Daniel Satur (LA VERDAD OBRERA)
Fernando Carrera era un laburante común. Pero en enero de 2005 su vida pegó un vuelco fatal. En una avenida de Pompeya la mala suerte puso su auto al lado de otro manejado por dos agentes de la Federal que, de civil y decididos a todo, lo acribillaron a balazos. Carrera quedó inconciente pero con el pie en el acelerador. Su Peugeot terminó atropellando y matando a dos mujeres y un chico de seis años.
A pesar del esfuerzo de los ratis, Carrera no murió. Ya conciente, en el hospital le avisaron que estaba detenido por los tres asesinatos, por dos robos y por intentar escaparse. Policías, jueces y medios de comunicación afirmaron que él era el culpable de La masacre de Pompeya. En un juicio plagado de pruebas inventadas Carrera fue condenado a 30 años de prisión. Para muchos, se había hecho justicia.
Pero en 2010 Enrique Piñeyro estrenó un documental, The Rati Horror Show, donde se demostraban las mentiras que llevaron a Carrera a la cárcel. La repercusión pública alcanzada llevó el caso hasta la Corte Suprema. Hace una semana (en fallo dividido) ésta ordenó al tribunal que dicte una nueva sentencia y, mientras tanto, libere a Carrera. Así terminaban más de siete largos años preso, después de ser fusilado (por ratis que sí tenían antecedentes) y señalado con odio por los medios y sus campañas de “seguridad”.
Sistema perverso
¿Cuántos “Fernando Carrera” hay? ¿Cuántos laburantes y jóvenes pobres son presa de comisarios necesitados de inflar estadísticas, “resolver” casos y encubrir sus propias redes de narcotráfico, trata y desarmaderos? ¿Cuántos cayeron en las garras de una Justicia que nunca será tal para el pueblo trabajador?
En Argentina más de 60.000 personas están privadas de su libertad. 30.000 en cárceles y comisarías bonaerenses, de los cuales 23.000 no tienen condena, o sea que son “inocentes hasta que se demuestre lo contrario”. Desde 2008 hay cada vez menos excarcelaciones.
A esto hay que sumar las ejecuciones por gatillo fácil y muertes por torturas. Según CORREPI, entre 1983 y 2011, 3.400 personas cayeron por balas y palos de agentes policiales, gendarmes o penitenciarios. Casi todos pobres, casi todos jóvenes. Y la mitad de ese total… durante los años kirchneristas.
Nuestro país lidera el ranking en América Latina de criminalización y judicialización de la pobreza.
Sectores kirchneristas como el CELS y Página/12, jugando en la interna del PJ, culpan a Scioli y su ministro Casal de no “controlar” a la Bonaerense y al Servicio Penitenciario. Ahora lanzaron una Campaña Nacional contra la Violencia Institucionalnada menos que junto a Nilda Garré, la jefa de la Federal, de la Gendarmería y del Proyecto X. ¿Contradicciones? No, cinismo. Más allá de los discursos, el gobierno y sus aliados no hicieron más que reforzar durante estos nueve años el aparato represivo del Estado. La Policía Federal, entre 2004 y 2012, sextuplicó su presupuesto saltando de $1.000 millones a $6.000 millones. En la provincia lo gastado en “seguridad” se multiplicó por siete en el mismo período, de $1.200 a $8.900 millones. Sin embargo, lejos de acabar con el crimen organizado, sus redes siguen operando en las calles y los barrios organizadas muchas veces desde las propias dependencias policiales. En un informe de 2010 el ministro Casal reconocía que, en la provincia, “de las 32 mil personas privadas de su libertad (…) cinco mil serán excarcelados antes o durante sus respectivos juicios orales, debido a que cumplen la prisión preventiva por ‘pruebas insostenibles o testimonios dudosos’”. Miles de trabajadores y jóvenes pobres víctimas de causas armadas en comisarías y juzgados. Muchos de ellos, como Fernando Carrera, pasarán años condenados por delitos que no cometieron.
Justicia de clase
Siete años pasó Carrera encerrado en Marcos Paz, en una celda que debería ocupar alguno de los miles de genocidas impunes desde hace décadas. Hoy está en libertad, pero no está absuelto. La Corte no lo declaró inocente, sino que ordenó al tribunal que lo condenó que, mientras “revisa” la sentencia, le permita estar fuera de la cárcel. Si Carrera fuera absuelto, inmediatamente se debería procesar a los policías que le dispararon por ser los culpables de las muertes de las dos mujeres y el chico de seis años. También debería imputarse a los jueces y fiscales que encubrieron a los asesinos. E incluso a Esteban Righi, ex Procurador General, quien miró para otro lado cuando tuvo en sus manos las evidencias de la mentira. Demasiado costo institucional por un simple “perejil” sobreviviente.
Según un editorialista k, “la Corte Suprema es posiblemente la mejor que existió en democracia. O sea, la mejor” (Wainfeld, Página/12, 10-06). Queda claro: esta democracia es para ricos, no para los trabajadores y el pueblo pobre.
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