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Argentina

Argentina: Se modifica al código civil. El Senado convirtió en ley al matrimonio igualitario

Argentina: Se modifica al código civil. El Senado convirtió en ley al matrimonio igualitario
PRIMERA FUENTE

Con 33 votos en favor, 27 en contra y 3 abstenciones, la Cámara alta convirtió en ley la iniciativa que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo.La sesión comenzó a las 13.15 pero el debate puntual sobre la iniciativa que modifica el Código Civil estuvo precedido por un contrapunto entre la senadora puntana Liliana Negre de Alonso y el jefe del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto. Vea el momento exacto de la votación.

Con cuestionamientos cruzados, Negre de Alonso y Pichetto discutieron sobre la decisión de la Presidencia del Senado de invalidar el debate sobre un dictamen de mayoría de "unión civil" -promovido por senadores opositores-, en respuesta a una impugnación presentada por el Frente para la Victoria.
"Es una verdadera ilegalidad lo que usted ha hecho", dijo Negre de Alonso al presidente provisional del Senado, José Pampuro, y planteó una cuestión de privilegio porque la Presidencia del cuerpo no la había notificado sobre la impugnación de Pichetto.
De igual forma, el jefe del bloque oficialista acusó a Negre de Alonso de "haber violado la Constitución, en su artículo 81, al cambiar intencionalmente los giros a comisión, violentar el reglamento y la historia".
Los presidentes de bloques habían acordado ayer que el pleno del cuerpo debía pronunciarse en primer término sobre el dictamen de mayoría de la comisión de Legislación General que rechaza la media sanción de Diputados.
Entonces, en caso de que no se aprobara el rechazo, se pasaría a votar el dictamen de minoría que avala el proyecto con media sanción de Diputados y que cuenta con el apoyo del oficialismo y de parte de la UCR.
Siete horas después del inicio de la sesión, sólo se había pronunciado un tercio del total de los 50 senadores anotados en la lista de oradores, con posturas a favor y en contra, y en algunos casos con la defensa expresa del proyecto de "unión civil" que no podrá ser debatido.
En representación del kirchnerismo, la senadora Liliana Fellner declaró hoy que la propuesta de matrimonio igualitario apunta a que "todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades ante la ley".
"Nuestra obligación es votar por la igualdad", afirmó la legisladora jujeña y advirtió que el Parlamento debe "legislar para el matrimonio civil, en un estado laico, dentro de una construcción social, económica y cultural".
Además, dijo descreer que alguien se convierta en homosexual a partir de la sanción de una ley que permita el matrimonio entre personas del mismo sexo.
En cuanto a la discusión sobre la adopción, Fellner señaló que el Código Civil "no habla de orientacion sexual cuando una persona soltera quiere adoptar".
Desde la vereda opuesta, Negre de Alonso expresó su rechazo al proyecto de Diputados e insistió con que esa iniciativa "viola los derechos de las mujeres" porque otorga un "tono neutro" al lenguaje normativo.
La senadora puntana fue la encargada de inaugurar la lista de oradores del debate sobre la iniciativa y apoyó su postura contraria en argumentos utilizados por la camarista e integrante de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), Graciela Medina, quien había participado de las audiencias de la comisión de Legislación General del Senado.
En aquella oportunidad, Medina -según recordó Negre de Alonso- expresó que si bien estaba a favor "de la protección de los derechos humanos de las parejas homosexuales", se oponía a la iniciativa aprobada en Diputados porque "viola los derechos de las mujeres" al establecer -en su redacción- "el parentesco sólo por la línea parental masculina", entre otras cuestiones.

 

Declaración completa de Roberto Martino: Los jueces escucharon al detenido

Declaración completa de Roberto Martino: Los jueces escucharon al detenido

Laura Vales

Página12/Rebelión

 

 

Los abogados de Roberto Martino, del Movimiento Teresa Rodríguez, pidieron la libertad y desprocesamiento del dirigente en una audiencia pública realizada en la Cámara Federal. Martino está detenido en el penal de Marcos Paz, acusado de los delitos de prepotencia ideológica, violación de la ley antidiscriminación, tenencia de armas de guerra y de material incendiario. La causa fue abierta a raíz de lo ocurrido el 17 de mayo de 2009, cuando el gobierno porteño y la Embajada de Israel organizaron un acto, “Buenos Aires celebra a Israel”, por el aniversario de la creación del Estado de Israel. Ese día organizaciones políticas y sociales de izquierda hicieron una contramarcha para denunciar la política israelí contra los palestinos y hubo incidentes.

La audiencia estuvo a cargo de la Sala I, integrada por los jueces Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballesteros. Martino estuvo presente e hizo uso de la palabra. Su defensor, Martín Alderete, cuestionó el procesamiento que le dictó el juez Claudio Bonadío, “especialmente que se lo haya procesado por prepotencia ideológica, una figura que castiga a quien integra una organización que intente imponer sus ideas por la fuerza”, señaló el abogado.

“En el acto hubo incidentes, y en todo caso es lo que se tiene que investigar, en lugar de ilegalizar a la organización. El juez, en cambio, argumentó que Martino dirige una organización militarizada, de carácter político-militar, cosa que es un absurdo total. No tiene pruebas que lo respalden. Tampoco hay antecedentes de que se trate de una organización con fines ilegales. Bonadío planteó, por ejemplo, que como hay volantes del Movimiento que reivindican al Partido Revolucionario de los Trabajadores, eso es un indicio de que se trata de una organización violenta.”

La historia del caso tiene varias partes. El 17 de mayo de 2009, al terminar la marcha, en el lugar donde se produjeron los incidentes (Avenida de Mayo y Perú) la policía detuvo a cinco personas, integrantes del Movimiento Teresa Rodríguez. Días más tarde, Bonadío ordenó el allanamiento del local del MTR en Florencio Varela, donde en un cuarto, que se supone era el dormitorio de Martino, encontraron armas y botellas con nafta. Martino no estaba, pero detuvieron a diez personas que se encontraban en el lugar. Bonadío procesó a los 15 integrantes del MTR por prepotencia ideológica, violación a la ley antidiscriminación, lesiones y resistencia a la autoridad. Tras pasar dos meses en prisión, la Cámara revocó los procesamientos y dejó sólo a cinco procesados por violación a la ley antidiscrinatoria, lesiones y resistencia la autoridad. Martino, sobre quien quedó un pedido de captura, fue detenido este año.

Ayer, al hacer uso de la palabra, el dirigente planteó que cuestionar la política del gobierno de Israel no puede ser entendido como un acto antisemita. Recordó que Naciones Unidas “definió al sionismo como una política expansionista y racista similar al apartheid sudafricano” y planteó que “lo que aquí se está juzgando es el derecho a denunciar los crímenes contra la humanidad”.

Mientras se realizaba la audiencia, organizaciones sociales y partidos de izquierda se movilizaron frente a los tribunales de Comodoro Py. Por la mañana, estudiantes de la FUBA cortaron además la avenida Corrientes a la altura de Callao.

Fuente original: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-149009-2010-07-07.html

Por su interés, reproducimos la declaración completa de Roberto Martino

"Señores del Tribunal, ya mis abogados expusieron sobre la cuestión jurídica. Yo me referiré al marco político que rodea a la misma. Un juicio eminentemente político, que enfrenta dos concepciones de la vida.

Una, la que sostienen el Estado de Israel y los EE.UU. principalmente, y otra, la que defendemos los pueblos del mundo, entre los cuales se cuenta el Gobierno argentino. Es cierto, y lo reafirmo, que denunciamos al Estado israelí como terrorista, racista y expansionista. Lo asumo plenamente.

Pero, ¿Roberto Martino es el único que lo dice? No, son (somos) millones en el mundo entero (diría que las 4/5 partes) los que sostenemos ello. Es Naciones Unidas en su Resolución 3379 de 1975 la que define al sionismo como una política expansionista y racista similar al apartheid sudafricano.

Desde su propia constitución como Estado, Israel ha venido violando y desoyendo todas y cada una de las distintas resoluciones de Naciones Unidas sobre el conflicto con Palestina y sus vecinos árabes.

Resoluciones que lo conminan a cesar la ocupación territorial, la instalación de colonias, el ataque a la población civil, la aplicación de torturas a prisioneros palestinos, el secuestro de los mismos, etc., etc., etcétera.

Entre algunas de esas resoluciones violadas figuran: la propia 181/11 del año 1947, que habilitó su creación, ya que la misma otorgaba el 55% y no el 78% del territorio para el Estado israelí; la 242 del CS del 22/11/67; la 2672 del 8/12/70; la 2725 del 15/2/70; la 298 del CS del 25/9/71; la 478 del CS del 20/8/88 que exige a Israel no convertir a Jerusalén en su capital y ordena a los Estados miembros de la ONU no reconocer esto y mantener sus misiones en Tel Aviv; la 1397 del CS del 12/3/02; la 1515 del 19/11/03; la 1580 del 26/11/08 y la 1860 del 9/01/09. Todas, como ya dije, apoyadas por los gobiernos argentinos.

La agresión militar contra civiles, que la potencia ocupante denominó Plomo Fundido, contradice los Tratados Internacionales suscriptos por nuestro país, además de violar los más elementales derechos humanos, tal cual lo confirma el Informe de la Misión Goldstone de Naciones Unidas del año pasado.

Según dicho informe, Israel cometió crímenes de lesa humanidad; destruyó 280 escuelas y jardines de infantes; destruyó edificios públicos -como hospitales- y atacó ambulancias bajo el pretexto de que era infraestructura militar de Hamas, cuestión que el Informe desmiente categóricamente.
 
Obligó a niños y adultos a presenciar la ejecución de sus seres queridos, con sus consiguientes traumas; destruyó pozos y tanques de agua, tierras agrícolas e invernaderos con el claro propósito de privar a la población civil de medios de subsistencia, etc., etc., etcétera.

Ante las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional, el Abogado Militar (israelí) ordenó algunas investigaciones penales que se cerraron dos semanas más tarde con la conclusión de que “las denuncias estaban basadas en rumores”.
 
Cabe resaltar que a pesar de que la Misión Goldstone también acusa a Hamas, reeditando la “Teoría de los dos demonios”, quien se opuso a este informe no fue el Hamas, sino el Estado de Israel.

Por el contrario, el informe de la Misión Goldstone destaca la colaboración de las autoridades de Gaza para que se pudiera llevar adelante la investigación.
 
Ahora, frente a tan flagrantes crímenes llevados adelante con total y absoluto desprecio por la vida humana, con la utilización de bombas de fósforo blanco y bombas tipo racimo, y ante la inacción de los Estados miembros de la Comunidad de Naciones, ¿no era acaso un deber humano elemental ganar las calles para denunciar el genocidio? ¿No era un deber pararse delante de un acto que reivindica un Estado cuya política está guiada por el racismo y el expansionismo? ¿No fue acaso justa la acción de Severino Di Giovanni cuando en plena velada del Colón se paró para, delante del Canciller de Italia, denunciar al fascismo e intentar que se tome conciencia de lo que después la humanidad sufriría?

Allí radica la explicación de nuestro reclamo y mi conducta. Si se considera que por denunciar el genocidio soy merecedor de una condena, adelante pues.
 
Pero antes, permítanme avanzar sobre otras cuestiones de especial relevancia: ¿quiénes son y qué representan los querellantes? ¿Es cierta -y sincera- su preocupación por la suerte y seguridad de los habitantes de origen judío que habitan nuestro país?

Pinjas Avivis reconoce haber pedido a Jacobo Timmerman “que no denunciara al gobierno militar, porque no quería que se dañen las relaciones entre Israel y la Dictadura” (Página 12 del 8/9/01).

Los dirigentes de la DAIA y la AMIA que quieren que se nos condene por antisemitismo son los mismos que desistieron de llevar a juicio a Rubén Beraja, ex presidente de la DAIA, que además de banquero vaciador está acusado de haber obstaculizado la investigación del atentado a la AMIA.

Parte de los “testigos” acusadores, como el señor Broitman Carbone, es a su vez defensor de los militares violadores de derechos humanos, a sabiendas de que entre las víctimas hay cientos de hermanos judíos.

Quienes nos acusan son los mismos que sostienen -como es el caso del vicepresidente de la AMIA, Ángel Barman- que “visto el accionar rápido y preciso del Gobierno (argentino), no dudo que erradicarán a toda esta gente…”. Una instigación lisa y llana a la eliminación física de aquellos que se manifiesten contrarios a la política del Estado de Israel, ya que entre las acepciones del vocablo erradicar está: arrancar de raíz, eliminar completamente algo que se considere perjudicial o peligroso, etc. A pesar de que esas expresiones tienen más de un año, y de que los correspondientes pedidos de intervención de jueces y fiscales para que se investiguen, también, aún no hubo ningún avance.

Mientras, las víctimas somos los que estamos encarcelados.
 
Para terminar, el relato de las presuntas víctimas del 17 de mayo guarda enorme similitud con el relato israelí oficial sobre el asesinato de pacifistas el 31 de mayo pasado.

Para el gobierno israelí, sus tropas de élite -que asaltaron planificadamente un convoy humanitario en aguas internacionales- fueron “sorprendidas” y “emboscadas” por una turba de pacifistas.

Para los denunciantes del 17 de mayo del año pasado, una decena de personas, que portando en sus manos pancartas, pasacalles, banderas y volantes, agredió a unas 500 personas entre las que se encontraban la Seguridad del Embajador Gazit, la Seguridad del Gobierno de la Ciudad, la Policía Federal y miembros de la OSA (Organización Sionista Argentina), una formación paramilitar.

Por lo visto, estábamos tan entrenados como los pacifistas humanitarios del 31 de mayo.
 
Señores jueces, lo que aquí se está juzgando es el derecho a denunciar los crímenes contra la humanidad, provengan de donde provengan.

Tenemos derecho a levantar la voz porque soy parte de la clase social que ha puesto los muertos, los torturados, los prisioneros para acabar con el nazi-fascismo. Por ello, levantamos la voz contra el sionismo hoy.

Porque lo que el nazi-fascismo no pudo obtener, el sionismo busca alcanzarlo hoy: que nadie señale sus crímenes.
¿A alguien se le hubiera ocurrido sostener que denunciar al nazismo era ser anti-ario o anti-alemán?

Espero que en este Tribunal prime la suficiente memoria y claridad para evitar que avancen los promotores del racismo, la guerra y el expansionismo.

Mi compromiso es continuar del lado de los pueblos, aun a costa de que alguna oscura decisión política ordene condenarme."

 

 

Macri: “Nombré a palacios ‘por recomendación expresa de la CIA y el MOSSAD’”

Macri: “Nombré a palacios ‘por recomendación expresa de la CIA y el MOSSAD’”
Jorge Altamira ( ARGENPRESS.info)

Debe ser enjuiciado y destituido como agente de Estados extranjeros.

“La Nación” del domingo 4 de julio menciona que en una reunión con dirigentes de la AMIA y la DAIA; Mauricio Macri, el jefe de gobierno de la Ciudad les comunicó Fino Palacios “fue designado en su cargo ‘por recomendación expresa de la CIA y el Mossad”. En un comunicado de la Agencia Judía de Noticias, se añade que ese nombramiento fue “encomendado” también por la DEA – la agencia de combate al narcotráfico del gobierno de Estados Unidos. Numerosas fuentes de información le asignan a la DEA una colusión con el narcotráfico.

Ni los vínculos entre Fino Palacios y el Mossad y la CIA constituyen una novedad; la novedad ahora es que Macri anuncia que una decisión de Estado le fue indicada por servicios de inteligencia de Estados extranjeros. Este hecho lo convierte en un agente no registrado de esos Estados. A partir de esto, el proceso judicial que se le ha iniciado por el espionaje ejercido por Ciro James y Palacios se convierte en un caso de espionaje al servicio de potencias extranjeras.

Macri se encuentra en una situación cualitativamente peor que la del gobernador de Tucumán, Alperovich, que ha contratado al Mossad para entrenar a la policía provincial; Macri ha seguido “recomendaciones expresas”. Estados Unidos, en dos acciones al hilo, puso bajo el rubro de “agentes no registrados de un Estado extranjero” a un grupo de venezolanos y a un uruguayo, vinculados al asunto de Antonini Wilson y, recientemente, a una supuesta red a la que acusa de espiar para Rusia (aunque hay fundadas sospechas de que se trata de una presión para que Moscú limite su colaboración con Chávez). Macri se encuentra en la misma situación – con el agravante de su condición de Jefe de Gobierno. Macri se confesó ante un sector de la comunidad judía con la finalidad de que éste ejerza una presión sobre la Cámara que debe evaluar el fallo de Oyarbide contra Macri, y para neutralizar los reclamos de otro sector de esa comunidad, que está liderado por Sergio Burstein – espiado por James y Palacios.

Ocurre que, además, Burstein ha acusado a Palacios de una tarea de encubrimiento del atentado terrorista contra la sede de la AMIA. Por carácter transitivo, la CIA y el Mossad aparecen apadrinando ese encubrimiento. La crisis que esto ha desatado entre la colectividad judía no podría ser más explosiva, esto porque el servicio secreto de Israel queda denunciado como cómplice de la falta de esclarecimiento de un hecho criminal que se cobró la vida de numerosos judíos inocentes y que destruyó el edificio símbolo de la acción cultural y social de la comunidad judía en Argentina apenas después del inicio del siglo XX. Cuando faltan dos semanas para la conmemoración del aniversario de ese atentado, la confesión de Macri tiene todas las características de un escándalo oprobioso, que debe ser seguido por su destitución inmediata y la condena judicial respectiva.

Naturalmente, la infiltración de la CIA y el Mossad en el gobierno de la Ciudad – nada menos que a través de su Primer Magistrado y candidato a la Presidencia de la Nación -, tiene un alcance político mayor, pues desnuda a la política de apoyo político de los K a la preparación de un ataque militar isreaelo-norteamericano contra Irán. Los K no han abierto aun los archivos de la Side sobre el atentado; la Corte ha clausurado la investigación sobre otro atentado terrorista – contra la embajada de Israel. Esta complicidad objetiva entre los K y Macri es el principal obstáculo a vencer para que se produzca la destitución de Macri y para que se investigue la infiltración de la CIA y el Mossad en los organismos del Estado – algo que a los K solo les preocupa cuando se trata de un investigador que hurga en el ministerio de Economía para encontrar datos que refuten las mentiras del Indek.

La infiltración de la CIA en otros Estados a través de funcionarios o gobernantes es larga y conocida. Sólo por citar antecedentes recientes: Iyad Allawi, el primer ministro iraquí “instalado” por EEUU en 2004, era un reconocido agente de la CIA. En Perú. Vladimiro Montesinos, el “Fino” Palacios (jefe de Seguridad) de Fujimori, nunca cesó de trabajar para la CIA durante el tiempo ocupó funciones públicas. La actuación de Macri por cuenta y orden de la CIA y del Mossad convierte al Jefe de gobierno en un Allawi o Montesinos, o sea en un agente o vehículo de estados extranjeros.

La confesión de Macri destruye su versión de que no estaba en condiciones de controlar un nombramiento en el ministerio de Economía – como se defendió contra la acusación que lo liga a Ciro James. Pero el funcionario que Macri reconoce como de su propio–Fino Palacios- desarrolló a través del Estado una red de espionaje, habiendo sido “recomendado” por otros servicios de espionaje - extranjeros. En las vísperas del 19 de Julio, la comunidad judía debe acompañar el reclamo de la destitución de Macri, la apertura de los archivos de la Side y la destitución de las autoridades de la DAIA cómplices de Macri. Los judíos argentinos no pueden soslayar este desafío so pena de convertirse en cómplices por omisión. No existe forma peor de antisemitismo que la complicidad con los funcionarios ‘recomendados’ que están acusados por embarrar las pistas que podrían clarificar el atentado contra la AMIA.

La Legislatura viene demorando el tratamiento del juicio político a Macri, con el argumento de que “debe pronunciarse primero la Justicia”. El procesamiento de Macri, apelado en primera instancia, se encuentra ahora en manos de la Cámara de Casación, que podría tardar meses en expedirse. La Coalición Cívica, por boca de Carrió, ya anticipó que no hará olas hasta entonces. El kirchnerismo también se ha llamado a silencio. Quizá porque la acción conspirativa de sus propios “servicios” está a la vista, o por sus propios vínculos políticos con los “inspiradores” de Fino Palacios, o sea, elDepartamento de Estado yanqui y el gobierno de Israel.

La primacía de un fallo judicial sobre la decisión parlamentaria es un sofisma – en especial de parte de una institución que no esperó al fallo por Cromagnon para destituir a Ibarra. Si la Legislatura y el Congreso no proceden a destituir a Macri, se convierten de inmediato en cómplices de estados extranjeros y sus servicios de inteligencia, y susceptibles por lo tanto de una complicidad culposa con el delito de “traición a la Patria”.

Foto: Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Política - Mauricio Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. / Autor: Guillermo Viana - GCBA

Argentina: Abuso patronal, Walmart aplica en Córdoba su manual antisindicatos

Argentina: Abuso patronal, Walmart aplica en Córdoba su manual antisindicatos
ACTA

Walmart fue denunciada hasta por Human Rights Watch por su dureza ante todo lo que sea dejar que se organicen los trabajadores. En cada país en que opera, aplica manuales antigremio notables, con “herramientas” que “nos salvaguarden” de los sindicatos.

En Córdoba sufrieron un paro hace un mes, terminada la conciliación decretada por Ministerio produjeron un despido y operaron fuerte entre sus “asociados”: ni siquiera dejan usar la palabra “empleado”.
La empresa de supermercados Walmart fue denunciada en Estados Unidos por la organización de derechos humanos Human Rights Watch por su política corporativa para mantener sus tiendas libres de sindicatos. En Córdoba la compañía estadounidense está librando una batalla cuerpo a cuerpo con un grupo de trabajadores que logró romper el cerco de silencio que pretende imponer el gigante minorista a sus empleados y pronunció por primera vez palabras desterradas hasta entonces: reclamos laborales y salariales.
A partir de ese momento se desató “una fuerte persecución, que incluye el despido del trabajador Jonathan Colrat y la amenaza abierta de más despidos que realizan los gerentes de la sucursal en conflicto a los trabajadores por su participación gremial”, denunció el delegado Gustavo Ruiz de la sucursal Córdoba Sur a Radio Nacional de Córdoba, elegido delegado por la firma de sus compañeros de trabajo ante la sorprendente pasividad de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba, que encabeza Pablo Chacón ante la preocupante situación que viven sus representados.
En Estados Unidos, Walmart es el principal empleador privado, con 1.900.000 empleados y casi 4000 tiendas. La empresa se ha expandido por otros 14 países y en 2009 tuvo una facturación mundial que la ubicó en el primer lugar por encima de las petroleras. De los 10 estadounidenses más ricos, 4 son los dueños de Walmart.
En Argentina, en 2009 facturó más de dos mil millones de pesos, con 9400 empleados en 40 tiendas distribuidas en distintas provincias. Cada tienda tiene un promedio de trescientos empleados, la mayoría muy jóvenes, con modalidades de contratación diversas: hay quienes están bajo el régimen del convenio colectivo de trabajo, otros son tercerizados o contratados a través de agencias.
La investigación de Human Rights Watch reveló que ninguno de los trabajadores de Walmart en Estados Unidos se encuentra representado por sindicato alguno.
Para la reconocida organización de derechos humanos no se trata de un hecho fortuito. Según pudo determinar en Estados Unidos, en la mayoría de los casos Wal Mart empieza a adoctrinar a sus gerentes desde que se los contrata para que se opongan a cualquier intento de organización gremial.
“Los gerentes reciben instrucciones explícitas sobre cómo evitar la formación de sindicatos, muchas de las cuales forman parte de la ‘Caja de Herramientas Gerenciales’, una guía explicativa sobre ‘cómo permanecer libres de sindicatos en el caso de que los representantes sindicales elijan su establecimiento como el próximo blanco’.” HRW aclara en su informe que la mayoría de las tácticas empleadas por la compañía se ajustan a la “débil legislación” laboral estadounidense, aunque también apela a mecanismos ilícitos, como mandar a sus gerentes a escuchar conversaciones de sus empleados o incluso “reposicionar la cámaras de vigilancia para monitorear a los simpatizantes sindicales”.
Carol Pier, investigadora sobre derechos laborales y asuntos comerciales de HRW, concluyó que la gigantesca compañía “está dispuesta a hacer casi cualquier cosa para mantenerse libre de sindicatos”.
En Argentina, de las 40 sucursales sólo la mitad tienen comisión interna. Pero en la única en la que alguna vez se realizó un paro en demanda de mejoras laborales sin delegados ni sindicato fue en la de Córdoba Sur, el 15 de mayo pasado: cajeras, repositores, personal de ventas, todos juntos reclamaron un aumento salarial.
En Córdoba Capital existen tres sucursales de la empresa Walmart, entre las tiendas que carecen de cualquier tipo de representación sindical se destaca la de Avenida Circunvalación 2557, dominio del dirigente mercantil Pablo Chacón. Tiene 3 años de antigüedad y no tiene delegados.

CATEDRAS BOLIVARIANAS EN BUENOS AIRES / MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU VINCULACIÓN CON CRIMENES DE LESA HUMANIDAD / El caso Clarín, HABLA PABLO LLONTO

CATEDRAS BOLIVARIANAS EN BUENOS AIRES / MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU VINCULACIÓN CON CRIMENES DE LESA HUMANIDAD / El caso Clarín, HABLA PABLO LLONTO

MIERCOLES 23 DE JUNIO, 19 HORAS

en la Casa Cultural del Peronismo Revolucionario (Rodríguez Peña 58, Ciudad de Buenos Aires)


MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU VINCULACIÓN 

CON CRIMENES DE LESA HUMANIDAD  

EL CASO DEL DIARIO "CLARÍN" Y "LA NACIÓN", LAS PRUEBAS DEL ADN QUE DETERMINAN QUE LOS HIJOS DE LA PROPIETARIA DE "CLARÍN" SON HIJOS DE DESAPARECIDOS.  LAS MANIOBRAS MAFIOSAS PARA APODERARSE DEL PAQUETE ACCIONARIO DE PAPEL PRENSA.

  

Se proyectará:

 

 "EL DIARIO DE AGUSTÍN"

(sobre la relación que el centenario diario chileno "EL MERCURIO", cuyo propietario es Agustín Edwards,  tuvo con la dictadura pinochetista y su ligazón con la derecha actual)

 

       

Hablará:    PABLO LLONTO, periodista y abogado por la acusación en el reclamo a la propietaria de Clarín, por la apropiación de hijos de desaparecidos.

Foto: Ernestina Herrera de Noble, brindando con Videla

IMPORTANTE: EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE LEY

En provincia de Buenos Aires se sancionó la Ley 14042 por la que se da una pensión vitalicia de $ 2.700 a todas aquellas pesonas detenidas legal o ilegalmente entre 1976 y 1983, que hayan tenido al momento de la detención domicilio en la Provincia.

Creo que corren plazos para hacer el trámite, así que hay que averiguar rápidamente.

El trámite puede tardar, pero sale.

Por favor pasar a todos aquellos que puedan acceder

 

LEY 14042

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE LEY

ARTÍCULO 1º: Establécese una pensión graciable para aquellas personas que durante el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 hayan sido condenadas por un Consejo de Guerra, puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y/o privadas de su libertad, como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo, por causas políticas, gremiales o estudiantiles.


ARTÍCULO 2°: Podrán acceder al beneficio que se establece por la presente, las personas comprendidas en el artículo anterior, con domicilio real en la Provincia de Buenos Aires al momento de su privación de libertad, y que no resulten beneficiarios de una prestación nacional, provincial o municipal, derivadas de la misma situación.


ARTÍCULO 3°: Las personas que reúnan los requisitos y soliciten el beneficio de la presente Ley deberán presentar la solicitud ante el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, en las formas y condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación.


ARTÍCULO 4°: En caso de fallecimiento del beneficiario serán acreedores al beneficio los derecho-habientes en el siguiente orden:

a)      Cónyuge supérstite o concubina que pruebe la convivencia de acuerdo a la normativa previsional vigente.

b)      Hijos menores de edad al momento del fallecimiento y hasta su mayoría de edad.

c)      Hijos incapacitados para el trabajo, mientras dure la incapacidad.

ARTÍCULO 5°: El monto del beneficio previsto en la presente Ley será equivalente al nivel de remuneración del personal superior categoría 24 de la Ley 10.430 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 6°: El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

ARTÍCULO 7°: Autorizar al Poder Ejecutivo a realizar, dentro del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recurso del Ejercicio correspondiente, las adecuaciones presupuestarias necesarias tendientes al cumplimiento de la presente Ley.

ARTÍCULO 8°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los dieciséis días del mes de septiembre de dos mil nueve.

El texto de la ley está en:  http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14042.html

Obreros industriales en la CTA: Los jinetes del ave fénix

Obreros industriales en la CTA: Los jinetes del ave fénix

Carlos Saglul (ACTA)

La masacre de la mayoría de sus delegados y dirigentes combativos, la apertura indiscriminada de los mercados, la reconversión tecnológica, el cierre de miles de empresas con el consiguiente terrorismo disciplinador que significó la desocupación, fueron todas plagas que no lograron terminar con los trabajadores industriales.

Combatiendo la falta de libertad sindical, bajos salarios, flexibilización laboral, definiendo como una asignatura pendiente la concreción de una política estratégica de desarrollo industrial desde el Estado, los obreros de la rama fabril de la Central de Trabajadores de la Argentina son los jinetes de una actividad que, reducida a cenizas por el ajuste y el neoliberalismo, como el ave fénix aún vuela.
El 8 de octubre de 1999, en el Teatro Margarita Xirgu de la ciudad de Buenos Aires se realizaba el Congreso Fundacional de la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (FeTIA-CTA). Asistieron al encuentro unos 230 congresales. Estuvieron representados, entre otros, metalúrgicos, trabajadores del neumático, el azúcar, la celulosa, refinerías de maíz. En la oportunidad habló el histórico dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica, Alberto Piccinini.
La represión en Villa Constitución, en marzo de 1975, cuando todavía casi nadie en la izquierda dudaba del destino revolucionario de la clase obrera industrial, fue un ensayo del posterior genocidio de la dictadura militar, derrota y retroceso del campo popular que se complementaría más tarde, con terrorismo económico que ejerció el menemismo y la casi desaparición de la industria nacional.
En el 73, comisiones internas independientes ganan en las fábricas Acindar, Maratón y Metcon. Un año después hay elecciones en la Unión Obrera Metalúrgica. El entonces secretario general del gremio, Lorenzo Miguel, ordena separar a “los zurdos” del gremio. Los obreros toman las fábricas, retienen a los gerentes. Ponen tanques de gasoil en las entradas y amenazan con hacerlos explotar si las fuerzas de la represión intervienen. Luego de una larga pelea ganan, pero la burocracia y las patronales jamás le perdonarán esa victoria.
Piccinini, ya estaba al frente de los metalúrgicos cuando la presidente Isabel Martínez de Perón se reunió con el gerente de Acindar, Alfredo Martínez de Hoz, quien posteriormente sería ministro de Economía de la dictadura militar. En ese encuentro se dio carta blanca a la represión.
Alberto Piccinini, o simplemente “Picci”, y toda la conducción fueron detenidos. Una caravana de dos kilómetros de autos entró en Villa Constitución. Los falcons, patrulleros y carros de asalto transportaban policías y gendarmes pero también matones sindicales, parapoliciales de la organización que posteriormente se conocería como la Triple A. La resistencia obrera es acallada con presos, torturados y muertos. Piccinini pasa largos años en la cárcel. Hoy, nuevamente, es secretario general de la UOM de Villa Constitución más convencido que nunca que si “hoy tenemos comisiones internas defendiendo los derechos de los compañeros es sin lugar a dudas el resultado de la lucha de los trabajadores que pagaron con la cárcel, a veces con la vida, ser consecuentes con los intereses de su clase”.
El dirigente metalúrgico, congresal nacional de la CTA, dice que “la principal lección que sacamos de todo lo que pasó es la necesidad de la unidad de la clase trabajadora alrededor de la defensa de sus derechos. Hay que dejar de lado las diferencias partidarias, de organización y unir por sus intereses a la clase trabajadora. Es la única manera de cambiar la relación de fuerzas. Y esto último es lo que necesitamos, si pretendemos una vida digna para el trabajador”.
Cuando se le pregunta como fue su reencuentro con Lorenzo Miguel, dice casi lacónico, “ellos decían que no tuvieron nada que ver. Cuando nos vimos eran otras épocas, difíciles para la clase trabajadora, pero otros tiempos, ahora miramos al futuro tratando de reconstruir el poder de los trabajadores organizados en nuestra Central”.
Nuevas tecnologías y despidos
El secretario adjunto de la Central de Trabajadores de la Argentina y actual titular de la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines, Pedro Wasiejko, recuerda que los cambios tecnológicos que empezaron en los setenta significaron en su gremio, el Sindicato Unido de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA-CTA), cientos de despidos. No fue la excepción, entre 1976 y 2001 en el país se cerraron 250 mil industrias. La Argentina industrial que presagiaron los primeros gobiernos peronistas terminó siendo barrida del mapa dejando lugar a un país exportador de productos sin valor agregado, hoy: minería a cielo abierto, monocultivo de soja.
Festejando el golpe de estado de 1976, el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, recomendaba a las autoridades militares que “abandonen el modelo industrial de posguerra tan conflictivo y retomaran el modelo agroexportador”. Las instrucciones fueron cumplidas al pie de la letra, treinta mil desaparecidos mediante, la mayoría trabajadores, referentes de fábrica, cuadros sindicales.
El secretario general del SUTNA cuenta que “llegamos al gremio en 1983 luego de vencer a una conducción que había estado alrededor de treinta años. En esa época no se toleraba la menor disidencia interna en las fábricas, a tal punto que la dictadura militar ni siquiera creyó necesario intervenir al gremio”. Según señala Wasiejko, “la actividad había empezado a ser diezmada aún antes de la dictadura militar por la reconversión tecnológica. Ese ciclo se terminó de cerrar con la flexibilización laboral que trajo el menemismo”.
Piccinini coincide: “Nosotros no nos oponemos a la reconversión tecnológica. Con lo que no estamos de acuerdo es con la reconversión de obrero industrial en un desaparecido social, es decir un desocupado”.
Wasiesjko indica que si bien gran parte del gremio del neumático terminó desapareciendo por aquella época, “eso se ha ido revirtiendo en parte. Tenemos 3.800 afiliados en el Gran Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. Hemos crecido también en Rosario, Mar del Plata y otras zonas del país”.
Al referirse al “Villazo” y otras expresiones históricas de la combatividad obrera en los setenta, Wasiejko asegura: "Los pueblos siempre quieren justicia social, condiciones de vida digna. Lo que cambia de una coyuntura a otra son la organización y las condiciones. Por eso estamos en la Central de Trabajadores de la Argentina, buscamos esa necesaria organización que nos acercará a la posibilidad de un país mas justo".
Ambos dirigentes de la rama industrial de la CTA hablan de la necesidad de terminar con la tercerización. Wasiesjko sostuvo que en el último tiempo se han podido incorporar a la planta permanente alrededor de 500 trabajadores. Reconoce que hay más ocupación, pero advierte que se está lejos de llegar a los porcentajes históricos, antes del ajuste neoliberal. “La devaluación permitió alguna reactivación industrial. El problema es que llegamos al máximo de utilización de la capacidad instada y no hay expansión posible sin nuevas inversiones. El problema central es que no hay nada más conservador que los empresarios a la hora de invertir".
Interrogado sobre el rol del Estado en el relanzamiento productivo del país, respondió: “Hay empresas que son estratégicas y deben estar en manos del Estado, otras en cambio pueden ser simplemente reguladas. Hay que tener una política clara en materia industrial. Un ejemplo reciente lo dio Brasil. Introducen la norma japonesa de televisión digital en gran parte del continente pero se aseguran que la planta esté instalada en Manaos no en Tokio. Incorporan tecnología y empleo".
En cuanto a los salarios del sector, Wasiejko reconoce que últimamente se ha mejorado. El sueldo promedio en su sindicato ronda los seis mil pesos.
Fraude laboral
Héctor José Matías es secretario gremial del Sindicato de Obreros y Empleados de Refinerias de Maíz de Baradero, sector donde también pegó duro la desocupación. “Los adelantos tecnológicos implicaron que perdiéramos el cincuenta por ciento de los afiliados”. Igual que el resto de los entrevistados, señala a la tercerización como el gran enemigo ya que “toman gente a través de agencias con el objetivo del ignorar derechos y flexibilizar al trabajador”. En matrería salarial, señala que los sueldos están entre 3 y 6 mil pesos, lo que si bien “no es lo ideal, significa un avance si lo medimos históricamente”.
Matias destacó los avances en materia de salud y en ese sentido subraya que de los 28 mil habitantes de Baradero, la obra social de su gremio atiende a 10 mil.
Otra de las nuevas organizaciones gremiales de la actividad privada industrial que han adherido a la CTA es el Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Afines (SITRAIC). La Delegación Tucumán, luego de un plenario con otras organizaciones que integran la FeTIA, decidió afiliarse a la Central de Trabajadores de la Argentina.
Figuran como delegado y subdelegado regional Luis Luna y Ricardo Castillo respectivamente, quienes fueron puestos en funciones en 2009 por el secretario general de la conducción nacional del gremio, Víctor Grosi.
Precisamente Grosi, titular del SITRAIC, que tiene su base de acción más importante en la zona de Lomas de Zamora, adelantó que “los trabajadores de la industria de la construcción de la región nos ponemos de pié frente a los empresarios que se han venido enriqueciendo en los últimos años, para que sostengan y garanticen los salarios de los trabajadores. No aceptaremos despidos masivos ni indiscriminados, y tampoco trabajo en negro ni de indocumentados, no porque sean extranjeros sino porque se merecen trabajo en condiciones dignas y salarios justos”.
Zona franca
Roberto Villaola es dirigente de la asociación sindical que reúne a un sector de los filteros de Mar del Plata. “Esto es tierra de nadie, la gran mayoría de los compañeros, alrededor de ocho mil, está en negro. La industria del pescado está en manos de no más de veinte compañías. Una vez obtenido el pescado, se lo entregan a supuestas cooperativas”.
“El 75 por ciento de los compañeros está en negro. Cuando te presentás a pedir trabajo, si te quejas perdiste. Ni se te ocurra hablar de jubilación, obra social. Te dicen que si no te gustan las condiciones de contratación te las podes tomar y como la gente tiene hambre, acepta cualquier cosa. Seguimos siendo una de las ciudades con mas desocupados por mas que algunas encuestas digan lo contrario”.
A través de centenares de denuncias, los fileteros lograron algunas inspecciones del Ministerio de Trabajo, pero “lo que pasa es que ellos arreglan o esconden a la gente cuando aparecen los inspectores”. No obstante, Villaola subrayó que "esto no sería posible sin la complicidad de burócratas que están en las más altas esferas".
Hay funcionarios locales que atienden desde los dos lados del mostrador. Por ejemplo, “son dueños de astilleros y en esos astilleros le hacen mantenimiento a los barcos chinos que depredan nuestras riquezas”. Agrega que "de los sindicatos tradicionales ni hablar, son parte de la patronal".
Pone como ejemplo una reciente reforma convencional del sindicato tradicional del pescado que incorporó la figura de las pequeñas y medianas empresas."Eso lo hicieron en complicidad con los patrones. Las grandes empresas se dividen en dos o tres pequeñas unidades laborales a través de testaferros y los compañeros que eran trabajadores estables pasan a tener condiciones de laborales similares a las de compañeros que están en negro".
No son de plástico
Silvia Phul de la Nueva Organización Sindical de Trabajadores de la Industria del Plástico de Mendoza (NOSTIP-CTA) retoma el tema de la relación existente entre flexibilización y precarización laboral y falta de libertad sindical. "Hasta ahora la legalidad que tenemos es la representación de la mayoría de los compañeros. Empezamos a organizarnos en la fábrica Petro-Plas que tiene unos 300 empleados. Lo primero que te das cuenta al conocer ese establecimiento es que se encuentra casi en medio del desierto y no es casual. No respetaban la menor norma de seguridad e higiene”.
Los compañeros trabajaban expuestos todo tipo de gases tóxicos con simples barbijos de tela. “Ahora hemos logrado que se respete toda la reglamentación en materia laboral y tengan las máscaras necesarias para su tarea, así como otros implementos. Estamos investigando el caso de un compañero que se murió. La autopsia reveló gran cantidad polvo de lana de vidrio en sus pulmones".
"Este tipo de empresas -cuenta Silvia- se caracteriza por contratar gente muy joven que es la que tiene mayor resistencia. Supongo que la idea es que cuando se enfermen, ya no estén más aquí".
La pelea de los trabajadores del plástico no ha sido fácil. Uno de los compañeros de la conducción, Diego Castro, fue despedido. Acudimos a la Justicia que ordenó su reincorporación. Hay tanta impunidad que la empresa se niega y en esa lucha estamos. Ya antes habíamos tenido otra batalla legal con la suspensión de 18 compañeros y también la ganamos".
La dirigente de la industria del plástico informa que los salarios están bajos por lo que reclaman un aumento del 30 por ciento "También estamos en la lucha por horas extras no abonadas que el gremio tradicional no reclama. Estamos trabajando en programas de higiene y capacitación. Es fundamental que los compañeros conozcan sus derechos para poder defenderlos".
Silvia advierte que la empresa Petro-Plas, que tiene plantas en Ecuador y Brasil, estaría desviando hacia esos países trabajo para poder justificar una reducción de personal. Advirtió que "le vamos a pedir el Procedimiento Preventivo de Crisis para que demuestren que es verdad que se vinieron abajo las ventas o hay otra cosa. Si ellos creen que somos de plástico que van a descartarnos cuando se les antoja se van a encontrar con una gran sorpresa", advierte la militante ceteatista.
Azúcar amarga
En algunos casos la actividad del obrero del ingenio azucarero no se ha tornada más fácil con los años y los avances en materia tecnológica, especialmente la de aquel que trabaja con el machete. “No es fácil andar toda la jornada bajo la lluvia, el frío. Los compañeros tienen problemas de corazón, pulmonares. Algunos ingenios tienen obra social propia, otras quebraron y la situación se torna más difícil en materia de asistencia sanitaria”. Nuestro interlocutor es Enrique Alejandro Wandschneider, abogado laboralista de sindicatos de la industria del azúcar de Jujuy y Salta.
Wandschneider, admite que “tampoco nos podemos alegrar cuando traen una cosechadora ya que significa no menos de cuatrocientos puestos de trabajo menos. La tecnificación es buena siempre que esté al servicio del hombre y no de generar ganancia para unos pocos y miseria por doquier”.
“Recién ahora a través de la nueva forma de organización sindical que nos dimos a través de la Central de Trabajadores de la Argentina, estamos revirtiendo estas condiciones de trabajo y explotación históricas”, afirma Wandschneider, integrante del Observatorio Jurídico de la CTA en el NOA. Abogado y asesor legal de distintos sindicatos azucareros, comenta que “los dirigentes del viejo modelo sindical no discutían condiciones de trabajo y los salarios, por supuesto siempre negociaban a la baja”.
Las organizaciones de trabajadores de la industria del azúcar enrolados en la CTA suman a más de seis mil compañeros en Salta y Jujuy. La mejoría en las condiciones de trabajo corre pareja a la organización gremial y la presión que se puede hacer sobre la patronal.
Wandschneider señaló que superada la etapa de la dictadura militar que pegó duro en la zona con desaparecidos y muertos, y la crisis que significó el cierre de ingenios durante el menemismo, comenzó a surgir una camada de nuevos dirigentes que son los que forman las actuales comisiones internas.
“Yo los llamo dirigentes sociales, son compañeros que están en el campo y la empresa, que todo lo resuelven mediante la asamblea y la participación de la gente”. Aclara que “no son trabajadores rurales como se supone generalmente sino obreros, ya que ésta es una actividad agroindustrial con sus fábricas”.
En materia salarial, subraya que “en la negociación a nivel de fábrica obtenemos mejores salarios que en la paritaria general, aunque estamos tendiendo a que eso se revierta. Se debe entender que el obrero azucarero requiere a nivel de sus remuneraciones de una reparación histórica, en razón de la situación desesperante a la que lo llevaron las conducciones de burócratas sindicales y dirigentes amarillistas”.
Wandschneider dice que “a la actividad nunca le fue mejor”. Afirma que “en parte se debe a la gran demanda de caña de azúcar para fabricar alconafta”, Cuando se le pregunta por el alto precio en Buenos Aires del producto y su ausencia en la góndolas de los supermercados, no descartó que haya cierto acaparamiento por algunas industrias antes de la suba de precio, por ejemplo en el caso de las fabricas de golosinas.
En el fin del mundo
José Molina es el secretario general del Sindicato de Obreros Textiles Fueguinos (SIOTEF-CTA) una organización sindical de nuevo tipo que ha sobrevivido a los embates de las empresas en connivencia con el sindicalismo empresarial.
A su juicio, “no puede ser que los patrones vengan a Tierra del Fuego, se beneficien con las leyes de promoción industrial para facturar millones de dólares sin distribuir nada. Y encima tampoco quieran mantener el empleo”.
Molina aseveró que “hay que avanzar en la protección de los trabajadores, porque la legislación no puede proteger sólo a los empresarios sino también a los trabajadores”.
Cabe consignar que durante el año 2006 se fundó el Sindicato de Obreros Textiles Fueguinos que, a diferencia de otros colectivos, comenzó a representar inmediatamente después de su fundación, justamente por la ausencia de toda otra representación ante el abandono del sindicalismo empresarial.

Para Molina “pese a todas las dificultades y con el absoluto respaldo de la CTA, seguimos construyendo nuestro futuro creciendo en organización, presencia y representación entre los obreros textiles de Tierra del Fuego”.

Movilización por la absolución de Juan Carlos Beica‏

Movilización por la absolución de Juan Carlos Beica‏

El miércoles 16, a partir de las 11 horas tendrá lugar el informe "in voce" mediante el cual Juan Carlos Beica reclamará la absolución de la condena de 6 meses en suspenso que le impuso el juez Ventolila por solidaridarse con el pueblo palestino.

Convocamos a marchar por la absolución del compañero y por la libertad de Roberto Martino, ambos procesados por la justicia por enfrentar y cuestionar al régimen sionista, el mismo que acaba de asesinar varios activistas pacifistas que pretendían llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, bloqueada por el ejército genocida de Israel.

Miércoles 16 de junio, 11 horas en la calle Libertad al 1000, tribunales de Ciudad de Buenos Aires

CONVERGENCIA DE IZQUIERDA