El pueblo y los trabajadores, contra las leyes de criminalizacion de la protesta social.

por Roberto Tello

Ahora comienzan a aparecer las implicancias - nefastas para el pueblo – producto del abandono de las mayorías legislativas  con las que el electorado nacional aprobó la candidatura de Michelle Bachelet y que esta de buena gana transfirió a la derecha, a pesar del fantástico respaldo popular que según las encuestas de opinión tiene este gobierno, un 73% de adhesión, algo jamás alcanzado por presidente alguno. No se entiende bien, como este gobierno puede perder terreno, con semejante consenso. Las encuestas siguen dando ganador al candidato de la derecha, -Coalición por el Cambio- que se mantiene con un 36% de preferencias por sobre el candidato de la concertación, que aparece con un 22% de acuerdo a la ultima encuesta CERC de Agosto, para primera vuelta. La transferencia de esta mayoría, que el electorado le otorgo a la concertación, para que esta le diera cumplimiento a la alegría prometida. Forma parte de las permanentes claudicaciones y traiciones, conque los concertados suelen responderle al pueblo chileno.  

 

Pero, es un bien practico, el que la mayoría este en manos de la derecha y no de los concertados, porque en definitiva, quien mejor use este instrumento en función del modelo neoliberal es quien debe sostener el mango. Este gobierno, ha generado en los últimos meses, los mas escandalosos proyectos de ley, -algunos con media sanción de diputados -  que recuerde la legislación chilena, solo comparadas con el periodo del régimen de facto. Pero hay una que sobrepasa la capacidad de asombro de los expertos nacionales e internacionales, y es; el que modifica las leyes números 12.927, sobre Seguridad del Estado; 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y sus alcances en el código penal. Si este proyecto pasa senadores, - algo absolutamente previsible- se convertirá en ley, dando lugar así, al más perverso de los contubernios entre la derecha y los concertados, en contra de los intereses de los sectores populares.

 

El proyecto apunta a responsabilizar civil y penalmente a los organizadores de manifestaciones publicas que terminen en desmanes, ocasionando daños a terceros o peor aun, victimas. Para nadie es un secreto, que las fuerzas represivas cuenten con personal encubierto – infiltrados – que en la mayoría de los casos, son los encargados de provocar los desmanes y generar violencia para desacreditar la protesta Este gobierno, esta dispuesto a colocar un cepo legal a la movilización, sabiendo que la misma crecerá en intensidad en los próximos años, debido a  tres factores concomitantes que condicionan todo movimiento de parte de este gobierno, hacia otra perspectiva, primero: por los efectos expansivos de la crisis mundial, que va del centro a la periferia y que terminaran socavando la economía chilena a pesar del irresponsable optimismo del gobierno de Michell Bachelet – las exportaciones de cobre cayeron un 46.5 % en el primer semestre de este año, según el Banco Central- que se suman al creciente desempleo, el recorte de salarios y la caída del consumo interno. Segundo; por que ni la derecha ni la concertación, están en condiciones de introducir cambios en la economía chilena, que desvíe parte de la tasa de ganancia que genera el modelo para los empresarios, hacia los sectores populares. Revitalizando así el mercado interno y atenuando los efectos de la crisis mundial. Puesto que su objetivo mayor -y este es el tercer factor- esta centrado en colocar a Chile dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

 

 Marchamos así, hacia un estado policiaco, un Estado que tiene como único método de respuesta a las justas demandas sociales, la fuerza bruta de la represión. Este es el Chile que ya se esta configurando aun antes que la derecha aterrice en el poder; porque la concertación ve como un hecho positivo, que la derecha gane en diciembre y así ellos podrán renacer de nuevo en la oposición, apropiándose de las banderas del reclamo social y de su discurso. Cuentan para ello, con el respaldo de sus nuevos socios de la izquierda electoral con los que la concertación ya ha cerrado acuerdos electorales, que les pueden servir en el caso de que den el batacazo, algo que seria  tan inevitable como inesperado, ya que la huella de la derrota la han estado dibujando, con hechos concretos, desde hace bastante tiempo.

 

Este proyecto de ley y su segura aprobación, colocaría a Chile como el país que más incumplimientos y atropellos tiene en materia de tratados internacionales, este mismo engendro es violatorio del pacto de San José de Costa Rica del que chile es firmante y que con esta medida el gobierno de Bachelet borra con el codo, como lo viene haciendo con los derechos humanos en forma reiterada. El ingreso a la OCDE,  lo concretaran aunque para ello tengan que maniatarnos a todos los chilenos. La ilusión que tienen estos desalmados, es colocar a Chile en un eslabón mucho mas cerrado de cooperación productiva y económica con el imperialismo yanqui. La OCDE es un instrumento para la explotación de los pueblos y el saqueo de sus recursos naturales, en favor de las grandes corporaciones multinacionales de los países centrales. Su principal objetivo es la maximización de la explotación de los sistemas productivos industriales para alcanzar el mayor crecimiento económico posible. Todo esto bajo el  mayor régimen de flexibilización laboral, precariedad y tercerizacion del sistema productivo, al que los trabajadores chilenos vienen combatiendo desde la época del dictador.

 

Solo para esto, se necesitan estas leyes; para terminar de entregar lo poco que nos queda como país, ya entregaron; el cobre, los recursos forestales, el mar, la salud, la educación. Ahora quieren vender la voluntad de lucha del pueblo chileno y los trabajadores. A tanta traición, solo se debe contestar con lucha, con rebelión. Solidarizamos con los trabajadores chilenos y el pueblo en lucha, que fueron reprimidos y encarcelados por este gobierno, en la movilización contra las leyes de criminalizacion de la protesta, convocada por la Asamblea de derechos humanos, al que adhirió: el Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores MPT, Clase Contra Clase, miembros de las Juventudes comunistas y otras organizaciones.