Argentina: K-Clarín, el estallido

Por Gabriel Solano 

Se aproxima el 7 de diciembre, fecha en la que vence la medida cautelar con la cual Clarín pudo eludir la aplicación del artículo de la “ley de medios” que establece la desinversión de los multimedios que poseen más de 24 licencias de TV en todo el país. Como Cablevisión tiene más de 158 licencias, deberá desprenderse de al menos 134. Se trata de un golpe demoledor al grupo, pues Cablevisión representa el 60% de su facturación total.

Magnetto insistirá en obtener una nueva medida cautelar, con el argumento de que la Justicia sigue sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo, a saber: si la “desinversión” que establece el artículo 161 de la ley es constitucional o no. En el caso de que esa cautelar fuera rechazada, dirán que tienen todavía un año de plazo para consumar una “desinversión voluntaria”. La posibilidad de elegir a quiénes venderán las licencias -con sus respectivos abonados- introduce la posibilidad de testaferros o de acuerdos de reversibilidad (sigilosos), para cuando cambie el viento de la política.

Los K, sin embargo, no pueden permitir que Clarín siga con sus licencias y con una desinversión selectiva, pues equivaldría, en primer lugar, a dejarle el poder de fuego intacto durante todo el crucial año electoral de 2013. Para el kirchnerismo, el choque con el multimedio es la “madre de todas las batallas”. En momentos en que los pronunciamientos por la re-reelección se reproducen como hongos después de la lluvia, perder la batalla con Clarín equivale más o menos a mandarla a Cristina, en forma anticipada, a El Calafate. Por eso, los voceros del kirchnerismo aseguran que el plazo para la “desinversión voluntaria” ya ha concluido y que, el mismo 7 de diciembre próximo, el directorio de Cablevisión deberá ser removido -quizá también el de Canal 13- por un interventor oficial. YPF y Ciccone han sido un ‘ensayo general’.

‘Soberanía informativa’

El resultado de este choque podría derivar en una estatización de un sector decisivo de los medios de comunicación. Es cierto que los K se han asociado a otros grandes grupos económicos en esta ‘vataya’ (como el de Vila-Manzano y el ‘legendario’ Moneta) y que la ley de medios apunta a una redistribución entre grupos capitalistas. Pero el recurso a una intervención estatal podría dilatar la re-privatización legal en el tiempo y dejaría al gobierno en posesión de los medios de la Corpo. El Estado debería hacerse cargo de la ‘desinversión’ del multimedio, un camino plagado de corruptelas y de conflictos de todo tipo durante al menos un año. Tendríamos ‘cadena’ las 24 horas del día.

El grupo Vila-Manzano tiene sus dificultades para quedarse con las licencias de Clarín. Ocurre que él mismo debiera proceder a una “desinversión”, ya que posee 90 licencias -o sea, 66 más que lo permitido. Incluso esta “desinversión” ya debiera haberse realizado, porque el grupo no tiene a su favor ninguna medida cautelar como la que sí tiene Clarín. El gobierno, sin embargo, ha hecho la vista gorda a esta realidad, pero no va a avanzar contra este grupo en forma simultánea a la ‘expropiación’ de Clarín. A plena luz del día, el grupo Vila-Manzano está armando empresas con testaferros para eludir los límites que la ley de medios le impone y, así, poder apropiarse de las licencias de Cablevisión y de sus abonados. Otros de los beneficiarios serán Telecentro, del ex menemista y duhaldista Alberto Pierri, y el grupo Ick de Santiago del Estero, el cual hizo sus fortunas de la mano de los Juárez.

Intervenir en la pelea

En el choque entre el gobierno y Clarín se juegan intereses capitalistas, así como también replantea el monopolio capitalista de la libertad de expresión. El Estado arbitrará el nuevo reparto del espacio, de modo que los nuevos capitalistas serán apéndices más o menos disimulados del gobierno. La oposición tradicional se ha encolumnado detrás de la ‘corpo’ como un solo hombre. De Macri a Binner, pasando por todas las tendencias de la UCR y del peronismo federal. Incluso “Pepe” Scioli, quien volvió al redil de su hermano. La excepción pareciera ser el cuenta-chistes Luis Juez, que después de votar por Boudou-Ciccone en el Senado dijo que “De la Sota es Clarín”. Con estas palabras mágicas piensa convertirse en el candidato kirchnerista de Córdoba. Pero no hay que confundirse, porque al momento del choque muchos ‘opositores’ olvidarán sus ‘promesas’ para alinearse con el bando que parezca vencedor. Es lo que ha venido ocurriendo hasta ahora en todas las pendencias.

Una estatización de los medios, incluso parcial, significa dotar de una herramienta fundamental de manipulación ideológica (informativa y política) al Estado, que es capitalista, y que, en todo caso, defiende los intereses de la burocracia gobernante. Boudou, el Indek, los amigos de Pedraza en los ministerios y reparticiones públicas, la burocracia sindical adepta, los pulpos mineros contaminantes, la trasferencia de la deuda externa a los jubilados, la política de atraer a Exxon para explotar el gas, tendrían un instrumento de lucha poderoso contra los trabajadores. Favorecería el intento de instalar un régimen de partido único, sin necesidad de proscribir a los opositores. La autonomía ideológica de los periodistas, que hoy se encuentra condicionada por la ‘corpo’ -con independencia de la labor que esos periodistas ejerzan- se vería sometida al control de los ‘comisarios’ del poder. Un sector del oficialismo -en un caso el más avanzado políticamente, en otro caso el más hipócrita- argumentará que una estatización parcial de la ‘corpo’, aún si se hace en alianza con otros monopolios e incluso para operar contra la independencia de las organizaciones populares, no dejaría de ser ‘revolucionaria’, porque sería aplicada contra un grupo que representa a un vasto sector del capitalismo tradicional, no solamente a un medio de comunicación.

Nuestra posición: no defenderemos políticamente, bajo forma alguna, al monopolio Clarín, pero sí denunciamos el propósito reaccionario del gobierno, que pretende utilizar la comunicación para domesticar a las organizaciones populares, ponerlas bajo su tutela y, en definitiva, estatizarlas. En oposición a esta maniobra de alcance reaccionario, llamamos a luchar por una gestión de los medios por parte de los periodistas y los trabajadores de la cultura y de la actividad económica. Llamamos a defender la continuidad laboral y la prohibición de cualquier despido de trabajadores de prensa y gráficos. Llamamos a organizar asambleas populares para reclamar la presencia de las organizaciones de lucha en la gestión y dirección de los medios.

El último capítulo del choque K-Clarín, que tiene su origen en la desavenencia entre uno y otro a la hora de imponer un ‘relato’ común contra el pueblo, plantea una cuestión más general que es la lucha por la libre expresión y la independencia de las organizaciones populares. Plantea una crisis política, que se desplegará más allá de las fronteras nacionales. Es en este punto en el que la independencia política de los trabajadores es absolutamente fundamental, porque el interés de los trabajadores debería ser aprovechar esta crisis para avanzar en sus reivindicaciones y objetivos propias, y no para ir de furgón de cola de los intereses antiobreros en pugna. ¿O los trabajadores podemos defender al gobierno de la canasta alimentaria de seis pesos por día, que ataca el trabajo de los docentes, que impone topes salariales o que rechaza con obstinación reconocer la personería gremial del sindicato del subte?

Llamamos a una gran deliberación política en la izquierda y en los sindicatos para arribar, por medio de un debate, a una posición que tenga fuerza movilizadora, para imponer las reivindicaciones económicas y políticas de la clase obrera.

Fuente:Prensa Obrera