Tuesday, 03 de October de 2006
En el texto de esta conferencia dictada en Buenos Aires, el economista y ex ministro del gobierno de Salvador Allende realiza un diagnóstico de los síntomas del modelo bajo la administración de la Concertación y postula una propuesta alternativa. CHILE: DEL AGOTAMIENTO DEL MODELO NEOLIBERAL CONCERTACIONISTA A UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DESDE LA IZQUIERDA Conferencia en el Instituto Argentino de Desarrollo Económico, Buenos Aires, 12 Septiembre 2006. José Cademartori Ex Ministro del Presidente Allende. I. GIRO A LA IZQUIERDA EN EL CONTINENTE: SU IMPACTO EN CHILE. EL CASO VENEZOLANO. En Chile, como en todo el continente produjo una gran sorpresa, a comienzos del nuevo siglo, la irrupción del fenómeno Chávez. No se entendía ni se quería aceptar lo que estaba sucediendo. No se quiso ver el fracaso del modelo neoliberal que estaba ocurriendo y la crisis política en desarrollo. Se actualizó el término “populismo”, se habló de dictadura de izquierda, se esperaba que se derrumbaría de un momento a otro, para volver a la normalidad del Consenso de Washington. Entonces vino el golpe militar proyanqui, derrotado por la acción conjunta de los militares democráticos y el pueblo venezolano. Los jefes de la concertación, en la misma onda de Bush, culparon al propio Chávez y se negaron en un principio a condenar el golpe. Lagos pidió la renuncia del embajador chileno en Caracas con la mentira de que lo había desinformado. Hoy, mientras la Derecha secunda a Bush en su campaña contra la revolución bolivariana, en la concertación, círculos de la DC y socialistas vinculados con Acción Democrática y COPEI, se suman a esta campaña. Pero, en la base popular, la izquierda y en algunos sectores de la concertación y del gobierno Bachelet, se está abriendo paso la verdad y se observa, con interés y simpatía, las transformaciones sociales venezolanas y las audaces propuestas latinoamericanistas de Chávez. EL PROCESO BOLIVIANO En Chile se ha vivido de cerca el desarrollo de la crisis boliviana de los últimos años. La reposición de la reivindicación marítima, la sublevación masiva contra las privatizaciones y otras medidas neoliberales que sobrepasa la represión y derriba dos presidentes, la victoria popular y nacional en el plebiscito por el gas y el triunfo contundente en las urnas de Evo Morales, ha obligado a los chilenos a repensar lo que está pasando en nuestro entorno y las razones profundas de la lucha de masas. En la derecha la primera reacción es de rechazo cerrado a la demanda boliviana. Hay quienes sueñan en convertir a Chile en el Israel de América Latina. Pero, también aparecen personeros de la oligarquía que opinan que es hora de sentarse a negociar, ceder y obtener ventajas a cambio. En la concertación prevalece una actitud cautelosa, da señales de abrirse a la negociación, pero sin mostrar los límites hasta dónde ceder. En las encuestas, todavía más de dos tercios de los consultados se opone a cualquier cesión de soberanía territorial o marítima. El otro tercio de los chilenos es favorable y por eso Evo Morales fue recibido con la consigna “mar para Bolivia” Hay simpatía por su lucha por recuperar sus recursos energéticos y naturales. Tal fue la línea de Allende y su gobierno y no es imposible que llegue a ser un pensamiento mayoritario, a un plazo cercano. ARGENTINA Y EL GAS NATURAL A mediados de los noventa, en Chile tanto la derecha como la concertación consideraban a Menem un aliado y su política neoliberal, la única posible. Fue en un momento de íntima relación con el gobierno de Frei que se impuso el gran negociado de la exportación de gas natural argentino a Chile. Desde el comienzo un negocio para transnacionales y grandes grupos privados. En Chile fue presentado como la gran panacea. Tendríamos definitivamente energía barata y abundante. Las soluciones privadas de mercado eran las únicas efectivas. Pero, ahora ha quedado demostrado el fraude. Expertos independientes advirtieron que las reservas eran limitadas y que el negocio era muy rentable a corto plazo para las compañías pero no sería solución a largo plazo para las industrias y los consumidores domésticos. Ahora sabemos que Repsol, YPF, British Gas, Endesa, Tractabel y otras multinacionales asociadas con capitales argentinos y chilenos han constituido un monopolio compartido, donde las ganancias van desde la boca de los yacimientos, la construcción y operación de los gasoductos hasta la distribución a las fábricas y hogares argentinos y chilenos, amén de otros negocios vinculados a la energía. Mientras el precio del gas facturado en la frontera se fijó en 3,5 dólares por millón de BTU, al consumidor chileno le sale a 21,7 dólares, o sea 6 veces más caro. Las utilidades de las distribuidoras aumentaron en el último año entre 71% y 117%. 400.000 hogares chilenos están amenazados de nuevas y fuertes alzas, sin que puedan cambiar de proveedor. Por anunciar la posibilidad de controlar las tarifas, la Ministro de Economía fue destituida de su cargo. La oligarquía chilena en perfecta consonancia con la oligarquía argentina ataca constantemente al gobierno de Kirchner y liberan de responsabilidad a los consorcios privados. En el gobierno Bachelet se trata de reducir las tensiones. En la izquierda se promueve el entendimiento y todas las propuestas en aras de la colaboración mutua entre los dos países. II. LAS LUCHAS DE MASAS EN CHILE CRECEN Y SE PROFUNDIZAN La batalla por los derechos humanos ha logrado no pocos éxitos. Las pensiones para miles de víctimas de la dictadura, las condenas judiciales a numerosos oficiales, los procesos judiciales reveladores de la autoría intelectual de Pinochet en muchos crímenes políticos y el proceso por fraudes y el enriquecimiento ilícito del dictador, el rechazo a la aplicación de la amnistía, así lo demuestran. En la defensa del medio ambiente son trascendentales las victorias obtenidas con la cancelación de los proyectos contra bosques nativos en Patagonia y Llanquihue; la lucha de diversas comunas de la capital contra la contaminación provocada por la transnacional que se apoderó del agua potable; la campaña contra la planta de celulosa de Valdivia por sus residuos tóxicos en ríos y costas; la denuncia contra la transnacional Pascua Lama y por la preservación de los glaciares. Nuevas batallas se libran contra las autopistas que destruyen los barrios, por la regulación de la construcción en altura. Los consumidores y usuarios se organizan para combatir mediante el boicot a los monopolios privados de servicios públicos. Aunque la campaña contra el TLC con EE.UU no triunfó, la conciencia de los daños de la globalización transnacional se manifestó masivamente en el repudio a la APEC y a la presencia de Bush. Así también los chilenos se pronunciaron mayoritariamente contra la invasión a Irak y por el voto de rechazo en el Consejo de Seguridad. Las demandas laborales se expresaron en movilizaciones enérgicas de los cesantes por los empleos de emergencia, de los trabajadores discriminados de la subcontratación en el cobre, en el Paro y Protesta Nacional de agosto del 2003, convocado por la CUT. Frente al problema de la vivienda se han manifestado los deudores habitacionales que exigen una repactación asequible a sus posibilidades; otras 20.000 familias exigieron la reconstrucción de las “casas Copeva”, símbolo de mala construcción, descontrol y fraudes; las familias de “allegados” se toman terrenos urbanos, puesto que no pueden pagar para acceder a los programas oficiales de viviendas mínimas. La lucha de los últimos meses de los estudiantes secundarios ha conmocionado al país. La paralización, las salidas callejeras, la toma de los liceos fue una de las mayores movilizaciones de estudiantes secundarios que alcanzó a cientos de miles, una masividad y apoyo ciudadano sin precedentes. Ella planteó reformas profundas a la privatización de la enseñanza, en defensa de la educación pública. También los universitarios se movilizan por becas, el pase escolar en el transporte y el arancel de la prueba de aptitud académica. Decenas de miles de trabajadores públicos no pueden jubilar porque obligados a incorporarse a las AFP, ahora comprueban que sus pensiones serían miserables, por lo que reclaman una solución al daño previsional que les afecta. Las demandas de los mapuches se centran en la derogación de la ley antiterrorista que se les aplica en su lucha por recuperar sus tierras. Por su parte la exitosa y combativa huelga de los mineros de La Escondida ha señalado un camino a los trabajadores de otras compañías mineras. Estamos pasando del descontento soterrado a las marchas callejeras, al corte de avenidas y autopistas. Los trabajadores y otras capas sociales ya perdieron el temor que se les inculcó de que sus demandas traerían el regreso de Pinochet. Ahora enfrentan cada vez más la represión policial y están logrando legitimar su derecho a la protesta y a la demanda pública. III. GRIETAS EN EL CONSENSO NEOLIBERAL La llamada política de los consensos ha marcado la evolución de los quince años en la política chilena. Ha sido la permanente búsqueda de acuerdos, especialmente en el ámbito parlamentario y del ejecutivo por parte de ambas coaliciones - la concertación y la derecha- sobre el contenido de las leyes, normas administrativas, política exterior, nombramientos de altos cargos en el Banco Central, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, y en la dirección de la TV estatal. Los grandes temas del consenso han sido, la reconciliación y el olvido de los crímenes dictatoriales, la aplicación de la amnistía pinochetista, la legitimación de la Constitución impuesta en la dictadura, el sometimiento de la política económica a las exigencias del gran empresarial, la intangibilidad de las leyes orgánicas que regulan materias sustanciales como la educación, las fuerzas armadas, las inversiones extranjeras, el sometimiento a la globalización transnacional, la privatización de la previsión, el sistema electoral, entre otras. Mediante el sistema electoral binominal, la derecha y la concertación, virtualmente se reparten los asientos parlamentarios, se aseguran una sobre-representación en el Congreso, a expensas de los electores que rechazan ambas coaliciones, se abstienen o buscan nuevas alternativas. Particularmente la derecha, con sólo un tercio de los votos en cada distrito puede acceder a la mitad de los asientos en el Congreso, con lo cual bloquea las iniciativas democráticas y progresistas. A pesar de tener mayoría en ambas ramas, los gobiernos de la concertación han preferido buscar la anuencia de la derecha y adaptarse a sus planteamientos en lugar de enfrentarla. El consenso derecha-concertación concita el repudio ciudadano, pues su voto resulta frustrado y sin valor ante los arreglos cupulares posteriores entre los aparentes adversarios. Las contradicciones que genera el sistema gobernante han estallado en numerosos disputas entre ambos bloques y dentro de ellos. Dentro de la alianza derechista, a raíz de sus últimos fracasos electorales y el derrumbe de Pinochet, han surgido fuertes conflictos entre la UDI, su ala más conservadora y RN, más liberal, por la hegemonía y por la candidatura presidencial. Dentro de la otrora monolítica UDI, surgen divergencias y Lavín se aparta de las decisiones del partido. Otros disidentes reclaman más participación de dirigentes regionales y locales. En RN, Piñera se enfrenta a menudo con sus correligionarios por diferencias tácticas. En la concertación pesa el hecho que sus votaciones van en bajada. A duras apenas retuvieron la Moneda en las dos últimas elecciones, salvándose de la derrota sólo por el apoyo del electorado de la izquierda crítica en la segunda vuelta. Al interior del bloque gobernante la Democracia Cristiana perdió hegemonía y sus aliados del PR. Desde la derechización del gobierno de Frei, perdió mística entre los jóvenes y estudiantes, los sindicatos de trabajadores pro DC están divididos y han perdido la representación relevante que tuvieron en la CUT. Sus principales candidatos senatoriales fueron derrotados. El sub-sector laico y de tendencia socialdemócrata, PS, PPD y PR ganó la mayoría dentro de la concertación, tanto con la presidencia del gobierno como en el Congreso Nacional. Pero la DC se ha propuesto disputar la hegemonía del próximo período, sin primarias internas, compitiendo en la primera vuelta y a riesgo de una derrota para la coalición. En todos los partidos de la concentración y dentro del gobierno Bachelet, se perfila constantemente una confrontación entre los que creen necesario efectuar cambios económicos y sociales hacia la izquierda y los que persisten en continuar el modelo neoliberal en el consenso con la derecha. IV. LA IZQUIERDA EXTRAPARLAMENTARIA Y LA CAMPAÑA ELECTORAL En la campaña electoral del 2005, por primera vez la televisión organizó debates presidenciales y parlamentarios a tres bandas. La Izquierda extraparlamentaria, unida en el pacto municipal del Juntos Podemos había logrado en el 2004, un sorpresivo 9% a nivel nacional, y eligió alcaldes y concejales en numerosos municipios. En las elecciones presidenciales y parlamentarias la alianza comunista-humanista-izquierda cristiana y un numeroso conjunto de grupos sociales y movimientos ideológicos conformó una sola lista de candidatos, un programa común y un solo candidato presidencial. Teniendo en cuenta que en las municipales no rige el sistema electoral binominal, pero sí en las parlamentarias, el Juntos Podemos ampliado con nuevos grupos y movimientos, obtuvo más de un 7%, lo que confirma la emergencia de una tercera fuerza en disputa a la que le corresponderían al menos 8 diputaciones, si el sistema electoral garantizara la proporcionalidad entre sufragios y elegidos. En la campaña electoral los candidatos del Juntos Podemos Más pusieron en el debate en la TV, en las plazas, ferias libres y “casa a casa” temas como la creciente desigualdad de los ingresos y la riqueza, el desempleo crónico, el derroche de los recursos fiscales, el verdadero saqueo a los trabajadores que significan las ganancias de las AFP, las Isapres, los Bancos y los monopolios privados de electricidad, agua y otros servicios públicos, los perjuicios de la entrega de gran parte de nuestras reservas de cobre a la voracidad de las transnacionales, los abusos patronales con los trabajadores, las discriminaciones en educación y salud, la escasa o nula audiencia y consideración a los problemas de los ciudadanos de a pié, en contraste con la íntima convivencia en viajes, banquetes y favores mutuos entre los políticos gobernantes y la cúpula empresarial. La presencia de la Izquierda extraparlamentaria puso a la defensiva a los bloques dominantes. Muchos de sus candidatos tuvieron que reconocer que las críticas eran justificadas y se comprometieron a apoyar algunos cambios. Teniendo en cuenta las promesas de Michelle Bachelet de acoger los cinco puntos condicionales planteados por el P. Comunista, y apoyados por la Izquierda Cristiana, y numerosos otros grupos del Juntos Podemos Más, la casi totalidad del electorado de la Izquierda Extraparlamentaria votó a Bachelet, en la segunda vuelta. Lamentablemente los humanistas y otros grupos llamaron a votar nulo, llamado que fue un fracaso pues el número de nulos fue inferior aún al de la primera vuelta. Varios de los cinco puntos planteados, a meses de asumir Bachelet, se han convertido en temas importantes de la agenda del gobierno y de la actividad política. Entre ellos destacan las reformas laborales, una pensión universal para los mayores de 65 años y otras reformas previsionales, compromisos por la defensa del medio ambiente, la liberación de los presos mapuches y la derogación de la ley antiterrorista. Están en curso algunos cambios positivos en la política laboral. Pero, sobre todo. la reforma electoral del sistema binominal está en el centro del debate. La derecha busca revertir la caída de la popularidad de sus líderes y sus partidos que muestran las encuestas y acusa al gobierno de débil e incapaz porque no suprime las protestas masivas. En todo caso, el gobierno sigue respaldando la línea económica neoliberal. V. EL BOOM DEL COBRE Y LAS DEMANDAS INSATISFECHAS. La recuperación de la economía mundial después de la recesión del 97 al 2002, impulsó una fuerte demanda de materias primas e insumos industriales. El ininterrumpido y notable crecimiento de China que se difunde a todo el este asiático es, sin duda un cambio estructural de la economía mundial y de la correlación entre países y continentes. Es un nuevo potente polo de desarrollo que está beneficiando a América Latina. La demanda de cobre y las dificultades de todo orden que limitan ampliaciones o de nuevas minas en todo el mundo, contribuyen a que el precio del cobre llegue a niveles records. Más de un tercio de las reservas mundiales probadas están en Chile y las transnacionales están proyectando grandes inversiones, pero que demorarán varios años. Hace pocos años se creía que la cotización de equilibrio a mediano plazo sería de 1,5 dólares por libra. En cambio el precio este año supera con mucho los 3 dólares la libra. Así, los ingresos chilenos por exportaciones subirán de unos 18.000 millones de dólares hace algunos años a unos 40 mil millones de dólares para el presente ejercicio. Se espera que este déficit de oferta mundial del metal, frente a una demanda creciente se mantendrá a lo menos durante algunos años. Así se ha creado una situación inédita para Chile con la entrada de recursos imprevistos que podrían servir para dar un salto extraordinario a la economía chilena y para el bienestar de todos los chilenos, según la utilización que se haga de ellos. Desde luego no será así por ahora, puesto que el mayor ingreso va a salir del país en forma de ganancias de las compañías extranjeras. Del total de la producción de la gran minería que Allende nacionalizó en beneficio de todos los chilenos, hoy sólo queda poco más de un tercio en poder del estado. Los gobiernos de la Concertación, con el pretexto de los inconstitucionales decretos pinochetistas, entregaron al capital extranjero y nacional, en concesión gratuita y hasta su extinción, valiosos yacimientos que sólo en este año le rendirán ganancias por 16.000 millones de dólares, suma similar al total de sus inversiones en el país, sin contar las utilidades bursátiles por el aumento de precio de sus acciones que subieron entre 67% y 95% en un año. Esto significa que en solo un año las compañías transnacionales habrán recuperado más que todo el capital invertido por ellas en los quince años anteriores. De esa suma sólo tributarán al estado, un 20%. En otras palabras, a pesar de que las compañías privadas controlan más de dos tercios de la producción total, Chile recibirá por tributación sólo 3.000 millones, mientras la empresa estatal Codelco aportará 7.000 millones, a pesar de tener una producción muy inferior a las privadas. A lo anterior hay que agregar que por una discutida ley de la dictadura, las FF.AA van a recibir otros 1.000 millones de dólares para su uso reservado. En resumen, hoy está más claro que la desnacionalización fue un profundo error histórico. Y la renacionalización vuelve a adquirir gran actualidad ya que podría impulsar al país a una era de prosperidad general. El Presupuesto Fiscal 2007 va a destinar sólo unos 1.100 a 1500 millones de dólares para incrementar el gasto social y la inversión pública. A pesar de los enormes ahorros ya acumulados en la cuenta fiscal, el Ministro de Hacienda se niega a aumentar el presupuesto fiscal más allá de un 9%. , en circunstancias que la participación del estado en el producto interno viene disminuyendo y está entre las más bajas del mundo. El grueso de los excedentes del cobre que alcanzarán hasta 20.000 millones de dólares se colocarían en Fondos de Reserva, a ser administrados por compañías financieras privadas que obtendrán jugosas comisiones. La mayor parte de esa suma estará colocada en el exterior en bonos, acciones y otros valores para financiar a las economías desarrolladas. Sólo se retirarán los intereses y dividendos de esos fondos con destino a las futuras jubilaciones y a compensar las menores entradas por próximas recesiones o por menores impuestos al capital que ya están demandando los monopolios empresariales. Esta política fiscal neoliberal que le niega a los chilenos la posibilidad de que el estado invierta en satisfacer necesidades sociales y productivas urgentes y postergadas, justamente ahora cuando existen los recursos disponibles y ya no vale el repetido argumento “no hay recursos”, es una política que está generando una sorda, pero potente indignación. El contrasentido de esta situación ya lo graficaron los estudiantes en sus carteles: “el cobre por el cielo, la educación por el suelo.” Aún más. La extraordinaria bonanza del cobre, con ahorros y fondos líquidos muy elevados, pero con baja en las inversiones privadas, se presenta ahora, justo cuando el crecimiento está descendiendo, la producción agropecuaria ha disminuido, la industrial está marcando el paso y la cesantía se mantiene en elevados índices. Este año la economía crecerá menos que el año pasado. VI. LA CONVERGENCIA SOBRE REFORMAS SOCIALES Y POLÍTICAS Está resultando claro para una gran mayoría que una mejoría de las condiciones de vida y de trabajo no se alcanzará mientras prevalezca el modelo económico neoliberal, del que se beneficia solamente una minoría cada día más ostentosa de su riqueza y que ejerce una influencia desmedida en las decisiones gubernamentales. También se va llegando a la conclusión que el actual sistema político y sus coaliciones dominantes tampoco ofrecen posibilidades de cambio. Un 60% de los consultados, incluso de votantes de los dos bloques, no se sienten interpretados por el accionar de ninguna de las dos coaliciones. Parece evidente que una unidad aunque sea circunstancial, formada por todos los descontentos, cualquiera sea el partido al que adhieran, puede ser el camino que hoy se presenta como para romper la inercia y la desesperanza. El problema está en encontrar quiénes y qué instituciones pueden tomar la iniciativa, constituir el marco de la unidad y servir de motor de la misma. La Central Unitaria de Trabajadores, la heredera de la histórica Central Unica (1953-1973), formada al término de la dictadura, parece ser la fórmula de esta convergencia. La nueva CUT, se vio desdibujada en los primeros gobiernos de la Concertación, entrampada en una especie de pacto social con los patrones y el gobierno que resultó desastroso para los trabajadores. No se cumplieron las promesas de recuperar las conquistas sociales arrebatadas por la dictadura y por el contrario fue debilitado el papel de los sindicatos. Los trabajadores se sienten indefensos ante los abusos patronales. Hasta ahora esta situación no ha sido revertido por completo. Sin embargo, desde hace algún tiempo, las nuevas directivas electas, los nuevos estatutos destinados a reforzar la participación de las bases y otros enfoques más apropiados a la situación existente, han llevado a la CUT a ampliar sus demandas para abarcar a sectores no sindicalizados y a entrar a pronunciarse en el terreno político y social general. La nueva CUT continúa siendo dirigida por cuadros que pertenecen o adhieren a las corrientes ideológicas predominantes, socialistas, comunistas, demócratas cristianos e independientes de izquierda, entre otros, pero que comparten la necesidad de la unidad del movimiento sindical. Abandonaron la CUT, sin mayores consecuencias, pequeños grupos comprometidos con intereses patronales o transnacionales, en un intento más de dividir a los trabajadores. Llamando a la convergencia en torno a puntos comunes en materia social y política, la CUT logró reunir en una plataforma de cuatro puntos mínimos a un colectivo de amplitud hasta ahora no alcanzada. Estos cuatro puntos son la reforma previsional, el cambio del sistema electoral, la reforma educacional y las demandas sobre el código laboral. Adhirieron organizaciones estudiantiles, colegios profesionales, asociaciones de jubilados, representantes de las pymes, intelectuales, diputados y senadores de la concertación, alcaldes y concejales, incluidos algunos provenientes de la UDI y RN. Firmaron esta convocatoria las directivas de los cuatro partidos de la Concertación y una parte importante del Juntos Podemos Más, como los comunistas, izquierda cristiana, la surda, fuerza social y numerosos redes o grupos sociales organizados. La Presidente Bachelet ha reiterado su compromiso personal con estas reformas y ha planteado la posibilidad de llamar a plebiscito o consulta nacional para ejercer presión moral, en caso que en el Congreso estas reformas sean bloqueadas. El Parlamento Social y Político, nombre que tiene esta novedosa iniciativa, se estrenó públicamente, a pesar del boicot mediático controlado por la derecha, ante más de cinco mil adherentes. Prepara un conjunto de movilizaciones masivas, sin descartar un llamado a paro y protesta nacional. VII. EL PROGRAMA DE GOBIERNO DEMOCRATICO DE NUEVO TIPO Según una reciente reforma, los períodos presidenciales se reducen de seis a cuatro años, sin posibilidad de reelección. Es un cambio importante en la tradición chilena que ya está produciendo agitación temprana en la clase política. Se forman grupos y aparecen auto proclamaciones de candidatos. Para la izquierda extraparlamentaria un desafío a la orden del día es perfilar desde ya un programa de gobierno democrático de nuevo tipo que supere las falencias de los gobiernos de la concertación. En tal sentido, los proyectos elaborados con participación masiva, presentados en 1999 y 2005 por las candidaturas de Gladys Marín y Tomás Hirsh, constituyen valiosos precedentes. Sirven también las realizaciones del gobierno de Allende y de otros períodos progresistas. En una breve definición se trata de desarrollar tres características: avanzar hacia mayor democracia, soberanía nacional y justicia social. Al mismo tiempo dicho gobierno debe sustentarse en una mayoría nacional activa y participativa. Esta parece ser la meta realista a alcanzar en el presente período histórico. Se trata de una revolución democrática, antineoliberal cuyos rasgos se aprecian en la revolución bolivariana y en la revolución boliviana. Algunos grupos de izquierda sostienen que debe ser planteado como tarea inmediata la liquidación del capitalismo y su reemplazo por el socialismo, lo que desde el punto de vista de la correlación de fuerzas internacionales, así como de la propia historia de nuestras luchas, resulta ser un espejismo. A la vez, quienes estamos convencidos que el socialismo ha de reemplazar al capitalismo, consideramos que su construcción económica, social y moral será tarea de muchos decenios, aunque desde el momento que los trabajadores y sus representantes accedan al poder político, así sea parcialmente, muchas medidas del programa contribuirán a desarrollar la nueva sociedad. Hay también no pocas diferencias legítimas en las concepciones sobre el socialismo, que necesitarán tiempo para superarse. No podemos dejar de lado tampoco la experiencia nacional y latinoamericana que nos demuestra que vastos sectores de capas medias que apoyarían un gobierno democrático de nuevo tipo, no se sienten atraídos por el socialismo, sea por desconocimiento, escepticismo por los fracasos del siglo xx o porque reclaman un espacio individual para su desarrollo como trabajadores independientes, o en pequeñas o medianas empresas privadas. Por otro lado el concepto de mayoría nacional activa es clave para el sustento del nuevo gobierno, ya sea porque en Chile, como en muchos otros países, se ha consolidado un sistema electoral presidencial en dos vueltas, como por el hecho de que un gobierno democrático de nuevo tipo, sin mayoría parlamentaria y sin respaldo mayoritario popular activo, difícilmente se puede sostener, por lo que las alianzas con otras fuerzas, pueden ser indispensables, para derrotar los golpes de estado y las conspiraciones del exterior y del interior del país. Las reformas que parecen estar maduras y reciben una amplia acogida en las consultas y las encuestas son: Reformas políticas: sistema electoral proporcional para la elección del Congreso, no excluyente de ningún sector ideológico, de independientes de dirigentes sindicales, distintas etnias, jóvenes, desde los 18 años. Inscripción automática desde los 18 años, voto voluntario, derecho a sufragio de los chilenos en el exterior, institución del plebiscito, derecho a participación y consulta ciudadana en la formación de las leyes, posibilidad de revocación ciudadana de los mandatos de los electos, elección popular para autoridades regionales, reforma municipal por una mayor participación ciudadana y creación de fuentes productivas y otras medidas para fortalecer la descentralización del país. Reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. Reestructuración de las Fuerzas Armadas y policiales sobre la base de una doctrina militar y policial democrática. Aspiramos a una Constitución democrática, elaborada por asamblea constituyente elegida por los ciudadanos. En esta constitución estarán incorporados los derechos de las minorías, las mujeres, los niños y los consagrados por diversas convenciones internacionales Reformas económicas: recuperar soberanía sobre la gran minería del cobre, nueva tributación y mayor regulación gubernamental sobre las compañías privadas. Hacia una política única nacional del cobre ante el mercado mundial. Avanzar hacia la recuperación de los yacimientos mineros que pertenecen al estado. Desarrollar empresas del estado o mixtas con control público, para reindustrializar y crear mayor valor agregado para nuestras exportaciones. Respaldo sistemático a las mipymes en su competencia con las grandes empresas, fomentar su independencia y su asociatividad, apoyo activo a las empresas cooperativas, freno a la concentración del poder económico y a los monopolios, tanto de las transnacionales como de los grupos financieros locales. Fortalecimiento del rol de consumidores y usuarios. Política económica, con la prioridad de reducir drásticamente el alto desempleo. Utilización productiva y social de los recursos acumulados del cobre y de los ahorros de los trabajadores en las AFP. Reforma tributaria para disminuir la carga sobre los bajos ingresos y aumentarlos sobre la riqueza y altos ingresos. Reforma del Código laboral para recuperar los derechos de los trabajadores. Asegurar la integridad del bosque nativo, de las tierras de cultivo, ríos, lagos, fuentes acuíferas y zonas pesqueras, protección del aire urbano, estricta regulación de residuos de minas y fábricas. Política energética de largo plazo, mayores exigencias a las empresas concesionadas, fomento a la mayor diversidad de nuevas fuentes energéticas nacionales y medidas para el ahorro y la racionalidad en el consumo. Reformas sociales: Educación. Aumento de recursos para el mejoramiento inmediato y sustancial de la educación pública. Reforma del actual sistema municipalizado. Dotación a todas las escuelas públicas de equipos modernos y laboratorios para la enseñanza, ampliación de la infraestructura, capacitación y aumento del profesorado. Revisión, control y sanción de los abusos de la educación como negocio privado. Cobertura total de la enseñanza preescolar pública. Reducción de costos para apoderados, incremento sustancial de becas y créditos. Reforma universitaria con mayores recursos para las universidades públicas y para la investigación científica y tecnológica. Vivienda y Habitat. Ampliación de recursos para construir viviendas sociales mejoradas y para el acceso de familias sin casa y sin capacidad de ahorro. Solución a los problemas de los morosos. Planificación y regulación urbana para el uso equitativo y racional del suelo urbano, con acceso a servicios comunes. Mejoramiento del transporte público. Previsión social. Pensión universal mínima. Reestablecimiento del aporte patronal. Fin a la discriminación femenina. Participación de los afiliados en la administración de sus fondos, reducción de los cobros de las AFP. Mayores exigencias a los deudores de las cotizaciones previsionales. Reponer el aporte patronal al fondo solidario. Salud. Mejoramiento sustancial de los servicios públicos con mayor dotación de personal, equipos e infraestructura, ampliación de la red a todo el territorio urbano y rural, reducción del costo de los medicamentos, ampliación de la cobertura fiscal a todas las enfermedades graves, nuevos servicios para tercera edad y discapacitados. Seguridad ciudadana. Énfasis en la prevención del delito, políticas de rehabilitación efectiva, participación y organización ciudadana y cooperación policial, reforma del sistema carcelario, campañas contra el consumo de drogas, combate drástico a los grandes narcotraficantes, control del lavado de dinero y de otras redes internacionales del delito. Cultura y medios de comunicación. Asegurar la incorporación de vastos sectores que demandan la práctica y el goce de los bienes culturales, la participación relevante de las organizaciones representativas artísticas y culturales de barrios y poblaciones, facilidades para la capacitación, promoción de los valores regionales, locales étnicos, con respeto a la diversidad ideológica. Promoción de la memoria histórica, de los derechos humanos, de la solidaridad. El estado, auditores, espectadores, padres de familia, educadores, trabajadores de la cultura, deben tener acceso a la programación de los medios masivos y terminar con el monopolio privado de esos medios. Política internacional: Prioridad a una más estrecha cooperación y a la solución de los conflictos pendientes con los países vecinos, entre ellos la salida al mar a Bolivia. Participación activa en los proyectos de integración latinoamericana, ingreso pleno al MERCOSUR reformado, con mayor presencia de organizaciones sociales y en la Comunidad Sudamericana de Naciones. Frente común y solidario latinoamericano para temas como la solución de la Deuda externa, las relaciones con las potencias y países desarrollados, actuación conjunta y unitaria en las NU, FMI y otros organismos internacionales. Posición activa contra la guerra, contra la invasión de territorios y naciones soberanas, contra la instalación de bases militares extranjeras, por un acercamiento de las FF.AA latinoamericanas hacia una doctrina defensiva común, por la limitación de la producción y el comercio de armas, hacia el desarme universal, por la solución pacífica de los conflictos internacionales. |
