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Argentina

Un delito de lesa humanidad

Un delito de lesa humanidad

Por Adolfo Pérez Esquivel (ACTA)

Las consecuencias que producen las fumigaciones sobre la salud y la vida de las personas expuestas involuntariamente a estas prácticas poseen la suficiente entidad como para ser calificadas como crímenes de lesa humanidad.

El caso de barrio Ituzaingó Anexo, en la ciudad de Córdoba, o juicio a las fumigaciones, posee la enorme virtud no sólo de haber puesto en el banquillo de los acusados a dos productores sojeros y un empresario de la aeroaplicación sindicados de ser supuestamente responsables del delito de contaminación ambiental en los términos de la ley 24.051. Además, ha permitido vislumbrar en toda su magnitud la discusión sobre el actual modelo de producción agropecuaria basado sobre la utilización del paquete tecnológico compuesto por soja transgénica más productos agrotóxicos.

Este "modelo de producción" es cuestionado de manera profunda y fundada por la sociedad civil, principalmente por vecinos que habitan cerca de los predios rurales explotados con cultivos de soja, organizaciones ambientales, movimientos campesinos y pueblos originarios. Ellos advierten y denuncian en forma enfática la aparición inusitada de enfermedades graves -como malformaciones, cáncer, leucemia, lupus, abortos espontáneos, fisura palatina, etcétera- asociadas con el uso creciente e intensivo de estos productos agrotóxicos.

Las favorables condiciones externas y los precios internacionales dieron lugar al pujante negocio de la "sojización", es decir, el proceso de pasar de cero a 18 millones de hectáreas cultivadas, de cero a 50 millones de toneladas, de cero a 20 mil millones de dólares de exportación, y de un consumo de cero a 200 millones de litros anuales de glifosato.

Pero lo que resulta alarmante es la contracara de este proceso, representada por la aparición y el incremento de enfermedades graves asociadas con el uso intensivo y creciente de los productos agrotóxicos, el desmonte y la desaparición de los bosques nativos, el despojo de campesinos y pueblos originarios. Todo lo cual viola derechos humanos fundamentales, como el derecho a la salud, a la vida, a vivir en un ambiente sano y a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupa esa gente.

Víctimas. La Red Agroforestal precisa que en el Chaco argentino se contabilizan 11,4 millones de hectáreas en disputa, y en todo el país existen víctimas de la violación a los derechos territoriales, como los siguientes casos:

Sandra Juárez murió frente a una topadora el 13 de marzo de 2010, en el paraje campesino de San Nicolás (Santiago del Estero); tenía 33 años y dos hijos.

Javier Chocobar, comunero diaguita de comunidad Chuschagasta (Tucumán), fue asesinado el 12 de octubre de 2009 por ex policías y un empresario que pretendían hacer uso de una cantera dentro del territorio comunitario.

Roberto López, miembro de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera, de Formosa), fue asesinado en la represión policial del 23 de noviembre de 2010.

Cristian Ferreyra, 23 años, militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), fue asesinado el 16 de noviembre de 2011 en el paraje San Antonio, en el norte de esa provincia.

Barrio Ituzaingó Anexo: más de 100 vecinos muertos por cáncer (tasa de muerte por cáncer, 33 por ciento; en Argentina, 18 por ciento); el 80 por ciento de niños del barrio tienen agrotóxicos en la sangre.

Por su parte, la subsecretaría de Agricultura Familiar, en un relevamiento de apenas tres meses, constató la existencia de "857 conflictos de tierra en todo el país, que afectan a 63.843 familias e involucran 9,3 millones de hectáreas". Todos los conflictos por tierras obedecen al corrimiento de la frontera agropecuaria en la Argentina.

Objetivo ilógico. La superficie en disputa alcanza los 11,4 millones de hectáreas y son afectados 1,6 millón de personas. Sumado a ello, el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), presentado recientemente por el Gobierno nacional, entre otros objetivos, se plantea aumentar la producción granaria un 60 por ciento. Esto es, pasar de los 100 millones de toneladas actuales a 160 millones para 2020. Reconoce la necesidad de avanzar sobre nuevos territorios. Desmontes, uso de agrotóxicos, conflictos territoriales y desalojos son las consecuencias más predecibles.

Por eso nos preguntamos: ¿cuántos hermanos más deben morir para acabar con este modelo de producción que cada día enferma y mata a más gente? Más específicamente, en materia de fumigaciones se estima que son 12 millones de personas las que se encuentran expuestas de modo directo, sistemático, repetitivo y generalizado a los agrotóxicos, cuyas consecuencias en la salud y el ambiente se están discutiendo por estos días en sede judicial en la ciudad de Córdoba, en el marco de la denominada "Causa de barrio Ituzaingó Anexo".

Crímenes. Por todo ello, decimos que las consecuencias que producen las fumigaciones sobre la salud y la vida de las personas expuestas involuntariamente a estas prácticas poseen la suficiente entidad como para ser calificadas como crímenes de lesa humanidad. Ello por cuanto se trata de actos serios de violencia que dañan a los seres humanos privándolos de lo más esencial: su vida, su libertad, su bienestar psíquico, su salud y/o dignidad. Son actos que, por su extensión y gravedad, van más allá de los límites tolerables por la comunidad internacional.

En tal sentido, podemos afirmar con claridad que los elementos comunes a todos los crímenes de lesa humanidad están igualmente presentes en el caso de las fumigaciones.

Ataque repetitivo, sistemático y generalizado: las fumigaciones implican, entonces, una serie de actos, sostenidos en el tiempo, no menos de tres por cosecha, realizados en contra de la voluntad de ciudadanos que viven cerca de los campos sembrados con soja. Dicha línea de conducta afecta anualmente a miles de víctimas en el mundo, sin distinguir raza, sexo y edad, y se lleva a cabo conforme con la logística diseñada por organizaciones transnacionales dedicadas al comercio de estos paquetes tecnológicos (soja transgénica y glifosato).

Contra una población civil: las fumigaciones afectan a un extenso grupo humano, sin distinción de credo, raza y edad.

Importa el traslado forzoso de la población civil rural, campesina y pueblos originarios hacia centros urbanos o más alejados de su hábitat natural, con el propósito de escapar a estas agresiones, abandonando su centro de vida, su cultura, etcétera, condenándolos al desarraigo más encarnizado.

En definitiva, es imprescindible abandonar el actual modelo de producción que sólo persigue la maximización de las ganancias por parte de las empresas multinacionales, empresarios sojeros y pools de siembra, en detrimento de la salud pública de todos los habitantes y del medio ambiente en general.

Adolfo Pérez Esquivel es Premio Nobel de la Paz.

Comenzó el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra

Comenzó el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra

AGENCIA WALSH

Una masiva movilización desde la torre de Los Ingleses hacia los tribunales de Comodoro Py, fue el marco con el que dio comienzo al juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra.

Victoria de la movilización popular contra las chicanas y maniobras de la burocracia criminal

Como estaba previsto, el Tribunal Oral en lo Criminal 21 (TOC 21) rechazó el pedido de suspender el juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra. Así, la movilización popular por la exigencia de castigo a la patota de José Pedraza y compañía consolidó su primera gran victoria: el juicio ha comenzado.
 
El pedido de nulidad había sido presentado por el abogado Oscar Igounet, defensor del imputado Guillermo Uño. Es de interés el nombre de Igounet, porque su estudio tiene larga experiencia en la defensa de asesinos seriales, como, por ejemplo, los miembros de la Fuerza Aérea que integraron grupos de tareas durante la dictadura militar. Dime quién te defiende... De todos modos, sigue pendiente un pedido de recusación al tribunal, presentado también por Igounet. La movilización no puede permitirse un solo paso atrás.

La conmoción pública generada por el crimen, y por la intensa campaña que exige justicia por Mariano, hace políticamente imposible la suspensión del juicio. Así, si bien admitió que el pedido de recusación sigue pendiente en otra instancia, el TOC 21 (lo preside Horacio Días y lo integran los jueces Diego Barroetaveña y Carlos Bossi), decidió "avanzar con el juicio"; es decir, con el debate oral y público que se desarrolla en la sala más grande de los tribunales de Comodoro Py.

En esa sala, en silla de ruedas, estuvo la compañera Elsa Rodríguez junto con Nelson Aguirre y Ariel Pintos, los compañeros heridos por la patota criminal. Nelson, como se sabe, se sometió a una operación clínicamente innecesaria sólo para recuperar el proyectil que le había quedado en el cuerpo y aportar así otro importante elemento de prueba.

Homicidio agravado

La sesión se desarrolló mientras una multitud cortaba Comodoro Py, frente al tribunal. Quizá por eso, el abogado de Pedraza, Carlos Froment, dejó caer un argumento sorprendente: que el proceso está "direccionado contra Pedraza", por lo cual presentó otro pedido de nulidad que lo hunde a él mismo en el ridículo. El argumento muestra la debilidad de la defensa, su casi desesperación, sobre todo por lo que tiene de verdad: a pesar de la protección gubernamental, de los acuerdos de Pedraza con la CGT Balcarce para negociar su situación, de que su mujer y buena parte de su gente siguen en la dirección de la Ugofe y de la Secretaría de Transporte, la movilización popular ha logrado generar una oleada de repudio que torna especialmente difícil para el poder político amparar al asesino defendido por Froment. Por eso, el picapleitos desespera.

A pesar de las chicanas, la querella y la fiscalía exigen que no sólo la patota esté acusada de homicidio agravado, sino también la banda policial que liberó la zona carga con la misma imputación y no, como pretende la defensa, con la de "abandono de persona". Conviene recordar, en ese sentido, que el gran bocón Aníbal Fernández, por entonces responsable político de la Policía Federal, dijo que la actitud de la fuerza a sus órdenes había sido "impecable". Ahora, los "impecables" serán juzgados por homicidio, porque, como señaló el fiscal Fernando Fiszser, "todos (la conducción de la UF, la patota que actuó en el lugar de los hechos y la policía) estaban conectados y coordinados cuando los acontecimientos se desarrollaban".

El fiscal añadió que "la finalidad (de los criminales) era aleccionar a los (trabajadores) tercerizados para que no cortaran las vías y mantener en sus cargos a Pedraza y (Juan Carlos ‘Gallego') Fernández". Ellos hablaban permanentemente, mientras el crimen se cometía, con Pablo Díaz, que dirigía la patota en el terreno.

Ha comenzado, en definitiva, un juicio histórico, porque estamos ante un crimen político contra la clase obrera que lucha y se moviliza contra el trabajo precario, contra la superexplotación infame, por sacarse de encima la lacra de una burocracia corrompida que, una y otra vez, toca extremos de descomposición criminal.

Fuente:AGENCIA WALSH

Ley de emergencia económica: Una ley en contra de los trabajadores y el pueblo bonaerense

Ley de emergencia económica: Una ley en contra de los trabajadores y el pueblo bonaerense

 

Por Daniel Cadabón 

El gobierno de Daniel Scioli y el ultra K, Gabriel Mariotto, han decidió redoblar la apuesta en contra de los trabajadores y el pueblo bonaerense al declarar en emergencia económica a la provincia de Buenos Aires. Esta declaración de emergencia, que el sciolismo y los K proponen que la legislatura vote la próxima semana en un trámite exprés, es una verdadera declaración de guerra en contra de los intereses populares, porque coloca en estado de excepción todos los derechos laborales, salariales y jubilatorios, liberados de este modo al arbitraje caprichoso del poder político. Este estado de excepción, al que apunta la ley, se impone inclusive por encima de la propia constitución.

El fallo judicial del juez Arias, que declara ilegal la medida del Poder Ejecutivo provincial de fraccionar el aguinaldo ya que se “habría procedido al fraccionamiento del sueldo anual complementario, sin ley o acto administrativo que le sirva de sustento, afectando con ello el derecho de propiedad de naturaleza alimentaria” debe ser tomado con pinzas; esto es, sin ninguna confianza de que logrará torcerle el brazo al gobernador; el sciolismo intentará ajustarse “a derecho” dentro del plazo estipulado de 5 días, votando en ambas cámaras, la Emergencia económica, dentro de los tiempos legales (entre el miércoles y jueves próximo).

Efectos prácticos de la ley de Emergencia económica

A partir de esta ley, Scioli y sus socios K podrán declarar la liquidación del aguinaldo; el desdoblamiento en el pago de los sueldos; la emisión de bonos (patacones); la prohibición de huelgas; la prescindibililidad de empleados contratados y en otras situaciones de revista; la nulidad de proyectos sociales; el congelamiento de la obra pública; la toma de fondos jubilatorios del IPS para gastos corrientes y compromisos de pago, similar a lo que Cristina hace con los fondos del Anses; la derogación de la autarquía de reparticiones públicas (IOMA, IPS, lotería), lo que le permitiría al sciolismo meter la mano, hasta el brazo, en las cajas.

La emergencia económica del sciolismo, es un paso definitivo para la liquidación del aguinaldo, porque al establecer por ley su cuotificación (en cuatro módicas cuotas) sólo le queda esperar que la inflación haga su trabajo. El próximo paso sería congelar los sueldos por el tiempo que establezca la ley (el primer muerto de toda emergencia económica es la discusión salarial paritaria) y el aguinaldo se conformaría como una bonificación más, similar al incentivo docente, las Urpes o los premios a la productividad.

La declaración de emergencia económica y su tratamiento como ley, es un golpe demoledor a las convenciones colectivas. El sciolismo intenta con esto “un barajar y dar de nuevo” tanto en el plano salarial como en el resto de derechos consagrados (no sólo de confiscaciones vive el hombre).

El sciolismo podría aplicar una reconversión en toda la escala de sueldos, modificando a gusto la enorme cantidad de sumas en negro: cambiando la categoría de pagos, implementando como “premios” al presentismo, por ejemplo, sumas que hoy se cobran como no remunerativas y desagregando (quitando directamente) otras, en función de las necesidades del gobierno.

La enorme cantidad de sumas en negro, que los estatales reciben en sus sueldos como productos de las agachadas de las burocracias sindicales en paritarias, dan lugar a cualquier maniobra oficial ya que tienen un carácter excepcional y no conforman el básico salarial.

Estas sumas negras, han sido desde siempre una concesión innecesaria a la patronal provincial de parte de las burocracias de los sindicatos, por dos razones: la primera, porque el poder político vive siempre al borde de la emergencia económica y del deficit fiscal, producto de sus negociados corruptos y de su dependencia financiera con el capital privado. La segunda, porque el salario negro le permitiría al oficialismo manipular todo ese tendal de sumas no remunerativas, no bonificables, remunerativas no bonificables o bonificables no remunerativas… de los empleados estatales, aun violando leyes de intangibilidad o de imprevisibilidad salarial. La exigencia histórica de las corrientes sindicales más combativas para que el salario sea en blanco y al básico, siempre fue cuestionada por la burocracia en función de que “nunca se conforman con nada”, los resultados de sus entregadas están a la vista.

Pero el largo brazo del sciolismo no se va conformar únicamente con los salarios –un limón tan exprimido no puede dar tanto jugo- sino que avanzará fundamentalmente sobre el Estatuto del Docente en particular y el régimen de licencias y jubilaciones en general.

Parar la ley y a los diputados y senadores dispuestos a votarla

La discusión sobre cómo seguir esta lucha ha dado un vuelco cualitativo. La marcha de más de 10 mil trabajadores estatales en la ciudad de La Plata, el miércoles pasado, fue una contundente manifestación del proceso de fractura política abierta entre los trabajadores del estado provincial y el sciolimariottismo.

Este proceso de rompimiento, que no sólo toma cuerpo entre los trabajadores provinciales sino que ya tuvo una manifestación importante en Plaza de Mayo, con trabajadores del sector privado contra Cristina, demuestra el carácter puramente electoral (es decir superficial) que la influencia kirchnerista supo despertar entre los trabajadores hace apenas 6 meses.

Se puede asegurar que la provincia de Buenos Aires está en huelga general desde hace por lo menos tres días, y en un estado de sublevación generalizada, que desborda a las direcciones sindicales empeñadas en medidas aisladas entre un gremio y otro, desde hace una semana.

El estado asambleario y la movilización constante de las bases estatales, con sus tomas de ministerios y sus paros activos con cortes de calles, han dejado de lado las diferencias de las cúpulas, tomando las distintas medidas lanzadas por cada uno de los gremios como una sola. Es con esto que se logró unificar en un paro de 48 horas, para miércoles y jueves de la semana que viene, a las distintas fracciones de la burocracia sindical. Es necesario ahora darle un carácter activo a ese paro.

El miércoles 12 y el jueves 13 está planteado rodear la legislatura con miles de estatales para impedir que los diputados y senadores, que ganan 60 mil pesos o más por mes, voten esta ley contra los trabajadores.

Luchar por el salario amerita actuar con la toda energía en contra de los vacían las arcas provinciales en su propio beneficio y el de sus socios capitalistas. Ellos provocaron la crisis, que ellos la paguen.

Todos a la legislatura. Viva la lucha de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires.

Fuente:Argenpress

 

Argentina: Impuestos y salarios en épocas de crisis fiscal

Por Pablo Heller 

El descuento -cada vez más amplio- que se les viene haciendo a los trabajadores por el impuesto a las ganancias no es más que la punta del iceberg. El principal rubro de la recaudación fiscal afecta a los salarios. A primera vista, en el orden de importancia en materia de ingresos fiscales sobresale el IVA, el cual ascendió en los primeros cinco meses del año a 72.306 millones de pesos. Le siguen los aportes y contribuciones de seguridad social, que suman 69.061 millones.

También se deduce de los salarios el impuesto a las ganancias (“cuarta categoría”), que sumó 5.000 millones de pesos de ingresos durante estos primeros cinco meses.

Según Infobae, “el salario es hoy el principal sostén de los recursos fiscales” (Infobae.com, 25/6) y “su tasa de crecimiento anual (32,1%) es más alta que la del IVA (22,8%) y que la de ganancias (19,1%)” (ídem). El impuesto a las ganancias ya históricamente constituía apenas un 40% de lo que se recaudaba por el IVA; al revés de lo que ocurre en la mayoría de los países industrializados, donde la relación está invertida. En lo que se denomina impuesto a las ganancias, declina la parte que proviene de las rentas capitalistas y aumenta, en cambio, el peso de la que proviene de la fuerza de trabajo. Mientras que el impuesto a los ingresos personales aumentó de 1,33% a 1,92% del PBI durante 2011, el descuento de ganancias a los sueldos durante el mismo período se multiplicó por siete.

Este mismo fenómeno se constata en los recursos de seguridad social, donde se redujeron las cargas patronales. Los Kirchner introdujeron nuevas reducciones, que van del 33% al 50% de las cargas patronales cuando incorporan personal nuevo. Ni hablar del blanqueo de 2008, que sirvió para licuar las deudas existentes y para darle a la clase capitalista un manto de impunidad a todas las maniobras de negreo y de evasión anteriores. Una parte de los descuentos al salario ni siquiera es depositada en el fisco. Un ejemplo -por cierto, emblemático- es el grupo Cirigliano: el incumplimiento con el depósito de los descuentos previsionales, según las denuncias que vienen haciendo los trabajadores de sus propias empresas, ha pasado a ser una práctica normal y habitual, hasta el punto de que el capital de giro de la empresa proviene, cada vez en mayor proporción, de los fondos de la seguridad social que se les expropia a los trabajadores.

Por último, los fondos que ingresan en el Estado en materia tributaria y de seguridad social vuelven al capital en forma de subsidios.

En resumen, la recaudación estatal en general gira y reposa cada vez más en el salario. El tributo reduce el precio de la fuerza de trabajo impuesto en las paritarias. Se produce una acción confiscatoria extraeconómica por parte del Estado. La UIA ha solicitado elevar el mínimo no imponible precisamente para no tener que enfrentar el reclamo de que las patronales se hagan cargo del impuesto o de un nuevo aumento salarial que compense el gravamen; por otro lado, porque está en disputa con el gobierno para que se autorice a los capitalistas a descontar el nivel de ganancias que tributan, al índice de inflación. Aquí les duele la falsificación de los datos por parte del Indec. Los trabajadores no pueden soslayar el hecho de la crisis fiscal generalizada en todos los Estados, la que el poder político capitalista se empeña en hacer pagar a la fuerza de trabajo.

Fuente: Prensa Obrera

Recordamos junto al embajador de palestina en la República Argentina: 64 AÑOS DE LA NAKBA

Recordamos junto al embajador de palestina en la República Argentina: 64 AÑOS DE LA NAKBA

Hace 64 años el pueblo palestino sufrió un despojo de territorio sin precedentes en la historia. En esa nefasta fecha, el ejército israelí expulsó al 80 por ciento de la población palestina apoyados por el dictámen de la ONU de crear el estado de Israel. Este viernes recordamos el episodio, conocido como Nakba (Catástrofe), con el embajador de Palestina en la Republica Argentina, Sr Walid Muaqqat 

Argentina: Dos cucharadas de coyuntura y un funeral

Argentina: Dos cucharadas de coyuntura y un funeral

Por Andrés Figueroa Cornejo

 

 

1. El invierno parte en dos el 2012, pero no termina de llegar. De todos modos en la Ciudad de Buenos Aires los mendigos ya duermen agolpados  en los pasillos de tiendas desahuciadas de algunas estaciones del subterráneo metropolitano. Tanto por razones mundiales como nativas, la recesión técnicamente es un hecho en Argentina Y la distribución de la riqueza se torna más regresiva. Según los economistas de Apuntes para el Cambio, hasta el tercer trimestre de 2011, el 37,6 % del excedente total producido iba a los trabajadores y el resto a los pocos dueños. Pese a que durante el período evaluado el PIB del país no se encontraba en franco detrimento como ahora, la distribución se polarizó contra la mayoría que vende su fuerza de trabajo para sobrevivir. El movimiento del capital en los países dependientes es ese precisamente: concentración de la propiedad y la ganancia, destrucción de fuerzas productivas, empeoramiento de las condiciones salariales, laborales y contractuales del trabajo; apropiación incesante de los recursos naturales, profundización del extractivismo minero y agropecuario; hegemonía del momento financiero del proceso completo de la generación de valor. Sin olvidar que los auténticos propietarios y gobernantes son corporaciones transnacionales, donde las burguesías locales simplemente reciben su renta, legalizan el saqueo y la explotación del trabajo, y administran políticamente un Estado cuyo sentido último es blindar el orden de la minoría que se apropia del excedente socialmente originado mediante el control social, la burocracia, las armas, la alienación, y los recursos en efectivo cuando el capital los apremia. En síntesis, siempre el Estado burgués garantiza el dominio burgués sobre la totalidad social.

 

¿A qué intereses representa la actual administración del Estado argentino? Interdependientemente y como conjunto dinámico y de hegemonía transnacional, al capital financiero, a fracciones de la oligarquía terrateniente y de la burguesía industrial. Para las clases que mandan en Argentina (‘de afuera o de adentro’ son categorías que ya tienen bien poco qué explicar ante la mundialización capitalista), el populismo de retórica desarrollista del equipo CFK todavía garantiza gobernabilidad. Objetivamente, de no mantenerse los fuertes subsidios a los servicios básicos y los derechos sociales -en un contexto inflacionario que se ubica entre el 25 y 30 % anual y con un tercio oficial de toda la fuerza de trabajo  informalizada o ‘en negro’- hace rato que las protestas sociales sectoriales, descoyuntadas, pero cada vez más frecuentes, se habrían vuelto el factor central de la inestabilidad. Entonces no primaría la lucha entre las clases que oprimen, sino que entre las que oprimen y las oprimidas. 

 

¿Pero cómo se sostienen los subsidios y los programas sociales cada vez más acotados, mientras la industria del narcotráfico y la explotación sexual, la corrupción, trata de personas y la delincuencia devenida del empobrecimiento se naturalizan por reiteración creciente? Como el Ejecutivo no toca los intereses nucleares de los que, en efecto, gobiernan –por ejemplo, los bancos ni siquiera pagan impuestos por sus utilidades y son el ámbito que más incrementa sus ganancias-, engorda la deuda pública. De acuerdo al Ministerio de Economía, la deuda pública aumentó casi un 9 % el 2011 respecto del año anterior. La cifra nombrada fue de casi 179 mil millones de dólares, y más de la mitad corresponde a préstamos salidos de instituciones del propio Estado, como los ahorros previsionales de los trabajadores acumulados en la ANSeS, el Banco Central y el Banco Nación.         

 

En el engranaje concreto de gran parte de la economía argentina, el país depende comercialmente de Brasil. Pero el gigante carioca  también se encuentra estancado por la ralentización asiática y europea. El particular ‘proteccionismo’ argentino obliga al gobierno a improvisar acuerdos bilaterales continuamente para intentar equilibrar una balanza de pagos que ya le juega desfavorablemente. Empero,  el país no vive de sus mercancías terminadas, sino de los precios de la soja, los cereales y, en menor medida, de la piedra mineral, dictados por las bolsas más poderosas del planeta. Y de los impuestos a los propios trabajadores, parcialmente retornados (y golosamente esquilmados) mediante los subsidios arriba descritos. Es decir, los salarios y los ingresos por labores eventuales y contractualmente frágiles o cuasi formales que superan los 1.155 dólares, son considerados por el gobierno como utilidades. Hasta los cuentapropistas tendrán que pagar un 35 % de sus ingresos desde julio de este año. ¿Por qué? Porque una de las políticas económicas del capitalismo argentino se basa en el intento de distribuir los ingresos de los propios trabajadores entre los propios trabajadores, sin tocar los intereses del gran capital.  Esto es, el precio del trabajo está determinado por las expectativas de ganancia del capital, nunca por las necesidades del trabajador, y como si no bastara, el sueldo es mordido impositivamente.  En tanto, el pequeño comercio al detalle se ve obligado a especular con los precios de las mercancías que intermedian con los consumidores finales, lo que impulsa aún más la inflación. ¿Son gente perversa los verduleros? Ante los precios sin competencia posible del retailer y el supermercadismo, el almacenero oculta la fecha de vencimiento de su producto y hasta su precio original, para deshacerse de su pequeño sobre stock. La venta de ropa usada a cuotas es tan real, como la multiplicación asombrosa de tarjetas de créditos de consumo de casas financieras y comerciales en la billetera del argentino medio. Y contando los subsidios y los microcréditos, un gran territorio de la población llega malamente a fin de mes. Por eso la comida china por kilo está desplazando el consumo de carne entre los trabajadores. Por eso sólo cuando hace frío se llena el subterráneo metropolitano que cuesta el doble que el transporte colectivo microbusero. Por eso la venta de diarios y libros baja y la lectura de periódicos gratuitos, aumenta. Por eso la televisión es la recreación principal y, en millones de casos, la única. Porque, pese a la opacidad premeditada de las cifras oficiales de todos los índices, según estudios independientes, más de la mitad de Argentina es población empobrecida.

 

¿Y los derechos sociales elementales como la educación y la salud? Primero, no son gratuitos porque su financiamiento sale del trabajo de la mayoría social, y por otra parte, camino a la chilenización del ámbito, la educación primaria y secundaria ya está privatizada en un 50 %, mientras la superior o universitaria ‘gratuita’ reproduce en su seno las desigualdades de clase. Sólo una minoría de empobrecidos puede darse el lujo de terminar una carrera. Trabajar y estudiar es cada vez más corriente y difícil, y derechamente imposible en instituciones de excelencia (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=147081 y http://www.rebelion.org/noticia.php?id=139594). En tanto, la salud resiste su condición mixta y segmentada.

 

 

2. El actual jefe de la Central General de Trabajadores, Hugo Moyano, ya no existe. El 27 de junio, a metros de la Casa Rosada, convocó a una concentración cuyas demandas eran justas formalmente –no al impuesto al trabajo y asignaciones familiares para todos-, pero empleadas demagógicamente para otros fines. Tras Moyano, paradigma de la mafia escabrosa de la burocracia sindical (un grupo de interés lumpen aburguesada, antidemocrático, funcional al capital y cuyos opositores son silenciados por patotas a sueldo), se encuentra el autoproclamado candidato a la presidencia nacional para el 2015 y actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el peronista de derecha Daniel Scioli. Y tras Daniel Scioli están los apetitos del capital financiero, los dueños del caro suelo del gran Buenos Aires y otras extensiones provinciales, y sobre todo la impotencia de los intereses de clase de una derecha política que carece de liderazgos sólidos (salvo los que sólo ven los recalcitrantes agrupados en el Partido para una República con Oportunidades (PRO)  y su precandidato presidencial, propietario y jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri). Los argumentos y campaña para que la concentración de Moyano fueron profusamente ofrecidos por la prensa enemiga de los trabajadores y el pueblo, El Clarín y La Nación. La movilización principalmente compuesta por el rubro camionero y transportista (que conduce el propio Moyano) fue acompañada en mucho menor medida por dirigentes y asalariados de parte organizada sindicalmente de  municipales, petroleros, aeronáuticos, bancarios,  judiciales.

 

La izquierda anticapitalista resolvió participar de manera autónoma en la movilización, ‘ni junta ni revuelta’ con Moyano, porque las reivindicaciones proclamadas formalmente son materia de sus programas y porque asistieron trabajadores concretos. Lo dejaron documentado en sendas declaraciones escritas y habladas, antes y después de la actividad. Ahora bien, más allá del presentismo y sus frutos limitados,  las debilidades unitarias de la izquierda y el proceso complejo de vincularse con la fortaleza suficiente al campo amplio de los trabajadores organizados –debido a razones endógenas y a la tradición peronista- le impiden todavía llamar por sí sola a una manifestación de esta naturaleza (si es que les cabe ese papel). Frente a la estacada de la izquierda no capitalista, caracterizada transitoriamente por pertenecer e incidir sólo en segmentos dispersos de clase trabajadora capaz de trascender el corsé de la pura lucha economicista y orientarse tras el socialismo, se vio emplazada a asistir al acto. De cualquier manera, el avance y la claridad respecto de una refundación sindical donde la existencia y multiplicación de los cuerpos de delegados tallen un rol cardinal, existen en la izquierda. En fin. Lo cierto es que, una vez más, la incómoda coyuntura le impone como desafío principal ante la apertura de un nuevo ciclo de lucha de clases que tenderá a su agudización objetiva, a la unidad por abajo (siempre y fundamentalmente) y por arriba. De lo contrario la oportunidad histórica de volverse alternativa política de las grandes mayorías, se aleja inexorablemente. Al respecto, las tácticas de construcción de fuerza propia en medio de la diáspora de los destacamentos anticapitalistas con vocación genuina de poder, deben combinarse por necesidad histórica con la convergencia. A los dueños de todo no les tiembla la mano cuando sus intereses llegan a tocarse siquiera ‘con el pétalo de una rosa’ y su consistencia de clase reclama formaciones políticas infinitamente más poderosas que la cortoplacista ‘unidad en la acción’ de las fuerzas populares.

 

Para el caso, la movilización y entierro político de Moyano del 27 de junio, terminó por brindar réditos políticos a la administración de CFK en la disputa en particular. La concentración reunió a alrededor de 50 mil personas, pero en bloques con objetivos dispares. Con una presentación en blanco y negro, añeja y extemporánea, Hugo Moyano no dijo nada. Balbuceó que los empresarios también eran trabajadores (!), que él no era golpista, “que no pierde nada, señora Presidenta, con dialogar”, que continuaría en la jefatura de la CGT, y lo más sabroso fue la crítica a los K  al señalar que “cuando muchos nos quedamos en el país después del golpe de 1976 hubo dos clases de exilio: los que se exiliaron fuera del país y los que se exiliaron en el sur argentino a lucrar con la (circular) 1050 (del Banco Central)”, aludiendo al estudio de abogados de los Kirchner que embargó viviendas de los quebrados por la indexación de deudas hipotecarias en la época.

 

El quiebre de la CGT es inminente –si es que Moyano, con la decencia que no tiene, no abandona el sindicalismo y se dedica definitivamente  a sus negocios-. Por otro lado, Scioli acabó debilitado.

 

Moyano pronto será historia con minúscula. El sindicalismo no nació ni morirá con él, naturalmente. Tampoco la evocación instrumental de una Argentina pujante, líder continental de desarrollo en los tiempos del primer Perón y de la fase de sustitución de importaciones del capitalismo de hace más de medio siglo, surtirá efectos hipnóticos ante el malestar ascendente de la población debido al estado del país real. Por ello resultó un contrasentido que la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) crítica del gobierno se hubiera restado de la convocatoria. De hecho, frente a la crisis de la CGT, propiciar la unidad de los trabajadores organizados desde posiciones de fuerza más progresivas, habría resultado la opción más oportuna. Tanto concreta, como simbólicamente, una protesta amplia de asalariados empuñando las banderas de sus organizaciones naturales cobra mucho más sentido para el conjunto del pueblo que llenar de estandartes de orgánicas políticas la plaza. Aun más si esos trabajadores provienen de centrales, confederaciones, o corrientes sindicales diversas, pero con  sus objetivos claros y comunes. Las semillas de la refundación sindical argentina reivindican concesiones tácticas. La destrucción de la burocracia sindical anclada en la pelea exclusiva por el salario, la falsa unidad nacional, la subordinación al capital, es una de las claves en la carrera por la politización y creación de convicción de poder de los trabajadores y el pueblo. Si la estrategia es la organización de la vida por la propia sociedad, la democracia radical, la libertad y la igualdad, entonces las rencillas contingentes sólo benefician el actual orden antipopular. Sin atajos ni agendas abreviadas, pero siempre con estatura política y supeditados a los intereses históricos de los mancillados.

 

Julio 1 de 2012

    

Argentina: “Para el Estado cuando un indígena muere es un problema menos”

Argentina: “Para el Estado cuando un indígena muere es un problema menos”

 

  • Entrevista con Félix Díaz, líder de la comunidad originaria Qom, al norte extremo del territorio argentino.

 

 

“Los que más voz tienen son los menos escuchados”

Eduardo Galeano

 

 

Andrés Figueroa Cornejo

 

Al decir, las palabras de Félix Díaz vienen volando de lejos. No precisa de altavoces cuando vibra la comunidad Qom mediante su mensaje. Apresado, maltratada su familia, desheredado y sin camisa, Félix es la autoridad indígena más reconocida del territorio argentino. Se la ha llevado peleando junto a su pueblo toda la vida en el extremo norte de un país que, por un costado parece ejemplo de democracia representativa, y por otro, rezuma odio de clase, de origen, de brutalidad terrateniente y venganza del capital.

 

Félix Díaz no es histriónico, dice con voz segura y desde abajo, como si sus afirmaciones fueran árboles sin tiempo. Sólidos y brillantes al mediodía, a pesar de todos los dolores y las ramas carbonizadas.

 

-La comunidad Qom empieza a sentar su ‘existencia medial’ en los últimos años, hace muy poco tiempo. Tan fuerte es el racismo, tanto el odio y el desprecio. ¿Por qué decidieron volverse ‘visibles’?

 

“Comenzamos a manifestarnos en el 2010 frente al Estado provincial a causa de una nueva ola de despojo territorial y la negación de los derechos constitucionales que se deberían aplicar para proteger los territorios y la integridad física de los pueblos de Formosa. Hemos dicho que no queremos más que se nos trate como objetos, sino como seres sujetos de derecho. Por eso es legítimo y legal que luchemos por frenar la violencia en nuestra contra, y terminar con los ataques que pretenden silenciar nuestras demandas: tierra y vida. El 23 de noviembre de 2010 perdimos a nuestro hermano, Roberto López, en manos de la policía de Formosa, y hasta ahora no se ha investigado ese hecho. No existe ningún policía detenido. Sólo indígenas han sido procesados por resistencia a la autoridad y un montón de figuras con el fin de acusar a los pueblos indígenas de ser ‘los malos’ de la película. El gobierno de la provincia apoya y defiende el accionar armado de la policía, quemando nuestras casas, los documentos nacionales de identidad. Apresaron a mujeres, ancianos y niños. Actualmente, continúa peleando el hermano Samuel Garcete que está inválido en un hospital y ha sido también víctima de la represión. El caso nuestro ha sido conocido por la tragedia del 23 de noviembre de 2010. Hemos recibido apoyo de profesionales, artistas, intelectuales, de muchísima gente que repudia la actitud de este gobierno democrático que lo único que hace es tapar la injusticia con discursos mediáticos.”

  

-¿Y los derechos sociales en el país ‘de los Derechos Humanos’ como reza la propaganda oficial?

 

“Esto no da para más. No podemos andar sólo mirando el sufrimiento de nuestra gente cuando muere algún hermano por falta de acceso a la salud, falta de acceso a la justicia. Hemos demostrado que nuestra lucha es justa y nunca exagerada. Estamos intentando ser parte de este país que se dice ‘Argentina’, y que todavía ignora nuestra existencia. Nos han reconocido como ‘pueblo preexistente’, pero no se nos respeta como corresponde.”

  

ABAJO Y ARRIBA, LA TIERRA

 

-En Argentina la propiedad de la tierra, la reforma agraria o el latifundio son  tabúes. ¿Cómo enfrentar el robo que han sufrido?

 

“De las tierras no se habla porque el gobierno dice que ese problema está en manos de la justicia, y cuando nosotros exigimos el cumplimiento de la ley 26.160 –creada para garantizar la regularización de las tierras de los pueblos indígenas- se nos burla y posterga.”

 

-¿Cuál es la reivindicación que enarbolan al respecto, en un Estado argentino que fundó la propiedad privada de la tierra en el obsequio a un puñado de terratenientes de casi 42 millones de hectáreas hacia fines del siglo XIX y primer cuarto del XX?

 

“Nosotros continuamos reclamando la devolución de las mil 300 hectáreas que están en poder del Parque Nacional, el cual es propiedad del gobierno de la provincia y de una familia criolla privilegiada por el gobernador Gildo Insfrán –que lleva 5 períodos en el cargo y tres como vice Gobernador- . Existe una corrupción enorme que facilita la persecución indígena y la de sus dirigentes cuando se manifiesta cortando la ruta. Allí se deja caer una sanción penal ‘para que dejen de joder’ como ellos dicen, porque ‘los indios son vagos, haraganes y para qué quieren tierra’.”

 

-Como gran novedad, los poderosos los acusan de estar ‘contra el progreso’…

 

“La tierra es parte de nuestra existencia. No es negociable ni un recurso económico, como sí la ven los empresarios que tienen mucha hambre de destrucción de la misma vida. Deseamos mantener a la Madre Tierra intacta frente a la contaminación ambiental debido, entre otras, a la fumigación de la soja.”

 

EL ESTADO CALLA PORQUE TIENE LA FUERZA

 

-El pueblo mapuche, sobre todo el que sobrevive en territorio de Chile, diariamente es golpeado por el Estado uniformado. Ustedes se encuentran en el norte, ¿se trata del mismo viejo combate?

 

“Lo que sufre el pueblo mapuche en territorio de Chile nos provoca mucha tristeza. Me dan mucha bronca los balazos sobre ancianos, mujeres, niños. No sé si se trata de gente o de inhumanos los que disparan. Sé lo que es  sobrevivir en medio del ataque cotidiano de una fuerza armada que lo único que hace es matar y no discutir. Muchas veces no nos dejan dormir siquiera, preocupados de si habrá mañana para nosotros.”

 

-Parlamentar es una práctica añosa de los pueblos indígenas…

 

“Los indígenas siempre hemos querido hablar, decir las cosas como son. Pero el Estado se niega al diálogo. Para él cuando un indígena muere es un problema menos. Sin embargo, no es admisible que existan categorías de personas entre los seres humanos por tener un color distinto, un idioma distinto.”

 

-¿Qué vínculos tienen con los indígenas de los países vecinos? 

 

“Los indígenas que habitamos el norte nos relacionamos con los del Paraguay, Bolivia y otros países. ¡Y compartimos la misma cosmovisión! La muerte planificada proveniente del Estado y los grandes terratenientes para borrarnos del planeta ha sido esquivada sabiamente por nuestros ancestros. Pero no se conforman con haber matado a millones de indígenas. Nosotros damos nuestras vidas porque amamos a la Madre Tierra. Y estamos convencidos que la única forma de salir de este problema es a través de un diálogo político. La justicia no sólo tarda, sino que no funciona para nosotros. Sólo falta voluntad política de los Estados.”

 

LA DISCRIMINACIÓN NO PUEDE EXPLICARSE CON PALABRAS

 

-Ahora mismo está en curso la campaña para desalojar el céntrico monumento al general y ex presidente de la nación, Julio Argentino Roca (http://www.argenpress.info/2012/06/argentina-por-que-urge-decapitar-al.html), mata originarios y mata trabajadores. ¿Qué significa para la lucha del pueblo Qom?

 

“La Campaña para sacar el monumento del general Julio Argentino Roca de la Ciudad de Buenos Aires, es una gran oportunidad para decir lo que sentimos. El general Roca fue el ideólogo de tanta muerte. Claramente sacar la estatua no nos soluciona los problemas de fondo, pero al menos nos brinda la posibilidad de decir y contar cómo es la vida de los pueblos indígenas. El pasado siglo y el presente es y será recordado por miles de indígenas perseguidos y arrinconados en lugares inhóspitos. Desde el comienzo de la colonización que nos han corrido hacia el monte para hacerse de nuestras tierras. Y ahora ocurre que donde nos trasladaron a la fuerza se encuentran los recursos más codiciados por ellos. Nos matan otra vez y nos arrebatan lo poco que nos quedó. Lo mismo ocurre con la resistencia de los hermanos de Chile, de Bolivia, de Paraguay.”

 

-Los Estados en América Latina no fueron una creación de los pueblos indígenas…

 

“La zona que nosotros habitamos linda con la frontera de Paraguay. Entonces cuando de Argentina se pasa al Paraguay, hay que decirse paraguayos y cuando ocurre al revés, hay que decirse argentinos, toda vez que los indios no teníamos fronteras. Por eso cuando mueren muchos indígenas, no aparecen en los informes porque no están registrados. La discriminación de los Estados es muy difícil de explicar con palabras.”

 

http://www.youtube.com/watch?v=K0YfevZn5o8

Argentina: En cada Rati un Horror

Daniel Satur (LA VERDAD OBRERA)

 

 

Fernando Carrera era un laburante común. Pero en enero de 2005 su vida pegó un vuelco fatal. En una avenida de Pompeya la mala suerte puso su auto al lado de otro manejado por dos agentes de la Federal que, de civil y decididos a todo, lo acribillaron a balazos. Carrera quedó inconciente pero con el pie en el acelerador. Su Peugeot terminó atropellando y matando a dos mujeres y un chico de seis años.

A pesar del esfuerzo de los ratis, Carrera no murió. Ya conciente, en el hospital le avisaron que estaba detenido por los tres asesinatos, por dos robos y por intentar escaparse. Policías, jueces y medios de comunicación afirmaron que él era el culpable de La masacre de Pompeya. En un juicio plagado de pruebas inventadas Carrera fue condenado a 30 años de prisión. Para muchos, se había hecho justicia.
Pero en 2010 Enrique Piñeyro estrenó un documental, The Rati Horror Show, donde se demostraban las mentiras que llevaron a Carrera a la cárcel. La repercusión pública alcanzada llevó el caso hasta la Corte Suprema. Hace una semana (en fallo dividido) ésta ordenó al tribunal que dicte una nueva sentencia y, mientras tanto, libere a Carrera. Así terminaban más de siete largos años preso, después de ser fusilado (por ratis que sí tenían antecedentes) y señalado con odio por los medios y sus campañas de “seguridad”.
Sistema perverso
¿Cuántos “Fernando Carrera” hay? ¿Cuántos laburantes y jóvenes pobres son presa de comisarios necesitados de inflar estadísticas, “resolver” casos y encubrir sus propias redes de narcotráfico, trata y desarmaderos? ¿Cuántos cayeron en las garras de una Justicia que nunca será tal para el pueblo trabajador?
En Argentina más de 60.000 personas están privadas de su libertad. 30.000 en cárceles y comisarías bonaerenses, de los cuales 23.000 no tienen condena, o sea que son “inocentes hasta que se demuestre lo contrario”. Desde 2008 hay cada vez menos excarcelaciones.
A esto hay que sumar las ejecuciones por gatillo fácil y muertes por torturas. Según CORREPI, entre 1983 y 2011, 3.400 personas cayeron por balas y palos de agentes policiales, gendarmes o penitenciarios. Casi todos pobres, casi todos jóvenes. Y la mitad de ese total… durante los años kirchneristas.
Nuestro país lidera el ranking en América Latina de criminalización y judicialización de la pobreza.
Sectores kirchneristas como el CELS y Página/12, jugando en la interna del PJ, culpan a Scioli y su ministro Casal de no “controlar” a la Bonaerense y al Servicio Penitenciario. Ahora lanzaron una Campaña Nacional contra la Violencia Institucionalnada menos que junto a Nilda Garré, la jefa de la Federal, de la Gendarmería y del Proyecto X. ¿Contradicciones? No, cinismo. Más allá de los discursos, el gobierno y sus aliados no hicieron más que reforzar durante estos nueve años el aparato represivo del Estado. La Policía Federal, entre 2004 y 2012, sextuplicó su presupuesto saltando de $1.000 millones a $6.000 millones. En la provincia lo gastado en “seguridad” se multiplicó por siete en el mismo período, de $1.200 a $8.900 millones. Sin embargo, lejos de acabar con el crimen organizado, sus redes siguen operando en las calles y los barrios organizadas muchas veces desde las propias dependencias policiales. En un informe de 2010 el ministro Casal reconocía que, en la provincia, “de las 32 mil personas privadas de su libertad (…) cinco mil serán excarcelados antes o durante sus respectivos juicios orales, debido a que cumplen la prisión preventiva por ‘pruebas insostenibles o testimonios dudosos’”. Miles de trabajadores y jóvenes pobres víctimas de causas armadas en comisarías y juzgados. Muchos de ellos, como Fernando Carrera, pasarán años condenados por delitos que no cometieron.
Justicia de clase
Siete años pasó Carrera encerrado en Marcos Paz, en una celda que debería ocupar alguno de los miles de genocidas impunes desde hace décadas. Hoy está en libertad, pero no está absuelto. La Corte no lo declaró inocente, sino que ordenó al tribunal que lo condenó que, mientras “revisa” la sentencia, le permita estar fuera de la cárcel. Si Carrera fuera absuelto, inmediatamente se debería procesar a los policías que le dispararon por ser los culpables de las muertes de las dos mujeres y el chico de seis años. También debería imputarse a los jueces y fiscales que encubrieron a los asesinos. E incluso a Esteban Righi, ex Procurador General, quien miró para otro lado cuando tuvo en sus manos las evidencias de la mentira. Demasiado costo institucional por un simple “perejil” sobreviviente.
Según un editorialista k, “la Corte Suprema es posiblemente la mejor que existió en democracia. O sea, la mejor” (Wainfeld, Página/12, 10-06). Queda claro: esta democracia es para ricos, no para los trabajadores y el pueblo pobre.