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Imaginarios políticos en Arabia Saudí: Revolucionarios sin revolución

Imaginarios políticos en Arabia Saudí: Revolucionarios sin revolución

Rosie Bshir
Jadaliyya


La contrarrevolución que dirige actualmente Arabia Saudí, feroz como lo ha sido en todo el mundo árabe, es quizás más implacable dentro de las fronteras del propio reino. Fuerzas de seguridad entrenadas y armadas por Estados Unidos han sido enviadas con más contundencia por todo el país para frustrar cualquier señal de posibles asambleas o protestas populares. Solo en el último año, al menos ocho ciudadanos saudíes han sido asesinados por participar en protestas públicas. A ello se suma la implacable brutalidad policial contra civiles desarmados que ha dejado a muchos hombres y mujeres heridos. Además, han detenido ilegalmente a centenares de personas en todo el país por apoyar los llamamientos a la reforma y a la protesta. Este tipo de violencia e intimidación no se ha dirigido únicamente contra quienes han intentado tomar la calle. A decenas de personas se les ha prohibido viajar, han sido puestas bajo arresto domiciliario, o se les ha prohibido escribir en la prensa saudí simplemente por criticar elstatu quo. Otros se han visto obligados a firmar compromisos formales de que no participarán en actos que “desafíen las leyes y las normas del Estado”. Se han clausurado varios blogs y dos twiteros han sido detenidos y se enfrentan en la actualidad a la posibilidad de una sentencia de muerte. En resumen, decenas de ciudadanos han sido intimidados para que se callen.

Los actos arriba mencionados solo dan cuenta de lo que se escarba en la superficie de las consecuencias que se viven por la campaña contrarrevolucionaria en el interior de Arabia Saudí. Se suma a esta cruda realidad el bloqueo informativo que el imperio mediático saudí ha conseguido imponer sobre los acontecimientos locales. Sus medios han conseguido secuestrar y recrear los acontecimientos desde Saná y Manama a Damasco y Muscat. Resulta, sin embargo, igualmente alarmante que los medios de comunicación controlados por Arabia Saudí hayan podido silenciar el flujo de información sobre los acontecimientos locales, tanto dentro como fuera del país. La mayoría de los sitios de Internet que contienen información crítica de la familia real saudí, así como aquellos que simplemente transmiten los llamamientos que desafían el status quo, están bloqueados. Así ocurre especialmente con las webs en lengua árabe y las del interior del país. Las leyes de los medios de comunicación se han vuelto más estrictas y la transmisión de información o de imágenes de las protestas saudíes conlleva una pena de prisión de hasta diez años y miles de dólares en multas. No es de extrañar pues que exista una importante desconexión informativa entre las personas que viven en Arabia Saudí y no sólo entre las que están en el extranjero. En cualquier momento, los residentes de la mayoría de las ciudades saudíes se quedan a oscuras respecto a lo que está sucediendo a pocos kilómetros de distancia, por no hablar de otras ciudades saudíes.

Las leyes cada vez más estrictas y el bloqueo informativo contrastan, no obstante, con las pequeñas pero consistentes protestas por todo el reino. Cada semana, hombres y mujeres saudíes se concentran ante diversos ministerios del país para exigir las más simples reivindicaciones que incluyen el aumento de los salarios, la restitución del puesto de trabajo de forma permanente como se prometió, cobrar cuando corresponde y obtener los retrasos de tierras o de subsidios. A pesar de su regularidad, esas concentraciones —cuando la noticia de su aparición llega realmente a los medios de comunicación— se presentan como si fueran los funcionarios quienes abrieran sus puertas a los ciudadanos de a pie para resolver sus problemas. En el Ministerio del Interior en Riad, las protestas que exigen la liberación de los presos políticos —un acontecimiento semanal sólo hace unos pocos años— se han detenido en los últimos diez meses debido a la gran atención que han recibido. Hasta hace unas semanas, cuando el tema de lospresos políticos resurgió una vez más, cualquier mención de los derechos de los presos se despachaba sumariamente como una reivindicación estrictamente chií, lo que en la jerga de los sectarios medios de comunicación saudíes significa que realmente no es un problema nacional que merezca atención.

Los actos de protesta no se han limitado a ministerios del Gobierno. Los empleados de diferentes departamentos de grandes empresas como la Saudi Airlines y la Saudi Telecom Company (STC) han estado en huelga durante días, a veces semanas, por la corrupción generalizada, el deterioro de las condiciones de empleo y las prácticas discriminatorias en el lugar de trabajo. En varias ocasiones, estos empleados consiguieron bloquear momentáneamente una de las intersecciones de mayor actividad de Riad, la Calle Olaya frente a la Torre del Reino, antes de que la policía antidisturbios los dispersara rápidamente. A principios de marzo de 2012, tras las protestas estudiantiles más importantes que se llevaron a cabo en la Universidad Rey Saud, de Riad, más de cinco mil mujeres se concentraron en la Universidad Rey Jalid, de Abha. A diferencia de lo que afirmaron los medios de comunicación y los responsables oficiales, en su mayoría sectarios y despectivos en el tono, las estudiantes habían expresado su indignación por las corruptas medidas administrativas, por prácticas de género discriminatorias y por políticas cada vez más restrictivas. La seguridad del Campus permitió a la policía del Estado acceder a la Universidad para reprimir la protesta. Como resultado, una estudiante fue asesinada, otra sufrió un aborto involuntario y otras cuarenta resultaron heridas de gravedad. La historia fue rápidamente presentada por los medios de comunicación locales como una protesta estudiantil debido a que había basura en la Universidad. Las manifestantes habrían atacado a los empleados de la Universidad y en el proceso se hirieron entre ellas. Al igual que con otros incidentes en Arabia Saudí que requieren una investigación seria, se nombró una comisión para investigar el asunto mientras que a las “culpables” se les obligó a firmar compromisos y pedir disculpas por sus actos.

A puerta cerrada, saudíes de todos los sectores se expresan con libertad sobre el régimen corrupto y sobre la ironía que supone su apoyo al derrocamiento del régimen de Bashar al-Asad cuando ha reprimido brutalmente a los manifestantes en el igualmente autoritario Bahréin. No es de extrañar, sin embargo, que la crítica y los actos de oposición a los al-Saud que han tenido más repercusión se hayan producido en Qatif y en sus alrededores, en la Provincia del Este. Esa protesta raramente se menciona en Arabia Saudí, y mucho menos se reconoce incluso por quienes en otras partes del país se podría decir que hacen causa común con ellos. En Qatif, el paisaje de la revuelta ha sido drásticamente alterado desde la última vez que lo visité en junio. En la intersección entre la Calle Riad y la Carretera Rey Abdulaziz, en Qatif, la Rotonda de la Revolución —el punto de partida de las casi semanales protestas de los viernes— ha sido demolida. Pero sus restos aún son visibles en el suelo. Su importancia como símbolo de la solidaridad y del desafío permanece grabado en la memoria de la gente.

En el barrio de Ashuwaykah, al este de lo que era la Rotonda de la Revolución, la Carretera Rey Abdulaziz ha pasado a denominarse “Calle Revolución” [Shari’ al-Zawra] y es un lugar de manifestaciones semanales. Está lleno de fotografías de los siete jóvenes que fueron asesinados por las fuerzas de seguridad saudíes y de otros que recibieron disparos y han sobrevivido. Allí, cada rincón está cubierto de pintadas contra el régimen. La mayoría hacen referencia al príncipe de la corona, Nayif bin Abdulaziz, a sobrino, el gobernador de la Provincia del Este, Muhammad bin Fahd bin Abdulaziz, y a Hamad al-Jalifa, de Bahréin. Nayif y Muhammad bin Fahd son probablemente los príncipes más odiados en esa zona, si no en todo el país. Muhammad bin Fahd destaca por su corrupción endémica, por robar propiedad privada de ciudadanos locales y por llevarse beneficios de miles de millones apropiándose ilegalmente de terrenos públicos y revenderlos a inversionistas a precios exorbitantes. También se le conoce por haber participado en proyectos inmobiliarios ilegales en La Meca, entre otros sitios, y por haber favorecido a un puñado de familias suníes en la Provincia del Este a expensas de los demás. Nayif, por otra parte, es aún más temido por haber sido el arquitecto de la sangrienta represión de la rebelión chií de 1980. Aunque todo el régimen saudí, incluyendo el rey Abdullah, está implicado en esa histórica represión y en la actual contrarrevolución, a Nayif se le señala a menudo como el autor intelectual. En tanto que ministro de Interior, es igualmente responsable de la detención ilegal de presos políticos, algunos de los cuales han estado detenidos durante años sin cargos ni un juicio justo. Asimismo, está implicado en turbios negocios inmobiliarios, el más reciente, el relativo a su participación en la última parte de la Corniche Dammam, en la Provincia del Este.

En los últimos meses, las protestas en la Provincia del Este se han concentrado en al-Awamiyah, en la parte antigua de Qatif, en Seihat y en Tarut. Los manifestantes proporcionan de manera sistemática información falsa en la red sobre el momento y el lugar de las concentraciones y se mueven de un lado a otro con frecuencia para despistar a la policía. La fuerte presencia de efectivos de seguridad en Qatif los viernes contrasta con su casi ausencia durante los demás días de la semana, con la excepción de circunstancias especiales como las que tuvieron lugar en al-Awamiyah el 22 de marzo de 2012. Ese tranquilo jueves era día de comercio como de costumbre y no había vehículos a la vista. Sin embargo, ya se sabe que los informantes civiles [mujabirin] hacen el trabajo sucio a la policía. Muhammad Salih al-Zanadi, un joven militante que es también uno de los 23 organizadores de las protestas buscados, se paseaba casualmente por la calle principal de la ciudad. Se le veía feliz y lleno de vida. Horas más tarde se anunció que las fuerzas de seguridad le habían disparado cuando se cortaba el pelo en una barbería de la calle. Muhammad consiguió escapar con tres disparos pero fue detenido horas más tarde por las fuerzas de seguridad interna. La [presencia de la] seguridad fue contundente durante todo el fin de semana y se oyeron disparos de vez en cuando para ahuyentar a los manifestantes potenciales. Aunque los qatifíes no pudieron salir a la calle masivamente esa semana, han convocado una gran movilización para el viernes, 6 de abril de 2012.

Al liderazgo político y religioso tradicional de Qatif se le plantea un dilema sobre cómo seguir adelante después de que se ha derramado en la región sangre inocente. Todos ellos se oponen a que el régimen utilice violencia y tácticas de intimidación represoras. Algunos, sin embargo, no alcanzan a ver los beneficios de las continuas manifestaciones populares, especialmente las que exigen la caída y muerte de los al-Saud. El sheij Hassan al-Saffar, uno de los más respetados líderes religiosos y políticos de la región, no se pronunció en contra de la violencia policial hasta mediados de febrero de 2012, después de que las fuerzas de seguridad dispararan contra varios jóvenes qatifíes. Condenó al régimen por recurrir a la fuerza y por no poner en marcha una investigación seria sobre los asesinatos. Como destacada figura de la oposición, el sheij al-Saffar lideró la rebelión chií de 1980 en Qatif y más tarde desde su exilio en Damasco. Él y la restante oposición chií en el exilio regresaron a su país en la década de 1990 después de que el entonces rey Fahd prometiera aliviar las restricciones a los chiíes de Arabia Saudí. Desde entonces, ha operado dentro del sistema para mejorar la suerte de los qatifíes y garantizar más derechos para la comunidad chií. Ha sido durante décadas el aliado más fiable del régimen en la región. Sin embargo, se ha convertido en el objetivo constante de un desdeñoso y sectario ataque por parte de los medios de comunicación locales desde que se pronunciara públicamente en contra de la violencia del régimen. Para la mayoría de los qatifíes, incluso para quienes han criticado al sheij por trabajar con el régimen, él representaba la última esperanza de los chiíes en una solución pacífica.

No todos los qatifíes que son críticos contra el régimen respaldan a los manifestantes o lo que consideran como tácticas de oposición excesivamente confrontadoras. Muchos residentes de la zona, al igual que otros ciudadanos árabes, prefieren una solución más pacífica a la crisis actual. Tienen el fantasma de la violencia del régimen en la década de 1980 aún fresco en sus mentes y temen por sus seres queridos y por su futuro. Que Nayif deba acceder al trono después del rey Abdullah, si es que sobrevive a la hemorragia cerebral que sufrió recientemente, no viene sino a sumarse a sus ansiedades. No obstante, la firme posición del régimen contra todos los llamamientos para el cambio no augura nada bueno para quienes pretenden trabajar dentro del sistema no importa cuán corrupto sea. A pesar de las lecciones de los levantamientos árabes, la familia gobernante insiste en presentarse como invencible y se niega a llevar a la justicia a los funcionarios que han cometido graves violaciones de derechos humanos en el último año. Hasta los ciudadanos de fuera de Qatif que durante el último medio año se han creído lo del seductor paquete de reformas del rey Abdullah se están dando cuenta de la futilidad de tales promesas vacías. Sin embargo, el régimen sabe que tiene motivos para sentirse invencible. Después de todo, la vida sigue con una normalidad espeluznante a sólo quince minutos de la revolucionaria Qatif. En Dammam y al-Jubar, las otras principales ciudades de la Provincia del Este, Qatif y su política parecen muy distantes. Al igual que otras acciones de protesta que, dada la represión saudí, constituyen hitos pero sirven, no obstante, de poco para obligar al régimen saudí a dar respuesta a cualquiera de las reivindicaciones de los ciudadanos saudíes. En todo caso, el régimen cuenta con las divisiones regionales, además de las diferencias religiosas, sectarias, ideológicas, de clase social y políticas para impedir que emerja cualquier forma de solidaridad nacional. Mientras los jóvenes saudíes que expresaban sus convicciones caían asesinados por disparos este mes en Abha y Qatif respectivamente, la familia gobernante apoyaba una primavera diferente en la capital: el Festival de la Primavera de Riad , la única que florecerá en el reino en un futuro previsible.

Fuente: http://www.jadaliyya.com/pages/index/4896/political-imaginaries-in-saudi-arabia_revolutionar 

Traducción para Rebelión de Loles Oliván.

Argentina, Neuquén: A 5 años del asesinato del compañero Carlos Fuentealba seguimos exigiendo juicio y castigo a todos los responsables

Argentina, Neuquén: A 5 años del asesinato del compañero Carlos Fuentealba seguimos exigiendo juicio y castigo a todos los responsables

SINDICATO OBREROS CERAMISTAS DE NEUQUÉN

 

Este próximo 4 de abril, se cumple un año más del asesinato del compañero Carlos Fuentealba, seguimos exigiendo cárcel efectiva a los autores materiales e intelectuales de la represión y el fusilamiento público de nuestro compañero de clase.

La impunidad que continúa garantizando el actual gobernador Sapag es la que permite y permitió que el principal responsable político de la brutal represión, Jorge Sobisch estén aún libre.
La movilización y la lucha llevaron a la cárcel al autor del disparo que se cobró la vida de nuestro compañero, y es así como vamos llegar a la condena de todos los responsables, con los métodos propios de nuestra clase, el paro general y la movilización.
No confiamos en esta justicia claramente de clase, que deja correr y dilata con miles de maniobras, que responde a decisiones políticas, que siempre actúa contra los trabajadores y los luchadores y permite la impunidad de los responsables políticos y los empresarios que también agitaron con declaraciones públicas y solicitadas el desalojo que culminó con la represión y el fusilamiento público de un trabajador.
Sapag no es diferente a Sobisch, tienen el mismo objetivo, reprimir el reclamo de los trabajadores y los luchadores populares. Pero también con claras políticas privatistas de la educación, incrementando las partidas presupuestarias destinadas a los empresarios que hacen de la educación una mercancía.
El MPN históricamente ha reprimido la protesta social, ya sea con sus fuerzas represivas o con la utilización de patotas, como fue aquel 30 de marzo del 2006 con sus punteros disfrazándolos de supuestos trabajadores de la construcción en Plaza Huincul y que tuvo continuidad con la represión en Arroyito un año después donde asesinaron a nuestro compañero.
En la actualidad se alinea con la política nacional de Cristina y avanza en la “represión judicial”, procesando a los que luchamos por trabajo, educación, salud, viviendas y las tierras propias de los pueblos originarios. Pero también atacando en cada discurso a los trabajadores y nuestros derechos.
Por todo esto seguimos exigiendo juicio y castigo a todos los responsables materiales y políticos del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuentealba.
Desde el Sindicato Ceramista convocamos a movilizarnos masivamente por el juicio y castigo a TODOS los responsables políticos y materiales del fusilamiento publico de nuestro compañero, como así también exigimos el inmediato esclarecimiento del atentado sufrido por nuestras Madres de Plaza de Mayo.
Basta de represión. Basta de perseguir, espiar y judicializar a los que luchamos en defensa de nuestros derechos.

Cuba. Reflexiones del compañero Fidel Castro: El mundo maravilloso del capitalismo

Cuba. Reflexiones del compañero Fidel Castro: El mundo maravilloso del capitalismo

La búsqueda de la verdad política siempre será una tarea dura, aun en nuestros tiempos cuando la ciencia ha puesto en nuestras manos un gran número de conocimientos. Uno de los más importantes fue conocer y estudiar el fabuloso poder de la energía contenida en la materia.

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El descubridor de esa energía y su posible empleo era un hombre pacífico y bonachón que, a pesar de su repudio a la violencia y a la guerra, solicitó su desarrollo a Estados Unidos, presidido entonces por Franklin D. Roosevelt, de conocida posición antifascista, líder de un país capitalista en profunda crisis, que había contribuido a salvar con fuertes medidas que le ganaron el odio de la extrema derecha de su propia clase. Hoy ese estado impone al mundo la más brutal y peligrosa tiranía que ha conocido nuestra frágil especie.
Los despachos procedentes de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN se refieren a las fechorías cometidas por ellos y sus cómplices. Las ciudades más importantes de Estados Unidos y de Europa reflejan constantes batallas campales entre los manifestantes y la policía bien entrenada y alimentada, con carros blindados y escafandras, repartiendo golpes, patadas y gases contra mujeres y hombres, torciendo manos y cuellos de jóvenes y viejos, mostrando al mundo las cobardes acciones que se cometen contra los derechos y la vida de los ciudadanos de sus propios países.
¿Hasta cuándo pueden durar semejantes barbaries?
Para no ser extenso, ya que estas tragedias se irán presentando cada vez más por la televisión y la prensa en general, y serán como el pan que cada día se niega a los que menos tienen, citaré el despacho cablegráfico, recibido hoy, de una importante agencia de noticias occidental:
“Buena parte de las costas japonesas del Pacífico podrían quedar inundadas por una ola gigantesca superior a los 34 metros (112 pies) si se produjera un sismo poderoso, según los cálculos revisados de un panel del gobierno.
“Cualquier tsunami desencadenado por un terremoto de magnitud 9 en la depresión de Nankai, que va desde la principal isla nipona de Honshu hasta la isla sureña de Kyushu, podría alcanzar los 34 metros de altura, señaló el comité.
“Un cálculo anterior en el 2003 estimaba que la altura máxima de dicha ola sería inferior a los 20 metros (66 pies).”
“La planta de Fukushima había sido diseñada para resistir una tsunami de 6 metros (20 pies), menos de la mitad de altura de la ola que la impactó el 11 de marzo del 2011.”
Pero no hay razones para preocuparse. Otro despacho fechado hace dos días, el 30 de marzo, nos puede tranquilizar. Procede de un medio realmente bien informado. En breves palabras sintetizaré: “Si usted fuera futbolista, jeque árabe o directivo de una gran multinacional ¿Qué tipo de tecnología le haría suspirar?
“Recientemente, unos conocidos almacenes de lujo en Londres inauguraron una sección entera dedicada a amantes de la tecnología con abultadas billeteras.
“Televisores de un millón de dólares, cámaras de video Ferrari y submarinos individuales son algunos de los fetiches para hacer las delicias del millonario.”
“El televisor del millón de dólares es la joya de la corona.”
“En el caso de Apple, la empresa se compromete a entregar sus nuevos productos el mismo día de lanzamiento en el mercado.”
“Pongamos que hemos salido de nuestra mansión y ya estamos cansados de rondar por ahí con nuestro yate, limousine, helicóptero o jet. Todavía nos queda la opción de comprar un submarino individual o para dos personas.”
La oferta prosigue con celulares con carcasa de acero inoxidable, procesador de 1,2 GHz y 8 G de memoria, y tecnología NFC para realizar pagos a través del celular. Videocámara con sello Ferrari.
¡Verdad compatriotas que el capitalismo es cosa maravillosa! Quizás nosotros seamos culpables de que cada ciudadano no tenga un submarino particular en la playa.
Son ellos y no yo quien mezcló en este mismo saco a los jeques árabes y los directivos de las grandes transnacionales con los futbolistas. Al menos estos últimos entretienen a millones de personas y no son enemigos de Cuba. Debo aclararlo.
Fidel Castro Ruz
Abril 1 de 2012
8 y 35 p.m.

Argentina: Afloran los límites del modelo

Argentina: Afloran los límites del modelo

EDI

Transcurrida una década del reemplazo de la convertibilidad se generalizan los interrogantes sobre el rumbo de la economía. Las etapas de expansión sin obstáculos (2003-2008) y desajustes controlados (2009-2011) han quedado atrás y ganan visibilidad las grietas del modelo. Hidrocarburos, minería y ferrocarriles son áreas críticas, la sojización se afianza, la recuperación del empleo productivo pierde dinamismo y son numerosas las obstrucciones que enfrenta la reindustrialización.

La creciente extranjerización y concentración de la economía, el fracaso del intento de recreación de un sujeto burgués nacional, el dominio de las formadoras de precios, son rasgos cada vez más acentuados, mientras que la disputa por el excedente y la fuga de capitales, alimentan el proceso inflacionario y la perdida de competitividad deteriora las exportaciones industriales y amenaza el nivel de empleo.
Hay sin duda problemas de coyuntura. Cualquiera sea la evaluación del impacto que pueda depararnos la crisis capitalista mundial, ya nadie habla del “blindaje argentino”. El balance de divisas ve reducir su superávit y la situación fiscal se deteriora. Sin incrementar los recursos de la Tesorería habrá dificultades para repetir la receta del 2009 y sortear la caída de la actividad que se avecina, con gasto público o expansión del consumo.
¿Se agotó el modelo económico actual? ¿Hay margen para el desarrollo en un esquema que preserva el extractivismo? ¿Alcanzaron un techo las mejoras sociales y las importantes conquistas populares de los últimos años? En lo que sigue planteamos un balance poniendo énfasis en los problemas más acuciantes que enfrenta la economía argentina.
Parte I: Los desequilibrios estructurales
La depredación de los hidrocarburos
La situación energética del país no está colapsada, pero ha llegado a un límite que marca un estado de crisis aguda. Este se expresa en la debilidad de la producción hidrocarburífera; en la insuficiencia tanto de la capacidad de refinación instalada como de las redes de transmisión y distribución de los fluidos. También en lo embrionario de las energías alternativas. Pero en un país cuya matriz energética es fuertemente dependiente de los hidrocarburos (90%), sobre todo del gas, es allí donde se concentra el núcleo duro de la crisis latente.
Argentina es un país que tiene petróleo, lo sabemos desde hace ya más de 100 años, pero no puede decirse sea un país petrolero, puesto que el nivel de sus reservas comprobadas no permite esa caracterización. Sin embargo a fines de los ochenta logró el autoabastecimiento y pocos años después se transformó en un país exportador. En rigor se exportaban reservas (se calcula se exportaron algo así como el 50% de las comprobadas en petróleo y el 15% de las de gas) y el resultado ha sido inequívoco: pérdida del auto-abastecimiento y conversión de Argentina en importador neto de gas natural, fuel y gas oil.
Así la balanza energética ya no exhibe excedentes de 2041 millones de dólares como en el 2010, en 2011 el balance fue negativo en 2931 millones (fuente INDEC). Lo que se preanuncia son fuertes desbalances crecientes. Las importaciones de gas boliviano se duplicaron y los subsidios del Estado al sector energético aumentaron en forma exponencial. El problema no se limita a amenazas de cortes en verano o falta de gas en invierno. Ha emergido un gran obstáculo para toda la economía, derivado de la escasez estructural de combustible.
Así las reservas bajaron de 20 años, en los ’90, a 10 en 2009 y de 17,2 años, en el 2000, a 7,8 años, en 2009, respectivamente. Este desmoronamiento fue un resultado directo de la ausencia de exploraciones. En la década de los ‘80 se incorporaron 1026 pozos, en el decenio posterior 989 y en el siguiente 484.
REPSOL es el principal responsable de este desplome. Se apoderó de YPF cuando el barril que actualmente ronda los 100 dólares sólo costaba 20 y dedicó su gestión a vaciar los pozos ya descubiertos. Giró sistemáticamente utilidades al exterior e invirtió en otras regiones (Estados Unidos, Brasil, México, Caribe, África). Argentina figuró siempre como la principal fuente de ingresos de la compañía y la renta del subsuelo nacional fue destinada a abrir negocios en otras latitudes.
En sus propios balances se informa que esos lucros surgieron del vaciamiento de los pozos ya existentes. Esa extracción aseguró un altísimo nivel de rentabilidad. Sólo en el período 2008-2010 la empresa obtuvo beneficios netos por 13.380 millones de pesos y distribuyó el 90 % de esas ganancias.
Un fraude complementario fue perpetrado por los capitalistas argentinos aliados del gobierno (familia Eskenazi). Ingresaron a la compañía adquiriendo el 25 % de las acciones, con fondos surgidos de la distribución de las utilidades. No pusieron un solo peso y financiaron su compra con créditos solventados en el vaciamiento de la empresa. (1)
El gobierno participó directamente de esta operación. Destrabó obstáculos legales y sancionó ajustes de precios en los surtidores. Supuso que esta “argentinización” permitiría recuperar el control sobre un sector devastado por las privatizaciones. Pero el remedio fue peor que la enfermedad, puesto que los empresarios nacionales acentuaron el parasitismo de los ibéricos.
En los últimos meses este desastre comenzó a repercutir sobre la economía y obligó al gobierno a presionar por un incremento del abastecimiento. El oficialismo se enojó con sus viejos socios, quitó subsidios a las empresas (programas petróleo, refino y gas plus), denunció sobreprecios en el gasoil, cuestionó prácticas monopólicas (vender más caro a los transportistas que en los surtidores) y obligó a liquidar las divisas de exportación. Además, votó en el directorio de YPF contra el reparto de dividendos, amenazó con introducir fuertes regulaciones y desplegó una retórica muy beligerante (“no podemos volver a la época del Virreinato”).
Están por verse los resultados de esta confrontación. Las empresas siempre recurrieron al desabastecimiento para lograr mayores precios, creando reyertas con todos los gobiernos. El problema actual tiene otro alcance, puesto que se agotaron los pozos existentes. Se requieren inversiones de gran porte para buscar nuevos yacimientos o para explotar afluentes de elevado costo de extracción. La nueva cuenca de Neuquén podría aumentar significativamente las reservas comprobadas. Pero contiene combustible no convencional, cuya extracción entraña enormes riesgos ambientales y exige gastos dos o tres veces superiores al promedio actual.
Lo ocurrido con ENARSA demuestra la total inconsistencia de iniciativas oficiales sin recursos ni financiación. Esa empresa está constituida por un grupo de oficinas sin actividad real. Es titular de áreas off shore, pero no realizó operaciones significativas.
REPSOL no parece orientada a modificar sus políticas empresariales por las presiones del gobierno. Tampoco se muestra dispuesta a contraer deuda para subsanar el incumplimiento de sus viejos compromisos. Ni siquiera concretaría inversiones significativas si se alinean los precios locales del combustible con los niveles internacionales. (2)
Algunos funcionarios gubernamentales comienzan a buscar asociaciones privilegiadas con otras empresas (como Pan American), otros grupos (Bridas) y otros financistas (chinos). Pero un cambio de favoritismo no resolvería el problema de las inversiones faltantes.
La necesidad de la anulación de las concesiones y de la nacionalización surgen del simple incumplimiento de contratos, que estipulan la obligación de realizar las inversiones, que al no realizarse han llevado al vaciamiento de los recursos y a la emergencia energética actual. No sólo el país tiene argumentos jurídicos de sobra para adoptar esta decisión, sino que también puede litigar en tribunales internacionales por el fraude que ha cometido REPSOL. Obviamente esta controversia no podría procesarse en el ámbito del CIADI, que ya tiene preparados dictámenes a favor de las transnacionales antes del comienzo de cualquier juicio. (3)
La re-nacionalización de YPF es una alternativa considerada por todos los actores del sector. Incluso ha trascendido que los principales artífices de la privatización menemista habrían propuesto alguna modalidad de estatización que favorezca a REPSOL. Los Economistas de Izquierda sostenemos que hay que prestar mucha atención a la eventualidad de otra estafa, a través de alguna recompra de la compañía con fondos públicos, que terminaría siendo funcional a otros negocios privados.
Algunos proyectos en danza señalan la desventaja padecida por haber perdido la compañía estatal que mantuvieron Brasil, Uruguay o México. También se remarca el giro estatista que prevalece a escala internacional, desde el momento que 16 de las 20 mayores empresas del mundo pertenecen al sector público (4). Asimismo es posible concebir distintos modelos de gestión futura, otorgando suma relevancia a una asociación petrolera sudamericana.
Pensamos que es necesario estar atentos a los movimientos del gobierno y a las acciones que tome, que por el momento no parecen demasiado definidas, pero para nosotros resulta indispensable precisar si la renacionalización incluirá o no indemnizaciones. En el primer caso se aceptaría la estafa realizada y el país quedaría sin fondos para realizar las inversiones postergadas para explotar y extraer lo recursos. No basta acuñar una nueva denominación (YPF Federal) o hacer ondear la bandera de la recuperación energética. Hay que detallar cómo se instrumentará ese objetivo. La compra de la empresa (al contado, en cuotas o con deuda), abonando parcial o totalmente su precio bursátil (11.000 millones de dólares según la actual cotización accionaria en New York (Clarín 14.3.12), introduciría un quebranto de las finanzas públicas.
Para quiénes integramos EDI la única respuesta progresiva y transformadora a esta situación es la anulación inmediata de las concesiones, la re-nacionalización sin indemnización de YPF y la devolución constitucional de la propiedad del subsuelo que la Nación, Pacto de Olivos mediante, delegó a las provincias con la Reforma Constitucional del ‘94. Esta reforma fue perfeccionada por la llamada Ley Corta de fines del 2006, iniciativa del gobierno de entonces que el Congreso Nacional sancionó junto con exenciones impositivas inéditas a la actividad.
La transferencia del dominio que el Estado nacional históricamente tenía sobre los yacimientos y los permisos de exploración y concesiones a los estados provinciales, otorgó a los gobernadores la capacidad de negociar con las compañías abriendo así todo tipo de connivencias a espaldas del país. Para nosotros el destino de los hidrocarburos debe estar en manos del conjunto de la población y la gestión de este sector estratégico debe desenvolverse con transparencia y plena información pública.
Claro que la re-nacionalización y la recuperación para el Estado nacional de la propiedad del subsuelo debieran ser acompañada de un replanteo de todo el sistema fiscal, caso contrario se corre el riesgo de desfinanciar a las provincias, particularmente en sus programas de educación y salud.
Consideramos estas medidas como indispensables para reconstruir el abastecimiento.
Por otra parte remarcamos la estrecha vinculación entre la crisis energética y los actuales problemas de Cuenta Corriente. El problema energético obliga a gastar en combustibles los dólares que se necesitan para importar insumos y bienes de capital. Para nosotros es una contradicción que está inscripta al interior del propio modelo neodesarrollista y que expone una vez más las dificultades estructurales del sector externo.
El colapso ferroviario
La decadencia del sistema ferroviario viene de larga data, puede situarse un punto de inflexión en el inicio de la década del ’60 con el Plan Larkin, primer intento de redimensionar la empresa a favor del transporte carretero, luego se suceden años de marchas y contramarchas, de sucesión de políticas contradictorias que acentuaron su deterioro. La destrucción lenta pero continuada en el tiempo fue funcional a los intereses del transporte carretero, especialmente a las multinacionales de la industria automotriz. Esta opción llevó a la dilapidación de recursos escasos y muestra la irracionalidad capitalista y sus dramáticas consecuencias sobre la pérdida de vidas humanas, la polución y la degradación ambiental.
Pero en esta historia de décadas puede recortarse un período claramente diferenciado, el que se inicia a mediados de los’90 con las privatizaciones y que llega hasta nuestros días.
En poco menos de tres años bajo la figura de la concesión, la empresa estatal -monopólica y con déficit de servicios- se transformó en numerosas empresas de derecho privado. De 39.000 km en operación quedaron 22.000, de los que solo se explotan unos 7.500. De 95.000 trabajadores ferroviarios quedan en actividad unos 14.000. Pero hoy se transportan más pasajeros/km. y más toneladas/km que en aquellos años. La productividad y el beneficio empresario han crecido exponencialmente y ha sido la renegociación de los contratos a principios de la administración kirchnerista la que ha perpetuado estas condiciones.
Los servicios rentables - los de carga- quedaron concesionados a grupos económicos que solo incorporan mejoras tecnológicas y operativas hasta donde les resulta funcional a sus propios intereses. Los de pasajeros de mediana y larga distancia son casi inexistentes, los que tibiamente se repusieron lo hacen en pésimas condiciones de confort y seguridad. Pero son los servicios suburbanos de pasajeros los que están en el límite de sus posibilidades.
No obstante el carácter prebendario de la privatización, la gestión privada de las empresas no ha cumplido con los pliegos licitatorios. No han invertido, no pagan los cánones establecidos ni los inventarios que se les transfirieron a precio vil y el Estado asigna año a año mayores partidas presupuestarias para subsidiarlas.
El colapso de las líneas San Martín, Roca y Belgrano Sur, así como los accidentes que se sucedían en la línea Sarmiento anticipaban lo que podía suceder. A pesar de esto el gobierno nacional al tener que hacerse cargo de las líneas colapsadas no encontró mejor solución que darlas en gerenciamiento a los mismos grupos empresarios que se beneficiaron de la privatización ferroviaria y que continúan explotando otros servicios. Una suerte de asociación ilícita (Cirigliano, Roggio, Techint), con la activa participación de la mafia sindical que perpetró el asesinato de Mariano Ferreira.
No hubo inocencia en esta selección. Los Cirigliano recolectaron aportes para las campañas electorales del oficialismo, se hicieron cargo del manejo de empresas fantasmas por petición gubernamental (Safe, Fly) y pusieron su flota privada de jets para el transporte de funcionarios.
La reciente tragedia de Once demostró que lo que se anticipaba no era en vano. La muerte de 51pasajeros estuvo precedida por centenares de fallecidos en las líneas que gestionan los responsables del crimen. Ya es sabido que los frenos y los para-golpes no funcionan y que los vagones o vías están completamente obsoletos. Las formaciones circulan bajo amenaza de sanción a los trabajadores que denuncien los riesgos operativos. Todas las compañías incumplen normas de seguridad para abaratar costos y aumentar los ingresos con el número de pasajeros transportados.
Pero el caso Cirigliano es particularmente escandaloso. Utilizó los subsidios para solventar un emporio de colectivos, carrocerías, inmuebles y aseguradoras, dentro y fuera del país. En pocos años convirtió su pequeño emprendimiento en un poderoso grupo, destruyendo los ferrocarriles que compiten con sus intereses en el transporte automotor. Realizó incluso maniobras financieras (depósitos en dólares, compra de títulos) con el dinero público que debía utilizar para la gestión ferroviaria.
Estos desfalcos contaron con la complicidad directa de los funcionarios. Nadie puede alegar desconocimiento. Inspectores, trabajadores, delegados y agrupaciones opositoras se cansaron de presentar denuncias, así como la Asociación del Personal de Dirección (APDFA) que describieron reiteradamente la violación de las normas de seguridad. Jaime cajoneó estas advertencias y Schiavi mantuvo el ocultamiento. Frente a estos antecedentes es inadmisible la presentación del Estado como querellante ante jueces dóciles al poder. No hay que olvidar el armado de causas judiciales por parte de Aníbal Fernández contra los delegados combativos, que anticiparon lo que finalmente sucedió. Para encubrir los desfalcos de las empresas culpaba a los trabajadores de “sabotaje”.
Muchos opositores de la derecha y partidos tradicionales que desempolvan estas denuncias suelen silenciar su propia participación en el desguace que inició el menemismo en los ‘90, continúo la Alianza y perfeccionó la administración provisional de Duhalde, con un decreto que exoneró a las compañías por el incumplimiento de las inversiones.
La conmoción social creada por la tragedia de Once y la reacción de los afectados abre una oportunidad de revertir el desastre ferroviario. En la historia argentina reciente esa movilización de los familiares ha sido determinante para imponer justicia, especialmente cuando el gobierno culpa a las víctimas, atribuye el desastre a la irresponsabilidad de pasajeros colgados, que se agolpan en las salidas o llenan los vagones en los días laborales. Además, designa a un ex menemista para gestionar la intervención de TBA y despide con elogios a Schiavi.
Impedir la impunidad es un punto de partida para reconstruir el ferrocarril. En lugar de otro parche en los contratos vigentes se necesita un cambio de raíz, que erradique por completo el modelo de privatización que el gobierno quiere conservar y la derecha pretende reforzar con demagogia y aumentos de tarifas. (5)
Los objetivos explícitos de la privatización proponían la eliminación del déficit y la modernización de los servicios por medio de inversiones privadas, luego de casi dos décadas de privatización los resultados muestran su inocultable fracaso con el agravante que se ha perdido el carácter público de estos servicios y el interés social general implícito en ellos no es tenidos en cuenta. La lógica del capital, como era de prever prioriza la ganancia por sobre todas las cosas.
A la luz de esta comprobación la propuesta alternativa de re-estatizar el ferrocarril bajo control de profesionales, trabajadores y usuarios suscita crecientes adhesiones. Esta administración permitiría eliminar el despilfarro y la corrupción. Actualmente se ha duplicado el gasto en subvenciones para manejar sólo el 15% de los servicios ferroviarios tradicionales.
Para los Economistas de Izquierda la re-estatización sin fondos perpetuará los problemas. Es necesario definir como se financiarán las inversiones que necesita el sistema. El patrimonio de Cirigliano y de todos los grupos que se enriquecieron demoliendo el ferrocarril debería aportar a esta reconversión. Lo que robaron debe ser devuelto en obras. Pero la principal fuente de recursos se encuentra en las seis líneas de alta rentabilidad que transportan mercancías. El transporte de carga debe financiar al de pasajeros, mediante la estatización de esos corredores privados. Para nosotros sólo aplicando este criterio comenzaría a erradicarse el manejo de un estado bobo, que gestiona actividades a perdida para asegurarle a los privados los segmentos de gran lucro.
Sostenemos que otra fuente de financiación debería provenir de medidas impositivas tendientes a asignar a cada modo de transporte terrestre su rol en el marco de un Plan Nacional de Transporte (reivindicación histórica de los gremios ferroviarios) que articule y complemente, en función de sus costos de operación, las distancias y el beneficio público, los distintos modos alternativos.
Resistencias a la megaminería
Un tercer campo de tensiones ha salido a flote en las movilizaciones contra la mega-minería. Este rechazo se verifica en varias provincias, despierta simpatía popular y suscita el acompañamiento de muchos intelectuales y artistas. La conciencia ambiental que irrumpió en los cortes contra las pasteras de Gualeguaychú, ha resurgido. Argentina comienza así a alinearse con las batallas ambientalistas que se desarrollan en Latinoamérica.
La demolición del ambiente que produce la mega-minería es aterradora. El viejo socavón para buscar metales en el subsuelo ha sido reemplazado por dinamita a cielo abierto. La contaminación del agua potable se generaliza con el uso de cianuro, ácido sulfúrico, mercurio u otras sustancias para procesar para procesar el mineral. El encarecimiento de los precios internacionales incentiva este sistema de explotación que habría consumado ya una reducción del 30% del agua generado en los glaciares. (6)
Como el agua no alcanza para compatibilizar la minería con la agricultura, el gobernador de La Rioja optó por la demolición del subsuelo a costa de los alimentos. Frente a semejante elección, la demanda “Famatina no se toca” constituye una genuina exhortación a la vida.
El pretexto oficial para sostener el negocio minero (“desarrolla el interior”) debe ser impugnado. Basta observar el saqueo consumado durante los últimos doce años en Catamarca por la empresa Bajo La Alumbrera. En un sólo ejercicio la compañía facturó más que en toda su inversión inicial. Pagó impuestos irrisorios, multiplicó por diez sus ganancias y forjó una “economía de enclave” para extraer un concentrado de la roca, que deshidrata en Tucumán y exporta desde Santa Fe. (7)
El modelo vigente en este sector representa una modalidad extrema del neoliberalismo. Las compañías están exentas del pago del impuesto al cheque y a los combustibles, gozan de estabilidad fiscal por 30 años, adquieren importaciones sin aranceles y pagan ínfimas regalías (2,5 a 4%). (8)
Algunos voceros de las empresas afirman que la actividad generó 250.000 empleos, cuando las cifras oficiales sólo indican 23.374 trabajadores. En Bajo La Alumbrera se crearon por ejemplo sólo 480 puestos de trabajo y el gasto en sueldos representa el 2,5% del monto exportado. La adquisición de insumos locales ha sido también insignificante y no se erigió en la región una sola escuela o centro de salud.
El emprendimiento de la Barrick es más escandaloso. Utilizando el tratado firmado con Chile en 1997 forjó en Pascua Lama un país virtual a ambos lados de la Cordillera. La empresa opera con un acuerdo tributario secreto y abona los sueldos de los gendarmes en un territorio sin aduanas. La empresa se dispone a depredar durante un cuarto de siglo un dique de agua de 340 hectáreas y 400 metros de profundidad. ¿Los discursos sobre Malvinas no deberían ser acompañados por la recuperación de la soberanía sobre ese territorio? Las Malvinas son argentinas, pero la región cordillerana también forma parte de nuestro territorio. (9)
El negocio de las compañías extranjeras se asienta en un sistema de complicidades entre universidades (Tucumán), sindicatos y elites provinciales. El centro de esta red se ubica en el entorno presidencial (Mercado, Mayoral) y sus agentes incluyen por igual a gobernadores K y anti-K. Algunos son voceros directos de las mineras (Gioja) y otros olvidaron la demagogia contra las empresas al asumir la gestión provincial (Beder Herrera). Este sometimiento a las compañías se ha consumado, además, al frente de administraciones de distinto signo político (Corpacci).
El legado menemista en esta actividad es evidente, pero fue Néstor Kirchner quién permitió a las compañías liquidar divisas en el exterior (2004) e incentivó la ampliación de los proyectos que aumentaron un 90% entre 2003 y 2009. La publicitada foto con los hombres de Barrikc Gold no fue ajena al veto que dispuso Cristina Fernandez de Kirchner de la ley de protección a los Glaciares. El amparo presidencial a los gobernadores tiene precedentes en la empresa estatal de Santa Cruz, que comparte ganancias con las mineras del lugar.
Pero la actitud más patética en los debates sobre minería se verificó entre los intelectuales progresistas que justificaron la represión, la acción de las patotas y la aplicación de la ley anti-terrorista contra los manifestantes. Algunos repiten el relato infantil de las empresas (“la minería contribuye al desarrollo regional”) y otros sueñan con subsanar las “anomalías” actuales con la participación de los estados provinciales en nuevas compañías mixtas. En los hechos esa oficialización del negocio sólo convalidaría el saqueo en curso.
Algunos pensadores han cruzado todos los límites, al recurrir a una denigración cínica del ambientalismo. Justifican la mega-minería argumentando que todas las actividades productivas contaminan y cuestionan la autoridad de “los narcisistas porteños” para opinar sobre un emprendimiento del Noroeste. (10)
Este curioso federalismo supone que algunos argentinos pueden opinar y otros no sobre acontecimientos que involucran a todo el país. Si uno vive en Buenos Aires no puede hablar mal de la mega-minería de San Juan, pero está habilitado a emitir elogios del modelo depredador que rige en Chile o Perú. Como “todos contaminan”, parecería que el reciclado individual de un plástico, tiene la misma envergadura que la aniquilación de las reservas de agua potable. Como “el ecologismo es berreta” tampoco hay que prestar atención a los ejemplos internacionales de prohibición de la minería a cielo abierto que impusieron los pobladores de Montana, Wisconsin o Colorado. O que el parlamento europeo prohibió en todo su territorio este tipo de explotación y conminó al Consejo de Ministros ha hacer efectiva esta disposición.
Otros intelectuales oficialistas consideran que llegó el momento de “abrir el debate” sobre minería. Pero este descubrimiento olvida que hace muchos años se discute el tema en el interior. Con grandes campañas de denuncia lograron nueve leyes provinciales restringiendo la mega-minería, un plebiscito de rechazó en Esquel (2006) y varios repudios de universidades (Córdoba, Rio Cuarto) a la fondos de Bajo la Alumbrera. Esta acción se desarrollo confrontando con todos los intentos de estigmatizar y criminalizar a los asambleístas y esta resistencia y permitió, además, la sanción de una nueva ley de protección de los glaciares apoyada por 300 asambleas ambientalistas y bloqueada por la justicia de varias provincias. (11)
Ninguno de estos movimientos rechaza la actividad minera. Sólo objetan su variante demoledora. Esta resistencia converge con protestas similares en otros países sudamericanos, pero con una diferencia esencial: Argentina no necesita de este tipo de minería para sostener su economía. Implementa a pura pérdida el modelo extractivista que rige en toda la región, desde que la innovación tecnológica, la especulación con materias primas y el crecimiento de China revalorizaron la extracción de metales.
El ingreso de divisas que genera ese sector no es vital para nuestra balanza comercial, tampoco aporta demasiado al PBI. Para EDI es imprescindible exigir la elaboración local de las materias primas. Argentina no necesita una minería de exportación, sino procesos de extracción asociados a la reindustrialización de la economía.
Para nosotros derogar la ley vigente es el punto de partida para cualquier replanteo de la minería. Hay 12 proyectos en operaciones, tres en construcción y 340 iniciativas a futuro. El país está a tiempo de garantizar la protección ambiental prohibiendo el cianuro, la voladura de cerros y todas las maniobras de las empresas, para poder desarrollar la actividad con licencia y control social y de acuerdo a los intereses nacionales. Al igual que en los hidrocarburos este problema involucra a toda la nación y no puede quedar sujeto a decisiones locales. La contaminación nunca se limita al radio geográfico original de las explotaciones. Si hay consultas o plebiscitos para definir cursos de acción deben participar todos los ciudadanos. El derecho a la vida, al ambiente saludable y a las culturas pre- existentes forman parte de nuestra noción de desarrollo.
El fin del conflicto con el agro
La fragilidad estructural de la economía argentina radica en su enorme dependencia del cultivo de la soja que ha expandido su preeminencia. Ya ocupa el 56% de la tierra cultivable y avanza con deforestación (un millón de hectáreas entre 2002 y 2006) y agro-tóxicos (300 millones de litros por año). Este predominio no se extiende sobre áreas vacías. Hay desalojo de campesinos y pobladores originarios, concentración de la tierra en la región extra-pampeana y abrupta reducción del número de explotaciones (24% menos desde 1988).
La reconciliación en curso entre el gobierno y los agro-sojeros tiende a dejar atrás un fuerte conflicto. Este reencuentro quedó sellado durante el lanzamiento del nuevo plan agro-alimentario, que reafirma el esquema sojero. Se promueve un aumento general de la producción (157 millones de toneladas en 2020), para consolidar el avance registrado entre el 2002 y el 2010 (de 70 a 100 millones de toneladas) con más superficie sembrada e incrementos de productividad. Pero el programa sólo habla del volumen proyectado. No dice cuántos productores sobrevivirán, en un modelo que incrementa la preeminencia de las grandes compañías y los pools de siembra. (12)
La Mesa de Enlace cajoneó la demanda de bajar las retenciones para elogiar este plan. Este viraje obedece a la continuidad de un negocio floreciente. La tonelada de soja que se cotizaba a 160 dólares en 2001 alcanzó en estos días nuevamente los 500; el precio de la tierra subió 120% en la última década y se registran ganancias sin precedentes por hectárea sembrada. Quiénes ganan fortunas no están motivados para la protesta.
El gobierno distendió, además, las relaciones con el sector satisfaciendo parte de sus pedidos. Se reiniciaron las compensaciones la actividad láctea y ganadera, se autorizaron aumentos de precios (carne, leche, pollo, pan) y se asignaron reintegros por adversidades climáticas. Así los conflictos se desplazaron hacia el interior del sector (tensiones por la distribución del trigo entre productores, molineros y exportadores). (13)
Este clima pos-electoral explica la aceptación general de una ley de tierras que había suscitado divergencias. Los beneficiarios de un modelo de exclusión, desigualdad y desarraigo coincidieron en proteger su principal recurso de la competencia foránea. Prefieren asegurar la presencia de muchos Grobocopatel y pocos Benetton en el agro-negocio.
Los sojeros continúan presionando por asegurar su liderazgo de la economía. Proponen actualizar la inserción internacional de Argentina como “granero del mundo”, ampliando las actividades alimentarias para erigir el “país-góndola del siglo XXI”. Demandan prioridad para el sector, precio pleno de los productos y liberación de mercados. (14)
Claro que subsisten áreas de fricción con el gobierno (ley de arriendos, manejo de la ONCCA, subsidios por sequía, tipo de cambio efectivo), pero ha desaparecido la confrontación del 2008. Los puentes con el gobierno han quedado reabiertos, desde el momento en que, tomando nota de la fuerte movilización del agro, se renunció a sostener el financiamiento de las arcas públicas incrementando el flujo de renta agraria con mayores retenciones. El oficialismo ha cajoneado también las propuestas de restaurar la Junta Nacional de Granos para recrear una agricultura diversificada. Sólo insisten en atenuar el impacto interno de los altos precios de exportación con un programa de perpetuación del status quo, que genera cuestionamientos dentro del propio espectro gubernamental. (15) Mientras tanto continúa el negocio clave de las grandes exportadoras que controlan el comercio de granos y oleaginosas.
Los agricultores empobrecidos son las víctimas de un cultivo transgénico con efectos ambientales impredecibles. Ningún gobernador protege a campesinos expropiados. Estos sectores rara vez son catalogados como “pequeños productores”. Esta denominación se utiliza en cambio para describir a los capitalistas medianos de la Pampa, que manejan significativas inversiones, como contratistas y/o propietarios de actividades sojeras. Para nosotros es importante clarificar el uso de ese concepto, frente a tantos proyectos de segmentación de las retenciones para productores de 600, 1500 o 2500 toneladas. Estos sectores participan de la actividad más rentable del país y no necesitan ningún auxilio del Estado. Un cambio en los porcentajes del impuesto debería en todo caso legislarse al interior del propio sector, sin ningún costo para el resto de la sociedad. Si baja lo aportado por un productor medio, que aumente la contribución del más poderoso.
Para los Economistas de Izquierda un escenario agrario favorable a las mayorías populares exige discutir otro temario: cómo se regularán los precios y mercados, de qué forma se reconstituirá una Junta Nacional de Granos y cómo debería operar en la actualidad un comercio exterior nacionalizado.
La reindustrialización frenada
La recomposición del tejido industrial -que el gobierno presenta como su prioridad estratégica- se ha estancado. Es cierto que el sector manufacturero creció significativamente en la última década (más del 80%), por una combinación de los vaivenes cíclicos y políticas estatales activas. La intención neo-desarrollista de restaurar la gravitación de este segmento no logra anclaje en la realidad económica. La industria ocupa incluso un lugar menor que en los años ‘90 y ‘80
Tampoco se ha modificado la escasa diversificación del sector. Tres ramas concentran el 75% de la actividad (automotriz, metalurgia y minerales no metálicos) y la fuerte recuperación de los puestos de trabajo, no alcanzaron aún a superar el nivel de empleo predominante en 1997. Las ramas más dinámicas operan con tecnologías intensivas que exigen poca mano de obra y las cinco actividades que en los ‘90 reunían el 60% de la producción, hoy concentran el 67% del total. (16)
Estos resultados obedecen en gran medida al elevado grado de concentración que impera en la industria y también a la ausencia de un plan estratégico para el sector. El valor bruto de producción de las 200 firmas líderes trepó del 20% en los ’90 al 28% actual. Ese núcleo de compañías maneja, además, el 73% de las exportaciones totales (2003-09), en un marco de gran consolidación de la extranjerización consumada bajo el menemismo. Esta primacía ha registrado cambios muy leves en la última década. De las 500 principales empresas que explican el 68% de las utilidades totales, 338 son foráneas. (17)
El efecto de esta preeminencia es una fuerte transferencia de utilidades al exterior bajo el amparo de la actual legislación de inversiones extranjeras y los casi 50 convenios bilaterales de inversión que dan total libertad a las multinacionales. Esa remisión determina periódicas tensiones cambiarias, que el gobierno responde con exhortaciones (ahora también con controles). Pero no hay ninguna medida de fondo para revertir el nocivo sistema de protección de inversiones que impuso el Banco Mundial. (18)
Todos los balances empresarios indican elevadas ganancias de los industriales bajo el modelo actual. Pero estos informes también destacan que la tasa de reinversión local ha sido efímera. Algunas evaluaciones señalan que entre las 500 mayores firmas ese porcentual bajó del 24,7% (1993-2001) al 14,7% (2002-2009), mientras el déficit comercial de la industria crecía hasta generar el agujero actual (20.000 mil millones de dólares en 2010). Las importaciones se expanden a un ritmo muy superior a las ventas externas, junto a una decreciente integración de componentes nacionales. (19)
Los viejos problemas de una industria dependiente, fracturada y deficitaria se han acentuado con la creciente internacionalización del sector. Estos desequilibrios son muy visibles en la rama automotriz, que ha reducido la incorporación local de partes (45% en promedio), al cabo de un prologando desguace de los abastecedores nacionales. Las pautas de inversión en esta actividad son particularmente irracionales, puesto que se establecen en función del mercado externo sin considerar, por ejemplo, la prioridad del transporte público nacional.
Algunos economistas K consideran que estas limitaciones no desmienten la vigencia de un “modelo productivo con inclusión social (20). Pero evitan registrar que el gobierno se limita a convalidar una lógica capitalista de pura rentabilidad, que avala la fabricación de autos (en lugar de trenes) o la construcción de torres en Puerto Madero (en desmedro de viviendas en los barrios populares).
La expectativa neo-desarrollista de “profundizar el modelo” en una dirección industrialista se está disipando en favor de la “sintonía fina”. Muchos simpatizantes del modelo reconocen, que para contrarrestar la presión hacia la especialización agro-exportadora se requerirían drásticas medidas estatales, que por ahora son solo potenciales. (21)
Salarios en dos velocidades
Los economistas del gobierno afirman que el “modelo devolvió dignidad a los trabajadores, creó millones de puestos de trabajo y aumentó el salario real”. Esta caracterización atribuye ese resultado exclusivamente a la política económica. Obvian señalar que es el efecto combinado de políticas estatales (reimplantación de paritarias) con múltiples condicionantes (coyuntura internacional favorable, recuperación cíclica de la ocupación y los ingresos, conquistas de la movilización social).
En el sector formal el salario aumentó 285% en promedio entre diciembre del 2001 y julio 2010. Según el índice de inflación que se tome para realizar la comparación (INDEC, cálculos provinciales, estimaciones privadas), ese incremento se ubica por encima o por debajo de la carestía. Entre los economistas existe cierto consenso en evaluar que ha predominado cierta paridad entre las dos variables. Pero en el mismo período se registró un aumento de la productividad muy superior al incremento de los salarios reales y por esta razón los costos salariales decayeron. El contraste es más significativo si la evaluación se realiza comparando con los beneficios. Las ganancias de las empresas se duplicaron en la última década y su patrimonio es 200% mayor que en el 2003. La “tracción del modelo por los salarios” -que ponderan algunos simpatizantes del curso actual- es discutible o debe relativizarse ante semejante expansión de la tasa de ganancia. (22)
Durante la última década ha sido significativa la consolidación de la fractura del mercado laboral iniciada en los ’90, no sólo entre los trabajadores formales e informales, sino también al interior de la estructura formal. Siendo que la precarización se extiende por el conjunto. Mientras que el 20% de los trabajadores mejor remunerados del sector privado capta el 52% de la masa salarial, el 20% ubicado en la base percibe el 5,2% de ese total. (23)
Esta subdivisión explica la centralidad que han alcanzado ciertas demandas de la CGT sobre el mínimo no imponible y las asignaciones familiares, así como el frustrado proyecto sindical de distribuir las elevadas utilidades entre el personal de cada empresa. Para los Economistas de Izquierda la constatación de la continuidad de esta fractura obliga a considerar esas demandas cegetistas, y darle prioridad a la exigencia de salarios mínimos iguales a la canasta familiar, para comenzar a cerrar la brecha al interior de los trabajadores.
En la actualidad se computan 11.800.000 asalariados, de los cuales 7.8 millones registra en el sector formal y 4.0 millones en el informal. El salario promedio sobre el que se realizan los aportes jubilatorios llega a los 5,500 pesos, pero el 55% de esos trabajadores percibe hasta 4000, muy alejado de la canasta familiar estimada entre 5.000 y 6.000 pesos. En el otro extremo 1.4 millones gana entre $7.000 y 30.000 o más pesos al mes. Los trabajadores no registrados ganan como mínimo un 30% menos que los registrados. Esta fragmentación se percibe también al interior de los trabajadores del sector público, entre los del Estado nacional y los que laboran en los Estados provinciales y municipales. (Fuente: INDEC y Dirección Nacional de Programación Económica)
Así el modelo ha consolidado la categoría del “trabajador pobre” (que no cubre la canasta familiar), frente a la figura del “desocupado pobre” que prevalecía en la crisis del 2001. La reducción de la informalidad, de 44% a 34.2% (2003-11) es significativa, pero se relativiza cuando se la compara con la tasa de crecimiento de la economía en el mismo período.
En este contexto se verifican situaciones extremas de explotación no sólo entre trabajadores rurales (jornadas de trabajo de 16 horas que ahora podrán revertirse con la sanción de la ley que reglamenta los horarios), carpas en lugar de viviendas, escasa alimentación. Los padecimientos de los tercerizados o de los costureros que trabajan en los galpones son igualmente dramáticos. El Gran Buenos Aires vuelve a concentrar una enorme masa de desposeídos del interior y países vecinos, que sobreviven con trabajos miserables. El gobierno afirma que atenúa estas desventuras con un gasto social mayúsculo. Pero este reconocimiento no hace más que confirmar el asistencialismo que contiene al modelo y contradice su identificación con la inclusión social o el trabajo genuino. La asignación por hijo representa efectivamente una innegable conquista popular, que ha otorgado cobertura a millones de desamparados, sin embargo no alcanza a todos los carenciados y su monto queda periódicamente erosionado por la inflación.
No hay que sobredimensionar el costo real de ese auxilio, que en líneas generales se asemeja al vigente en la mayoría de los países latinoamericanos. Estas semejanzas permiten comprobar que el capitalismo como sistema resigna, en esta fase, un determinado porcentaje del PBI para atenuar los efectos de la acumulación y reproducción en este período histórico.
No obstante esta conquista social ha recibido igualmente críticas gorilas (“los pobres se lo gastan en droga”) y objeciones malintencionadas a su implementación (“el sistema es desorganizado”). Para nosotros lo central radica por un lado en la carencia de un financiamiento genuino -que se reemplaza con, entre otros, fondos de la ANSES- por lo tanto en la dependencia de recursos presupuestarios muy variables. La reiterada propuesta de sostener el programa asistencial con transformaciones impositivas, que suscribimos, jamás fue escuchada por el oficialismo, mientras persiste la falta de una real universalidad.
También la cuestión de los jubilados suscita confusiones. El gobierno suele concentrar todos sus dardos polémicos contra los derechistas que hacen demagogia, demandando los aumentos que negaron bajos sus administraciones. Estos opositores nunca explicitan cómo financiarían las mejoras. El oficialismo destaca que expandió la cobertura hasta el 95% de la población y estableció un sistema de movilidad periódica de los haberes. Ambos son avances significativos, pero esto no quita que el mínimo se sitúa en la mitad de la canasta básica de un retirado y que el promedio de ese ingreso apenas alcanza al 40% del promedio de los activos. Tampoco aclara qué sucederá con la enorme masa de trabajadores informarles que no aportan a la seguridad social.
Los economistas K suelen reciclar viejos fantasmas neoliberales (“aumentará el trabajo en negro por aumento del costo laboral”) cuando se les propone reimplantar las contribuciones patronales eliminadas por Cavallo. Por el contrario los Economistas de Izquierda sostenemos que esta reposición de fondos permitiría como mínimo elevar las jubilaciones mínimas al 82% del salario mínimo, avanzando así hacia el 82% móvil rompiendo con la continuada violación de un derecho popular.
Notas:
1) La Nación 27-2-2012.
2) Como siempre reclamaron sus voceros. Ver por ejemplo: Montamat Daniel “El ajuste del relato llegó a YPF” La Nación 23-2-2012.
3) Ver informe de Cash-Página 12, 4-3-2012.
4) Varios autores en Página 12, 29-1-2012 y Clarín 20-2-2012
5) Un ejemplo en Diego Cabot, “El galimatías de los subsidios millonarios”, La Nación 25-2-2012.
6) Clarín, 17-1-2012
7) “Los números detrás de la furia contra la minería de Andalgalá”, La Nación, 19-2-2012
8) Página 12, 19-2-2012.
9) Ver la documentación expuesta por Bonasso, Miguel: Economía argentina: nuevo colonialismo La Nación, 19-10-2011.
10) Brienza Hernán, “Famatina hay que pensarla”, Tiempo Argentino, 11-2-2012.
11) Clarín, 27-9-10, Clarín 10-8-10).
12) Ver: Arancibia Fabiana, “Extranjerización y modelo agropecuario” Rebelión, 24-9-2011.
13) Clarín, 22-1-10
14) Ver Guadagni, Aldo: “Para avanzar hay que mirar lejos”, La Nación, 21-6-10, Grobocopatel, Gustavo: “Proteínas como arma de negociación con el mundo”, La Nación, 5-8-10
15) Martínez, Enrique: “La macro y la micro”, Página 12, 1-9-10.
16) Clarín, 28-12-2010, Página 12, 15-1-11
17) Schorr Martin, aesta.blogspot.com/201,23-3-2011, Página 12, 4-12-11
18) Ver informe de este régimen en Página 12, 11-10.
19) Clarín, 28-12-2010.
20) Seijo Rubén, “La economía kirchnerista”, Página 12, 13-2-2011
21) Sztulwark Sebastián y Juncal Santiago, “Como profundizar el modelo”, Página 12 , 2-5-2011
22) Ver Pagina 12,11-10-10.
23) Clarín, 18-5-10.

Fuente: Argenpress

Movimiento de ocupación fabril y autogestión obrera en Argentina

Movimiento de ocupación fabril y autogestión obrera en Argentina

Por Mario Hernandez 


Para emancipar a las masas trabajadoras, la
cooperación debe alcanzar un desarrollo
nacional y, por consecuencia, ser fomentada
por medios nacionales. Pero los señores de
la tierra y los señores del capital se valdrán
siempre de sus privilegios políticos para
defender y perpetuar sus monopolios
económicos. (...) La conquista del poder
político ha venido a ser, por lo tanto, el gran
deber de la clase obrera"
Carlos Marx
“Jaque al patrón, todo el poder al peón”
Afiche pegado por los trabajadores de
Grissinópoli en la cartelera.
A lo largo del 2002 había cobrado fuerza y repercusión política un fenómeno social que si bien tenía antecedentes históricos en el mundo y en nuestro propio país, de poco servían para analizar lo que estaba sucediendo en la Argentina ya que no formaba parte de una ofensiva general de los trabajadores ni tampoco de una política de Estado. (1)
Si bien la caída del gobierno neoliberal de Fernando de la Rúa había sido producto de la movilización popular del 19/20 de diciembre del año anterior, la resistencia, movilización y la lucha popular comienzan mucho antes en las localidades de Tartagal, Cutral Có y Mosconi, en los piquetes que cortan las rutas a lo largo del país, los paros generales, la lucha de estatales y docentes, etc.
Este proceso permite pegar el salto de la resignación, del irse para la casa y ceder conquistas, a tomar las empresas y garantizar el empleo.
Las organizaciones sindicales habían tenido escasa participación y el gobierno peronista de Duhalde que sucedió a la Alianza radical-frepasista lejos estaba de alentar este tipo de experiencias.
Los movimientos de trabajadores desocupados organizados a lo largo de la segunda mitad de la década anterior concentraban sus demandas en la necesidad de ayuda oficial y en el mejor de los casos en micro-emprendimientos autogestionados que limitaban su repercusión a los participantes directos.
Había surgido un multitudinario movimiento asambleario que nucleaba a vecinos de la Ciudad y el Gran Buenos Aires pero sus demandas se orientaban a reclamos ciudadanos de índole diversa y, lo más importante, los trabajadores ocupados se mantenían pasivos bajo el control de la burocracia sindical, a pesar del impacto de la devaluación que había reducido sus salarios a la mitad y de condiciones de trabajo que habían empeorado bajo la espada de Damocles que representaba la amenaza de la desocupación que afectaba de una u otra forma a más de la mitad de la población económicamente activa. (2)
En medio de este panorama fueron ocupadas y puestas a producir por sus trabajadores, con distintos grados de efectividad, más de 150 empresas medianas y pequeñas que habían intentado cerrar sus patrones mediante procesos de quiebra o el llamado a convocatoria de acreedores. (3)
Era común escuchar que a partir de mediados de los '90, la creciente presión tributaria, la constante alza del costo de los servicios públicos, las altas tasas de interés y la pérdida del mercado frente a las importaciones producto del régimen cambiario, sumadas a la inestabilidad política desde mediados del 2000 que generó una retracción en el consumo interno, dejaron a las firmas locales sin oxígeno. Con estos argumentos analistas económicos y periodistas formadores de opinión intentaban explicar la actitud empresaria y concluían que eran los propios dueños los que no intentaban recuperar la empresa dada la inestabilidad económica y financiera del país, siendo los obreros los que por la obvia necesidad de mantener su fuente de trabajo se lanzaban a ocupar y hacer producir las empresas.
Es cierto que las tomas de los trabajadores fueron resultado de la necesidad, no de la ideología y tuvieron por objetivo inmediato la defensa del puesto de trabajo y en ese sentido asumen una postura defensiva frente a la situación de cierre o vaciamiento de la empresa.
Pero una vez tomadas las fábricas, los trabajadores más politizados propusieron, en asambleas, organizar la producción y las ventas sin los patrones. Estas experiencias atrajeron a profesionales y estudiantes quienes ofrecieron consejo técnico. La lucha y la práctica de la autogestión fueron creando más conciencia de clase después de la ocupación y desde este punto de vista aparecen también como formas ofensivas a diferentes niveles:
a) la gestión de la producción por parte de los trabajadores dando lugar a la intervención en decisiones tales como la inversión en equipamiento tecnológico, las condiciones de trabajo, la administración de los tiempos de descanso y los ritmos productivos.
b) se construyen una serie de demandas que exceden el reclamo puntual y apuntan a la definición de una política pública orientada al sector para acceder, por ejemplo, a la seguridad social. Por otra parte se extienden los reclamos a la definición de políticas públicas orientadas a la industria nacional.
Esta reacción como clase nos señala un cambio frente al cierre de miles de empresas durante los noventa. Uno de los aprendizajes más destacados de las empresas recuperadas será el hecho de demostrar que los trabajadores pueden llevar adelante la producción por sí mismos y no dependen de la patronal.
Aquí aparece la centralidad de la clase obrera, diluyéndose el mito de la función social de los empresarios y gerentes en cuanto a su capacidad de organizar la producción.
Los trabajadores se vieron en la necesidad de crear una organización que no solo sea capaz de garantizar la producción, sino que pueda resistir los embates de los distintos poderes del Estado que han buscado por diferentes medios sofocar estas experiencias a través del hostigamiento, las amenazas de desalojo, etc.
Como prueba de lo dicho, en abril de 2011 una sentencia del Tribunal de la Cámara Comercial-Sala A, declaró la inconstitucionalidad de la Ley de expropiación Nº 2969 sancionada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en diciembre 2008 dando la tenencia provisoria del inmueble a los trabajadores de IMPA. Esta ley fue aprobada por 52 de los 54 legisladores. Sin embargo, el 31 de marzo se presentaron funcionarios judiciales haciéndose pasar por personas interesadas en el bachillerato popular que funciona en la fábrica mientras comentaban el valor del inmueble y su excelente ubicación.
Ante la presencia de los trabajadores en el juzgado, al día siguiente, la jueza Isabel Míguez, reconoció que había ido por “curiosidad” y ese mismo día sacó el fallo confirmando la inconstitucionalidad.
Recientemente, el 23 de diciembre del año pasado, el Jefe de Gobierno de la CABA, Mauricio Macri, vetó la Ley 4008 que había prorrogado por 6 años la vigencia de normas que dejaban en el Ejecutivo de la Ciudad la expropiación definitiva a favor de los trabajadores donde funcionan las empresas de gestión obrera, afectando a 29 empresas y poniendo en riesgo más de 2000 puestos de trabajo directos. (4)
Pero la limitación que este proceso es incapaz de superar por sí mismo es la lógica del mercado y su anarquía.
Las empresas autogestionadas tienen la ventaja de no pagar todo el trabajo improductivo de gerentes, representantes, etc., pero a su vez, dada la necesidad de supervivencia se encuentran envueltas en la lógica del mercado y de la competencia y pueden actuar generando condiciones de auto-explotación, trabajando por bajos salarios, en condiciones insalubres, con altos ritmos y condiciones de flexibilidad por debajo del convenio colectivo de la rama o directamente explotando a terceros. (5)
Aquí se abre el desafío de desarrollar el proceso de trabajo mediante métodos en los que se considere y reconozca el saber obrero, se tienda a recalificar los puestos de trabajo, revertir las estrategias empresarias que fomentan formas de explotación a otros trabajadores como son la tercerización y subcontratación, y a desarrollar una política que tienda a la eliminación de los accidentes de trabajo y que tenga en cuenta la salud de los trabajadores.
En una mirada más estratégica las empresas recuperadas trascienden la producción y se constituyen, en algunos casos, en ejes de organización popular a partir de la articulación de distintas formas de lucha. Así encontramos la formación de centros culturales, bibliotecas, centros educativos, proyectos de construcción de viviendas, etc.
A su vez, en algunas empresas se piensa en darle una nueva orientación a la producción.
Ya no basta producir mercancías porque se colocan en el mercado, sino que empieza a generarse una producción orientada hacia las necesidades sociales, como la provisión de alimentos para comedores populares y la confección de indumentaria para trabajadores de la educación y la salud.
El caso Brukman
El grupo Brukman estaba conformado por 3 empresas: Brukman Construcciones, Brukman Hermanos de electrodomésticos y Confecciones Brukman. Las 2 primeras empresas ya habían quebrado y en 1999 se modificó la razón social de la última por Cebex S. A. a la que se declaró en quiebra un año después. La empresa solicitó convertirla en concurso preventivo de acreedores para lo cual la ley exige presentar los balances de los últimos 3 años. Nunca se presentaron. Tampoco los libros contables. Sin embargo, el juzgado favoreció a la empresa convirtiendo la quiebra en concurso. A partir de ese momento comienza un endeudamiento creciente que según palabras de su apoderado, el abogado Jaime Muszkat, alcanzaba "unos cinco millones de pesos", de los cuales, "2 millones 700 mil pesos" correspondían a deudas con el Estado, según Miryam Bregman, abogada de los trabajadores. Pero mucho antes, desde mediados del '95, los obreros recibían vales semanales en lugar del sueldo mensual.
"Nos daban vales de $ 100 semanales, que después se convirtieron en 90, 80, 70 y al final 5 y 2 pesos", recuerda el costurero Macario Avello, "a mí todavía me deben $ 4.800 ($ 1 = U$S 1). En los últimos años teníamos que trabajar gratis los sábados como "aporte" voluntario, bajo la amenaza de cierre" y "todo el tiempo nos apuraban para que entreguemos 1000 trajes por semana para que ellos pudieran cobrar un cheque que después nunca aparecía", agrega Amalia.
Los Brukman tampoco realizaban aportes jubilatorios, no pagaban cargas sociales ni jubilaciones desde 1999. Habían emitido 218 cheques sin fondo por un total de $ 750.000 y la AFIP-DGI les reclamaba más de $ 400.000 por no pagar impuestos. La Aseguradora de Riesgos de Trabajo les rescindió el contrato por falta de pago en setiembre del 2001. Dos meses después, cuando murió Marcelo Rojas, empleado de 28 años, no le pagaron el seguro de vida ni el fallecimiento. "Para velarlo -explicó Sara, su madre-, la única ayuda que recibí fue la de los empleados, que juntaron $ 100 y me los acercaron".
El 14 de diciembre de 2001 cobraron el último vale y fueron citados por el Jefe de Personal para 4 días después. Cuando volvieron, los patrones habían desaparecido.
"En realidad nunca fue una toma pensada -comenta Celia Martínez. Fue por accidente. Nosotros nos quedamos esperando que nos trajeran la plata que nos habían prometido. Ya había comentarios de que querían cerrar la empresa y eso nos asustaba más. Como no vinieron más, entre el 18 de diciembre a la noche y el 19 tomamos el mando hasta que nos pagaran. No pedíamos todo lo atrasado en aguinaldo y vacaciones sino un vale mínimo de 50 ó 100 pesos para poder seguir porque se venía Navidad. Después se llenó de compañeros la vereda, los que querían entrar entraron y los que no se quedaban afuera. Y así fue como comenzó todo".
Cerámica Zanón S.A.: la planta de cerámicos y porcellanato más grande de América Latina
El fenómeno del control obrero o la gestión obrera directa de las fábricas viene desarrollándose desde los márgenes en fábricas que poseen niveles bajos o medios de producción. Una de las más importantes es Zanón.
Los obreros de Cerámicas Zanón, ubicada en la provincia de Neuquén, se sorprendieron cuando después de 2 días de trabajo, habían realizado un 10% de la producción mensual, unos 100.000 metros y tenían la cantidad de material suficiente para pagar los sueldos de todo el personal y los servicios, trabajando sin patrón ni supervisores que les marquen el ritmo o les den órdenes.
"Producir sin el patrón es una satisfacción inexplicable. El saber que desarrollás el producto, que lo ves prensar, decorar, salir en una caja. El saber que lo que hiciste es tuyo es un orgullo muy lindo, te obliga a hacer las cosas mejor, es un buen incentivo", comenta uno de los trabajadores y agrega: "antes la persona que trabajaba en una máquina estaba como atada, no podía fumar, no podía tomar nada, no podía ir al baño. A las 3 horas de estar sentado, haciendo una tarea minuciosa que se repite miles de veces por día, comenzabas a dormirte. Ahora, cada vez que te cansás, tomás un mate, prendés un cigarrillo, estirás las piernas".
Esa es la situación en todos los sectores. Una especie de liberación de energías y creatividades, de alivio por no tener el ojo del patrón en la nuca y poder trabajar en libertad.
Un viejo encargado, Manotas, señalaba: "Acá hay mucha capacidad, están experimentando, haciendo nuevos modelos". Se refiere a las series Mapuche y el Obrero. El Obrero es un cerámico compacto, de decoración simple, pensado para abastecer a un mercado de menor poder adquisitivo. La serie Mapuche, en homenaje a los pueblos originarios, es de una fineza en el diseño que sorprende a los entendidos.
Además, en todos los sectores se está produciendo un ahorro muy grande. Un buen ejemplo es el laboratorio, lugar sagrado y prohibido donde sólo entraban hombres de guardapolvo que comían en comedores separados y no tenían ningún contacto con los obreros. Eran, en su mayoría, ingenieros y técnicos químicos, que ganaban un poco más de sueldo que los operarios y tratados en forma diferenciada. Allí se elaboraban los pigmentos que luego se utilizarían para decorar los cerámicos, los materiales más caros que no se pueden derrochar en lo más mínimo. Nada podía fallar porque la menor tonalidad, el menor detalle, significan miles de cerámicos tirados a la basura.
Con la ayuda de un técnico, y en reemplazo de un ejército de ingenieros, 3 trabajadores pusieron manos a la obra. Trabajaban en el sector pulido y en selección de material, nunca habían imaginado tener a su cargo tanta responsabilidad. Primero hablaron con el técnico, aprendieron las fórmulas, los trucos y luego hablaron con cada compañero de cada línea porque "nadie conoce el trabajo mejor que ellos" y así aprendieron la mayoría de los procesos. En las líneas de producción, donde antes anónimos trabajadores pasaban las horas en silencio, descubrieron al ingeniero colectivo que hace marchar la fábrica.
Reynaldo, antiguo trabajador de la línea, está encargado de mantenimiento del gas. Su primer conquista fue "que no haya más olor a gas, ni pérdidas que aumenten el consumo y pongan en peligro la fábrica".
También la organización del trabajo cambió muchísimo con la gestión obrera. Antes había un ejército de supervisores -uno cada dos obreros-, armados de planillas y handies. La burocracia era tremenda. Algunos tenían la tarea de buscar en los tachos de basura restos de yerba mate para delatar a quienes la habían consumido. La prohibición de tomar mate dentro del perímetro de la fábrica fue el primer reglamento que derrumbaron los trabajadores. Otra de las resoluciones adoptada por la asamblea de trabajadores fue elegir coordinadores por sector que se reúnen 3 veces por semana acompañados por un trabajador que va rotando para que todo el mundo esté informado. "Que te propongan como coordinador es un orgullo, pero seguís siendo uno más, acá no hay niveles jerárquicos, simplemente sentís más obligaciones", sigue el relato Manotas, "la gente no está presionada. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Es muy distinto al trato con el patrón que viene y te ordena hacé esto o aquello sin ninguna información. Acá sabemos
todo, lo que se gasta en luz, en gas, en sueldo. Yo tengo mi visión pero también cuenta la del resto. Ellos conocen el sector. Yo no les puedo decir lo que tienen que hacer, es la suma de un montón de voluntades y lo que uno trata de coordinar es todo ese esfuerzo". (6)
Tirando vallas, construyendo el futuro
El desalojo violento de las trabajadoras de Brukman, en abril de 2002, ordenado por 2 jueces de la ex-dictadura militar, cumplido a rajatabla con la participación de 1.500 efectivos de la Policía Federal, dependiente del Ministerio del Interior y bajo la atenta mirada de sus ex-dueños, fue una muestra contundente de las dificultades que enfrentaba el movimiento de empresas autogestionadas.
La fábrica había sido desalojada por la policía en dos oportunidades anteriores y vuelta a recuperar por el accionar conjunto de los trabajadores, movimientos de desocupados y de DD. HH., asambleas barriales, jóvenes y partidos políticos de izquierda.
En esta última oportunidad, según la orden judicial, el desalojo debía realizarse "bajo secreto de sumario", es decir, en forma clandestina y sin derecho a defensa y con la realización de "previas tareas de inteligencia" para determinar el momento oportuno, dejando expresa constancia de que "no hay supremacía de la vida y la integridad física frente a los intereses económicos".
El 21 de abril a las 17:30 las trabajadoras intentaron recuperar la fábrica acompañadas por cerca de 10.000 manifestantes que fueron duramente reprimidos y perseguidos hasta 25 cuadras de la fábrica. Tres días después se instalaba un acampe en la esquina y la "vigilia obrera" se prolongó durante varios meses reclamando:
* Fuera la policía de Brukman
* Restitución de la fábrica a los trabajadores
* Expropiación sin pago inmediata y definitiva de inmuebles, maquinarias y marcas de Brukman Confecciones, para que los trabajadores continúen con la producción bajo gestión obrera
* Que el Estado garantice como mínimo los salarios de convenio colectivo del sector
* Por la entrega de un subsidio no reintegrable de $ 150.000 como capital inicial de trabajo para ampliar y diversificar la producción e incorporar más trabajadores actualmente desocupados
* Que el Estado compre la producción en función de las necesidades de hospitales, escuelas y otras instituciones, así como de la población carenciada
En marzo de 2002, la Legislatura porteña había rechazado un Proyecto de Ley que contemplaba estas reivindicaciones, reiteradas por los trabajadores en octubre del mismo año ante la Comisión de Desarrollo Económico donde señalaban "no estar cerrados a alternativas intermedias" aunque rechazaban la idea de aceptar un "microemprendimiento" como sugerían las autoridades nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires.
También Zanón pasó por duros ataques.
A un año de la ocupación (octubre 2002), la fábrica fue atacada por una banda de unas 50 personas, la mayoría jóvenes que habían sido reclutados entre la "barra brava" del club Cipolletti y barrios pobres de la zona, encabezada por Oscar Montes, un ex-obrero electricista y ex-secretario general del sindicato ceramista de Neuquén durante más de una larga década. Dos años después que fuera desplazado por una asamblea, estaba nuevamente en las puertas de Zanón comandando un grupo de civiles con el objetivo de entorpecer la producción y presionar por una salida judicial que favoreciera a la antigua patronal que invirtió $ 5000 por día para financiar lo que no había podido lograr legalmente: el desalojo violento.
Enfrente se agrupaban 700 personas, entre obreros, familiares y organizaciones solidarias que defendían todo el perímetro de la fábrica.
Después de 4 días de enfrentamientos, en medio del festejo de los trabajadores, los atacantes se retiraron sin haber logrado su objetivo.
En abril de 2003 la patronal vuelve a intentar el desalojo apoyada en un fallo de la justicia nacional que ordena a los síndicos la toma de posesión y elaboración de un inventario.
La posibilidad de desalojo movilizó a la comunidad neuquina en defensa de los 270 puestos de trabajo y los 40 nuevos creados.
El amplio arco de alianzas sociales y políticas incluyó al obispado de Neuquén y a la Pastoral Social que exigieron a los 3 poderes públicos preservar los puestos de trabajo y convocaron a "todos los cristianos y ciudadanos a sumarse con una actitud no violenta en defensa del trabajo digno y de la paz". Consultado por la prensa sobre la actitud de la iglesia católica, el obispo Marcelo Melani sostuvo: "Hoy, los trabajadores de Zanón, dan una muestra de que es posible a partir de su esfuerzo de 17 meses, de su entusiasmo y de su inteligencia, llevar adelante una fábrica que brinda un trabajo digno para ellos y sus familias".
Asimismo, el sindicato de docentes de Neuquén (ATEN) pidió a los maestros que procuraran sumar a los padres al apoyo gremial brindado a los obreros, utilizando el cuaderno de comunicaciones de sus alumnos. A ellos se sumaron la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), los docentes universitarios (ADUNC) y la Federación Universitaria del Comahue (FUC), que junto a organizaciones de trabajadores desocupados, resolvieron un paro provincial con movilización, cortes y ocupaciones en caso de intento de desalojo.
La solidaridad cruzó el puente que separa la provincia de Neuquén de la vecina Río Negro, donde los docentes nucleados en la UNTER se pronunciaron a favor de los obreros y también en repudio al intento de desalojo.
El 8 de abril, 1500 manifestantes impidieron por tercera vez el acceso a los síndicos. Al día siguiente los hornos volvieron a encenderse y la producción de la planta se puso nuevamente en marcha.
Alentados por el triunfo los trabajadores presentaron en la Legislatura provincial un Proyecto de Ley de estatización bajo control obrero, acompañado por un petitorio con más de 40.000 firmas. En uno de sus últimos párrafos sostiene:
"Zanón es del pueblo, dicen los obreros ceramistas y repite la comunidad de Neuquén. La cesión de tierras provinciales, los beneficios y promociones industriales, los créditos multimillonarios impagos otorgados por el estado nacional y provincial, las compras millonarias de producción y, principalmente, el trabajo acumulado de los obreros, hicieron grande esta fábrica en que la patronal sólo ha demostrado capacidad para concretar lock out y concursarla... Es por eso que no corresponde indemnización alguna como consecuencia de la presente expropiación”.
Finalmente la Ley fue aprobada por la Legislatura provincial el 12.8.2009 arrancada con la lucha y la organización de desocupados, comisiones internas, delegados y organizaciones de izquierda y de Derechos Humanos, artistas y estudiantes, y un enorme apoyo de la comunidad en contra de la opinión de las cámaras empresarias y la CGT local.
El gobernador Sapag dilató la finalización del trámite de expropiación que hasta el día de hoy no se ha concretado impidiendo, entre otras cosas, el acceso a créditos para la renovación de tecnología.
Así empresas expropiadas con Zanón o el Hotel Bauen corren el riesgo de ser rematadas y sus trabajadores desalojados.
En el caso de Zanón cabe destacar que en la actualidad ocupa 430 trabajadores sin haber recibido ayuda provincial ni nacional como sucedía con sus anteriores propietarios privados. Tienen 40 trabajadores imputados en causas judiciales.
El pasado 1 de octubre cumplieron 10 años de gestión obrera y lo festejaron con un festival. 16.000 jóvenes, trabajadores y artistas, colmaron el histórico playón de la fábrica. Esta jornada fue transmitida vía Internet en más de 70 países y seguida por más de 12.000 personas en diferentes lugares del mundo.
“No nos conformamos con un solo Zanón, en medio de una crisis económica internacional, el control obrero toma mayor importancia, tiene que ser un ejemplo para esos millones de compañeros en el mundo que ven cerrar sus fuentes de trabajo, Zanón no es una utopía…”, (7) sostuvo Alejandro López, trabajador de la fábrica y actual legislador provincial por el Frente de Izquierda junto a Raúl Godoy, otro de los referentes de la fábrica.
Pero el momento más esperado, fue ver a Manu Chao subiendo al escenario: “Es un orgullo para mí estar esta noche con los trabajadores y trabajadoras de Zanón, gracias a ellos por existir”, dijo tanto al principio como al final de su participación que duró casi dos horas y media.
En la provincia de Neuquén también funcionan bajo control obrero otras 2 fábricas de cerámicos: Cerámica del Valle y Stefani. Esta última cumplió en mayo un año de gestión obrera, siendo la única fábrica sobreviviente en la localidad de Cutral-Có donde antes funcionaba la petrolera estatal YPF. Allí son 9 los trabajadores que enfrentan causas penales y 35 los procesados. Un referendum por la expropiación recibió el apoyo masivo de la población.
IMPA. El primer paso de una larga marcha
Fundada en el año 1918 por empresarios alemanes en el barrio porteño de Almagro, fue la primera empresa en fabricar aluminio. Nacionalizada al finalizar la Segunda Guerra Mundial por Juan Domingo Perón, allí se fabricaron los únicos aviones a reacción que se hicieron en América Latina. En 1961, el gobierno desarrollista de Frondizi decidió que se convirtiera en cooperativa siendo manejada por su directiva como una empresa privada.
Para 1997, la competencia del monopolio Aluar redujo a un puñado los más de 500 trabajadores que la planta supo tener. Ante el peligro de cierre inminente y con la electricidad cortada por falta de pago ocuparon la planta con la ayuda de activistas sindicales vinculados a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Quilmes, instalaron una olla popular con apoyo de vecinos y comerciantes del barrio, expulsaron a la vieja dirigencia cooperativa y eligieron un nuevo Consejo de Administración.
Lejos estaban los días de 1964 en que alrededor de 3.000.000 de trabajadores ocuparon cerca de 4000 empresas en Argentina. Tampoco formaba parte del juego de presiones al poder político que por aquellos años manejaba con maestría el Secretario General de los metalúrgicos, Augusto Timoteo Vandor. Apenas eran 15 obreros con problemas de sueldo.
"A veces no nos daban nada y otras 2, 3 ó 5 pesos. Finalmente, unas 50 personas, entre trabajadores y otros que habían sido despedidos, tomaron la fábrica durante 18 días hasta que la Comisión Directiva aceptó que fueran los propios trabajadores quienes controlaran la empresa. Lo hicimos por desesperación", afirma Oracio Campos, un mecánico de laminación de 65 años que fue elegido como presidente de la cooperativa, "no teníamos adonde ir y nos jugamos. Nos salió bien y hoy podemos contar el cuento".
Al poco tiempo, tomaron 2 decisiones estratégicas: comprar chatarra de aluminio para abaratar costos y eludir la competencia de Aluar y b) incorporar un excedente de viejo personal en tareas de mantenimiento. La decisión fue tomada por una asamblea que consideró que luego de 30 ó 40 años de servicio en la empresa y ante el robo de la jubilación, era más digno que trabajaran en la fábrica que darles un subsidio para que se quedaran en sus casas. Esta lógica pone patas para arriba la del capitalismo orientado por una conducta de clase exactamente opuesta.
Además, como en Zanello, todos los trabajadores cobraban lo mismo, sin importar el cargo que ocupen. Si mejora la facturación, aumenta lo que recibe cada uno "a cuenta de resultados". Aunque formaron equipos y, como en Zanón, sustituyeron a los capataces por coordinadores de áreas o taller que son los encargados de repartir el trabajo, en algunas secciones funcionan de forma vertical "porque el mercado les exige tomar decisiones muy rápidas".
Actualmente, la principal producción de IMPA es vajilla descartable, pomos para dentrífico, envolturas de golosinas y bandejas de catering.
"Ocupar, resistir y producir"
IMPA constituye una de las referencias centrales del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) que se organizó en los primeros meses del 2002, reuniendo unas 100 firmas.
Defienden la forma jurídica cooperativa ya que según uno de sus voceros, "facilita el acceso al crédito y el reconocimiento legal necesario para desarrollarse como empresas rentables". (8)
En la provincia de Buenos Aires lograron que se sancione la Ley 5708 que permite al gobierno expropiar los bienes inmuebles y cederlos en comodato a los trabajadores y, según sea el caso, en donación. A setiembre del 2002 se habían realizado unas 20 expropiaciones bajo esta legislación.
Por aquel tiempo, también la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires votó la expropiación de 2 fábricas que funcionaban autogestionadas por sus trabajadores: la imprenta Chilavert y la fábrica de materia prima de postres helados Ghelco. Estas nuevas leyes dispusieron 2 tipos de expropiación: a) temporaria -por 2 años-, de los edificios donde funcionaban y b) definitiva, en el caso de las maquinarias y otros bienes imprescindibles para la producción. Los equipos son cedidos en comodato a las cooperativas de los trabajadores y durante 2 años el gobierno pagará el alquiler de los edificios a los acreedores de cada quiebra, luego de este período las cooperativas tendrán prioridad en la compra de la fábrica.
Frente a las empresas autogestionadas por sus trabajadores que reclamaban la estatización bajo control obrero, como son los casos de Brukman y Zanón, Jorge Abelli, otro de los dirigentes del MNER, sostenía que la propuesta cooperativa supone no delegar las tareas de dirección en instancias ajenas al colectivo obrero, que pasa por asumir todas y cada una de las responsabilidades y riesgos, incluyendo la comercialización de los productos y enfatiza: "no parece oportuno entregarle las empresas que hemos recuperado y puesto en funcionamiento con mucho esfuerzo a este Estado mafioso", al mismo tiempo, marca los límites del movimiento: "Nosotros siempre tomamos empresas quebradas, nunca las que todavía están funcionando, porque nuestro objetivo es librarnos del destino marginal que significa estar desempleados". (9)
Precisamente, al ser una experiencia restringida y al no generalizarse al conjunto de la industria y los servicios, está siempre presente la amenaza de perder la posición conquistada. Tal vez en este sentido, el planteo de Zanón y Brukman sobre la estatización fue un salto en relación a las experiencias de las otras ocupaciones que organizaron cooperativas. (10)
Más allá de esta valoración, es indudable que todas estas experiencias, se trate de formas cooperativas o no, demuestran que sus protagonistas comienzan a librarse de las viejas costumbres de pasividad, sumisión y obediencia dentro de la vida económica. Afirman la cooperación y la solidaridad, superando el sentimiento de impotencia frente al patrón. Se inicia un proceso de desajenación, de emancipación en el sentido real del término y ponen en discusión la cuestión del dominio del capital sobre las máquinas y el trabajo. En ese sentido tienen un enorme valor pedagógico.
Fábricas abiertas a la comunidad
"La Fábrica, Ciudad Cultural", centro cultural autogestionado en IMPA, en el que funcionan talleres y cursos, se realizan fiestas, funciones de teatro, cine, etc., representa un buen intento de articulación con la comunidad. Este espacio funciona desde 1999.
El 5 de mayo de 2011 dieron comienzo a las actividades de la Universidad de los Trabajadores con la clase inaugural del seminario “Historia del movimiento obrero” dictada por su coordinador, el ex rector de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, Vicente Zito Lema. También funciona un bachillerato popular con 250 alumnos.
En los salones del Hotel Bauen también se realizan actividades promovidas por organizaciones sociales y políticas.
Otro buen ejemplo es el Centro Cultural de La Toma que funciona en el ex supermercado Tigre de Rosario, “puesto en funcionamiento por sus trabajadores en lucha por los puestos de trabajo” en julio de 2001 a partir de un proceso de vaciamiento iniciado por su propietario, Francisco “Don Pancho” Regunaschi, presidente de la Cámara de Propietarios de Supermercados, 3 años antes.
En este caso utilizaron el dinero que el Estado destinaría para los subsidios de desempleo en la creación de un supermercado comunitario. Luego concretaron la apertura de un comedor universitario y popular avalado por autoridades universitarias.
También funciona un Centro de Comercialización de la Economía Solidaria con la participación de artesanos, instituciones y organizaciones de emprendedores.
Asimismo albergan a una serie de cooperativas de trabajo y organizaciones: El Puente (psicólogos en La Toma), Mesa Coordinadora de Jubilados, Asociación Argentina de Actores (delegación Rosario), Sindicato de Guardavidas (CTA), Cooperativa de Trabajo del MTL, una Librería Obrera instalada por la Fundación Federico Engels, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos tiene un local de atención al público, funciona un teatro, etc.
Ya en un plano político, la constitución de la Mesa Coordinadora del Alto Valle, que agrupó a los obreros ceramistas de Zanón con el Movimiento de Trabajadores Desocupados (Neuquén), el Sindicato de Televisión, gremios docentes de la zona, universitarios, personal de los hospitales y organismos de DD. HH., si bien de alcance regional, fue central en la defensa y apoyo a la lucha por la expropiación de la fábrica.
Aunque debemos resaltar que los intentos de coordinación a través del MNER, los Encuentros de Fábricas Ocupadas y Trabajadores en Lucha organizados por Brukman y Zanón o las Asambleas de Trabajadores Ocupados y Desocupados organizadas por el Bloque Piquetero Nacional, se mostraron insuficientes y de hecho agruparon a las distintas experiencias de acuerdo a referencias políticas que en más de una oportunidad actuaron como verdaderos "corralitos" que impidieron a los trabajadores una verdadera solidaridad.
Nuestra Lucha, periódico de los trabajadores de Brukman y Zanón, con la intervención del Cuerpo de Delegados de Luz y Fuerza (Córdoba) y de Supermercado Tigre (Rosario), fue otra expresión de los esfuerzos por vincular las fábricas autogestionadas por sus trabajadores con los movimientos de desocupados, asambleas barriales y el movimiento obrero ocupado.
Si bien estos trabajadores no fueron la vanguardia social del proletariado, concentrado en las grandes empresas de la siderurgia, automotrices, las alimenticias, los servicios y el transporte, actuaron como su vanguardia política, superando la división entre economía y política en el seno de estas experiencias y dando un salto en la conciencia obrera muy importante.
Notas:
1) La autogestión fue la doctrina oficial del régimen socialista yugoslavo entre 1950 y la desintegración de la Federación. En Chile, bajo el gobierno de Allende (1970-3) más de 125 fábricas estaban bajo el sistema de autogestión. En Bolivia, surgió de la revolución popular de 1952 el control obrero sobre las minas entre 1953/63. También en Alemania Oriental (1945-53).
En Argentina, las ocupaciones de fábrica a partir de mediados de los noventa se proponen la recuperación de la fuente de trabajo. En este sentido, son diferentes de las ocupaciones previas que se planteaban como medio de confrontación para negociar cuestiones salariales, condiciones de trabajo, despidos, etc.
Durante la década del ’70, se conformaron comisiones de control obrero luego de un proceso de ocupación motivado por condiciones de trabajo en los astilleros Astarsa (Tigre) en 1973. En el caso de la papelera Mancuso-Rossi de La Matanza, los trabajadores, luego de denunciar la malversación de fondos, lograron controlar la producción a través de una comisión de control obrero que contó con la aprobación del Ministerio de Trabajo. La petroquímica PASA, en Rosario, en el mismo período.
Otro ejemplo lo constituye la puesta en marcha de la producción durante la ocupación de la planta Ford de Pacheco en 1985.
En los primeros años ’50 con la crisis del sector externo y su impacto sobre el mercado local, son numerosas las ocupaciones, especialmente en la rama textil. La ocupación de las textiles Produtex, Royaltex y Medias Paris forma parte de esta experiencia histórica. En el primer caso los trabajadores recorrían los barrios con los camiones de la empresa vendiendo lo producido. En Medias Paris una asamblea de trabajadores decidió, frente a la caída de la demanda en el mercado local, enviar una delegación a Uruguay para comerciar la venta de su producción.
En el período 1958-1962, con la crisis del modelo de acumulación de capitales por la vía externa, una nueva oleada de ocupaciones se desenvuelve como es el caso del Frigorífico Lisandro de la Torre en 1959. Son destacadas en esos años la ocupación del Ingenio Santa Lucía, en Tucumán, que en una semana de producción alcanzó el record histórico. La ocupación y puesta en funcionamiento de la automotriz Kaiser, el 15 de enero del 63, los trabajadores retuvieron a todo el personal jerárquico desde capataces para arriba, y luego pusieron en marcha la producción sin ellos. La textil Piccaluga, en Avellaneda, que funcionó durante tres meses bajo control obrero y las ocupaciones llevadas a cabo durante el plan de lucha de la CGT de 1964.
Entre las experiencias pioneras en el actual período se encuentra el Frigorífico Yaguané en La Matanza y la cooperativa CIAM (ex Aurora, planta Avellaneda) impulsada por la UOM de Avellaneda, ambas del año 1996, el frigorífico San Lorenzo en 1997 y la metalúrgica IMPA en 1998.
2) Para la toma de empresas el sindicato resulta el principal ausente en la mayoría de los casos adoptando una posición crítica que deslegitima la ocupación. En pocos casos, algunas seccionales resultan un actor central que impulsa la recuperación, como es el caso de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Quilmes o la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario a través de su Comisión Gremial.
3) De acuerdo al Programa Facultad Abierta de la UBA, coordinado por Andrés Ruggeri, en la actualidad el total de empresas recuperadas son 205 y ocupan a 9400 trabajadores.
En una reciente entrevista realizada a Eduardo Murúa, referente de IMPA, en FM La Boca de la Ciudad de Buenos Aires, declaró la existencia de 330 empresas recuperadas que agrupan a 15/16000 trabajadores. Sostuvo que “hasta 2003 había 170 empresas recuperadas y a pesar del crecimiento económico y del PBI siguieron cayendo fábricas y algunas fueron ocupadas por sus trabajadores. Este nuevo método de lucha está instalado en el movimiento obrero argentino. Cada vez que cierra una fábrica los trabajadores están preparados para quedarse con la empresa. Quizás fue lo mejor que hicimos: crear conciencia”. Entrevista realizada por el autor para el programa radial “Metrópolis”.
4) En la mencionada entrevista, Eduardo Murúa (IMPA) aclaró que: “Este veto no anula la Ley de expropiación que sigue vigente”.
5) Un buen ejemplo de esta situación lo constituye el trabajo a façon donde la explotación es ejercida por parte de un patrón que aparece enmascarado como “cliente” y es aceptado por los trabajadores a falta de una mejor alternativa en el mercado. En algunas ramas esta es una política habitual pero en la mayoría de las empresas bajo gestión obrera se convirtió en una necesidad durante un largo período ante la ausencia de capital de giro y de no tener acceso al crédito bancario que le permitiera financiar la producción propia. Esta suerte de patrón oculto, entrega la materia prima y retira el producto terminado, fija el precio de la mano de obra y los gastos generales e impone también los ritmos de producción, así como controla toda la cadena de distribución.
En la medida que la gestión obrera logró sostener la producción en el tiempo y formar un pequeño capital como para financiarla ya son muchos los casos que en distintas proporciones combinan trabajo a façon y producción propia.
6) El último censo del Programa Facultad Abierta (2009/10) constata que solo el 8% de las empresas recuperadas toma todas sus decisiones por medio del Consejo de administración. En la mayoría de los casos éste se desempeña como representante de la cooperativa y administrador cotidiano del día a día más que como una autoridad equivalente a un directorio de empresa.
El grueso de las empresas recuperadas por sus trabajadores recurre a la asamblea. El 88% declara hacerlas en forma periódica. El 44% una vez por semana y el 35% en forma mensual.
7) Diversos encuentros permitieron tomar conocimiento de la dimensión y el impacto de estas experiencias, que superan los estrechos marcos de las fronteras nacionales y están instaladas en diversos países latinoamericanos. Eduardo Murúa recuerda su colaboración para recuperar una empresa grande de papel en Venezuela y la relación con el presidente Hugo Chávez que hizo posible poder entrelazar empresas recuperadas de Uruguay, Brasil, Venezuela y Argentina en un encuentro en Caracas en el 2005. (Entrevista enero 2012).
8) El 95% de las empresas recuperadas se conforman bajo la forma jurídica de cooperativa. Según Andrés Ruggeri, es el tipo de organización legalmente válida de mejor adaptación a las características autogestionarias adoptadas por las empresas recuperadas, de fácil trámite y de ciertas ventajas impositivas y jurídicas. Además, posibilita ejercer el control de la planta sin heredar las deudas dejadas por los empresarios.
9) En la entrevista ya mencionada Eduardo Murúa sostuvo: “Nosotros no participamos nunca dentro del movimiento cooperativo porque siempre quisimos y estuvimos dentro de la lucha del movimiento obrero. Dentro del marco de las cooperativas hay de todo. Algunas se adaptan totalmente al sistema y son de productores. Aunque es un sistema superior al capitalista algunas se adaptan totalmente. También siempre fuimos muy críticos de la autogestión porque no creemos que sea la salvación. Nosotros creemos que los medios de producción más importantes deben estar en manos del Estado y planificados por nuestro pueblo. No creemos en la cooperativa como salida para un nuevo modelo. Ahora en el caso de estas 330 empresas pequeñas la autogestión puede servir como una semillita para ver lo nuevo, para instalar conciencia en el pueblo que no hacen falta patrones para producir y que el trabajo es más importante que el capital que solo es trabajo acumulado. Me parece que cuando los pueblos aprendamos eso podemos tener una salida”.
10) Una serie de empresas se nuclean en torno al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), constituido en 2001. A comienzos de 2003 el MNER sufrió una fractura interna de la que surgió el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas (MNFR), constituido luego en ONG. A diferencia del primero donde “una fábrica recuperada se convierte en un espacio de resistencia”, en el MNFR el eje está puesto en la recuperación de las fuentes de trabajo frente al desempleo por sobre el carácter cuestionador del proceso.
Por otro lado, una serie de casos se nuclean en torno a la Federación de Cooperativas de Trabajo (FENCOOTRA), que se integra con cooperativas de trabajo en la provincia de Buenos Aires a fines de la década del ’80 y recupera una tradición ligada al cooperativismo y al mutualismo. Otro nucleamiento es la Federación Nacional de Cooperativas de Trabajo Reconvertidas (FENCOOTER) más cercana a los organismos gubernamentales como el Instituto Nacional de Economía Social (INAES), constituida en agosto de 2002 y con un alcance reducido en lo que respecta al número de fábricas que alberga.
Finalmente, encontramos una serie de casos que articularon su discurso en un fuerte cuestionamiento a la propiedad privada y al sistema capitalista, con la significativa participación de algunos partidos políticos de izquierda, distintas organizaciones de derechos humanos y vinculándose también a distintas organizaciones de desocupados. La estrategia para este sector, representado por Brukman y Zanón, se centró en la constitución de un frente de unidad entre los sectores de trabajadores ocupados y desocupados y la estatización con control obrero de las fábricas.
Bibliografía:
- Fernández Alvarez, María Inés, “Sentidos asociados al trabajo y procesos de construcción identitaria en torno a las ocupaciones y recuperaciones de fábricas de la CABA: un análisis a partir de un caso particular” en El trabajo frente al espejo. Continuidades y rupturas en los procesos de construcción identitaria de los trabajadores, Battistini, Osvaldo (comp.), Prometeo libros, Buenos Aires, 2004.
- García Allegrone, Verónica, Partenio, Florencia y Fernández Alvarez, María Inés, “Los procesos de recuperación de fábricas: una mirada retrospectiva” en El trabajo frente al espejo. Continuidades y rupturas en los procesos de construcción identitaria de los trabajadores, Battistini, Osvaldo (comp.), Prometeo libros, Buenos Aires, 2004.
- Ghioldi, Carlos, La Toma, la lucha continúa…, Ediciones del Centro Cultural de La Toma, Rosario, 2010.
- Hacher, Sebastián, “Relato de un viaje al interior de Cerámicas Zanón”, Buenos Aires, diciembre 2002.
- Hernandez, Mario, “Argentina. El movimiento de autogestión obrera”, ponencia presentada en las III Jornadas de Investigación Histórico-Social de Razón y Revolución - Facultad de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 14-15/11/2003.
- Lucita, Eduardo, “Fábricas ocupadas y gestión obrera en Argentina. Ocupar, resistir, producir”, Buenos Aires, octubre 2002.
- Lucita, Eduardo, “Empresas bajo gestión obrera: la crisis como desafío”, Buenos Aires, abril 2005.
- Mandel, Ernest, Control obrero, consejos obreros, autogestión, Ediciones Era, México, 1974.
- Martínez, Josefina, “Fábricas ocupadas y gestión obrera directa. Apuntes para una reflexión histórica y teórica”, Rosario, octubre 2002.
- Martínez, Oscar y Vocos, Federico, “Las empresas recuperadas por los trabajadores y el movimiento obrero” en Produciendo realidad. Las empresas comunitarias, Carpintero, Enrique y Hernandez, Mario (comp.), Editorial Topía, Buenos Aires, 2002.
- Petras, James y Veltmeyer, Henry, “Autogestión de trabajadores en la perspectiva histórica” en Produciendo realidad. Las empresas comunitarias, Carpintero, Enrique y Hernandez, Mario (comp.), Editorial Topía, Buenos Aires, 2002.
- Ruggeri, Andrés y otros, Las empresas recuperadas en Argentina. Informe del tercer relevamiento de ERT, Programa Facultad Abierta, Facultad de Filosofía de Letras, UBA, 2010.
- Ruggeri, Andrés, “Autogestión obrera en Argentina: problemas y potencialidades del trabajo autogestionado en el contexto de poscrisis neoliberal” en Cooperativas y socialismo. Una mirada desde Cuba, Harnecker Piñeiro, Camila (comp.), Editorial Caminos, La Habana, 2011.

Fuente: Argenpress

Chile: Elecciones municipales: A levantar candidatos genuinos de la clase trabajadora

Chile: Elecciones municipales: A levantar candidatos genuinos de la clase trabajadora

Por Celso Calfullan

 

 

Cada vez se hace más evidente que la clase política, a pesar de las luchas de los estudiantes, de los trabajadores y pobladores exigiendo cambios de fondo al sistema, solo siguen preocupados de mantener sus cuotas de poder de espaldas a la mayoría de la población y sus anhelos de cambio.

Derecha y Concertación o gobierno y “oposición”, siguen siendo dos caras de una misma moneda, dos alianzas que en lo fundamental siguen defendiendo los intereses de los empresarios y las ideas centrales del sistema capitalista, en otras palabras ambas representan una misma clase política que solo buscan perpetuar los enormes privilegios que tienen bajo el actual sistema.

No se puede confiar en los políticos que se presentan como oposición al gobierno.

La Concertación no puede ser oposición al actual gobierno, por que ellos defendieron la misma política que hoy continua implementando el gobierno de los empresarios encabezado por Piñera, no podemos olvidarnos que las mayor privatización del cobre, que es la principal riqueza de este país, fue realizada por los gobiernos de la Concertación, y también fueron ellos los que perfeccionaron en lucro en la educación e implementaron los intereses usureros de los bancos para los créditos de los universitarios y si vuelven al poder seguirán haciendo los mismo, pero con un discurso levemente distinto para la galería.

La única oposición que existe hasta ahora a sido la de los estudiantes movilizados, los trabajadores en Magallanes, Aysén, Arica, Calama, que han salido a las calles a exigir mejores condiciones de vida o los trabajadores sindicalizados que han tenido que salir a la huelga para defender sus derechos.

Por esto cuando se habla de candidato único de la oposición a las alcaldías, se esta hablando de algo que no existe en los hechos reales, para ser oposición a cualquier cosa tienes que plantear una postura distinta a lo existente.

La falsa consigna de “todos contra la derecha”

La idea de que todos tenemos que unirnos para derrotar a la derecha en las elecciones municipales es totalmente falsa, estar contra la derecha y luchar en contra de ella en Chile significa enfrentarse a la Alianza por Chile (UDI; RN) y a la Concertación (DC, PS, PPD, PRSD), porque estas dos coaliciones defienden claramente políticas de derecha, ambos conglomerados defienden los intereses de los patrones contra los trabajadores.

Es necesario levantar candidatos genuinos de la clase trabajadora

Lo que esta claro es que ni los candidatos de la Alianza o la Concertación representaran los intereses de los estudiantes, trabajadores o pobladores que hoy están luchando contra las injusticias del sistema capitalista. La única alternativa que tenemos los que realmente queremos cambiar el actual sistema de injusticias es levantar nuestros propios candidatos, para desenmascarar y denunciar toda esta farsa. No podemos seguir aceptando que se intente blanquear a la Concertación y sus partidos y se los trate de presentar como defensores de los trabajadores o como opositores a las políticas de derecha que esta coalición defendió por 20 años, durante los cuatro gobiernos que ellos encabezaron.

Cómo la Ley Antiterrorista permite perseguir a menores mapuche

Cómo la Ley Antiterrorista permite perseguir a menores mapuche

Por: Comunicaciones Temucuicui y País Mapuche

 

La defensa realizada por los abogados Pablo Ortega y Lorenzo Morales ha solicitado desde el primer momento de la audiencia que no se impute a los menores de edad acusados por el Ministerio Público, obteniendo cómo respuesta la separación de causas, una para procesar a los menores de edad y otra para los adultos.

Los hechos de los que se les acusa, se habrían desarrollado el 9 de octubre de 2009, cuando los adolescentes ahora juzgados, eran menores de edad. Los abogados han tomado en consideración los derechos contemplados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Ley de Responsabilidad Adolescente del Estado chileno, por lo que no se debería aplicar la Ley Antiterrorista contra ellos.

Para ambos menores, la imputación del Ministerio Público ha significado casi tres años de vivir la persecución política en todo ámbito, teniendo incluso que asumir por algunas temporadas la clandestinidad, ya que de lo contrario, significaba estar tras las rejas pese a su corta edad y sin pruebas que los culpen. Todo por ser mapuche y familiares de dirigentes y comuneros detenidos.

Sumado a ello, se cooptó el derecho de libre tránsito, el derecho a estudiar, teniendo que abandonar la escuela por temor a ser encerrados y asumiendo la pesada decisión de ser prófugos de la justicia chilena, durmiendo a la intemperie, sin alimento y expuestos a una serie de factores que perjudican su crecimiento físico y psicológico, pero no así su dignidad.

Por otro lado, se vieron obligados a vivir la represión en todo su contexto, ya que durante allanamientos y controles policiales en nuestro militarizado territorio, debieron hacer frente a las balas impunes de las policías, quedando al descubierto el abuso y las pocas garantías de tener un trato justo si se presentaban ante los tribunales, sabiendo además que el asedio policial afectaba directamente a sus hogares y familiares, lo que provocó una fuerte sobrecarga afectiva de impotencia y dolor.

Uno de ellos ha vivido desde muy pequeño la represión. Ha sido detenido y baleado a los 10 años, ha sido interrogado y torturado arriba de un vehículo policial a los 11 y a los 12, fue secuestrado y abandonado a su suerte a varios kilómetros de su casa, sin que las jefaturas policiales se hicieran cargo de estos ilícitos, quedando estas agresiones en absoluta impunidad.

Su tío es constantemente citado a tribunales y su padre a estado además en la prisión política, por lo que desde el seno familiar, la represión ha causado desde su infancia una enorme presión sobre él.

Hasta el momento, el tribunal está considerando no aplicar la Ley Antiterrorista en este caso a los menores. Pero el temor está en que se les someta a doble procesamiento, y se intente realizar un nuevo juicio, articulando las mismas pruebas presentadas en este caso a ambos en un nuevo proceso judicial.

Hay que indicar que de utilizar las mismas pruebas, se estaría engañando a la justicia y a la opinión pública, puesto que dichas supuestas pruebas fueron maliciosamente obtenidas utilizando las abusivas facultades que otorga la Ley Antiterrorista a los fiscales y policías. Es decir, de igual forma estarían utilizando esta ley para condenar a los menores, una herramienta legal heredada de la dictadura de Pinochet y que está al servicio de los intereses del empresariado y latifundistas, que lo único que pretende es criminalizar y detener la protesta social en Chile y el territorio mapuche.

Hay que precisar además, que la única prueba que sostiene este montaje, es la declaración de un testigo protegido, quien se dice que habría participado de los hechos y habría delatado a los demás participantes, acogiéndose a la delación compensada, artimaña que permite la Ley Antiterrorista.

Osea, una persona ya condenada por “confesar” participación en los mismos hechos, que está en libertad, recibe un sueldo por su “colaboración” y que nadie conoce nada sobre sus antecedentes y los de su condena, está siendo usada para enjuiciar a 10 comuneros, sólo por la validez que da la ley Antiterrorista para este tipo de sucias maniobras.

La Comunidad Autónoma Temucuicui señala que seguirá informando su pensamiento ante los hechos en los próximos días y en la medida de los acontecimientos de este importante juicio que marcará precedentes para el Pueblo Mapuche, sus comunidades y organizaciones.

http://paismapuche.org/?p=4216

 

Argentina: A las puertas de grandes desplazamientos políticos

Argentina: A las puertas de grandes desplazamientos políticos

Por Marcelo Ramal 

 

En sólo cuatro meses, las especulaciones de los analistas políticos pasaron de la reforma constitucional releccionista a un eventual adelanto de las elecciones de 2013. Un giro semejante, que ya ocurrió en 2009, daría al traste, por razones de tiempo, con la muy publicitada ‘reforma política’ que dio lugar a las primarias. Las razones, igual que hace tres años, serían la necesidad de anticiparse a un fuerte deterioro en la situación de la economía.

Los asesores del oficialismo aseguran que la ‘imagen’ de CFK no fue afectada por la tragedia de la estación Once ni por el derrumbe energético o el ataque presidencial a los maestros y los luchadores ambientales, pero que todo esto podría potenciarse si se combina con recesión y despidos. Confían neutralizar esta posibilidad con la nueva caja del Banco Central y la de la Anses; con préstamos internacionales negociados por las provincias y la Ciudad, y por un éxito en el control de las paritarias.
Los límites del jolgorio
Sin embargo, la caja tampoco puede operar milagros. Reabierto el grifo del Banco Central, los fondos buitres y los que ganaron juicios contra Argentina en el Banco Mundial, han redoblado la presión para cobrar. Para apoyarlos, Obama resolvió aplicarle sanciones comerciales a Argentina. Lo mismo ocurrirá en breve con los acreedores del Club de París. La reforma del Central ha colocado a los especuladores en la cola de cobro.
Otro tanto ocurre con los subsidios y tarifas. El desastre del Sarmiento puso en un impasse a los tarifazos. Pero los monopolios eléctricos y petroleros amenazan con agravar la penuria actual -o congelar los sueldos de sus trabajadores- si no reciben mayores precios o tarifas. El gobierno está estudiando un aumento sustancial del precio del petróleo. Por otro lado, crece el gasto en subsidios, por ejemplo en el transporte, para pagar el aumento de salarios acordado con la burocracia de la UTA. La política oficial navega entre el tarifazo y el aumento indefinido de los subsidios, que serán financiados con la emisión de moneda que autoriza la reforma del Banco Central.
Una cabeza sin cuerpo
Los rumores sobre un adelantamiento electoral tienen ese telón de fondo. Pero esta vez, las listas de diputados de 2013 no pueden cobijarse detrás de un árbitro presidencial único, como ocurrió en 2011. Los armados de cada provincia, por lo tanto, van a sacar a la luz la inmensa fragilidad del frente oficial. Esto ya se vio allí donde hubieron elecciones desdobladas el año pasado. La mayoría de las provincias están en cesación de pagos, sin socorro del gobierno nacional, el cual, por el contrario, depende de las provincias para conseguir dólares a cambio de nuevas deudas internacionales. El ‘centralismo porteño’ ya no tiene bases económicas para controlar provincias.
Scioli encabeza el pelotón con 1.000 millones de dólares, seguido por Macri, De la Sota, Urtubey y el gobierno de Mendoza, entre otros. Los Estados petroleros -como Salta o Río Negro- garantizarán estas operaciones con las regalías. O sea que mientras rescinden concesiones sobre pozos inactivos, los gobernadores atan su destino al de los pulpos petroleros. Un reciente informe de Página/12 -con el contundente título de “Los gobernadores las prefieren privadas”- revela que su “intención no es reestatizar, sino (avanzar) hacia un cambio de operadores y de condiciones contractuales” (25/3), o sea que van por la entrega para salir de la cesación de pagos. En este cuadro, comienzan a sonar candidaturas “con portación de apellido” para 2013 -Alicia o Máximo Kirchner en los principales distritos. ¿CFK pretende convertir a la elección intermedia de 2013 en un pseudo plebiscito, por la vía del apellido? La maniobra podría pulverizar al PJ y hasta forzar una ruptura, que algunos juzgan suicida, con Scioli.
Oposición
Lo único que supera al declive oficial es el de la ‘oposición’. La UCR se encuentra dividida entre los que aspiran a un acuerdo con el PRO y los que lo impulsan con el FAP. En el debate por la transferencia del subte, el Peronismo Federal desairó al PRO, agravando el aislamiento de Macri con vistas al 2015. El FAP ha votado y actuado dividido en el Congreso, en todas las cuestiones recientes. El gobernador santafecino del FAP, Antonio Bonfatti, se arrima al kirchnerismo. Gerardo Morales (UCR) no cuestionó el “manotazo” a las reservas, sólo exigió “criterios” o “topes” para los adelantos del Tesoro. Lozano se abstuvo con argumentos similares, o sea que prestó un semi aval al “manotazo” para pagar la deuda. Mario Blejer, un representante de los acreedores, apoyó la reforma del Banco Central. El debate sobre el uso de las reservas del Banco Central para pagar la deuda externa, y sobre los adelantos al Tesoro para seguir con los subsidios, puso de manifiesto que la oposición no tiene una alternativa a las medidas desesperadas del gobierno.
Frente de Izquierda
El “enfrentamiento” entre los ‘nacionales y populares’, de un lado, y los ‘destituyentes’ del otro, ha quedado caduco. Pasó mucha agua desde la ‘crisis del campo’. Nunca tan vigente como ahora aquello de que no los une el amor sino el espanto -es decir, una bancarrota provocada por la crisis mundial que no da respiro. Transitamos un periodo de alumbramiento de un nuevo cuadro político, en el cual la izquierda revolucionaria puede convertirse en uno de sus polos. Esta tendencia se expresó, en el plano subjetivo, en la colosal demostración de fuerzas el sábado pasado, el 24 de marzo. La agenda política inmediata del Frente de Izquierda está determinada por estas circunstancias, que tienen un relieve cada vez más excepcional.