La Corte Suprema de Justicia declaró "inadmisible" un recurso de queja presentado por dos imputados por el homicidio del joven militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, quienes pretendían que el máximo tribunal les concediese la libertad denegada en primera y segunda instancia.
Organismos de Derechos Humanos, organizaciones de trabajadores y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC) realizaron una presentación judicial para denunciar al dirigente sindical Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, quien cumplió funciones de inteligencia en el Batallón 601 durante la última dictadura genocida.
El secretario general del gremio de la UOCRA , el ultra kirchnerista Gerardo Alberto Martínez, cuyas patotas apalean petroleros y docentes en Santa Cruz, pobres en el Indoamericano, y obreros y activistas en todo el país; el mismo que fue encubridor del negreador Schoklender, trabajó durante toda la dictadura para el Batallón 601 del Ejército como personal civil de inteligencia. Al mismo tiempo, ya revistaba en la UOCRA. Según el listado de la Conadep, hay por lo menos 105 trabajadores de la construcción desaparecidos en el mismo lapso en que este burócrata cumplía su doble tarea.
Hoy, a tres meses de la tremenda golpiza que la patota de la UOCRA propinó a docentes y estatales santacruceños, hecho por el que no hay un solo detenido -mientras sí siguen encausados los cuatro docentes detenidos en la represión posterior en la ciudad de Buenos Aires- un conjunto de organizaciones, encabezadas por el SITRAIC (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción ) y patrocinadas por CORREPI, junto al CeProDH y Cadep, denunciaron ante la justicia federal que quien hoy revista como secretario general del poderoso gremio de la UOCRA , es presidente de su Fundación y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT , trabajó, desde 1976, y, por lo menos, hasta 1983, en el temible Batallón 601 de Inteligencia, centro operativo del terrorismo de estado durante la dictadura. De él dependían varios Centros Clandestinos de Detención en todo el país, el principal Campo de Mayo, donde desaparecieron más de 3.000 personas, y se planificaban y realizaban tareas inteligencia sobre todos aquellos grupos y personas consideradas “subversivas”, utilizando tácticas de infiltración, seguimientos, secuestros, torturas y desaparición final mediante el asesinato de los cautivos y ocultamiento o destrucción de sus cuerpos.
En una palabra, el burócrata sindical al que la presidenta Cristina Fernández promueve como recambio de Hugo Moyano al frente de la CGT , fue compañero de trabajo de personajes célebres como Leandro Sánchez Reisse y Raúl Guglielminetti, alias mayor Guastavino, y, con ellos, co-responsable de miles de secuestros, torturas y desapariciones.
La presentación se basa en un documento oficial. En el sitio web del Archivo Nacional de la Memoria, dependiente del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación , figura el listado del personal civil de inteligencia del Batallón 601 de Inteligencia enviado el 5 de febrero de 2010, por el general Milani, Director General de Inteligencia, a la entonces ministra de Defensa Nilda Garré. En la foja 52, con número de orden 2.798 (la lista contiene más de 4.300 nombres, y hay otra con 900) figura Gerardo Alberto Martínez, DNI 11.934.882. Los firmantes del escrito verificaron en bases de datos oficiales, como el Anses, que se trata de la misma persona, que ya en 1977 era afiliado de la UOCRA y que, en 1985, accedería a la secretaría de organización, y en 1990 a la secretaría general.
Claro que Gerardo Martínez no es el único de su clase que, siendo servicio de la dictadura, se infiltró en un sindicato. Horacio Barcos, burócrata santafesino de su mismo gremio, fue designado en 1996 interventor de la Seccional Tres Arroyos de la UOCRA. Fue reconocido por la esposa de José Tur, dirigente de CTERA desaparecido, como quien los secuestró, torturó y asesinó a su esposo durante la dictadura, hecho por el que fue condenado a 15 años de prisión. Este amigo de Martínez trabajó en el Batallón de Inteligencia Militar 122 (versión santafesina del 601) desde enero de 1976 hasta mayo de 1997. Del mismo modo, Eduardo Daffunchio, abogado de la UOCRA Santa Fe, revistó en el mismo Batallón 122, hasta 2009 (figura en la foja 24, nº de orden 1.271 de la Nómina del Personal Civil del Batallón de Inteligencia 122).
La utilización de grupos de choque o patotas por parte del estado y las patronales, es tradición vieja, desde los cajetillas que usaban a fines del siglo XIX para asolar los barrios pobres y a los trabajadores, pasando por la Liga Patriótica Argentina durante la Semana Trágica , la Legión Cívica trás el golpe del general Uriburu en 1930, hasta, más cerca en el tiempo, la Triple A. Bajo el gobierno kirchnerista, lo novedoso es que ya no actúan como meros complementos del aparato represivo oficial, sino que, en muchas oportunidades, directamente lo reemplazan, como lo vimos el 20 de octubre de 2010 con el asesinato de Mariano Ferreyra, y, en el caso concreto de la UOCRA , en tantísimos ataques de su patota contra los trabajadores del SITRAIC, los vecinos de la Asamblea de Esquel No a la Mina , los trabajadores del sindicato de Comercio de Santa Cruz, contra el delegado de Dezacor en Atucha, Zárate, etc.
Los denunciantes reclamaron a la justicia federal que se investigue hasta cuándo trabajó Martínez para Inteligencia del Ejército; cuál fue su participación en la desaparición de 105 trabajadores de la construcción hasta 1983, y en los hechos represivos posteriores, y que se determine quiénes facilitaron su encubrimiento hasta el presente.
Gerardo Martínez es un botón de muestra de las diferentes formas en que el estado capitalista intenta disciplinar a los trabajadores: con el terrorismo de estado, cuando lo necesita, o, en períodos "democráticos", tercerizando la represión con patotas paraestatales.
Agente de inteligencia del estado y burócrata sindical, Martínez siempre tuvo doble trabajo. Será un ladrillo más del paredón que merece.
Expertos chilenos y extranjeros iniciaron hoy en el cementerio General, en medio de gran recogimiento y puntualmente a las 07:30 locales (11:30 GMT), la exhumación de los restos del ex presidente Salvador Allende, una tarea encabezada por el juez Mario Carroza y a la cual asisten sus hijas, Isabel y Carmen Paz.
Parlamentarios y organizaciones defensoras de los derechos humanos en Chile rechazaron el régimen de libertad condicional otorgado a seis exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad.
¿Cuál es la dieta alimentaria que un mapuche preso político debe seguir para conseguir que la justicia y la sociedad lo escuchen en Chile? ¿Cuál es el peso adecuado al que deben llegar luchadores sociales que defienden su derecho a recuperar tierras ancestrales, hoy en manos de las forestales? La huelga de hambre se ha convertido en la única respuesta frente a la extrema sordera del Estado y la sociedad chilena respecto del conflicto mapuche-Estado-forestales, como ha quedado claro en los últimos meses y años.
Los cuatro líderes mapuche condenados en Chile a permanecer un cuarto de siglo en prisión cumplen hoy un mes de ayuno en demanda de un juicio justo y sin empleo de la ley antiterrorista.
Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical se encuentran en delicado estado de salud, debido a la pérdida de peso que ya rebasa los 12 kilos y a las secuelas derivadas de la anterior huelga de hambre que sobrepasó los 80 días. Sindicados como líderes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), los indígenas pidieron la anulación del llamado juicio de Cañete, en la región del Bío Bío, que los halló culpables de un presunto atentado a un fiscal chileno en 2008 a partir del cuestionable testimonio de un testigo sin rostro. Conocida la sentencia, los encausados decidieron el pasado 15 de marzo retomar el ayuno que en rechazo a la aplicación de la citada legislación ya habían protagonizado en 2010 como parte de un grupo de 34 presos mapuche. Llaitul, Llanquileo, Huenuche y Huillical exigen ser juzgados por un tribunal competente e imparcial y que no apele a la ley antiterrorista. Tal norma jurídica data del régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y constituye un instrumento del Ministerio Público para el uso de los llamados testigos secretos y para justificar desmedidos períodos de prisión preventiva. Para los comunidades mapuche de Chile la condena a sus hermanos de etnia demuestra la persecución instalada en el país para acallar la lucha de los pueblos indígenas por sus derechos. Más que una persecución de carácter judicial, se trata de una persecución política, afirma la portavoz mapuche Natividad Llanquileo, quien llamó la atención en cómo los cuatro comuneros condenados son precisamente líderes de su pueblo. Se quedan presos por pensar distinto y levantar una bandera de lucha, expresó el comunero absuelto Luis Menares, quien manifestó que la ley antiterrorista marcó cada minuto del juicio y no se puede descartar que en el futuro vuelva a ser utilizada contra los mapuche. Mientras, continúan las movilizaciones en Santiago y en las ciudades de Concepción y Temuco, capitales de las regiones del Bío Bío y La Araucanía, en reclamo de la liberación de los líderes de la CAM. Fuente: Argenpress
“No olvides nunca que los menos fascistas de entre los fascistas, también son fascistas.”
Roque Dalton
Por Andrés Figueroa Cornejo
8 meses de cautiverio y casi dos meses de huelga de hambre llevan los jóvenes prisioneros políticos acusados por lo jamás probado; por un régimen que mortifica con inquina brutal la disidencia de las ideas y las formas de vivir distintas a las que reproducen al disciplinado consumidor y al cliente manso.
Como resumen del odio de la minoría mandante que organiza la miseria en Chile, el mal llamado “Caso Bombas” resulta un paradigma, un modelo ejemplar que persigue atemorizar las manifestaciones de descontento social, criminalizar la protesta legítima, y acentuar las condiciones de un Estado policial en el país.
El miércoles 13 de abril, en la acostumbrada manifestación pacífica de solidaridad de los familiares, amigos y personas de honda sensibilidad ante la situación de los prisioneros políticos, el centro de Santiago estaba copado de Carabineros y Fuerzas Especiales a lo largo de cuadras completas y bocacalles. Cualquier joven que pasara por allí en una de las horas punta de la Capital fue revisado por la policía. Y los que alcanzaron a cantar por la libertad de los prisioneros políticos fueron reprimidos dura e inmediatamente con gases y carros lanzaaguas. Se desconoce el número de detenidos y heridos.
El día anterior se había realizado una actividad solidaria, esta vez en la Plaza Ñuñoa, y el lunes 11 de abril un grupo de muchachos logró encaramarse a una pasarela a varios metros de altura de la Alameda, en la Plaza Italia, donde desplegaron un cartel por los mismos motivos. Allí también hubo detenidos.
Alejandra Morales es hermana de Pablo Morales, encerrado en el Módulo de Alta Seguridad de la Cárcel de Alta Seguridad por el caso en cuestión. El juez Alejandro Peña solicitó para él presidio perpetuo simple como supuesto ‘líder de asociación ilícita’. Alejandra dice que debido a la huelga de hambre, los jóvenes “están muy débiles, pero fuertes de espíritu. Han bajado entre 10 a 12 kilos”, y agrega que “con el traslado del fiscal Peña al Ministerio del Interior se confirma la condición eminentemente política del caso. Pablo fue prisionero político en la década de los 90’ y esta en su huelga de hambre número 17. Nuestra única expectativa es la verdad y la libertad”. Explica que “las pruebas son irrisorias” y siente que “estamos luchando contra Goliat. Hoy nos está tocando a nosotros en particular, pero la aplicación de la Ley Antiterrorista puede ser utilizada contra cualquier persona. Además, ¿cómo puede usarse una ley antiterrorista si en Chile no existe el terrorismo, según los propios organismos internacionales?”
Verónica Garín es pareja de Omar Hermosilla, también privado de libertad en el Módulo de Alta Seguridad de la Cárcel de Alta Seguridad. El fiscal Peña pide para él 10 años de presidio por ‘asociación ilícita’ y tres años por ‘financista de la asociación’. Verónica tiene un hijo con Omar y cuenta que su pareja “estuvo detenido en los 90’ por ser miembro del Mapu-Lautaro. Luego salió en libertad condicional a fines de 1999, y jamás dejó de solidarizar con los compañeros aún detenidos en aquel entonces. El fiscal Peña lo acusa de ‘financista’ porque en septiembre de 2009 recibió un monto de 900 euros ($ 700 mil pesos, 4 sueldos mínimos) desde el extranjero para ayudar a los familiares de algunos prisioneros políticos, y para una biblioteca popular de una casa ocupa. Cuando lo detuvieron él trabajaba en una empresa desde hace 10 años, a la cual sigue vinculado, y no lo han despedido. Sus colegas de empleo se han organizado para hacer colectas y llevarle alimentos a la prisión”.
Omar fue presidente del Comité de Administración del Block 72 de la Villa Olímpica, inhabitable después del terremoto de febrero de 2010. Como damnificado, Omar fue dirigente, ganándose la animadversión del alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat (ex miembro de la dictadura de Augusto Pinochet como alcalde designado en esa municipalidad en 1987).
Verónica, periodista profesional, relata que “el fiscal Peña ha presentado, entre otras pruebas ridículas, una enorme cantidad de libros, entre los que están incautados textos periodísticos que se venden en las cunetas y librerías del país. Nosotros no somos ni anarkistas ni ocupas. Desde el gobierno se ha intentado generar temor entre las personas y organizaciones sociales para que no apoyen la libertad de los prisioneros”.
-¿Cómo luchar contra el temor?
“Blindados de solidaridad. Gente sin militancia ninguna nos ha hecho preciosa compañía.”
La solidaridad tiene relación originaria con la palabra ‘sólido’. Sólido amor y colaboración entre los seres humanos. Relación donde nos reconocemos en la necesidad, en la igualdad y la justicia. Síntesis de aquello que nos vuelve más humanos. La solidaridad es el arma ardiente que destruye el egoísmo y el temor.
Las razones profundas de la defensa
Alberto Espinoza es acaso, el abogado más brillante, sólido y riguroso en materia de Derechos Humanos en Chile. Él lleva la defensa del imputado y joven comunicador social, Rodolfo Retamales Leiva, para quien el fiscal Peña ha pedido cadena perpetua simple por su supuesto liderazgo en la igualmente supuesta ‘asociación ilícita’ de la que se le acusa.
El jurista Alberto Espinoza dice que “en el plano estrictamente judicial nos encontramos con una investigación desarrollada al amparo de la Ley Antiterrorista, que no tiene ningún sustento material probatorio que permita a cualquier tribunal con independencia formarse ninguna convicción condenatoria”.
-¿Por qué?
“Los antecedentes son muy precarios, muy débiles, muy repetitivos. La acusación que ha formulado el fiscal Peña resulta francamente poco seria hasta en su estructura formal. El fiscal Peña hace alusión a más de 7 mil evidencias, 800 testigos, unos 300 peritajes. Sin embargo, nos encontramos con que hay más de 3 mil evidencias repetidas.”
-¿Cómo así?
“Por ejemplo, una misma cuenta del BancoEstado se encuentra repetida 4 veces dentro del listado. Un mismo certificado universitario está tres veces. Igual cosa ocurre con material fotográfico. Se utilizan como evidencia colillas de cigarrillo que carecen de todo peritaje. Hay tarjetas del transporte público y hasta juegos de llave que se emplean como pruebas. Existen hechos ocurridos en 1992 que ni siquiera son motivo de la investigación, como la compra y venta de un automóvil. Toda esta ‘prueba basura’, después de ser despejada, puede quedar reducida a unas 500 evidencias, que tampoco comportan un mérito probatorio como para que un tribunal se haga una convicción de condena. Confiamos en que cuando un tribunal conozca estos antecedentes no podrá llegar a otro resultado que a la absolución de los acusados.”
Una de las acusaciones más graves que cae como techo de plomo sobre los jóvenes, hombres y mujeres, involucrados en el llamado ‘montaje del caso bombas’ corresponde a una pretendida ‘asociación ilícita terrorista’. Pero el abogado Espinoza es vehemente cuando señala que “elementos de terrorismo no se logran advertir de ninguna manera. No hay armas, ni explosivos incautados. Nada puede sostener que este grupo de personas pudiera estar comprometido en hechos ilícitos, y menos en ilícitos de carácter terrorista.”
No obstante, la cuestión de fondo es política. Alberto Espinoza indica al respecto que “aquí nos encontramos frente a una acción política de parte del Estado, donde se han articulado las fuerzas del Poder Ejecutivo con la fuerzas del Ministerio Público, más las fuerzas de las policías –Investigaciones y Carabineros-, para emprender un proceso de criminalización de la protesta social. Los muchachos efectivamente, son conciencias antisistémicas, descontentas del neoliberalismo, de las formas como se administra el Estado, de las políticas represivas, de las desigualdades sociales generadas por el modelo económico. Y ello es legítimo. Pero aquí se busca criminalizar esta forma distinta de pensar respecto del actual estado de cosas”.
-¿Y de dónde nace el castigo a la disconformidad social, política, económica y cultural?
“Se arrastra desde los gobiernos de la Concertación. Y es una estrategia represiva que se expresa en la persecución al pueblo mapuche. Ahora se amplía a estas personas antisistémicas. Y todo al amparo de la Ley Antiterrorista.”
-Hay gente que mira hacia el lado, pensando que no es asunto suyo…
“Esto es altamente preocupante desde el punto de vista de los derechos cívicos y ciudadanos, porque bajo la actual dinámica represiva pueden extender el ‘terrorismo’ a acciones absolutamente poco relevantes. Si están empleando una tarjeta Bip (sistema de pago del trasporte colectivo Transantiago) como evidencia para acreditar que una persona es parte de una asociación ilícita terrorista, estamos entonces, llegando a extremos insólitos, absurdos, abusivos. Sobrepasan incluso prácticas utilizadas por la dictadura militar.”
-Ha sido un caso, en general, muy explotado por los grandes medios de comunicación…
“Eso lo prueba el hecho de que ante las cámaras, el fiscal Peña se presenta hablando de 7 mil evidencias. Eso es fácil decirlo, toda vez que la defensa no tiene la cobertura para contravenir fundadamente esas afirmaciones. Por tanto, la opinión pública se queda con la sola versión del fiscal. Pero, tanto las evidencias, como los testigos y los peritos están multirepetidos.”
Hace pocos días, el fiscal Peña sorprendió al país, informando que del Poder Judicial partiría a trabajar al Ministerio del Interior, junto al jefe de la Cartera, Rodrigo Hinzpeter. Los textos escolares explican que las democracias se caracterizan, entre otras cosas, por la independencia de los poderes del Estado. Ello constituiría una garantía ciudadana, que en este caso, a través del salto de los tribunales al marcapasos de La Moneda del todavía fiscal Alejandro Peña, se violentaría con velocidad lumínica y en portadas a todo color.
En este sentido, el abogado Espinoza califica el episodio como “vergonzoso. Y refleja con claridad el sustento de fondo que tiene esta investigación. El Ministerio Público es un organismo autónomo e independiente del Poder Ejecutivo; sin embargo, aquí ha quedado en evidencia que el fiscal Peña estuvo actuando como un paniaguado del Ministerio del Interior, el cual es querellante de esta causa. De algún modo, siempre hay que guardar algún grado de decencia pública porque Alejandro Peña no es una persona común y corriente que anda buscando trabajo. Se trata de un funcionario público en quien la sociedad ha confiado la potestad institucionalidad de perseguir a gente ligada a hechos ilícitos. Es criticable el suceso porque debe primar siempre el principio de objetividad del Ministerio Público, esto es, investigar con igual celo aquellos elementos que son inculpatorios de los imputados, como aquellos elementos que los eximen, los extinguen o los atenúan. Pero aquí el fiscal operó de manera estrecha con el Ministerio del Interior”, y el jurista añade que “esto quedó reflejado desde que el fiscal nacional, Sabas Chahuán, removió al fiscal Armendáriz para nombrar al fiscal Peña en la causa. Y entonces existen también responsabilidades en la aplicación de la Ley Antiterrorista en el fiscal nacional Chahuán. El ministro del Interior, Hinzpeter visitó al fiscal Chahuán e inmediatamente después se cambia a Armendáriz por Peña. Por eso el fiscal Sabas Chahuán tiene cuestiones que responder al respecto”.
Abril 13 de 2011
Por Andrés Figueroa Cornejo
1. Como el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE) anunció el 5 de abril que las cifras de delincuencia general del país bajaron el 2010 (5,4 % respecto del año anterior), el Presidente Sebastián Piñera afirmó al día siguiente que se construirán 4 nuevas cárceles en la zona central de Chile, todas muy bien equipadas. Eso es dialéctica.
Mientras tanto, la Concertación se hace trizas, unos llamando a recomponerla, otros a refundarla, a cambiarle de nombre, a ampliarla a la derecha y a la izquierda (siempre por arriba, eso sí), y confiando, Deus ex machina, en la aparición salvadora de Michelle Bachelet –salvo que pretendan suicidarse anticipada y precautoriamente, fortaleciendo las maniobras, publicidad y candidaturas de Ricardo Lagos Escobar o Carolina Tohá o algún DC, como el alcalde Claudio Orrego-. En la otra ala, la concesionaria que administra actualmente el capitalismo de vanguardia en Chile encabezada por Piñera, ha sido asaltada por la ultraderecha y súper pragmática UDI, con la llegada del Mesías de penetrante mirada, Pablo Longueira, al Comité Político de La Moneda. Aquí el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, comenzó a oler a cadáver político. Pobre, no iba tan mal en las encuestas.
Por abajo, las alzas de los alimentos, servicios básicos y derechos sociales privatizados; el congelamiento y encogimiento de los salarios ante una ascendente inflación proyectada para el año de un 4,3 % por el Banco Central (autónomo sólo de los intereses de las grandes mayorías), un eventual reajuste del salario mínimo de un 2 %, y un crecimiento estimado muy cercano a la inflación; horada con saña la sobrevivencia de los trabajadores y el pueblo, que continúan nutriendo, junto al altísimo consumo de la minoría pudiente, los números del comercio a costa del sobreendeudamiento plástico.
2. El llamado “Caso Bombas”, se trata de un operativo jurídico-policial iniciado en agosto de 2010, que tras un espectacular despliegue de las policías, detuvo a 15 jóvenes supuestamente implicados en la colocación de extintores con mezcla de pólvora y un arcaico sistema de relojería en sucursales bancarias, sedes partidistas y otros sitios en las madrugadas. Muchos extintores no estallaron y otros quebraron el frontis de vidrio de locales vacíos. No hubo heridos y menos muertos. Pero lo más enigmático corresponde a la primera parte del proceso, donde tampoco hubo pruebas contundentes que implicaran a las muchachas y muchachos convertidos en prisioneros políticos, bajo la Ley anti-terrorista heredada de la dictadura militar. De los 15 presos iniciales, quedan 10 en la Cárcel de Alta Seguridad, quienes llevan 8 meses encerrados y casi 50 días en huelga de hambre. Su pecado: que algunos vivían en casas ocupa, que el fiscal regional del caso, Alejandro Peña, llama “centros de poder”. Claro que de poder reunirse a realizar talleres culturales, música, cine y postular una forma de vida a contracorriente de lo que debe ser un joven promedio en Chile: un trabajador barato, domesticado y disciplinado para bien de la salud y utilidades del empresariado.
3. Pero las cosas han pasado dramáticamente de gris a negro en los últimos días. En su afán de probar la culpabilidad de los imputados y una pretendida “asociación ilícita”, cuestionada por varios juristas vinculados a los Derechos Humanos, el fiscal Peña, apoyado fundamentalmente por la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), logró un récord histórico de acumulación de “pruebas”. En 610 páginas presentadas ante el Octavo Juzgado de Garantía, se recopilaron 6.744 documentos, 794 testigos y 211 peritos para sustentar las extraordinarias condenas que solicita. Entre las pruebas están, por ejemplo, la tenencia del multi galardonado documental “La Batalla de Chile” de Patricio Guzmán; trozos de cartón; escuchas telefónicas que se prestan para las interpretaciones más diversas; y literatura: esos artefactos peligrosos repletos de letras que usualmente fueron y son quemados por los amigos de la ignorancia, la esclavitud y el envilecimiento humano desde que se inventó la imprenta, y mucho antes.
Con esos antecedentes, el fiscal Peña –resumen de la estrategia estatal y gubernamental antisocial y la criminalización de todo a lo que no sea egoísmo, alienación y mansedumbre- pide, muy suelto de cuerpo, que los prisioneros políticos Rodolfo Retamales y Pablo Morales –supuestos ‘líderes’ de la supuesta ‘asociación ilícita’- queden encarcelados de por vida, mientras el resto de los prisioneros purguen sus culpas improbadas con presidios que van entre 10 a 3 años. Todo esto, en un paisito donde los agentes asesinos archi probados mundialmente de la dictadura pinochetista andan tranquilos por la calle, y unos pocos genocidas ‘emblemáticos’ están a punto de salir de cárceles de 5 estrellas, luego de condenas ridículas ante la tortura, la desaparición forzada de personas y el crimen. ¿Será cuestión de correlaciones de fuerza?
4. La vocera de los prisioneros políticos en huelga de hambre, Ximena Muñoz, ha relatado en medios independientes que los jóvenes “están muy débiles físicamente, con mareos, taquicardia, calambres, jaquecas”. La salud de Andrea Urzúa y Mónica Caballero ha empeorado, y Ximena indicó que la operación jurídico-policial “es una persecución a formas de vivir”.
El 6 de abril, como todos los miércoles, los familiares y amigos de los imputados efectuaron una manifestación pacífica en el centro de Santiago. Quienes participaron, declararon que los carabineros “detuvieron a personas sin motivo alguno y golpearon a otras impunemente, tratando de quitar los lienzos, propaganda, megáfono y bicicletas”. Cuando alrededor de 30 manifestantes que no fueron detenidos partieron a la tercera comisaría de Santiago a esperar al bus policial para cautelar el buen trato y derecho de los arrestados, mientras estaban en la vereda, fueron víctimas del ataque de personal de Fuerzas Especiales de Carabineros, “dándonos golpes de puño y patadas”. Una muchacha resultó inconciente debido a un puntapié policial recibido en el estómago. A otros le destrozaron las ropas, e intentaron “ahorcar a uno mientras trataban de llevarlo detenido”. También los policías “exhibieron armamento de guerra”. Después de estos hechos, fueron apresadas 10 personas más.
5. El mismo 6 de abril, saltando toda filosofía democrático burguesa respecto de la independencia de los poderes del Estado, el fiscal Alejandro Peña aceptó integrarse al Ministerio del Interior para hacerse parte de “un equipo técnico”, donde se dedicará al análisis y revisión de los distintos planes policiales que hagan Carabineros e Investigaciones (PDI), y de la estructuración de políticas contra ‘ilícitos complejos’. Es decir, abandonó de golpe el denominado “Caso Bombas”, quedando como suplente el fiscal Héctor Barros.
Según algunas publicaciones, el pronto ex fiscal Peña, es hombre de armas tomar: capitanea los operativos, usa chaleco antibalas y patea las puertas de los traficantes; y también tendría una denuncia de violencia intrafamiliar por parte de su esposa y una sanción administrativa por prácticas antisindicales. Todo un personaje. De ahí su ascenso, por cierto.
6. Naturalmente, y más allá de todas las distancias ‘ideológicas’ que se tengan con el pensamiento libertario, resulta un deber insoslayable participar activamente de la solidaridad y la exigencia de la libertad de los prisioneros políticos del llamado “Caso Bombas”, como de los 4 comuneros mapuche condenados a 25 y 20 años de cárcel. Como nada se puede esperar de arriba, el asunto central es cómo los familiares y amigos de los presos son capaces, de la mano con todas las fuerzas jugadas por los derechos humanos en el territorio chileno, de ampliar la convocatoria de sus movilizaciones, hasta ahora, demasiado limitadas. Si el objetivo es lograr la justa libertad de los prisioneros políticos, esa es la única condición para que cualquier persona conciente y sensible ante los abusos y atropellos del Estado y el gobierno quiera y pueda participar en las manifestaciones. Esa estrategia debe considerar todas las formas, todas las agrupaciones, todas las gentes de buena voluntad a escala nacional e internacional. Experiencias anteriores en materia de Derechos Humanos indican que mientras más ancho sea el arco de fuerzas nativas e internacionales que se manifiesten tras un fin común, más posibilidades existen de alcanzar el objetivo. Porque no es suficiente la razón: se requiere de la fuerza. Y resultaría una derrota vergonzosa para quienes luchan, se desvelan, acarician la construcción de una sociedad donde prime la humanidad sobre el capital que las condenas contra los prisioneros políticos se hagan efectivas. No sólo por el dolor de los propios encerrados y sus más cercanos. Sino por el decoro, la estatura, las posibilidades concretas de que mañana pueda crearse una alternativa política distinta a la derecha y la Concertación. Es más; ¿Cómo hacer bravatas sobre la nacionalización del cobre, la banca, la asamblea constituyente, la defensa de los recursos naturales, la transformación del orden que organiza la miseria, si ni siquiera somos capaces de hacer las fuerzas para liberar a los luchadores sociales de las cárceles de los que aún mandan?
Abril 7 de 2011