Los Mapuche y el estado de derecho en Chile

Arauco Chihuailaf (especial para ARGENPRESS.info)

“A los mapuches les echaron los perros de la ley encima, encarcelándolos por abigeato, después de haberles saqueado los ganados e incendiado los sembrados”.

Pablo de Rokha

¿Quiénes cometen violencia?

Se acaba de cometer un nuevo crimen: Jaime Mendoza Collio de 24 años murió baleado por la policía el 12 de agosto de este año. Ello ocurrió mientras Carabineros desalojaba un fundo ocupado por miembros de una comunidad en la provincia de Malleco.

Frente al homicidio cometido, el Subsecretario del Interior Patricio Rosende declaró que “el gobierno ha mantenido una política invariable de condena de hechos de violencia. Esa no es la forma en que se solucionan las demandas de las comunidades mapuches, esto sólo causa dolor y sufrimiento”. Y según el Ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma: “son accidentes que ocurren y que nosotros somos los primeros en lamentar”. Lo inquietante es que este tipo de “accidentes” ocurren siempre en el campo mapuche.

Se olvida a menudo que la violencia y la ausencia de estado de derecho son elementos intrínsecos a la constitución de la propiedad privada de la tierra en la región de la Araucanía. Remitámonos a la historia reciente. Durante el período dictatorial las empresas forestales transnacionales empezaron su avance en territorio mapuche comprando tierras a bajo precio. Además contaron con subsidios para el desarrollo de sus plantaciones así como de exenciones tributarias gracias al Decreto-ley 701 de 1974. Los mapuche se ven enfrentados, por consiguiente, a la necesidad de movilizarse para preservar tierras ancestrales. En esta movilización quedaron desamparados de todo apoyo político-institucional. Así lo reconoció el documento de “La Concertación de los Partidos por la Democracia a los pueblos indígenas” (1989): “La política económica basada en el libre mercado ha conllevado pérdida de recursos, tales como derechos de agua … imposibilidad de utilizar tierras ancestrales. Los mapuches y mapuches huilliches han enfrentado y enfrentan numerosos litigios, amenazas de lanzamientos y expulsiones de sus tierras, sin encontrar apoyo ni en el gobierno ni en la justicia”. Infelizmente, los fundamentos de esa realidad siguen inalterados. Ayer, como en los primeros decenios del siglo XX por ejemplo, las expulsiones de mapuche de sus propiedades, las usurpaciones de tierras, los asesinatos, fueron una práctica frecuente. Esos crímenes quedaron en la impunidad. Y hoy a los descendientes de esos mapuches, también se les asesina o se les condena por la defensa de sus tierras, por atentados contra la propiedad privada, por terrorismo. Y grado sumo de las acusaciones ante los tribunales, en los inicios de este siglo XXI: usurpación de tierras ! ¿Asombrarse ante tamaña desproporción?

Al crimen del 12 de agosto se agrega una nueva encarcelación: el dirigente Hector Llaitul Carillanca fue detenido en Osorno el 15 de julio de este año (2009) y conducido a la cárcel El Manzano de Concepción. Fue “formalizado por los delitos de homicidio frustrado, atentado contra la autoridad, asociación ilícita terrorista y robo con intimidación” (El Mostrador, 16.7.09). El acusador: el Fiscal Mario Elgueta. Llaitul estuvo detenido en el 2007 y en el 2008 fue absuelto de los cargos que se le imputaban: “asociación ilícita terrorista para perpetrar ataques armados …para la comisión de crímenes o simples delitos contra la propiedad privada” (El Mercurio, 16.10.08). Esta acusación se suma a las centenas que ya se han formulado en contra de dirigentes y de quienes han participado en las movilizaciones, desde 1997 particularmente, para defender sus tierras.

La acción contradice el discurso

El vocabulario de las acusaciones: asociación ilícita terrorista, atentado contra la autoridad, delitos contra la propiedad privada, refleja un tinte político y mistifica la realidad. Y esto no se disipa con la declaración de la Ministra Secretaria General de Gobierno Carolina Tohá respecto a la condena de H. Llaitul : “En Chile hay un Estado de derecho, nadie está por encima de la ley y nos parece importante que en este caso al igual que en todos los casos las personas que están acusadas de un crimen vayan ante la justicia y la enfrenten” (El Mostrador, 16.7.09).

Cuánto quisiéramos que la declaración de la sra. Tohá correspondiera plenamente a lo que sucede en el país. Pero no están encarcelados los responsables de las muertes del joven de 17 años Alex Lemún en noviembre del 2002 y del estudiante universitario Matías Catrileo Quezada en enero del 2008, ambos baleados por la policía. ¿Supone ello una legitimación del crimen político o que hay una violencia tolerable? ¿Se juzgará y condenará ahora al responsable de la muerte del joven J. Mendoza Collio? ¿Se sancionará a quiénes rechazando el diálogo optaron por el desalojo que condujo al crimen? 

En el conflicto que opone a las comunidades con las empresas forestales, no se reconoce la lucha mapuche por tierras ancestrales. Todo se reduce, como lo afirmó P. Rosende, a “hechos de violencia”. ¿Las Forestales están exentas de toda responsabilidad en la agudización del conflicto? ¿Cuál es el papel que corresponde al Estado y las instituciones estatales en esta situación? ¿La necesidad de un clima social atractivo para los inversores privados (argumento utilizado hace unos días) puede justificar la arremetida policial y judicial incesante frente a las demandas mapuche? El argumento nos entrega, sin embargo, un elemento revelador: atraer a los inversionistas privados. Dicho de otro modo, lo que observamos en el plano político no es ajeno a los paradigmas del mercado. Y eso está en el trasfondo de la represión policial que ha alcanzado incluso a quienes buscan informar. Lo ilustra el caso de Marcelo Garay Vergara, detenido por Carabineros el 17 de mayo de este año al encontrarse haciendo sus labores periodísticas en una comunidad de Roble Huacho, en las cercanías de Temuco. Esta comunidad está en conflicto con la Forestal Masisa.

Cuando las Forestales Arauco y Mininco recurrieron a guardias privados para que actuaran en contra de campesinos mapuche, ¿a cuál ley se ajustaban? Dicho sea de paso, estos guardias los procuraba la Oficina de Seguridad Particular (OSEPAR) que fuera creada a fines de los 80 por un coronel de Ejército. 

El guardia forestal Jerson Espinoza, hermano de Leonardo Espinoza (guardia forestal despedido y que luego se suicidara) declaró al Diario Austral de Temuco del 06 de enero del 2000: “Teníamos que hostigar a las comunidades para que se produjeran enfrentamientos y la opinión se enterara de las atrocidades que cometían los mapuches … En algunas oportunidades provocamos incendios forestales, bloqueábamos los caminos”. En febrero del 2000, el diputado Eugenio Tuma denunció que guardias privados de las compañías forestales podrían haber cometido ataques contra las plantaciones para luego culpar a los mapuche. ¿Con qué rigor actuó la justicia para investigar los hechos denunciados? En cualquier caso, el rigor se impone a los más vulnerables. De allí que la Ley Antiterrorista (1984) heredada de la dictadura siga golpeando a los mapuche. Y esto, en contradicción con las observaciones de organismos de derechos humanos y del relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen quien instó al gobierno, en el 2003, a la no aplicación de esta Ley; y contrariamente a la declaración de la Presidenta, en el 2006: esa Ley no se aplicaría porque la “justicia ordinaria tiene bastante fuerza para actuar”.

Todo por el mercado

Las Forestales y los latifundistas que son los acusadores e instigadores de la represión contra los mapuche detentan un poder económico que los hace menos vulnerables en todo sentido. 

Algunas cifras ilustran ese peso económico. Se estima que las inversiones del sector forestal totalizarán unos 3200 millones de dólares a fines del 2010, “generando un dinamismo que permitiría a las exportaciones crecer en un 30 %, alcanzando entre 4500 millones de dólares y 5000 millones de dólares hacia fines de la presente década” (Corma. Info Export. Internet. 19.7.2009). 

La envergadura de las inversiones como del retorno por exportaciones hace que las transnacionales no se amedrenten fácilmente ante el “terrorismo” mapuche. Juan Eduardo Correa, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Chilena de la Madera, indicó en el 2002 que “a pesar de la preocupación por el rompimiento del estado de derecho” en la Octava y Novena Regiones, se mantendrá, para el decenio, las inversiones de 3600 millones de dólares”(Forest.cl el Mundo Forestal, 24.4.2002). Pero para una parte de la población se trata del “rompimiento del estado de derecho” para subsistir. Los datos de Casen (2003) indican que el 29 % de la población se encuentra en situación de pobreza en la Araucanía (VIII y IX Regiones precisamente), que constituye el escenario del llamado “conflicto mapuche”. ¿La pobreza no es otra forma de violencia?

 

Los datos sobre inversiones y exportaciones cobran toda su relevancia en relación con la preocupación de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Cancillería (DIRECON) por diversificar los mercados y en particular el del sector forestal: “Las grandes compañías forestales también desarrollan su estrategia de expansión y, en muchos casos, con las prospecciones y primeras exportaciones que realizan, despejan el camino para que las acompañen empresas medianas y pequeñas” (Corma. Info Export. Internet. 19.7.09). 

No sorprenderá entonces que las movilizaciones mapuche aparezcan entorpeciendo los objetivos de un neoliberalismo a ultranza y que parlamentarios de derecha y algunos empresarios manifiesten preocupación por el “recrudecimiento del conflicto mapuche en la Araucanía”, la “seguridad ciudadana” y por “la falta de estado de derecho” (El Mercurio electrónico, 03.8.09). 

La opinión pública chilena no carece de información acerca de los grupos “violentistas” y del “terrorismo” mapuche, pero está menos informada sobre la riqueza extrema de algunos grupos económicos, en particular de las Forestales. Otras noticias circulan con notable discreción, como la decisión adoptada por algunos magistrados de la Corte Suprema: rebajar las penas a miembros de la policía secreta de la dictadura condenados por asesinatos y dejar a otros en libertad condicional (El Clarín.cl, 15.8.09). Quienes hoy se preocupan por la “seguridad ciudadana”, por el “restablecimiento del Estado de derecho”, no manifestaron ayer ningún desasosiego ante la inexistencia de un Estado de derecho y luego ante el sobreseimiento por la Corte Suprema del dictador enjuiciado por los crímenes cometidos. Esta actuación, antes y ahora, de un alto Tribunal de Justicia desmiente la declaración de la Ministra Toha.

Conforme al modelo económico imperante, es decir, como lo señalara la Concertación a los pueblos indígenas (1989) “la política económica basada en el libre mercado”, la prosperidad del país dependería de un cuadro político y social apaciguado. El Estado ha asumido el papel de apaciguador, que en el caso mapuche se traduce en represión y en el caso omiso que se ha hecho de sus demandas y protestas. Descartando de este modo todo diálogo. Así ocurrió en Ralco y en la Novena Región. La represa Ralco se construyó pese a las protestas y movilizaciones mapuche y a pesar de la oposición de dos directores de la Corporación de Desarrollo Indígena (CONADI) a quienes se solicitó, por tal razón, la renuncia en 1997 y 1998 respectivamente. Endesa, empresa transnacional, comenzó la construcción en 1998 y la inauguró el 27 de septiembre del 2004. 3500 hectáreas de tierras pehuenches (bosque, viviendas, cementerio) fueron inundadas. En la novena región: de los 28 vertederos en donde se deposita el 70 % de la basura de la región, 16 están en comunidades mapuche; éstas protestaron reiteradamente por la nocividad para el medio ambiente, sin encontrar mayor eco.

En junio, se llamó a licitación nacional e internacional por 20 áreas de energía geotérmica (Diario Oficial del 1.6.2009). Una de estas concesiones se encuentra en tierras mapuche de la comuna de Melipeuco, Novena Región. Hasta ahora el Ministerio de Minería no ha consultado a los campesinos concernidos, aunque el Convenio 169 de la OIT ratificado por el gobierno chileno en septiembre del 2008, estipula que los gobiernos deben “consultar a los pueblos interesados … cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente”.

Por el estado de derecho

No extrañará, por lo tanto, que el Estado chileno haya sido denunciado ante organismos de Derechos Humanos y ante la opinión pública internacional. En mayo del 2006, el Premio Nobel de Literatura José Saramago interpeló a la Presidenta Bachelet, en gira por Europa, para manifestarle que “los derechos de los chilenos no alcanzaban a los mapuche”.

¿Cuál es o debería ser uno de los sustentos fundamentales de un Estado de derecho o al menos del estado de derecho? Que nadie esté por encima de la ley como lo afirma la sra. Carolina Tohá. ¿Es el caso? La respuesta surge de la realidad que se puede observar y constatar en el Chile del Bicentenario y que en parte hemos evocado en estas páginas.

No a los fondos de la Minera contaminante

Docentes, investigadores, estudiantes, trabajadores no docentes de la Universidad de Buenos Aires, acompañados por la presencia de organizaciones ambientalistas, nos reunimos el lunes 24 de agosto para impulsar un movimiento de lucha que tiene como principal reclamo el rechazo por parte de las Universidades Públicas y particularmente la UBA a los fondos provenientes del YMAD (Yacimientos Mineros Agua del Dionisio), como parte de la Unión Transitoria de Empresas que conforma con la Minera La Alumbrera Ltda. Esta última es la encargada de explotar la mina a cielo abierto más grande del país, ubicada en la provincia de Catamarca, pero cuyos efectos contaminantes se extienden a Tucumán y Santiago del Estero 

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha aceptado por segunda vez consecutiva los fondos que por la ley 14.771 deben ser distribuidos entre las Universidades Nacionales a raíz de las utilidades generadas por las Mineras. Con el acuerdo ciego de prácticamente el conjunto de las autoridades universitarias, rectores y decanos, entre el período 2008-2009, ha entrado a la Universidad Pública 87 millones de pesos. El miércoles de la semana pasada se ha aprobado en la comisión de presupuesto del Consejo Superior de la UBA, con el rechazo de una sola consejera, la aceptación de estos fondos, cuyo destino y utilización ya se ha fijado con anterioridad (los 3,4 millones que corresponden a la UBA fueron utilizados en la compra del Cine Cosmos, el cual se utilizará para los cursos arancelados del Rojas). Esta semana el expediente pasará como tratamiento en la sesión plenaria del Consejo Superior. Cabe señalar que si hoy está en tratamiento para que el Consejo Superior pueda decidir si acepta o no los fondos, es gracias a que la Dirección de Contabilidad puso un freno a la intención del ex secretario de hacienda, Hernán Piotti Lopez, de hacer uso del dinero sin tomar en cuenta lo que diga el Consejo Superior, algo que es antiestatutario. Lamentablemente, haber defendido el derecho democrático al acceso a la información y al derecho a definir sobre los fondos de la UBA le costó el puesto de trabajo a la directora de Contabilidad, Valeria Alonso, quien fue desplazada de su cargo. Las autoridades recurrieron a la persecución y al apriete para que esto no saliera a la luz.   

Sin dudarlo, sin cuestionamiento alguno, sin debate y lo que es peor, ocultando al conjunto de la comunidad académica la procedencia de estos fondos, se está intentando reafirmar el ingreso del dinero en el conjunto de los Consejos Directivos y Superiores de cada una de las Casas de Estudios.  

Como contrapartida, se está gestando a nivel nacional un gran movimiento de lucha de docentes, estudiantes y trabajadores no docentes, que junto a las organizaciones sociales, ambientales y de los pueblos afectados por la producción minera, ha logrado transformar este tema en un debate público nacional y ha conquistado en algunas Unidades  Académicas el rechazo de los fondos, tal como ha sucedido en el Consejo Directivo de la Facultad de Psicología y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca), en la Universidad Nacional de la Patagonia, sede Esquel, en la Facultad de Cs. Sociales de la UBA, etc. 

La Alumbrera consume el 25 % de la energía eléctrica suministrada sobre el NOA y el 87 % del consumo total de la Provincia de Catamarca. Insume cuatro millones de litros de agua por hora, cien millones de litros por día, lo que ha generado la sequía total de varios acuíferos, limitando el acceso de este recurso a las poblaciones locales. Son recurrentes los cortes de luz y agua sobre las poblaciones. Por la utilización de cianuro y otras sustancias (método prohibido en muchos países por ser altamente contaminante) se ha provocado la contaminación de los canales de agua que son utilizados para el consumo de la población y para las actividades agropecuarias. Se muelen diariamente cerca de 150 mil toneladas de roca, lo que genera nubes de polvo, provocando múltiples enfermedades respiratorias. En los últimos años se ha comprobado un aumento del 600% en los casos de cáncer. Sin embargo, los sucesivos gobiernos, incluido la gestión de los Kirchner, han reafirmado la privatización de este recurso, les han otorgado todo tipo de exenciones impositivas, además de ser casi nulas las regalías, han eliminado todo tipo de controles sobre la actividad y han subsidiado en forma permanente a este sector, siendo que el 97 % de las utilidades de las Minas se van al exterior. Las complicidades del gobierno nacional son tales que en la página Web de la Secretaría de Minería de la Nación sólo se habla de las bondades de la producción minera. 

Rechazamos estos fondos no sólo porque defendemos un Sistema Estatal Único de financiamiento de nuestra Educación Superior, sino porque pensamos que la Universidad Pública con sus investigadores y su producción de conocimiento debe estar al servicio del pueblo y no en favor de la apropiación privada y el lucro capitalista. Aceptar los fondos significa para la Universidad Pública constituirse en cómplice del saqueo de nuestros recursos naturales, de la minería a cielo abierto con sus graves efectos contaminantes que produce sobre la población, del agotamiento de recursos limitados como es el agua y la energía eléctrica, del escaso valor de uso que tienen estos metales, utilizados básicamente como reservas de riquezas y consumos suntuarios. Hoy varios equipos de investigación de la Universidad de Buenos Aires abordan desde distintas disciplinas los temas relacionados con esta actividad desde una ciencia y un pensamiento social crítico, señalando los efectos destructivos e irreversibles sobre el medio ambiente y la vida humana.  

Sin embargo, contra el trabajo de muchos docentes e investigadores independientes, las corporaciones mineras han logrado comprometer con sus dineros el silencio de las autoridades universitarias, y más aún hacer avanzar a través de todo tipo de convenios la investigación y la utilización del espacio público de las Universidades al servicio de las necesidades de la Mina contaminante. Esto es lo que ha sucedido en la Universidad Nacional de Tucumán, donde un primer informe de un grupo de especialistas-investigadores ha llegado a la conclusión que la Mina no contamina. Por otro lado, comienzan a proliferar convenios bilaterales entre las distintas Unidades Académicas y los gobiernos provinciales, municipales y hasta directamente con las Mineras en vistas a favorecer su infraestructura y por lo tanto hacer acrecentar sus ganancias. Como es el caso del convenio establecido entre el gobierno de Catamarca y el Instituto Superior de Ingeniería del Transporte, dependiente de la Facultad de Cs. Exactas y Naturales de la UNC, utilizando los recursos estatales para mejorar el transporte ferroviario utilizado por las Mineras.  

Tanto es el interés particular de las camarillas que despiertan estos fondos privados que se ha avalado sin ningún tapujo a una empresa, como es La Alumbrera, cuyo Presidente se encuentra acusado en EEUU por lavado de dinero y cuyo vicepresidente, Julián Rooney, está procesado por disposición de la Cámara Federal de Tucumán Nº II por violación del Art. 55 de la Ley 24.051, un delito federal, que refiere al vertido de residuos tóxicos que contaminaron el agua, el aire y el suelo, afectando la vida y el ambiente general. Es decir las autoridades Universitarias además de avalar el saqueo de los recursos naturales y la depredación del medio ambiente, también están avalando a delincuentes.

Sin embargo, estamos los que estamos convencidos que el sistema universitario y científico podría jugar un papel significativo en la Sociedad porque es uno de los pocos actores públicos que puede proveer los saberes técnicos independientes en función de satisfacer las necesidades populares. La universidad pública podría generar un servicio de suma importancia, no sólo a las localidades en disputa con las corporaciones mineras sino a todo el país, que necesita conocer qué decisiones toman nuestros gobernantes en materia productiva cuando los bienes comunes están en juego. Por eso, quienes firmamos esta declaración, seguimos defendiendo una Universidad Pública, gratuita, masiva y con autonomía para la producción científica, apostando a una visión crítica e independiente de las autoridades, de los gobiernos de turno y de la producción privada.

Desde este espacio convocamos a todos los docentes, investigadores, trabajadores no docentes, estudiantes, organizaciones sociales, de DDHH, organizaciones ambientalistas, y a toda la comunidad educativa a participar de una concentración y una radio abierta sobre el Rectorado de la UBA el próximo miércoles a las 8 hs en Viamonte 430 a movilizarnos para exigir que las autoridades rechacen los fondos de las Minas contaminantes.

Firman y adhieren:

Organizaciones gremiales y comisiones internas

FUBA, Conadu H, AGD-UBA, Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, Centro de estudiantes de Filosofía y Letras, Centro de estudiantes de Cs. Exactas y Naturales, Centro de Estudiantes de Psicología, Centro de Estudiantes de Veterinaria, ……….

Consejeros

Margarita o Campo, Minoría de Graduados de la Facultad de Ciencias exactas

Ileana Cellotto, Minoría de graduados de la Facultad de Psicología

Mariela Solesio, Consejera Superior por la minoría del claustro estudiantil

Alejandro Lipcovich, Consejero Directivo por la mayoría del claustro estudiantil

Martín Pérgola Consejero mayoría estudiantil FCEyN 

Federico Holik Consejero minoría graduados FCEyN y miembro de AGD-UBA

 
 

Docentes / Investigadores

Becarios Conicet , Ubacyt y Foncyt de la UBA

Pablo Bergel, Sociólogo

Alicia Rodríguez, docente UNGS y miembro de Tribuna Ambiental 

Organizaciones estudiantiles 

UJS-Partido Obrero

Corriente Julio A. Mella

La Mala Educación

La Mariátegui

En Clave Roja-PTS

Socialismo Libertario

Frente Universitario Proyecto Sur

Viejo Topo-Poder Estudiantil

Viejo Topo-Colectivo Universitario

JXI – Coalición Cívica

En Acción- Exactas

Rebelión (El Andamio, Los Necios y El Estallido).  

Organizaciones ambientales y de DDHH 

Viviana Puccio , Tribuna Ambiental

Jorge Steimbach, Tribuna Ambiental

Matías Neglia, Tribuna Ambiental

 

Golpe de Estado a la izquierda del MAS

La izquierda del Movimiento Amplio Social de Chile M.A.S. representada por su actual Secretario General  el Compañero Francisco Bucat Oviedo sufrió un golpe de Estado al día jueves 20 de agosto, el golpe fue dirigido por el empresario tercerista del Partido Socialista Ricardo Solari  y ejecutado por el empresario de la urea, el capitalista Fernando Zamorano junto a su socio político Alejandro Navarro.

El método usado por los golpistas para acabar con la izquierda del MAS fue un tongo secreto hecho en Vallenar y preparado por los mismos en total secreto y sin convocatoria de ninguna clase, con puros delegados controlados a sueldo, los militantes del Partido nos enteramos un día antes por el diario La nación de que se haría un consejo general entre gallos y media noche,  incluso todavía hay compañeros del Partido en distintas partes del país que no tienen conocimiento detallado de este tongo. Alejandro Navarro y Fernando Zamorano criticaron a Camilo Escalona por el tongo usado por este para escoger a Freí, fanfarronearon que era antidemocrático, que no le daba participación a la gente, que estaba hecho entre cuatro paredes, etc.  pero la verdad es que el tongo de estos dos supera en asquerosidad moral al tongo de Escalona. No hubo convocatoria de ninguna clase, los delegados fueron designados a sueldo por Alejandro Navarro y Fernando Zamorano.

 

El objetivo del tongo de Navarro era barrer a la izquierda de la dirección del MAS y así el junto a su socio Fernando Zamorano poder negociar con la concertación dos cupos parlamentarios, un cupo para un familiar de Navarro en Coronel y otro cupo para Zamorano en Vallenar, esto a cambio de vender el proyecto popular del MAS a los poderosos del sistema neoliberal.

 

Los mismos que hoy dan este golpe de estado a la izquierda del MAS se han esforzado en los últimos días por liquidar a la Dirección Metropolitana emanada de las bases, pero no han podido,  a pesar de los millones que manejan no tienen ninguna influencia moral sobre la base, podrán tener muchos millones provenientes de los negocios de la urea pero no tienen un solo gramo de moral.

 

La orden dada a los golpistas para continuar la negociación con los poderosos de chile es bajar al compañero Juan Guzmán Tapia como candidato a senador por la quinta costa y así blindar al neoliberalismo en la zona representado por Ricardo Lagos Weber y Joaquin Lavin, El capitalista Fernando Zamorano apodado ahora por las bases del partido como el Michelleti del MAS tiene la orden de los poderosos del sistema neoliberal del Bajar al Juez Juan Guzmán, vienen por el Compañero Juan Guzmán pero no podrán, las bases estamos en pie y dispuestas a dar el combate para defender a nuestra gente.

 

Este tongo es ilegal e ilegitimo no tiene ninguna validez  desde el punto de vista jurídico y moral, por lo tanto hasta que las bases de nuestro Partido expresen otra cosa el secretario General del MAS es y seguirá siendo  el compañero Francisco Bucat oviedo y las bases del Partido ya han tomado debida nota de esto,  seguiremos llevando adelante el proyecto popular junto con nuestro secretario general legitimo, seguiremos levantando candidatos desde las bases en todo Chile, tenemos mil veces mas moral y conciencia que los golpistas millonarios, los golpistas manejan dinero que no es de ellos, es dinero del pueblo chileno, han engañado a amigos del proyecto popular pidiendo plata para llevarlo adelante y lo que han hecho es satisfacer sus fines personales, ellos deberán rendir cuentas políticas por esto, el pueblo chileno no es tonto, es un pueblo que ha sido mil veces traicionado por gente como esta pero es un pueblo que esta de pie y dispuesto a dar el combate por un futuro mejor, Alejandro Navarro y su socio político Fernando Zamorano le han hecho perro muerto a las expectativas del pueblo chileno, esto se sabrá en toda América Latina, los pueblos están despiertos y conocen a los traidores.

 

Seguiremos Luchando desde las bases junto al pueblo y los trabajadores por unir a toda la izquierda en Chile y por instalar a la Clase Trabajadora Chilena en la vida política chilena como protagonistas de primera linea en el cambio histórico socialista que Chile requiere, seguiremos luchando por organizar a los sectores populares junto a los trabajadores en sus luchas que son nuestras luchas, seguiremos luchando por construir un aparato organizativo donde se expresen democráticamente las bases, seguiremos luchando por construir una estrategia socialista que libere al pueblo chileno de la opresión en la que hoy se encuentra, seguiremos luchando por situar a Chile en los grandes cambios que se dan hoy en América latina.

Compañeros el futuro nos pertenece, el horizonte de la libertad, la igualdad y la fraternidad social con el que ha soñado y por el que ha luchado siempre nuestro pueblo sera alcanzado con nuestras luchas.

Vivan el pueblo de Chile, sus trabajadores y su valiente juventud!!!

Viva Salvador Allende que inspira nuestro camino con su ejemplo!!!

Venceremos compañeros!!! 

 

Jorge Rossel

Representante Oficial del MAS en el Exterior

MPT-Chile: Situación política y posición frente a las elecciones de 2009

por Consejo Ejecutivo MPT (Chile)

1. En el marco de la crisis económica mundial en curso, fundada sobre la sobreproducción de capital financiero a través de las denominadas “burbujas”, que ha devenido en que el imperialismo norteamericano aumente estratosféricamente su deuda pública y privada (déficit estructural), y sostenga aún su poderío mediante la  preeminencia del dólar como divisa hegemónica y la superindustria armamentista; en Chile los trabajadores y los pueblos, explotados y oprimidos, sufren los efectos tardíos (pero no por ello, menos severos) de la crisis multidimensional del capital. El Producto Interno Bruto (PIB) arrojó una contracción de -4,5 % en el segundo trimestre de 2009 respecto del mismo trimestre del año anterior. Según el Banco Central, la demanda interna se desplomó un 10,6 % debido a la fuerte caída de las inversiones e inventarios.

Los últimos 7 meses, las exportaciones de cobre y sus derivados han disminuido un 46 %; el sector maderero durante el segundo trimestre del año, un 32 %; la pesca, un 27 %, y la Industria, un 17 %. Según Inversiones Security, a  fines de 2009, el PIB se habrá derrumbado en un -2 %. Por su lado, la banca es la única industria que ha mantenido sus ganancias mediante la restricción del crédito, el no traspaso de la baja de las tasas de interés del Banco Central a los usuarios y pymes, el aumento de las provisiones en relación a las colocaciones, y la intensificación de la explotación de sus funcionarios. En tanto, la destrucción de fuerzas productivas se traduce en más de un millón de desempleados; la proliferación del trabajo informal, subcontratismo, comercio ambulante y aumento del crimen organizado.

2. Además de los conflictos bélicos que mantiene el imperialismo contra los pueblos de Irak, Afganistán, Palestina, y las tensiones sobre Irán y Corea del Norte, ahora la administración de Obama echa mano a la vieja estrategia  ofensiva político-militar contra los pueblos de Latinoamérica. El golpe de Estado en Honduras y la instalación de 7 bases militares en territorio colombiano son parte de la misma escalada de agresión imperialista tendiente a disciplinar, controlar y subordinar  al polo de gobiernos de la Región que procura construir un camino independiente para el porvenir de sus pueblos.

La gravedad de los hechos pone en alerta al conjunto de los sectores antiimperialistas del Continente y demanda la construcción de agrupaciones de resistencia, solidaridad y denuncia activa frente a los acontecimientos, pasando de acciones reactivas a la iniciativa política. Asimismo, la OEA persiste en su tarea original de imponer los intereses del Estado corporativo norteamericano sobre América Latina, mientras UNASUR, debido a su composición, apoya cínicamente al presidente depuesto de Honduras, José Manuel Zelaya, con el objetivo de que, esta vez, sea desalojado del mapa político hondureño en las próximas elecciones de ese país, con el apoyo político y pecuniario del imperialismo. Al respecto, en Chile, el gobierno de Michelle Bachelet ha sostenido reuniones con el principal satélite de los intereses norteamericanos en América Latina, el presidente colombiano Álvaro Uribe, y, por otra parte,  presionada internacionalmente, debió solicitar el retiro del embajador hondureño en el país, cómplice del gobierno golpista en ese territorio centroamericano.

3. Cuando ya resta muy poco para que finalice el gobierno de Bachelet, la mandataria, replicando las políticas norteamericanas, ha construido su propio Eje del Mal en el país. Así,  el Eje del Mal criollo estaría compuesto por los mapuche en lucha por sus tierras y su libertad, y el movimiento social y popular en pleno período de recomposición. La ofensiva estatal al respecto es ilustrada trágicamente con el asesinato del peñi mapuche Jaime Mendoza Collío, por medio de una bala disparada por la espalda por un funcionario de la policía militarizada chilena en territorio en conflicto.  La aplicación de una política estatal genocida ha traído la reapertura de un nivel de conflictividad que incluye la ejecución de crímenes de lesa humanidad no inferiores a los de los tiempos de la conquista española o de la mal llamada “pacificación” que hizo el Ejército chileno.

En lo inmediato, las políticas concertacionistas  se han vuelto la prolongación de la dictadura que volvió a quitar a las comunidades las tierras que la reforma agraria les había devuelto y que las dividió en propiedad privada para mejor engañar a sus poseedores y concentrarlas en las grandes transnacionales forestales. En este sentido, resulta imperativo que, con la amplitud, comprensión y lejos de instrumentalizaciones malsanas, dogmáticas y fundadas en la ignorancia, se promueva la alianza urgente entre la lucha mapuche ancestral y la de los intereses históricos de los pueblos y los trabajadores. Sobre ello, la superación de la contradicción capital/trabajo se reúne en un complejo emancipador con las contradicciones capital/naturaleza, y dictadura del capital/concepción plurinacional de convivencia.

Del mismo modo, a mediados de agosto fue aprobado el proyecto de leyes que criminaliza la protesta social en el país, procurando jurídicamente, contener los eventuales episodios de lucha de clases que se gatillan y gatillarán a causa de la mala vida generalizada de las grandes mayorías nacionales. Como si fuera poco, entre gallos y medianoche, sólo hace unos días fue aprobada la Ley General de Educación que no hace otra cosa, sino consagrar la educación de clases, el negocio de la enseñanza privada y castigar aún más la ya maltrecha Educación Pública chilena.

4. Políticamente, en la vitrina ficticia del diferendo entre ambos rostros del bloque en el poder, la Alianza por Chile y la Concertación, que representan estratégicamente los mismos intereses de la clase minoritaria que domina, Piñera y Frei continúan arrojando promesas demagógicas, en tanto el candidato Marco Enríquez-Ominami, con alta penetración mediática, procura convertirse en alternativa aparente y “transversal”, toda vez que su programa y discurso, salvo matices liberales en el campo “cultural”, no toca en lo absoluto los intereses centrales de la burguesía (de cuyos miembros también alimenta económicamente su campaña electoral). Un evento grave lo constituye la derechización del Partido Comunista, cuyo pacto “instrumental” para enfrentar las elecciones parlamentarias, muta a alianza cardinal con la Concertación con el objetivo retórico de “formar nuevas mayorías”, hipotecando los objetivos fundadores de esa tienda, destruyendo militancia, fortaleciendo desde sus debilidades a la Concertación y sus políticas históricamente antisociales, y ofreciendo su apoyo a Frei entre líneas y antes de la primera vuelta electoral. De este modo, y sin ninguna seguridad de obtener parlamentarios, el PC camina a pasos agigantados a agregarse como apéndice del bloque en el poder, abandonando definitivamente la lucha radical contra el actual orden dominante y antipopular.

5. En el ampliado extraordinario de agrupaciones federadas del Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores (MPT), el pasado 15 de agosto, frente a la coyuntura electoral, democráticamente, se decidió hacer un llamado activo a anular el voto, tanto en las presidenciales, como en las parlamentarias. Los argumentos medulares del voto nulo con contenido, corresponden a que ninguna candidatura en campaña representa la independencia política de los intereses de los pueblos y los trabajadores. El MPT sólo tiene 5 meses de vida y hace poco ha comenzado la labor nuclear de territorializar sus fuerzas en el campo popular de manera organizada política y orgánicamente. Para la Federación, la participación en las elecciones de la democracia de los que mandan, es una táctica que se inscribe en el empleo de todas las formas de lucha contra la hegemonía burguesa, y debe emplearse cuando convenga y existan las condiciones. El MPT se construye desde abajo y, por tanto, debe concentrarse en un proceso dinámico de acumulación de fuerzas sociales en lucha creciente. Ello, en medida determinante, estará sujeto al propio desarrollo de la lucha de clases, actuando como dínamo del movimiento popular, participar-conduciendo, rimando su consolidación y crecimiento en una relación dinámica con la maduración del movimiento popular real. Pese a que al interior del MPT conviven múltiples corrientes y sensibilidades del socialismo anticapitalista, todavía debe ampliarse, tanto hacia el pueblo profundo, como a agrupaciones que todavía no están en su seno. Pasadas las elecciones, en 3 meses más, el cuadro de fuerzas políticas sufrirá un nuevo reordenamiento de acuerdo a los resultados en las urnas. Al respecto, es dable considerar que pueden provocarse rupturas y resquebrajamientos en movimientos como el MAS de Navarro, nuevas escisiones del PC y del propio PS que, de presentarse el MPT como un contingente amplio, mestizo, unitario, radicalmente democrático y con vocación de alternativa política de mayorías, logre funcionar como polo de agrupación de masas con alto poder de convocatoria, espacio de desarrollo político plural (dentro de las coordenadas estratégicas convenidas) y gran organización porosa y numerosa que, con las fuerzas reunidas y las por venir, logre, de menos a más, ingresar a las ligas mayores de la formación política capaz de sintetizar los intereses genuinos de las mayorías expoliadas y comenzar la disputa concreta, en todos los ámbitos, contra la hegemonía del capital y su representación burguesa.  

CONSEJO EJECUTIVO

MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS Y LOS TRABAJADORES-MPT

Agosto de 2009

CATEDRAS BOLIVARIANAS, del Periódico Resumen Latinoamericano

Convocan:

 

Martes 25 de Agosto, 18,30 horas, en la Asociación Argentina de Actores (Alsina 1762, Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

 

LA LUCHA DE LOS SIN TIERRA DE BRASIL CONTRA EL LATIFUNDIO Y POR LA REFORMA AGRARIA

 

Se proyectará:

"Construcción Permanente: el caso de la Escuela de Cuadros "Florestán Fernández"

 

(dirigida por Mónica Simoncini)

 

(Un documental elaborado para contar la increíble experiencia de formación política y educacional que el Movimiento de los Sin Tierra realiza con sus militantes)

 

Intervendrá: MONICA SIMONCINI, quien vivió y trabajó solidariamente durante varios meses con los trabajadores rurales del MST.

 

 

UNIVERSIDAD POPULAR MADRES DE PLAZA DE MAYO

Universidad de Lucha y Resistencia

SEMINARIO

Palestina y el Genocidio Silenciado

De la Colonización a la Ocupación

El pueblo palestino lleva 61 años resistiendo la invasión sionista israelí y pidiendo a la comunidad de naciones que Israel cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas y el derecho Internacional.

Se analizará el negacionismo sobre el genocidio al que se somete al pueblo palestino y se proyectarán filmes relativos al tema, con posterior desarrollo con académicos especializados.

Lunes 31º de agosto de 19 a 21 Hs.

 

Apertura a cargo de: Raquel Angel y Alberto Guilis

 

-Colonialismo europeo. El imperialismo y la cuestión oriental-

 

Ideología sionista como respuesta racista al judeocidio.

 

Proyecto neocolonialista del sionismo.

 

Israel representante Imperialista en Medio Oriente.

 

Clase a cargo de: Gabriel Fernando López   y  Gabriel Sivinian

 

Gabriel Fernando López. Docente de la Cátedra Historia Contemporánea, Facultad de Filosofía y Letras-U.B.A.- y docente del Práctico Especial de Historia y Cine de dicha Cátedra. Grupo de Investigación CLEARAB. Docente Cátedra Libre de Estudios Cananeos

 

Gabriel Sivinian. Licenciado y Profesor de Sociología (UBA)-Docente de Teoría y Pensamiento Social y de Sociología de la Educación en el Profesorado de Historia “Alfredo L. Palacios". Docente de Ciencias Sociales en Escuelas Públicas de la Dirección General de Cultura y Educación (Provincia de Buenos Aires). Docente Cátedra Libre de Estudios Cananeos. Integrante de la UNION CULTURAL ARMENIA.

 

 

 

 

 

 

Lunes 7 de septiembre de 19 a 21 Hs.

 

Palestina: El Derecho Internacional y Derechos humanos.

 

Clase a cargo del Dr. Gabriel Albarracin .Abogado, jefe de la cátedra de Derecho Internacional Público - Universidad del Litoral - Santa Fé.

Director del programa de posgrado en DD.HH. y Derechos del MERCOSUR.

 

Lunes 14  de septiembre de 19 a 21 hs.

"Perspectiva sociológica del Genocidio en Palestina"

Clase a cargo de: Ma. Laura Lescano y Gabriel Sivinian

 

María Laura Lescano. Profesora de Historia egresada de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Fue Adscripta de la Cátedra Problemas Mundiales Contemporáneos de dicha Facultad entre 1998-2004, dedicándose a Historia intelectual europea. Actualmente es Adscripta de la Cátedra de Historia Contemporánea y docente del Práctico Especial de Historia y Cine de dicha Cátedra. Participa de la Cátedra Libre de Estudios Árabes del Departamento de Historia. UBA Docente de la Cátedra Libre de Estudios Cananeos. UBA

 

Gabriel Sivinian: Licenciado y Profesor de Sociología (UBA)-Docente de Teoría y Pensamiento Social y de Sociología de la Educación en el Profesorado de Historia “Alfredo L. Palacios". Docente de Ciencias Sociales en Escuelas Públicas de la Dirección General de Cultura y Educación (Provincia de Buenos Aires). Docente Cátedra Libre de Estudios Cananeos. Integrante de la UNION CULTURAL ARMENIA.

 

Participa de la Cátedra Libre de Estudios Árabes del Departamento de Historia. UBA

Docente de la Cátedra Libre de Estudios Cananeos. UBA

 

Lunes 21 de septiembre de 19 a 21 hs.

 

Voces desde la diáspora.

Disertación a cargo de Tilda Rabi: Presidente y Rafael Araya Masry: Secretario

- Federación de Entidades Argentino- Palestinas-

 

                       Inscripción: Hipólito Irigoyen 1584, Ciudad de Buenos Aires, de 17 a 21 hs.

Organizan: Carrera Capitalismo y Derechos Humanos de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo

Centro de Estudios sobre Genocidio - Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo

Federación de Entidades Argentino-Palestinas

No arancelado, con inscripción previa

 Abierta la inscripción

 

El pueblo y los trabajadores, contra las leyes de criminalizacion de la protesta social.

por Roberto Tello

Ahora comienzan a aparecer las implicancias - nefastas para el pueblo – producto del abandono de las mayorías legislativas  con las que el electorado nacional aprobó la candidatura de Michelle Bachelet y que esta de buena gana transfirió a la derecha, a pesar del fantástico respaldo popular que según las encuestas de opinión tiene este gobierno, un 73% de adhesión, algo jamás alcanzado por presidente alguno. No se entiende bien, como este gobierno puede perder terreno, con semejante consenso. Las encuestas siguen dando ganador al candidato de la derecha, -Coalición por el Cambio- que se mantiene con un 36% de preferencias por sobre el candidato de la concertación, que aparece con un 22% de acuerdo a la ultima encuesta CERC de Agosto, para primera vuelta. La transferencia de esta mayoría, que el electorado le otorgo a la concertación, para que esta le diera cumplimiento a la alegría prometida. Forma parte de las permanentes claudicaciones y traiciones, conque los concertados suelen responderle al pueblo chileno.  

 

Pero, es un bien practico, el que la mayoría este en manos de la derecha y no de los concertados, porque en definitiva, quien mejor use este instrumento en función del modelo neoliberal es quien debe sostener el mango. Este gobierno, ha generado en los últimos meses, los mas escandalosos proyectos de ley, -algunos con media sanción de diputados -  que recuerde la legislación chilena, solo comparadas con el periodo del régimen de facto. Pero hay una que sobrepasa la capacidad de asombro de los expertos nacionales e internacionales, y es; el que modifica las leyes números 12.927, sobre Seguridad del Estado; 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y sus alcances en el código penal. Si este proyecto pasa senadores, - algo absolutamente previsible- se convertirá en ley, dando lugar así, al más perverso de los contubernios entre la derecha y los concertados, en contra de los intereses de los sectores populares.

 

El proyecto apunta a responsabilizar civil y penalmente a los organizadores de manifestaciones publicas que terminen en desmanes, ocasionando daños a terceros o peor aun, victimas. Para nadie es un secreto, que las fuerzas represivas cuenten con personal encubierto – infiltrados – que en la mayoría de los casos, son los encargados de provocar los desmanes y generar violencia para desacreditar la protesta Este gobierno, esta dispuesto a colocar un cepo legal a la movilización, sabiendo que la misma crecerá en intensidad en los próximos años, debido a  tres factores concomitantes que condicionan todo movimiento de parte de este gobierno, hacia otra perspectiva, primero: por los efectos expansivos de la crisis mundial, que va del centro a la periferia y que terminaran socavando la economía chilena a pesar del irresponsable optimismo del gobierno de Michell Bachelet – las exportaciones de cobre cayeron un 46.5 % en el primer semestre de este año, según el Banco Central- que se suman al creciente desempleo, el recorte de salarios y la caída del consumo interno. Segundo; por que ni la derecha ni la concertación, están en condiciones de introducir cambios en la economía chilena, que desvíe parte de la tasa de ganancia que genera el modelo para los empresarios, hacia los sectores populares. Revitalizando así el mercado interno y atenuando los efectos de la crisis mundial. Puesto que su objetivo mayor -y este es el tercer factor- esta centrado en colocar a Chile dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

 

 Marchamos así, hacia un estado policiaco, un Estado que tiene como único método de respuesta a las justas demandas sociales, la fuerza bruta de la represión. Este es el Chile que ya se esta configurando aun antes que la derecha aterrice en el poder; porque la concertación ve como un hecho positivo, que la derecha gane en diciembre y así ellos podrán renacer de nuevo en la oposición, apropiándose de las banderas del reclamo social y de su discurso. Cuentan para ello, con el respaldo de sus nuevos socios de la izquierda electoral con los que la concertación ya ha cerrado acuerdos electorales, que les pueden servir en el caso de que den el batacazo, algo que seria  tan inevitable como inesperado, ya que la huella de la derrota la han estado dibujando, con hechos concretos, desde hace bastante tiempo.

 

Este proyecto de ley y su segura aprobación, colocaría a Chile como el país que más incumplimientos y atropellos tiene en materia de tratados internacionales, este mismo engendro es violatorio del pacto de San José de Costa Rica del que chile es firmante y que con esta medida el gobierno de Bachelet borra con el codo, como lo viene haciendo con los derechos humanos en forma reiterada. El ingreso a la OCDE,  lo concretaran aunque para ello tengan que maniatarnos a todos los chilenos. La ilusión que tienen estos desalmados, es colocar a Chile en un eslabón mucho mas cerrado de cooperación productiva y económica con el imperialismo yanqui. La OCDE es un instrumento para la explotación de los pueblos y el saqueo de sus recursos naturales, en favor de las grandes corporaciones multinacionales de los países centrales. Su principal objetivo es la maximización de la explotación de los sistemas productivos industriales para alcanzar el mayor crecimiento económico posible. Todo esto bajo el  mayor régimen de flexibilización laboral, precariedad y tercerizacion del sistema productivo, al que los trabajadores chilenos vienen combatiendo desde la época del dictador.

 

Solo para esto, se necesitan estas leyes; para terminar de entregar lo poco que nos queda como país, ya entregaron; el cobre, los recursos forestales, el mar, la salud, la educación. Ahora quieren vender la voluntad de lucha del pueblo chileno y los trabajadores. A tanta traición, solo se debe contestar con lucha, con rebelión. Solidarizamos con los trabajadores chilenos y el pueblo en lucha, que fueron reprimidos y encarcelados por este gobierno, en la movilización contra las leyes de criminalizacion de la protesta, convocada por la Asamblea de derechos humanos, al que adhirió: el Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores MPT, Clase Contra Clase, miembros de las Juventudes comunistas y otras organizaciones.

 

Chile: Caen un 46.5 las exportaciones de cobre en Enero/Julio

Las exportaciones chilenas de cobre totalizaron 12.652,1 millones de dólares entre enero y julio de este año, lo que equivale a un 46,5 por ciento menos que en igual período del 2008.

Según informó el Banco Central chileno, durante julio las ventas al exterior del principal producto chileno alcanzaron a 2.542,1 millones de dólares, lo que supone una caída interanual de 21,7 por ciento;

No obstante, el instituto emisor precisó que pese a los resultados de julio, la cifra alcanzada ese mes es la más alta anotada en lo que va del año 2009.

Las exportaciones mineras totales llegaron el mes pasado a 2.758,1 millones de dólares, lo que equivale a una baja del 27,8 por ciento respecto de los 3.824,7 millones alcanzados en el mismo periodo del año pasado.

Durante el 2008, las exportaciones de cobre sumaron 32.807,5 millones de dólares, cifra que, a causa de la caída de precios provocada por la crisis internacional, podría descender a unos 20.000 millones este año, según proyecciones de las mineras privadas del país.

La industria del cobre en Chile, el principal productor del metal rojo a nivel mundial, es liderada por la gigante estatal Codelco y la angloaustraliana BHP Billiton; seguidas por Antofagasta Minerals, Anglo American y Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, entre otras.

Autor foto: CODELCO