Argentina

Salario mínimo en Argentina: La primavera no termina de llegar

Por Andrés Figueroa Cornejo

 

 

La noche del 28 de agosto, congregados en el Consejo del Salario, el gobierno de Cristina Fernández, empresariado y sindicalistas amigos de los inquilinos de la Casa Rosada acordaron el salario mínimo, vital y móvil en dos tramos: el reajuste de un 16 % a partir del 1 de septiembre y otro desde febrero de 2013 de un 8 %. En cifras, el primer aumento dejará el sueldo mínimo en 2.670 pesos y el siguiente en 2.875. Resulta tan opaco el guarismo inflacionario (alrededor de un 30 %) que es inútil traducir los números a dólares. Lo cierto es que el arriendo de una vivienda de dos ambientes promedio en Buenos Aires cuesta más de 2 mil pesos al mes y la canasta alimenticia familiar, de acuerdo a la Universidad de Buenos Aires, raya los 5 mil pesos. Las expectativas económicas del capitalismo argentino se sustentan sobre el precio de la soja en las grandes bolsas mundiales, y ya convergen las opiniones que aseguran la tendencia hacia fines de 2012 de un grave contexto de decrecimiento económico combinado con una inflación que no se detiene. Por ello no es extraño que en todo el país y todos los días se multipliquen los conflictos sociales, aún de manera desarticulada. Sin embargo, el movimiento real que pugna conciente o inconcientemente contra los intereses del capital transnacionalizado y de hegemonía financiera, se expresa en las luchas salariales, contra los nocivos efectos de la megaminería y la represión frente a las demandas territoriales, políticas y culturales de los pueblos indígenas. Otro alarmante ámbito -además de la industria de la trata de personas, la prostitución infantil, el narcotráfico, la servidumbre laboral, el vicariato sindical, entre muchos- tiene que ver con un territorio patriarcal, donde las relaciones de poder que subyacen en una sociedad de clases cada vez más polarizada, mata mujeres y menores a diario.

 

Los grupos de interés que disputan la administración de los limitados fueros de la democracia representativa, paternal, profesionalizada y clientelar, en una dimensión aparentemente contradictoria, pero estructuralmente apenas diferenciadas retóricamente –como un duopolio matizado, hasta que las fuerzas  no capitalistas no acaben de cuajar en un instrumento unitario y sigan atropellándose entre siglas sólo para iniciados, y reyertas estériles y en circuito cerrado- se reducen al Frente Para la Victoria y el PRO, más un tinglado de satélites que orbitan a sus alrededores. La Presidenta Cristina Fernández juega su única carta a la reforma constitucional para lograr una tercera postulación para el 2015 que, a su vez, será determinada por los resultados de las parlamentarias de 2013. En medio de la pirotecnia gubernamental, ya su contrincante interno, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli adelantó que no será candidato a la primera jefatura nacional hasta que no se resuelva la posibilidad de la reforma constitucional. Duramente golpeado por el Ejecutivo nacional mediante condicionamientos financieros para paliar las demandas de los trabajadores estatales, ahora se hace el caballero o sabe que Cristina no tendrá un Legislativo para lograr su objetivo. Por su parte, Mauricio Macri, privatista, ultraliberal y populista, mandamás de la Ciudad de Buenos Aires apuesta al desgaste visible de la presidencia   y establece alianzas con trozos del radicalismo y el peronismo más liberal. En fin.

 

EL PARO VA 

 

Durante la tarde que antecedió al nocturno acuerdo del salario mínimo a la medida de la tasa de ganancia del capital organizado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.   

 

Guillermo Pacagnini, miembro de la mesa directiva de la Central de Trabajadores de Argentina, CTA conducida por Pablo Micheli (única multisindical independiente del gobierno y el empresariado), indicó que por parte de los que sobreviven de un sueldo en el Consejo del Salario Mínimo "están los viejos dirigentes sindicales vendidos al capital. No están los dirigentes representativos", y añadió que "el salario mínimo no puede ser menor que 5 mil pesos para responder a la escalada inflacionaria que está castigando el bolsillo de los trabajadores y para rechazar explícitamente la negociación de un salario de cerca de 2.900 pesos. Pero sólo abarca a los trabajadores registrados que son el 40 % de la masa laboral, y resulta absolutamente insuficiente".

 

El miembro de la mesa federal de la Corriente Clasista y Combativa, Freddy Marini, señaló que "repudiamos el engaño del cual son parte los sindicalistas colaboracionistas porque ya sabemos que tienen todo acordado para fijar un salario mínimo, vital y móvil que no superará los 2.900 pesos en un país donde esos mismos funcionarios gubernamentales afirman descaradamente que se puede vivir con 6 pesos diarios. La mayoría de los desocupados de las organizaciones estamos inmersos en el programa 'Argentina Trabaja' que ahora tiene un salario mensual de 1.700 pesos, que muerde la inflación cotidianamente"

 

-¿Y tiene algún efecto en los empleos de emergencia el reajuste?

 

"Nuestros ingresos se mantienen congelados."

 

-¿Y han percibido algún aumento en la cesantía?

 

"Totalmente. Estas políticas de ajustes para enfrentar la crisis se descargan sobre los trabajadores. Aumenta el ejército de desocupados. Hasta el propio Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) ha reconocido el incremento del desempleo."

 

-Esas mismas cifras son utilizadas por los gobiernos para atemorizar y disciplinar a los trabajadores…

 

"Si a los trabajadores formales le han impuesto un techo a las negociaciones paritarias, ¿qué queda para el resto? Y así seguirá porque el gobierno está cuidando 'la caja' para las elecciones de 2013 que le permita al Ejecutivo de turno sacar un porcentaje legislativo importante para la reforma constitucional que le permita a la Presidenta ser candidata el 2015."

 

Carlos Chile, Secretario General de la CTA Capital dijo que "cuando no opera el sentido común es porque hay corrupción, perversidad o negocio. Y es una locura convocar a Consejo del Salario después de terminadas las paritarias. Es al revés. Ahora bien, el Consejo tiene 4 comisiones: la primera debe establecer cuál es la canasta básica de una familia de una familia tipo. Esta no funciona hace 6 años, y si no tienen ese dato no sabemos qué se está discutiendo".

 

Pablo Micheli, Secretario General de la CTA a escala nacional enfatizó que "los que están reunidos en el Consejo representan a una minoría de los trabajadores. Están urdiendo acuerdos espurios a espaldas de la realidad y la democracia entera. El Consejo del Salario es una herramienta producto de una conquista histórica y no un lugar para hacer un acto político una vez al año donde no se resuelve absolutamente nada. Allí ahora no se discute el salario familiar, la eliminación del impuesto al sueldo como si fuera ganancia; una remuneración acorde a las necesidades según los niveles de pobreza existentes y no se está considerando la verdadera inflación que es la que padece el pueblo argentino".

 

-¿Y que van hacer al respecto?

 

"Nos movilizamos con diversas organizaciones y no únicamente con los que piensan igual. Y desde ya estamos construyendo las condiciones de un plan de lucha que desembocará en un paro nacional a fines de septiembre o comienzos de octubre."

 

Agosto 30 de 2012   

El salario mínimo será de $2875 recién en febrero de 2013

ANRED

Sindicalistas y empresarios acordaron una suba del salario mínimo de casi el 25% a pagar en dos cuotas. No alcanza a cubrir la Canasta Básica Total y su alcance es escaso, ya que sólo afecta directamente a 113.000 trabajadores/as.

En el día de ayer se acordó el nuevo monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil. El nuevo valor estará en $2.670 a partir de septiembre y llegará a $2875 en febrero del año que viene. La conformación del Consejo del Salario Mínimo estuvo integrado por representantes del Ministerio de Trabajo, de distintos sectores del empresariado, y por sindicalistas que responden a la CTA de Hugo Yasky (cercana al oficialismo) y a la CGT de Gerardo Martinez (UOCRA) y Antonio Caló (UOM). La otra fracción de la CGT, la que comanda Hugo Moyano, decidió no participar de la convocatoria por considerar que el tope al aumento del salario mínimo estaba fijado de antemano. Mientras tanto, la CTA encabezada por Pablo Micheli no fue invitada a participar de las discusiones y, por lo tanto, decidió movilizarse hacia las puertas del Consejo. Ambas fracciones pedían un salario mínimo de $3500 y $5000 respectivamente, muy por encima del que se terminó acordando.

Todos pronosticaban un rápido acuerdo en torno a los $2900; lo que significaría un amento del casi 25% del salario mínimo fijado el año pasado y acorde a la inflación que la mayoría de las consultoras y estudios independientes están midiendo. Sin embargo, el anuncio por parte de la presidenta Cristina Fernández recién llegó pasadas las 21 hs: a pesar de que el salario mínimo va a terminar ubicándose en torno a los $2875, el aumento fue más regresivo del que se preveía, ya que se llevará a cabo en dos cuotas: 16% en septiembre y 9% en febrero del año próximo.

Este aumento alcanza a cerca de 113.000 asalariados registrados en el sector privado que actualmente perciben salarios cercanos a los $2.300, monto que hace referencia al salario mínimo fijado hace un año. Es decir, según cifras oficiales, la suba sólo afecta a cerca del 1,9% del total de los trabajadores en blanco; sin embargo, podría representar una herramienta para los trabajadores en condiciones de contratación precarias.

El Artículo 14 bis de la Constitución Nacional reconoce el derecho de los trabajadores al salario mínimo, vital y móvil. El artículo 116 de la ley de contrato de trabajo dice que el salario mínimo, vital y movil es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. El Consejo fue creado en 1991 y fue reflotado en agosto de 2004, luego de once años de inactividad absoluta del organismo. Bajo el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner, el salario mínimo fue fijado en 450 pesos en 2004. En tanto, en 2005 el montó se elevó a 630; en 2006, a 800; en 2007, a 980; en 2008, a 1.240; en 2009, a 1.500; en 2010, a 1.840; y, en 2011, se situó en los 2.300 pesos.

La importancia del salario mínimo para una distribución del ingreso que favorezca a los trabajadores

En la última década, el Producto Bruto Interno (PBI) ha experimentado un crecimiento del 74%. Sin embargo, durante el mismo período el ingreso de los asalariados registrados aumentó tan sólo un 3,3% -así lo indica el último informe del Observatorio del Derecho Social que responde a la fracción de la CTA que no está alineada con el oficialismo-. Dicho documento, que fue preparado de cara a la nueva convocatoria del Consejo del Salario, atribuye la evolución diferenciada entre el PBI y el salario de los trabajadores al comportamiento de la productividad y del costo laboral por ocupado: entre los años 2001 y 2010 la productividad del trabajo se incrementó un 31%, mientras que el costo laboral por ocupado se redujo en un 24%, según el citado informe.

Los datos arrojados por el Observatorio del Derecho Social muestran que durante la post-convertibilidad los empresarios tuvieron una rentabilidad sobre el stock de capital fijo de 37,2%, muy superior al 24,8% mostrado durante la etapa que va de 1993 al 2001. Los trabajadores, al contrario, vieron disminuida su porción de los ingresos totales, ya que pasó del 38,5% en 2001 al 37,6% en 2011. Según el Informe de la CTA, la caída pudo haber sido mayor si no fuera por el crecimiento de la cantidad de nuevos asalariados a lo largo de la última década. La conclusión es que “existe una mayor cantidad de trabajadores, que continúan percibiendo bajos salarios, mientras que los empleadores se apropian de prácticamente la totalidad de las ganancias de productividad registradas durante la última década”.

En este marco, la recomposición del salario mínimo adquiere nodal importancia para lograr una mejora en la distribución de los ingresos. ¿Cómo se explica esto a pesar de que de forma directa sólo afecta a una porción minoritaria del total de los asalariados? Porque sirve como un elemento de presión para aquellos trabajadores que no se encuentran registrados; según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el último trimestre del 2011 estos llegaban al 34,2% del total de los trabajadores, es decir, a 4,2 millones de personas.

La relación directa entre el salario mínimo y el promedio de los salarios de los trabajadores con formas de contratación precarias se observa a lo largo de los últimos años, en especial hasta el primer trimestre del 2010.

Gráfico 1: Evolución del salario mínimo y del salario no registrado promedio en pesos

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Trabajo

(Nota: no se encuentra disponibles datos oficiales del salario promedio de los trabajadores no registrados para el 2do trimestre del 2007)

Hasta ese período, el salario mínimo era de $1500 mientras que, según estadísticas del Ministerio de Trabajo en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el salario promedio de los trabajadores urbanos no registrados era de $1561. A partir de entonces y hasta el aumento del año pasado de $2300, el salario de los trabajadores no registrados se encuentra pronunciadamente por encima del salario mínimo. Con el reciente anuncio, del aumento del salario mínimo del 28,75% para febrero de 2013, habrá que a esperar nuevos datos oficiales para estudiar la forma en la que se actualiza la serie.

Hay varios factores que pueden explicar el distanciamiento relativo entre el salario de los trabajadores no registrados y el salario mínimo. Por un lado, la tendencia a la disminución del desempleo genera subas de salarios por la escasez de trabajadores en algunas ramas. Por otro lado, a partir del 2010 el empleo precario comienza una fase descendente mientras que los trabajadores en blanco continúan en crecimiento. De esta forma hay una presión para que el salario de los trabajadores informales sea más competitivo, ya que existen mayores posibilidades de pasar a mejores condiciones de contratación y, de esta forma, ver aumentados sus ingresos.

Poder adquisitivo del salario mínimo

Si se analiza la evolución del poder adquisitivo del salario mínimo de los últimos años, es decir, del salario real (salario nominales por sobre el IPC), se observa que hay una tendencia a la polarización de los extremos. Es decir, cada vez son más pronunciados los picos alcistas del salario real al momento que se concede la actualización del valor del salario mínimo (último trimestre de cada año) y más bajos los indicadores al momento en que el aumento del año anterior es licuado casi completamente por la inflación (segundo y tercer trimestre de cada año).

Gráfico 2: Salario Real del salario mínimo. 01/2006=100

Fuente: Elaboración propia en base al IPC que calculado en http://elhombrecitodelsombrerogris.blogspot.com.ar

En base al último gráfico se puede observar que los últimos valores del salario mínimo vienen estando a un nivel similar de la inflación. En consecuencia, no existe una mejora real de esta herramienta, por lo que no se está distribuyendo positivamente el ingreso hacia los asalariados en blanco que menos ingresos perciben.

Otro indicador para estudiar el poder adquisitivo del salario es comparar a este indicador con la Canasta Básica Total. Como se puede leer en una reciente nota publicada ("Todo por seis pesos"), el “equipo de trabajo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) que coordina el diputado Claudio Lozano (presidente del bloque Unidad Popular e integrante de la CTA),viene desarrollando mediciones con las cuales estima que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) estaría rondando $2.251 mensuales y la Canasta Básica Total $4.152”. Con estos valores se puede deducir que el nuevo salario mínimo apenas le alcanza a una familia tipo para alimentarse y muy lejos queda de alcanzar la Canasta Básica Total. Estas estimaciones van en línea con las que publicó a principios de año la Junta Interna de ATE-INDEC. Según los técnicos desplazados por la intervención oficial del organismo público en 2007, una familia tipo necesitaba a principio de este año $5502,20 por mes para cubrir sus gastos totales. Esta cifra representa casi cuatro veces la canasta básica total fijada por el INDEC.

En definitiva, el nuevo monto del salario mínimo queda lejos de suplir los problemas de la fuerza de trabajo. Por un lado, tiene un alcance mínimo, ya que sólo llega a una pequeña masa de trabajadores en blanco. De esta forma, no influye en una porción importante de la fuerza de trabajo que está compuesta por los desocupados, los no registrados, del sector público municipal y provincial, y el personal doméstico y rural que cuentan con regímenes propios. Sin embargo, a pesar de su pequeño impacto directo, un alto valor del salario mínimo significaría una herramienta de presión para el total de la fuerza de trabajo. Pero el 25% de aumento en dos cuotas representa un valor equiparable al aumento de la inflación, por lo que los trabajadores pierden, una vez más, la oportunidad de contar con un instrumento susceptible de ser usado para redistribuir progresivamente los ingresos.

Argentina. Jornada Nacional contra la violencia de género: 37 horas Una mujer menos una víctima más

                                                                   Foto: Leonor Cruz 

Leonor Cruz (ACTA)

 

El trabajo estadístico fue realizado por el Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, dependiente de La Casa del Encuentro y pone en evidencia la forma más extrema de violencia contra mujeres: desde el primer día de enero, hasta el último de junio, las mujeres y niñas asesinadas fueron 119, a un promedio de una cada 37 horas.

 

Las cifras de femicidios en el primer semestre de 2012 revelan, una vez más, que Argentina tiene un problema de violencia de género, expresado de forma rotunda y contundente: violencia machista.

Así empieza el informe y no cabe más que preguntarse: 119 mujeres, con nombre, con vida, con historias, con sueños y proyectos ¿son sólo estadísticas y nada más? , ¿hasta cuándo vamos a seguir soportando el tributo que este sistema nos hace pagar?

Desnaturalizar es la tarea

Estas cifras nos muestran una parte de esta compleja realidad, son las que algunos no quieren ver, cifras que nos hablan y nos dicen de la violencia que se ejerce a las mujeres y eso que poco y nada se dice de la violencia a la que somos sometidas día a día en esta sociedad, “sean eternos los mandatos culturales que supimos construir”, mandatos que sostenemos, mandatos que repetimos, mandatos que construimos.

La naturalización de la violencia en todas sus formas asombra tanto como la “normalidad” con que seguimos con nuestra cotidianeidad, ¿qué nos pasa que no podemos parar, qué nos sucede que ni la muerte nos sensibiliza ya?.

Los movimientos de mujeres venimos hace tiempo planteando la lucha diaria en la calles, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras casas, por la igualdad, por la equidad, por una sociedad más justa, más libre, más solidaria, porque nuestros derechos sean cumplidos, por poder vivir sin violencia, por poder vivir y no sobrevivir, luchamos por votar, por educarnos, por acceder a la salud. En estos tiempos de edad contemporánea luchamos porque no nos maten porque no nos peguen, porque no nos violen, porque nos dejen decidir, ¿hemos avanzado en esta sociedad?

Violencia y más violencia

Violencia también es la violencia estructural generada por la situación de pobreza, de desigualdad de oportunidades, de acceso a los servicios educativos, de salud, de vivienda .

Violencia es la que ejerce este gobierno tucumano, administrado por José Alperovich , que es totalmente responsable cuando sigue afianzando la pobreza, agigantando las brechas, promoviendo la corrupción. Violencia es la que recibís cuando estás desocupado, cuando no podés proyectar tu vida, cuando el futuro es una palabra que no tiene sentido. Violencia es la que se ejerce con nuestras/os niños/as, adolescentes y jóvenes, que andan campeando la vida tratando de entender el porqué, buscando respuestas y sólo encontrando la indiferencia de los funcionarios, la represión de la policía, o la respuesta de la señora Beatriz de Alperovich “ El estado no puede acompañar a familias borrachas”. Ahí empieza la violencia.

Las actuales políticas públicas destinadas a la atención de la violencia son insuficientes y deficitarias. Muchas veces la respuesta que recibimos es “no podemos, la situación nos desborda”. En realidad lo que falta es la decisión política de acompañar con presupuestos reales y acordes a las necesidades, con recursos humanos y materiales capacitados y en condiciones de hacer frente a las situaciones que se generan en nuestros barrios.

Si no llega la solución hay muerte

Igual situación es la que se vive cuando entrás en el sistema jurídico, cuando la mujer empieza a peregrinar por recuperar su dignidad, esta odisea empieza en las comisarias cuando no nos reciben las denuncias y nos contestan “pero usted qué hizo, vuelva a casa a ya le va a pasar”, o cuando vamos a los tribunales desesperadas porque “nos saquen”, así decimos, “a este tipo de encima porque me va matar”, chocamos con fiscales y jueces que dan respuestas tardías o ineficientes que nada hacen a la solución del problema , ahí muchas de nosotras bajamos los brazos resignadas, con las marcas en el cuerpo, con dolor en el alma tratando de pensar.

A estas 119 mujeres la solución no llego, solo les llego la muerte.

Por todo esto y por mucho más es que seguimos saliendo a la calle a luchar no tan sólo porque se declare la emergencia en violencia sexual y doméstica. El viernes volvemos a juntarnos también porque estamos convencidas que es posible vivir una vida diferente, vivir en una sociedad más justa, donde los sueños no sean imposibles, donde la violencia ya no sea parte de nuestra vida.

Luchamos por un país para todos/as, por igual.

Leonor Cruz es secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la CTA Tucumán.

 

Foto:Leonor Cruz

Argentina: K-Clarín, el estallido

Por Gabriel Solano 

Se aproxima el 7 de diciembre, fecha en la que vence la medida cautelar con la cual Clarín pudo eludir la aplicación del artículo de la “ley de medios” que establece la desinversión de los multimedios que poseen más de 24 licencias de TV en todo el país. Como Cablevisión tiene más de 158 licencias, deberá desprenderse de al menos 134. Se trata de un golpe demoledor al grupo, pues Cablevisión representa el 60% de su facturación total.

Magnetto insistirá en obtener una nueva medida cautelar, con el argumento de que la Justicia sigue sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo, a saber: si la “desinversión” que establece el artículo 161 de la ley es constitucional o no. En el caso de que esa cautelar fuera rechazada, dirán que tienen todavía un año de plazo para consumar una “desinversión voluntaria”. La posibilidad de elegir a quiénes venderán las licencias -con sus respectivos abonados- introduce la posibilidad de testaferros o de acuerdos de reversibilidad (sigilosos), para cuando cambie el viento de la política.

Los K, sin embargo, no pueden permitir que Clarín siga con sus licencias y con una desinversión selectiva, pues equivaldría, en primer lugar, a dejarle el poder de fuego intacto durante todo el crucial año electoral de 2013. Para el kirchnerismo, el choque con el multimedio es la “madre de todas las batallas”. En momentos en que los pronunciamientos por la re-reelección se reproducen como hongos después de la lluvia, perder la batalla con Clarín equivale más o menos a mandarla a Cristina, en forma anticipada, a El Calafate. Por eso, los voceros del kirchnerismo aseguran que el plazo para la “desinversión voluntaria” ya ha concluido y que, el mismo 7 de diciembre próximo, el directorio de Cablevisión deberá ser removido -quizá también el de Canal 13- por un interventor oficial. YPF y Ciccone han sido un ‘ensayo general’.

‘Soberanía informativa’

El resultado de este choque podría derivar en una estatización de un sector decisivo de los medios de comunicación. Es cierto que los K se han asociado a otros grandes grupos económicos en esta ‘vataya’ (como el de Vila-Manzano y el ‘legendario’ Moneta) y que la ley de medios apunta a una redistribución entre grupos capitalistas. Pero el recurso a una intervención estatal podría dilatar la re-privatización legal en el tiempo y dejaría al gobierno en posesión de los medios de la Corpo. El Estado debería hacerse cargo de la ‘desinversión’ del multimedio, un camino plagado de corruptelas y de conflictos de todo tipo durante al menos un año. Tendríamos ‘cadena’ las 24 horas del día.

El grupo Vila-Manzano tiene sus dificultades para quedarse con las licencias de Clarín. Ocurre que él mismo debiera proceder a una “desinversión”, ya que posee 90 licencias -o sea, 66 más que lo permitido. Incluso esta “desinversión” ya debiera haberse realizado, porque el grupo no tiene a su favor ninguna medida cautelar como la que sí tiene Clarín. El gobierno, sin embargo, ha hecho la vista gorda a esta realidad, pero no va a avanzar contra este grupo en forma simultánea a la ‘expropiación’ de Clarín. A plena luz del día, el grupo Vila-Manzano está armando empresas con testaferros para eludir los límites que la ley de medios le impone y, así, poder apropiarse de las licencias de Cablevisión y de sus abonados. Otros de los beneficiarios serán Telecentro, del ex menemista y duhaldista Alberto Pierri, y el grupo Ick de Santiago del Estero, el cual hizo sus fortunas de la mano de los Juárez.

Intervenir en la pelea

En el choque entre el gobierno y Clarín se juegan intereses capitalistas, así como también replantea el monopolio capitalista de la libertad de expresión. El Estado arbitrará el nuevo reparto del espacio, de modo que los nuevos capitalistas serán apéndices más o menos disimulados del gobierno. La oposición tradicional se ha encolumnado detrás de la ‘corpo’ como un solo hombre. De Macri a Binner, pasando por todas las tendencias de la UCR y del peronismo federal. Incluso “Pepe” Scioli, quien volvió al redil de su hermano. La excepción pareciera ser el cuenta-chistes Luis Juez, que después de votar por Boudou-Ciccone en el Senado dijo que “De la Sota es Clarín”. Con estas palabras mágicas piensa convertirse en el candidato kirchnerista de Córdoba. Pero no hay que confundirse, porque al momento del choque muchos ‘opositores’ olvidarán sus ‘promesas’ para alinearse con el bando que parezca vencedor. Es lo que ha venido ocurriendo hasta ahora en todas las pendencias.

Una estatización de los medios, incluso parcial, significa dotar de una herramienta fundamental de manipulación ideológica (informativa y política) al Estado, que es capitalista, y que, en todo caso, defiende los intereses de la burocracia gobernante. Boudou, el Indek, los amigos de Pedraza en los ministerios y reparticiones públicas, la burocracia sindical adepta, los pulpos mineros contaminantes, la trasferencia de la deuda externa a los jubilados, la política de atraer a Exxon para explotar el gas, tendrían un instrumento de lucha poderoso contra los trabajadores. Favorecería el intento de instalar un régimen de partido único, sin necesidad de proscribir a los opositores. La autonomía ideológica de los periodistas, que hoy se encuentra condicionada por la ‘corpo’ -con independencia de la labor que esos periodistas ejerzan- se vería sometida al control de los ‘comisarios’ del poder. Un sector del oficialismo -en un caso el más avanzado políticamente, en otro caso el más hipócrita- argumentará que una estatización parcial de la ‘corpo’, aún si se hace en alianza con otros monopolios e incluso para operar contra la independencia de las organizaciones populares, no dejaría de ser ‘revolucionaria’, porque sería aplicada contra un grupo que representa a un vasto sector del capitalismo tradicional, no solamente a un medio de comunicación.

Nuestra posición: no defenderemos políticamente, bajo forma alguna, al monopolio Clarín, pero sí denunciamos el propósito reaccionario del gobierno, que pretende utilizar la comunicación para domesticar a las organizaciones populares, ponerlas bajo su tutela y, en definitiva, estatizarlas. En oposición a esta maniobra de alcance reaccionario, llamamos a luchar por una gestión de los medios por parte de los periodistas y los trabajadores de la cultura y de la actividad económica. Llamamos a defender la continuidad laboral y la prohibición de cualquier despido de trabajadores de prensa y gráficos. Llamamos a organizar asambleas populares para reclamar la presencia de las organizaciones de lucha en la gestión y dirección de los medios.

El último capítulo del choque K-Clarín, que tiene su origen en la desavenencia entre uno y otro a la hora de imponer un ‘relato’ común contra el pueblo, plantea una cuestión más general que es la lucha por la libre expresión y la independencia de las organizaciones populares. Plantea una crisis política, que se desplegará más allá de las fronteras nacionales. Es en este punto en el que la independencia política de los trabajadores es absolutamente fundamental, porque el interés de los trabajadores debería ser aprovechar esta crisis para avanzar en sus reivindicaciones y objetivos propias, y no para ir de furgón de cola de los intereses antiobreros en pugna. ¿O los trabajadores podemos defender al gobierno de la canasta alimentaria de seis pesos por día, que ataca el trabajo de los docentes, que impone topes salariales o que rechaza con obstinación reconocer la personería gremial del sindicato del subte?

Llamamos a una gran deliberación política en la izquierda y en los sindicatos para arribar, por medio de un debate, a una posición que tenga fuerza movilizadora, para imponer las reivindicaciones económicas y políticas de la clase obrera.

Fuente:Prensa Obrera

Argentina: La Salud Pública tiembla

Por Andrés Figueroa Cornejo

 

Sorpresiva y brutalmente, a las cinco de la mañana del miércoles 8 de agosto recién pasado, el Taller Protegido 19 del Hospital Borda para personas con dolencias mentales de la Ciudad de Buenos Aires amaneció rodeado por la policía metropolitana y una constructora. ¿Las razones? El jefe de gobierno de la Capital, Mauricio Macri, decidió unilateralmente destruir un espacio imprescindible para la  rehabilitación de pacientes graves para edificar allí y en la cancha del hospital un "Centro Cívico" donde trasladar   a los funcionarios administrativos tanto de los cinco ministerios del ejecutivo de turno de la metrópolis, como de la administración central.

 

La constructora  contratada por el jefe de gobierno es una Unión Transitoria de Empresas y está formada por TEXIMCO S.A., EMA S.A., y DAL S.A.

 

Sin embargo, los trabajadores de  Asociación de Trabajadores del Estado y el conjunto de quienes se emplean en  la institución  de salud mental pública resistieron la imprevista arremetida uniformada e inmobiliaria. Al día siguiente, el 9 de agosto, la constructora y la policía realizaron un nuevo intento que fracasó por la unidad de todo el personal hospitalario.

 

"El taller rehabilita los afectos y potencia la solidaridad, la labor en equipo y la camaradería de los pacientes"

  

El Secretario General de la Comisión Interna de ATE, Marcelo Frondizi informó que autoridades de la Ciudad le señalaron  que "el predio donde están el Taller y la cancha ya no pertenecen al Ministerio de Salud, y la medida ‘macrista’ carece de decreto y aprobación legal. Si quieren hacer un centro cívico o lo que sea, que lo hagan, pero no aquí, castigando a los que más sufren".

 

El Hospital de Salud Mental J. T. Borda tiene más de 100 años de existencia y ocupa 32 hectáreas en el barrio Barracas, al sur de la Ciudad. Ricardo Talavera, delegado sindical, relató que El Taller Protegido 19 "existe desde 1984, ha ayudado a más de mil personas, y es un lugar donde los pacientes que no pueden salir, desarrollan trabajos de carpintería pinturería, herrería y armado de muebles. También hay un sector del taller en el cual se les enseña habilidades administrativas, como archivo, computación, documentación y contabilidad".

 

-¿Y qué fines médicos tienen las actividades del Taller?

 

"Muchos  pacientes pierden todo tipo de relaciones sociales. Por eso el trabajo con otros y que tiene por objeto que la persona sea y se sienta útil para los demás, fortalece esas relaciones sociales dañadas. De hecho, los muebles y productos van a los hospitales de la Ciudad, son usados efectivamente. El taller rehabilita los afectos y potencia la solidaridad, la labor en equipo y la camaradería."

 

Los miedos de la humanidad, en orden de reparto existencial, son la muerte y la locura. Y las patologías mentales son las más dolorosas. La disociación de la realidad, la pérdida de identidad, y el descontrol emocional y afectivo son horrores cuyas causas la psiquiatría aún discute. El Hospital Borda atiende a los pobres más dañados de Buenos Aires. Por sus pasillos deambulan los pacientes solicitando un cigarrillo, ensimismados y envejecidos por el espanto.  

 

Jueves 16: Manifestación en las puertas del hospital

 

En la mañana del jueves 16 de agosto, el personal del Hospital  realizó una masiva manifestación de protesta contra la instalación del Centro Cívico en el frontis del recinto. Fueron acompañados por cientos de trabajadores de otras instituciones similares, familiares y amigos de los pacientes, profesionales de la salud y docentes;  y representaciones de centrales y organismo sindicales y de la izquierda

 

En el acto, el legislador Alejandro Bodart, señaló que "En vez de usar los $ 420 millones (USD 90 millones) que costaría el inútil Centro Cívico para mejorar la Salud Pública, Macri quiere hacer un negociado con constructoras ’amigas’", y agregó que "el ataque a la Salud Pública es una estrategia para debilitarla y fortalecer la privada”.

 

El caso del ex Hospital Francés

 

El primero de agosto de 2012, en el  ex Hospital Francés, actualmente Hospital Doctor César Milstein, fueron clausurados arbitrariamente tres servicios: Medicina del Deporte, Psicopatología y Oftalmología. Junto a los servicios fueron arrojados a la calle 27 profesionales de la salud que llevaban más de un cuarto de siglo desempeñándose en la institución sanitaria.

 

A través de la ley 27262 de 2007, el hasta entonces privado Hospital Francés fue expropiado y nacionalizado luego de una larga lucha de los trabajadores y pasó a la órbita  del PAMI, un organismo del Estado nacional que se ocupa de la salud de los jubilados y pensionados.

 

El 15 de agosto, los asalariados organizados de la entidad hospitalaria realizaron una manifestación frente a las dependencias del PAMI Central para protestar por las medidas antilaborales contra el personal y la pérdida de atenciones que perjudica a las personas ‘de antes’.  En la actividad participaron pacientes adultos mayores junto a los trabajadores.

 

Las intervenciones de los dirigentes sindicales de la ATE y la líder de las Madres de la Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas,  plantearon continuar la movilización y agregar a otros sectores con el fin de evitar un nuevo golpe a la salud pública, esta vez, proveniente del gobierno nacional. Por ello, los dardos apuntaron al interventor y funcionario del PAMI, Luciano Di Cesare.

 

“El cierre de servicios del ex Hospital Francés y el cese de funciones de los profesionales es parte de una política articulada para favorecer a las clínicas privadas y profundizar la tercerización y precarización laboral en el sector", explicó una de las delegadas sindicales.

 

Defensa de la carrera de Enfermería

 

Asimismo, la Asociación de Licenciados en Enfermería, la Asociación Enfermería de la Capital Federal, agrupaciones de hecho y enfermeros representantes de los distintos hospitales dependientes del gobierno porteño, marcharon y acamparon frente a la Jefatura de Gobierno.

 

Con la firma de cientos de profesionales de la Enfermería, la carta dirigida al Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, el 15 de agosto, efectuó un "pedido de la Derogación del Decreto 260/12, siendo que la misma vulnera la Autonomía del ejercicio de la Enfermería, las leyes 298, la Ley nacional 24004, la Carrera administrativa de enfermería Ord. 40403 y 40820 (su modificatoria) y su decreto reglamentario; y atenta contra los derechos adquiridos en estructuras no hegemónicas, demostrado por la falta de reconocimiento de la Enfermería como profesión."

 

Una de Mc Donald’s

 

Por otro lado, ese mismo día por la mañana, se hizo una asamblea de la Asociación de Profesionales y la Filial de Médicos Municipales del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. En la reunión se debatió sobre la posibilidad cuestionada éticamente de ceder terreno hospitalario para el proyecto Casa Ronald Mc Donald’s, empresa famosa por la producción de colesterol y grasa en un país donde la principal causa de muerte corresponde a enfermedades neuro-vasculares.

 

Tanto el candidato presidencial y actual regente de la administración de la metrópolis bonaerense, Mauricio Macri, como el gobierno de Cristina Fernández, dan golpes paulatinos y metódicos a la sanidad pública de una Argentina que desde los 90’ sintoniza con el capitalismo realmente existente. El ajuste estructural en el territorio de la soja y la megaminería, el empobrecimiento mayoritario de la población, la discriminación y represión contra los pueblos indígenas, el aumento del desempleo y decrecimiento económico, la industria de la narco-prostitución y explotación del trabajo infantil, genera sus propias resistencias populares. El medio histórico que tienen los de abajo para detener la orgía privatista. Los trabajadores y el pueblo aceran sus fuerzas cuando se avecina un superior recrudecimiento de sus condiciones de vida.

 

Imagen:Mural defensa de la salud pública

Cárcel a Pedraza, la patota y todos los responsables

 

Por José Rigane (ACTA)

El inicio del juicio oral por el asesinato de Mariano Ferreyra, donde diez civiles y siete policías serán juzgados en Comodoro Py en tanto responsables materiales, intelectuales y logísticos de este crimen político, es una oportunidad importante para que el movimiento obrero y la sociedad en su conjunto discuta, repudie y se movilice para poner fin a las aún vigentes prácticas empresariales de tercerización y precarización laboral.

La tercerización es una estrategia patronal vil y grosera que ha adquirido un carácter estructural con la profundización del ideario neoliberal de los ’90 y que hoy sigue vigente con preocupante presencia en el ámbito privado como así también en el empleo público.

No sólo “baja los costos salariales”, sino que aumenta esas extraordinarias y apabullantes ganancias empresariales que la Presidenta se jacta en propiciar.

También, deteriora los derechos y conquistas históricas de los trabajadores, coloca nuevos “pisos” gremiales y fragmenta al propio movimiento obrero.

Creemos que hay que acabar ya con estas prácticas laborales. Es el propio Estado, el poder político, legislativo y judicial los que deben implementar las medidas necesarias para cambiar esta situación.

Pero bien sabemos que de nosotros depende para que esto suceda. Es en este sentido que resulta necesario que las organizaciones de los trabajadores sean autónomas, que contengan todo nuestro empuje como movimiento obrero y aporten a la movilización popular.

Creemos que se hace necesario retomar la discusión sobre la democracia sindical y quebrar el modelo gremial-empresario-estatal, que junto con las patotas como mano de obra ejecutora, causaron el asesinato del compañero Mariano Ferreyra.

Pedimos prisión perpetua para Pedraza y todos los responsables directos e indirectos, para que no quede impune el asesinato de Mariano Ferreyra.

Basta de trabajo en negro, pase a planta de todos los trabajadores sobreexplotados, flexibilizados y tercerizados.

Justicia por Mariano Ferreyra.

José Rigane es Secretario Adjunto de la CTA; Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA).

 

Quién mató a Mariano, señora Presidenta

 

Por Néstor Pitrola 

En los videos exhibidos en la segunda jornada del juicio hemos visto, a la cabeza de la patota que encaraba la estocada final en Barracas, al “testigo reservado” de Néstor y Cristina. Lo había ‘presentado’ el intendente Barba Gutiérrez de Quilmes de manera pomposa, pocos días después del crimen, a través de la Casa Rosada, de modo que Néstor Kirchner pudiera adjudicarse el ‘aporte’ del testigo “clave”. La Presidenta ha vuelto a mencionar el hecho, nada menos que para adjudicarse el esclarecimiento del crimen y la detención de la patota y de Pedraza.

 

Sin embargo, todo lo que hizo el ‘testigo’ fue señalar a Cristian Favale como el asesino de Mariano, al cual le adjudica la frase “al de la gomera le agujereé la panza”, que el expediente judicial sólo recoge de parte de este ‘testigo’. Negro sobre blanco, un integrante activo de la patota entrega a Favale y solamente a Favale, en un hecho protagonizado por más de un centenar de personas organizadas por la cúpula de la Unión Ferroviaria. ¿Esto es una operación de esclarecimiento o una tentativa burda de encubrimiento de la patota de Pedraza?

Acá hubo 120 personas organizadas para atacar a los tercerizados, hubo una concentración y traslado de armas; Favale mismo llamó a otros (llamadas probadas en la causa) que llegaron con él para integrarse a la patota con las armas. Se probó que al menos cuatro armas fueron disparadas, dos 38, una 22 y una escopeta; se probó que Sánchez disparó con la suya propia desde una posición determinada. El martes 7 de agosto, vimos en el tribunal los videos donde le dicen a Favale y los otros, “che llegaron tarde” -cosa que ocurrió porque venían nueve en un auto, los detuvo la policía y tuvieron que buscar otro coche. Hubo más que un territorio liberado, hubo una policía que acompañó y cubrió a la patota en su ofensiva y en su retirada, que encubrió y ocultó pruebas. La policía descartó el pedido de un cabo -Maldonado-, quien pidió refuerzos a Central porque advirtió lo que ocurriría.

En el escenario de los hechos, no fue una sola persona la que mató a Mariano, que según el testigo reservado (de la propia patota) sería Favale. En ese escenario hubo una lluvia de balas, de las cuales cinco impactaron en los compañeros: una en Mariano, una en la cabeza de Elsa, tres en el cuerpo de Nelson y otra en el de Pintos. Una patota de la Unión Ferroviaria, al mando de Pablo Díaz en el terreno, centralizada desde la cúpula de la Unión Ferroviaria por Fernández y Pedraza, pretendió ahogar en sangre un vasto proceso de lucha de miles de tercerizados, sometidos a un sistema de superexplotación en el ferrocarril y en el país, del cual la burocracia sindical es socia.

El ministro Tomada, funcionario del gobierno que se adjudica el ‘aporte’ del testigo, orienta a Pedraza acerca de cómo frenar a los tercerizados y cómo “lavarles la cabeza”, en un negocio que beneficia a la ‘burguesía nacional’ K de Cirigliano, Romero y Roggio, quienes explotan los FF.CC. con los subsidios que sigue manejando Guillermo Antonio Luna (colocado en la Secretaría de Transporte de Cristina Kirchner, por Pedraza y Maturano, de La Fraternidad).

Esta línea de entregar a Favale es acompañada a pie juntillas por la burocracia de la Unión Ferroviaria: ¡los reos se valen del ‘testigo’ del gobierno! En una tenebrosa solicitada en La Nación del domingo pasado, la UF declara, institucionalmente, la inocencia de nueve reos de los diez sentados en el banquillo: todos menos Favale.

Señora presidenta: a Mariano no lo mató un barrabrava. A Mariano lo mató la patota de la Unión Ferroviaria que encabeza José Pedraza, uno de los principales jefes de la burocracia sindical con la cual usted está “construyendo” -como usted se lo dijo al propio Pedraza, en noviembre de 2009- la CGT oficial.

Los muertos pudieron ser varios, por eso todos están acusados por ‘homicidio calificado y coacción, así como también por ‘tentativa de homicidio calificado y coacción’. Todos, no sólo Favale. Un fusilamiento es responsabilidad del pelotón que lo ejecutó, no la de aquel cuya bala remató a la víctima. Mariano fue muerto en el marco de un plan criminal de una de las tantas patotas del sindicalismo argentino. Deben pagar sus responsables materiales y políticos por igual, señora Presidenta.

Foto: Argentina, Burocracia sindical - Una cámara de C5N registra el momento en que la patota de la Unión Ferroviaria inicia el ataque que culminaría con la muerte del militante del Partido Obrero Mariano Ferreira.

Fuente: Prensa Obrera

 

 

Argentina, Provincia de Buenos Aires: Graves torturas en cárcel de Florencio Varela

 

COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA

La CPM exige medidas inmediatas de los poderes públicos.

El 30 de julio, Maximiliano Zapata Osores fue brutalmente torturado en el pabellón SAC de la Unidad 32 de Florencio Varela. Durante ocho horas estuvo colgado de sus brazos sin tocar el piso. A una semana del hecho ningún fiscal le tomó declaración ni realizó medidas de prueba en la investigación penal iniciada.

La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires reclama políticas públicas estructurales para terminar con al tortura y celeridad en la investigación de estas causas.

Alejandro Mosquera, Secretario Ejecutivo de la CPM manifestó: “Este caso muestra la gravedad de la situación que se padece en las cárceles provinciales. La CPM está trabajando en una mesa de diálogo con el estado provincial, en el marco de las medidas cautelares concedidas por la CIDH. Pese a las distintas acciones positivas llevadas a cabo por el estado provincial como el cierre de la Unidad 29 como Unidad de traslado o el cierre de los pabellones de prevención de conductas violentas que promovían las violaciones de los más elementales derechos, - ambas medidas reclamadas hace tiempo por la CPM- esto no es suficiente, hace falta más esfuerzos y cambiar la política de seguridad y penitenciaria para terminar con estas prácticas. Es urgente terminar con la tortura y la impunidad que la sostiene”.

Roberto Cipriano García, Director General del Comité contra la Tortura de la CPM dijo: “Este caso -que se visibiliza en las fotos- muestra las prácticas sistemáticas de torturas que se llevan a cabo en las cárceles bonaerenses. Pero también da cuenta de la desidia y escaso compromiso judicial frente a la tortura. A una semana de ocurrido el hecho aún no se le tomó declaración a la víctima ni se realizaron otras actividades probatorias. Es indispensable mayor celeridad judicial en la investigación. También hacen falta políticas públicas tendientes a la prevención, asistencia a las víctimas y sanción de los torturadores. Una de ellas es la urgente sanción del mecanismo de prevención de la tortura, tanto en provincia de Buenos Aires como a nivel nacional”.

Crónica de los hechos

Maximiliano reclamaba por la visita de sus familiares que permanecían a la intemperie sin que los dejen ingresar. Hacía 10 días estaba alojado en un buzón de aislamiento sin sanción alguna, sólo esperando que se terminen sus trámites de ingreso a la Unidad. No le permitían recibir visitas. Comenzó a golpear la puerta de la celda ante la falta de respuesta de los agentes penitenciarios, quienes ingresaron inmediatamente y desde la puerta de la celda, le dispararon con balas de goma. Logró cubrirse con una frazada y luego de los disparos, siete penitenciarios comenzaron a golpearlo con palos de goma, patadas y golpes de puño. Veinticinco minutos después, fue llevado esposado a sanidad. Allí fue atendido por una enfermera o médica, que no realizó curación ni le recetó medicamento alguno. Varias de estas lesiones -aunque no todas-, constan en su historia clínica. Luego fue alojado nuevamente en SAC (Pabellón de separación del Área de Convivencia-celda 2), le ataron las manos con una soga y lo colgaron de una abertura en la pared (presuntamente para colocar iluminación), a gran altura, al lado de la puerta de ingreso a la celda. Apenas rozaba el piso con las puntas de los pies. Fue dejado en esta posición entre siete y ocho horas.

Posteriormente su familia se comunicó con la defensora Dra. Silvia Glew quien solicitó un habeas corpus al Juzgado de Ejecución Nº 2 de San Martín el 31 de julio de 2012. Como consecuencia de dicha presentación fue citado al juzgado siendo atendido por un secretario quien le manifestó que si denunciaba tenía que hacerse cargo de su integridad ya que ellos no podían hacer nada, solo trasladarlo al sistema federal.

Maximiliano está detenido hace 6 años, padeció decenas de traslados que lo llevaron a recorrer más de 30 unidades penitenciarias y sufrir reiterados hechos de torturas. Permaneció en aislamiento la mayor parte de su detención. En innumerables ocasiones fue torturado en los camiones de traslado, y en la mayoría de las cárceles, reprimido con gas pimienta, quemado con cigarrillos, mojado con manguera de incendios, golpeado con palos, patadas y puños. Las secuelas de semejante maltrato se observan en su cuerpo a través de gran cantidad de cicatrices de puntazos, cortes, hematomas. En la entrevista realizada no le fue posible recordar cuántas veces fue torturado o atacado. Refirió que muchos informes penitenciarios donde se registra que tuvo pelea con otros detenidos no son reales, varios de esos partes tienen que ver con represión o ataques sufridos con la anuencia o participación del SPB. Manifiesta que se siente abandonado por el juzgado, que se encuentra condenado desde hace 4 años y nunca creyeron sus denuncias. Que ha sufrido varios atentados contra su vida y nunca se ocuparon debidamente de su situación y protección.

Los traslados constantes y torturas han afectado sus vínculos familiares, la imposibilidad de ver con frecuencia a su hija de dos años, estudiar o trabajar. Tampoco le han brindado la asistencia psicológica reiteradamente solicitada y padece graves trastornos y efectos postraumáticos por las torturas padecidas.

La COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA está integrada por:

Adolfo Pérez Esquivel - Hugo Cañón - Laura Conte - Aldo Etchegoyen - Alejandro Mosquera - Victor Mendibil - Elisa Carca - Mauricio Tenembaum - Roberto Tito Cossa - Daniel Goldman - Mempo Giardinelli - Elizabeth Rivas - Martha Pelloni - Víctor De Gennaro - Emilce Moler - Fortunato Mallimaci - Susana Méndez - Luis Lima - Verónica Piccone - Carlos Sánchez Viamonte

Abog. Roberto F. CIPRIANO GARCIA

Director General

COMITE CONTRA LA TORTURA

Direccion General de Promoción y Protección de Derechos

COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA

Provincia de Buenos Aires, Argentina