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T r i b u n a c h i l e n a

Comunistas renuncian a padrón oficial del PC

Comunistas renuncian a padrón oficial del PC

por Consejo Nacional de Comités Comunistas de Chile

Como “el inicio de un proceso”, calificaron los dirigentes comunistas que renunciaron el domingo 12 de julio al padrón oficial del PC. El primer grupo de renuncias fue encabezado por Jorge Peña, dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores del Cobre, el cantautor Francisco Villa y Raúl Blanchet, uno de los líderes de la masiva fuga de prisioneros políticos ocurrida en enero de 1990 desde la Cárcel Pública de Santiago.

Para los militantes, hoy participantes del Consejo Nacional de Comités Comunistas, el paso era necesario como forma de dejar en claro que no apoyan el comportamiento de la actual dirigencia que, desde hace algún tiempo, ha venido empequeñeciendo al partido, dejándolo con escasos vínculos reales con los trabajadores y el pueblo, mientras producía un acercamiento cada vez mayor con los partidos de la Concertación, calificados hasta no hace mucho, por los mismos dirigentes, como “otra cara de la misma moneda neoliberal”. El desafío actual de estos comunistas, según señalan, “es recuperar el espacio de organización y lucha que nunca debió ser abandonado por quienes dicen representar a los trabajadores”, apostando por construir una alternativa real al actual modelo desde la base popular, empeño en el que han unido sus fuerzas con el recientemente constituido Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores (MPT) en el que confluyen diversas identidades y culturas de izquierda.

Por qué renunciamos a los registros del Partido Comunista oficial Hemos venido a reivindicar la dignidad comunista, la de quienes contribuimos a conquistar el gobierno popular de Salvador Allende y lo defendimos. La de quienes luchamos contra la dictadura del criminal Pinochet empleando todas las formas posibles he hicimos realidad la Rebelión Popular de Masas. Hemos venido a enaltecer en este acto, a nuestros compañeros que cayeron por la libertad del país y por construir una sociedad justa.

Somos los comunistas. Somos trabajadores que estamos y estaremos siempre junto a nuestra clase, a los oprimidos, a los siempre postergados y mal pagados, a los que ven día a día sus derechos vulnerados, para alentarlos a organizarse y rebelarse contra el sistema que nos somete y humilla. Estamos para luchar junto a los explotados hasta terminar con el sistema capitalista y para que esto ocurra cuanto antes.

Estamos aquí para estampar mediante este acto de renuncia a una institución que se arroga el nombre comunista, nuestro compromiso comunista de no traicionar al pueblo, a los explotados, a los verdaderamente excluidos de derechos elementales, como son un sueldo digno, educación de calidad, servicios de salud dignos, vivienda acorde a las normas esenciales, justicia social.

Renunciamos a los registros del Partido Comunista de Chile porque no aceptamos que en nuestro nombre se transen los derechos del pueblo y los trabajadores a cambio de la posibilidad de ingresar al Parlamento. Nos rebelamos ante el egoísmo, la mezquindad y el abandono de los principios políticos y morales de las personas que se han adueñado del Partido.
Quedamos en libertad de acción, como dirigentes políticos, sociales y sindicales para conversar con otras fuerzas que quieran, desde el pueblo, los trabajadores y también desde el ámbito electoral, construir una alternativa de transformación real para Chile. Enfatizamos desde aquí nuestra participación en el Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores, MPT.

Estamos aquí para decir a los trabajadores y al pueblo, a los hambrientos de justicia, que cuentan con nosotros y que jamás transaremos este compromiso por mezquinas prebendas, por ventajas individuales o colectivas ajenas los objetivos de transformar la sociedad, ni por entrar a palacio de rodillas a obtener tribuna o una investidura prestada por los amos de Chile, para ser aceptados en su mesa del banquete.

Prometemos en este acto, que los dirigentes sindicales que militan en los consejos comunistas, jamás venderán un pliego de peticiones, ni las huelgas de sus representados. Que no venderán nunca un fuero sindical en desmedro de los trabajadores, ni negociarán a sus espaldas. Nos comprometemos a no postrarnos ante el poder, a no implorar dádivas de los gobernantes. A trabajar sin descanso por la unidad de las organizaciones sociales y políticas de los marginados, excluidos y explotados, la unidad de todos los que buscan el fin de la dictadura del capital y la construcción del socialismo en nuestra tierra.

En este acto nos comprometemos con los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, a no transar en la lucha por justicia total, a que no negociaremos ni aceptaremos negociación alguna o cualesquier fórmula espuria que propicie la impunidad respecto de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura. Y mucho menos utilizar los Derechos Humanos como moneda de cambio en pos de ganancias políticas.

Este es un acto de compromiso con la libertad, la justicia plena y la revolución para construir un país de todos, bajo el mandato del pueblo.

Consejo Nacional de Comités Comunistas de Chile
Santiago 12 de julio de 2009

- Fuente: Revista Principios Nº 14, Julio 2009

* Revista enviada a piensaChile por el Regional Sur Luis Emilio Recabarren, del Consejo Nacional de Comités Comunistas.


 

EXPLOTACIÓN Y VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE TRABAJADORES EN LA CONFECCIÓN DE INDUMENTARIA.

EXPLOTACIÓN Y VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE TRABAJADORES EN LA CONFECCIÓN DE INDUMENTARIA.

Desprotección, marginación e inasistencia, son entre otras las políticas públicas que aplican tanto el Gobierno de Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Daniel Scioli, hacia los migrantes que trabajan en el rubro de confección de indumentaria. Los trabajadores costureros son los más castigados en este perverso sistema económico, que esclaviza, somete, y viola derechos humanos.

En Argentina, hoy alrededor del 40% de los trabajadores están en negro, y en la industria textil este porcentaje asciende al 70% es decir que la gran mayoría de los trabajadores textiles no tiene obra social, ni aportes jubilatorios, sus sueldos y condiciones de trabajo son inferiores a los de los trabajadores en blanco. Ganan menos de lo establecido en el salario mínimo vital y móvil ($1400) y el Convenio Colectivo del rubro, que ya por si son bajísimos.

En este engranaje una pieza clave que garantiza los altos niveles de ganancia para los empresarios capitalistas son los talleres clandestinos, donde el trabajo esclavo está a la orden del día. Allí, trabajadores sobre todo inmigrantes (muchos de ellos de origen boliviano y sin documentos), padecen jornadas laborales de hasta 16 hs. hacinamiento, sueldos miserables, engaños con los que son traídos y extorsionados para obligarlos a trabajar, etc.

Por todo esto, es urgente y necesaria una campaña de difusión de los derechos de las personas migrantes, alcanzándoles las herramientas legales para que estos trabajadores hagan valer por si mismos sus derechos inherentes que tienen como personas por los reclamos de falta de pago, excesiva jornada laboral, condiciones precarias de higiene y seguridad, falta permiso para tramitar el DNI, etc.

También una gran campaña social donde se denuncie las condiciones de trabajo que se sufre. No consideramos que la forma de hacerlo sea la búsqueda de la clausura de los talleres, sin investigar quién es el dador de trabajo del mismo. No alcanza la denuncia de un solo trabajador, sin impulsar acciones colectivas.

Es sabido también, que el Estado no investiga a las empresas de indumentaria textil, en lo que se refiere al control de su producción, libros contables, la correspondiente inscripción como dador trabajo, cantidad de trabajadores que tiene en dependencia, etc. Es decir acá el principal responsable de toda esta cadena de producción son las grandes marcas (fabricantes), ya que al no poner en blanco a sus talleristas, estos menos van a poder blanquear a los costureros; que en definitiva son los más explotados dadas las condiciones precedentemente desarrolladas.

Recientemente en un escrache a un taller textil organizado por “La alameda” varios de sus integrantes fueron agredidos por personas, las cuales anduvieron por el lugar convocadas por una organización boliviana, denominada “Asociación Federativa”, que se aboca a la defensa de los talleres textiles, sin cuestionar el rol perverso que ejecutan algunos talleristas. Organización que nunca realizó acciones colectivas a fin de combatir a empresas y fabricantes de indumentaria.   

Repudiamos tal agresión, porque es una agresión perpetrada en defensa de un sistema de explotación y de los intereses que quienes lo utilizan para saciar su voracidad de ganancia. Marcas, empresarios textiles y sus socios menores, talleristas que buscan acallar a golpes la voz de quienes intentan denunciar injusticias.

Podemos disentir en la forma de lucha que adoptó la alameda, ya que la impunidad de los grandes responsables hoy sigue intacta. Habría que evaluar nuevas estrategias de reivindicaciones laborales, incluyendo dentro de sistemas informales de venta de indumentaria, como el de la feria de “La Salada”.

La omisión cobarde y deliberada del Estado en no cumplir Convenios Internacionales de Derechos Humanos, permite que el actual sistema neoliberal no encuentre obstáculos. Reinando el principio de máxima ganancia empresarial. Estado cómplice de esta situación, reiteramos no hay control estatal de las empresas de indumentaria, No control de producción, No control de libros contables. No coteja esos datos con los listados de talleres y cantidad de trabajadores. NADA DE NADA.

Hasta algunos fueron sobreseídas por la justicia capitalista, como “Soho” donde un fallo del juez Oyarbide, desligaba responsabilidades y afirmaba que no había delito porque esta forma de trabajo está relacionada con “costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del altiplano boliviano”. Una aberración jurídica y social. Argumentos no casualmente dados al juez por abogados de Facbol y Acifebol, organizaciones que pretenden que se encuentre como enemigos de una comunidad, a quién reclama derechos básicos.          

Los tratantes y traficantes de personas actúan libremente, muchas veces con ayuda de gendarmes y jueces de fronteras corruptos, como de empresas de transportes que permiten el ingreso de menores de edad sin autorización. 

Lamentablemente existe una negación del tema por parte de organizaciones de la comunidad boliviana, No de todas. Comunicadores sociales, preocupados por la imagen que se da a la sociedad argentina (?). Si hasta se publicita avisos de trabajo para costureros donde se paga por prenda confeccionada, algo ILEGAL ya que un costurero debe cobrar, por carga horaria trabajada. Se dice que “los trapitos sucios se deben lavar en casa”. Se busca “la unidad de la colectividad”, todo ello es simple y llanamente TAPAR la violación a los derechos humanos que sufren miles de hermanos .

Hoy el mundo vive una crisis económica que azota a millones de trabajadores, en este marco el avasallamiento de nuestros derechos aumentará. Es hora de que levantemos cabeza y luchemos por nuestros derechos, seguramente van a decir que se tienen que unir todos los bolivianos y gritar bien fuerte “Viva Bolivia”, pero así NO se logrará conquistar derechos laborales. Los inmigrantes en el 1900 no gritaron viva Italia, ni España. Lucharon con el cuerpo por sus derechos como trabajadores.

Debemos apoyar una organización de costureros independiente de talleristas.
Para esto, debemos unir nuestras fuerzas para hacer una gran campaña contra el trabajo esclavo, buscar la solidaridad de los trabajadores argentinos, de organizaciones de derechos humanos y reclamar a las centrales sindicales que apoyen los reclamos, a sectores políticos que proclaman que la crisis no la tienen que pagar los trabajadores.

Exigimos:

Trabajo bajo convenio y en blanco, cumplimiento efectivo de la jornada laboral de 8 hs y del pago de horas extras, documentación universal y gratuita. Asistencia a las victimas de trata. Que los sindicatos textiles dejen de ser meros espectadores.

 

FIRMAN:

CEPROH; Encuentro de la Resistencia Indígena, Barrial y Campesina; 

 

Firman como particulares: Sergio Cardenas, Gustavo Morón, Humberto Flores, David Choque, Jhovany Lucana. Cristian Ocampo, Carlos Luna (integrante de la comunidad peruana, estudiante de maestría en economía de la UBA), Sergio Di Nucci, Miguel Yebra,   

La educación en chile. Ironia Politica; Marcel Claude

Un desafío a la política macrista

Un desafío a la política macrista

La movilización fue del Obelisco a la Jefatura de Gobierno porteño. Repudiaron la designación de Jorge “Fino” Palacios y la amenaza de recurrir a la Policía Metropolitana para terminar con los cortes de calle. También pidieron la disolución de la UCEP.

Por Laura Vales

La Policía Metropolitana no entró en acción, pero ya consigue marchas en su contra. En repudio al nombramiento del comisario retirado Jorge “Fino” Palacios como jefe de esa fuerza, 40 organizaciones sociales, gremios, centros de estudiantes y partidos de izquierda cruzaron ayer el centro de la ciudad con una movilización que fue desde el Obelisco hasta la Jefatura de Gobierno. Las organizaciones venían preparando hacía dos semanas la protesta, que se potenció dos días atrás, cuando el ministro de Justicia porteño Guillermo Montenegro anunció que la nueva policía va a desalojar a los que corten la calle con reclamos sociales.

También reclamaron la disolución de la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP), que ha sido reiteradamente denunciada por actuar como grupo parapolicial que intimida y golpea a quienes viven en la calle.

La convocatoria mostró a los sectores afectados por las políticas de control del espacio público que el macrismo instaló en Buenos Aires desde el 2007. Junto a organizaciones piqueteras hubo, por ejemplo, grupos de vendedores callejeros, familias desalojadas e integrantes del movimiento de villas por la urbanización. La marcha fue una iniciativa de la Coordinadora de Lucha en la Ciudad, creada hace un año y medio atrás y en la que se fueron juntando sindicatos docentes, como Ademys, movimientos como el Frente Darío Santillán y la Corriente Clasista y Combativa y otras organizaciones. En los últimos tiempos se sumaron además los partidos.

Gabriela Di Felice estaba en la columna de CIBA, la Coordinadora de Inquilinos en Lucha. ¿Ustedes podrían hacer sus reclamos sin cortar el tránsito?, le preguntó Página/12. “Sí”, aseguró ella sin duda: “Si ellos (por el gobierno de la ciudad) abrieran una mesa de diálogo y cumplieran los acuerdos, sería fantástico”. El problema, continuó Di Felice, es cuando esto no sucede: “Tenemos, por ejemplo, una cooperativa de viviendas y hace cinco años que estamos esperando los fondos para construir. Hicimos todos los trámites, la partida fue aprobada en la Legislatura, pero ellos la sacaron del Presupuesto. Con cada cosa damos todos los pasos hasta que se agotan”.

“Nuestro problema es que Espacio Público no nos deja trabajar”, apuntó más adelante José Fernández, de los vendedores callejeros de Parque Centenario. Y recreó el último de los diálogos que tuvieron con funcionarios macristas, quienes les plantean que hay que respetar el Código Contravencional, la norma que regula el uso del espacio público en la ciudad de Buenos Aires. “Les mostramos que el Código dice que la venta ambulante está permitida cuando es de mera subsistencia. ¿Y por qué creen que estamos vendiendo en la calle nosotros, que somos todos desocupados?”. Fernández se ve obligado a señalar una cuestión obvia: “El 99 por ciento de los vendedores ambulantes son desocupados. La calle es el lugar que te queda cuando te echan del trabajo”. Su agrupación elaboró un proyecto para que se discuta si el Código Contravencional está bien aplicado, pero el proyecto “quedó cajoneado”.

La invitación a la marcha se realizó con cuatro ejes:

- “Contra las patotas de Macri”: el reclamo es que la UCEP –que depende del ministro de Espacio Público, Juan Pablo Piccardo– sea disuelta. El grupo está denunciado por brutalidad contra los que duermen en la calle y también en desalojos.

- En repudio al Fino Palacios: el comisario retirado que comanda la Policía Metropolitana fue imputado por encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA. Fue, además, dado de baja de la Policía Federal luego de que se difundió una conversación telefónica con un delincuente vinculado a la banda que secuestró a Axel Blumberg.

- Contra el Código Contravencional: reformado después de las protestas del 2001, sus artículos contienen fuertes limitaciones a la protesta social y normas que afectan a quienes trabajan en la calle.

Por la emergencia habitacional: el reclamo es que el gobierno porteño no da respuesta al problema de la falta de viviendas. Los convocantes denunciaron, además, que “en el último año hubo 113 muertes de personas en situación de calle como consecuencia de esta situación y del abandono por parte del Estado”.

En las columnas que avanzaron por Diagonal Norte desde el Obelisco hacia la Plaza de Mayo estuvo el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas e Izquierda Socialista. También la Federación Universitaria de Buenos Aires y numerosos movimientos de desocupados. Los dirigentes piqueteros anticiparon que volverán a marchar el día en que la Policía Metropolitana entre en funciones.

“El 1° de octubre estas mismas organizaciones vamos a estar en la calle. No vamos a permitir que nos desalojen porque lo poco que conseguimos las organizaciones de desocupados fue en la calle”, señaló Oscar Kuperman, de CUBA-MTR.

Por su parte, Vilma Ripoll (MST) apuntó que las críticas a Mauricio Macri “están basadas en hechos puntuales y concretos que nos dan la certeza de que con su policía él va a buscar garantizar el orden de la represión. Los antecedentes de Palacios y lo que viene haciendo la UCEP marcan que el camino va en esa dirección”.

Cómo EE.UU. financia la desestabilización en Latinoamérica

Cómo EE.UU. financia la desestabilización en Latinoamérica

En Colombia, las bases militares estadounidenses siempre han cumplido una función clara, que muy poco tiene que ver con la tergiversación oficial de su cometido, la del combate al narcotráfico.

Investigadores de las instituciones universitarias estadounidenses han detectado en el marco del proceso que culminó con el derrocamiento del gobierno constitucional de Honduras, la participación de empresas y fundaciones vinculadas a bancos que se han involucrado en actividades desestabilizadoras en Venezuela, como el manejo de transferencias de dinero usando la vía de Panamá y de Colombia.

Los recursos para adelantar esa actividad salen a través de canales del sistema financiero y también mediante el envío en físico de fuertes sumas de dinero en moneda estadounidense. Los recursos se envían por intermedio de la fundación de un banco actualmente con graves problemas, y luego son distribuidos entre los beneficiarios “luchadores pro al libertad y la democracia”.

Las nuevas formas de financiamiento a la desestabilización del continente tienen como objetivo burlar los controles instalados no solo por el gobierno venezolano, sino también por los de Bolivia, Ecuador y Brasil. Hoy, se tiene absoluta certeza de que la la National Endowment for Democracy (NED) está utilizando suelo panameño y colombiano.

Para abastecer financieramente a la oposición venezolana, por ejemplo, el dinero es colocado en el banco Davidendo, en cuentas pertenecientes a colombianos testaferros, reclutados especialmente para ellos por los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

Los miembros de la oposición venezolano viajan hasta la limítrofe ciudad colombiana de Cúcuta a fin de buscar el dinero, aprovechando al amplia frontera de más de dos mil kilómetros entre ambos países y las facilidades existentes para cruzar la línea limítrofe utilizando solamente la cédula de identidad.

Los testaferros colombianos retiran el dinero de la cuenta, se lo entregan a los venezolanos, y los custodian hasta su cruce a los estados venezolanos de Táchira y Zulia, gobernados por la oposición.

Precisamente fue el 28 de mayo último cuando dirigentes estudiantiles opositores recibieron por esta vía la suma de 40 mil dólares para preparar acciones desestabilizadoras preusmiendo que el gobierno bolivariano iba a cerrar la planta televisora Globovisión e intervenir la Universidad Central de Venezuela.

Pero nada de eso se dio, y el dinero aparentemente fue utilizado en actividades tendientes a provocar al gobierno constitucional. Nadie cree que el dinero haya sido devuleto a la NED.

Estas actividades corresponden a una gigantesca operación continental destinada a contener y a revertir los procesos de transformación social en la región. El golpe de estado en Honduras, el primero bajo la administración del presidente Barack Obama, representa un punto de quiebre de la inteligencia estadounidense contra los gobiernos populares.

Se trata de un verdadero globo de ensayo de toda una operación contra la izquierda latinoamericana del nuevo gobierno demócrata, cuyos próximos escenarios de acción serían Paraguay, Bolivia y un incremento de la desestabilización en Venezuela para colocar a la defensiva al gobierno de Hugo Chávez, donde las actividades coordinadas desde Colombia marcarán los tiempos.

Apenas terminada la reunión de la OEA, el gobierno de Estados Unidos, anunció la instalación de una base militar en Colombia, para sustituir a la de manta, Ecuador, de donde serán desolajados en breve.

En Colombia, las bases militares estadounidenses siempre han cumplido una función clara, que muy poco tiene que ver con la tergiversación oficial de su cometido, la del combate al narcotráfico.La militarización constituye el armazón primario sobre el que se monta el proceso de colonización de los Estados Unidos en la región, que se complementa con el andamiaje el económico.

Las actuales bases de Tres Esquinas y Larandia, en el departamento de Caquetá, y de Villavicencio, en el departamento del Meta, que operan con la presencia de aviones y la inteligencia técnica del Pentágono, llevan tiempo apoyando el combate a los grupos subversivos, vigilando las fronteras .

Las nuevas instalaciones, según lo reveló la revista colombiana Cambio, son las cinco principales bases de la Fuerza Aérea y la Armada en el país: Apiay, Malambo, Palanquero, Cartagena y Bahía de Málaga, las que harían parte de la nueva “arquitectura del teatro” del Comando.

El gobierno de Estados Unidos perfeccionó durante la última administración de George Bush un método de injerencia que logra penetrar e infiltrar todos los sectores de la sociedad en los países de su interés económico y político, a través de la NED y la apertura de lo que en Venezuela se dio en llamar oficina de transición (OTI, por sus siglas en inglés) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

Desde hace al menos seis años, los organismos de inteligencia eligieron a grupos estudiantiles –alumnos de “institutos privados de elite como la prominente universidad católica de Caracas”, según el diario- como cabeza de playa para la desestabilización en Venezuela. De la denuncia se ha encargado el diario Washinton Post (03-12-2007) que confirmó la intervención económica de la USAID en ayuda de estos grupos opositores.

La nota, firmada por el corresponsal en Latinoamérica, Juan Forero, citaba al investigador de la National Security Archive de la Universidad George Washington, quien en base a documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos, afirmó que grupos estudiantiles venezolanos recibieron desde 2003 considerables sumas de dinero de USAID para su “promoción de la democracia” y “otros programas”.

El diario citaba también a una portavoz de la embajada estadounidense en Caracas, Jennifer Rahimi, quien señaló que Estados Unidos apoya “actividades no partidistas de la sociedad civil”, peor que no financia a los movimientos de oposición. “No hay ninguna conspiración para influenciar el resultado del referendo constitucional”, dijo dos años atrás.

Pero las cifras de “ayudas” que figuran en la propia página web de la NED confirma este financiamiento (que se remonta a 1993, dice) a casi cuatro centenares de grupos estudiantiles, partidos políticos de oposición, supuestas organizaciones no gubernamentales, entre ellas algunas “defensoras de derechos humanos” y “defensoras de la libertad de prensa” en Venezuela.

En Bolivia, la USAID contrató la empresa Casals & Associates, Inc (C&A) para manejar decenas de millones de dólares que se otorgaron también a casi 400 organizaciones, partidos políticos y proyectos, sobre todo los que tienen que ver en el respaldo al secesionismo de las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.

Y ahora, en el derrocamiento de Manuel Zelaya, aparecen las pruebas del financiamiento de quienes implantaron la dictadura con dinero estadounidense.

Allan G. Greenberg
Archives for Democracy

Traducido por Theresa Pardez.

El Ciudadano & Rebelión.org

Piñera: su pasado lo condena

Piñera: su pasado lo condena

por Ozren Agnic K. (Chile)

Sebastian Piñera, el candidato a la Presidencia de la República postulado por la derecha dura de Chile, está  muy lejos de ser el político y empresario que presenta a la opinión pública una cara diferente al que es su verdadero rostro y reales intenciones. Por estos días, se encuentra en medio del ojo del huracán a causa de las poco claras maniobras financieras que realizó en provecho propio y sus asociados cuando ejerció la gerencia general del Banco de Talca en plena época de la dictadura militar.

Piñera es hábil, eso es cierto, pero mal utiliza esa habilidad en un desesperado intento de blanquear su dañada y oscura imagen, hecho que le hace intuir el peligro que corre su afán de ganar las elecciones presidenciales de diciembre próximo y con ello hacer del Estado chileno una más de sus empresas.

Piñera es astuto pero, objetivamente, no es más que un simple demagogo, como califica nuestro idioma a quien manipula deliberadamente los hechos para distorsionar a su amaño las situaciones que han caracterizado sus acciones públicas y privadas. En estos días  se ha reavivado la dolosa actuación que le cupo durante su período de gerente general del ex Banco de Talca (1982), cargo que habría sido la plataforma para dar inicio a la gran fortuna que tiene en el presente. Sin embargo, tanto el candidato como su comando pretenden que la opinión pública se trague el cuento de un montaje, elaborado por el comando de una candidatura rival y a 27 años de ocurrido el fraude que origina la discusión que cada día nos sorprende más y más.

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Para defenderse, Piñera está sosteniendo que, entre 1973 y 1990, Chile vivía un estado de derecho…
La hasta ahora desconocida y sorprendente “protección” que le brindó la ex Ministra de Justicia y prima del fallecido dictador, la arrepentida Mónica Madariaga, cuya versión de los hechos ha sido refrendada por el ex magistrado Luis Correa Bulo – presionado por los familiares de don Sebastián-,  ha derivado en que Piñera haga una débil defensa de su culposa actuación, la misma que llevó a la quiebra al Banco de Talca. Ha tendido una cortina de humo, desviando hacia lo secundario lo que en verdad es lo principal: el director de la SBIF (Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras), Eugenio Silva Risopatrón entabló en 1982 demanda criminal en contra de Piñera y otros por varios delitos, a los que este ha eludido referirse. Ese es el tema de fondo y no otro. Para la opinión pública no tiene ninguna importancia el que Piñera se haya escondido, fugado, haya presentado recurso de amparo o lo que sea. Lo concreto es que Piñera fue querellado por delitos cometidos desde su cargo de gerente del Banco de Talca. Eso es lo sustantivo y refleja que el candidato carece de la idoneidad que debe tener un aspirante a la Presidencia de la República.

No sorprende la manera como el candidato hace sus mejores intentos para escurrir el bulto al señalar -como justificación a su pretendida honradez-, que: “la Corte Suprema en forma unánime decretó mi total y absoluta inocencia y en un país que tiene estado de derecho es la Corte Suprema la que determina y puede juzgar la culpabilidad y la inocencia". Esta contradictoria y absurda explicación la escuchó y vio el país completo en todos los noticieros radiales y televisivos de los últimos días.

¿En que quedamos señor Piñera? ¿Hasta cuando piensa usted que nos puede seguir engañando con la supuesta oposición que tuvo hacia Pinochet y su dictadura con otra falsedad? ¿Cuántas veces le hemos escuchado criticar la sumisión del Poder Judicial de la época al régimen militar? Según lo que plantea ahora y para su propia conveniencia, está sosteniendo que, entre 1973 y 1990, Chile vivía un estado de derecho… ¡Qué contradicción!, pero esto también es ¡como todo lo suyo! Bien sostienen los periodistas que palabras sacan palabras, habilidad que termina por enredar al cuentista y permite que salga a luz la verdad y las ocultas intenciones de los implicados, tal y como es su caso actual, especialmente cuando todo se fundamenta en falsedades, según sea la conveniencia del momento.

Nacen fundadas sospechas acerca de la supuesta oposición de Piñera al régimen militar
Si de verdades se trata, recordemos que el 20 de septiembre de 1982 la sala de la Corte Suprema, constituida por los ministros Retamal, Ulloa, Letelier y por los abogados integrantes Enrique Urrutia y Enrique Munita acogió el recurso de amparo que dejó a Piñera fuera de las rejas. Es posible que a doña Mónica Madariaga le falle algo la memoria en cuanto a detalles, pero el hecho concreto es que los socios de Piñera, los imputados Danioni y Calaf,  fueron condenados a tres años de cárcel y que el actual aspirante a la Presidencia eludió su responsabilidad ocultándose por 24 días, tiempo suficiente para que su tío Bernardino (Obispo) y su amiga Mónica (Ministra de Justicia), presionaran a la Corte Suprema de ese año en busca de que le dejaran libre de polvo y paja, lo que de acuerdo al “estado de derecho imperante” no le fue aplicable a sus socios quienes, al parecer, no tenían las influencias del actual candidato de la derecha. Sebastian Piñera, en su calidad de Gerente General, tenía la mayor responsabilidad en la causa  rol Nº  99.971 de  1982, entablada por estafa al Banco de Talca, y en contra de él y asociados (o coludidos si se prefiere el término). Este es un hecho que el aspirante rehúye aclarar porque no tiene como explicar las razones para que se le encausara como autor del delito de estafa o malversación ante el Segundo Juzgado del Crimen, juicio que motivó se le declarara reo, con orden de aprehensión en su contra. De verdad que mueve a risa el que hoy indique que la Corte Suprema de la época lo declaró ‘absolutamente inocente’ de los cargos de fraude. 

Aclaro que no siendo abogado, tengo cierta cultura jurídica, la que me permite señalar que el Recurso de Amparo solo surte efecto una vez que las Cortes lo acojan, o que previamente dicten resolución de no innovar. Es sospechoso, por decirlo en términos suaves, el que la policía civil de la época no haya cumplido con la orden de arresto emanada del Segundo Juzgado del Crimen. ¿De quien dependía en ese tiempo la Policía de Investigaciones? Obviamente del dictador en forma directa. La interrogante que surge es saber si hubo o no protección directa de la dictadura para el personaje en cuestión. No se puede afirmar categóricamente una respuesta, pero nacen fundadas sospechas acerca de la supuesta oposición de Piñera al régimen militar, especialmente si el país recuerda que el candidato del dictador para sucederlo era nada menos que su Ministro de Hacienda, Hernán Büchi, el delfín que garantizaba la continuidad de lo obrado por el régimen, y que su generalísimo de campaña era SEBASTIAN PIÑERA ECHENIQUE…. Deduzca el lector. 

A Piñera se le imputó la calidad de autor de dos infracciones a la Ley General de Bancos:

1º.- El artículo 26 de la indicada Ley sanciona a los directores, gerentes de bancos y garantes de una institución financiera, que entre otras conductas incurran en la fechoría de ocultar y simular la situación de la entidad. Teniendo en consideración la obligación de los bancos para entregar, por lo menos cuatro veces al año, los estados sobre la situación de sus negocios, y que estos deben ser publicados en la prensa, se comprende que la forma más común de incurrir en este delito consistirá en entregar y publicar informes financieros en los que se disimula la verdadera realidad de la empresa, falseando la verdad.

2º.- El artículo 26 bis de la Ley General de Bancos sanciona a los directores, gerentes, funcionarios, empleados o auditores externos de instituciones financieras que, con el fin de dificultar, desviar o eludir la fiscalización que corresponde ejercitar a la Superintendencia, alteren o desfiguren datos o antecedentes en los balances, libros, estados, cuentas, correspondencia u otro documento cualquiera, o que oculten o destruyan estos elementos, o bien, proporcionen, suscriban o presenten esos elementos de juicio alterados o desfigurados. 

¡Otra gran contradicción embustera! 
En marzo de 1979, Sebastián Piñera fue contratado como Gerente General del Banco de Talca, cargo que ejerció hasta finales de septiembre de 1980, pero Piñera arguye que se le pidió la renuncia por haber participado en un acto anti dictadura en el Teatro Caupolicán, evento realizado en octubre de 1980 (¡), cuando Piñera ya no era funcionario del Banco de Talca. ¡Otra gran contradicción embustera! Ese acto se hizo un mes y algo después de haber abandonado el imputado la dirección del Banco.

Durante su desempeño en el citado Banco, Piñera se asoció con Calaf y Danioni en algunas de las 80 empresas que configuraban la propiedad de esos personajes. Entre ellas, la Sociedad Administradora de Créditos Bancard. La metodología de los dolosos manejos fue taxativamente descrita en un artículo publicado con el título de “La Cara Oculta de Piñera” escrito que puede ser encontrado y leído en el buscador Google (piensaChile y también en El Clarín) por quien tenga interés en conocer los chanchullos  y tejemanejes de los involucrados en los oscuros  negociados hechos en beneficio propio.  

Esperamos que el triunfalista representante de la Derecha explique al país, con claridad y sin demagogia, las razones que motivaron la orden de aprehensión –que es el problema de fondo- y como le fue posible haber eludido su culpabilidad, en tanto que Danioni y Calaf, sus asociados y cómplices, fueron a parar a la cárcel por algo mas de tres años. Asimismo, que nos demuestre que en verdad es un político limpio de polvo y paja, ya que aspira nada menos que a la primera magistratura del país, cargo en el que es requisito esencial un pasado impecable, honorable  y por cierto intachable.

 

La calidad humana no se compra en las farmacias. Piñera pareciera ignorar el significado del término cuando ciertos hechos afectan sus intereses. No vacila un segundo en borrar con el codo lo que antes escribió con la mano. Tal es el caso de su amigo, el diputado ex RN Maximiano Errázuriz, sorprendido faltando a la probidad al desviar recursos públicos para arrendamiento de sedes distritales a favor propio o de amigos. Sancionado Errázuriz por su Partido, Piñera le condenó sin piedad; más aún, aplaudió las medidas al indicar “lo hacemos [las medidas de expulsión] porque esa es la mejor manera de lograr que Chile sea un país más honesto, más transparente, más limpio, y que la corrupción no siga apareciendo debajo de cada piedra". (Piñera 19 de Junio 2009, La Nación). La falta del diputado es una niñería, la nada misma, si se compara con los millones de dólares esquilmados al Banco de Talca en provecho propio. Si ese es el concepto que Piñera tiene de la limpieza, la transparencia, la honestidad y la corrupción, Dios nos pille confesados si la ceguera de los electores lo elevara al cargo de Presidente de la República…

El desparpajo de Sebastián Piñera no tiene límites.  Es obvio que Piñera privilegia, por sobre todo, sus propios intereses, los que esconde tras la palabrería con la que trata de embolinar a la opinión pública como lo fue, por ejemplo, el rimbombo con el que presentó su ‘voluntario’ fideicomiso ciego, el que aparentemente le desvincularía del manejo directo de sus negocios. Absurda patraña que nadie con sentido común puede creer. La apariencia de entregar el manejo de su fortuna en manos de terceros, personas o instituciones serias y objetivas, no es más que eso: una mera apariencia que busca poner una venda en los ojos de los incautos que nunca faltan, personas que obviamente se dejan influir por el poder de manejo de los medios de comunicación que apoyan su candidatura y que ocultan la telaraña tejida por el postulante  con sus amigos, colaboradores,  ex empleados y gente vinculada a esos negocios de manera directa o indirecta, personajes que  obviamente procederán acorde a las instrucciones y deseos del mandante, el propio Piñera en este caso. Apreciemos las volteretas de algunos que le criticaron ayer y le son obsecuentes en el presente:

"El que entre en la política, abandona los negocios; y el que está en los negocios, debe abandonar la política"
Su rival de ayer y gran Gurú de su actual campaña presidencial, el senador Andrés Allamand, fue tajante cuando declaró al diario La Tercera [27 de noviembre de 1997] que ‘los empresarios son valiosos para la política, pero cuando entran de lleno a ella, deben dejar los negocios de verdad y no de fachada”(Sic). Claro está que el contexto de ese año era diferente. Allamand y Piñera eran potenciales rivales en una eventual competencia para ser los representantes de la derecha en la competencia por ganarle a Ricardo Lagos. 

En esa misma entrevista a La Tercera, Allamand se refería al apetito político de don Sebastián señalando que “cuando los empresarios actúan con la voracidad de tiburones, en la práctica favorecen las ideas socialistas”, en abierta crítica a lo obrado por el actual candidato en la oscura negociación del caso que se conoció como el caso Chispitas (negociación Endesa España-Enersis), y que reportó gruesas utilidades al empresario Piñera.

En la misma oportunidad [27 de noviembre de 1997] Andrés Allamand señaló al mismo medio periodístico: "Considero que hay que establecer una separación tajante entre el mundo de los negocios y el mundo de la política. Le he señalado a Sebastián [Piñera] en más de una oportunidad que no se puede ser protagonista de la política y simultáneamente activista de los negocios. Aquí hay que escoger: el que entre en la política, abandona los negocios; y el que está en los negocios, debe abandonar la política".

Finalmente, el otrora competidor de Piñera y hoy su gran mentor político finalizaba dicha entrevista con una frase para el bronce;

"Hasta ahora nadie ha criticado, a diferencia de lo ocurrido con Yuraszeck, los aspectos jurídicos o legales de la operación de Piñera (con Endesa España). Pero, en la práctica, la gente dice que obtuvo un arreglo extraordinariamente beneficioso para él, precisamente por ser Piñera un importante senador de la República". Andrés Allamand

(Allamand respondiendo a una pregunta del reportero de la Tercera que le consultaba si Piñera seguía ejerciendo como empresario mientras era parlamentario. (La Tercera, 27 de noviembre de 1997).

Días antes de los reproches de Allamand y defendiendo su postura de “empresario emprendedor”, Piñera declaraba el día 19 de noviembre de ese año al diario La Segunda   "Yo negocio con el que me ofrece mejores condiciones. Pero la gran diferencia es que lo hago como dueño y sin representar a nadie", en un intento de explicar  la diferencia con Yuraszeck respecto de Endesa España. Por supuesto que ninguno de los dos connotados creadores de la “Teoría del Desalojo” hizo referencia alguna a la manera como el actual candidato inició su fortuna, lamentable episodio sepultado en el olvido por años y revivido en el presente, inclusive por su otrora amiga y protectora ex ministra de justicia, doña Mónica Madariaga.

"Allamand está equivocado en sus apreciaciones, sostuvo Piñera. Y la palabra activista es desafortunada. He dedicado más de 12 horas diarias al Senado y no administro mis empresas, porque así lo dice la Constitución y no tengo tiempo. Eso no significa que haya perdido interés por la marcha de esas empresas y naturalmente, quienes las administran me informan de su marcha y progreso". (Sebastián Piñera refuta los dichos de Andrés Allamand sobre su dualidad político-empresario en entrevista al diario La Segunda el 27 de noviembre de 1997).

Días antes y muy suelto de cuerpo, Piñera declaró  al mismo diario, el 19 de noviembre: "Pero eso no quiere decir que esté dispuesto a ser masoquista y perder parte de mi patrimonio, si tengo la oportunidad que se me ofreció", en respuesta al periodista de ese medio quien le consultó por la transparencia como virtud de un senador, de la que el representante de la llamada Alianza por el Cambio pareciera carecer. 

"En estas negociaciones no he participado directamente, sino que lo he hecho a través de los asesores que administran las empresas en las que tengo participación". Sebastián Piñera responde a críticas del diputado socialista Camilo Escalona. ("La Segunda", 21 de noviembre de 1997, caso “chispitas”).

Si hacemos un poco de memoria y analizamos objetivamente a Piñera, se podrá  apreciar que su manido discurso acerca del “fideicomiso ciego” fue lanzado el año 1997. En tal ocasión, pretendió engañarnos, ya que la misma historia, matices más o matices menos, la relanza nuevamente en la época actual, cuando es postulado a la presidencia por su partido político. Es cosa de tener buena retentiva, ser personas objetivas y pensar por uno mismo, sin dejarse influir por terceros ajenos e interesados en ser los futuros administradores de la “torta fiscal”.

No “estamos mirando por el retrovisor”, como acusó Piñera a su rival Eduardo Frei. No estimado lector. Simplemente consideramos que nuestra obligación es hacer claridad y con la verdad en la mano, para que Chile pueda tener gobernantes dignos, limpios, con ideas y programas que permitan el desarrollo del país y no tengamos que soportar a otro, cuya gran cualidad pareciera la crítica destructiva, el predominio de sus intereses particulares por sobre el interés de los pobres y sufridos habitantes. 
Santiago, Julio 29 de 2009

- El autor es ingeniero comercial y escritor

Honduras: Organiza Manuel Zelaya milicias en Nicaragua cumplido un mes del golpe de Estado

Honduras: Organiza Manuel Zelaya milicias en Nicaragua cumplido un mes del golpe de Estado

Argenpress

El presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, recorrió albergues donde se alojan sus seguidores en Nicaragua, al cumplirse un mes del golpe de Estado en Honduras.

Zelaya organizó desde el lunes a sus seguidores que llegaron desde Honduras por veredas a la ciudad nicaragüense de Ocotal, en la zona fronteriza de ambos países, para respaldar a quien consideran su presidente legítimo.

Los simpatizantes de Zelaya siguen llegando el martes a Ocotal, localidad situada 226 kilómetros al noreste de Managua, pese a la llovizna, para organizarse en milicias populares de resistencia contra el golpe de Estado en Honduras.

Al cumplir este 28 de julio un mes de haber sido destituido y llevado por la fuerza a Costa Rica, Zelaya pernocta en Nicaragua desde hace varias semanas a la espera de ingresar a territorio hondureño para recuperar su cargo de presidente.

En Ocotal los hondureños zelayistas se encuentran en albergues cerca de la frontera como refugiados, por el temor a los militares que dieron el golpe de Estado en su país.

Zelaya designó a Carlos Eduardo Reina, hijo del ex presidente de Honduras, Carlos Reina, para dirigir las estructuras milicianas para la lucha cívica contra los golpistas militares.

Las milicias hondureñas la integrarán 20 miembros, entre todos los hondureños que respaldan a Zelaya.

Los hondureños que llegan a Nicaragua, pese al toque de queda impuesto por los militares en el borde fronterizo de ese país, son alojados en el albergue del polideportivo Solidaridad de Ocotal.

Zelaya anunció que durante esta jornada de resistencia no saldrá de Nicaragua, porque está organizando a miles de personas para luchar contra el golpe de Estado.

El depuesto mandatario pretende también visitar la frontera de Las Manos, del lado nicaragüense, para tratar de reunirse con su familia, la cual permanece en una región cercana a la frontera hondureña.

Mientras tanto, una misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), presidida por Renato Echeverría, realizó el martes una evaluación sobre la situación humanitaria en la zona fronteriza hondureña.

Echeverría aclaró a la prensa internacional que su misión en el borde fronterizo no es de carácter político.

El cambio, contra el mal menor

por Roberto tello

Meter miedo acerca de lo conveniente o no, sobre algunas acciones que realizamos en nuestra vida, nos convierte en personas extremadamente cautelosas en el mejor de los casos. Frente a  una decisión tan crucial como la de elegir a un presidente por ejemplo, para que rija los destinos de nuestro país por el termino de cuatro años, demasiado tiempo quizás como para equivocarnos. Este miedo esparcido de forma sutil en la sociedad y direccionado hacia un objetivo coyuntural, busca moldear al sujeto objeto de esta intencionalidad a un estadio conservador, hacia una conciencia estructurada en la preservación de lo existente. El cambio no tiene lugar allí donde el paisaje por conocer no solo es incierto sino que además es presentado como un enunciado del  desastre.

Tanto la derecha chilena como sus rivales de la concertación, fogonean el miedo como elemento apto para lograr sus propósitos eleccionarios. Para la concertación, presentar a Sebastián Piñera con el traje a rayas es mucho mas convincente que la morbosa y obscena ideología que lo motoriza y que lo  convirtió en uno de los testaferros del mayor ladrón y asesino que ha tenido la historia de la republica chilena. Pinochet. Esta versión del Piñera malo, es colocada en la escena política, obviamente por los intereses contrapuestos que representan los concertados; altos intereses, que son tan corporativistas como los del cuco Piñera, diferenciados solo por la figura que los representa, en este caso Don Eduardo Freí Ruiz Tagle, hombre que por oposición a la estigmatizada presentación del malo Piñera, debe ser todo virtud, todo ética y moral.

Que Piñera sea un ladrón consumado debería ser un problema para todos los chilenos, incluso, para sus seguidores, ya que se trata de dirigir el país y no la cueva de Ali Baba, aunque a veces tengamos dudas al respecto. Ser ladrón y candidato es una contradicción perniciosa para  cualquier sistema democrático o no, aunque en el caso chileno esto no sea una novedad ni menos un escollo indigeridle para los electores, por caso, existieron otros candidatos, no solo ladrones, sino que además cómplices de asesinatos y torturas en contra de ciudadanos chilenos, como aquellos que en el 73 en plena democracia corrieron a los cuarteles a pedir a gritos la intervención de las FFAA; es mas, muchos de estos fueron elegidos, ya sea como concejales, alcaldes diputados o senadores incluso -no lo dude- como Presidente. La mismísima hija del dictador, que  maneja la fortuna que su padre le robo al pueblo chileno, es hoy concejala. El mismo Piñera ladrón, fue antes candidato a presidente y senador electo, con pleno conocimiento de sus adversarios políticos que hoy prefieren usar este argumento anti social de Piñera, como su costado mas perverso para descalificarlo ante la pacata sociedad chilena.

El mal menor, no es un elemento premeditado de un sector de la clase política chilena que lo azuza convenientemente para fines electorales o para deshacerse de rivales políticos. Este, es mas bien un factor que se nutre del  obsceno status quo político, permisivo y tolerante con aquellos que desde la política atentan en contra de los intereses  mas generales de la población chilena. Cometiendo todo tipo de delitos y recurriendo después al mismo sistema político corporativo para ser salvados. Freí, es parte de este mismo status quo, de la misma corporación política,  aunque su figura aparezca casi virginal al lado de la de Piñera, o por lo menos, sea esta la intención de los estrategas publicitarios de la DC que están al frente de la campaña del Freí bueno, inmaculado, virginal.

Intentar el cambio, implica por cierto mandar al traste la dicotomía emergente del status quo político. Es comprender a cabalidad que el Chile de los próximos cuatro años, con Freí o con Piñera al frente del ejecutivo, no será distinto al prebendario, corrupto, desigual e injusto Chile actual. Los malos ya están en el poder y son los que nos gobiernan, son los sostenedores de las desigualdades, los que hipotecan nuestros recursos naturales en favor de minorías insaciables, los que mantienen una educación de calidad solo para las elites sociales, los que se colusionan en contra de los millones de enfermos que tiene Chile, solo para agrandar sus ganancias; los mismos delincuentes que le roban a los jubilados chilenos -con el sistema de las AFP- condenándolos a ingresos miserables el resto de su vejes, los que masacran al pueblo mapuche y pretenden celebrar el bicentenario como una gesta de la “Civilización, occidental, cristiana y humanista”

Son los malos -y sus pichones- los que pretenden seguir  entregando nuestros recursos naturales a los capitalistas trasnacionales, sabiendo que con la explotación de estos en manos del estado, se podría terminar con la pobreza extrema y con el resto de las desigualdades  señaladas anteriormente. El cambio, es la única oposición real que existe en chile y esta encarnado lejos de la derecha política y económica; fuera de la concertación de partidos por la democracia y su entorno funcional, ausente de los tibios espacios  independientes. El cambio, esta encarnado en los trabajadores de Chile y sus organizaciones, en los Movimientos Sociales, en el combatiente pueblo Mapuche, en todos los luchadores sociales; los estudiantes, profesionales e intelectuales que no callan ante las injusticias; en la autentica izquierda política chilena, esa que no tranza sus principios, por un cargo burocrático.

-email del autor:
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