Movilización de estudiantes y mapuches. ¡Cuidado con no perder ganando!
Por José A. Marimán
Como muchos he seguido los acontecimientos en desarrollo y relacionados con la protesta estudiantil en Chile. Y, como muchos, no puedo ocultar mis simpatías por la lucha que hoy dan en Chile, los jóvenes universitarios y secundarios. Ella no solo ha remecido a la sociedad estatonacional completa (que según encuestas de opinión parece respaldar el movimiento en una cifra cercana al 80%); sino también atrapó el interés de las minorías, particularmente de los mapuches, que al calor de los eventos crearon una federación de estudiantes mapuche (FEMAE), que agregó al repertorio de demandas generales la especificidad de la demanda multicultural o étnica. Sin embargo, y en relación con los pueblos indígenas, nunca será suficiente insistir en algunas cuestiones fundamentales respecto de la(s) demanda(s), que no deberían ser olvidadas a la hora de negociar.
Para efectos de hacer comprensible lo que plantearé a posterior, revisemos rápidamente el estado del arte en las demandas de la Confech. Los estudiantes piden: (1) educación garantizada constitucionalmente como Derecho Social, (2) garantizar aportes basales de libre disposición a las Universidades del Consejo de Rectores, (3) eliminación de la banca privada en el financiamiento de la Educación, (4) fin efectivo al lucro en todo el sistema de educación chilena, (5) generar nuevas formas de acceso para la Educación Superior, (6) garantizar que las Instituciones Educacionales provean de educación de calidad, (7) eliminar todas las trabas legales que prohíben la organización y participación de los distintos estamentos inmersos en el sistema educativo, (8) creación de una red técnica estatal en todos sus niveles, (9) creación de una carrera docente, (10) desmunicipalización efectiva de la Educación Básica y Secundaria, creando un nuevo sistema de Educación Pública que dependa finalmente del Ministerio de Educación, (11) término del financiamiento compartido, (12) y garantizar Derechos educativos y lingüísticos de los pueblos originarios presentes en el convenio 169 OIT y en la ley 19.253.
A primera vista el repertorio de peticiones parece de todo punto de vista razonable, conveniente, e inclusivo de vastos sectores en un movimiento que ha sido definido por analistas de muy variadas posiciones políticas, como transversal. No obstante, varias de las demandas incluyen temas que involucran sobremanera la subjetividad y los valores de los actores políticos envueltos en el conflicto, y sobre los cuales no es fácil ponerse de acuerdo. Por ejemplo, el problema de la calidad de la educación: ¿qué entiende cada uno por calidad?, o ese otro del fin al lucro y frente al cual la derecha se está uniendo, a pesar de sus diferencias, para oponerse a medidas que afecten sus intereses en el negocio de la educación. Pero para efecto de este breve artículo hay otro punto sobre el cual quisiera/recomiendo poner atención, en términos de no perder la visión política de proyecto de largo plazo, que tienen minorías como los mapuches o los rapanuis: me refiero a la demanda estratégica de autodeterminación en su versión autonomía.
La demanda que me inquieta dentro del paquete de la Confech es la número 10, o el desmantelar el sistema municipal de educación media y básica y su reemplazo por un sistema que dependa del Ministerio de Educación. Es cierto que la Confech explica esa demanda en términos de establecer que el carácter de esa nueva estructura estatal, debe ser “descentralizada” (¿qué entender por esto?). Aún así, ellos agregan: “Todos los establecimientos educacionales dependerán administrativa y financieramente de este nuevo sistema de Educación Pública”. Aquí requiero una explicación mayor, porque leída sin más desarrollo o argumentación esta proposición me parece contradictoria, pues plantea la descentralización (al menos retóricamente) cuando a la misma vez promueve la centralización expresada en un organismo estatal del cual dependerán administrativamente y financieramente todos los establecimientos educacionales de Chile. ¿Es eso lo que quieren los representantes de FEMAE para los mapuches y otras minorías?
Por años he leído argumentaciones en historia y en ciencias sociales de intelectuales y profesionales mapuches, que critican obras escritas por intelectuales de la nación estatal dominante (léase chilenos), y a las que califican de “historia oficial” por expresar impúdicamente en sus análisis, el nacionalismo y el colonialismo de la nación estatal dominante. Algunos textos –cuando no muchos textos- usados en educación media y básica llevan la firma de intelectuales que han hecho pública su opinión a favor de la asimilación de las minorías y su desprecio a las minorías y sus derechos. ¿En un sistema centralizado de educación en donde un ministerio administre los establecimiento y el financiamiento, no tiene el nacionalismo y el colonialismo de la nación estatal dominante las mejores posibilidades de introducir su discurso asimilacionista? ¿Hay mejores alternativas que esa en términos de descentralizar verdaderamente el aparato administrativo de la educación en Chile? Se impone a la FEMAE y al movimiento mapuche autonomista pensar en alternativas que vayan en dirección a fortalecer su demanda estratégica (si adhieren a ella como tal).
A manera de estimular esa discusión necesaria podría sugerir a grandes rasgos la implementación de un sistema que considerara un Ministerio de Educación central con una misión estrecha y acotada (fijar algunos estándares nacionales, entregar fondos y monitorear el uso adecuado de ellos, velar porque nadie sea discriminado en la entrega de la mejor educación posible, y realizar investigación aplicada a nivel país socializando experiencias de éxito en estrategias de innovación educacional, por ejemplo). A nivel regional un Consejo o Comisión Educacional Regional, electo y con autonomía del Ministerio Central y de las autoridades políticas regionales (aunque un gobierno regional elegido democráticamente tuviera representación en él), que decidiera sobre las políticas educativas pertinentes dentro de los márgenes de la región (sería más fácil discutir allí la importancia de la educación bilingüe intercultural en regiones pluriétnicas, que a nivel nacional con hegemonía de Santiago y regiones grandes sobre regiones pequeñas y multiculturales). Al mismo tiempo y bajo ese ente, un Consejo o Comisión Jurisdiccional o Circunscripcional (no municipios), elegido democráticamente para gobernar sobre establecimientos de áreas territoriales delimitadas, como por ejemplo podría ser reunir en un área establecimientos con alta concentración de estudiantes indígenas, determinando la educación apropiada a ese contingente humano (crear los planes atinentes y contratar al personal apropiado para sacar adelante esos planes de estudio).
Lo que he esbozado como una pequeña propuesta en el párrafo anterior, no es sino una invitación a imaginar el futuro y a discutir en el presente ese futuro. En ningún caso un dogma. Y debe ser complementado con el punto 5 de la demanda de la Confech, en el sentido de “generar nuevas formas de acceso para la Educación Superior”, que consideren el desuso de instrumentos como pruebas estandarizadas tipo PAA o PSU (que solo benefician a estudiantes de los quintiles altos), en beneficio de otras formas por imaginar y crear, que den cuenta de logros en términos del desarrollo del pensamiento científico y crítico de los postulantes, sin necesariamente aludir a un contenido específico tomado por verdad absoluta (memorización de la historia oficial). Por ejemplo, un sistema que considere -en historia- más importante que evaluar si Chile se formó por la fusión de los vencedores de Flandes y los invencibles guerreros mapuches (una historia con un tufillo a “macho”), que no tienen ningún sentido para un niño rapanui o aymara, que ni son descendiente de españoles ni de mapuches, la capacidad de un estudiante para ofrecer una explicación coherente de hechos históricos, respaldada por evidencia científico social, y en la que se exprese su propia subjetivad, manejo de teorías, metodologías e imaginación sociológica.
Demandar educación bilingüe intercultural o una universidad indígena dentro de un sistema centralizado como el chileno, no asegura por si mismo que las minorías desarrollen sus propios proyectos educacionales de buena forma, pues el control por los agentes nacionalistas estatales del aparato educacional se reproducirá de todas formas, si se permite la existencia de un Ministerio de Educación centralizado (aún cuando se hable de descentralización sin explicar que se implica con ello). Demandas como esas deben considerar la advertencia a mirarlas con cuidado, que ha hecho el antropólogo y nacionalista mapuche de Wallmapuwen, Rodrigo Marilaf, en su artículo “Era inevitable”, publicado en Azkintuwe por estos días. No se quiere decir aquí, como tampoco lo ha expuesto Marilaf, que ellas sean incorrectas; sino únicamente que hay que ponerlas en un contexto mayor como es el derecho a la autoderterminación de los pueblos en su versión autonomía.
Al cerrar solo quiero insistir en que estas provocadoras ideas no son dogmas, pues no tengo la última palabra en términos de ofrecer modelos exitosos. Es más, parto de la base de que no existen modelos perfectos o ideales, y de que es a FEMAE y los interesados en una educación pertinente a los pueblos indígenas, ofrecer a sus sociedad de pertenencia un programa político que les permita o favorezca la reproducción cultural. En lo que no hay que perderse en esas discusiones, es en la necesidad de la descentralización del país en todos los ámbitos. Solo de la descentralización de un modelo de sociedad estatonacional híper centralizado y autoritario, y de la democratización de la sociedad estatonacional en su conjunto, saldrán las condiciones para sacar adelante proyectos de educación multicultural pertinentes y de vida política en el respeto a la multiculturalidad.
