ARCIS es una universidad privada nacida al amparo de la mercantilización de la educación instaurada por Pinochet y su dictadura militar. Sin embargo, la Universidad ARCIS se erigió en ese entonces como un proyecto sin fines de lucro, progresista, crítico y de izquierda. Fue un espacio de libre expresión cuando la verdad era perseguida y ocultada. Actualmente, es una mera empresa que ofrece servicios a un alto costo y en un clima corrompido por la dialéctica empresarial, que, además, funda su gobernabilidad interna.
El año 2002, ARCIS vivió una crisis económica producto de la mala gestión de sus directivos. Los nuevos inversionistas inyectaron -según sus dichos- "importantes sumas de capital": el empresario Max Marambio -ex GAP y militante del MIR-, el Partido Comunista (PC) -a través del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), y la Fundación Salvador -compuesta en su mayoría por académicos-. Estos inversionistas constituyeron una empresa Inmobiliaria para "gestionar los recursos". Actualmente, el PC controla el directorio y gran parte de los cargos directivos y académicos.
El maltrato laboral continúa. Los que están llevando a cabo estas violaciones de los derechos de los trabajadores son los miembros del directorio: el empresario Max Marambio, el periodista Juan Andrés Lagos -miembro del Comité Central del PC-, el ex candidato presidencial de la izquierda Tomás Moulian -ex MAPU-, Eduardo Contreras -abogado de derechos humanos y dirigente PC-, Jorge Echeverría, Daniel Núñez -dirigente PC-, Sergio Trabucco, junto a los directivos Jaime Insunza -ex dirigente PC-, Andrés Pascal Allende -ex dirigente del MIR-, Galo Eidelstein -militante PC-, Pablo Monje y el abogado Adil Brkovic.
La dirección de ARCIS pretende rebajar los beneficios adquiridos por los trabajadores tras 14 años de lucha sindical. La presidenta del sindicato, Lay Sang Loo, señala: "La dirección de la Universidad respondió a nuestra propuesta de contrato colectivo eliminando beneficios que legítimamente hemos adquirido. Las reacciones de molestia, rechazo e indignación fueron unánimes. Se resiente la poca consideración hacia los trabajadores, el nulo reconocimiento de lo que hacemos diariamente para mantener este proyecto. No nos queda más que pensar que hay mala fe. La propuesta de negociación colectiva que hace la Universidad ARCIS nos reduce, entre otros, el beneficio de la beca, nos quita la indemnización por años de servicio y pretende eliminar la hora pedagógica del contrato colectivo".
Otro punto de discordia ha sido es el reajuste del IPC. Los trabajadores exigen recuperar Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los años 2004, 2005 y 2006. "El de 2006 nos corresponde ahora. 2004 y 2005 estuvieron 'congelados' por que nosotros lo aceptamos como una forma de ayudar a la Universidad a salir de la crisis pero ese dinero nos sería devuelto este año y no ha ocurrido. La Universidad nos está ofreciendo sólo el IPC de 2006, recién en mayo de 2007, y condicionado, además, a la matrícula, es decir, tampoco hay seguridad de que nos lo darán. Nada de lo que ofrecen nos conviene a los trabajadores. Además, nos quieren quitar la indemnización por años de servicio. Beneficio que tenemos en nuestro contrato colectivo sin tope de años. ARCIS quiere eliminarlo y poner un tope de 11 años. Nos parece inaceptable sobre todo cuando la Universidad no nos ofrece estabilidad y, por lo tanto, si no sabemos si tendremos estabilidad mal podríamos aceptar que nos rebajen la indemnización", señala Lay Sang Loo.
Actualmente, el valor de la hora pedagógica de los académicos está incluido en el contrato colectivo. "ARCIS quiere eliminar las horas pedagógicas del contrato colectivo para no pagar los valores que se han acordado ahí. Según sus argumentos otras universidades pagan mucho menos, pero eso no es cierto. Hay universidades que pagan mucho mejor que ARCIS. Además, argumentan que no puede un académico que posee magíster o doctorados, y que tiene años de servicio, ganar lo mismo que un académico recién titulado. Estamos absolutamente de acuerdo con ese último argumento, pero no aceptaremos que se flexibilice el pago de horas pedagógicas si ni siquiera han hecho un estudio o una propuesta de escala para pagar de forma diferenciada. Si aceptamos esto significará que porque a alguien se le ocurra se pagará cualquier monto a los académicos. A quienes pertenecen a nuestro sindicato los dejaríamos totalmente desprotegidos. Obviamente no estamos de acuerdo", agrega Lay Sang Loo.
Votarán la huelga
El 28 de diciembre los trabajadores votarán la huelga, que se hará efectiva a partir del 2 de enero de 2007. "Ninguna negociación colectiva parte de la base de reducir los beneficios de los trabajadores, sino de mejorar sus condiciones laborales", señala Benito Pascual, director del sindicato y representante de los trabajadores de la Sede Valparaíso de ARCIS.
Las rebajas planteadas por la Universidad significarán una disminución del 10,4 por ciento de la remuneración y beneficios anuales de un trabajador sindicalizado promedio. ARCIS pretende eliminar trienios, cargas y asignación de título, y reducir considerablemente aguinaldos, bono de vacaciones, sala cuna y el pago por las horas extras. Otros beneficios serán eliminados, como las condiciones de trabajo de docentes, o reducidos, como las becas de estudio para los trabajadores y sus familias. "ARCIS plantea que está en una mala situación económica, pero entrega cifras contradictorias de un mes a otro. Las utilidades del año 2005 varían de 419 millones a 263 millones, resulta poco creíble. Dicen que necesitan que los trabajadores aporten otros 100 millones anuales para salir adelante. Pero sólo los sindicalizados ya hemos aportado 203 millones desde septiembre de 2004 a diciembre de 2006, cuando aceptamos rebajarnos en 5 por ciento y congelar nuestras remuneraciones", señala el Sindicato de Trabajadores en un comunicado.
Entre rebajas y congelamiento de remuneraciones el aporte de los trabajadores sindicalizados llega a 530 millones, a diciembre de 2007, dinero que no les ha sido devuelto como se pactó. La Universidad no cumplió con la devolución para el año 2006 y ahora no ofrece absolutamente nada.
La Fundación Marambio y el Instituto de Capacitación Alejandro Lipschutz (ICAL) aportaron el 2004, la cifra de 1.268 millones -moneda de hoy-, recibiendo por ello el 74,5 por ciento de la Inmobiliaria que posee la propiedad de los inmuebles y leasing de la Universidad. Controlan la Dirección de la Corporación y ya han recibido, a través de la Inmobiliaria, el pago de 861 millones en arriendo de inmuebles, pago de los créditos y leasing. Durante el 2007, recibirán otros 383 millones por los mismos conceptos. Sumando y restando, el aporte neto de los inversionistas a la Universidad ARCIS es de apenas 24 millones.
"En definitiva, lo que propone ARCIS es que los trabajadores se estrujen aún más, para devolver a estos inversionistas la plata que pusieron y seguirles pagando indefinidamente. Nuestro sindicato considera indigna esta propuesta y la rechaza de plano. No aceptamos conversar nuevos sacrificios para que otros se lleven los beneficios. Defenderemos el cien por ciento de nuestras conquistas y remuneraciones y queremos recuperar la rebaja y la reajustabilidad que ingenuamente concedimos en el año 2004 para salvar la Universidad", agrega el Sindicato de Trabajadores.
Represión y chantaje de la rancia izquierda
Varios académicos han preferido renunciar a soportar el cada vez más adverso clima laboral. Los profesores Rafael Agacino y Rubén de la Fuente, enviaron una carta pública de renuncia, en la que advierten: "Nos vamos porque consideramos que se han vulnerado principios fundamentales de libertad académica y respeto por las personas, sin indicios de rectificación y en medio de un clima de represión y chantaje psicológico y político propio de regímenes totalitarios y diversas formas de 'pensamiento único' -neoliberal o estalinista- muy propios de ciertos climas fundamentalistas que están afectando el mundo actual. El proyecto de Historia Social de esta Escuela fue atacado justamente por su combinación de éxito académico y legitimación de una alternativa de pensamiento distinto a las ortodoxias más rancias de esta izquierda autoritaria que hoy se apodera de esta casa de estudios".
Señalan que esa "falta de respeto" se ejemplifica en la expulsión del reciente Premio Nacional de Historia 2006, Gabriel Salazar, sin que hasta el momento exista "siquiera la sugerencia" de una despedida a quien aportó por 20 años a la Universidad, ni un homenaje similar al reconocimiento hecho por el mundo académico nacional, tras su galardón. Agregan: "Como educadores no podemos abdicar de nuestra responsabilidad por la coherencia entre el decir y el actuar, reemplazada progresivamente por un doble discurso en que, por un lado, se habla de ideales de liberación y dignidad humana y, por otro, se practica el oportunismo, el aplastamiento y la humillación, entregando lecciones que desconciertan y desorientan a los estudiantes. Son ellos quienes nos han hecho ver esta inconsecuencia una y otra vez, y nos han demostrado que ni la obsecuencia ni el silencio frente al cinismo son ya sostenibles. Nos vamos porque creemos que la crisis de ARCIS, síntoma de una crisis más global del sistema socioeducativo, no puede resolverse estigmatizando a los estudiantes, trabajadores y/o académicos críticos, como lo han hecho sus propietarios y autoridades. (…) Llamarnos lumpen, mentir, romper acuerdos, despedir, sumariar, son acciones que niegan tales valores y clausuran las posibilidades de participación para nosotros y un buen número de la comunidad académica y laboral de ARCIS".
Durante octubre y principios de noviembre, un reducido grupo de trabajadores con la ayuda del rector Carlos Margotta intentó fundar un sindicato paralelo. Se trataba de trabajadores que en julio de 2006 habían levantado la candidatura "Hormigas Arcianas" a la directiva sindical. Uno de ellos incluso fue electo director. En ese momento decían: "Hacemos un llamado a retomar la senda de la unidad de nuestro sindicato como un elemento imprescindible para enfrentar estos difíciles momentos. Estamos convencidos de que si trabajamos por mantener la unidad coordinada en la acción y la movilización, tendremos mayores posibilidades de mejorar nuestras condiciones laborales. Somos obstinadamente unitarios". Pero, un mes después abandonaron el sindicato llamando públicamente a constituir "un sindicato paralelo para negociar con los dueños de ARCIS".
El rector Carlos Margotta, les envió una carta a la comisión organizadora del "nuevo sindicato" y a los trabajadores de ARCIS señalando que "se entregaría a los socios del nuevo sindicato todos los beneficios", incluso "reconociendo los que obtenga el actual sindicato en la negociación colectiva". Una provocación y abierta práctica antisindical. Posteriormente, tras las denuncias públicas, Margotta restó validez a sus dichos y pidió disculpas públicas, señalando que "nadie podía ocupar su misiva" para llamar a "fundar otro sindicato".
Burla a los trabajadores Sin embargo, las actuaciones de la Dirección de ARCIS siguen siendo ilegítimas e ilegales. Sus directivos no se han comunicado con los trabajadores despedidos. En tribunales contestaron la demanda sólo con el ánimo de dilatar indefinidamente el pago de indemnizaciones que exigen los ex trabajadores. Algunos de los despedidos poseían contratos, otros laboraban a honorarios. La causal que invocó ARCIS para justificar sus despidos fue el artículo 159 Nº 5 -término de faena-, lo que no les reconoce el derecho a indemnizaciones. Según los despedidos y el Sindicato de Trabajadores, el artículo se aplica ilegalmente porque "poseían contrato indefinido, cumplían funciones no asimilables a una 'faena' y, además, el contrato colectivo protegía sus beneficios". A algunos despedidos les deben meses de cotizaciones previsionales, lo que viola, además, la llamada Ley Bustos. Débora Ruiz-Tagle, exonerada de la Universidad, trabajó por cuatro años en ARCIS: "Dos años a honorarios y dos con contrato indefinido", señala. "Me entregaron valores como profesional, donde me he desenvuelto con gran éxito. Lamentablemente, en respuesta de sus acciones, siento que no merecen llevarse el mérito. Para mi es una vergüenza decir que fue ARCIS la que me formó y despidió tan injustamente. Por una parte, me entregaron valores que hablaban de democracia, tolerancia y diversidad, pero, por otro lado, actúan de manera fascista, intolerante y con un sesgo símil al de la dictadura que tanto criticaron. No acepto la forma asquerosa y ruin con la que han actuado no sólo conmigo, sino con todos los trabajadores despedidos". Mónica Esterio, ex directora de la unidad de Programas Especiales de la Universidad ARCIS y encargada de los diplomados y postítulos, agrega: "Fui despedida con una notificación que llegó a mi casa. Se invoca una causal del Código del Trabajo: 'término de faena'. Pero ese artículo no nos da derecho a indemnización ni a hacer uso del subsidio de cesantía, ni ninguno de los beneficios laborales. No corresponde que nos apliquen ese artículo porque tenemos un contrato colectivo y no trabajábamos por 'faena'. Demandamos a la Universidad, exigiendo que se nos pague nuestros derechos". Marcela Gómez, que trabajó por diez años como encargada de Tesorería de la Universidad, dice: "Me hicieron trabajar cuatro días más de lo que dice la fecha de la carta que enviaron notificándome el despido. Esos días tampoco me los quieren pagar. Me entrevistó el abogado Pedro Aravena -encargado sindical y miembro del Comité Central del Partido Comunista-, que se presentó como 'el abogado de la Universidad'. Me presentó una 'propuesta de finiquito' que tenía un montón de fallas. Parece que ese señor no ha leído nunca el Código del Trabajo. Dijo que 'si aplicaban el artículo correcto me tenían que pagar lo legal', por lo que él 'me proponía pagarme mi finiquito de manera ilegal, en diez cuotas a partir de noviembre'. Una burla. Se dicen progresistas, dirigidos por miembros del PC y ex miristas. Debieran sincerarse, con todas sus letras, y decir que ARCIS es una empresa. Para ellos es sólo un negocio. La prueba es que están especulando con nuestro dinero, con nuestras indemnizaciones. Dicen no tener recursos, pero despiden a trabajadores sin pagar indemnizaciones, arriesgándose a millonarias multas". |
|
