: en una sociedad con privilegios de clase, la violencia social es su consecuencia. Cuanto más se consolidan esos privilegios y más se profundizan las diferencias, mayor es el grado de respuesta violenta del estado.

La mentada prevención del intendente redundará entonces en mayor poder de disciplinamiento: cámaras de seguridad, que en el Partido de Morón superan las 200, incorporación de mayor poder de fuego con armas y 33 nuevos patrulleros en comisarías, alarmas por doquier, sospechas y denuncias las 24 hs., proponen un modelo de "convivencia" basado en el control y la vigilancia, la delación, la estigmatización, la selectividad penal, en una palabra, el cretinismo político de quienes se autodenominan progresistas y no son otra cosa que la versión aggiornada de los viejos reaccionarios.

Para el intendente progresista, el gatillo fácil que mata un pibe por día, es apenas un incorrecto cumplimiento de una vocación.

Hace mucho tiempo sostenemos que la hipótesis de conflicto interno que manejan desde el poder, se centra en la cuestión de la "seguridad ciudadana". Que excusados en ella, desde los diferentes poderes estatales y cualquiera sea el signo político con el que pretendan diferenciarse, lo cierto es que cobra vida el estado policíaco (aquel que entre otras cosas, disminuye las garantías o equipara una protesta a un delito) al tiempo que se militariza la sociedad (más fuerzas de ocupación que ven en los pobres al enemigo interno). Lo sabe y comparte el partido del intendente de Morón, que, con Sabatella a la cabeza, votó disciplinadamente la ley antiterrorista del gobierno autodenominado de los DDHH.

Nos preguntan a menudo, ¿y Uds. qué proponen para resolver el tema de la seguridad?, y nosotros respondemos aquello que perturba y descoloca: la seguridad es el gran accesorio del sistema capitalista, no tiene solución porque el capitalismo no puede dar ninguna solución.

Se pueden discutir muchas otras cuestiones, se pueden proponer alternativas en otras áreas, pero nada en materia de seguridad: en todos los casos se termina de la misma manera, con todos los muertos y todos los presos de un mismo y pobre lado. No seremos nosotros, NUNCA, quienes aportemos a esa política de estado.

El sabio, solía hablar del concepto "Espacio-tiempo" para graficar que no existen entidades independientes del contexto.

En la Argentina capitalista, en la provincia con más pobres y conflictividad social, en el municipio con barriadas circundantes humildes, sumidas en la inflación, la explotación y la alienación, hablar de policía municipal y manejo civil de la seguridad es la encubierta manera de seguir haciendo lo mismo de siempre.

Gatillo callejero, rural y hogareño…. Fácil, siempre muy fácil

A Cristian Chanta lo mató la Federal el día de su cumpleaños, el 20 de agosto de este año. Cumplía 23, pero no pudo terminar el festejo porque de un balazo le apagaron todos sus sueños. El policía de apellido Pérez, un suboficial de la comisaría 29ª radicada en el barrio porteño de Villa Crespo, que viajaba junto a otro vigilante en su Toyota Corolla, relató que tuvo que frenar el coche porque el muchacho y dos amigos se lo apedrearon. Que cuando lo hizo y se bajó, vio que Cristian se llevó la mano al bolsillo y en un heroico acto de inteligencia, supuso como siempre lo hacen: disparando con su 9 mm reglamentaria (“fuera de su horario laboral”) para concatenar cualquier duda con una sistemática certeza: a los pibes pobres hay que bajarlos para prevenir.

Dicen los diarios que Cristian fingió tener un arma, que por eso el milico le disparó… por la espalda. Pero cuando su cuerpo estaba tirado en la calle Isabel La Católica, entre Caseros y Pardo en la localidad de San Miguel (casi al límite de Moreno), no había con él arma alguna. Sólo una realidad que evidencia nuestra certeza: que el gatillo es facilísimo en las miserables cuadras de la desigualdad, que el gatillo es facilísimo cuando las balas del Estado sucumben en los cuerpos de aquellos a quienes someten diariamente.

Cristian llegó al Hospital Raúl Larcade casi sin vida. Murió minutos después. El policía y el otro colega que lo acompañaba, habrán llegado a sus respectivas casas con la satisfacción de haber cumplido con su deber, con la seguridad (¿ésta es la que pide, Sr. Vecino?) de que al día siguiente algún Fiscal de turno, esta vez el Dr. Fernando Corda de la Unidad Funcional nº 22 de Malvinas Argentinas, considerará su actuación como una respuesta en “legítima defensa”. Los chicos que acompañaban a Cristian, estarán huyendo como puedan de las garras policiales y de los ejemplares justicieros (paradójico antónimo que se le asigna a los botones y alcahuetes), con toda la fuerza de los servidores de la Comisaría 3ª de San Miguel sobre sus espaldas.

Pero la historia de Cristian es cruelmente una de tantas desde que CORREPI empezó a investigar y luchar contra el accionar represivo del Estado. Es uno de los últimos casos en la larga lista que creció este año y que presentaremos en el Archivo cuando nos juntemos en Plaza de Mayo. Historias que dan cuenta de cómo vivimos los explotados de nuestro tiempo.

Como la de Héctor García (45) en Chubut, quien por resistirse a la autoridad policial fue torturado en la Seccional 5ª a cargo del comisario Naya, hasta producirle la muerte horas después de ser liberado. Como la de Nadia Joana Moreno (24), quemada y mutilada por su novio policía en La Rioja, dando cuenta de la complicidad Estado/Patriarcado que, por supuesto dejará abandonados a sus tres hijos. Como la de Ivana Perán (30), asesinada de un balazo en la cabeza por su concubino Alberto Carrizo, un suboficial de la Departamental Calamuchita en Cruz del Eje, Córdoba.

Como la del pibe asesinado por un ex policía de un balazo en el pecho con una 38 mm, en el Bracho, Tucumán, cuando entraba a robar en la finca del propietario, primo del milico. Como la del muchacho asesinado en Martín Coronado, partido de Tres de Febrero, por un teniente que presta servicios en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Martín, quien paseaba fuera de servicio en su Eco Sport pero que le disparó con su arma reglamentaria porque, dijo, quiso robarle. Como la de otro pibe en Córdoba, que en una entradera le afanó la billetera a un civil sin sospechar que era policía y recibió un certero disparo que lo mató en el acto. Para excusarse, el asesino tuvo que argumentar el forcejeo y así nomás, al muerto, plantarle una 9mm.

Como la historia de Johnatan Soraire (20), que, a caballo, como en los viejos tiempos de los bandidos rurales, quiso asaltar a un civil que resultó ser un policía federal. Pero sin suerte, quizá con menos que la de aquellos, terminó con tres balazos propiciados por el sargento Evaristo González (56) o Elber Espíndola, en la puerta de su casa en la calle Juan B. Justo al 700 en González Catán. Su familia fue a buscar su cuerpo al enterarse por los vecinos rápidamente, ya que vivían en el mismo barrio que el cana que les mató a su hijo.

Largas, extensas las historias que se suman día a día para engrosar el Archivo. Cada una es particular porque cada uno de nuestros pibes es único. Pero todos, absolutamente todos, son el mismo motivo que a cada momento pone el grito donde pretenden callarnos. Ponen el grito en una verdad irrefutable: la represión es sistemática porque la explotación que llevan los ricos y poderosos pretende mantenernos a raya. Pero también escupen otra mucho más necesaria: que sólo en la lucha, cotidiana y perseverante, algún día dejaremos de contar para ser libres. Organizarnos hará ese camino mucho más hermano y sencillo.

El juicio de Mariano: la semana policial

Con el testimonio, el lunes a media mañana, de María Wenceslada Villalba, militante del Polo Obrero y compañera de Elsa Rodríguez, que produjo una declaración tan sólida como emocionante, terminó la ronda de querellantes que había comenzado la semana pasada, y empezaron a desfilar los policías bonaerenses y federales que lograron eludir toda imputación.

Primero escuchamos a los de la DDI de Lomas de Zamora, que tuvieron a su cargo identificar el domicilio y la persona de Cristian Daniel Favale a partir del llamado anónimo, desde un locutorio, al 911, que lo sindicó como uno de los tiradores. La habitual "desprolijidad policial" y la no menos frecuente pérdida de memoria selectiva del sargento Julio César Benítez, la comisario Mónica Dávalos, el oficial principal Eber Bobadilla y el inspector Bruno Soria, y sus titubeos a la hora de explicar lo que llaman "tareas investigativas", que consistieron, por ejemplo, en buscar los nombres de los habitantes del domicilio denunciado en el sitio de Internet Telexplorer.com, simplemente mostraron cómo trabajan habitualmente.

Después vino un federal de la comisaría 30ª, que estuvo sobre la calle Pedro de Luján. "Desde que llegué, apenas pasadas las 12:00, hasta el final, el subcomisario Garay me dio sólo dos órdenes", dijo el actual inspector Sergio Domínguez -lo ascendieron el mes pasado- cuando le preguntamos por las directivas que recibió en Barracas el 20 de octubre de 2010. "Primero, la orden fue permanecer en observación. Y después que el grupo que estaba sobre la vía bajó y nos pasó corriendo, la orden fue avanzar con cuidado de nuestra integridad física". Y, para proteger a su jefe, uno de los acusados, hasta se olvidó dónde estacionó el patrullero en el que llegó.

El oficial escribiente Luis Humberto Coronel, también de la comisaría 30ª, admiró por su capacidad de expresarse con menos de 150 vocablos. Recordó, sin embargo, que eran unos 100 a 150 los que estaban sobre las vías, y que los compañeros se iban ya, a más de 200 o 300 metros. Agregó que, junto a la patota, vio a policías de la División Roca que conocía, ya que hizo adicionales en el ferrocaril, y a un grupo de infantería que sólo se mostró cuando todo hubo terminado.

Rompió un poco el tedio de desmemoria el sargento José Alberto Ortigoza, de la brigada de la comisaría 30ª, que fue comisionado para servir de enlace con los manifestantes, por lo que vio los hechos desde la esquina de Santa Elena y Luján, a metros de la parrilla al paso donde ellos se detuvieron. "El panorama era normal ... iban a hacer una asamblea para decidir cómo seguía, así que me aparté unos 15 o 20 metros por Santa Elena. Los manifestantes eran unos 50, muchas mujeres, chicos, adolescentes... encolumnaron y empezaron a marchar para Vélez Sársfield. Cuando esta gente empieza a caminar, yo me acerco a la esquina y veo gente que viene corriendo desde las vías. Le dije al periodista "correte" y yo me corrí para atrás. Sobre la calle Santa Elena había un grupo de unos tres efectivos de civil de la División Roca, me quedé con ellos. En eso unos 6 del grupo que corría desde las vías se viene a increparnos, gritaban "esos son zurdos, vamos a darle”. “Pará que somos poli” dijo uno de la División Roca, y uno de los que corría lo reconoció, y se fueron. Enseguida me asomé a la esquina, caían todo tipo de objetos contundentes y sonaban las alarmas de los autos. Retrocedí por Santa Elena y dí la vuelta por la calle Villarino”. Agregó que, al principio, los patrulleros estaban colocados sobre Luján, cortando el tránsito, cruzados. Pero más adelante, cuando estaba en la calle Santa Elena con los manifestantes, vio que los habían corrido, y estaban a los lados, a 45º.

Luego fue el turno del principal Ángel Castro, de la PFA, que trató de quedar bien para la tribuna cuando dijo, con cara de indignado: "... podría haber sido cualquiera de nosotros, mi hijo... personalmente creo que no puede ser que cualquiera ande armado, esto no se arregla así. Esté o no en concordancia con él, a este muchacho lo mataron mal”. Los pocos imputados presentes en la sala lo miraron incrédulos.

El sargento Alejandro Tocalino de la DDI de Quilmes, dejó a la vista las relaciones de Cristian Favale con la bonaerense. Contó que otro policía, de Florencio Varela, se lo presentó una año antes, y que, a partir del 20 de octubre de 2010, el barra brava reclutado por la UF lo llamó varias veces a su celular, para contarle que "había estado en el problema ése en Capital" y para pedirle ayuda.

La última declaración de la semana fue la del comisario inspector Alejandro Daniel Recalde, que se atajó de entrada: "conozco a varios de los imputados, son mis compañeros de armas”. Luego se le preguntó por el sumario administrativo policial que labró, porque para octubre de 2010 era jefe de investigaciones administrativas de Asuntos Internos. Quedó claro que ese sumario es nada más que una formalidad, ante la repercusión del hecho, que se construye con recortes periodísticos y las declaraciones de los propios involucrados.

Lento, pero seguro, se va cerrando el círculo en torno de todos los imputados.

 

"Estas indignantes imágenes, no hacen sino rememorar la violencia ejercida por militares"

Corporacion Parque por la Paz  Villa Grimaldi

 

Las imágenes de estas últimas semanas han mostrado a estudiantes, hombres y mujeres, arrastrados por policías fuertemente armados en el marco de las movilizaciones sociales que demandan una educación de calidad. Las denuncias de vejaciones y abusos en cuarteles y vehículos policiales a jóvenes estudiantes, menores de edad, se han incrementado en el último tiempo. Estas indignantes imágenes, no hacen sino rememorar la violencia ejercida por militares y carabineros contra universitarios y secundarios luego del golpe militar.

Es preocupante constatar que frente a este accionar, las autoridades que debieran encauzar las demandas de una educación pública y de calidad por mecanismos políticos e institucionales, tienen también como principal respuesta la represión, la criminalización de la movilización y el desconocimiento de la condición de interlocutores válidos a la dirigencia estudiantil.

Villa Grimaldi, como sitio de memoria, es el testimonio fehaciente de los grados que puede alcanzar la violencia ejercida por el Estado. En este lugar y en otros centros clandestinos de la DINA, fueron muchos los jóvenes detenidos, torturados, asesinados y convertidos en detenidos desaparecidos. Alfonso Chanfreau de la Universidad de Chile, María Isabel Joui que fuera dirigente del Liceo 3 de Niñas o Mauricio Jorquera y Luis Valenzuela del Instituto Nacional, este último candidato a presidente de la entonces Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago (FESES), símil de lo que hoy es la ACES y la CONES.

En el caso de las estudiantes, el accionar de Carabineros busca inhibir su participación a través de la represión brutal sobre el cuerpo, provocando reacciones de vergüenza y humillación en adolescentes, quienes aún no han desarrollado las herramientas para enfrentar este tipo de agresiones, muchas veces, socialmente instituidas.

Dirigentes estudiantiles denuncian seguimientos, intervenciones telefónicas y aprehensiones por civiles. Estas agresiones se reiteran en Antofagasta, Calama, Rancagua y Santiago como lo han dicho organizaciones que dan curso a las denuncias y acompañan a las víctimas.

En este contexto, Villa Grimaldi expresa su respaldo a los estudiantes, que hoy como ayer, luchan por sus derechos y su dignidad.

Demandamos el cese de la presencia en los establecimientos educacionales de piquetes de uniformados y el fin de los abusos contra los estudiantes y particularmente, el de aquellos abusos sexistas de los funcionarios policiales contra las mujeres.

Llamamos al gobierno, al parlamento, a las autoridades regionales y comunales y a las jefaturas policiales para que detengan esta escalada represiva cuanto antes. No queremos que se repitan hechos como la muerte del joven adolescente Manuel Gutiérrez, muerto por proyectiles policiales en la comuna de Macul. Las autoridades deben comprender que la represión no detiene las demandas, sino que las radicaliza y muchas veces extiende.

Respaldamos las demandas de nuestros jóvenes estudiantes, secundarios y universitarios, que aún no tienen respuestas efectivas, eso lo consideramos un deber ético para todas y todos nosotros. Como sitio de memoria, trabajamos día a día por una educación de respeto y promoción por los derechos humanos, postulamos una cultura participativa e inclusiva, sin represión ni abusos para que la democracia pueda efectivamente profundizarse.

DIRECTORIO CORPORACIÓN PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDI

Peñalolén, 22 de agosto 2012.

  villagrimaldi.cl 

Denuncian casos de violencia sexual policial en Chile

 

PL

Líderes estudiantiles y parlamentarios pidieron que se investiguen varias denuncias sobre abusos sexuales de Carabineros contra escolares chilenas detenidas en desalojos a colegios.

 

Patricia Rada, abogada de la agrupación Corporación Humanas, dio a conocer a miembros de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Educación de la Cámara baja hechos de desnudez forzada y manoseos indebidos en las comisarías y en los vehículos policiales.

La jurista afirmó que la violencia sexual policial se ha constituido en un patrón de conducta hacia las mujeres estudiantes por su condición de género.

Por su parte la observadora de Derechos Humanos Javiera Campos calificó también de extrema gravedad la negación en ocasiones de información sobre jóvenes arrestados en penitenciarías a familiares y otras personas.

Ante tales denuncias, la diputada del Partido Por la Democracia Cristina Girardi y el diputado de la Izquierda Ciudadana Sergio Aguiló anunciaron que sería solicitada a la Cámara baja una comisión investigadora.

"Son hechos sumamente graves", enfatizó la legisladora.

También el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y portavoz del movimiento estudiantil, Gabriel Boric, llamó a que estas acusaciones sean investigadas.

"Yo creo en el principio que nadie es culpable hasta que se pruebe lo contrario, pero me parece que son acusaciones gravísimas", dijo a Radio Bío Bío de Chile.

La víspera estudiantes secundarias víctimas de los mencionados abusos, acompañadas de representantes de organizaciones de derechos humanos, presentaron sus testimonios ante un grupo de parlamentarios.

"Los niños mapuche de las comunidades citadas viven una situación de emergencia"

Carta del Coordinador de Derechos Humanos de los Colegios Profesionales al representante de UNICEF en Chile

 

El lunes 10 de agosto, una delegación del coordinador de Derechos Humanos de los Colegios Profesionales de Chile visitó la sede de UNICEF para entregar una carta dirigida a su representante en Chile, sr. Tom Olsen, quien según se supo en la ocasión, dejó el país pocos días atrás, en medio de la ocupación de su sede, iniciada hace 19 días. La delegación, encabezada por el representante de la Comisión de DDHH del Colegio de Contadores, Luis Astorga e integrada por miembros de las comisiones de los Colegios de Asistentes Sociales, Enfermeras, Periodistas y Matronas dialogó con las ocupantes de la sede y luego con miembros de la Alianza Territorial Mapuche que venían de ser atendidos en la calle por el alto Comisionado de Naciones Unidas Amerigo Incalcaterra. 

El Coordinador informó a los representantes de la organización mapuche del contenido de su carta, que apoya las demandas de desmilitarización de la zona mapuche y de respeto a los derechos de los niños y niñas, pidiendo acciones concretas ante el gobierno de Chile en ese sentido de parte de Tom Olsen y del Alto Comisionado. 

La carta citada, que se refiere a las causas que llevan al uso de estas formas de protesta, concluye señalando: " En ese marco, nos dirigimos a Ud. para solicitarle que tenga a bien visitar a las comunidades afectadas por la violencia en la comuna de Ercilla, Región de la Araucanía, y conocer la real situación de los niños y niñas para – en su condición de representante de UNICEF – observar e interactuar con el gobierno y el Alto Comisionado de la ONU respecto del cumplimiento o no de las obligaciones respecto de los derechos del Niño. En la web leemos que “UNICEF fomenta los ámbitos protectores que ayudan a prevenir y dar respuesta a la violencia, la explotación, el abuso y la discriminación, así como la protección de los niños y niñas que han quedado en estado de vulnerabilidad debido a las situaciones de emergencia.”

Los niños mapuche de las comunidades citadas viven una situación de emergencia que amerita desde UNICEF una urgente intervención de carácter propositiva en terreno. En el mundo cambiante en que vivimos, la legitimidad de las instituciones de Naciones Unidas está ligada a la capacidad que muestren para abordar los problemas que les competen aceptando la participación de los involucrados y no sólo la de los gobiernos, escuchando las necesidades y propuestas de los representantes locales del pueblo mapuche y sus familias, con el diálogo y el respeto como componentes esenciales de esa intervención. Sabemos que la ATM ya generó junto a CEPAL el estudio Desigualdades Territoriales y Exclusión Social del Pueblo Mapuche en Chile. Situación en la comuna de Ercilla” , por lo tanto no se requiere un nuevo diagnóstico sino propuestas concretas, en conjunto con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, de acciones orientadas al retiro de las fuerzas policiales de la zona y aseguramiento de los derechos de los y las niñas. Desde nuestras respectivas competencias profesionales y sobre la base del compromiso con el respeto a los derechos humanos que guía nuestro accionar como Coordinador de DDHH de los Colegios Profesionales, nos ponemos a disposición de UNICEF para acompañar los esfuerzos a realizar en el sentido señalado."

La carta a Naciones Unidas está suscrita por los capítulos y/o comisiones o departamentos o comités de Derechos Humanos de los siguientes Colegios Profesionales de Chile: Asistentes Sociales, Contadores de Chile, Periodistas, Médicos, Matronas, Arquitectos,y Veterinarios.

 

A continuación, el texto completo de la misiva:

Santiago, 10 de agosto de 2012

Sr. Tom Olsen

Representante de UNICEF para Chile

Presente

Nos dirigimos a usted en forma pública con la intención de contribuir a destrabar la situación creada por la permanencia de mujeres de la Alianza Territorial Mapuche (ATM) y una niña de origen mapuche en las dependencias de la agencia de Naciones Unidas que Ud. representa. Al mismo tiempo, por nuestra participación en los Colegios Profesionales desde la mirada de los derechos humanos, hemos adoptado una posición. Comprendemos que esta acción de protesta altera el desarrollo de las tareas de UNICEF, entidad que como profesionales valoramos y respetamos, dada su trayectoria en Chile y en el mundo. Sin embargo, estimamos que la forzada alteración del espacio normal de trabajo de UNICEF no es razón suficiente para desatender las demandas de estas madres mapuche, en representación de otras madres y niños mapuche.

Cuando un país invisibiliza la violación de los derechos humanos de familias mapuche y de sus niños y niñas, o acepta como normal la permanente ocupación por fuerzas policiales del territorio de comunidades que demandan recuperación de sus tierras ancestrales, a quienes viven esta realidad no se les deja otra alternativa que buscar formas directas de entregar su verdad. En estos mismos días, niños y jóvenes mapuche en edad escolar, están siendo baleados, perseguidos o bien condenados en juicios desarrollados sin respeto al debido proceso, por hechos relacionados con sus reivindicaciones territoriales o sus reacciones de autodefensa ante allanamientos policiales. La presión a la que están diariamente sometidas estas comunidades, a través de los recintos de carabineros instalados a metros de sus hogares, constituye una alteración cotidiana de su vida a la que se suman allanamientos de madrugada por fuerzas especiales, propios de tiempos de dictadura, y vuelos rasantes con helicópteros, generando una sensación de cerco militar.

Es sabido desde tiempos remotos que una población o ciudad cercada sin salida, frente a la amenaza de su destrucción material, patrimonial y cultural, reacciona con la fuerza de la desesperación y opone una inusitada resistencia a la ofensiva de quienes apoyan o sostienen el cerco. Como profesionales, encontramos en ese axioma una explicación a las complejas reacciones de los afectados por la violencia en un conflicto en que los actores son el Estado, las comunidades y las empresas forestales que ocupan el territorio por ellas demandadas. Sin territorio, no hay pueblo mapuche, y esa es su demanda central. Los hechos recientes de represión y tortura denunciados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , la Fundación de Apoyo a la Niñez y sus Derechos, el Observatorio Ciudadano y la Comisión Etica Contra la Tortura, entre otras entidades chilenas, no han terminado con estas prácticas ni sensibilizado a las autoridades. Por ello la impotencia de las familias afectadas da como resultado acciones por medios no habituales, que a su vez pueden llegar a alterar o perturbar la tranquilidad o espacios de otras personas.

 

Es en ese marco que nos dirigimos a Ud. para solicitarle que tenga a bien visitar a las comunidades afectadas por la violencia en la comuna de Ercilla, Región de la Araucanía, y conocer la real situación de los niños y niñas para – en su condición de representante de UNICEF – observar e interactuar con el gobierno y el Alto Comisionado de la ONU respecto del cumplimiento o no de las obligaciones respecto de los derechos del Niño. En la web leemos que “UNICEF fomenta los ámbitos protectores que ayudan a prevenir y dar respuesta a la violencia, la explotación, el abuso y la discriminación, así como la protección de los niños y niñas que han quedado en estado de vulnerabilidad debido a las situaciones de emergencia.”

Los niños mapuche de las comunidades citadas viven una situación de emergencia que amerita desde UNICEF una urgente intervención de carácter propositiva en terreno. En el mundo cambiante en que vivimos, la legitimidad de las instituciones de Naciones Unidas está ligada a la capacidad que muestren para abordar los problemas que les competen aceptando la participación de los involucrados y no sólo la de los gobiernos, escuchando las necesidades y propuestas de los representantes locales del pueblo mapuche y sus familias, con el diálogo y el respeto como componentes esenciales de esa intervención. Sabemos que la ATM ya generó junto a CEPAL el estudio Desigualdades Territoriales y Exclusión Social del Pueblo Mapuche en Chile. Situación en la comuna de Ercilla” , por lo tanto no se requiere un nuevo diagnóstico sino propuestas concretas, en conjunto con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, de acciones orientadas al retiro de las fuerzas policiales de la zona y aseguramiento de los derechos de los y las niñas. Desde nuestras respectivas competencias profesionales y sobre la base del compromiso con el respeto a los derechos humanos que guía nuestro accionar como Coordinador de DDHH de los Colegios Profesionales, nos ponemos a disposición de UNICEF para acompañar los esfuerzos a realizar en el sentido señalado.

Le saludan atte.

p. Coordinador de Derechos Humanos Colegios Profesionales de Chile

Luis Astorga J.

Contador Público

 

Capítulo de Derechos Humanos Colegio de Asistentes Sociales de Chile, Comisión de Derechos Humanos del Consejo Regional Metropolitano del Colegio de Contadores de Chile, Departamento de Derechos Humanos del Colegio de Periodistas de Chile, Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile, Colegio de Matronas de Chile, Comité de Derechos Humanos y Ciudadanos del Colegio de Arquitectos de Chile, Fernando Alvarez C., Médico Veterinario

 

 

 

Convocan a crear la Agrupación de Víctimas de Represión Policial

Durante la dictadura militar que azotó a Chile durante 17 años. Fueron muchas las violaciones a los derechos humanos que se vivieron. En este difícil contexto, desde el seno de las organizaciones sociales y políticas, nacieron organizaciones que buscaban preservar la integridad de quienes eran víctimas de las prácticas de violación a los derechos humanos implementadas por la dictadura.

Durante los años noventa, iniciándose el período post-dictatorial, estas organizaciones jugaron un importante rol en la búsqueda de verdad y justicia para los casos de miles de personas que sufrieron vejámenes durante el período dictatorial, dejando, con su labor, una huella en la historia nacional.

En el Chile que nació de la dictadura militar, los derechos humanos se encuentran marcados con los nombres de aquellos/as que fueron torturados, ejecutados y hechos desaparecer por el Estado de Chile. Hoy han transcurrido 22 años desde el término de la dictadura y aún la labor de aquellas organizaciones de defensa de los derechos humanos aún no ha terminado.

En la actualidad, quienes se manifiestan y protestan por el cumplimiento de sus demandas sociales, no cuentan con una herramienta capaz de visibilizar las violaciones a los derechos humanos de las que somos víctimas, como si lo hicieron varias organizaciones durante la dictadura militar. Hoy son miles los casos que quedan sin justicia, y muchos más aquellos que permanecen en silencio.

En Chile las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado se encuentran lejos de terminar. El nuevo período de movilizaciones abierto por los estudiantes solo ha aumentado aquellas prácticas violentando el legitimo derecho a la protesta social. Estos abusos son aún más claros para aquellas personas que pertenecen al pueblo Mapuche, quienes los viven de forma cotidiana.

La criminalización de la protesta social ha sido señalada en diferentes informes, como el informe anual de derechos humanos del año 2011 elaborado por la Universidad Diego Portales, o el reciente informe de derechos humanos elaborado por la Comisión Ética Contra la Tortura en el primer semestre de este año. En aquellos informes se señalan prácticas sistemáticas de abusos policiales contra manifestantes, con las que se ha incurrido en una constante violación, no tan solo del derecho a la manifestación y la protesta social al infiltrar las manifestaciones buscando criminalizar las convocatorias, sino también de los derechos humanos básicos por medio de una violencia física hacia los manifestantes expresada en constantes golpizas, torturas e incluso asesinatos.

Es un deber de quienes hoy defendemos el derecho a luchar, el hacernos cargo del problema del abuso de poder que ejercen las diferentes policías, tal como en dictadura se generaron las herramientas necesarias para velar por los derechos humanos, hoy debemos constituir una entidad que nos permita hacer frente a la represión policial denunciando el actuar de las policías y preservando el derecho a las manifestación y la protesta social.

Es por eso que se extiende la invitación a la primera Asamblea de la Agrupación de Víctimas de Represión Policial a quienes hayan sido víctimas directas de represión policial y a sus familias, como también a organizaciones sociales, políticas y de la sociedad civil que defiendan el derecho a la protesta social.

Los objetivos que perseguirá la agrupación serán: la aprobación del proyecto de ley que modifica la competencia de la justicia militar para que sea la justicia civil quien juzgue a Carabineros por delitos en actos de servicio; poner término a la justicia militar en Chile y sumar esfuerzos en oposición a la ley Hinzpeter.

En nuestras manos está el quitarle el “cheque en blanco” que la justicia militar les entrega a Carabineros, en el cual se han amparado para asesinar de forma impune a muchas personas, tanto en tiempos de Dictadura Militar como desde los años 90 en adelante. Entre ellos se encuentran los Hermanos Vergara (caso que vio posibilidades de justicia posterior al año 2003, al ser trasladado a la Justicia Civil), Daniel Menco, Claudia López, Alex Lemun, Rodrigo Cisternas, Matías Catrileo y Manuel Gutiérrez.

- La asamblea será en Santiago el día 3 de Agosto a las 19:30 horas en las dependencias de la Universidad Arcis ubicada en Libertad N°53, Metro ULA.

Las responsabilidades del ex Presidente Fernando Lugo y el Senador argentino Aníbal Fernández en el caso de los 6 campesinos paraguayos encarcelados injustamente

“…Pensaba publicar / En la Tempestad,

La Casa encantada, / Poemas en dos tiempos,

Ese era el plan. / Pero como siempre / la vida entró en los planes.

(...) Ahora, 1984, en Argentina / esta mi segunda Patria

puedo hacerlo. / Pero Poemas en dos tiempos

es el que no va / porque en mi Paraguay

sigue el primer tiempo: el de la tiranía.

Así el tercero no se dio / al menos / todavía.”

  (Carmen Soler, poeta y luchadora paraguaya)

Por Andrés Figueroa Cornejo

 

Eduardo Soáres, “El Negro”, es uno de los letrados más notables y comprometidos por la defensa de los Derechos Humanos en causas nacionales e internacionales de Argentina. Preside la Asociación Gremial de Abogados y es miembro de la Mesa Nacional de Convocatoria por la Liberación Nacional (http://www.lahaine.org/index.php?p=53683). La presente entrevista tuvo sitio en su céntrica oficina bonaerense donde se explayó sin censuras ni temblores respecto del caso de los 6 campesinos paraguayos acusados de un crimen improbado y que fueron extraditados de Argentina a la más espantosa cárcel de un Paraguay en el que la sombra de la tiranía de Alfredo Strossner no termina de marcar a fuego la actualidad dolorosa de ese país. Aquí el abogado y el militante social Eduardo Soáres se funden y acusan con todas sus letras. Aquí Eduardo Soáres denuncia, como defensor legal,  a los honorables responsables políticos de la felonía del poder que castiga a los pobres más pobres del campo paraguayo. A los pobres, perseguidos y pobres, condenados y empobrecidos, de uno de los países más pobres de América Latina y el mundo. Salen al ruedo desde el actual Senador nacional y político justicialista argentino, Aníbal Fernández, hasta el propio ex Presidente de Paraguay, Fernando Lugo.

 

“El campesinado en Paraguay es el sujeto social activo de cualquier cambio social en ese país. Si bien fue una de las primeras naciones industrializadas y modernas del continente, hacia mediados del siglo XIX la Guerra de la Triple Alianza la retornó a la edad de piedra (Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay). Fue el primer genocidio que produjo el Estado argentino. Luego vendría el de los pueblos originarios. Hasta la guerra, Paraguay tenía 5 millones de habitantes. Cuando terminó quedaba menos de un millón de personas, de las cuales el 80 % era mujeres, niños y viejos. ¿Qué ocurrió? Paraguay era un país muy independiente, contaba con la influencia de los jesuitas y su misión comunitarista, tenía su propia flota mercante y comercializaba por el Paraná. Las burguesías de Buenos Aires y Brasil jamás iban a permitir que Paraguay tuviera semejante desarrollo y equidad interna. Era un “mal ejemplo”. Por eso en Convocatoria reivindicamos al Doctor Rodríguez de Francia, como a Francisco Solano López, quien murió peleando junto a su pueblo”, explica Soáres.

 

-¿Y los trabajadores asalariados de hoy?

 

“La clase obrera paraguaya es mucho menor que la campesina. El ex Presidente Fernando Lugo era Obispo de San Pedro, al norte de Paraguay, y quien lo llevó con su movilización y sus votos al Palacio de López fue el campesinado. Esto es importante porque los 6 campesinos son de San Pedro, y se conocían mutuamente con Lugo.”

 

ANÍBAL FERNÁNDEZ Y SUS LAZOS CON EE.UU.

 

-¿Quiénes son los 6 campesinos condenados?

 

“De los 6 campesinos, algunos pertenecían al Partido Patria Libre (marxista y nacional-revolucionario) y otros al Movimiento Agrario Popular. El PPL es una agrupación reconocida con personalidad jurídica, pero ya en las primeras elecciones en las cuales participó fue ilegalizado y diezmado. Los hechos se suceden cuando comienza una cacería contra estas organizaciones de masas. A los 6 campesinos se les imputa injustamente el asesinato de la hija del ex Presidente paraguayo Raúl Cubas, Cecilia Cubas, secuestrada en el 2004 y encontrada muerta al año siguiente. La verdad es que el homicidio tuvo que ver con una guerra interna donde en 1998 murió acribillado el Vicepresidente Luis María Argaña. Todas las miradas imputaron a Raúl Cubas como autor de ese acto. Los implicados pertenecían al partido stronista (por el dictador Alfredo Strossner http://www.youtube.com/watch?v=HOoZWp96nxk&feature=fvwrel). Años después, ante el asesinato de Cecilia Cubas, se acudió al manido argumento de que el responsable era el “terrorismo de izquierda”. Frente a la persecución contra el PPL, dos de sus máximos dirigentes pidieron asilo en Brasil que se lo concede. Otros dirigentes solicitaron asilo a Bolivia que también les otorga refugio. Incluso el actual ministro de Justicia del Presidente Evo Morales señaló públicamente que se trata de perseguidos políticos.”

 

-¿Cuál fue la conducta política de Argentina?

 

“Ahora bien, los 6 campesinos se presentaron en la Embajada Argentina en Paraguay, y el diplomático argentino, el Doctor Romá, les invitó a Argentina por escrito. Ellos llegaron al país con su abogada defensora. Cruzaron la frontera con sus documentos, pasaron por Misiones sin problemas hasta arribar al Comité de elegibilidad para los refugiados (CEPARE). Allí enseñaron  la acreditación que certificaba que eran perseguidos, que carecían de causas pendientes, etc. El Procurador les tomó sus papeles y les indicó que volvieran la siguiente semana, luego de la cual los detuvieron y sometieron a juicio de extradición. Les informaron que apareció una orden de Paraguay donde pedían su extradición.”

 

-¿Cómo se explica el incidente, considerando el comportamiento y prestigiosa imagen internacional de Argentina en materia de Derechos Humanos?

 

“En verdad quien estaba detrás de todo era Aníbal Fernández, en ese momento ministro del Interior del gobierno nacional, a cargo también de las relaciones internacionales con Migraciones y un hombre muy ligado a los intereses norteamericanos (seguridad, DEA).”

 

-¿Qué hizo entonces Aníbal Fernández?

 

“Aníbal Fernández recibió permanentemente a los peores dirigentes del Partido Colorado de Paraguay (ultraderecha). Y a los pocos días de lo acontecido, Fernández dijo ‘van a ser extraditados’ los campesinos. Esto es, se atrevió a adelantar cómo terminó el fallo. Como defensa, nosotros lo recusamos por sus dichos. Se negó a recibir a los familiares de los campesinos; a nosotros en nuestro papel de defensa; a todos los organismos de DDHH que fueron a pedir por ellos. En resumen, Aníbal Fernández fue la punta de lanza de la extradición a los 6 campesinos.”

 

-¿Y por qué ligas eso con sus relaciones con los norteamericanos?

 

“En la Gremial de Abogados nosotros hemos logrado grandes victorias en materia de extradición. ¿Pero qué ocurre con Paraguay? Que junto con Colombia, son los dos países donde los norteamericanos tienen una presencia importantísima. Paraguay es la Colombia de Sudamérica. Los norteamericanos han construido allí una pista para control de vuelos de alto porte, tienen presencia logística a través de la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional); y una ubicación estratégica respecto de Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, en medio del Chaco. En fin. Cuando los norteamericanos están detrás de un caso así, es mucho más difícil impedir la extradición. La CIA y el Departamento de Estado norteamericano han acusado a Patria Libre y al Movimiento Agrario de ser gente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Paraguay. Sus argumentos se fundan sobre pruebas similares a las usadas cuando mataron al Comandante Reyes de las FARC y apareció una computadora donde se involucró a un montón de personas que nunca tuvieron nada que ver con esa organización.”

 

-¿Y cómo terminó Aníbal Fernández?

 

“Desde el Ministerio del Interior se fue al de Seguridad. Mucho antes había sido Intendente de Quilmes. El Juez en lo Correccional, Ariel González, lo imputó por los cargos de ‘falsificación de documento público’ y ordenó su captura. Por ello estuvo incluso prófugo. Asimismo, participó del gobierno de Carlos Menem. En la administración de Eduardo Duhalde fue Secretario General de la Presidencia. Luego se hizo kirchnerista y mañana tal vez se hará macrista (por Mauricio Macri, actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y eventual candidato de la ultraderecha para los comicios nacionales de 2015). Cuando asumió Néstor Kirchner como mandatario, de diputado nacional, Aníbal Fernández se convirtió en ministro del Interior.”

 

-¿Por qué?

 

“Si pienso bien de Néstor Kirchner, creo que con Aníbal Fernández en el Ministerio del Interior dejaba tranquilos a los norteamericanos. Posteriormente, Cristina Fernández lo nominó como ministro de Justicia. Ahora es Senador nacional por Buenos Aires.”  

 

AL TACHO DE LA BASURA LA TRADICIÓN DE REFUGIO A LOS PERSEGUIDOS

 

-¿Cómo obró la defensa de los campesinos?

 

“Nosotros iniciamos dos expedientes distintos: uno judicial sobre su extradición, y otro civil administrativo donde solicitamos refugio para los paraguayos. Argentina, por primera vez en 200 años, rompió una tradición que compartía quizás con México, de favorecer el refugio y protección a perseguidos de cualquier lugar del mundo. Se inició una presión muy grande del gobierno paraguayo. Viajó incluso a Argentina la madre de Cecilia Cubas, acompañada por el embajador en la Argentina de Paraguay, el Doctor Fiorotto, quien después resultó ser uno de los sujetos denunciado por violación a los DDHH en el gobierno de Strossner. Posteriormente el propio gobierno argentino pidió que lo sacaran de embajador por acusaciones de delitos de lesa humanidad.

 

Los 6 campesinos fueron sometidos a juicios de extradición alrededor de 2005. Esto es importante. Uno de los principales testigos nuestros, es decir de la defensa de los paraguayos, fue el juez mismo que les pidió la extradición, don Pedro Mayor Martínez, quien es muy probo e íntegro y afirmó que los campesinos no tuvieron nada que ver con el hecho imputado. ¡El mismo juez que investigaba la causa pidió la extradición por el mandato formal de hacerlo!”

 

LOS MOVIMIENTOS DE LA DEFENSA

 

-¿Qué hizo la defensa de los campesinos en relación a la figura, talla y posición políticas de Fernando Lugo?

 

“Yo sostuve dos entrevistas con Fernando Lugo. La primera cuando vino a Argentina en su calidad de candidato a la presidencia. Le expliqué la situación de los campesinos. Él los conocía a todos y me aseguró que se iba a ocupar del asunto. Cuando Lugo fue elegido Presidente el 2008, los campesinos todavía estaban presos en Argentina. Nuevamente me entrevisté con Lugo aproximadamente dos horas en su residencia presidencial, acompañado de unas 15 organizaciones campesinas. Entonces nos señaló que hablaría con la Presidenta argentina en 15 días, pero jamás cumplió esa promesa.”

 

-¿Qué otras gestiones de alto nivel efectuaron?

 

“Una vez que el gobierno concedió inéditamente la extradición, me llamó el ministro del Interior argentino, Florencio Randazzo –ya se había ido del cargo Aníbal Fernández-, y me explicó la situación con mucha sinceridad y franqueza. Me comunicó que al gobierno le había ‘truchado’ información, que ‘Aníbal Fernández nos hizo la vida imposible’; que había un dictamen de la Secretaría de DDHH a favor del refugio que Aníbal Fernández  sacó, poniendo otro contra el refugio. También me indicó que ‘Yo estoy desde ahora (como titular de Ministerio del Interior)’ y que lo que había sucedido antes no era de su competencia. Sin embargo, Randazzo también me aclaró que no era necesario que Lugo hubiera hablado con la Presidenta. Que habría sido suficiente que hablara con él u otra alta autoridad un ministro o un secretario de Estado paraguayo para llegar a la Presidenta y comunicarle que los funcionarios de Paraguay estaban preocupados por la situación, y las cosas habrían sido distintas.”

 

-¿Qué lectura concluyes de los dichos de Randazzo?

 

“Que existió una responsabilidad muy grande de Lugo y los dirigentes luguistas. Es decir, Fernando Lugo dejó abandonados a su suerte a los 6 campesinos. En ese momento los presos estaban en huelga de hambre en Argentina, en el Penal de Marcos Paz, y Randazzo me hizo una propuesta: que si los campesinos levantaban la huelga de hambre, mientras ‘nosotros estemos en el gobierno’ no los enviaremos a Paraguay, pero tampoco los pondrían en libertad. La cuestión es que nadie les sacaría los 35 años de presidio a los que estarían condenados.”

 

LOS RESPONSABLES DE LA INFAMIA, EL JUICIO, LA CONDENA  Y FERNANDO LUGO

 

-¿Qué evaluación realizas en cuanto a las responsabilidades políticas en el caso en sus distintos escalones?

 

“Una cosa es la complicidad de la CIA, del Departamento de Estado; la política del Plan Colombia y Paraguay, etc. En este ámbito, para mí a la posición de Aníbal Fernández no  sólo le cabe una responsabilidad política, sino que una clara complicidad. En otro nivel, existió una indolencia y responsabilidad política muy grande de los gobiernos paraguayo y argentino. Bastaba un llamado telefónico de Lugo para terminar con el tema. En este aspecto, yo le creo al gobierno de Argentina. Siendo un gran crítico de la actual administración, debo decir que nunca me prometió algo que no cumpliera. Al abogado que habla, nunca. Al dirigente de Convocatoria, es otra cosa.”

 

-¿Dónde enviaron a los presos y cómo terminó el juicio?

 

“A la Cárcel de Tacumbú de Asunción, que es un infierno. Es un recinto para 1200 personas donde hay 5 mil. Allí se sobrevive en medio de la mayor promiscuidad y miseria. Sólo es comparable con las peores cárceles peruanas, colombianas, mexicanas o el viejo Penal de Caseros de Argentina. La Gremial de Abogados no deja de visitar a los campesinos al menos una vez al mes. ¡El Fiscal del juicio de nuestros defendidos luego saldría en los periódicos portando un fusil M-16 y una pistola al cinto, posando en medio de una matanza de campesinos! Así fue el juicio: una brutal parodia. A los 6 paraguayos los condenaron a 35 años de prisión.”

 

-Tú fuiste a ver a los campesinos a Paraguay…

 

“Llegué tres días antes del golpe (22 de junio de 2012). Me encontré con la matanza de Curuguaty (11 campesinos y 6 policías muertos), producida por el gobierno y la policía de Lugo, quien inmediatamente después de los crímenes sacó a su ministro del Interior y puso al Doctor Candia Amarilla, jefe de los fascistas paraguayos. De hecho, el mismo Lugo lo denunció varias veces de golpista. ¡Candia Amarilla fue justamente el jefe de los fiscales que inició la persecución a los 6 campesinos! Mira, uno no le pide a Lugo que se comporte como el Presidente chileno Salvador Allende, pero que por lo menos preste alguna resistencia. Prácticamente ya la mitad de su gabinete era Colorado cuando fue destituido. Y lo más determinante: Lugo reprimió al mismo sector que lo llevó al gobierno. Declaró Estado de Sitio en los tres Estados del norte, incluido donde él fue Obispo; es decir, donde más fuerza social y electoral tenía. Como si no bastara, Lugo firmó  un convenio con el ex presidente colombiano, Álvaro Uribe, para asesorar a la policía paraguaya para la represión. Con este Paraguay me encontré. No me permitieron entrevistarme con los campesinos presos, mientras  me ponían un fusil M-16 en la cara. En la cárcel me conocían, sabían que era uno de los abogados de los campesinos. Sin embargo, esta vez me dijeron que debía solicitar una autorización al servicio penitenciario por escrito. Luego vino la destitución de Lugo.”

 

- En términos estrictamente políticos, ¿cómo observas el nuevo cuadro?

 

“Entre el campesinado (el sector más dinámico de la sociedad paraguaya) y la derecha recalcitrante y stronista del Partido Colorado, no existirá lugar para las medias tintas, para el reformismo, dada la fracasada experiencia reciente. Por eso, cualquier organización con auténtica vocación transformadora y que tenga confianza plena e inserción real en el campesinado, tiene muchas posibilidades de crecer para construir otro Paraguay. En el centro se encuentra la demanda histórica por la reforma agraria.”

 

-De acuerdo a datos evacuados por el Censo 2010, en Argentina existen más de medio millón de migrantes paraguayos…

 

“El extractivismo sojero y el bombardeo agrotóxico que emplea esa industria ha expulsado al campesinado a las ciudades grandes, primero a las del propio Paraguay y luego a Argentina. Basta cruzar la frontera. Y aquí realizan los peores trabajos, y son tratados como la escoria de la humanidad debido a una baja de conciencia política y solidaria de la sociedad argentina.”    

 

-¿Qué hará la defensa ahora, ante el nuevo cuadro político existente en Paraguay con la destitución de Fernando Lugo?    

 

“Con la defensa paraguaya vamos a apelar a la condena, donde se argumentará que ella se está aplicando en condiciones prácticamente de irregularidad del orden democrático.”

 

Julio 28 de 2012   

Emotivo homenaje a Rodrigo Rojas Denegri y Carmen Gloria Quintana

 

El Lunes 2 de Julio asistimos al homenaje en memoria de Rodrigo Rojas Denegri y Carmen Gloria Quintana, en una pequeña calle de Estación Central, cerca del Santuario del padre Hurtado. Al llegar al lugar, se me vino a la memoria el capítulo final del gran documental chileno, La ciudad de los fotógrafos.

Han pasado 26 años de aquel lamentable día. Por aquellos años, yo apenas balbuceaba unas palabras e ignoraba lo que sucedía en el país. La historia de Rodrigo me ha llegado profundamente, porque me veo reflejado en él, porque también soy joven fotógrafo, porque también salgo a las calles a capturar esa cruda realidad que a veces no deseamos ver y porque querer cambiar las cosas no merece la muerte, mucho menos en la forma en que murió Rodrigo. 

¿Quién era Rodrigo Rojas Denegri?

Rodrigo Andrés Rojas Denegri, de 19 años de edad, era fotógrafo. Residía habitualmente en los Estados Unidos y se encontraba en Chile desde seis semanas antes de los hechos que terminaron con la vida del joven.

En verano de 1976 se trasladó a Canadá para pasar las vacaciones con su abuela, pero debió esperar diez años para poder regresar a Chile, ya que Verónica De Negri, su madre, había sido capturada por la represión militar chilena existente bajo el régimen de Augusto Pinochet, acusada de participar junto a otros activistas comunistas. Logró reunirse con su madre una vez que ella fuese exiliada y refugiada en Estados Unidos.

Durante los años que vivió en Norteamérica, convivía con comunidades latinas, estaba al tanto de las guerrillas sandinistas en Nicaragua y de la situación chilena con la dictadura militar, tocaba charango en una banda de música andina.

En marzo de 1986, ya contaba con suficientes recursos para poder trasladarse a Chile. Junto con su equipaje llevó dos cámaras fotográficas, las que ocuparía para cumplir la meta que anhelaba: retratar la vida en Chile y luego publicar un libro con esas fotos en Estados Unidos. Tenía un pasaje hasta Lima, Perú. Pasó a visitar a su abuelo en la ciudad de Arica, en el límite norte de Chile.

Una vez en Santiago, se dedicó a tomar fotografías. Su osadía sorprendía a las personas, ya que tomaba fotos de militares y carabineros sin medir las circunstancias, hablaba a viva voz en la vía pública en contra del régimen y le costaba entender que hubiera gente que ocultara su domicilio, por temor a represalias.

Soñaba con formalizar su militancia en las Juventudes Comunistas de Chile. Se integró a las actividades de la Facultad de Medicina Norte de la Universidad de Chile, participando en movilizaciones y tomando fotografías.

El 1 de julio se reunió con estudiantes de la Universidad de Santiago en la Estación Central. Allí compartió con pobladores y realizaron actividades recreativas para los niños.

Su muerte

El 2 de julio, a las ocho de la mañana caminaba junto a un grupo de jóvenes. Portaban ocho neumáticos, un bidón de gasolina y un aparato incendiario, para hacer una barricada y detener el tránsito. Fueron interceptados por una patrulla militar, que les persiguió y capturó junto a Carmen Gloria Quintana. Fueron brutalmente golpeados con los fusiles, posteriormente rociados de combustibles y quemados vivos.

El teniente Pedro Enrique Fernández Dittus, jefe de la patrulla militar, ordenó que los cuerpos humeantes fueran cubiertos con frazadas y subidos a uno de sus vehículos. Posteriormente, fueron lanzados en una acequia de las afueras de Santiago, en el sector rural de Quilicura. Fueron encontrados por efectivos policiales y trasladados de urgencia a la Posta Central. El 6 de julio muere a causa de las quemaduras mortales en su cuerpo.

El grupo musical chileno Illapu le dedicó la canción “Para seguir viviendo”, inserta en el disco homónimo del año 1986.

También el dúo chileno Quelentaro le dedico una copla titulada “Rodrigo Rojas”

Carmen Gloria Quintana

 (Santiago, Chile, 1968) es una chilena que fue quemada viva por una patrulla militar, durante una manifestación contra la dictadura de Augusto Pinochet. El atentado contra su vida significó una de las principales críticas realizadas contra el régimen, por los terribles eventos que sufrió. Los eventos son conocidos en Chile como el “Caso Quemados”.

El 3 de enero de 1991 un tribunal militar encontró al oficial Fernández Dittus culpable de negligencia, por negarle asistencia médica a Rojas, pero le exoneró de cualquier responsabilidad en la incineración de Quintana.3 En 1993, la Corte Suprema condenó a Fernández Dittus a 600 días en prisión por su responsabilidad en la muerte por quemaduras de Rojas Denegri y las quemaduras serias recibidas por Quintana. En octubre de 2000 un tribunal ordenó que el Estado chileno le pagara 251.7 millones de pesos a Quintana (sobre U$500,000) en compensación.

Durante la visita a Chile de Juan Pablo II, Carmen Gloria Quintana se reunió con el pontífice en las instalaciones del Hogar de Cristo en la ciudad de Santiago, en un evento sumamente emotivo.

En la actualidad, Carmen Gloria Quintana se desempeña como docente en la escuela de psicología de la Universidad Andrés Bello, específicamente en la ciudad de Viña del Mar. Su área de trabajo, tanto en la docencia como en la práctica profesional, se basa principalmente en la clínica con niños y adolescentes. Trabajó durante muchos años en el hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar y hoy en día lo hace en el Servicio Nacional de Menores.

Un poco de historia

Debe haber sido finales de 1977. Yo era pequeña y acompañé a mi madre a darle la bienvenida a una exiliada chilena, que recién llegaba a Washington D.C. Hay que recordar que Estados Unidos no abrió su embajada para que chilenos se asilaran. Que llegará alguien exiliado a la capital, era un acontecimiento.

Recuerdo haber ido a un departamento subterráneo,  con ventanas pequeñas que daban hacia una calle céntrica. Quedaba en Adams Morgan, el barrio latino de la capital.  Ahí conocí a la exiliada recién llegada y a sus dos hijos. Uno de ellos era un poco mayor que yo, tenía grandes ojos, cristalinos, y era muy tímido.  El otro debe haber tenido cerca de dos años. Ellos eran Verónica De Negri y sus hijos Rodrigo Andrés y Pablo Salvador.

Para Rodrigo, era el reencuentro con su madre.  Había viajado a visitar a su abuela a Canadá en 1976 y esa visita se transformó en un largo limbo, ya que después de su partida a su madre la arrestaron por su supuesta participación en una imprenta clandestina en su nativo Valparaíso.

Verónica era militante comunista. A ella la torturaron en la base naval y fue víctima de repetidas violaciones por parte de sus captores. Tres Álamos fue el lugar donde posteriormente la trasladaron, a la espera de su sentencia. En este campo de concentración, fue nuevamente víctima de violaciones – no solo por parte de sus captores – sino también con el uso de ratones.  Perdonen mi  crudeza, pero creo que es necesario informar  a la gente el horror de la tortura, para que hagan suyo el dolor y la humillación que las victimas vivieron.  Solo así se podrá comprender el clamor de un “Nunca Más”.

Durante casi un año, Verónica estuvo sujeta a los abusos por parte de sus celadores. Finalmente,  la condena fue el exilio.

A Rodrigo lo vi intermitentemente durante varios años.  Fue creciendo, con la idea fija de volver a Chile, como todos los que vivían alejados del país por miedo –en el autoexilio–  o producto de portar una “L” en el pasaporte.

Lo volví a encontrar  en mayo del año 1986. Él venía llegando a Santiago. Fotografiaba el funeral de Ronald Wood, también asesinado por un militar que le apuntó a la cabeza al joven universitario que cantaba el Himno de la Alegría, junto a una treintena de personas.  Tres  fueron los disparos, dos a la cabeza y uno en la mano.

Poco más de un mes después,  nuevamente me encontré con Rodrigo. Sería nuestro último encuentro, dado que asistí a su funeral.

Rodrigo había vuelto a Chile, con su cámara al hombro y el sueño de publicar un libro de fotografía en Estados Unidos.  Ni siquiera debía estar en Chile.  Su boleto tenía el destino de Machu Pichu. Pero después de  visitar a su abuela en Arica se subió a un bus con rumbo a Santiago. No pudo abandonar su tierra. Como muchos de nosotros, él quería ser testigo de la represión que, nos contaban, ocurría. Y como muchos de nosotros, quiso participar de las protestas y unir su voz, a las que gritaban: “¡Basta, ya!”

Todos sus sueños fueron truncados ese 2 de julio, cuando le tendió la mano a Carmen Gloria Quintana que se habría caído en su intento de huir de la patrulla militar que repentinamente llegó al lugar donde se levantaba la barricada, en esa calle cercana a la Estación Central.

Fueron golpeados por los soldados y tendidos en el suelo. Los rociaron con la bencina que había en el lugar, dejada por los que huyeron. Luego les prendieron fuego.  Imagine usted, ese dolor, los gritos de dolor.

Posteriormente, los envolvieron en frazadas y los trasladaron  a Quilicura, donde los arrojaron a un zanjón de regadío.  Los dejaron ahí,  para que fallecieran. Fueron encontrados ahí por lugareños y trasladados al SAPU de la comuna. Hoy, ese centro asistencial lleva como nombre “Rodrigo Rojas De Negri”.

Cuatro días más tarde, producto de las quemaduras sufridas,  Rodrigo murió en la Posta Central.  Carmen Gloria tuvo que sobreponerse a un sinfín de operaciones, pero sobrevivió.

Transcribo estos recuerdos porque durante estas semanas he leído como algunos quisieran contextualizar la violencia ejercida por el Estado, durante el periodo de la dictadura. Recuerdo y sufro,  porque sé que mi pluma no tiene la capacidad de mostrarles la pureza de alma de Rodrigo y me siento impotente ante la injusticia de los hechos –y ante la injusticia de tantos hechos– que algunos quisieran justificar.

Solo puedo decir, escribir, reiterar y recalcar: No hay justificación alguna.

Rodrigo Rojas, mañana yo conmemoro ese fatídico encuentro tuyo con la patrulla militar comandada por el teniente Pedro Fernández Dittus. El día de hoy te tengo en la memoria y estas palabras son mi homenaje a ti y a todos quienes fueron torturados, asesinados y exiliados. Es mi firme promesa, quizás más, es mi juramento de un “Nunca Más”.

Fuente: El quinto poder

El asesino

En medio de las movilizaciones estudiantiles contra el sistema de enseñanza privada —financiada en Chile por el Estado para el lucro de particulares— circula un correo electrónico recordando que un criminal del ejército participa en la propiedad de un establecimiento de enseñanza de una barriada popular del este de Santiago. Se trata del ex capitán de ejército Pedro Enrique Fernández Dittus, jefe de una patrulla militar que roció con gasolina y quemó vivo, dándole una muerte increíblemente cruel al joven fotógrafo Rodrigo Rojas Denegri.

Fue el mismo acto que dejó con quemaduras graves en el 60% de su cuerpo a la joven Carmen Gloria Quintana, que sobrevivió con su cuerpo y rostro desfigurado. Todo esto ocurrió durante una protesta popular contra la dictadura de Pinochet registrada en la comuna Estación Central, en el oeste de Santiago el 2 de julio de 1986.

El 10 de marzo de 2006, justo 20 años después del crimen y en el último día de gobierno de Ricardo Lagos, el Colegio de Profesores realizó una manifestación para desenmascarar a uno de los dueños de la escuela básica N° 172, ubicada en José Arrieta 6870, comuna de La Reina. La funa, o “scratch”, estuvo dirigida precisamente contra Fernández Dittus quien aparecía, en la Primera Notaría Peñalolén, como miembro de la sociedad “Marta Rosa Elena Dittus Bayer e Hijos Limitada”, beneficiada con la explotación de la concesión de ese negocio —prebenda que el lenguaje eufemístico local denomina “sostenedor” del establecimiento, en vez de explotador u otro más preciso.

En rigor, quien “sostiene” estos negocios es el Estado, con el dinero pagado en impuestos por todos los chilenos que tributan —y que trampoco son todos.

Condenado preliminarmente a 600 días de presidio sin remisión, por su crimen, la Corte Marcial cambió de parecer y concluyó que su acto criminalsólo fue “negligente”. Fernández Dittus cumplió una condena de un año en el penal especial de Punta Peuco, llamado “cárcel de 5 estrellas” para presos ex militares.

El criminal consiguió acreditar ante la Comisión Médica del Ejército el padecimiento de una “psicopatía orgánica” que la justicia castrense consideró como atenuante. También lo incorporaron al grupo de pensionados por invalidez “post guerra”.

Para mayor información, consultar: Memoria Viva.

El Homenaje

Alrededor de unas cien personas llegaron para rendir homenaje a estos dos jóvenes a 26 años de sucedido los horribles hechos ya conocidos. En la ocasión, habló el padre José Aldunate, destacando el hecho de mantener la memoria histórica. El padre fue testigo del hecho en aquella época.
La música también estuvo presente gracias a Pancho Villa y el trovador Victor. En su oportunidad, se hizo entrega de un reconocimiento a los músicos por tu participación y compromiso con las causas sociales.

Familiares, dirigentes sociales y amigos de Rodrigo Rojas hablaron y agradecieron el estar acompañándolos en la actividad, año tras año. La tía de Rodrigo, Amanda Denegri, recibió una foto inédita del día del funeral, tomada por el fotógrafo Andres Bravo. También asistieron al homenaje representante de derechos humanos, familiares de detenidos desaparecidos y miembros del colectivo fotográfico de la época, AFI.

 

 Fuente: El quinto poder

Javier Rebolledo, autor del libro "La danza de los cuervos": "Entre el cuartel Simón Bolívar y Villa Grimaldi hubo un circuito de 'empaquetados', como llamaban a los detenidos desaparecidos"

Por Ignacio Vidaurrázaga

“Todo indica que la Villa Grimaldi fue parte de un circuito de cadáveres que eran trasladados al Cuartel Simón Bolívar. Iban empaquetados o aún con vida como fue el caso del mirista Ángel Gabriel Guerrero Carrillo en junio de 1976”, afirma Javier Rebolledo.

 

Fue Carmen Gloria Díaz, “la Peca”, sobreviviente de Villa Grimaldi quien nos interesó en entrevistar a Javier Rebolledo, periodista investigador autor de La danza de los cuervos, de Ceibo Ediciones que será presentado el proximo lunes 25. Rebolledo estudió en la Universidad Finis Terrae. Pero, su escuela-escuela fue Juan Andrés Guzmán, primero en siete más 7 y luego en The Clinic. Luego realizo una segunda escuela, ser parte del equipo de investigación de La Nación Domingo LND, encabezado por Jorge “Gato” Escalante. El 2011 recibió el Premio al Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado en la categoría audiovisual por el documental Castilla referido a la termoeléctrica emitido por TVN en la serie ¿Por qué en mi jardín? Este es su primer libro y debiéramos augurar que no sea el último.

 

El jueves 21 de junio, nos juntamos temprano en Villa Grimaldi y partimos casi de inmediato al 8800 de la calle Simón Bolívar en La Reina, sitio hoy invisibilizado donde ocurrieron los sucesos que relata pormenorizadamente este libro, que luego de la película “El Mocito” de Marcela Said y Jean De-Certeau, retorna sobre Jorgelino Vergara, el joven criado por Manuel Contreras, que poco a poco se ha transformado en uno de los principales testigos de violaciones a los derechos humanos hasta hace muy poco desconocidas.

 

La relación entre la pelicula “El Mocito” y este libro no es casual. Javier fue investigador y asistente de dirección de la película y fueron Marcela y Jean quienes le alentaron a emprender “algo distinto y propio” como es este libro.

 

Con Javier nos dirigimos a La Reina alta a re-conocer ese lugar donde alrededor de 250 personas perdieron sus vidas en medio de atroces tormentos, trasladados como “paquetes” desde el Cuartel Terranova (hoy Villa Grimaldi) o desde otros centros de exterminio y también muchas veces directamente desde los lugares de aprehensión.

 

Es una fría mañana del invierno santiaguino, con cordillera nevada y calle desierta cuando llegamos al número 8800. Ningún monolito, ninguna placa en el piso, ningún rallado en los extensos muros de unas parcelas vecinas. Nada rememora al CSB que funcionó aquí hace 36 años. En este caso la invisibilidad perdura, está activa, funciona. Javier Rebolledo cuenta que los vecinos del condominio le dijeron que no eran felices. Porque están conscientes que sus casas están depreciadas, que cuesta venderlas, que a veces se habla de cosas extrañas, que parece hay yeta. Pero, allí está en el condominio del 8800 de Simón Bolívar, un lugar similar a muchos con un frontis de unos 50 metros y una decena de casas, esta memoria hierve subterráneamente como amenaza latente que podría remover esta bucólica tranquilidad.

 

Rebolledo nos dice: “para mí, siendo muy franco el Estado a través de Bienes Nacionales debiera expropiar estas casas, botarlas y rehacer el cuartel. Existe una maqueta realizada a la perfección, construida con las declaraciones de los agentes y allí aparecen los casinos, la multicancha, la sala de guardias y los camarines, el sitio de los tormentos y ejecuciones. Sólo falta la voluntad política y si este libro sirve para eso está plenamente justificado. Todos los habitantes actuales saben de esto. También los vecinos que quedan desde esos años. El año 2007 cuando asistí a un velaton organizado por las organizaciones de DDHH muchos vecinos se asomaron y se acordaban del movimiento de esta casa. Me dijeron que al condominio le decían “el condemonio”…”

 

Hacemos fotos en Simón Bolívar y retornamos a Villa Grimaldi, hoy sitio de memoria y que no fue posible invisibilizar, pese a que hubo serios intentos de hacerlo a fines de los 80. Desde entonces vecinos y sobrevivientes lograron impedirlo. En el muro de los nombres, este joven periodista va recordando uno a uno los trasladados al CSB Uldarico Donaire, Jorge Muñoz, Fernando Ortiz, Reinalda Pereira, Iván Insunza…y decenas de hombres y también algunas mujeres”. En su gran mayoría integrantes de sucesivas direcciones de recambio del PC en la clandestinidad entre 1976 y 1977.

 

Hoy, ninguno de todos estos nuevos antecedentes podría conocerse sin Jorgelino Vergara. “Él fue descubierto por la BAES –Brigada de Asuntos Especiales y DD.HH de la PDI que trabajando bajo instrucciones del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Víctor Montiglio logra ubicarlo el 2007 en enero, indica Rebolledo. Las declaraciones de Jorgelino inician un desfile de cerca de 70 agentes del CSB. El agente Juvenal Piña confiesa que él mató a Víctor Díaz asfixiándolo. Queda revelado Juan Morales Salgado, jefe del CSB “y se empieza a desgranar el choclo”.

 

En la actualidad todos los agentes están procesados esperando condenas, pero salvo Juan Morales Salgado, ninguno se encuentra encarcelado. Es muy posible que usted que lee estas líneas con más de alguno haya viajado en metro o coincidido en el mall.

 

Retoma la palabra Javier. “La primera vez nos comunicamos con Jorgelino por teléfono desde LND, al comienzo se mostró sorprendido que su nombre se hubiese filtrado desde el cuaderno reservado, luego en mayo viajamos con Marcela Said a Rauco, una localidad al interior de la VII región y nos pidió los carnet de identidad, allí le planteamos la idea del documental…”. Avanzaba la investigación del juez Montiglio, merced el trabajo de la PDI, y simultáneamente avanzaba el trabajo de investigación periodística. Y los nombres de los involucrados y los detalles seguían creciendo y cruzándose dejando a firme muchos temas. Este nuevo libro es un nuevo eslabón de ese largo e inacabado proceso protagonizado por el periodismo de investigación en Chile.

 

Este joven periodista es un convencido de que “esta investigación contiene nuevos elementos desconocidos hasta ahora. Por ejemplo, el señalado por Jorgelino en el libro de forma exclusiva, respecto del uso del Aeródromo de Tobalaba donde eran entregados “empaquetados” cadáveres de detenidos desaparecidos en horas de la madrugada a dotaciones de helicópteros de carabineros. O matanzas, donde hasta el momento se desconocen los nombres de las víctimas y sólo está la descripción de Jorgelino limpiando la sangre. O el ensayo de nuevas maquinarias de torturas inventadas por Tonwley o los métodos del brujo Osvaldo Pincetti”. 

 

Durante siete días entre la Pascua y Año Nuevo del 2011 Javier Rebolledo grabó a Jorgelino Vergara cerca de 30 horas para precisar diversas materias que en las filmaciones de El Mocito habían quedado apenas insinuadas o simplemente no tratadas. Diversos cafés, restaurantes y bares de Ñuñoa fueron las locaciones de estas nuevas confesiones.

 

“Jorgelino Vergara- dice Javier- podría ser un chileno común y corriente que desde su rol de junior observa lo que hacen los importantes, él es el reflejo de un Chile desprovisto de ideas. Llega como adolescente al hogar de los Contreras-Valdebenito y la ex esposa del general se transforma en su madrina. Lo envía a realizar el Servicio Militar en 1975, otros lo instruyen en tiro, tiene clases de defensa personal con instructores de la Academia del guatón Petit, luego tendrá un curso de Paracaidismo impartido por Boinas Negras, donde incluso lo torturan. Llega 1985 y lo retiran o dan de baja y lo mandan al Hospital Psiquiátrico. Pincetti le aplica descargas eléctricas para que pierda la memoria… Ve y escucha demasiado, en el Cajón del Maipo en Casa de Piedra. Ve reunirse a Manuel Contreras con Ricardo Claro, y está convencido que el empresario fue uno de los financistas secretos de la DINA”

 

Así La danza de los cuervos nos propone nuevos detalles y aristas del Terrorismo de Estado durante los 17 años de dictadura. Hasta ahora y en las últimas semanas ha trascendido el que la CNI en masa se paseó el día del plebiscito del 80 votando múltiples veces. Pero en el CSB seguramente se resumen varias de las mayores atrocidades de la oscuridad del terror de esos años. Prosigue Javier. “ Ellos eran una elite probada, la brigada Lautaro en su origen fue la guardia de Contreras, integrada por infantes de marina, carabineros, del Ejército y de la FACH que en abril de 1976 se fusionó con la Agrupación Delfín…que no se refiere al gracioso cetáceo, sino del..fin del PC”

 

El mocito es muy locuaz respecto de sus años de joven, en que el ministro lo declaró inimputable. En la medida que crece y pudiera incriminarse enmudece o da respuestas generales, en 1976-1977 era aún menor de edad, una suerte de ahijado del CSB, donde los agentes se transformaron en la familia que no había tenido.

 

El periodista Javier Rebolledo revela con claridad los propósitos de su libro. “Como historia es la única existente de un centro de exterminio revelada en un 90% desde los agentes, o sea, desde Jorgelino y los cruces con las declaraciones existentes en los procesos. Es la única investigación sobre la Brigada Lautaro de la DINA. Y me motiva demostrar a la gente de derecha como Hermógenes Pérez de Arce que las violaciones a los derechos humanos son indesmentibles. Y por último, también soy un convencido que los jóvenes que han protagonizado movilizaciones en los últimos años, también en lo relativo a verdad y justicia empujarán, las barreras existentes…”

 

Termina esta historia. El próximo lunes 25 a las 19:30 será el lanzamiento con un panel integrado por Juan Pablo Cárdenas, Director Radio Universidad de Chile, Premio Nacional de Periodismo 2005; el prefecto Abel Lizama Jefe de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI; Jorge “Gato” Escalante, periodista de investigación; Nelson Caucoto, abogado de DD.HH y el autor Javier Rebolledo. Desde ese momento quedará escrita otra nueva página de este libro mayor aún por conocer en toda su dimensión, desde los horrores a los intereses que servían.

 

“El Mocito” estuvo muy poco en cartelera, con la excusa de que el DVD se vendía en kioscos. Es posible que la aparición de La danza de los cuervos lo reinstale, cada obra en su valor y sentido propio. Desde este nuevo momento existirá una nueva oportunidad para que esta sociedad que en Santiago está aún impresionada con un nuevo rascacielo, el Costanera Center, también se atreva a descender a los pozos más profundos de nuestros subterráneos de los que la película y este libro nos quieren hablar.

 

Muy cercano al 8800 de Simón Bolívar hay una casa con un letrero de una empresa de seguridad que dice: “Verisure, alarma con grabación de imágenes. Ver, escuchar, intervenir”. Lo cierto es que hace 36 años nadie vio, escucho ni menos intervino…

 

Fuente: Rebelión