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Parlamentarios y organizaciones defensoras de los derechos humanos en Chile rechazaron el régimen de libertad condicional otorgado a seis exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad.
Ante la decisión de la justicia chilena de beneficiar a los exuniformados, integrantes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) tomaron las oficinas del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior en Santiago.
Alicia Lira, presidenta de la AFEP, explicó la acción en señal de repudio a lo que calificó de indiferencia del gobierno con las víctimas de la dictadura, "mientras que a los victimarios los están liberando".
Subrayó Lira que es una obligación moral y ética del Estado buscar mecanismos para hacer justicia y se quejó que La Moneda no se hiciera parte de las más de 700 querellas presentadas por la AFEP, correspondientes a ejecutados políticos durante el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990). También la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos mostró su desacuerdo con la libertad condicional dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago a favor de los exrepresores.
Así hicieron ver al presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, al que exigieron que la justicia se ajuste a las normas internacionales que prohíben indultos y prescripciones a violadores de derechos humanos.
Los diputados Hugo Gutiérrez, del Partido Comunista, y Tucapel Jiménez, del Partido por la Democracia, instaron también al ministro de Justicia, Felipe Bulnes, y al presidente Sebastián Piñera a impedir el visaje de las referidas prerrogativas para quienes además han cumplido condenas mínimas en "cárceles cinco estrellas".
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