Chile

Chile: Educación y post-efecto terremoto

Miguel Caro

Más allá de que la normalización de las clases en el sistema escolar tuvo muy poco de normal -tras el terremoto- y de que no son pocas las escuelas en que los objetivos y metas trazadas estarán lejos de cumplirse este año, es necesario poner el tema de la educación en perspectiva -especialmente el de la educación pública- dado que las dificultades en el proceso de mejoramiento que se ha venido impulsando en el último tiempo son previas y de naturaleza muy distinta a la catástrofe. El efecto post-terremoto, que por momentos lo explicaba todo, comienza a disiparse, dejando traslucir la trama de las intencionalidades, tensiones y obstáculos que se insinúan como herencia de las políticas educativas diseñadas en los últimos años de la Concertación y como antesala de las orientaciones que pretende impulsar el nuevo gobierno en esta materia.

Hoy ya es posible afirmar que la administración saliente recorrió un camino de reformas episódico y fragmentario, sin una mirada integral y de largo plazo sobre la trayectoria de cambios impulsada en educación. Fue agregando componentes y propuestas a medida que iba descubriendo falencias o que comprobaba la insuficiencia de las ya implementadas; no obstante cada nuevo anuncio en particular se ofrecía con estruendo como la tabla de salvación de un sistema globalmente en crisis, pero que luego demostraba su ineficacia, quedando reducido a una mínima expresión o batiéndose en silenciosa retirada, sin la más mínima evaluación pública y sin los resultados esperados. El problema que no se quería reconocer, es que dicho camino cruzó senderos que ya estaban demarcados previamente con reglas del juego que formaban parte de los acuerdos de transición y que abrían las compuertas del mercado a la educación, posibilitando su transformación en un espacio para la generación de nuevos negocios, sin ninguna regulación y con independencia de los fines públicos. Hoy moros y cristianos se quejan amargamente por lo que está ocurriendo con brutal evidencia; pero ya es tiempo de perder la ingenuidad, la coalición de gobierno no puede llamarse a sorpresa respecto de un modelo de desarrollo que ella misma creó y defendió, con una creencia religiosa en el mercado, la “libre iniciativa individual” y la competencia como modelo de progreso; pues aquí está su resultado. La Concertación, por su parte, no tiene derecho a reclamo dado que impulsó cambios en un escenario que aceptó con facilidad, que defendió casi tan fanáticamente como sus adversarios electorales y que –como en tantos otros temas- jamás sometió a deliberación ciudadana; de hecho posibilitó con recursos del Estado la expansión del lucro sin regulación de la calidad, provocando la disminución estructural de la matrícula pública. Las políticas e iniciativas legales de última generación que introdujo, son un esfuerzo de última hora (forzado además por la movilización estudiantil) por intentar regular un mercado que a estas alturas es imposible corregir con medidas que mantengan las fallas de origen, cuestión que tiene a la educación pública en estado terminal.

Fallas de origen: calidad de la educación y estandarización

En el discurso público educativo se ha instalado como idea rectora y como propósito final el concepto de calidad de la educación sin que exista la más mínima reflexión ni deliberación respecto de qué es lo que se entiende por aquello. Se asume de un modo inmanente que dicha finalidad estaría asociada a un conjunto de resultados aprendizaje en un cierto número de asignaturas escolares, medidos estandarizadamente por el SIMCE. Esto supone, por una parte, que el trabajo de decenas de miles de docentes, en las restantes asignaturas, con un alto volumen de horas y costos de inversión financiera, infraestructura, preparación de profesionales e impacto en diversas áreas de formación de nuestros estudiantes, carece de valor educativo y posee cero relevancia en la construcción del juicio evaluativo sobre la calidad de lo que se hace en las escuelas. También supone que en aquello que hace el Estado, movilizando un enorme dispositivo institucional, financiero y humano, se niega la importancia que tiene la formación de personas, en otros ámbitos de conocimiento, cuya menor relevancia es altamente discutible, y en otras dimensiones de la formación escolar, asociada a la construcción de la persona y la configuración de las condiciones que le permiten insertarse en las más amplias relaciones sociales de que forma parte.

Por ello, en la definición del concepto de calidad educativa, hay que prestar atención a los riesgos que se corren cuando se estandariza de esta manera, en una realidad sociocultural marcadamente diferenciada entre unos contextos y otros y cuando se levanta un juicio totalizador respecto de la labor formativa de la escuela, especialmente si la labor se realiza para superar problemas que la propia sociedad genera sistemáticamente, más allá de los muros de esta cuestionada institución.

Es nocivo que se asocie calidad educativa con resultados SIMCE en donde el trabajo docente se realiza en condiciones de precaria disponibilidad de capital cultural formal y en donde el volumen de información que provee el currículum escolar constituye, muchas veces, un obstáculo para el aprendizaje.

Bajo la presión del juicio de calidad (y las penas del infierno), las escuelas terminan restringiendo su proyecto educativo, siendo presa de la lógica de la mecanización y la instrucción para el “rendimiento”.

Propiciar en esos contextos la total cobertura curricular termina, en la práctica, reproduciendo la lógica de transmisión de contenidos; precisamente porque generar en los estudiantes disposición al estudio y lidiar con la transformación de patrones socio-culturales restringidos muy arraigados, requiere de un trabajo con mayor profundidad y curricularmente más amplio que la sola adquisición de contenidos o habilidades en determinados sectores de aprendizaje. Frente a la presión por la llamada “cobertura curricular”, el docente termina respondiendo al estándar en lo formal pero sacrificando las posibilidades de aprendizaje que ese contexto le demanda y distanciándose de una formación más amplia, que abarca áreas y dimensiones que no son consideradas en este tipo de evaluaciones externas.

Desde la racionalidad técnica, la estandarización y sus negativas consecuencias, es promovida no sólo por la evaluación externa de los aprendizajes, sino por un conjunto de nuevos mecanismos que formatean la labor escolar, convirtiendo sus procesos en circuitos formalizados de planificación de la gestión, en torno a metas de aprendizaje que desconocen la realidad y en donde no son considerados los diversos problemas de aprendizaje de los estudiantes, ni sus intereses ni sus arraigados patrones culturales en los que socializan a diario fuera de la escuela, todos factores muy difíciles de superar o integrar transformativamente en el corto plazo.

La Ley SEP viene a reforzar ese conjunto de mecanismos de tecnificación educativa que desconoce la realidad escolar, las dificultades estructurales que impiden el trabajo profesional colaborativo, así como la disponibilidad de tiempos y espacios para la dedicación racional a las labores de diseño de la enseñanza por parte de los docentes. El problema del tiempo es un factor determinante para la posibilidad de modificar la actual situación; es pedagógica y humanamente insostenible que un docente trabaje 30 o 40 horas en aula y que tenga dos para pensar en lo que tiene que hacer diariamente, atendiendo la diversidad y los enormes problemas que arrastran miles de estudiantes, con criterios de calidad, en forma contextualizada y significativa, promoviendo la transversalidad y generando metas de resultado crecientes; mantener esto es irracional, antipedagógico y profesionalmente insustentable. Desde una lógica prescriptivo-no participativa, la nueva legislación desconoce la realidad de múltiples formas, por ejemplo, al no permitir en la implementación de los Planes de Mejora que se supere el 10% por curso de estudiantes con resultados en el nivel inicial, en circunstancias que dicho límite es superado en la mayor parte de los establecimientos por la existencia de niños con diversos problemas de aprendizaje; vale decir, se establece por decreto el umbral de dificultades de una comunidad educativa y se busca responder a un circuito de producción de metas que impacta las formas pero no el fondo de los procesos educativos, además de sacrificar las escuelas como espacios inclusivos.

Las apuestas del nuevo gobierno: Flexibilidad laboral, salario por resultados y colegios de excelencia

La actual coalición de gobierno ha señalado insistentemente que resolver los problemas de la educación pasa por cambiar las reglas del régimen laboral de los docentes, introduciendo condiciones de flexibilidad que permitan, por una parte, a los directores sacar a los “malos profesores” y trabajar sólo con aquellos que respondan a las características exigidas y, por otra, castigar el mal desempeño, premiando aquel que sea considerado de excelencia. Este planteamiento tiene un par de problemas: Primero, sabemos que el estatuto docente se aplica sólo a los profesores del sistema municipal, objeto de las principales críticas, pero nada se dice respecto de sector particular subvencionado (que hoy tiene la mayor parte de la matrícula escolar), en donde existen las condiciones de flexibilidad que tanto se anhelan para el sector municipal y sin embargo no se generan significativamente mejores resultados, más bien la situación es altamente deficiente en la mayoría de los casos, prestándose incluso dicha situación para que se produzca una alta rotación docente, lesionando la continuidad en el desarrollo de los proyectos educativos e introduciendo prácticas abusivas y antisindicales de parte de los sostenedores, a partir de lo cual lo único que finalmente queda garantizado es la operación de mercado con los correspondientes beneficios económicos asociados. En suma, no hay base empírica para demostrar que la flexibilidad, sea un factor determinante para provocar el mejoramiento esperado. Segundo, la lógica del salario por desempeño (entendido este como resultados de aprendizaje medidos vía SIMCE), al no considerar las condiciones de inicio y las características socioculturales de los estudiantes, promoverá un concepto de calidad docente y una condición profesional que se manifestará como profecía autocumplida de la segmentación social y de los mecanismos de selección de los colegios, provocando una situación de injusticia al reconocimiento simbólico y material de miles de docentes que realizan un trabajo profesional de gran valor formativo en condiciones de alta precariedad y en donde los resultados no pueden ser homologables con otros contextos o sólo pueden obtenerse en el largo plazo, no asociables por tanto al trabajo individual de un profesor en un período breve de tiempo. Por otra parte, la “solución” de los colegios de excelencia, que no impactará más allá del 4% de la población escolar, con su lógica selectiva y estigmatizadora introducirá una especie de darwinismo social que profundizará las desigualdades socioeducativas ya existentes.

Junto a estos y otros innumerables factores, no es posible entender lo que sucede en el sistema educativo -y particularmente en el municipal- sin considerar la a ratos escandalosa falta de competencias técnicas de parte de muchas direcciones de educación y de los equipos técnico-directivos de las escuelas, carencia que en muchas ocasiones se explica exclusivamente por razones de orden político. Es frecuente escuchar quejas en las comunidades respecto del desconocimiento del tema educativo por parte de estos actores, de la ausencia de criterio para tomar decisiones, de su atávico autoritarismo, de su burocratismo carente de sentido, etc. En tiempos en que todo se arregla con el facilismo de culpar de todo a los profesores, resulta pertinente considerar el alto nivel de incidencia que tiene el rol de los mandos medios en la deriva del sistema. ¿Quién rige sus procedimientos y quién los evalúa? ¿Quién certifica sus capacidades y quién interviene para evitar las decisiones arbitrarias, los malos manejos y la falta de pertinencia de sus desempeños? La relevancia de este tema tiene que ver no sólo con la insuficiencia de orientaciones y de regulación de los procesos a este nivel, sino con las frustraciones que esto produce cotidianamente en las comunidades educativas y con el deterioro del clima laboral, lo que redunda en el decaimiento de las necesarias voluntades para sostener colectivamente un proyecto educativo.

En suma, la conjunción entre la racionalidad técnica (que impera desde hace bastante tiempo en la dirección global del sistema educativo) y las reglas de juego mercantiles (inauguradas y mantenidas por más de tres décadas) hasta ahora no han promovido la tan anhelada calidad de la educación, más bien han profundizado su deterioro y nada indica que estas dos coordenadas políticas e ideológicas vayan a desaparecer como parte del sustento medular de las decisiones en educación, a menos que aumente la asociatividad de las comunidades, su empoderamiento profesional y sociopolítico (no sólo gremial-corporativo) y su capacidad de propuesta político-pedagógica (no sólo económica). De no ser así, el efecto post-terremoto pasará pronto, pero las fallas estructurales se mantendrán.

Miguel Caro es profesor y director de Educación de Universidad ARCIS.

La privatización, no es una solución para la reconstrucción de Chile.

Celso Calfullan
Socialismo Revolucionario.
CIT en Chile.

Hoy se especula mucho de donde sacar los recursos para la reconstrucción del país. Los empresarios y la elite dominante nos repiten hasta el cansancio que Chile no cuenta con los recursos que se requieren para la reconstrucción.

La solución que están planteando los empresarios es que se deben privatizar las pocas empresas del Estado que todavía no han sido traspasadas a los privados, algo que no puede estar más lejos de una solución real.

Lamentablemente hoy el cobre se encuentra privatizado en los hechos. Poco más de dos tercios de la explotación de cobre hoy se encuentra en manos privadas, apenas un 28% de la producción de cobre es realizada por Codelco, pero esta empresa del Estado, que según algunos es ineficiente y mal administrada, es la que cubre la mayoría de los gastos sociales y de las fuerzas armadas (con el 10% constitucional).

El presupuesto del Estado chileno estaría bastante disminuido sin los ingresos que hoy genera una empresa como Codelco, esto a pesar de que menos de un tercio de los recursos del cobre son controlados por esta empresa estatal.


Es necesario terminar con el saqueo de nuestras riquezas básicas.

Si el Estado chileno pusiera bajo control estatal el 100% de la producción de cobre, el país contaría hoy con tres veces más recursos de los que ahora aporta Codelco. ¿Cuantos hospitales, colegios, consultorios, carreteras y casas para los trabajadores podrían ser construidos con todos esos recursos?

Pero la necesaria nacionalización del cobre no se llevara a cabo, dado la elite mediocre y lacaya que tenemos en Chile que prefieren entregar nuestras riquezas básicas a cambio de una cuantas chauchas (un miserable 5% de royalty) a los grandes países imperialistas, esto a pesar de que hacen gárgaras de un patriotismo trasnochado y totalmente falso.

Los trabajadores son los únicos que tienen la fuerza y capacidad de implementar una campaña de movilización, que ponga fin al saqueo de nuestras riquezas básicas, que hoy están haciendo empresas transnacionales, necesitamos terminar con el robo descarado de nuestros recursos, riquezas que por lo demás son de todos los chilenos, recuperando el cobre, podremos obtener los recursos que tanto necesitamos en este momento, en que es necesario reconstruir el país después del terremoto.


Es necesario nacionalizar, no privatizar.

El cobre es el mejor ejemplo de como el país se empobrece con las privatizaciones, de como el país cuenta con menos recursos para gastos sociales, como por ejemplo educación y salud. Hoy más que nunca queda claro de que es necesario no sólo nacionalizar el cobre, sino también, las empresas generadoras y distribuidoras de electricidad, agua potable, de las comunicaciones, junto a las empresas del retail, las AFP, la banca y los grandes grupos económicos de este país. Estas empresas son las principales responsables de la mala distribución del ingreso, de las injusticias y de la miseria de grandes sectores de la población trabajadora chilena.

Pero los empresarios están presionando fuertemente en sentido contrario, para que se implementen “grandes reformas económicas”, en lo concreto esto significa que se continúe privatizando lo poco que todavía queda en manos del Estado. Esta claro que uno de los objetivos del gobierno de Sebastián Piñera es traspasar las empresas del Estado a manos de sus colegas empresarios.


Otro objetivo es continuar la privatización de los puertos y las sanitarias.

Los privados ya están listos para participar en la “tercera ola de licitaciones portuarias” que el gobierno planea reactivar. Aprovechándose de que uno de los sectores más golpeados por el terremoto que acaba de afectar al país, es el sector portuario.

Los empresarios quieren terminar de echarle mano a Valparaíso y San Antonio, así como también quieren Coquimbo, Puerto Montt, Punta Arenas, Chacabuco y Talcahuano, todo con la escusa de obtener recursos “frescos” para la reconstrucción, la sabiduría popular nos dice que esto es “pan para hoy y hambre para mañana”.

La privatización de los puertos significara peores condiciones de trabajo, peores salarios, como ya los saben los trabajadores portuarios, en el caso de los trabajadores de Talcahuano y Coquimbo, gracias a su movilización y presión lograron parar las licitaciones, por eso el gobierno quiere aprovechar esta catástrofe para pasar a la ofensiva, usar esta situación, en que los trabajadores portuarios especialmente de Talcahuano se encuentran en una situación de debilidad a raíz del mega terremoto y pasar por encima de ellos su aplanadora privatizadora.


Los trabajadores no tenemos más alternativa que luchar contra las privatizaciones.

Los trabajadores no tenemos más alternativa que organizarnos y luchar contra la nueva ola de privatizaciones que pretende implementar el nuevo gobierno de la derecha, precisamente traspasando a los privados, las pocas empresas que todavía no habían logrado traspasar a sus riquezas particulares.

Finalmente a pocos días del nuevo gobierno, ya está quedando claro que la dictadura, la Concertación y la Alianza por Chile, finalmente defienden los mismos intereses empresariales, la diferencia que hay entre ellos es que unos son unos simples suches y los otros los verdaderos patrones.

Represión en Collahuasi: Las lecciones para la clase

Julio Oliva García

Un avión Hércules con numerosos vehículos y efectivos policiales aterrizó en las cercanías de la mina Doña Inés de Collahuasi, helicópteros sobrevuelan la zona del campamento minero y tanquetas recorren sus caminos, hasta hace poco tomados por los obreros subcontratistas que exigen mejoras en sus condiciones.

Algunos dirigentes santiaguinos llegan a intentar apaciguar los ánimos, no los de la policía militarizada ni las autoridades, si no los de los trabajadores para “mostrar ánimo de negociación”. Lamentable escenario de desmovilización y baja de guardia.

La empresa, un conglomerado de transnacionales, se ha negado a mejorar los lugares donde viven hacinados sus trabajadores, tampoco se abre a elevar los salarios ni a entregar, por término de conflicto, un bono de un millón y medio de pesos, que es un céntimo de un pelo de la cola frente a los 800 mil millones de pesos que les quedan como ganancia anual. Además, acentúa la discriminación de los subcontratados en las grandes diferencias que se producen en salud y alimentación con los trabajadores de planta, aún cuando ambos grupos de obreros realizan las mismas labores, y desconoce las leyes laborales sobre el trabajo pesado mientras usa los tribunales para acusar a los trabajadores de “daños y secuestro”. Ellos saben lo que hacen.

También lo saben las autoridades políticas de la zona, que han reaccionado solicitando refuerzos de la capital para que la represión y el amedrentamiento sean más efectivos, y el ministro de Interior justifica el escenario de guerra como continuidad de los operativos instaurados para el 29 de marzo, Día del Joven Combatiente, y el Primero de Mayo.

No es secreto en la región que la empresa minera auspició campañas parlamentarias y mantiene en su mano a diversos medios de comunicación que reciben su publicidad, por eso se explica la información tergiversada que circula y la vista gorda o la abierta intervención proempresarial de algunos conspicuos honorables.

La solidaridad de clase no ha estado ausente, aunque parece poco un comunicado o la visita de algún dirigente ante la magnitud de la reacción patronal, pero hay otras formas de solidarizar que pueden comenzar a desplegarse. Sin embargo no se entiende el viaje de personeros de la CUT para llamar a la calma, para mostrar signos de “voluntad de diálogo”, mientras el ánimo de muchos era continuar la pelea. Es conocida ya la situación post movilizaciones interrumpidas, bien lo sabe Cristián Cuevas cuando intentó reponer la huelga el 2007 y se quedó solo, amenazando con una huelga de hambre mientras la mayoría ya se había sentido traicionada y no había ánimo de volver al combate. Así fueron “olvidadas” muchas de las promesas de CODELCO y los subcontratados continuaron siendo trabajadores de clase C.

Por eso, mientras los empresarios, el gobierno y la denominada clase política tienen bien claro lo que deben hacer para continuar profundizando el modelo económico y la superexplotación, a los trabajadores no les queda más que comprender que la unidad hace la fuerza y la movilización es la forma de conseguir mejoras en sus vidas.

En el ambiente hay nuevos aires que insinúan cambios profundos, la CUT de hoy –tan lejana de la CUT de Clotario Blest y Luis Figueroa-, vive su agonía lejos de las bases y con la corrupción instalada en sus dirigentes. Nuevos y antiguos trabajadores, comenzando por los más discriminados, aquellos que no tienen nada más que perder que el miedo, comienzan a organizarse y a hablar de unidad, de lucha, de solidaridad de clase. Pasan a la acción y sueñan, concretan realidades en periódicos, preuniversitarios, trabajos voluntarios, negociaciones exitosas, movilización.

Hay que seguir sumando a miles, a millones, en este cauce de la transformación. Los trabajadores necesitan un gobierno de ellos, no en nombre de ellos con supuestos representantes que engordan en mullidos sillones. Habrá de erigirse la fuerza social y política que haga eso realidad y que, una vez alcanzado el gobierno, sepa defenderlo con las lecciones aprendidas.

Julio Oliva García es presidente Sindicato EL SIGLO.

Los hermanos Piñera, el mensaje presidencial y el robo del cobre a Chile

Orlando Caputo - Graciela Galarce (Argenpress)

 

La Editorial del Mercurio del domingo 16 de mayo, en el apartado “Reconstrucción y política”, le asigna una importancia trascendental al primer Mensaje Presidencial de Sebastián Piñera

“Esta semana, el país escuchará la primera cuenta del Presidente Piñera, con la que éste buscará iniciar una nueva etapa de su gobierno, pues, ante las prioridades de la emergencia, él ha debido postergar sus propuestas programáticas”

Sin embargo, el Presidente Sebastián Piñera con su gran habilidad ha logrado ocultar dos de los temas más trascendentales para Chile.

En primer lugar, con el aumento del impuesto transitorio a la gran minería, reafirma las normativas anticonstitucionales que entrega en propiedad privada los yacimientos mineros, pesar de que la Constitución señala categóricamente que: “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”. Esta traición a Chile se aprobó en Dictadura, propuesta por su hermano José Piñera, cuando era Ministro de Minería de Pinochet, y cuando Sebastián Piñera tenía problemas jurídicos como máximo ejecutivo del Banco de Talca.

El otro gran tema que ha logrado ocultar es la privatización de CODELCO, iniciándose, con la privatización de actividades esenciales, entre ellas, el suministro de energía eléctrica, fundamental en la explotación del cobre. Asimismo, pretenden privatizar los ricos yacimientos de CODELCO que aún no están siendo explotados.

Todos los nuevos nombramientos del Presidente Piñera en CODELCO, tienen como común denominador, el haber participado activamente en la desnacionalización del cobre, dirigiendo las empresas que se apropiaban del cobre, o con “estudios” que le permitían ocultar este robo a Chile.

Diego Hernández ha sido nombrado Presidente de CODELCO. Antes de su nombramiento era un alto ejecutivo de BHP y de Minera Escondida, y anteriormente dirigió varias mineras extranjeras. Recientemente ha sido denunciado que bajo la dirección de Diego Hernández, la minera “Mantos Blancos” realizó operaciones similares a la del “Davilazo” en Codelco, y las pérdidas en mercados futuros de “Mantos Blancos” evitaron pagar impuestos en Chile. Dávila pagó con cárcel. En 2009 Minera Escondida aumentó los costos de ventas en más de 600% para pagar menos impuestos. El incremento del monto global equivale a tres “Davilazos”.

El abogado Juan Luis Ossa Bulnes, recientemente nombrado en el Directorio de CODELCO, elaboró un documento contra el magro impuesto especial a las mineras en el gobierno de Ricardo Lagos. Juan Luis Ossa, afirmó que ese proyecto se basaba en premisas equivocadas. El primer error, señala, es afirmar que el Estado tiene el dominio patrimonial y pleno sobre las sustancias minerales. Al respecto concluye: “Es claro en consecuencia, que en este caso el “dominio” que la Constitución asigna al Estado no es absoluto, ni exclusivo ni inalienable”.

Lo anterior, en su estudio, - posiblemente financiado por las mineras privadas-, pretende borrar la afirmación categórica de la Constitución que señala que “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”. Es muy raro que el abogado Ossa no analice el carácter “imprescriptible” de todas las minas.

El gobierno de Sebastián Piñera, destaca que en el nombramiento de Juan Luis Ossa Bulnes, como miembro del Directorio de CODELCO, que él es Profesor de Derecho Minero, de la Pontificia Universidad Católica y que apoyó directamente a José Piñera a inicios de los 80’s cuando este era Ministro de Minería de la Dictadura, en la elaboración de la denominada Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, que entrega gratuitamente en propiedad privada los yacimientos. Dicha Normativa es anticonstitucional como lo afirma Armando Uribe, también Profesor de Derecho Minero.

José Piñera demoró sólo dos meses para generar este engendro que ha posibilitado la desnacionalización del cobre. En la actualidad, cerca del 73% de la producción de cobre en Chile está en manos extranjeras. Y ahora, van por CODELCO.

El abogado Juan Luis Ossa Bulnes, en su documento “REGALIA A LA MINERÍA”, criticando el magro impuesto a las mineras, presentado por el Presidente Lagos, afirma textualmente:

“Sumario”

“Premisas, (a controvertir): Las minas pertenecen al Estado. Desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista económico. La riqueza minera es agotable y no renovable”

“RESUMEN: El proyecto que modificaba la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras para establecer una regalía sobre la producción minera, se basaba en dos premisas fundamentales”.

• “Que el Estado tiene un dominio patrimonial y pleno sobre las sustancias minerales que son susceptibles de concesión a favor de los particulares, dominio que se extendería incluso a las sustancias minerales que ya han sido concedidas, y”

• “Que las sustancias minerales son esencialmente agotables”

El abogado Ossa concluye: “La presente exposición analiza dichas premisas y concluye que ambas son equivocadas”

La mayoría de los políticos de la Concertación no se han pronunciado. En realidad, ellos han sido cómplices de la desnacionalización del cobre. Esta, se concretó durante los cuatro gobiernos de la Concertación. También son cómplices del desmembramiento de actividades fundamentales de CODELCO; Centros de Investigación; Fabricación y Mantención de Equipos; Producción de Energía Eléctrica, etc.

El relato de José Piñera, de cómo procedió a la desnacionalización del cobre aprobada por el Congreso en Pleno, durante el Gobierno Allende, es burdo y dictatorial. Es una gran traición a Chile que debe ser sancionada por los chilenos.

José Piñera, en su documento” El Cascabel de la Minería”, -2002-, señala que a inicios de los 80’s, la Dictadura enfrentaba una crisis, por la oposición de militares a la desnacionalización del cobre y a la privatización de CODELCO.

“Para resolver esta crisis, el Presidente de la República me nombró Ministro de Minería el 29 de diciembre de 1980”.

“El desafío para 1981 era elaborar una legislación de rango constitucional que asegurara derechos sólidos de propiedad en el emblemático y potencialmente rico sector minero”

” Tras un intenso mes de enero de 1981 dedicado al estudio de los más variados textos jurídicos actuales e históricos, y a escuchar y sopesar con mente abierta las opiniones de todas las personas que querían aportar algo en este tema”

Nos preguntamos: ¿Alguien puede creer que esto pueda hacerse seriamente en un mes…?

Inmediatamente José Piñera prosigue:

“Y tras un mes de febrero procesando toda esta información y reflexionando «lejos del mundanal ruido», llegué a la conclusión de que el nudo gordiano que estaba ahogando a la minería chilena no podía «desamarrarse». Era preciso cortarlo. La «espada» la descubrí en un concepto y una fórmula lógica de la ciencia económica, ... una vez definido el derecho de concesión vigoroso que ella permitía. Se trata del concepto de valorización de un bien o una empresa según la conocida fórmula del Valor Presente de los flujos netos de caja”.

Esto es ¡increíble! Si la explotación del yacimiento Hasta SU agotamiento se estima en 40 años, y Chile decide Nacionalizar ahora, debería pagar en forma actualizada los flujos netos de caja de los 40 años, que es mayor que las extraordinarias utilidades anuales, ya que incluye el valor del mineral extraído anualmente. Es decir, Chile debería pagar el Yacimiento que otorgó en propiedad privada. Así se borro la Nacionalización del Cobre, aprobada por unanimidad del Congreso Pleno el 11 de julio de 1971. Esto fue la culminación de 20 años de lucha por la nacionalización del cobre, vinculado a los proyectos de nacionalización presentados por Salvador Ocampo, Elías Lafferte y Salvador Allende a inicios de los años 50’s.

En el próximo Mensaje Presidencial, se nombre o no, se reafirmará que los yacimientos mineros no son del Estado chileno y se negará la privatización de CODELCO, que con estos nombramientos y acciones ya se está implementando. Todo esto, a pesar de que la Constitución chilena señala que “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”.

Congreso chileno tramita privatización de semillas y liberación de transgénicos

www.matrizur. org

En un ambiente de secretismo, el Senado de Chile se prepara para aprobar un proyecto de ley denominado “Derechos de Obtentores Vegetales” (boletín Nº6355-01) que implicará, según organizaciones ambientalistas y de productores- consumidores orgánicos, la contaminación genética de especies vegetales; pondrá en peligro la semilla nativa, colocará en riesgo la agricultura orgánica y la competitividad de las exportaciones de este sector; aumentará dramáticamente la dependencia de los agricultores a las transnacionales agroquímicas y elevará el precio de los alimentos.

Organizaciones de agricultores, sociales, ambientales y de consumidores se declaran en estado de alerta y movilización, porque mientras se legisla para mitigar los efectos del terremoto, el Gobierno está dando pasos para cumplir uno de los compromisos electorales del  Presidente Piñera: la liberación de los transgénicos al mercado.

Avanza por vías paralelas, con proyectos que se tramitan en el Senado y a través de la nueva institucionalidad ambiental que ahora contempla incorporar los transgénicos al sistema de evaluación de impacto ambiental.

 

LA ESTRATEGIA OFICIAL

El Senado se prepara para aprobar a espaldas de la ciudadanía un proyecto de ley denominado “Derechos de Obtentores Vegetales” (boletín Nº6355-01) que implicará la contaminación genética de especies vegetales, pondrá en peligro la semilla nativa, pondrá en riesgo la agricultura orgánica y la competitividad de las exportaciones de este sector, aumentará dramáticamente la dependencia de los agricultores a las transnacionales agroquímicas, y elevará el precio de los alimentos.

Paralelamente, el ministro de Agricultura, José Antonio Galilea anunció que en junio y julio se presentarían las indicaciones al proyecto “Bioseguridad de Vegetales Genéticamente Modificados” (Boletín 4690-01)  cuya tramitación se encontraba detenida en el Senado desde 2008, orientado a la liberación de los transgénicos.

Y al mismo tiempo, el gobierno y el SAG se disponen a elaborar un reglamento de la nueva Ley de Medio Ambiente (Ley 20.417) negociada por la  Concertación con la derecha actualmente en el gobierno, que asegura la liberación al mercado de los transgénicos, por la vía de declararlos libres de impacto ambiental o ingresarlos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). La experiencia de la ciudadanía respecto de la institucionalidad ambiental y la participación en los procesos de EIA indica claramente que así las transnacionales lograrán la liberación de los transgénicos.

 

 

NUEVO COLONIALISMO

La urgencia por liberar sus semillas transgénicas al ambiente, tanto aquí como en  América  Latina se debe a que Europa ha cerrado las puertas a los cultivos transgénicos,  aplicando políticas protectoras de la salud y el ambiente. El intento de liberar los cultivos transgénicos en Chile vía diversas “regulaciones”  responde a los intereses y presiones de las corporaciones agrobiotecnoló gicas que no pueden utilizar el territorio de Europa para sus fines e inician así una nueva forma de colonialismo.

Los cultivos transgénicos son dañinos para la flora y fauna, el suelo y la salud humana. Hasta ahora ninguna empresa biotecnológica ha presentado estudios que comprueben la inocuidad de los transgénicos en la salud humana y animal. Por el contrario, cada vez se suman más estudios que demuestran  que son una gran amenaza para la salud y el ambiente, lo que genera gran incertidumbre y medidas precautorias en todo el mundo. Pero las autoridades no atienden esas razones ni están interesadas en resguardar los cultivos orgánicos y tradicionales de los productores, no obstante su reconocida calidad a nivel internacional.

LA AMENAZA INMEDIATA

El proyecto de ley sobre “Derechos de Obtentores Vegetales” que tras su nombre oculta la privatización de la semilla nativa,  cumple en demasía las nefastas condiciones impuestas por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Esta iniciativa es un requisito previo para la firma de un convenio internacional llamado UPOV 91 sobre propiedad intelectual de plantas. Abre las puertas a la expropiación y a la privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Chile al posibilitar que haya  derechos de propiedad intelectual sobre todas las especies vegetales, que podrán ser registradas por las compañías transnacionales por más de 25 años en el caso de árboles y vides, por ejemplo.

Este proyecto ya fue aprobado en la cámara baja  el pasado 9 de enero, justo un día antes que asumieran los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados. Las prevenciones de agricultores orgánicos, organizaciones campesinas, sociales y ambientalistas ante la  Comisión de Agricultura fueron desechadas por los parlamentarios. Ellos empeoraron aún más el proyecto al extender también a 25 años los derechos de “protección” para árboles y vides ya inscritos de acuerdo a la ley anterior (Nº 19.342), que hasta ahora sólo eran válidos por siete años.

El registro que se abrirá con la nueva ley incluirá tanto las variedades nativas como las híbridas y transgénicas obtenidas a través de la biotecnología, resguardando los intereses  de las empresas transnacionales exportadoras de semillas, entre ellas Monsanto y Syngenta junto a sus socios locales.

Abusando de este tipo de leyes, Monsanto hoy está pidiendo en Estados Unidos patentar la carne de cerdo criado con alimento transgénico, como si la carne fuera un descubrimiento de su propiedad. Al asegurar en Chile esos derechos, se expandirá aun más el negocio de los transgénicos,  hoy todavía limitado a la exportación de semillas. Eso afectará los cultivos orgánicos puesto que es imposible la coexistencia entre cultivos orgánicos y siembras de transgénicos.

La contaminación de los cultivos tradicionales  a través de  la polinización o por el transporte o los residuos es un grave problema que afecta a toda la comunidad nacional e internacional: cada año se presentan nuevos casos de contaminación genética por transgénicos. En el  2007 se presentaron 39 nuevos casos de contaminación en 23 países. Hasta ahora en Chile no hay ninguna regulación que obligue a la industria biotecnológica a informar los daños y las pérdidas financieras que causan los transgénicos.

La aprobación de esta ley despojaría a los campesinos de su derecho a disponer libremente de su cosecha. Los cultivos de los agricultores orgánicos podrán contaminarse con transgénicos, y el precio de los alimentos subirá impactando finalmente a todos los consumidores. También habrá impactos negativos en la salud y el ambiente, ya que los cultivos transgénicos están asociados a un aumento en el uso de plaguicidas y a efectos en la salud de las personas y daños a la biodiversidad.

TRANSPARENCIA CERO

La expansión de los cultivos transgénicos para exportación, autorizados por el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, ha estado caracterizada por el secretismo y la falta de protección, ya que esta entidad se niega históricamente a dar a conocer los sitios exactos de localización de los cultivos y el Consejo para la Transparencia lleva un año sin responder el recurso de amparo planteado por RAP-AL contra el SAG por este tema.

El gobierno actual no ha entregado información sobre la  temporada 2009/2010 begin_of_the_ skype_highlighti ng              2009/2010      end_of_the_skype_ highlighting. De acuerdo a datos oficiales proporcionados  para 2008/2009 begin_of_the_ skype_highlighti ng              2008/2009      end_of_the_skype_ highlighting, los cultivos  de semillas transgénicas para exportación alcanzaron  un total de 30.447,04 hectáreas de maíz, soya, y canola (raps) que son los  más extendidos, seguidos por cartamo, remolacha, vid, cebada, tomate, zapallo y alfalfa, en este orden.

Respecto de la temporada anterior (2007), el crecimiento fue de un 24,5%, totalizándose 5.982,9 hectáreas más de este tipo de cultivos, donde el maíz ocupa el primer lugar.

La región del Maule, con 15.049 hectáreas encabeza el ranking, seguida por la región de O’Higgins –donde ya se copó la superficie de siembra – con 7.888,89-  y la  Metropolitana, con 2.949,11 hectáreas. En regiones como Arica y Parinacota, y  Coquimbo, que no tenían antes cultivos transgénicos, en la temporada informada por SAG  se sembraron 52,91 y  156,20 hectáreas respectivamente. En  la sureña región de Los Ríos también irrumpieron los transgénicos ocupando 758 hectáreas, mientras en la Araucanía la cifra se eleva ahora a 2.192 hectáreas.

La desprotección frente a esta expansión sin protección para la agricultura orgánica,  se agudizará si se aprueba la ley de privatización de la semilla. Toda especie nativa que actualmente es parte de nuestro patrimonio y nuestra biodiversidad, y por tanto se puede reproducir y usar libremente, podrá tener un dueño y ser por tanto propiedad intelectual -propiedad privada-  de empresas nacionales o extranjeras. Para los efectos prácticos, el resultado es muy similar al generado por una patente.

El requisito planteado por este proyecto a estas corporaciones es simplemente presentar un grupo de plantas relativamente homogéneas y que no estén registradas previamente. También deben ser “nuevas”, pero la ley considera nueva toda especie no  registrada antes. Así pueden apropiarse de un patrimonio colectivo que es fruto del trabajo   de comunidades campesinas e indígenas, donde especialmente las mujeres han  guardado, mejorado y reproducido la semilla por generaciones y generaciones. Así se desconoce que en definitiva, las semillas son  nuestro patrimonio como país.

Las amenazas que enfrenta Chile como resultado del menor crecimiento económico, la cesantía y otros efectos del terremoto nos comprometen a intensificar nuestros esfuerzos para contribuir a asegurar la soberanía alimentaria de nuestro pueblo y defender la salud y calidad de vida de todos los chilenos.

Por tanto, las organizaciones ambientalistas y de agricultura orgánica declaran:

1) Rechazamos el avance del establecimiento de todas las disposiciones jurídicas que impliquen en forma abierta o encubierta la autorización de la liberación total de siembra de cultivos transgénicos en el país.

2) Apoyamos una moratoria total a la liberación de los transgénicos en Chile y el establecimiento de etiquetado para los productos finales importados que son transgénicos.

3) Impulsamos el establecimiento de un sistema de biomonitoreo, y de medidas para revertir la contaminación transgénica provocada por los actuales semilleros de exportación.

4) Apoyamos las demandas de las organizaciones regionales de los agricultores orgánicos tendientes a lograr  la promoción y apoyo  efectivo de una agricultura orgánica o realizada sobre bases agroecológicas, sana y segura,   libre de plaguicidas  y transgénicos.

5) Exigimos la revisión de la situación de  los altos funcionarios públicos que evidencien conflicto de interés en materia de bioseguridad de transgénicos, y su destitución al probarse esos vínculos.

6) Exigimos que se consideren fondos públicos para financiar  investigación independiente sobre los efectos de los transgénicos en la salud de los consumidores.

CAMPAÑA CONTRA LA LEY DE PRIVATIZACIÓN DE LA SEMILLA NATIVA

Hasta el 11 de diciembre de 2009, 950 personas han firmado en esta página, rechazando el proyecto de Ley de Derechos de Obtentores Vegetales (Boletín 6355-01) que está en discusión en el Parlamento, por exigencias del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Rechazar el proyecto es actuar en defensa de los derechos ancestrales de los campesinos a disponer libremente de sus cosechas y de las semillas nativas.

Los impulsores de esta iniciativa son la Red de Acción en Plaguicidas (RAP-Chile), Asociación de Agricultores Orgánicos de Biobío, Agrupación de Agricultura Orgánica de Chile (AAOCH), Asociación de Agricultura Biológica-Diná mica AG, Agrupación de Consumidores Conscientes de Linares, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca), Fundación con Todos, Asociación de Agricultores Orgánicos de Chiloé (CETSUR) y Grain.

Estamos en contra de la liberación de los transgénicos y a favor de la agricultura orgánica y/o biológico-diná mica y de sus productos saludables. Rechazamos la privatización del conocimiento y de nuestro patrimonio en beneficio de las transnacionales.

La iniciativa permitiría la expansión de los cultivos transgénicos y los farmocultivos, lo que significará la contaminación de los cultivos convencionales y orgánicos, como ha ocurrido en otros países, y avalará la represión de campesinos por parte de la policía privada de las transnacionales. Pero eso no es todo, ni lo peor. También creará dependencia del agricultor respecto de semillas registradas por los obtentores, agravando la pérdida de la variedad de los alimentos.

Te invitamos a adherir con tu firma al rechazo del proyecto de ley de Derechos de Obtentores Vegetales que esta en discusion en el Parlamento de Chile por las exigencias del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.  Defendemos asi los derechos ancestrales de los campesinos a disponer de sus cosechas y de las semillas nativas.

Habrá nuevas alzas del precio de los alimentos, porque toda la semilla registrada tendrá que ser comprada a las grandes empresas transnacionales y sus filiales locales que operan el mercado de semillas transgénicas y agroquímicos.

La iniciativa vulnera gravemente nuestra soberanía alimentaria, fomenta la pérdida de variedades de semillas, y la dependencia de empresas extranjeras propietarias de los derechos de obtentores, que controlaran la comercializació n, la importación y la exportación de las semillas, esquejes y frutos.

Las semillas son la base de nuestra agricultura, del conocimiento y de la seguridad alimentaria, herencia de nuestros antepasados y derecho de las generaciones presentes y futuras. La vida no se patenta.

Chile pos catástrofe: Las crisis que se aproximan

 

Juan Francisco Coloane

Si existen dos estructuras que se han visto desmembradas y desmejoradas en su accionar después del terremoto han sido el Estado y los partidos políticos, lo que nos conduce a pensar en los temas del gobierno representativo y el Estado moderno.

Por más que se genere una impresión de que en la política y en el Estado, “aquí no ha pasado nada o muy poco”, el doble efecto de un terremoto y un cambio de filosofía política con un intervalo tan breve, ejerce de por sí una gravitación política inmensa, cuya dimensión más exacta no es posible aquilatarla de inmediato con profundidad.

Esa impresión es transmitida por los partidos políticos y la coalición que asumió el gobierno para salvaguardar la preciada gobernabilidad, y más aún para enfrentar los efectos del terremoto. Hay indicios de un debate fragmentado e incompleto, en los libros de análisis de la derrota de la Concertación (Eugenio Tironi) y el triunfo de la alianza de derecha (Andrés Allamand), que lo confirman.

Elaborados con una imagen de Chile pre terremoto, estos análisis claramente exhiben problemas en las conclusiones y la proyección política, por la simple razón del impacto del terremoto en dos estructuras esenciales que le dan vida al país político: el Estado y los partidos políticos.

Crisis es un término controvertido, especialmente en dos áreas tan centrales al poder y la gobernabilidad de una nación como son el Estado y el sistema de representatividad. Extrañamente, crisis es más “digerible” para la economía, siendo que en las últimas décadas o quizás siempre, la determinante económica ha costado la vida de gobiernos y regímenes.

Aún así, crisis de Estado y crisis política exuda caos en la gobernabilidad y suena a desintegración de naciones. No es el caso en muchas situaciones, sin embargo hay una marcada renuencia (en la cúspide del poder) a no aceptar que los estados y sus sistemas políticos entraron en un latido de crisis intermitente aunque permanente, desde los ajustes fiscales a que se someten las naciones cuando crecen económicamente sin sustentación y no cumplen obligaciones económicas internas e internacionales. Grecia es el caso más actual y descarnado, y estamos hablando en el contexto de una preciada integración como es la comunidad europea.

En Chile desde el terremoto del 27 de febrero, los acuerdos políticos han sido mínimos y superfluos –el más importante, el alza de impuestos, es un debate antiguo- y el Estado se ha visto rudimentario frente a la magnitud de la emergencia.

Como que el “antes y un después del terremoto”, se adapta de acuerdo a la conveniencia para justificar un determinado objetivo. Es decir, la radiografía del país que produjo el terremoto opera apenas como un comodín político, y por la urgencia de la tragedia humana, se evita discurrir en los asuntos más profundos que están pendientes desde hace muchas décadas.

Aquí se observa una complicidad generalizada, porque de lo que se trata en definitiva para los que han estado en el poder, es mantenerlo a toda costa.

La pronta diligencia parlamentaria para investigar el manejo gubernamental del corto período clave pos terremoto, confirma que estamos en presencia de un país con un aparato político proclive a los diagnósticos y los análisis y renuente a pronunciarse con profundidad en políticas públicas que languidecen en la espesura política, y que podrían haber contribuido a prevenir efectos importantes de la catástrofe. En una entrevista radial del día lunes 10, el ex director de la oficina de emergencia del gobierno, Alberto Maturana, enfatizaba este punto.

No siempre un buen análisis es una condición suficiente para una eficiente o correcta política pública. El análisis puede ser más “puro”, y no depende de compromisos. En cambio la política pública se hace y se prueba en el campo árido de las transacciones.

En todo este panorama, el terremoto ha revelado situaciones críticas tanto en el aparato del Estado como en el componente más vital del aparato político como son los partidos.

Es así que la grandilocuente frase “reconstrucción nacional”, se ha visto aquietada por cuestiones más básicas de supervivencia y de enfrentar el frío de todo tipo. En lo esencial se observa un Estado mermado y pobre en ideas. Digámoslo claro también. Los partidos políticos sin excepción, se han visto desprogramados e inconsistentes, sea por un exceso de cautela, sea por una efectiva carencia de programas.

Así como el terremoto golpeó las bases del modelo de desarrollo chileno, igualmente golpeó la batería de propuestas y convicciones de los partidos políticos. Al centro del fenómeno anotado, reside el problema del poder y la democracia, y del gobierno representativo y el Estado moderno

El Estado en los orígenes de su modernidad, surge como constitucional y liberal antes que democrático, operando bajo los dos principios de la tradición republicana: la primacía de la ley, la fragmentación y el reparto del poder.

Bajo esa aspiración de representatividad, se demuestra una realidad incuestionable: el mundo se divide entre los que gobiernan (a cualquier nivel de representación) y los gobernados. Curiosamente, los gobernados, que en el momento crucial del sufragio constituyen el porcentaje más alto de la población, son los que pueden incidir en la forma y los contenidos de ese gobierno.

El funcionalismo político de los sistemas de representatividad sobrevive sin modificaciones sustanciales porque significaría desarmar el sistema y no hay cabida para un sistema sin partidos políticos. Bajo este sistema corporativo de poder, el factor de representatividad comprende una cuota insignificante en las decisiones de Gobierno que afectan a los representados. C Schmitt, afirma que “una de las manifestaciones más importantes de la vida legal y espiritual de la humanidad, es el hecho de que, quién detenta el poder real, es capaz de determinar el contenido de los conceptos y las palabras. El César también es el señor de la gramática”.

Al centro se sitúa la desnaturalización de la política en su rasgo más esencial. Mientras más se desnaturaliza la política en cuanto a distorsionar aquellas virtudes del Estado orientadas al bien común, es el Estado el que se desnaturaliza.

Hay una frase de Barack Obama que ha fustigado a los republicanos en los debates de la regulación del sistema financiero y la reforma a la salud: “Hay tareas que solo el Estado puede hacer”. Son palabras que respiran a Thomas Hobbes, pero que también reflejan el actual salvajismo no solo del capitalismo, sino también del sistema del poder.

Hace décadas que el liberalismo republicano provoca más de una inquietud. Existe una rigidez conceptual que lo sustenta, y al analizar sus formas de gobierno emergen el autoritarismo, la pérdida de libertad, y el tema subyacente como son las desigualdades especialmente de poder. El terremoto dejó claro esa parte del análisis que no se aborda.

Foto: Chile, Terremoto, Represión - El ministro chileno del Interior, Rodrigo Hinzpeter, prometió que los militares mantendrán el orden en la región con todo rigor. / Autora: Olesya Aldushenko - RIA NOVOSTI